Serie sobre la reforma constitucional (IV): El sistema electoral

Nuestro actual sistema electoral presenta ciertos inconvenientes bastante obvios. Un análisis detallado de algunos de ellos se contiene en un informe del Consejo de Estado de fecha 24 de febrero de 2009 (ver concretamente  las páginas 145 y ss.) que pueden consultar aquí. A mí me gustaría destacar ahora los siguientes:

1.- Desigualdad del voto. Pese a que el art. 68 de la CE habla de un sufragio “igual”, nuestro sistema no lo garantiza en absoluto. Y no me refiero, claro, a una igualdad de resultado que solo puede garantizar un sistema proporcional puro (pues el TC ha declarado que el sistema actual es en este sentido perfectamente constitucional y ni siquiera tiene por qué ser poco razonable), sino a la igualdad de origen como consecuencia de que el voto de un barcelonés “pese” menos de la tercera parte que el de un soriano. Es decir, para designar un diputado se necesitan en torno a los 174.000 votos en Barcelona, mientras que en Soria bastan 46.000. Las pequeñas metrópolis influyen más que las grandes en los resultados electorales y no se entiende muy bien por qué debe ser así.

2.- Resulta proporcional en unas circunscripciones pero mayoritario, incluso incongruentemente mayoritario, en otras. Es decir, el voto de un soriano “pesa” más, pero a efectos prácticos solo puede elegir entre dos opciones, por lo menos hasta ahora. En realidad, es que es difícil entender que pueda “elegir” de alguna manera (de ahí lo de incongruente). Me explico. Como Soria reparte únicamente dos diputados, siempre sale uno del PP y otro del PSOE, pese a que pueda haber grandes diferencias de voto de una elección a otra, porque para que uno se lleve los dos debería doblar en votos al siguiente, y eso no es muy frecuente. De hecho, en las últimas elecciones del 2011, aunque el PP le sacó más de 20 puntos al PSOE, se repartieron los escaños. A la vista de esto, ¿podemos decir que los sorianos tienen elecciones? ¿O solo votaciones? Vale, esto “solo” pasa en Soria, pero en las que reparten tres el sistema es mayoritario en el sentido de que el que gana se lleva el tercero, pero con una prima para los dos primeros (que se reparten por el mismo principio los otros dos diputados) lo que provoca que al final PP y PSOE estén sobrerrepresentados en el Congreso.

3.- Los partidos nacionalistas/regionalistas tiene una influencia desproporcionada en el Congreso. Ojo, no me refiero a que estén sobrerrepresentados desde un punto de vista de voto proporcional (porque en absoluto es así) sino que como consecuencia de la sobrerrepresentación del PPSOE a costa de los partidos minoritarios de ámbito nacional, ellos son los que hacen de bisagra cuando uno de los grandes no obtiene mayoría absoluta. La verdad es que ahí está en gran parte la explicación de nuestro enorme caos competencial y no tanto en un defecto intrínseco del Título VIII de nuestra Constitución (que tampoco es ninguna maravilla). Basta pensar en la retirada estratégica de los recursos de inconstitucionalidad cuando el perjudicado por ellos es el único socio posible de gobierno. Cabría añadir otros inconvenientes derivados del mismo problema, que ahora solo puedo apuntar, como la imposibilidad de grandes coaliciones de tipo alemán o la triste alternativa de tener que elegir entre el rodillo de la mayoría absoluta o el martillo de los nacionalistas.

4.- No vincula al representante con su electorado, sino con su partido, lo que fomenta la ley de hierro de las cúpulas partitocráticas. Los diputados no le deben nada a sus electores, sino a los que les designan para ir en la lista. Es cierto que un previsible batacazo electoral como consecuencia de la desafección del electorado puede ponerles nerviosos, pero en esa coyuntura tiene menos coste brujulear con el líder para que le adelante unos puestecillos en la papeleta que desmarcarse para reconciliarse con el electorado y sufrir un riesgo de exclusión definitiva. El resultado es que los parlamentarios votan y hacen lo que se les dice desde la cúpula. No es de extrañar que muchos ciudadanos opinen que el Congreso podría funcionar igual que ahora con una docena de diputados con voto ponderado.

