El debate público que hemos tenido hasta ahora sobre los sueldos de los políticos y máximos responsables de la Administración Central del Estado (extrapolable a Autonomías y entes locales) está muy polarizado. Tan pronto escuchamos voces (las menos) reclamando una mejor retribución a los altos cargos públicos para poder atraer a los mejores profesionales (la filosofía del yougetwhatyoupayfor), como escuchamos quejas (las más) de lo mucho que cobran los políticos teniendo en cuenta lo que trabajan y dentro del contexto de corrupción generalizada en el que nos encontramos en los últimos tiempos.

Lo primero que echamos en falta para poder establecer un debate riguroso sobre este tema es un análisis detallado de lo que cobran los máximos responsables del estado, ya sean cargos electos (Presidente, diputados y senadores) o cargos no electos (ministros, secretarios de estado, presidentes/directores generales de empresas públicas, organismos supervisores y reguladores y un largo etcétera).

Para poder realizar este análisis tenemos que tener en cuenta varios factores. El primero es que en vez de sueldo deberíamos hablar de un concepto más amplio, el de “paquete retributivo”, que está generalmente compuesto por una retribución fija, una retribución variable y finalmente un conjunto de prestaciones o beneficios sociales, que aunque no son dinero que recibes en tu nómina mensual, forman parte de la retribución (aquí entra un abanico realmente amplio de posibilidades, desde aportaciones a planes de pensiones, coche, ayudas a la vivienda, seguros médicos, comunicaciones móviles, etc, etc).

Muchas veces al hablar del sueldo nos fijamos solo en el salario fijo (porque entre otras suele ser lo más fácil de encontrar), pero el variable es importante y si no que se lo digan a los Ministros… Los altos cargos y/o funcionarios de los Ministerios se reparten una bolsa de “productividades” (que equivale a una retribución variable), que en muchos casos supone un aumento apreciable del sueldo que cobran. Lo que pasa es que los Ministros no tienen acceso a esta bolsa, por lo que la retribución anual que les corresponde se queda en 68.981 euros (algo más en el caso de que sea funcionario de carrera y cobre sus correspondientes trienios), mientras que lo que están ganando los Secretarios de Estado y Subsecretarios oscila en el entorno de los 105.000 euros anuales, mientras que los Directores Generales se mueven en el entorno de los 90.000 euros. Hay variaciones entre Ministerios pero las retribuciones fluctúan en valores cercanos a los que hemos indicado (las cifras exactas se pueden consultar en el Portal de Transparencia). En cualquier caso, todos los Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores generales (y sus correspondientes asimilados) cobran más que su ministro respectivo.

Seguramente coincidiremos en que estas cifras no son coherentes ya que el puesto de mayor rango (y con mayores responsabilidades), es el que recibe una menor remuneración. ¿No nos extrañaría si Alierta cobrase menos en Telefónica que todos sus reportes directos e incluso que muchos directivos que ni le reportan directamente a él? Yo creo que sí, pero en si en vez de Telefónica hablamos de un Ministerio, parece algo asumido.

Aunque hemos mencionado el Portal de Transparencia del Gobierno, que nadie se piense que conocer el paquete retributivo de los máximos dirigentes del Estado es una tarea fácil. Lo más sencillo de encontrar es la retribución fija (el salario fijo vamos) y en el mejor de los casos la retribución variable. La parte del paquete retributivo de la que cuesta obtener más información es la correspondiente a las prestaciones o beneficios sociales que, según el alto cargo del que estemos hablando, puede suponer un peso importante de la retribución total percibida.

Un caso que ilustra muy bien que el salario (fijo + variable) no lo es todo, es el del propio Presidente del Gobierno, que tiene una retribución fija de 78.185 euros y no tiene retribución variable. Sin embargo, el Presidente durante su mandato no tiene prácticamente que asumir ningún gasto personal,ya que lo tiene cubierto casi todo por cuenta del Estado (residencia oficial, manutención, atención médica, desplazamientos y gastos diversos).

