Flash Derecho: refugiados y ciudadanos europeos

#Bienvenido Refugiado

 

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Desde la aparición de la noticia sobre los 71 refugiados asfixiados en un camión frigorífico que les transportaba ilegalmente a la tierra prometida  (que tanto recuerda a lo ocurrido con los judíos que eran asfixiados en camiones en el Este de Europa durante el nazismo) y, sobre todo, desde la fotografía del niñito muerto en una preciosa playa de vacaciones en Bodrum, los ciudadanos europeos nos hemos dado cuenta de que, una vez más, Europa no ha estado a la altura de las circunstancias. Pero quizá los responsables últimos no son solo los miopes y cortoplacistas Gobiernos de la Unión sino también nosotros, sus miopes y cortoplacistas electores. Somos muchos los ciudadanos europeos que hasta ahora –con honrosas excepciones- han visto esta enorme tragedia como algo lejano y distante, que no nos afecta directamente. Lo mismo que, salvando las distancias, ocurrió con la persecución de los judíos en la Alemania nazi primero y en la Europa ocupada después.

De lo que pasó entonces deberíamos acordarnos, porque no ocurrió hace tanto tiempo y porque está en el origen de los valores y principios de la Unión Europea. Los que hemos leído mucho sobre el Holocausto nos hemos preguntado qué habríamos hecho nosotros si una familia judía nos hubiera pedido refugio. La ventaja es que ahora no nos jugamos la vida por acoger a los perseguidos, como lo hicieron los “Righteous among the nations” (justos entre las naciones) título honorificado concedido por el Estado de Israel a todos los gentiles o no judíos que sí lo hicieron.  Entre ellos, algún compatriota ilustre, como el diplomático Santos Briz que salvó a cientos de judíos sefarditas precisamente en Budapest.

En todo caso, parece que por fin la opinión pública europea se empieza a poner en marcha. Además de las iniciativas más cercanas de los que están más próximos a la tragedia en países como Hungría, Austria, Grecia o Alemania, hay muchas cosas que se pueden hacer por los que estamos –por ahora- más lejos (geográficamente hablando). En primer lugar, presionar a los Gobiernos nacionales para que aumenten la cuota de refugiados y para que modifiquen y amplíen la normativa en materia de derecho de asilo, claramente insuficiente para casos como el que estamos viviendo.  Al fin y al cabo, vivimos en democracias y, por imperfectas que sean, si nosotros queremos acoger más refugiados, los Gobiernos que quieran ganar elecciones tendrán muy complicado decir que ellos no quieren hacerlo. Aquí hay una petición en change.org donde se puede solicitar.

En segundo lugar, podemos informarnos de las numerosas iniciativas  puestas en marcha por la sociedad civil más cercanas para echar una mano, cada uno en la medida de las posibilidades.

En esta página del diario “El País” se proporciona información sobre la ayuda a ONGS que se ocupan de la cuestión de los refugiados

Y además podemos seguir la crisis y disponer de mucha información en cuentas de twitter como éstas:

https://twitter.com/ernesturtasun

Y aquí una cuenta  compartir iniciativas ciudadanas y recursos para facilitar la acogida de los refugiados

También es posible replicar iniciativas de la sociedad civil que ya funcionan en otros países

Quizá valga la pena sacrificar un poco nuestra comodidad para demostrar a los que llegan a Europa que han elegido bien.

 

 

 

#CañasPolíticas sobre separación de poderes e independencia del Poder Judicial

El martes 22 nuestra Secretaria General, Elisa de la Nuez; y nuestro Vicepresidente, Ignacio Gomá, acuden como invitados a #CañasPolíticas, una tertulia que trata toda clase de temas de actualidad organizada por la plataforma ciudadana Principios. Y lo harán junto a Sonia Gumpert, Decana del Colegio de Abogados de Madrid.

El tema a tratar será nada más y nada menos que la separación de poderes en nuestro país, así como la independencia del Poder Judicial, temas de los que hemos tratado tanto en el blog como en la Fundación y que suponen un tema de preocupación y debate de actualidad en España.

Será a las 20.00 en The Irish Rover (mapa).

Política de usar y tirar

La política está cambiando mucho en España, aunque por el momento quizá sea más en forma que en fondo. Las expectativas son altas: las exigencias sobre transparencia, lucha contra la corrupción o regeneración democrática, hacen esperar a muchos ciudadanos que España será pronto un mejor lugar donde vivir.

Pero el optimismo no debe impedir la prudencia. Se debe tomar conciencia del riesgo de “efectos secundarios” ante la celeridad de los cambios, la desconfianza entre los agentes políticos o su inexperiencia para manejarse en un entorno multipartidista. Uno de los principales riesgos es el cortoplacismo en las decisiones políticas.

No se trata de una amenaza nueva. Los responsables políticos siempre han tenido en mente que el impacto de sus acciones debe ser visible antes del final de su mandato, por ambición electoral o para rendir cuentas con la legítima expectativa de ser reelegidos para poder seguir desarrollando sus proyectos. Sin embargo, ese horizonte se está viendo reducido últimamente de los habituales cuatro años de una legislatura a plazos que en ocasiones se miden en escasos días.

Muchos dirigentes están cayendo en la obsesión de que cualquier medida que salga de sus labios o de su twitter debe ser perceptible como útil de manera inmediata para la “mayoría social”. En este mercado de la política “de usar y tirar” no caben las ideas complejas ni las que requieren un esfuerzo inicial o asumir cierto riesgo antes de dar sus frutos. Veamos tres ejemplos.

