Instrucción por Juez versus instrucción por Fiscal

El pasado día 23 de septiembre se celebró una mesa redonda organizada por nuestra Fundación ¿Hay Derecho?, y que anunciamos aquí oportunamente, sobre investigación criminal e instrucción penal. En ella se suscitó un interesante debate entre el juez Eloy Velasco y el fiscal Salvador Viada. Pedimos a los dos que nos escribieran sobre sus argumentos, y estos son los del Eloy, magistrado de la Audiencia Nacional. (Los editores).

 

Resumiendo mi ponencia oral en el “Club 567” de la Calle Jorge Juan 15 de Madrid, las ventajas de la Instrucción por el Juez, de la que soy partidario, son:

-Hasta la fecha ha demostrado ser más efectiva que la hecha por Fiscales en países de nuestro entorno socioeconómico y político, al menos en las investigaciones en que se ven involucrados poderes fácticos y políticos.

-Ha demostrado ser más independiente e imparcial, ya que al final de la Fiscalía, siempre asoma el nombramiento político de los Fiscales Generales del Estado y la posibilidad no ya sólo de control que tiene a través de su cadena de mando sobre el Fiscal del caso, si no además de poder separarle del asunto (v. GR: caso agresión a D. José Bono)

-El control policial por el Ministerio Fiscal –sometidos en vez de al principio de independencia, a los de unidad, jerarquía y dependencia) es un doble control de mandos del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial que ejerce cada Magistrado cada vez que enjuicia un caso.

-El control policial o del Ministerio Fiscal de lo que pasa o no al juicio del Juez, convierte a cuerpos controlados y dependientes del Poder Ejecutivo en “Jueces negativos”-contrarios al mandato de exclusividad del Art. 117 CE-, pues en la decisión de lo que pasa o no a consideración del Juez se esconde lo que al final, se enjuicia o no, cosa que no ocurre en la actualidad, gracias a que es el Juez de Instrucción el que, recibiendo las denuncias, atestados, etc.… decide seguirlas o no, y al ofrecer el procedimiento a víctimas y partes ajenas al Ministerio Fiscal, posibilita la dialéctica real de partes.

-El control sobre lo que se denuncia y persigue, sobre lo que no se denuncia y no se persigue, sobre lo que se investiga y lo que no, y sobre lo que se investiga mucho, menos, poco o nada, no debe alejarse de la esfera de decisión del Juez, porque conforma lo que en realidad es “juzgar y hacer cumplir lo juzgado” conforme al Art. 117 CE.

-Si el Ministerio Fiscal instruye, decide sobre el acopio probatorio exculpatorio hasta la incorporación de la defensa, de modo que las defensas se incorporan al proceso más tarde y cuando todo lo incriminatorio ya está recopilado a espaldas de la defensa.

-Se alega el Derecho comparando y la historia de nuestro entorno como argumento en lo que se quiere, pero ni todos los países que se citan tienen un sistema instructorio del Fiscal puro, muchos lo reparten con el Juez, y normalmente quien investiga en reaslkidad en casi todos es la Policía, adscrita al Poder Ejecutivo, -porque no hay Policías Judiciales puras-. Sin embargo, nadie pide que los Fiscales, como decisores de la política criminal, se sometan a elección democrática popular, como sí ocurre en algún sistema de Derecho comparado.

-Instruir además no es sinónimo de investigar, sino: controlar la investigación desde la legalidad, añadiéndole garantías e intereses a sendas partes en el proceso –incluidas las medidas restrictivas de derechos fundamentales que sólo puede acordar el Juez-, asegurando personas, bienes y protección de víctimas, y tomando la decisión de sobreseer –que debe ser meramente judicial- o alternativamente preparando con independencia el acto del juicio oral. ¿Puede quien va a ser parte –acusadora- prepararle a la contraparte –defensa- su intervención en el juicio donde también va a ser –la otra.- parte? ¿Qué va a ser de la Acusación Popular?

-Con la instrucción por el Fiscal –con parecida preparación técnica a la del Juez- no se gana en velocidad-ver por ejemplo asuntos en que instruye el Fiscal en la jurisdicción de Menores-, y sí en oportunidad y política, perdiendo en justicia e independencia –único recurso que le queda a los justiciables de menor poder adquisitivo-

-La Justicia, a diferencia de la Política, no cede a ideas de escarmiento, falsa eficacia, precipitación, apariencia/necesidad de respuesta a presiones electorales, populares o mediáticas.

