La rectitud: en el décimo aniversario de la muerte de Julián Marías

Antonio Machado estaba equivocado: no a todos los españoles que vienen al mundo les hiela el corazón una de las dos Españas. A los mejores españoles hace tiempo que les hielan el alma las dos, porque la independencia, el rigor y la equidad se pagan doblemente.

Las tribus no aceptan extraños, salvo que sea para convertirse, y quienes no se adscriben incondicionalmente a tribu o cofradía ninguna son vistos por todas como ajenos, y potencialmente peligrosos individuos con pensamiento propio. Ese es el triste caso del Prof. Julián Marías, un ejemplo de dignidad, de cuyo fallecimiento se cumplen hoy, 15 de diciembre de 2015, ya diez años sin que tengamos noticia de que exista convocatoria alguna para honrar en debida manera la memoria del insigne filósofo en tan señalado aniversario.

La “degradación del honor civil” la “capitisdeminutio”, aunque sea “minima”, es – en todo tiempo y lugar – una herramienta de los tiranos de todo signo para deshacerse de las personas libres. Una de las formas más sutiles es opacar al ilustre, como dice su hijo que hicieron los herederos de Besteiro por quien sufrió tal degradación (cfr. aquí ), que acaso nunca perdonaron su frase “los justamente vencidos y los injustamente vencedores”. Tampoco le perdonaron los vencedores: encarcelado en 1939 por la delación falsa de un “amigo”, él, sin embargo jamás renegó de su maestro Ortega y Gasset, al punto de que en 1942 no se le permitió obtener el doctorado y por tanto el acceso a una Cátedra que le correspondía por méritos propios. Nuestra Universidad peca siempre de los mismos males, sea cual sea el color de quienes en ella mandan. Marías declaró que la comisión que le juzgó “parecía más que un tribunal una cheka”. Esto es otro de nuestros rasgos distintivos.

Marías nos dejó tras 91 años de fecunda vida – jalonada con unos 50 libros– y su pérdida no pasó inadvertida. Para entenderle, además de leerle y de releerle convendría saber qué pensaron de él quienes le trataron. Fue alumno y discípulo, nada menos, que de Ortega y de Zubiri en la Universidad Central de Madrid entre 1931 y 1936. Depurado, como hemos dicho, tras la infame Guerra Civil tuvo que dedicarse a la enseñanza privada y las traducciones para sostener a su familia, y tuvo que emigrar en 1951, siendo profesor y lector en diversas Universidades de los Estados Unidos e Hispanoamérica.  De regreso a la Patria, finalmente, en 1964 la Real Academia le acogió en su seno, en contra de la opinión del entonces Jefe del Estado, y desde entonces influyó en la vida española mediante su obra, sus muy numerosos artículos periodísticos y sus lecciones.

Este castellano viejo (natural de Valladolid, como nuestro tercer Don Miguel) apostó sin ambages por la reconciliación nacional en la Transición pero advirtió contra la invasión de la esfera privada por la pública, ya en la época del Presidente Felipe González (cosa que tampoco se le perdonó) de la que ha derivado, gobierno tras gobierno, legislatura tras legislatura, el estado actual de nuestra Democracia.  Así se ve muy especialmente en la intervención del poder judicial por el legislativo y, a la postre, por los partidos, de los que tanto y con tanta razón, a nuestro modo de ver, desconfiaba.

Senador por designación Real en 1977, fue por tanto “paterpatriae” durante el periodo constituyente, pero advirtió claramente sobre la ley electoral y las listas cerradas. En 1979, cumplido su mandato junto a una generación de españoles que supo ver más allá de los intereses del momento, se alejó para siempre de la Política, con mayúsculas,  (aunque siempre escribió sobe ella).Ese mandato no fue otro que la injustamente denostada Constitución Española que nos ha permitido vivir, a pesar de su incumplimiento parcial, en paz casi cuatro decenios. En 1996 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Humanidades junto con Indro Montanelli.

Si bien su obra filosófica y antropológica tiene talla propia  (La mujer en el siglo XX (1980), La felicidad humana (1987), La mujer y su sombra (1987), Mapa del mundo personal (1993), o Persona (1996)), creo que en este Blog es menester poner énfasis en su obra socio-política  “España Inteligible. Razón histórica de las Españas”, “Meditaciones de la Sociedad Española”, “España como Preocupación” y tantos otros trabajos certeros afortunadamente publicados en diversas editoriales.

