Lecturas recomendadas: “El retorno de los chamanes”, de Victor Lapuente

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En esta época singularmente crítica que atraviesa nuestra democracia todos nos preguntamos de vez en cuando cómo podemos ayudar a mejorarla. Sabemos que votar es imprescindible, pero que no es suficiente. ¿Qué más podemos hacer? Bien, el último libro de Victor Lapuente -reputado profesor en el Instituto de Calidad de Gobierno en la Universidad de Gotemburgo- lo explica perfectamente: contribuyamos a construir un discurso público mejor. A primera vista parece poco, pero no creo que haya en este momento nada más importante.

Practiquemos nosotros, desde luego, cada vez que hablemos de la cosa pública, pero sobre todo exijámoslo a los creadores de opinión -a los intelectuales, blogueros, periodistas- y a nuestros representantes políticos. Porque solo cuando los problemas se articulan a través de un discurso adecuado tienen alguna posibilidad de resolverse. Los países que son capaces de construir una retórica pública sobre presupuestos correctos prosperan mucho más y mucho más rápidamente que el resto.

Muy bien, perfecto, pero ¿qué es un discurso adecuado? Un discurso adecuado es aquel pegado a la realidad concreta, aquel que huye de los prejuicios y de las ideas preconcebidas, de las apelaciones emocionales, de los conceptos abstractos y de las grandes cosmovisiones. Es un discurso que no da nada por sentado y está abierto a examinarlo todo. Es el discurso de la exploradora, imprescindible en sociedades tan complejas como las actuales. Sin embargo, cualquier observador imparcial de la realidad española convendrá conmigo en que este no es el discurso dominante en nuestro país.

Hagamos una prueba: yo digo una palabra y usted examina sus sensaciones. Comencemos por “copago”. Si inmediatamente después de oír esta palabra le surgen ideas (no digo que las comparta) como desmantelamiento de la sanidad pública, políticas neoliberales, desigualdad social o derrota electoral inapelable, entonces usted vive en un país dominado por el discurso del chamán. Para estar completamente seguro repita el experimento con “cheque escolar”. No, tranquilo, usted no tiene la culpa -o quizás sí- simplemente ha reaccionado como el perro de Pavlov después de escuchar la campana. Está habituado a ello y no hay forma de evitarlo.

Por supuesto, podemos escoger cualquier otra palabra o conjunto de palabras localizadas en el otro lado del espectro político, como, por ejemplo, “educación para la ciudadanía”. Si las ideas que le surgen espontáneamente son, adoctrinamiento, vulneración de la libertad de educación, laicismo, totalitarismo, etc., entonces podemos asegurar sin equivocarnos que los chamanes controlan el debate público en su integridad. Lo que, por otra parte, como explica Victor Lapuente, es casi inevitable. Si al chamán no se le desacredita de inmediato, termina por dominar la plaza pública, porque la seducción que despierta exige ser combatida con su propia medicina.

El autor nos demuestra de forma muy convincente los despropósitos a los que conduce la retórica del chamán y los beneficios que disfrutan los países que han sido capaces de arrinconarla y desarrollar en su lugar el discurso crítico y las virtudes de la exploradora: calma frente a indignación, ajustes incrementales frente a grandes revoluciones, escepticismo frente a fe, consenso frente a conflicto, persuasión frente a victoria, confiar en los funcionarios y empleados públicos frente a dirigirlos, pensar más en los efectos que en la raíz de los problemas, etc.

A través de abundantes ejemplos históricos destruye de manera muy convincente las consabidas explicaciones culturalistas sobre la superioridad natural de unos países sobre otros, que puedo sintetizar en la nefasta y socorrida -para no hacer nada- anécdota del campo del golf (sí, esa en la que un japonés se acerca a Saint Andrews, pregunta cómo puede crear en su país un green semejante y le contestan que es fácil, basta coger las mejores semillas, plantarlas y cuidarlo diariamente con cariño durante doscientos años).

En absoluto. Al igual que un país puede perder el rumbo rápidamente (como por ejemplo le ocurrió a Suecia en la década de los setenta) puede corregirlo con igual velocidad. Y mucho de ello depende de la calidad de su discurso público. Otra cosa, claro, son los efectos benéficos de un buen rumbo incrementalista; para notarlos hay que tener un poquito de paciencia, pero desde luego llegarán bastante antes que los anunciados por el chamán: porque para estos los doscientos años del green son pocos, hacen falta más años.

Estamos hablando, en consecuencia, de un libro de lectura imprescindible para todos aquellos que quieran ir a votar con conocimiento de causa el próximo 20-D. La obra liquida muchas ideas preconcebidas, lo que no gustará a los chamanes de uno y otro signo, ya sean estatistas o neoliberales, nacionalistas o centralistas, inmovilistas o partidarios de la democracia directa, pero les dejo que se sorprendan ustedes solos. Y empiecen rápido porque tiene más de 300 páginas.