1. Por las “puertas giratorias” ha entrado buena puerta de la corrupción que sufrimos y se requiere una regulación más estricta para atajar este mal. La reacción inmediata es prohibir que quienes hayan ejercido una responsabilidad pública ocupen un puesto en el ámbito privado… por cinco años, por diez, de por vida… en su sector, en cualquiera… cuando se trata de cargos electos, de funcionarios en puestos directivos, ¡de cualquier empleado público!… ¿hasta dónde llegar con los familiares? Pero obrando así se agrava otro problema importante de nuestra democracia que es la “profesionalización de la política”, porque quien ejerciese una responsabilidad pública se vería abocado a saltar de un cargo a otro toda su vida sea o no competente, mientras que quedaría al margen de la política institucional mucho talento formado en el ámbito privado. La solución –inspirándose de otros países– pasa por regulaciones menos espectaculares pero más efectivas, basadas antes en la prevención que en la sanción, como sería un riguroso régimen de declaración de conflictos de intereses, cuya omisión fuera por sí misma indicio de delito. De igual manera, en lugar de imponer rígidas incompatibilidades entre cualquier puesto público y privado, resultaría globalmente más eficaz un exigente régimen de transparencia y la obligación de deducir de la remuneración pública todo lo que se gane en la privada.

2. Otro ejemplo es la caza de brujas a los consejos consultivos de las Comunidades Autónomas. Con el argumento de un ahorro inmediato y las insinuaciones de que no son más que un retiro dorado para sus consejeros se olvida analizar a fondo tanto la utilidad de estos órganos como la adecuación del perfil de quienes los integran. Los consejos consultivos, dado el volumen y la naturaleza de las materias que abordan, representan una eficaz descentralización de tareas que de otra manera debería realizar con mayores recursos el Consejo de Estado (por ejemplo, quien fuera su presidente, Francisco Rubio Llorente, solicitó a la Comunidad de Madrid que creara su propio consejo consultivo). Tienen cometidos tan necesarios como analizar la oportunidad política y calidad técnica de las leyes, resolver las demandas de reclamaciones patrimoniales de los ciudadanos con la Administración o asesorar a los entes locales, que en el caso de los más pequeños no disponen de servicios jurídicos propios. Sus consejeros suelen tener experiencia política (útil en estas funciones) pero con frecuencia también una sólida formación y carrera profesional; además de ser en general personas que se retiran de la política activa, su independencia se refuerza con su irrevocabilidad por el poder ejecutivo y con mandatos de duración superior a las legislaturas. Los antiguos presidentes que forman parte de los consejos (algo muy habitual en otros países) representarían de hecho el máximo exponente de esta independencia pues se trata de consejeros natos y permanentes, cuya representatividad se origina además de la mayoría que obtuvieron para ser elegidos. Estos consejos habitualmente celebran plenos semanales (igual que el Consejo de Ministros o muchos consejos de dirección se reúnen con esta frecuencia), donde se toman las decisiones finales pero no se limitan obviamente a trabajar en esos momentos. Por supuesto, es deseable optimizar su funcionamiento: adelgazar las remuneraciones y otros costes, preservar mejor la independencia de sus miembros, o coordinar los consejos consultivos entre ellos y con el Consejo de Estado para facilitar sinergias y armonizar la producción legislativa entre distintas comunidades autónomas. Se puede incluso realizar un balance más amplio de su coste-beneficio y plantearse cualquier escenario, pero prometer sin más su supresión sin haber analizado de veras su impacto, es una ocurrencia que no llega más lejos que los titulares del día siguiente, como lo prueba que los partidos que lo defienden en Madrid no usan esos mismos argumentos en las demás comunidades autónomas ni tampoco respecto al Consejo de Estado.

3. El máximo exponente del cortoplacismo se encuentra en las propuestas económicas y sociales. El funcionamiento de un sistema económico es complejo, no solo por factores como que el aumento de los tipos impositivos puede frenar la actividad económica de tal manera que el resultado llegue a ser una disminución de la recaudación, sino también por una miríada de variables cuyo impacto sobre el crecimiento y la igualdad pueden ser opuestos, y a menudo difíciles de predecir. La economía es una ciencia y, aunque sus expertos no deben reemplazar a quienes han sido elegidos para fijar los objetivos políticos de la sociedad, tampoco los políticos pueden hacer creer que no necesitan más armas que sus proclamadas buenas intenciones y honestidad. Puede ilustrarse con la engañosa comparación con que se estrenó la alcaldesa de Barcelona entre el coste de las becas-comedor y la subvención a la Fórmula 1, ya que lo relevante es comparar el coste de oportunidad de lo que Montmeló reporta a la ciudad frente a otros usos posibles; bien puede ser que los beneficios de actividades aparentemente superfluas sean el sustento de los ingresos para asumir las prioridades sociales que se determinen.

Se está insistiendo mucho y con razón en que los pactos han de producirse sobre programas, antes que sobre quién ejercerá cada cargo. Los programas se afirman en principios, pero deben ir más lejos. Quien solo propone como elementos de negociación vagas referencias a grandes objetivos (“acabar contra los corruptos”, “proteger el Estado de bienestar”, “preocuparse de la clase media” o “defender el bien común”), huyendo de cualquier propuesta compleja o cifrada, se está en realidad dejando las mangas anchas para decidir con oportunismo electoral lo que le convenga. En política hay medidas que pueden formularse en pocas palabras y concitar un amplio acuerdo (por ejemplo, el matrimonio homosexual) pero la mayoría son multiformes y sometidas a incertidumbres. Exijamos pues a nuestros representantes claridad pero no simplezas.

