Instrumentos jurídicos para la defensa del Estado de Derecho en Cataluña

Una curiosa debilidad del Estado de Derecho –correlativa sin duda a su grandeza- es que resulta mucho más fácil impedir o sancionar el aparcar en doble fila que el darse un autogolpe de Estado, o al menos, de parte del Estado, como sin duda está ocurriendo en Cataluña (pues autogolpe es que los gobernantes de una Comunidad Autónoma pretendan que sus ciudadanos ahora ya no estarán protegidos por las normas que democráticamente se han dado, sino por unas nuevas dictadas al margen de aquellas). Y es lógico que sea difícil, porque no resulta ni normal ni previsible en pleno siglo XXI que políticos profesionales en una democracia manifiesten el desprecio por las normas de un Estado de Derecho democrático que denota la propuesta de resolución del pasado 27 de octubre sobre “desconexión democrática” y que pueden consultar aquí.

¿Como reaccionar desde el Derecho? Olvidémonos del Código Penal, que difícilmente cubre este caso. Olvidémonos desde luego de la rebelión o sedición. La rebelión tipificada en el art. 472 del CP está pensando en un levantamiento armado y la sedición del art. 544 (“la rebelión en pequeño”) en un movimiento tumultuario que de suyo incorpora cierto grado de violencia o intimidación física. Nada de eso ocurre en nuestro caso (es lo que tienen los autogolpes desde las instituciones). Olvidémonos también de la usurpación de atribuciones del art. 506, difícilmente aplicable a una mayoría parlamentaria en proceso de “desconexión”.

Examinemos pues las normas jurídicas de otro tipo, fundamentalmente a las normas del Derecho político, básicamente la Constitución y el Estatuto de Autonomía porque solo en ellas podremos encontrar alguna solución, al menos en un primer momento. La primera en la que nos deberíamos fijar es efectivamente el Estatuto de Autonomía de Cataluña, concretamente en su art. 77, que regula el Consejo de Garantías Estatutarias, institución que vela por la adecuación al Estatuto y a la Constitución de las disposiciones que puedan dictar los Poderes públicos en Cataluña. Pues bien, tanto dicho artículo como la Ley 2/2009 que lo desarrolla permitiría a la minoría solicitar un dictamen a este organismo sobre la adecuación a la Constitución y al Estatuto de la famosa resolución (de bastante mayor trascendencia que los casos que enumera en su art. 16.1). Creemos que, pese a las fundadas sospechas de falta de parcialidad (dado su forma de nombramiento y el peso que tiene en la designación de sus Vocales el Presidente de la Generalitat), es absolutamente imposible que un grupo de juristas, por mucho que estén imbuidos del espíritu nacional, pueda defender que esa resolución se ajusta al Estatuto o a la Constitución. Básicamente porque la propia resolución ya anuncia que no es así.

El tema del carácter vinculante o no del informe es también bastante interesante. La redacción original del Estatuto lo preveía (y así lo reconoce su Ley de desarrollo) pero fue declarado inconstitucional por el TC en su sentencia 31/2010, sentencia que, por otra parte, los independentistas nunca han aceptado. Luego sería completamente incongruente que si el Consejo dictamina en contra de la resolución, se alegue su carácter no vinculante para desobedecerle. No, la única solución que tienen los independentistas es alegar que, como han decidido iniciar un proceso constituyente “ex novo” partiendo del estado de naturaleza primigenio al más puro estilo hobbesiano, es evidente que no les vincula ningún dictamen (aunque sea el previsto en su Estatuto para protegerlo) que  diga que la resolución no se ajusta al Estatuto o a la Constitución, puesto que no se reconoce ni el Estatuto ni la Constitución. En definitiva, no tienen más remedio que ratificar  de manera expresa el autogolpe de Estado y que el Estatuto de Autonomía se ha convertido en papel mojado .

Una vez llegados a este previsible escenario, pasamos al Tribunal Constitucional. El art. 161.2 de la CE faculta al Gobierno para impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA (lo que puede llevar consigo su suspensión automática de conformidad con lo previsto en el art.30 de la LOTC). Se podría, entonces, impugnar el acuerdo de la Mesa del Parlament aceptando la tramitación de la misma (invocando como precedente la sentencia 95/1994 de 21 de marzo donde se estima un recurso de amparo frente a un acuerdo de la Mesa formalmente similar, también de admisión a trámite), o esperar directamente a que se adopte, previsiblemente el próximo día 9 de noviembre, para de inmediato impugnarla y suspenderla. Llegado a ese punto, la mayoría que controla el Parlament no tiene más remedio que seguir con su hoja de ruta (uno no da un autogolpe para achicarse a la primera) por lo que se produciría o se entraría en una situación de desobediencia por parte de la persona o personas que decidan incumplir dicha resolución.

