Otra regeneración de la que urge hablar: la regeneración educativa

Ayer lunes fue el Día Mundial del Docente. Pocas cosas hay más importantes para una sociedad civil fuerte y sana que la educación, y a ella  dedicamos hoy los editores nuestro post.

 

El capital intelectual no cabe duda que está en la base del crecimiento de un país y por ello la universidad es un activo estratégico y decisivo como responsable del nuevo capital humano.

Gran parte de las irregularidades que vivimos hoy encuentran su causa en el nivel académico de nuestras universidades por lo que también procede hablar de “regeneración educativa”, hacia una universidad más transparente donde el mérito y la capacidad se erijan en criterios determinantes y únicos tanto en la selección del profesorado como de los alumnos. Estos principios de mérito y capacidad que se reclaman para todo el funcionariado deben ser evidentes en el ámbito universitario y que el alumno que se está formando perciba que, efectivamente, el mérito y la cultura del esfuerzo son el único camino para crecer profesionalmente.

Durante los últimos años en España se ha producido un deterioro grave de la educación. Primero en la etapa escolar y posteriormente en el ámbito universitario. El nivel del alumnado que accede a la universidad es cada vez más bajo y la excelencia brilla por su ausencia. Se parte de un error estratégico de base: que la mayor parte de la población tiene que acceder a la universidad, lo que ha provocado una devaluación del título universitario. En la actualidad el paro de los titulados universitarios españoles (14%) triplica el de la OCDE (5%). Hay un desajuste entre el nivel educativo y el nivel de competencias. Tanto en el ámbito de la educación secundaria obligatoria como en el universitario, el nivel de exigencia al alumno ha disminuido mucho. Hay muchos titulados y poca formación y eso evidencia el fracaso del sistema.

Especialmente llamativo es el bajo nivel en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con el objetivo de que la mayor parte de los alumnos la superen, lo que supone una discriminación negativa a los alumnos brillantes que no dan todo lo que podrían dar porque “no se les pide”. Si se mantiene esa estrategia – equivocada- hay que aumentar los años de bachillerato con el objeto de que el alumno que quiera acceder a la universidad adquiera un nivel de competencias adecuado en un tiempo suficiente. En dos años no es posible suplir las carencias de una educación secundaria de bajo nivel.

Para tener una mejor universidad, hay que atraer a los mejores profesores y a los mejores alumnos. Ambas variables son imprescindibles. Sin un alumnado de calidad, no hay estímulo a una adecuada calidad docente. No es posible cambiar el país sin cambiar la educación. Cualquier cambio pasa necesariamente por enfrentarse de forma valiente a nuestro problema educativo para lograr una población fuerte mentalmente y no manipulable por mensajes populistas.

Es necesario adoptar medidas urgentes en este terreno. Creemos que es necesario que las universidades se financien en función de las actividades desarrolladas y sus resultados, de manera que se fomente la autonomía y la competencia. Ello supondrá un estímulo a la selección de los mejores profesores porque son los que “producen”, lo que mediatamente favorecerá la lucha contra la endogamia universitaria que es la manifestación más palpable de la corrupción que asola el sistema.

Hay también que mejorar la retribución del profesorado en función de sus resultados con una buena política de incentivos. Un mayor porcentaje de salario variable. La antigüedad debe dejar de ser un mérito que tenga impacto en el salario del profesor. Este principio, por lo demás, debe extenderse a todos los funcionarios públicos. “Llevar mucho tiempo” en la universidad no es un mérito en sí mismo. De hecho, puede considerarse un demérito cuando se lleva muchos años con una producción de bajo nivel.

Las encuestas de evaluación actividad docente obligatorias y sus resultados tienen que tener impacto en la retribución del profesorado. En la actualidad los quinquenios docentes se conceden de manera automática por el mero transcurso de tiempo.