-La instrucción por el Fiscal tiene, entre otras desventajas: su constante interrupción para acudir al Juez de Garantías en petición de medidas restrictivas de derechos, cautelares, aseguratorias…, la reiteración de información al Juez de diligencias que antes conocía el Juez, no garantiza la participación igualitaria ni dialéctica de la defensa, no define la participación de los representantes de la víctima, otras acusaciones y especialmente la Acusación Popular, y crea problemas organizativos de distribución por los diversos partidos judiciales, ya que la Fiscalía desplegada únicamente en la capital de provincia aleja y hace de “segunda división” a los ciudadanos que no viven en la capital.

 

 

 

 

Eloy Velasco Núñez

Magistrado-Juez Central de Instrucción

Audiencia Nacional

Foro para la Concordia Civil

El Foro para la Concordia Civil (Nueva política y Buen gobierno) fue fundado en Granada el 25 de Marzo de 2014 (www.foroparalaconcordiacivil.com).

Es una Asociación privada, plural e independiente, sin vinculación con ningún partido o grupo de presión, libre en la expresión de su voz. No recibe ninguna subvención pública o privada. Su presupuesto se nutre de las módicas aportaciones de su corto número de miembros.

De acuerdo con su Manifiesto fundacional persigue los siguientes fines:

  1. a) Ser observatorio crítico de la acción política;
  2. b) Defensa del Estado de Derecho y de las libertades y derechos fundamentales;
  3. c) Reafirmar el valor político de la concordia;
  4. d) Mantener vivo el espíritu de la Transición;
  5. e) Foro de debate, estudio y análisis;
  6. f) Formación de criterio y difusión de opinión crítica;
  7. g) Razonable y adecuada alternativa a la actual partitocracia.

Como instrumentos para satisfacer esos fines fundacionales, el FORO lleva a cabo una intensa labor de organización de actos como conferencias, coloquios, encuentros con personalidades y pensadores, presentaciones de libros, informes y otras publicaciones, debates, tertulias, y entrevistas en los MCS. Debe añadirse la publicación de artículos y tribunas de opinión en los que el FORO fija su posición, ejerce una crítica razonada y constructiva al gobernante y señala los puntos mejorables de la acción política del dirigente.

Los fundadores del Foro son los mismos que los del Club de la Constitución, que crearon el 4 de Octubre de 2008, con los mismos principios y objetivos.

El Foro para la Concordia Civil (Nueva política y Buen gobierno) es una inédita experiencia de la sociedad civil española que lucha por el imperio de la Ley, por el Derecho, por las libertades públicas, por la Constitución garantista de 1978 y censura y rechaza el populismo, la demagogia, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los gobernantes.

Por la labor desempeñada (2008-2014, Club de la Constitución) y la que han venido desarrollando a día de hoy (desde 25 de Marzo de 2014, Foro para la Concordia Civil), por el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y la tarea acendrada en defensa de los valores de la democracia parlamentaria y constitucional y del Estado de Derecho y sus principios, presentan su candidatura al Premio de la Fundación ¿Hay Derecho? como reconocimiento a la labor que lleva a cabo y que supondría un justo reconocimiento a su trabajo y trayectoria encomiable y cívica, si se nos permiten estos calificativos.

Propuesta por: Agustín Palomar Torralbo

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Foro para la Concordia Civil

El Foro para la Concordia Civil (Nueva política y Buen gobierno) fue fundado en Granada el 25 de Marzo de 2014 (www.foroparalaconcordiacivil.com).

Es una Asociación privada, plural e independiente, sin vinculación con ningún partido o grupo de presión, libre en la expresión de su voz. No recibe ninguna subvención pública o privada. Su presupuesto se nutre de las módicas aportaciones de su corto número de miembros.

De acuerdo con su Manifiesto fundacional persigue los siguientes fines:

  1. a) Ser observatorio crítico de la acción política;
  2. b) Defensa del Estado de Derecho y de las libertades y derechos fundamentales;
  3. c) Reafirmar el valor político de la concordia;
  4. d) Mantener vivo el espíritu de la Transición;
  5. e) Foro de debate, estudio y análisis;
  6. f) Formación de criterio y difusión de opinión crítica;
  7. g) Razonable y adecuada alternativa a la actual partitocracia.