Alcanzado este escenario se abren dos vías. Por un lado volvemos al Código Penal (concretamente al artículo 410 que tipifica el delito de desobediencia y que ya comentamos en este blog con ocasión de la querella contra Mas después del pseudoreferendum), pero facilitado en esta ocasión como consecuencia de la famosa reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por LO  15/2015 que introduce (en su art. 87) la obligación de cumplimiento de las resoluciones del TC y la posibilidad de que este pueda acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad que considere necesario. Como recordarán, esta posibilidad de notificación elimina muchas de las dudas que la anterior querella contra Mas planteaba en cuanto al requerimiento previo para cumplir con las resoluciones que requiere el delito de desobediencia.

Pero junto a la cuestión penal se abre también la posibilidad de la ejecución (incluso la ejecución forzosa) de las resoluciones del TC, pues gracias a la misma reforma en el nuevo artículo 80 señala que en materia de ejecución de resoluciones se aplicarán los artículos 103 y ss de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. Además el art. 92.1 y 2 atribuye ahora al TC la facultad de velar por el cumplimiento de sus propias resoluciones recabando el auxilio de cualquiera de las Administraciones y Poderes públicos, y el 92.4 permite imponer multas y suspender en sus funciones a autoridades y empleados públicos.

Pero de nuevo uno no da un autogolpe para achicarse a la segunda y lo previsible es que el proceso continúe. Ahora bien, si los Tribunales penales catalanes cumplen con su obligación legal de aplicar las normas vigentes y acaban procesando a los culpables, pese a la alegación de falta de legitimidad que invocarán los imputados/investigados, que es lo normal, se generará una curiosa crisis medieval a la Cronwell como consecuencia del enfrentamiento de un Parlamento con los tribunales del Rey, aunque, eso sí, a esta alturas del siglo, un poquito más bufa. El mismo enfrentamiento podría producirse con el resto de las autoridades del Estado, en la medida en que se vaya inhabilitando a unas personas que no obstante continúan actuando como parlamentarios o bien son inmediatamente sustituidos por unos nuevos que, instantes antes de ser nuevamente suspendidos, van adoptando decisiones en pro del procés. Un lío notable.

Podríamos considerar que en ese momento el ridículo internacional sí sería un factor a considerar por el entramado independentista para poner fin a la opereta, pero si hemos llegado hasta aquí es que no hay mucho sentido del ridículo, así que hay que seguir con el experimento. Como los tiempos de la Justicia penal son lentos y la capacidad de sustitución en las filas independentistas elevada, estos podrían perfectamente continuar con la “desconexión” en un ambiente folclórico y reivindicativo muy al estilo de la CUP y cuyo prólogo intuimos con la declaración de Mas. Ante esta situación, ¿qué se puede hacer? Pues señores, olvidarnos de las personas y actuar sobre las instituciones, en fin, acudir al famoso y nunca aplicado art.  155 de la CE. El problema es que si llegamos a ese punto, puede que el art. 155 tampoco contribuya mucho a resolver el problema.

Recordemos que este artículo atribuye al Gobierno en estos casos, previo  requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma, la posibilidad de “adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella (la Comunidad Autónoma) al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones”. Si llegamos aquí, las medidas de “sustitución” que podrían adoptarse (actuación del Estado en lugar de los órganos autonómicos) corren el riesgo de enfrentarse otra vez con una posible desobediencia de los “alzados”.  Otra cosa serían las medidas de “disolución” de alguno o todos los órganos autonómicos, tal como ya ocurre con las entidades locales. Esta posibilidad está recogida tanto en la Constitución italiana  (art. 126) como en la austriaca (art. 100) aunque no expresamente en la española. Sí está prevista para las Entidades locales en la Ley de Bases del Régimen Local, donde se aplicó en el caso del Ayuntamiento de Marbella.