Ahora bien -podría alegarse-: este lúgubre panorama que usted nos ha descrito, ¿no queda desmentido por las recientes encuestas como consecuencia de la entrada en liza de los nuevos partidos? Pienso que no. Desde luego la previsible nueva situación no resuelve los problemas 1 y 4, pero creo que tampoco resuelve claramente los problemas 2 y 3. Los sorianos y los habitantes de provincias poco pobladas van a  seguir sintiendo la presión del voto útil, pero encima aumentada (¿me arriesgo a votar a mi opción A pese a que por muy poco pueda quedar fuera y haya tirado mi voto, u opto por la opción B que entra seguro?). Esto, en combinación con el problema 1, hace que pese a que un partido nuevo gane claramente en votos, pueda quedar por detrás en escaños (como ya indican algunas encuestas, por cierto). No parece muy razonable. Pero es que además esta situación es muy inestable. Basta con que alguno o algunos de estos partidos (nuevos o viejos) caiga por debajo del 14% (algo muy previsible en el futuro) para que sea virtualmente aniquilado en un montón de provincias y volvamos a la situación original.

Llegados a este punto, la siguiente pregunta es: ¿cabe resolver estos problemas sin reformar la Constitución? El principal escollo que tenemos que saltar para lograrlo es la circunscripción provincial consagrada en el art. 68.2 de la CE. La verdad es que resulta absurdo que se constitucionalizase el ámbito de la circunscripción electoral, pero ello se explica por razón de las circunstancias históricas concurrentes en ese momento. La Ley para la Reforma Política la consagraba y las elecciones de junio de 1977 en la que se probó por primera vez constituyeron un éxito de estabilidad, que era lo que básicamente buscaban la UCD y el PSOE. La tentación era demasiado fuerte como para no colarla en la Constitución aprobada unos meses después.

El Consejo de Estado parece opinar que sin reformar la Constitución se puede avanzar algo (aunque parece que no mucho, y además pagando un precio por ello). Se trataría de bajar el mínimo por circunscripción consagrado en el actual art. 162 de la LOREG de 2 diputados a 1; se subiría de 350 a 400 diputados (que es el límite constitucional y que además está en la media de los países de nuestro entorno); e incluso se podría aprovechar los restos de los partidos minoritarios a nivel provincial para sumarlos y asignarles algunos de los nuevos escaños creados, aunque a algunos expertos esto último les parece constitucionalmente discutible (obviamente la propuesta de crear una lista nacional para una parte de los diputados, que acogió UPyD en su programa del 2011, necesitaría sin duda una reforma constitucional). Con todo ello ganaríamos algo en proporcionalidad y dulcificaríamos el problema del voto útil en las provincias pequeñas (aunque solo si utilizamos un buen sistema de restos). Para resolver el problema 4, las listas pasarían a estar desbloqueadas con el fin de que los electores puedan asignar el orden que deseen dentro de la lista propuesta por el partido.

El mayor inconveniente es esa subida de 350 a 400 diputados. Es decir, criticamos al Parlamento actual por excesivo e inoperante y encima proponemos sumar 50 más. El partido que lo insinúe va a pagar un coste por ello, máxime dada la retórica de chamanes (Lapuente dixit) que nos domina. Si la mejora fuera decisiva, aun valdría la pena correr el riesgo, pero es que tampoco está muy claro. Seguiríamos teniendo un sistema con voto desigual (aunque menos), distorsionado (que va desde lo puramente proporcional hasta lo mayoritario) y en donde las cúpulas siguen mandando (pues la experiencia comparada es que ni el desbloqueo se usa en la práctica con efectos relevantes ni hace ganar mucha autonomía al diputado).

Existe una interesante alternativa de mejora sin elevar el número de diputados, ganando mayor proporcionalidad y con menos dudas de constitucionalidad, propuesta por nuestro colaborador Víctor Gómez Frías. Como la idea merece una explicación detallada y un debate en profundidad, publicaremos la próxima semana una nueva entrega de esta serie firmada por Victor recogiendo su contenido.