Ahora bien, como todo libro provocador –y este lo es en grado sumo- presenta sus inevitables flaquezas en forma de simplificaciones, lo que paradójicamente es un vicio propio de chamanes. El autor es perfectamente consciente del riesgo y no deja de advertirnos de que está utilizando las categorías de chamán y exploradora como tipos ideales, en el sentido weberiano del término. En definitiva, reconoce que en la realidad diaria de partidos y personas es inevitable encontrar ambas cosas bastante mezcladas.

Sin embargo, los tipos ideales plantean el conocido problema de que a veces no son estables ni siquiera desde el punto de vista teórico, y algo parecido ocurre con estos. Ciertas reformas incrementales exigen plantearse la raíz de los problemas con el fin de evitar en la medida de lo posible esforzarse en vano combatiendo síntomas (¿es o no ir a la raíz considerar como presupuesto básico para cualquier avance incremental mejorar el funcionamiento de nuestros partidos políticos?); en otras ocasiones es preciso indignarse a la vista de que con la templanza no se erosionan las poderosas resistencias existentes (pensemos en el caso del sobreendeudamiento hipotecario). Considerado el asunto desde esta perspectiva, quizás más que de chamanes y exploradoras cortados de una pieza, habría que reflexionar sobre los riesgos de la demagogia y de la retórica vacua en una democracia. Sí es así, el tema de fondo que plantea Victor Lapuente es un tema muy muy antiguo, que –curiosamente- afecta a la propia raíz de la política democrática: hasta qué punto la democracia es compatible con la verdad. Al fin y al cabo, un chamán –según la RAE un hechicero al que se supone dotado de poderes sobrenaturales para sanar a los enfermos e invocar a los espíritus- basa su poder en la mentira.

Precisamente por eso resulta una completa aberración calificar a Platón como un filósofo chamán, cuando precisamente fue el primero que planteó este crucial problema de la verdad amenazada por la retórica vacía (es descorazonador comprobar cuánto daño ha hecho Karl Popper para una adecuada comprensión del filósofo). Sobre este tema resulta muy recomendable acudir a Foucault y a su profundo análisis de la parrhesía  (“decir veraz”) que comenté no hace mucho en este mismo blog (aquí).

Pero estos puntuales excesos y otros pequeños errores (Calvo Sotelo nunca fue el líder de la oposición parlamentaria) no desmerecen la crucial aportación de esta obra, que es precisamente demostrar a través de un análisis riguroso que es perfectamente posible construir una retórica exitosa que compatibilice la verdad con la democracia. Refuta, o al menos ataca con mucho fundamento, el escepticismo de Platón y de Foucault, y eso, señoras y señores, no solo no es poca cosa, sino que resulta bastante esperanzador….

Flash Derecho: Primer ranking de calidad democrática de los partidos políticos españoles

+Democracia, organización con la que la Fundación ¿Hay Derecho? firmó un convenio de colaboración en junio, presenta su Primer ranking de calidad democrática de los partidos políticos españoles. La iniciativa, novedosa en nuestro país, aporta datos interesantes y reveladores acerca del funcionamiento de nuestros partidos políticos y de su grado de calidad democrática. 

El ranking parte de la concepción de la calidad democrática de los partidos como el resultado de una serie de normas y prácticas que hacen posible su funcionamiento. Para ello se han tenido en cuenta un total de 41 variables relativas a la democracia interna (16), los derechos de los afiliados y su protección (7),la  información del partido hacia los ciudadanos sobre su organización (10), la publicidad de sus códigos éticos (6) y los procedimientos de elección de los candidatos a cargos públicos (2).
 
El trabajo, liderado por los profesores José Antonio Gómez Yañez, Manuel Villoria y Xavier Coller, será repetido anualmente con el objetivo no solo de hacer una radiografía permanente del estado de los partidos políticos en España, sino de visualizar su evolución e incidir en el funcionamiento democrático de los partidos.
 

Será en Impact Hub, c/Alameda 22 (Madrid) [mapa] el martes 3 de noviembre a las 12h.

Flash Derecho: Primer ranking de calidad democrática de los partidos políticos españoles

+Democracia, organización con la que la Fundación ¿Hay Derecho? firmó un convenio de colaboración en junio, presenta su Primer ranking de calidad democrática de los partidos políticos españoles. La iniciativa, novedosa en nuestro país, aporta datos interesantes y reveladores acerca del funcionamiento de nuestros partidos políticos y de su grado de calidad democrática. 