Como instrumentos para satisfacer esos fines fundacionales, el FORO lleva a cabo una intensa labor de organización de actos como conferencias, coloquios, encuentros con personalidades y pensadores, presentaciones de libros, informes y otras publicaciones, debates, tertulias, y entrevistas en los MCS. Debe añadirse la publicación de artículos y tribunas de opinión en los que el FORO fija su posición, ejerce una crítica razonada y constructiva al gobernante y señala los puntos mejorables de la acción política del dirigente.

Los fundadores del Foro son los mismos que los del Club de la Constitución, que crearon el 4 de Octubre de 2008, con los mismos principios y objetivos.

El Foro para la Concordia Civil (Nueva política y Buen gobierno) es una inédita experiencia de la sociedad civil española que lucha por el imperio de la Ley, por el Derecho, por las libertades públicas, por la Constitución garantista de 1978 y censura y rechaza el populismo, la demagogia, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los gobernantes.

Por la labor desempeñada (2008-2014, Club de la Constitución) y la que han venido desarrollando a día de hoy (desde 25 de Marzo de 2014, Foro para la Concordia Civil), por el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y la tarea acendrada en defensa de los valores de la democracia parlamentaria y constitucional y del Estado de Derecho y sus principios, presentan su candidatura al Premio de la Fundación ¿Hay Derecho? como reconocimiento a la labor que lleva a cabo y que supondría un justo reconocimiento a su trabajo y trayectoria encomiable y cívica, si se nos permiten estos calificativos.

Propuesta por: Agustín Palomar Torralbo

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Serie sobre la reforma constitucional (I): Introducción

Iniciamos con este post una serie que promete ser apasionante: el examen de las propuestas y no propuestas de nuestros partidos políticos sobre la reforma constitucional. Pensamos que este va a ser el tema político y jurídico por excelencia de este otoño caliente (y no solo por el cambio climático) que acaba de comenzar. Nos jugamos mucho como sociedad en esa apuesta -nada menos que fijar las reglas de nuestra convivencia ciudadana para los próximos 30 años- y acertar importa mucho, tanto desde el punto de vista social como económico. La vinculación entre reformas institucionales y desarrollo social y económico es el principal leitmotiv de este blog. Qué menos, por tanto, que dedicarle una serie al principal reto jurídico-político de nuestra generación.

En este post introductorio vamos a plantear los tres grandes grupos de cuestiones que vamos a estudiar en esta serie, que son las siguientes:

1) Propuestas y no propuestas. Efectivamente, la mayoría de los principales partidos avisan que en su programa electoral van a incluir medidas de reforma constitucional, aunque todavía están por concretar. Sin embargo, el actual partido mayoritario –el Partido Popular- tras un verano francamente dubitativo al respecto, ha renunciado a plantear ninguna. Según nos dice esta noticia publicada el 24 de agosto (aquí), el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, anunció que su formación no incluirá una reforma de la Constitución en el programa electoral con el que se presente a las próximas elecciones generales y por tanto renuncia a llevar la iniciativa de este asunto, aunque está dispuesto a “hablar de cualquier cosa que se proponga” desde otras formaciones. Casado dejó claro que la reforma de la Constitución no es una “prioridad” para el PP y por ello no la planteará durante la próxima legislatura. “El PP no va a incluir la reforma constitucional en su programa electoral, no es algo que interese a los españoles”. Lo que sí están dispuestos a incluir son reformas de carácter institucional en relación a los reglamentos del Congreso y Senado, financiación y reforma electoral (aunque solo municipal).

Desde este sector se ha avanzado como razones, aparte de las citadas de innecesariedad y falta de interés, que no hay consenso suficiente como para afrontar con garantías una reforma que dé lugar a un texto mejor que el actual. En consecuencia, considero que la primera cuestión a tratar es si esta línea de argumentación es convincente; en definitiva, si se necesita a o no una reforma constitucional en este momento. A este tema le dedicaremos el siguiente post, pero es obvio que no puede responderse plenamente sin avanzar las siguientes cuestiones.

2) Reformar sí, pero, qué y cómo. Efectivamente, no podemos dilucidar completamente la primera cuestión sin abordar la segunda. Cada uno tendrá, desde su respectiva posición ideológica, una postura muy particular sobre lo que España necesita. Y esas posturas pueden ser difícilmente conciliables. De la misma manera, hay que ser conscientes de que determinadas reformas exigen un procedimiento agravado de reforma, el del art. 168 de la CE, que las hacen extraordinariamente difíciles de conseguir. Por eso mismo, nosotros no vamos a construir la casa por el tejado, como les gusta hacer a nuestros partidos políticos (en realidad, como están obligados a ello, por la propia naturaleza de las cosas) sino que la vamos a construir por los cimientos, con la pretensión de echarles una mano.