En cualquier caso, tal propuesta sería un second best por si no es posible lograr los consensos suficientes para forzar una reforma constitucional. Todo el mundo está de acuerdo en que idealmente esa reforma sería preferible y, por cierto, extraordinariamente sencilla en lo que a la Constitución se refiere, bastando con suprimir el art. 68.2,  que es el que consagra la circunscripción provincial. De hecho, aunque no hubiese acuerdo sobre el modelo final habría que suprimirlo para facilitarlo en el futuro. Pero, obviamente, lo ideal es tener en mente un determinado diseño alternativo que debería articularse acto seguido a través de una modificación de la LOREG. ¿Cuál?

El PP está muy cómodo con el sistema actual y no propone nada. Por su parte el PSOE propone simplemente “incrementar la proporcionalidad del sistema electoral para el Congreso de los Diputados. Desbloquear las listas” (aquí). Muy bien, puede que en la línea adecuada, pero la verdad es que se hubiera agradecido más detalle, porque entre la enorme variedad de posibilidades no sabemos la que apoyaría el PSOE y eso es dejarnos a ciegas. Izquierda Unida es igual de vago (al menos en su programa del 2011), y eso es que si hay un partido que ha sido machacado históricamente por la Ley electoral ha sido este. De Podemos no he encontrado nada fuera de una referencia al voto de los no residentes (tema importante desde luego pero que no podemos tratar ahora). Ciudadanos, por su parte, propone  una reforma constitucional con el fin de implantar en España el sistema alemán.

El sistema alemán cuenta con la opinión favorable de muchos expertos (aunque no de todos, por supuesto, porque no existe el sistema perfecto). Pretende solucionar de un solo golpe los cuatro problemas indicados. No obstante, su principal inconveniente es que ya solo explicar en qué consiste resulta un poco complejo. Por resumir, se trata de un sistema que busca obtener un resultado proporcional a nivel nacional, pero que se rellena en parte con candidatos elegidos en pequeñas circunscripciones unipersonales, por lo que la condición personal del diputado importa. Para articularlo cada elector cuenta con dos votos, uno para su candidato local y otro para una lista autonómica. La mitad de diputados del Congreso se asigna por la primera vía y la otra mitad por la segunda. Para saber el número final que corresponde a cada partido se suman sus votos en las listas autonómicas y así se obtiene la proporcionalidad que corresponde aplicar a cada Comunidad. La lista definitiva se rellena primero con los diputados votados en las circunscripciones unipersonales y el resto con los de la lista autonómica. Si un partido obtiene por la primera vía más diputados de los que le corresponderían por la segunda, se añaden diputados al Congreso.

Los expertos de  +Democracia defienden este sistema (aquí), entre otras cosas porque sirve para disciplinar a los partidos mucho mejor que a través de las listas desbloqueadas. Sin embargo, otros autores ponen en duda tales ventajas. Concretamente Pablo Simón (aquí) señala varios inconvenientes: es demasiado complejo, erosiona la paridad de género, es un sistema manipulable a través de partidos clones, implica una reforma muy ambiciosa fácil de bloquear por cuanto exige diseñar ex novo esos distritos unipersonales, y tampoco acerca tanto a los políticos y a los ciudadanos, porque los candidatos que fracasan en el distrito son usualmente repescados a través de la lista. Habría que analizar qué tipo de medidas se podrían introducir para minimizar estos inconvenientes.

En cualquier caso sería bueno que, a partir de esta propuesta de Cs, los demás partidos nos dijesen qué opinan al respecto y ofreciesen, en su caso, alguna alternativa. Las campañas electorales deberían servir, al menos, para eso, y, como expliqué en la segunda entrega de esta serie, no hay ninguna razón para entender que definir las propias ideas ha de suponer un obstáculo para la imprescindible negociación.