La retribución del profesor activo, con buenos resultados debe ser atractiva porque hay que atraer talento. En la actualidad se está generalizando la dedicación a tiempo parcial. La universidad pierde a sus mejores profesores que acuden al mercado para obtener una retribución adecuada a su capacidad y preparación. Ello ha provocado un efecto nada deseable: muchos profesores han perdido la neutralidad al pasar a prestar sus servicios en grandes despachos o grandes empresas.

Así mismo, es necesario flexibilizar el régimen de incompatibilidades. Un profesor en dedicación exclusiva debe poder realizar actividades complementarias en el mercado. Ello facilita la transferencia de resultados de su investigación y favorece su actividad docente.

Es imprescindible una mayor inversión en la formación del profesorado de manera que el profesor ayudante que esté realizando la tesis doctoral pueda tener un sueldo digno que le permita dedicarse full time a su formación investigadora. En España el doctorado está devaluado y eso es un índice de “subdesarrollo”.

La movilidad del profesorado universitario debe convertirse en requisito esencial para la promoción universitaria. Todo profesor de universidad debe haber realizado estancias en universidades extranjeras dotándose recursos para ello.

Respecto al alumnado, consideramos que es importante que el primer curso en la universidad sea “selectivo”. El alumno que no supere las asignaturas en las dos convocatorias oficiales, debe abandonar la universidad. Este efecto no debe producirse solo para los alumnos con becas.

Criticar es fácil, proponer es más complicado. Necesitamos un sistema que estimule la excelencia de profesores y alumnos. El progreso de un país pasa necesariamente por mejorar su capital humano. Es la base de cualquier cambio: personas formadas y libres de pensamiento.

 

 

 

Maite Carol

PHOTO-09a35cbc7e3be922747bfd36fa855ebb-1442337994-59[1]Maite Carol era interventora del Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) en 2009 cuando en su informe utilizó la palabra “insolvente” para calificar la situación de la empresa municipal Gramepark. El Alcalde Bartomeu Muñoz (PSC) le ordenó tajantemente que nunca volviera a utilizar esa palabra, según relató Carol a la Guardia Civil.

Así, Maite Carol se convirtió en una denunciante del Caso Pretoria, en el centro del cual se encuentra la empresa pública que ella calificó de insolvente ejerciendo su trabajo como interventora municipal. Dicho caso suponía una trama de corrupción urbanística en la que se encontraban implicados ediles catalanes de diversos partidos y cuyo epicentro se sitúa en Santa Coloma de Gramenet.

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Proyección del documental “Corrupción: el organismo nocivo” junto a TI España

El pasado miércoles 1 presentamos el documental “Corrupción: el organismo nocivo” junto a Transparencia Internacional España. La proyección tuvo lugar en el Centro Cultural Puerta de Toledo (Madrid).

En dicho documental se muestran diversos testimonios de personas que han vivido la corrupción en las instituciones públicas de primera mano y han sufrido, en muchos casos, las represalias por denuciarla.

Tras la proyección tuvo lugar un coloquio en el que participó nuestra Secretaria General, Elisa de la Nuez, que habló de la labor de la Fundación ¿Hay Derecho? en su lucha contra la corrupción y en defensa de los denunciantes.

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Elisabeth Cueto

logoagenciatributaria[1]Elisabeth Cueto Faus, empleada de la Agencia Tributaria en Cataluña, recibió en 2011 por parte de sus superiores la orden de no devolver el dinero recaudado demás a los contribuyentes por parte de su superior, Gonzalo David García de Castro, “Si no lo piden, no se devuelve un euro”.

Fue la única funcionaria que se negó a acatar la orden, lo que le costó pasar de liderar un equipo de 43 personas a uno de apenas cuatro, lo cual recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Por sentencia firme, Cueto ha sido restituida como Jefa de Equipo Regional de Recaudación de la Agencia Tributaria.