HD Joven: Reflexión de septiembre sobre el 27-S

Se acerca el 27 de septiembre y los sentimientos, tanto de los secesionistas como los de los unionistas, se encuentran a flor de piel. Cada cual enarbola su estandarte con furia, esgrimiendo sus fundamentos éticos, morales, históricos, geográficos, etcétera, para que esta pelota del independentismo siga rodando, incentivado, desde luego, por la propia estrategia política que moldea la capacidad crítica del ciudadano.

Pero dejémonos de quimeras y pretextos, en mi humilde opinión, inútiles. Aboguemos por el pragmatismo y dejemos a un lado esa pasión incontrolada que tanto nos caracteriza. Atendamos a la cuestión fundamental dentro de la amplia panoplia de argumentos que el ciudadano catalán deberá sopesar al introducir su papeleta en la urna.

El pasado miércoles nos reunimos el equipo de HD Joven y HD con el fin de organizar la nueva temporada, y entre varios temas, surgió en algún editor la necesidad de delimitar la verdadera argumentación a favor o en contra del secesionismo catalán. Aparte de la cuestión histórico-político-geográfica de Cataluña y que, no se puede negar, está ahí y ha tenido lugar en la historia de España, el debate económico y presupuestario es el argumento que mayor peso tiene, o al menos el más importante en su forma primigenia, antes de que la presión político-mediática incidiera directamente en la opinión ciudadana, haciendo nacer en ellos nuevos sentimientos que hasta hace poco tiempo no sabían que existían, con el claro fin de ocultar las deficiencias en su gestión.

Las quejas residen en general en la desproporción existente entre la aportación al PIB que hace Cataluña (sus ciudadanos) y el presupuesto que devuelve el Estado a dicha comunidad. Dicho sea de forma torticera, están hartos de que los andaluces (entre los que me cuento), entre otros, reciban el dinero de los catalanes. No intenten magnificar el problema, es este y no otro.

Pues bien, con toda la prudencia exigible a un servidor, con formación básica en economía, y con todos los respetos a esta materia y a los especializados en ella, los datos macroeconómicos señalan en grandes rasgos lo siguiente:

  • En los Presupuestos Generales del Estado para 2016, la Comunidad de Cataluña será la tercera comunidad de España en recibir un mayor presupuesto, por detrás de Andalucía, Castilla y León y Galicia, por ese orden (véase). Lo mismo viene ocurriendo en años anteriores.
  • En la aportación al PIB del año 2014 (último año cuantificable) de las Comunidades Autónomas, se aprecia que Cataluña es la comunidad que más aporta al Estado con 199.786M, siguiéndola muy cerca Madrid con 197.699M, y Andalucía como la tercera con 141.704M (véase).
  • En cuanto al saldo fiscal de las Comunidades Autónomas, dato imprescindible para poder valorar los puntos anteriores pues no es más que la relación entre ambos, aparece que Cataluña es la segunda por la cola, presentando un saldo negativo (recibe menos de lo que aporta), pero Madrid es la última doblando las cifras catalanas. Andalucía es la que mayor saldo positivo presenta (véase).

Estos son los datos. La conclusión, valorable. Pero desde luego, la situación no es suficiente ni para encabezar la legión secesionista, ni para aparcar definitivamente el tema presupuestario, pues la aflicción catalana en este punto es totalmente comprensible. Hay cuestiones por tanto, que pueden y deben tratarse, como las económicas. Otras, sin embargo, no son tolerables en un Estado de Derecho, y no son más que el respeto a la ley y a los mecanismos que ésta regula.

El artículo 31 de nuestra Constitución señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.” Nuestro sistema tributario se basa pues en el principio de progresividad que emana de nuestra Carta Magna y que se encuentra igualmente instaurado en la mayoría de los países desarrollados. Por tanto, aquellos ciudadanos que disfruten de rentas altas, deberán abonar a Hacienda un porcentaje mayor que los que perciban menos, independientemente de la comunidad donde resida.

España es una nación unida (“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, artículo 2 CE), no se trata de un Estado federal, aunque muchos pretendan lo contrario, pues su realidad no encaja con ese modelo estatal, ni con otros muchos, yo diría que ni el sistema actual es el apropiado (aunque esta cuestión la trataremos en futuros posts). De modo que lo que esa unidad representa, o debería representar, son valores de igualdad, equidad, solidaridad y bienestar social de todos los ciudadanos, entre otros.

Las condiciones demográficas, territoriales y políticas hacen que ciertas comunidades sean más prósperas que otras, económicamente hablando, lo que no puede provocar una violación del principio de progresividad y el reparto equitativo del presupuesto, independientemente del cumplimiento que desde el gobierno de turno se haga de los mismos. Pero si para favorecer el crecimiento prospero de cierta autonomía del Estado español es necesario dotar de un mayor presupuesto a dicha comunidad, así es como cualquier Estado debe actuar en orden a alcanzar el bienestar social de todos los ciudadanos que lo integran.

Como he dejado intuir a lo largo del artículo, me encuentro lejos de estar a favor del actual sistema autonómico, tributario y presupuestario, aunque igualmente estoy en contra de utilizar los argumentos esgrimidos para movilizar al separatismo a toda una comunidad, de ahí que los dirigentes políticos se vean obligados a buscar multitud de argumentos extra de importancia mínima e incluso nimia, individualmente considerados. La responsabilidad catalana para con el 27S, residirá en saber diferenciar lo importante de lo que no lo es y las soluciones viables de las que no lo son.