Incluidas las vacaciones familiares, lo que es una excepción en relación con el resto de Presidentes de la zona euro, que sí se costean sus propias vacaciones. Y es que hemos visto en la prensa varias veces al Primer Ministro de Reino Unido (David Cameron) viajar con su esposa en una línea lowcost (Easy Jet, Ryanair) a las costas de España y Portugal con motivo de sus vacaciones veraniegas. Mientras, en España estamos acostumbrados a ver al Presidente de turno utilizando el Palacio de las Marismillas situado en el Parque Nacional de Doñana para pasar unos días de asueto en verano o Semana Santa, con cargo al erario público claro. No creo que las exigencias de seguridad y protección del Primer Ministro sean inferiores a las del Presidente de nuestro país, por lo que no se puede esgrimir la seguridad nacional como una justificación para que las vacaciones del Presidente vayan a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado. Por supuesto lo que cuestan las vacaciones es un misterio (de Estado).

La falta de transparencia (informativa) no ayuda para nada a realizar un análisis riguroso de los sueldos públicos, pero tampoco ayuda la falta de transparencia legislativa. Por ejemplo, tomemos el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, que recoge el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial y otras entidades. En este Real Decreto podemos leer que la retribución básica (que constituye la retribución mínima obligatoria) no podrá exceder como tope de 105.000 euros. ¿Nadie gana más de esa cifra? Pues va a ser que no, porque si te pones a buscar Órdenes ministeriales firmadas por el Sr Montoro, descubres que los máximos responsables del sector público empresarial y otros entes tienen un complemento de sueldo y un complemento variable con el que pueden llegar a ganar justo el doble de lo establecido en ese Real Decreto. De hecho,el tope real de retribución fija + variable en el sector público estatal son 210.000 euros (beneficios sociales aparte, que esos no aparecen en ningún sitio).

¿Qué cargos son los que cobran este máximo?El año pasado tres: el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el presidente de la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) y el presidente de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). De todos los entes, empresas públicas y organismos reguladores y supervisores del Estado (411 en total según el inventario de entes del sector público estatal), ¿son estos cargos los que merecen llevarse la máxima retribución?.

Soy de los que opina que, en un contexto en el que se están proponiendo medidas regeneracionistas que suponen un cambio drástico en nuestras instituciones, no podemos dejar de lado la política retributiva de los altos cargos del sector público. Desde luego que los sueldos no deben replantearse de forma aislada, tienen que abordarse dentro de un amplio conjunto de medidas: mejora de la democracia interna de los partidos políticos, profesionalización de los puestos directivos de todos los entes públicos, incluyendo procesos transparentes que acrediten el mérito y la capacidad para su nombramiento, etc, etc. En el contexto de estas medidas, no deberíamos renunciar al objetivo de atraer y retener a los mejores profesionales (que pueden ser funcionarios de carrera o no) para ocupar los altos de mayor responsabilidad del sector público.

Y es que se puede mejorar la retribución de altos cargos clave reduciendo el gasto total actual en sueldos públicos a nivel estatal, ya que se puede bajar la retribución de otros altos cargos, sobran asesores y cargos de confianza y también sobra mucho gasto superfluo… Por ejemplo, en relación con el puesto que el exministro Wert ha puesto de moda: teniendo un embajador en París para “capitanear” las relaciones diplomáticas, ¿es necesario que el jefe de la Delegación Permanente de España ante la OCDE, con un sueldo aprox. de 10.000 euros mensuales, disponga de tres personas de servicio (dos para los quehaceres del hogar y un chófer con coche oficial) y un piso de 500 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de París, cuyo alquiler cuesta 11.000 euros al mes a las arcas públicas?

Pensamos que el análisis y propuestas de mejora de lo que nos gastamos en las retribuciones de los altos cargos (electos y no electos) da para un informe en vez de un post… así que nos hemos puesto manos a la obra desde la Fundación ¿Hay Derecho? y esperamos poder presentar un informe en breve.  Os mantendremos informados.