Propuesta por: Rodrigo Tena

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Fernando Urriticoechea

Fernando UrriticoecheaFernando Urritocoechea ha sido interventor municipal de diversos ayuntamientos de toda España, especialmente del Norte del país.

Defensor de la transparencia absoluta en la gestión pública, a lo largo de su carrera ha destacado por su lucha contra la corrupción imperante en la vida municipal, el nivel de la Aministración Pública donde más casos de corrupción se localizan. Ha sido protagonista de las denuncias de tramas como la del Ayuntamiento de Galdakao (Vizcaya) en 1990, y especialmente la del Ayuntamiento de Castro Urdiales (Cantabria) entre 2001 y 2006.

Actualmente ejerce su profesión en los consistorios de Crevillent y Orihuela (Alicante), habiendo denunciado la trama que tuvo lugar en el primero.

Propuesto por: Rodrigo Tena

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Maite Carol

PHOTO-09a35cbc7e3be922747bfd36fa855ebb-1442337994-59[1]Maite Carol era interventora del Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) en 2009 cuando en su informe utilizó la palabra “insolvente” para calificar la situación de la empresa municipal Gramepark. El Alcalde Bartomeu Muñoz (PSC) le ordenó tajantemente que nunca volviera a utilizar esa palabra, según relató Carol a la Guardia Civil.

Así, Maite Carol se convirtió en una denunciante del Caso Pretoria, en el centro del cual se encuentra la empresa pública que ella calificó de insolvente ejerciendo su trabajo como interventora municipal. Dicho caso suponía una trama de corrupción urbanística en la que se encontraban implicados ediles catalanes de diversos partidos y cuyo epicentro se sitúa en Santa Coloma de Gramenet.

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Proyección del documental “Corrupción: el organismo nocivo” junto a TI España

El pasado miércoles 1 presentamos el documental “Corrupción: el organismo nocivo” junto a Transparencia Internacional España. La proyección tuvo lugar en el Centro Cultural Puerta de Toledo (Madrid).

En dicho documental se muestran diversos testimonios de personas que han vivido la corrupción en las instituciones públicas de primera mano y han sufrido, en muchos casos, las represalias por denuciarla.

Tras la proyección tuvo lugar un coloquio en el que participó nuestra Secretaria General, Elisa de la Nuez, que habló de la labor de la Fundación ¿Hay Derecho? en su lucha contra la corrupción y en defensa de los denunciantes.

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Elisabeth Cueto

logoagenciatributaria[1]Elisabeth Cueto Faus, empleada de la Agencia Tributaria en Cataluña, recibió en 2011 por parte de sus superiores la orden de no devolver el dinero recaudado demás a los contribuyentes por parte de su superior, Gonzalo David García de Castro, “Si no lo piden, no se devuelve un euro”.

Fue la única funcionaria que se negó a acatar la orden, lo que le costó pasar de liderar un equipo de 43 personas a uno de apenas cuatro, lo cual recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Por sentencia firme, Cueto ha sido restituida como Jefa de Equipo Regional de Recaudación de la Agencia Tributaria.

Propuesta por: Rodrigo Tena

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Fernando Urriticoechea

Fernando UrriticoecheaFernando Urritocoechea ha sido interventor municipal de diversos ayuntamientos de toda España, especialmente del Norte del país.

Defensor de la transparencia absoluta en la gestión pública, a lo largo de su carrera ha destacado por su lucha contra la corrupción imperante en la vida municipal, el nivel de la Aministración Pública donde más casos de corrupción se localizan. Ha sido protagonista de las denuncias de tramas como la del Ayuntamiento de Galdakao (Vizcaya) en 1990, y especialmente la del Ayuntamiento de Castro Urdiales (Cantabria) entre 2001 y 2006.

Actualmente ejerce su profesión en los consistorios de Crevillent y Orihuela (Alicante), habiendo denunciado la trama que tuvo lugar en el primero.