Pero si se disuelven el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat -incluso si se clausuran sus instalaciones- ¿quién nos dice que  los parlamentarios díscolos no seguirán reuniéndose en un nuevo “juego de pelota” (¿quizás el Camp Nou?) para continuar con la representación? A partir de aquí lo único que queda ya es declarar el estado de sitio (art. 116.4 CE), desarrollado en los arts. 32 y ss de la LO 4/1981, y que está previsto para conjurar “una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios”. En esta situación el Gobierno asume todas las facultades extraordinarias  y designa a la autoridad militar que haya de ejecutarlas.

No obstante, quizás el factor más importante de todos y en el que se piensa poco sea el momento de la inevitable convocatoria de unas nuevas elecciones. Los independentistas saben que están obligados forzosamente a ello, porque no pueden gobernar en estas condiciones. ¿Quieren que se las convoque el Estado después de la disolución del Parlamento? ¿Prefieren hacerlo ellos un minuto antes? Lo que está claro es que van a esperar a ese instante y, en cualquiera de las dos tesituras, les interesa mucha algarada en las calles.

En fin, este es un tema político en el que nosotros no vamos a entrar ahora, pero lo que está claro es que se avecinan tiempos muy revueltos en Cataluña. Los burgueses de CDC estarán contentos….

 

Lecturas recomendadas: “El retorno de los chamanes”, de Victor Lapuente

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En esta época singularmente crítica que atraviesa nuestra democracia todos nos preguntamos de vez en cuando cómo podemos ayudar a mejorarla. Sabemos que votar es imprescindible, pero que no es suficiente. ¿Qué más podemos hacer? Bien, el último libro de Victor Lapuente -reputado profesor en el Instituto de Calidad de Gobierno en la Universidad de Gotemburgo- lo explica perfectamente: contribuyamos a construir un discurso público mejor. A primera vista parece poco, pero no creo que haya en este momento nada más importante.

Practiquemos nosotros, desde luego, cada vez que hablemos de la cosa pública, pero sobre todo exijámoslo a los creadores de opinión -a los intelectuales, blogueros, periodistas- y a nuestros representantes políticos. Porque solo cuando los problemas se articulan a través de un discurso adecuado tienen alguna posibilidad de resolverse. Los países que son capaces de construir una retórica pública sobre presupuestos correctos prosperan mucho más y mucho más rápidamente que el resto.

Muy bien, perfecto, pero ¿qué es un discurso adecuado? Un discurso adecuado es aquel pegado a la realidad concreta, aquel que huye de los prejuicios y de las ideas preconcebidas, de las apelaciones emocionales, de los conceptos abstractos y de las grandes cosmovisiones. Es un discurso que no da nada por sentado y está abierto a examinarlo todo. Es el discurso de la exploradora, imprescindible en sociedades tan complejas como las actuales. Sin embargo, cualquier observador imparcial de la realidad española convendrá conmigo en que este no es el discurso dominante en nuestro país.

Hagamos una prueba: yo digo una palabra y usted examina sus sensaciones. Comencemos por “copago”. Si inmediatamente después de oír esta palabra le surgen ideas (no digo que las comparta) como desmantelamiento de la sanidad pública, políticas neoliberales, desigualdad social o derrota electoral inapelable, entonces usted vive en un país dominado por el discurso del chamán. Para estar completamente seguro repita el experimento con “cheque escolar”. No, tranquilo, usted no tiene la culpa -o quizás sí- simplemente ha reaccionado como el perro de Pavlov después de escuchar la campana. Está habituado a ello y no hay forma de evitarlo.

Por supuesto, podemos escoger cualquier otra palabra o conjunto de palabras localizadas en el otro lado del espectro político, como, por ejemplo, “educación para la ciudadanía”. Si las ideas que le surgen espontáneamente son, adoctrinamiento, vulneración de la libertad de educación, laicismo, totalitarismo, etc., entonces podemos asegurar sin equivocarnos que los chamanes controlan el debate público en su integridad. Lo que, por otra parte, como explica Victor Lapuente, es casi inevitable. Si al chamán no se le desacredita de inmediato, termina por dominar la plaza pública, porque la seducción que despierta exige ser combatida con su propia medicina.

El autor nos demuestra de forma muy convincente los despropósitos a los que conduce la retórica del chamán y los beneficios que disfrutan los países que han sido capaces de arrinconarla y desarrollar en su lugar el discurso crítico y las virtudes de la exploradora: calma frente a indignación, ajustes incrementales frente a grandes revoluciones, escepticismo frente a fe, consenso frente a conflicto, persuasión frente a victoria, confiar en los funcionarios y empleados públicos frente a dirigirlos, pensar más en los efectos que en la raíz de los problemas, etc.