Paradojas de una reforma procesal.

La aspiración de reformar puede ser positiva, siempre que ello no se materialice en decisiones que revelen síntomas de una preocupante amnesia sobre los precedentes del funcionamiento de las instituciones o de falta de sistemática en el tratamiento de los problemas. Puede abandonarse un determinado proyecto cuando no se crea en él o la realidad haya demostrado su fracaso, pero introducir parches en su desenvolvimiento con la excusa de que de ese modo pudieran llegar a cuadrarse los presupuestos, soslayando la inversión que requiere la Administración de Justicia, puede conducir a consecuencias indeseadas.

La exposición de motivos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, explicaba que la competencia para conocer del concurso era atribuida a los Juzgados de lo Mercantil, que fueron creados precisamente con el objeto de que se ocupasen de esos complejos procesos. Fue la aprobación de un nuevo proceso concursal, llamado a revolucionar el tratamiento de los problemas de insolvencia en el seno del proceso judicial, lastrado durante años con el peso de la obsolescencia de los antiguos expedientes de quiebra, lo que determinó que se pusiesen en funcionamiento juzgados encargados de esa materia, que estaban llamados a ser cubiertos por jueces especializados en dicha clase de asuntos.

Once años más tarde, el legislador empieza, sin embargo, a dar pasos en sentido contrario. Lo peor de ello es que la razón de ese parcial retroceso no lo es que se haya debilitado su convicción con respecto a que el concurso debiera ser atribuido a un juzgado especializado, sino en que su falta de previsión sobre la organización de medios, personal y número de jueces que exigen los juzgados especializados le lleva a improvisar cualquier solución para soslayar el tener que dotarles de recursos adicionales para atender el natural desempeño de su función, sin medir debidamente las consecuencias que ello pueda desencadenar.

Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial implica tres novedades en el ámbito de la competencia objetiva que hasta ella tenían los órganos de lo mercantil:

1ª)la pérdida de competencia por parte de los Juzgados de lo Mercantil para la tramitación de los concursos de persona natural que no sea empresario y para la de las acciones individuales en materia de condiciones generales de la contratación; la concesión, por el contrario, de competencia a los mismos para conocer de las acciones colectivas previstas en la legislación sobre protección de consumidores y usuarios (artículo 86 ter, número 2 de la LOPJ);

2ª)la atribución de competencia a los Juzgados de Primera Instancia para la tramitación de los concursos de persona natural que no sea empresario (nuevo apartado 6 del artículo 85 de la LOPJ) y para las acciones individuales en materia de condiciones generales de la contratación (como consecuencia de la cláusula general del nº 1 del artículo 85 de la LOPJ, al haber retirado la competencia a los Juzgados de lo Mercantil); y

3º) la asignación de competencia a las secciones especializadas en lo mercantil de los Audiencias Provinciales (con la modificación del número 2.º del apartado 2 del artículo 82 de la LOPJ) para conocer de determinadas apelaciones contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Primera Instancia (en concreto, en los procedimientos relativos a concursos de personas físicas y a acciones individuales relativas a condiciones generales de la contratación).

La atribución al Juzgado de Primera Instancia de la competencia para el conocimiento de los problemas de insolvencia de la persona física que no es empresario habría tenido sentido si se hubiese optado por un tratamiento de esa problemática al margen de la Ley Concursal, pero si se ha decidido hacerlo en el seno de ésta carece de fundamento técnico-jurídico que se prive al Juez de lo Mercantil, que es el especializado en la materia, de la competencia para su tramitación. El legislador debería ser coherente con el modelo que ha elegido y si ha descartado el acudir a mecanismos distintos de los generales del concurso, como ocurre en algunos otros sistemas del Derecho comparado (donde existen otros cauces más flexibles para el caso de la insolvencia de la persona física), debería mantener la competencia del juez especializado. Hace más de diez años que se apostó por la especialidad mercantil, se formaron jueces con ese fin y el tiempo ha dado la razón a esa opción, aunque la crisis económica y lo cicatero de la inversión pública en justicia hayan conllevado una preocupante situación de atasco en algunos órganos de ese ámbito. Pero para esto hay soluciones más conocidas y ya utilizadas (que pasan por la inversión en medios humanos y materiales, además del establecimiento de filtros para controlar el caudal de litigiosidad y la potenciación de las alternativas –arbitraje, mediación, etc– para la solución extrajudicial de conflictos), que no suponen desmembrar sus competencias, algo de lo que probablemente habría que arrepentirse más adelante. La diseminación de expedientes concursales por los Juzgados de Primera Instancia, donde yacían como un huésped incómodo que con facilidad se contagiaba del virus de la modorra procesal, fue una experiencia que ya vivimos con los antiguas quiebras y que no creo deseable que se resucite. Pero dado que el legislador disfruta con la profusión de reformas y contrarreformas, especialmente en el ámbito de lo concursal, donde el estrés que ello causa en los operadores jurídicos ha devenido en crónico, puede que esté tentado de tener excusas en la recámara para nuevas acometidas y rectificaciones.