El ranking parte de la concepción de la calidad democrática de los partidos como el resultado de una serie de normas y prácticas que hacen posible su funcionamiento. Para ello se han tenido en cuenta un total de 41 variables relativas a la democracia interna (16), los derechos de los afiliados y su protección (7),la  información del partido hacia los ciudadanos sobre su organización (10), la publicidad de sus códigos éticos (6) y los procedimientos de elección de los candidatos a cargos públicos (2).
 
El trabajo, liderado por los profesores José Antonio Gómez Yañez, Manuel Villoria y Xavier Coller, será repetido anualmente con el objetivo no solo de hacer una radiografía permanente del estado de los partidos políticos en España, sino de visualizar su evolución e incidir en el funcionamiento democrático de los partidos.
 

Será en Impact Hub, c/Alameda 22 (Madrid) [mapa] el martes 3 de noviembre a las 12h.

HD Joven: ¿Una ejecución hipotecaria propia de Cataluña?

El propósito de este artículo es llamar la atención sobre la recientemente publicada Ley catalana 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética (en adelante Ley 24/2015), que entró en vigor el pasado 6 de agosto de 2015.

Sin ánimo de ser exhaustivo, esta Ley regula, entre otras, cuestiones como las siguientes:

  • Unos procedimientos, extrajudicial y judicial, para “la resolución de situaciones de sobreendeudamiento” de consumidores, que puede concluir en el acuerdo de cancelación de los importes no satisfechos por parte del juez.
  • También prevé, con carácter previo a la interposición de una demanda de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de alquiler, que el demandante debe ofrecer a los deudores una propuesta de alquiler social si el procedimiento afecta a personas que no tengan un alternativa de vivienda propia y que estén dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial definidos en la propia Ley, pero atribuyendo, además, al demandante, el deber de comprobar si concurren las mencionadas circunstancias, y siempre que (i) el demandante sea persona jurídica que tenga la condición de “gran tenedor de vivienda” (como los Bancos, sus filiales inmobiliarias, etc), o (ii) sea una persona jurídica que haya adquirido con posterioridad al 30 de abril de 2008 viviendas, que sean provenientes de ejecuciones hipotecarias o procedimientos similares, derivados de la imposibilidad de devolver un préstamo hipotecario.

La solicitud del informe a los servicios sociales, para determinar si una unidad familiar se encuentra en situación de riesgo de exclusión residencial, que aparentemente debe solicitar el propio deudor a requerimiento del acreedor, obliga a la Administración a emitir el informe en un plazo de 15 días, pero, si transcurre dicho plazo y no se ha emitido el informe, se entiende que la unidad familiar se encuentra efectivamente en situación de riesgo de exclusión residencial, por silencio positivo y con efectos directamente perjudiciales para un tercero.

  • Por otra parte, como medidas para garantizar la función social de la propiedad y aumentar el parque de viviendas disponibles en alquiler, la Administración puede resolver la cesión obligatoria de viviendas, por un período de tres años, para incorporarlas al Fondo de viviendas en alquiler para políticas sociales, en el caso de viviendas vacías que sean propiedad de personas jurídicas, siempre que: (a) el propietario de la vivienda sea sujeto pasivo del impuesto sobre las viviendas vacías; y (b) el sujeto pasivo disponga de viviendas vacías en un municipio en que exista, como mínimo, una unidad familiar en situación de riesgo de exclusión residencial.
  • Asimismo, cabe mencionar una medida que parece orientada a evitar la cesión de créditos hipotecarios a entidades como los fondos de inversión, consistente en que en las cesiones de créditos garantizados con la vivienda del deudor, si la cesión es a título oneroso, el deudor quedará liberado de la deuda abonando al cesionario el precio que éste haya pagado más los intereses legales y los gastos que le haya causado la reclamación de la deuda, que resulta ser un mecanismo más amplio que el previsto en el artículo 1535 del Cc, que se limita a los créditos litigiosos y, además, sin fijar un plazo para el ejercicio de este derecho (plazo que es de 9 días a contar desde que el cesionario reclame el pago al deudor, en el caso de la cesión de créditos litigiosos).

Una vez expuestas las principales novedades que presenta esta Ley, procedo a comentar algunos de sus aspectos:

A raíz de la crisis económica que hemos atravesado en los últimos años, muchas personas no han podido hacer frente a sus obligaciones, debido, en la gran mayoría de los casos, a situaciones de desempleo no deseadas. Entiendo, por tanto, que el legislador catalán, como consecuencia del elevado número de desahucios que se han producido (tanto por ejecuciones hipotecarias como por arrendamientos), haya tratando de buscar alguna solución a esta situación, en muchos casos dramática.