Propuesto por: Rodrigo Tena

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¿Una nueva oportunidad para el patriotismo constitucional?

Tras las elecciones catalanes el debate político ha vuelto a plantear la necesidad de un proyecto de país ilusionante. Con la incorporación a la Unión Europea en el año 1985 España culminaba un anhelo colectivo iniciado en la transición a la nueva etapa democrática. Tras lograr este objetivo, España pareció quedarse sin proyectos y sin ilusiones. Olimpiadas, crisis, riquezas y burbujas nos han entretenido 30 años, pero en 2015, los elementos que tradicionalmente cohesionan a un país parecen poco presentes en la realidad española.

Las declaraciones que el Presidente del Gobierno realizó en la inauguración de la nueva línea del AVE a Palencia y León, indicando que estos proyectos de infraestructura vertebran el país, generan no pocas sonrisas y mucho escepticismo. No parece que el AVE sea el proyecto que haga recuperar la ilusión a los españoles. La ilusión precisa otros componentes.

Uno de los conceptos que vuelve a ponerse sobre la mesa ante la ausencia de un proyecto colectivo, y ante la encrucijada que plantean los nacionalismos periféricos, es el de patriotismo constitucional. El concepto no es nuevo en la política española. El PSOE, a través de su presidente Rodríguez Zapatero lo convirtió en una de las banderas de su nuevo programa político en una conferencia impartida en el club siglo XXI el 12 de Febrero de 2001. Poco después el PP, en enero de 2002, intentaba también apropiarse del concepto en la ponencia política del XIV congreso del partido (ver aquí). En esos primeros años del siglo XXI, el concepto ocupó artículos, reflexiones y tertulias, para acabar languideciendo a partir del año 2005, tras mucho debate y poco impacto. Para valorar si el patriotismo constitucional es el objetivo que precisa la vida política española, conviene revisar la historia del concepto.

El patriotismo constitucional es un concepto creado por el profesor en Ciencia Política alemán Dolf Sternberger en 1979. El concepto aparece por primera vez en un artículo escrito en el contexto de la celebración del treinta aniversario de la Ley Fundamental de Bonn (la constitución alemana). El concepto trataba de responder a la necesidad de crear una identidad nacional, superando los crímenes del régimen nazi durante la segunda guerra mundial, y la separación en dos Alemanias.  Sternberger trató de dar un nuevo significado al concepto de nación, basándolo no en una identidad cultural o histórica, sino en la compartición de los principios de libertad e igualdad en un estado democrático, simbolizados por la constitución. Un patriotismo fundamentado no en la raza, la lengua, o la historia, sino en los valores democráticos.

El concepto lo retoma poco después, Jurgen Habermas, para aportarle una dimensión más ambiciosa, al presentarlo como el fundamental ideal para la identidad nacional de cualquier estado. Europa debía afrontar una realidad de estados multi-étnicos. Para una región que ha sufrido innumerables guerras motivadas por los anhelos de crear estados homogéneos en la lengua, la cultura, la religión, las costumbres o la etnia,  asumir este anhelo como un objetivo del pasado, rancio y caduco, exige algo más que buenos deseos.

El hombre siempre ha necesitado identificarse con un grupo en el que se sienta protegido y comprendido. La tribu siempre ha formado parte de los mecanismos de defensa de la especie humana, y el nacionalismo étnico surge como una forma natural de dar respuesta a esas inquietudes, explotando unas necesidades emocionales que el cerebro siempre recibe con satisfacción.  En este sentido, es un nacionalismo, o un patriotismo cómodo, esencialmente pasivo, ya que solo exige haber nacido en un determinado lugar, y hablar una misma lengua. El patriotismo constitucional exige bastante más, y sobre todo exige una actitud mucho más activa por parte de los ciudadanos.