Asimismo, el fragmentar la competencia para el conocimiento de materias concursales puede ser una fuente de problemas procesales. El propio elemento subjetivo que va a marcar el límite entre la competencia judicial, el concepto de persona física no empresario, tiene que ser objeto de concreción, aunque parece que, a la vista de la previsión del artículo 231 de la LC (al que podría estar refiriéndose el nuevo art. 85.6 de la LOPJ, en la remisión que en él se contiene ), quedarían fuera de él, y por lo tanto, serían competencia del Juez de lo Mercantil, no sólo los concursos de quienes sean comerciantes o empresarios, según el C. de Comercio, sino también los de todos los que ejerzan actividades profesionales y de los que estuviesen dados de alta como trabajadores autónomos a efectos de la legislación de la Seguridad Social.

En cualquier caso, las situaciones limítrofes van a ocasionar conflictos, que antes no existían con la exclusiva competencia del Juez de lo Mercantil. Cabe preguntarse qué pasará ahora con la posibilidad que reconoce la ley de solicitar la declaración conjunta de concursos conexos (artículo 25 de la LC) o con la problemática que puede plantear la acumulación de concursos (artículo 25 bis de la LC), cuando deba conocer de cada uno de ellos un juez distinto mediando entre ellos un límite, en teoría infranqueable, de competencia objetiva (artículo 77.2 de la LEC). El ejemplo más sencillo que puede citarse es el del concurso de los dos miembros del matrimonio, cuando uno es empresario y el otro no. En cualquier caso, dar pie, con una reforma legal, a obstáculos procesales donde antes no los había no parece el mejor camino a seguir.

Por otro lado, puede que las consecuencias de la reforma no hayan sido bien medidas. El legislador ha pretendido ahorrarse dinero en inversión en la Administración de Justicia desviando asuntos desde los órganos de lo mercantil, más saturados de trabajo, a los Juzgados de Primera Instancia, con la esperanza de que al ser éstos más numerosos podrían absorber el posible incremento de expedientes concursales relativos a personas físicas. Sin embargo, los Juzgados de Primera Instancia se enfrentan a sus propios problemas, con un futuro incierto a la vista de la pluralidad de reformas que está aprobando el legislador, que pueden ocasionar un incremento del volumen de reparto a los mismos; basta señalar, por ejemplo, la despenalización de las faltas, como consecuencia de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que debería incrementar, por ejemplo, el volumen de reclamaciones civiles derivadas de lesionados por accidentes de circulación (que antes se estaban ventilando por la vía del juicio de faltas en los Juzgados de Instrucción). Tal vez el futuro de los Juzgados de Primera Instancia no presente el panorama más tranquilo para tener que recuperar ahora la competencia, hace más de una década ya abandonada y entiendo que no añorada, sobre los expedientes concursales.

Asimismo, la preocupación del legislador por solventar la carga de trabajo de los órganos judiciales de lo mercantil sólo ha tenido su reflejo en la primera instancia, no así en la segunda. La intención puede que haya sido buena, pues refleja la vocación de la que la especialización judicial tenga reflejo, al menos, en apelación. El problema estriba en que la carga de trabajo de las secciones especializadas en lo mercantil puede verse incrementada, lo que puede conllevar un agravamiento de la situación que padecen algunos de esos tribunales, sobre todo en las grandes capitales. Ahora, además de conocer de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de lo Mercantil, incluso en la ampliación de competencia en cuanto a acciones colectivas que se han atribuido a éstos, deben encargarse de apelaciones de resoluciones procedentes de Juzgados de Primera Instancia, no sólo en lo referente al concurso de persona física no empresario (que se sospecha que pueden incrementarse de manera significativa, de ahí todo el desbarajuste competencia que el legislador ha diseñado al respecto), sino también de las acciones individuales en materia de condiciones generales de la contratación, de lo que ya antes se conocía, pero que previsiblemente arrastrarán (anteriormente ello no podía ocurrir, por el límite de la competencia objetiva), por vía de acumulación, a las acciones relativas a nulidad de negocios jurídicos y otras de Derecho de consumo que venían resolviéndose en las secciones generales de las Audiencias Provinciales. Me pregunto si el legislador ha sido consciente de este efecto y de que el problema de atasco por carencia de los medios adecuados para afrontar el caudal de litigiosidad, lejos de solventarse, se va a agravar significativamente en la segunda instancia.

El futuro del empleo y las urgencias en la educación

 La política española está demasiado cargada de debates intrascendentes, y son muchos los temas que nunca consiguen hacerse un hueco en la agenda o en el debate político. El impacto que sobre el empleo y el mercado de trabajo tendrá la revolución digital es uno de esos temas que no capta demasiada atención. Y sin duda debería.

A lo largo de la historia el progreso tecnológico ha tenido un claro impacto sobre el trabajo y el empleo; cada revolución ha desencadenado miedos e incertidumbres ante el cambio, y ha creado ganadores y perdedores ante la nueva situación. Hoy es ampliamente aceptado que el progreso tecnológico siempre tiene consecuencias sociales positivas, pero la economía capitalista se basa en un proceso continuo de disrupción creativa, que conlleva la desaparición de muchas profesiones, y la aparición de otras nuevas. El cómputo global siempre ha sido positivo: ninguna innovación o revolución tecnológica ha dado como resultado una reducción del empleo, más bien al contrario. Sin embargo las consecuencias personales en el corto plazo suelen generar más temor que las positivas consecuencias sociales a medio plazo.

En la revolución digital que estamos viviendo no asistimos a movimientos de rechazo como los vividos durante la revolución industrial, donde el movimiento de los luditas, activos entre 1811 y 1816, se oponían con pasión y violencia a los nuevos avances.  Y sin embargo, la digitalización tiene algunas características diferentes a cualquier revolución anterior, que si no preocuparnos, sí deberían ocuparnos.