Debemos partir, en consecuencia, de nuestra experiencia de los últimos años y reflexionar sobre lo que ha funcionado mal. Pues bien, desde esta perspectiva hay una serie de cuestiones sobre las que los especialistas, cualquiera que sea su orientación ideológica, están bastante de acuerdo, y serían las siguientes:

El Título VIII.- Quizás inevitable en esa época en el que el propio concepto de autonomía territorial se estaba construyendo, necesita ahora una profunda revisión a la vista de la experiencia acumulada. En realidad, la dinámica de los últimos años, en vez de contribuir a suplir sus lagunas y carencias, ha agudizado sus contradicciones. Ni la clase política ha demostrado la suficiente altura de miras ni la jurisprudencia del TC la pericia necesaria para sortear los embrollos que aquella le ha ido delegando. El resultado actual es francamente insatisfactorio, pero no solo para el Estado, sino también para las CCAA, y no tiene correspondencia con ningún Estado federal con el que podamos compararnos. Lo que debe buscarse aquí es la claridad y el orden, por encima de cualquier otra finalidad. Pero al margen de esto y entrando en detalle, ¿es posible crear un sistema de distribución competencial que satisfaga a todos, o al menos a una gran mayoría? Lo estudiaremos, pero adelanto que soy optimista. Y no nos olvidaremos de la financiación, por supuesto.

El Senado.–  Es una cámara que no aporta prácticamente nada al proceso legislativo y que nos resulta carísima. Lo ha afirmado así casi literalmente el propio Consejo de Estado. La CE dice que es una cámara de representación territorial (art. 69), pero lo cierto es que se olvidó de diseñarla para que cumpliese ese fin. El consenso en esto es general entre los especialistas. Las soluciones son más difíciles, claro, pero vamos a debatirlas todas.

El Tribunal Constitucional.– Su desprestigio es también evidente y a ello ha contribuido tanto su captura por la partitocracia, como también su situación de colapso permanente. ¿Se puede hacer algo para resolver ambos problemas? Las propuestas no faltan, pero casi todas requerirían una reforma constitucional.

El sistema electoral.- Una democracia vale tanto como su sistema electoral y el nuestro, aunque no sea en absoluto un desastre, resulta manifiestamente mejorable. Los especialistas destacan los siguientes problemas: desigualdad de voto (el voto de un barcelonés pesa la tercera parte que el de un soriano); resulta mayoritario en unas circunscripciones pero proporcional en otras (el voto de un soriano pesa más, pero a efectos prácticos solo puede elegir entre dos opciones, por lo menos hasta ahora); apenas vincula al representante con su electorado (lo que fomenta la ley de hierro de las cúpulas partitocráticas); y suele generar resultados en los que la gobernabilidad del país depende de los intereses de partidos minoritarios de carácter territorial. ¿Soluciones? Muchas, pero las más eficaces exigen una reforma constitucional.

Otros temas.- Quizá menos aparentes, pero que no dejan de tener su importancia: Europa, la discriminación de sexo en la sucesión a la Corona, los derechos fundamentales….

3) ¿Sólo una reforma constitucional? Efectivamente, he aquí uno de los temas clave de todo este asunto. Aparte de resolver puntuales problemas técnicos y funcionales (lo que no es poca cosa, por cierto) realmente, ¿para qué queremos reformar la Constitución? ¿Qué apreciamos tan deteriorado en nuestro Estado como para que nos impulse a abrir esta cuestión siempre tan peligrosa de revisar las normas de nuestra comunidad de vecinos? Porque si no apreciamos nada especialmente grave, va a tener razón el Partido Popular y por emprender unas mejoras técnicas, sin duda importantes pero no críticas, nos arriesgamos a prender fuego a toda la casa.

Pero, por el contrario, si pensamos que España necesita imperiosamente dar un salto importante destinado a elevar la calidad general de sus instituciones, y que esa reforma puede constituir un proyecto común en el sentido más orteguiano del término, capaz, sino de sanar, al menos de aliviar muchos de los males de nuestra convivencia, entonces la reforma de la Constitución no sería más que un paso –necesario, pero no suficiente- de un plan general de regeneración institucional mucho más ambicioso. Necesario, porque ese proyecto no sería ni creíble ni ilusionante sin tocar esos temas claves que analizábamos en el apartado anterior. Insuficiente, porque un plan semejante exigiría reflexionar en profundidad sobre el Primer Poder (el procedimiento de elaboración legislativa), sobre el Segundo (el Gobierno y las Administraciones públicas) y sobre el tercero, el Poder Judicial, clave de bóveda de nuestro Estado de Derecho. Por todo ello, en nuestra serie analizaremos muy en detalle qué tienen que ofrecer nuestros principales partidos sobre todos estos temas.