A través de abundantes ejemplos históricos destruye de manera muy convincente las consabidas explicaciones culturalistas sobre la superioridad natural de unos países sobre otros, que puedo sintetizar en la nefasta y socorrida -para no hacer nada- anécdota del campo del golf (sí, esa en la que un japonés se acerca a Saint Andrews, pregunta cómo puede crear en su país un green semejante y le contestan que es fácil, basta coger las mejores semillas, plantarlas y cuidarlo diariamente con cariño durante doscientos años).

En absoluto. Al igual que un país puede perder el rumbo rápidamente (como por ejemplo le ocurrió a Suecia en la década de los setenta) puede corregirlo con igual velocidad. Y mucho de ello depende de la calidad de su discurso público. Otra cosa, claro, son los efectos benéficos de un buen rumbo incrementalista; para notarlos hay que tener un poquito de paciencia, pero desde luego llegarán bastante antes que los anunciados por el chamán: porque para estos los doscientos años del green son pocos, hacen falta más años.

Estamos hablando, en consecuencia, de un libro de lectura imprescindible para todos aquellos que quieran ir a votar con conocimiento de causa el próximo 20-D. La obra liquida muchas ideas preconcebidas, lo que no gustará a los chamanes de uno y otro signo, ya sean estatistas o neoliberales, nacionalistas o centralistas, inmovilistas o partidarios de la democracia directa, pero les dejo que se sorprendan ustedes solos. Y empiecen rápido porque tiene más de 300 páginas.

Ahora bien, como todo libro provocador –y este lo es en grado sumo- presenta sus inevitables flaquezas en forma de simplificaciones, lo que paradójicamente es un vicio propio de chamanes. El autor es perfectamente consciente del riesgo y no deja de advertirnos de que está utilizando las categorías de chamán y exploradora como tipos ideales, en el sentido weberiano del término. En definitiva, reconoce que en la realidad diaria de partidos y personas es inevitable encontrar ambas cosas bastante mezcladas.

Sin embargo, los tipos ideales plantean el conocido problema de que a veces no son estables ni siquiera desde el punto de vista teórico, y algo parecido ocurre con estos. Ciertas reformas incrementales exigen plantearse la raíz de los problemas con el fin de evitar en la medida de lo posible esforzarse en vano combatiendo síntomas (¿es o no ir a la raíz considerar como presupuesto básico para cualquier avance incremental mejorar el funcionamiento de nuestros partidos políticos?); en otras ocasiones es preciso indignarse a la vista de que con la templanza no se erosionan las poderosas resistencias existentes (pensemos en el caso del sobreendeudamiento hipotecario). Considerado el asunto desde esta perspectiva, quizás más que de chamanes y exploradoras cortados de una pieza, habría que reflexionar sobre los riesgos de la demagogia y de la retórica vacua en una democracia. Sí es así, el tema de fondo que plantea Victor Lapuente es un tema muy muy antiguo, que –curiosamente- afecta a la propia raíz de la política democrática: hasta qué punto la democracia es compatible con la verdad. Al fin y al cabo, un chamán –según la RAE un hechicero al que se supone dotado de poderes sobrenaturales para sanar a los enfermos e invocar a los espíritus- basa su poder en la mentira.

Precisamente por eso resulta una completa aberración calificar a Platón como un filósofo chamán, cuando precisamente fue el primero que planteó este crucial problema de la verdad amenazada por la retórica vacía (es descorazonador comprobar cuánto daño ha hecho Karl Popper para una adecuada comprensión del filósofo). Sobre este tema resulta muy recomendable acudir a Foucault y a su profundo análisis de la parrhesía  (“decir veraz”) que comenté no hace mucho en este mismo blog (aquí).

Pero estos puntuales excesos y otros pequeños errores (Calvo Sotelo nunca fue el líder de la oposición parlamentaria) no desmerecen la crucial aportación de esta obra, que es precisamente demostrar a través de un análisis riguroso que es perfectamente posible construir una retórica exitosa que compatibilice la verdad con la democracia. Refuta, o al menos ataca con mucho fundamento, el escepticismo de Platón y de Foucault, y eso, señoras y señores, no solo no es poca cosa, sino que resulta bastante esperanzador….