En otros países de nuestro entorno el impacto que la digitalización tendrá sobre el empleo sí atrae mayor atención. En un informe reciente del PewReasearch Center (ver aquí) sobre el futuro del trabajo se recogía la opinión de casi 2.000 expertos de todo el mundo sobre el impacto que la robótica, la automatización, la inteligencia artificial y la digitalización tendrían sobre el mercado del trabajo en un horizonte situado en el año 2025. El 52% de los expertos era optimista y preveía un impacto positivo, a pesar de aventurar un horizonte de corto plazo difícil. El 48% era más pesimista y consideraba que en su conjunto el impacto sería negativo. Si consideramos que en el estudio se involucró a expertos y líderes de las principales empresas tecnológicas, universidades y centros de investigación del mundo, el resultado debería inducirnos al interés.

Esta revolución tiene dos características sobre las que merece la pena detenerse. La primera de ellas es la velocidad. En cualquier revolución anterior han convivido tecnologías antiguas y modernas durante décadas, y por tanto los efectos sobre el empleo se asimilaban a lo largo incluso de varias generaciones. Eso no va a suceder en esta revolución, donde los cambios y los efectos se van a producir en muy pocos años. La segunda característica que la hace particularmente única es la clase de trabajos a los que va a afectar. Si tradicionalmente han sido los trabajos menos cualificados, y las clases bajas las que se han visto más afectadas por el progreso tecnológico, en esta ocasión, el impacto alcanzará de lleno a los trabajos tradicionalmente ocupados por la clase media. En la terminología anglosajona, no solo los “trabajadores de cuello azul” sino los “de cuello blanco” se van a ver también afectados.

Cuando pensamos en todas las actividades que realizan hoy en día personas que son susceptibles de ser automatizadas, o que pueden ser realizadas de forma ventajosa por una máquina, nuestra imaginación suele quedarse corta. En los últimos años han aparecido diferentes estudios que analizan el impacto que sobre los trabajos actuales tendrá el proceso de digitalización. La mayoría de ellos se centran en el mercado de trabajo americano, pero son fácilmente extrapolables a cualquier país desarrollado. Uno de los más exhaustivos, y los que ha tenido mayor eco, fue realizado en la Universidad de Oxford (ver aquí). En este estudio se analizaban 702 ocupaciones del mercado laboral americano. La conclusión es sin duda impactante: el 47% de los actuales puestos de trabajo habrán desaparecido en un plazo no demasiado lejano.

Lo que hace diferente la actual revolución es el tipo de trabajos a los que afectaría la automatización. En este tipo de análisis, los trabajos se clasifican en rutinarios y no rutinarios que a su vez pueden ser manuales o cognitivos. Todo trabajo rutinario, sea manual o cognitivo, es susceptible de ser automatizado, y por tanto previsiblemente desaparecerá como ocupación en un futuro próximo. Esto es lo tradicionalmente aceptado. Pero la capacidad de computación, unida a la capacidad analítica del big data hace que trabajos cognitivos no rutinarios sean también susceptibles de ser automatizados, y esto es sin duda una novedad. Muchas de las actividades que hoy realizan personas bajo la categoría de analistas en diferentes sectores de actividad son hoy ya susceptibles de automatización. Igualmente tareas manuales no rutinarias poco complejas, están siendo también automatizadas, producto igualmente de los avances en la potencia de cálculo y en la inteligencia artificial. Las actividades que desaparecerán en el futuro no se restringen ya solo a las que tradicionalmente nos vienen a la cabeza, como pueden ser empleados de cadenas de montaje o cajeros de supermercados. Asesores fiscales y contables, analistas de riesgos, taxistas o transportistas son también profesiones que acabarán desapareciendo en un horizonte no demasiado lejano.

Aunque seguramente nos equivocaríamos si elaborásemos una lista sobre cuáles serán las nuevas profesiones del futuro, si podemos identificar algunos elementos sobre los que existe un amplio acuerdo: las profesiones no susceptibles de automatización serán aquellos con un mayor componente cognitivo y que de alguna forma incorporen la creatividad y las habilidades sociales en su desempeño. Abogados o consultores serán previsiblemente profesiones que mantendrán su vigencia, pero también otras como peluqueros o cuidadores sociales.

Los resultados de estos estudios deberían captar mayor atención por parte de la clase política. Si hay algo en el que todos los análisis están de acuerdo es en que el modelo educativo actual no está preparando a nuestros hijos para las actividades que reclamará el futuro mercado laboral. Y ello nos lleva a la triste realidad de la educación en España.

Reformar el modelo educativo español no es solo urgente, sino una necesidad imperiosa. La irresponsabilidad de nuestra clase política y la pereza de nuestra generación para reclamar una enseñanza de calidad están condenando a nuestros hijos a un futuro poco prometedor. En el caso español no es solo que el modelo educativo no les prepare para el mercado laboral futuro, es que ni siquiera les prepara para el mercado de trabajo presente.

Las mejoras que el modelo educativo español precisa han sido objetivo de numerosos artículos y estudios, y seguro serán objeto de otros artículos en este blog, pero si merece la pena recordar dos ideas básicas que no por muy repetidas parecen hoy asumidas: el problema de la educación en España no es una cuestión de dinero, es una cuestión de gestión: España dedica un 5% del PIB a la educación y con ese dinero es posible optar a una educación de alta calidad. El cambio a una educación de calidad se puede hacer en muy poco tiempo. No se necesita una generación. En 5 años puede obrarse el cambio. Lo que funciona, lo que hay que hacer, se conoce, porque ya se ha abordado con éxito en otros países.