Queramos asumirlo o no, hemos fallado a las jóvenes generaciones de españoles. Les hemos vendido un producto que no se correspondía con la realidad. Al menos deberíamos ofrecerles a cambio una hoja de ruta mínimamente ilusionante capaz de recuperar el rumbo perdido.

Continuará….

 

Serie sobre la reforma constitucional (I): Introducción

Iniciamos con este post una serie que promete ser apasionante: el examen de las propuestas y no propuestas de nuestros partidos políticos sobre la reforma constitucional. Pensamos que este va a ser el tema político y jurídico por excelencia de este otoño caliente (y no solo por el cambio climático) que acaba de comenzar. Nos jugamos mucho como sociedad en esa apuesta -nada menos que fijar las reglas de nuestra convivencia ciudadana para los próximos 30 años- y acertar importa mucho, tanto desde el punto de vista social como económico. La vinculación entre reformas institucionales y desarrollo social y económico es el principal leitmotiv de este blog. Qué menos, por tanto, que dedicarle una serie al principal reto jurídico-político de nuestra generación.

En este post introductorio vamos a plantear los tres grandes grupos de cuestiones que vamos a estudiar en esta serie, que son las siguientes:

1) Propuestas y no propuestas. Efectivamente, la mayoría de los principales partidos avisan que en su programa electoral van a incluir medidas de reforma constitucional, aunque todavía están por concretar. Sin embargo, el actual partido mayoritario –el Partido Popular- tras un verano francamente dubitativo al respecto, ha renunciado a plantear ninguna. Según nos dice esta noticia publicada el 24 de agosto (aquí), el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, anunció que su formación no incluirá una reforma de la Constitución en el programa electoral con el que se presente a las próximas elecciones generales y por tanto renuncia a llevar la iniciativa de este asunto, aunque está dispuesto a “hablar de cualquier cosa que se proponga” desde otras formaciones. Casado dejó claro que la reforma de la Constitución no es una “prioridad” para el PP y por ello no la planteará durante la próxima legislatura. “El PP no va a incluir la reforma constitucional en su programa electoral, no es algo que interese a los españoles”. Lo que sí están dispuestos a incluir son reformas de carácter institucional en relación a los reglamentos del Congreso y Senado, financiación y reforma electoral (aunque solo municipal).

Desde este sector se ha avanzado como razones, aparte de las citadas de innecesariedad y falta de interés, que no hay consenso suficiente como para afrontar con garantías una reforma que dé lugar a un texto mejor que el actual. En consecuencia, considero que la primera cuestión a tratar es si esta línea de argumentación es convincente; en definitiva, si se necesita a o no una reforma constitucional en este momento. A este tema le dedicaremos el siguiente post, pero es obvio que no puede responderse plenamente sin avanzar las siguientes cuestiones.

2) Reformar sí, pero, qué y cómo. Efectivamente, no podemos dilucidar completamente la primera cuestión sin abordar la segunda. Cada uno tendrá, desde su respectiva posición ideológica, una postura muy particular sobre lo que España necesita. Y esas posturas pueden ser difícilmente conciliables. De la misma manera, hay que ser conscientes de que determinadas reformas exigen un procedimiento agravado de reforma, el del art. 168 de la CE, que las hacen extraordinariamente difíciles de conseguir. Por eso mismo, nosotros no vamos a construir la casa por el tejado, como les gusta hacer a nuestros partidos políticos (en realidad, como están obligados a ello, por la propia naturaleza de las cosas) sino que la vamos a construir por los cimientos, con la pretensión de echarles una mano.