Anteriores entregas:

Introducción

Proponer o no proponer:That is the question

El procedimiento de reforma

Reproducción de la Tribuna en El Mundo de nuestra coeditora Elisa de la Nuez: Cataluña ¿desconexión de la democracia?

Se ha escrito mucho sobre lo que está pasando en el Parlamento Catalán en estos días tanto desde una perspectiva política como jurídica. Pero quizá hace falta poner el énfasis en un dato esencial para ayudar a comprender la sucesión de los acontecimientos: los partidos políticos secesionistas catalanes no se quieren desvincular de España; de lo que se quieren desvincular en realidad es de los requisitos propios de las democracias representativas, democracias que, por cierto, son las únicas que existen.

Sabemos que un elemento imprescindible del éxito de todo movimiento populista esla manipulación del lenguaje. Esta manipulación va mucho más allá de la pura y simple falacia (del tipo “mi partido ha sido el que más ha luchado contra la corrupción” por poner un ejemplo de actualidad) que es una herramienta tradicional de los partidos políticos  y que tiene la ventaja de poder ser rebatida fácilmente con datos, siempre que alguien se moleste en buscarlos. El retorcimiento de los conceptos comunes que empleamos al hablar y al pensar es algo bastante más peligroso que una mentira monda y lironda,dado que cambia su significado introduciendo a su usuario, casi sin darse cuenta, en el terreno de la fantasía, particularmente en el de las peligrosas fantasías colectivas. En este espacio las razones pueden ser sustituidas por las emociones aunque ese lenguaje, claro está, solo sea válido para los que forman parte de ese movimiento. No hay posibilidad real de entablar un diálogo y menos una negociación con los que se han quedado fuera y siguen manejando los conceptos convencionales de democracia, representación, Estado de Derecho o soberanía.

Como ejemplo de conceptos cuya utilización ha alcanzado un éxito histórico notable podemos mencionar el de “pueblo” –no digamos ya si es el “elegido” implícita o explícitamente- el de “nación” ,el de “proletariado” y entre nosotros más recientemente el de “casta”. El potencial político de estos binomios simplistas (en definitiva, hablamos de buenos y malos) es tremendo, particularmente en épocas de crisis. Pero conlleva un riesgo altísimo en una sociedad moderna, plural y compleja, dado que para compartirlas hay que renunciar previamente a la capacidad crítica y al pensamiento individual. Por eso denominamos populistas –ya sean nacionalistas, estatistas, socialistas o conservadores- a los movimientos políticos que apelan preferentementea las emociones gregarias (“nosotros frente a ellos”) frente al método tradicional en las democracias representativas, en las que hay una pluralidad de competidores políticos (los partidos) que tienen que convencer a los electores de uno en uno. Este esfuerzo exige razonamiento, debates públicos, programas electorales y un esfuerzo considerable en distinguir la oferta propia de la del competidor. En cambio en Cataluña la cosa se está simplificado notablemente al menos en el bloque secesionista: los partidos que lo conforman están confluyendo electoralmente en aras de la consecución de la ansiada independencia.

Lo más interesante es que la deriva de los partidos catalanes secesionistas de estos últimos años está siguiendo un camino inverso al que está recorriendo un partido político nacido precisamente del malestar ciudadano por el injusto reparto de sacrificios en la crisis económica, como es Podemos. Precisamente parte de las dificultades de este partido se deben, en mi opinión, al hecho precisamente de haberse convertido un partido político másmás, que tiene que defender sus ideas en el seno de una democracia representativa. De esta forma ha tenido que dejar atrás un potente movimientosocial transversal (como el 15-M o las diversas mareas) y su eficaz utilización del binomio casta-pueblo, lo que sin duda es una buena noticia.El problema es que mientras que Podemos transita con total normalidad hacia la democracia representativa, los partidos secesionistas catalanes (muy particularmente CIU, el partido de la conservadora burguesía catalana) transitan con total anormalidad en sentido inverso hacia un movimiento transversal que se parece cada vez más a un auténtico Movimiento Nacional, con la inestimable ayuda de un partido antisistema que al menos tiene claro que lo de la democracia representativa no es lo suyo.