Sobre los cambios que deben abordarse podrían mencionarse muchas referencias, pero me gustaría destacar especialmente un informe reciente publicado por la Fundación de Estudios Financieros, que aborda el análisis de la ocupación y el empleo en España, y plantea las reformas necesarias en nuestra sistema educativo (ver aquí).

Para el futuro digital precisamos no solo una enseñanza de calidad, sino una que desarrolle la creatividad, y eso requerirá repensar el modelo educativo. Aunque a veces se menciona que muchos de los líderes y emprendedores que han tenido éxito nunca terminaron sus estudios universitarios (Steve Jobs es el ejemplo paradigmático), hay una anécdota que invita a la reflexión: lo que tienen en común personas que han destacado en el mundo digital como Jeff Bezos (Amazon), Larry Page y Seguei Brin (Google) o Jimmy Wales (Wikipedia), no es la universidad a la que asistieron, sino que todos ellos fueron a un centro que aplicaba el método Montessori, centrado en el desarrollo del potencial de los niños en el ámbito creativo, de las habilidades sociales y de la innovación (ver aquí).

Quizás un buen comienzo es empezar por asumir el diagnóstico: la educación en España es mediocre y el sistema universitario es malo. La educación ha sido utilizada por los partidos políticos como herramienta de confrontación y movilización, y nunca ha existido un verdadero interés por mejorar la calidad de la enseñanza. Solo asumiendo este diagnóstico podremos empezar a construir un futuro mejor para nuestros hijos en el nuevo mundo digital.

 

 

Ciudadanos presenta las medidas anticorrupción que elaboró junto a nuestra Fundación

El partido liderado por Albert Rivera presenta este miércoles, en Barcelona, las medidas anti-corrupción en cuya elaboración participó nuestra Fundación. A dicho coloquio acudirá nuestra Secretaria General, Elisa de la Nuez, en calidad de experta independiente.

Desde la Fundación ¿Hay Derecho? estamos encantados de ayudar a cualquier partido político o entidad de la sociedad civil cuyos fines sean la lucha contra la corrupción y la defensa del Estado de Derecho.

Semana temática del 2 al 9/9/2015: El derecho a decidir

Empieza septiembre y con él vuelven nuestras semanas temáticas. Tras la convocatoria electoral del 27-S al Parlament de Catalunya, hemos creído conveniente dedicar la semana al derecho a decidir: qué es, qué consecuencias políticas y jurídicas tiene….

Para ello, hemos seleccionado los siguientes artículos:

Cuaderno Jurídico de Vacaciones

Agosto es un mes procesalmente inhábil, aunque los términos y plazos administrativos, laborales y civiles no procesales corren y el reloj no se detiene. Cada año los usos y costumbres de la sociedad española se van asimilando más a los del centro de Europa (aunque lentamente) y el mes dedicado al primer Príncipe de Roma, Augusto, como escribíamos hace un año, no trae la paralización general de antaño, aunque muchas fábricas y servicios hacen su “parada anual” y no precisamente porque sean vacaciones judiciales. También son las vacaciones escolares y universitarias, salvo para la plaga de los cursos de verano, de modo que aunque el reloj no se detenga, parece marchar más despacio (aunque algunos tengamos el convencimiento de que o bien agosto es un mes con quince días o bien los días tienen menos horas, o las horas menos minutos o éstos menos segundos, a la vista de lo raudo que pasa). Tengo mis dudas sobre la conveniencia de estas costumbres calvinistas de no hacer un alto en el camino, pero son, como casi todas mis dudas, irrelevantes. La sociedad avanza (o retrocede) en un sentido determinado y si uno cualquiera propone detenerse y reflexionar antes de dar otro paso, los demás ya se habrán ido por su senda antes de que siquiera puede plantearse la duda.

Lo que nunca descansa en agosto, como atestiguan los recortes de periódico y las hemerotecas, son las tragedias. Los muertos de agosto en las sólitas y sempiternas guerras entre los descendiente de Sem, que llaman a borbotones a las puertas de Europa a la “Sagrada Puerta” como se llamaba la del Palacio Imperial en Bizancio. Quienes no dejan su vida en batallas sin sentido en Siria o Afganistán, la arriesgan con toda su familia en una embarcación cualquiera o en un camión frigorífico en el que perderán tantos la vida. Se trata de abogados, médicos, ingenieros, comerciantes, profesores. Se trata de la case media del otrora Creciente Fértil, que acude al extremo Oeste en busca de refugio frente a los bárbaros, como hace miles de años.

Sin embargo, los boletines oficiales nos han dejado un poco tranquilos después de la vorágine legislativa del primer semestre y julio de este año de Gracia. No sé Uds, que son más listos y tal vez lean tan rápido como se dice que leía Kennedy, pero a quien suscribe los días no le dan para estudiar ni los resúmenes de todas las normas de aparente relevancia que se publican en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea, por lo que mejor ni hablar de la jurisprudencia, doctrina y gacetillas menores como las de las Comunidades Autónomas y Provincias en las que a diario se publican supuestas normas jurídicas que son leges scriptae conforme al sistema de Derecho positivo de nuestra Constitución y los Tratados de la Unión Europea, que son también Constitución.