Debemos partir, en consecuencia, de nuestra experiencia de los últimos años y reflexionar sobre lo que ha funcionado mal. Pues bien, desde esta perspectiva hay una serie de cuestiones sobre las que los especialistas, cualquiera que sea su orientación ideológica, están bastante de acuerdo, y serían las siguientes:

El Título VIII.- Quizás inevitable en esa época en el que el propio concepto de autonomía territorial se estaba construyendo, necesita ahora una profunda revisión a la vista de la experiencia acumulada. En realidad, la dinámica de los últimos años, en vez de contribuir a suplir sus lagunas y carencias, ha agudizado sus contradicciones. Ni la clase política ha demostrado la suficiente altura de miras ni la jurisprudencia del TC la pericia necesaria para sortear los embrollos que aquella le ha ido delegando. El resultado actual es francamente insatisfactorio, pero no solo para el Estado, sino también para las CCAA, y no tiene correspondencia con ningún Estado federal con el que podamos compararnos. Lo que debe buscarse aquí es la claridad y el orden, por encima de cualquier otra finalidad. Pero al margen de esto y entrando en detalle, ¿es posible crear un sistema de distribución competencial que satisfaga a todos, o al menos a una gran mayoría? Lo estudiaremos, pero adelanto que soy optimista. Y no nos olvidaremos de la financiación, por supuesto.

El Senado.–  Es una cámara que no aporta prácticamente nada al proceso legislativo y que nos resulta carísima. Lo ha afirmado así casi literalmente el propio Consejo de Estado. La CE dice que es una cámara de representación territorial (art. 69), pero lo cierto es que se olvidó de diseñarla para que cumpliese ese fin. El consenso en esto es general entre los especialistas. Las soluciones son más difíciles, claro, pero vamos a debatirlas todas.

El Tribunal Constitucional.– Su desprestigio es también evidente y a ello ha contribuido tanto su captura por la partitocracia, como también su situación de colapso permanente. ¿Se puede hacer algo para resolver ambos problemas? Las propuestas no faltan, pero casi todas requerirían una reforma constitucional.

El sistema electoral.- Una democracia vale tanto como su sistema electoral y el nuestro, aunque no sea en absoluto un desastre, resulta manifiestamente mejorable. Los especialistas destacan los siguientes problemas: desigualdad de voto (el voto de un barcelonés pesa la tercera parte que el de un soriano); resulta mayoritario en unas circunscripciones pero proporcional en otras (el voto de un soriano pesa más, pero a efectos prácticos solo puede elegir entre dos opciones, por lo menos hasta ahora); apenas vincula al representante con su electorado (lo que fomenta la ley de hierro de las cúpulas partitocráticas); y suele generar resultados en los que la gobernabilidad del país depende de los intereses de partidos minoritarios de carácter territorial. ¿Soluciones? Muchas, pero las más eficaces exigen una reforma constitucional.

Otros temas.- Quizá menos aparentes, pero que no dejan de tener su importancia: Europa, la discriminación de sexo en la sucesión a la Corona, los derechos fundamentales….

3) ¿Sólo una reforma constitucional? Efectivamente, he aquí uno de los temas clave de todo este asunto. Aparte de resolver puntuales problemas técnicos y funcionales (lo que no es poca cosa, por cierto) realmente, ¿para qué queremos reformar la Constitución? ¿Qué apreciamos tan deteriorado en nuestro Estado como para que nos impulse a abrir esta cuestión siempre tan peligrosa de revisar las normas de nuestra comunidad de vecinos? Porque si no apreciamos nada especialmente grave, va a tener razón el Partido Popular y por emprender unas mejoras técnicas, sin duda importantes pero no críticas, nos arriesgamos a prender fuego a toda la casa.

Pero, por el contrario, si pensamos que España necesita imperiosamente dar un salto importante destinado a elevar la calidad general de sus instituciones, y que esa reforma puede constituir un proyecto común en el sentido más orteguiano del término, capaz, sino de sanar, al menos de aliviar muchos de los males de nuestra convivencia, entonces la reforma de la Constitución no sería más que un paso –necesario, pero no suficiente- de un plan general de regeneración institucional mucho más ambicioso. Necesario, porque ese proyecto no sería ni creíble ni ilusionante sin tocar esos temas claves que analizábamos en el apartado anterior. Insuficiente, porque un plan semejante exigiría reflexionar en profundidad sobre el Primer Poder (el procedimiento de elaboración legislativa), sobre el Segundo (el Gobierno y las Administraciones públicas) y sobre el tercero, el Poder Judicial, clave de bóveda de nuestro Estado de Derecho. Por todo ello, en nuestra serie analizaremos muy en detalle qué tienen que ofrecer nuestros principales partidos sobre todos estos temas.

Queramos asumirlo o no, hemos fallado a las jóvenes generaciones de españoles. Les hemos vendido un producto que no se correspondía con la realidad. Al menos deberíamos ofrecerles a cambio una hoja de ruta mínimamente ilusionante capaz de recuperar el rumbo perdido.

Continuará….