Habermas sitúa el énfasis en la identificación del patriotismo con un sistema político que consagra la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos. Con este enfoque el concepto era especialmente útil para la construcción de una identidad europea, en la que una identidad patriótica común basada en la adhesión a unos valores comunes de carácter democrático, podría convivir con una pluralidad de identidades étnicas basadas en la historia, la cultura o la lengua.

Este concepto parece igualmente idóneo para la realidad española. España es un país que 40 años después de la muerte de Franco, aún no ha sido capaz de superar los complejos que esta dictadura dejó en la sociedad española, muy en particular en la izquierda ideológica. La apropiación por parte de la dictadura de los símbolos de la nación española, y del concepto de patriotismo, hicieron que en la nueva etapa democrática, la izquierda siguiese mirando a símbolos como la bandera, o a palabras como España, con reticencia. Difícil crear un proyecto de país sobre estas bases.  Juan José Laborda, miembro del PSOE, y presidente del Senado a principios de los 90, fue el introductor del concepto de patriotismo constitucional en España, como una forma de conciliar a su espectro ideológico con el patriotismo. Su artículo “Patriotas y de izquierdas” supuso un revulsivo en la vida política española de su tiempo.

Y sin embargo, los esfuerzos de principios del siglo XXI fracasaron. Las causas probablemente fueron varias. El PP centró su discurso de patriotismo constitucional en la idea de la unidad de España, con escasa incidencia en la apuesta por los valores democráticos, generando el escepticismo y el rechazo en la izquierda.  Y el PSOE de Zapatero, pronto encontró mayor rédito en la nación como concepto “discutido y discutible”, más que en la defensa de los valores democráticos como aglutinadores de la ilusión de un país. El vaporoso Zapatero diluyó el discurso, y España asistió de nuevo al espectáculo de ver a la izquierda liderada por Maragall y Montilla entregada a gobiernos e ideologías nacionalistas. Ver a aquellos que se supone debían defender la solidaridad y la igualdad entregados a causas excluyentes y en gran medida xenófobas es uno de esos episodios de la Historia que muchos tardaremos en olvidar.

Los caminos vuelven a llevarnos al patriotismo constitucional como una oportunidad para España. El patriotismo constitucional representa  un patriotismo moderno y adulto, basado en la responsabilidad  y en la implicación de los ciudadanos. Frente a él, el patriotismo etnicista o historicista se muestra como autocomplaciente, victimista y profundamente infantil.

En estos días, de nuevo, algunos políticos han recuperado el término de patriotismo constitucional. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, en entrevistas recientes (Ver aquí o aquí), o el presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán (ver aquí) han querido volver a recuperar este necesario debate.

Superar los errores del pasado probablemente supone entender que es lo que en el siglo XXI, hace que los ciudadanos de un país se  sientan orgullosos del país al que pertenecen. Durante muchos siglos ese orgullo lo proporcionaron las gestas militares. Aún hoy, el nacionalismo étnico recurre a la historia, a menudo manipulada, para insuflar de orgullo nacional a sus fieles. Muchos países hace tiempo que entendieron que los motivos de orgullo en el siglo XXI deben buscarse en otros elementos. Una conversación con algún ciudadano de los países nórdicos, suele revelar que si quieren presumir de su país no suelen hablar de las gestas vikingas. Más bien hablarán de la posición que ocupan sus universidades en los ranking de enseñanza, o de la posición que ocupa su país en los ranking de transparencia y buen gobierno, del sentimiento de solidaridad que exhibe su sociedad, del estado del bienestar que han logrado construir que no abandona a nadie a su suerte, o de su incansable lucha contra la corrupción en la vida pública.

En el fondo es así de sencillo. Lo que España precisa como proyecto de país, es un objetivo que a la gente le permita sentirse orgulloso. Y ese orgullo debe hoy buscarse en la creación de un país de oportunidades, un estado del bienestar consolidado y un país de buen gobierno. Una idea bastante sencilla de patriotismo para el siglo XXI. Una oportunidad para las elecciones generales de Diciembre.