Sin embargo, la Ley 24/2015, a pesar de tener buenas intenciones, está originando una situación clara de inseguridad jurídica para los propietarios de viviendas que, en el ámbito procesal se traduce en situaciones de indefensión para la parte que tiene que demandar, introduciendo unos  requisitos pre-procesales no previstos en la LEC.

No pretendo ponerme en plan “abogado de principios”, pero es innegable que si en un negocio jurídico una de las partes no cumple con sus obligaciones, la otra parte puede requerirle que las cumpla y, además, que le indemnice por los daños derivados del incumplimiento. A ello cabe añadir que la hipoteca, como derecho real de garantía que es, ofrece al acreedor la posibilidad de ejecutar dicha garantía si se produce algún incumplimiento y, en determinadas circunstancias, quedarse con el inmueble. Por lo tanto, parece que, si bien con anterioridad para ejecutar una hipoteca al acreedor le bastaba con justificar que el deudor había incumplido una serie de pagos en las cuotas, ahora, en Cataluña, para ejecutar una hipoteca, no sólo tiene que incumplir el deudor una serie de pagos, sino que, además, el acreedor debe solicitarle que recopile una serie de documentos que acrediten que está en riesgo de exclusión residencial y, una vez demostrado esto, ofrecerle un alquiler social, en la propia finca a ejecutar –si puede ser– y por un período mínimo de tres años.

En cuanto a la cesión obligatoria de viviendas vacías, que puede ser un debate en sí mismo, parece una medida un tanto desproporcionada, más aún si tenemos en cuenta que los propietarios ya tienen que pagar un discutible impuesto por dicha propiedad (Ley 14/2015). Gravar la propiedad de una vivienda vacía para incentivar que se destine a que todos tengamos un techo, puede tener lógica social, pero que se obligue a cederlas, sobre todo si no se sabe si habrá alguna compensación equitativa, parece contraria al derecho de propiedad.

En relación a los deudores en situaciones de dificultad, ya existe una Ley de ámbito estatal que trata de proporcionarles ciertas facilidades, que es la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (en adelante Ley 1/2013). Esta Ley 1/2013 trata de dotar a los deudores hipotecarios de medios de defensa adecuados ante situaciones de especial vulnerabilidad que puedan derivarse de la aplicación de las estipulaciones pactadas en los préstamos hipotecarios concedidos, estableciendo la posibilidad de suspender el lanzamiento por un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor del mismo (hasta el 15 de mayo de 2017), en aquellos casos en los que los ejecutados cumplan una serie de requisitos (recogidos en sus artículos 1 y 2).

Así pues, si existe una Ley estatal “sustantiva” para ayudar a los deudores que pueden verse afectados por la pérdida de sus viviendas –la Ley 1/2013– y una Ley procesal que garantiza una posición equilibrada a las partes –la LEC–, parece que le Ley catalana 24/2015 planteará importantes dificultades y contradicciones en su aplicación, dado lo complicado de su encaje en todo el esquema normativo, por mucho que se base en la protección de los consumidores. Es más, es muy probable que, bien directamente, bien a través de los procedimientos judiciales en los que se aplique, se planteen dudas sobre su constitucionalidad, como ya ha sucedido con otra Ley del Parlamento Catalán, dictada con una finalidad similar, la Ley 20/2014, de modificación del Código de Consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas consumidores en materia de créditos y préstamos hipotecarios (Ley 20/2014), que ha sido recurrida por inconstitucional y el TC, al acordar la admisión a trámite, ya ha acordado la suspensión de bastantes de sus artículos (aquí).

En cualquier caso, lo que parece claro es que, por el momento, si alguien es deudor de los que reúnen los requisitos de la Ley 24/2015, su aplicación le va a resultar muy favorable y, muy probablemente, logre ganar tiempo de permanencia en su vivienda casi sin coste. Por el contrario, los acreedores se van a tener que armar de paciencia para poder cumplir la Ley sin que vean desaparecer sus derechos.

Ciertamente deseo que todas las familias puedan mantener una vivienda, pero sin que para ello se tenga que causar indefensión o privar de sus derechos a nadie (ni siquiera a los Bancos), por lo que considero que esta Ley acabará siendo modificada o desapareciendo y, si no es así, es posible que acabemos viendo que en Cataluña sólo podrán comprarse una vivienda quienes puedan pagarla al contado, porque será difícil que los Bancos se arriesguen a ofrecer hipotecas a personas con circunstancias económicas que pudiéramos denominar “normales”.

Como breve conclusión, un poco provocadora, me permito invitar a los lectores a que, si esta Ley 24/2015 no es recurrida, se endeuden en Cataluña, ya que no tienen nada que temer (ni que pagar…).