No creo que sea exagerado calificar el fenómeno secesionista que vive Cataluña de Movimiento, pese a las connotaciones que esta expresión tiene en nuestra Historia reciente. Probablemente sus propios promotores no tendrán más remedio que estar de acuerdo.Eso sí, este tipo de movimientos transversales tienen como característica común el rechazo a la pluralidad, a la democracia representativa y al Estado de Derecho que les es consustancial. Me interesa destacar que mientras que los movimientos de desafección ciudadana en el resto de España han conseguido articularse políticamente a través de unos o varios partidos políticos respetuosos con las reglas de una democracia representativa, en Cataluña se ha producido el fenómeno inverso, de manera que lo que está desapareciendo allí a ojos vistas son los partidos políticos convencionales, la democracia representativa y el Estado de Derecho. O para decirlo en términos más exactos lo que está desapareciendo a ojos vistas es la democracia, al menos en la única versión homologable con la de los Estados de nuestro entorno.

El hecho de que en Cataluña sigan existiendo formalmente partidos políticos nacionalistas con estructuras formalmente independienteslas unas de las otras no debe de distraernos del fenómeno esencial: la tendencia a la “unificación” de estos partidos, que ya no compiten entre sí, como ha demostrado la reciente lista única en las elecciones catalanas y el programa conjunto que se anuncia para las elecciones generales. Se obvian los rasgos diferenciales, si es que los hay, y se acentúan los rasgos comunes, o para ser más exactos, el único común, el objetivo final de la secesión sea como sea. Por eso una candidatura como Junts pel Si puede ponerse fácilmente de acuerdo –incluso con la CUP- en una ruta para “desconectarse” de España pero no en asuntos más triviales como el qué impuestos cobrar o como gestionar la sanidad.  No hay que preocuparse, todas estas cuestiones menores quedan subordinadas ante el gran objetivo nacional de conseguir la independencia. En definitiva, ya no se hará política con estos temas, solo habrá mera gestión administrativa. ¿Les suena de algo?

Porque conviene recordar que también en el otro Movimiento hubo al principio más de un partido (la Falange y la Comunión Tradicionalista) hasta que se concluyó que era preferible dejar de lado las pequeñas diferencias ideológicas para concentrarse en el auténtico objetivo común que era ganar la guerra. Por eso se promulgó el Decreto de unificación de 19 de abril de 1937. Eso sí, la unificación no fue voluntaria, sino que se hizo a golpe de BOE y el resto de los partidos políticos existentes fueron suprimidos, pero es que Franco no creía en la democracia parlamentaria. Los partidos secesionistas en Cataluña, por el contrario, no dejan de hablar de democracia, pero me temo que ya no se trata de la vieja democracia parlamentaria de toda la vida, sino de un concepto manipulado que sirve para justificar lo que se decide por métodos muy poco democráticos. Recordemos que la antigua Alemania del Este se autoproclamaba “república democrática”, mientras que laAlemania del Oeste se autodenominaba sencillamente ”República Federal” lo que nos ocasionó no pocos problemas de identificación a los escolares de mi generación. Los que sí tenían claro cual de las dos era la auténtica eran los alemanes que vivían allí.

En definitiva, para los que estamos fuera de la fantasía secesionista el concepto de democracia que manejan los partidos catalanes independentistas sencillamente no es compatible con las reglas de juego de una democracia representativa. Así la hoja de ruta de la llamada “desconexión democrática” supone una ruptura radical –eso sí, por fases y por métodos pacíficos que la gente no está para sustos- con los procedimientos democráticos y con el Estado de Derecho. La realidad es que los partidos independentistas no disponen de las mayorías necesarias para modificar ni siquiera el Estatuto de Autonomía, y mucho menos ya la Constitución, por lo que han decidido saltárselos a la torera.

Pues me temo que con tales mimbres la futura república catalana, si es que alguna vez llega a existir, se va a parecer mucho a la democracia (orgánica) surgida de otro Movimiento Nacional.