En fin, si Uds. han tenido la fortuna de poder descansar unas semanas en este mes de agosto que ya se va, si Uds. tienen la costumbre de hacer listas de tareas personales y profesionales y de guardar en sus cuadernos, carpetas o computadores (o “en la nube”, aquellos de Uds. más adaptados a las modernas tecnologías), lo que deben leer como obligación o por mero interés profesional o personal, aunque sea tiempo de “huelga” o “vacación”, se habrán dado cuenta de que no hay tiempo suficiente salvo que uno tenga la fuerza psicológica y física de dormir no más de cinco horas diarias, también en sus periodos de descanso.

Me gusta más la expresión inglesa “trabajo de casa” (homework) que la española o italiana “deberes”. Al igual que los hijos o ahijados pequeños tienen que hacer sus “cuadernos de vacaciones”, me traje para subrayar y anotar las siguientes “normas” de junio y julio:

  • Instrucción de la DGRN de 1 de julio de 2015 sobre mecanismos de seguridad de los ficheros electrónicos que contengan libros de empresarios, que es una desobediencia a la medida cautelar dictada por el TSJ Madrid en esta materia, como comentó D. Ignacio Gomá en este mismo Blog y otros. (5 páginas).
  • Ley 12/2015, de 24 de junio en materia de concesión de nacionalidad a los sefardíes, comentada en este Blog por D. Jorge Trías (8 páginas).
  • Ley 13/2015, de la misma fecha, de reforma de la Ley Hipotecaria y del Catastro (33 páginas).
  • Ley 17/2015, de 8 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (27 páginas).
  • Ley 18/2015, de 9 de julio, que modifica la Ley de reutilización de información del sector público (15 páginas).
  • Ley 19/2915 de 13 de julio de medidas de reforma administrativa de la Administración de Justicia y del Registro Civil (25 páginas).
  • Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras (157 páginas).
  • Orden AAA 1179/2015 de 8 de junio de Registro Especial de Empresas y Buques de Pesca (9 páginas).
  • Real Decreto 634/2015, de 10 de julio que aprueba en nuevo reglamento del Impuesto de Sociedades (61 páginas).
  • Real Decreto-Ley 9/2015 de 10 de julio, de medidas urgentes de reducción de carga tributaria y otras medidas económicas (17 páginas).
  • Ley 15/2015, de 3 de julio, de la jurisdicción voluntaria (134 páginas).
  • Ley 21/2015, de 20 de julio, que modifica la Ley de Montes (39 páginas).
  • Ley 22/2015, de la misma fecha de Auditoría de Cuentas (94 páginas).
  • Ley 23/2015, de 21 de julio de 2015, ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo (33 páginas).
  • Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (90 páginas).
  • Ley 25/2015, de 28 de julio de 2015, de mecanismo de segunda oportunidad y otras medidas que tan comentado viene siendo en este Blog por Dña. Matilde Cuena y otros editores y colaboradores (65 páginas).
  • Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (70 páginas).
  • Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil (37 páginas).
  • Ley 28/2015, de la misma fecha, para la defensa de la calidad alimentaria (22 páginas).
  • Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (68 páginas).
  • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (19 páginas).

Si no he contado mal, suman 1.288 páginas, esto es 64 y media páginas por día para un “descanso” de 20 días. Olvídese Ud. de la playa o la montaña, los encuentros con los conocidos, la navegación deportiva o cualquier otra actividad lúdica agostí.

Además, tengo cuadros resúmenes y fichas de varias de estas normas que considero imprescindible conocer, y seguro que me he dejado otras muchas porque no son de mis “especialidades” profesionales. La mayoría de estas normas contienen adicionales que modifican leyes que no tienen nada que ver con el título. Esta es una nociva costumbre legislativa y ya he solicitado oficiosamente a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia que, además de los horribles y largos títulos de las normas, incluyan un subtítulo indicando qué normas modifican. Es posible que los lectores, como quien suscribe, estén abonados a sistemas privados de información jurídica que desbrozan el terreno, pero es que la seguridad jurídica es una garantía constitucional que debe empezar en la publicación de las normas y de la que deben hacerse cargo los numerosísimos Legislativos y los Ejecutivos de nuestro complejo y caro sistema constitucional. No sé si comparten Uds. esta idea.

Si es jurisprudente quien, como decíamos ayer con Ulpiano, tiene noticia de las cosas divinas humanas y ciencia de lo justo y de lo injusto, si todas estas páginas modifican o alteran otras normas ya vigentes, que deben por tanto contrastarse, si, además, deben incardinarse rectamente en un sistema de valores constitucionales y – quiero suponer – supraconstitucionales (morales y éticos), si serán modificadas como decía Von Kirschmann de un plumazo próximo del mismo u otro legislador, ¿cuál es el recto sentido de todo el estudio y esfuerzo necesario para aprehederlas o aprenderlas? ¿Pierde parte de su esencia humanística el aprendiz de jurista que no puede ya aprehender el sistema jurídico todo?¿O hay un sistema infalible para distinguir el grano de la paja a pesar de que cada una de las palabras de esas casi 1.300 páginas sean Derecho vigente?

La sociedad sigue inexorable su camino. Parece que ese camino incluye la regulación mudable y cambiante de todo. Es cierto que el BOE y el DOUE nos han dado algo de tregua este agosto, pero el otoño se acerca. Tengo la impresión alternativa (yo tuve la inmensa fortuna de que las obligaciones alternativas nos las explicase el Prof. Beltrán de Heredia) de que o soy rematadamente tonto y ya no entiendo nada o de que hemos perdido el Norte jurídico hace tiempo. Castán sin duda optaría por una posición sincrética, pero la cuestión es qué piensan Uds. amigos lectores, llegada la hora de regresar.