Su última obra, recopilatoria de artículos escritos en diversos medios, tan diversos como “ABC” y “El País”, se publicó en el año de su fallecimiento (“La Fuerza de la Razón”). Poseo un ejemplar dedicado por todos mis sobrinos políticos que pertenecen a una nueva generación de españoles que poco ha oído hablar de D. Julián Marías, pero que debería saber de algún modo que España es – también y sobre todo – una Nación enorme llena de hombres ilustres que han sido generosos con los demás, de hombres ejemplares a los que hay que tomar como Norte de conducta; que no es necesario ni conveniente construir desde cero y que nosotros, además de todos nuestros motivos para la melancolía o el exilio, tenemos motivos para estar orgullosos de nosotros mismos y querer hacer las cosas bien.

Creo que es imposible entender a Marías sin su esposa, Lolita, que fue también su colaboradora y a la que permaneció aferrado a pesar de su pérdida en 1977, cuando ella contaba con 65 años de edad.  Espero que algún lector que le conociese o haya leído con detenimiento complete estas parvas líneas escritas en su insigne memoria. Él se entendía a si mismo como narró en “Una vida presente” (1988).  Mi modesta opinión es que el Prof. Marías ejerció en toda su vida una cualidad de la que apenas se habla, una palabra que causa problemas a sus usuarios y practicantes: la rectitud.

Si el lector desea saber más sobre este español ilustre, puede dedicar un tiempo a su memoria en este aniversario de su pérdida en la mucha información que se encuentra en la red concentrándose en un par de reseñas detalladas.

Algunas de sus biografías dicen de él que fue “republicano, liberal y católico”. Lo que ocurre es que poner adjetivos a D. Julián Marías, hombre, filósofo, persona, es una tarea inadecuada, porque algunos nombres propios no admiten adjetivos. Su memoria trae a la mía estas palabras de Marco Aurelio: “Con los ojos fijos en tu tarea, indágala bien, y lo que exige la naturaleza del hombre, cúmplelo sin desviarte y del modo que te parezca más justo: sólo con benevolencia, modestia y sin hipocresía”.

 

 

 

 

HD Joven: Fusión de municipios y racionalización de la Administración

Uno de los temas que se está debatiendo en esta campaña electoral es la racionalización de la Administración Pública, y, dentro de ella, el papel que juegan las Diputaciones Provinciales y la fusión de municipios, para crear estructuras municipales con mayor tamaño, como medida para ahorrar gasto. No obstante, la posible fusión de municipios debe ponerse en relación con otros elementos que sería interesante analizar, como el ejercicio de los derechos que derivan de la condición de vecino, el hecho de que la Administración Local sea la Administración Pública más cercana al ciudadano o la integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios en el municipio fusionado, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Bases del régimen Local.

Del examen de las propuestas de los distintos partidos, en primer lugar, Ciudadanos propone suprimir las Diputaciones Provinciales y fusionar municipios (aquí), al igual que UPyD (aquí). En cuanto a Podemos (aquí), su programa establece que las Diputaciones desaparecerán poco a poco, así como paralizar la Ley de sostenibilidad y racionalización de la Administración Local. Por su parte, el PP mantiene su compromiso con las Diputaciones Provinciales (aquí) y se ha opuesto a la fusión de municipios (aquí). El PSOE propone derogar la Ley de reforma local, modernizar las Diputaciones Provinciales y aprobar un plan de acción para los pequeños municipios que garantice su supervivencia (aquí y aquí). Y por último, Izquierda Unida, que forma parte de Unidad Popular, se opuso ya en su momento a la reforma local del PP (aquí).

Fue la Ley de 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la que según su Exposición de Motivos introdujo por primera vez la posibilidad de fusionar municipios en España: “A este respecto, cabe señalar que por primera vez se introducen medidas concretas para fomentar la fusión voluntaria de municipios”. A favor de la fusión de municipios encontramos, principalmente, argumentos relacionados con las reformas municipales operadas en otros países de la Unión Europea o el ahorro de costes que ello supondría. Pese a ello, esta medida propuesta por el Gobierno no ha tenido la acogida esperada, ya que únicamente dos pueblos en todo el territorio nacional se han fusionado, habiéndose creado, además, seis nuevos Ayuntamientos (aquí).

Aunque pueda parecer algo novedoso y propio de países extranjeros, en España ya se ha aplicado esta fórmula, de los 9267 municipios existentes en el año 1900, hemos pasado a 8116 en 2011 (aquí). Concretamente, en el período desde 1950 a 1981, se pasó de 9214 a 8011 municipios. Siguiendo un criterio histórico de interpretación de las normas de conformidad con el 3.1 del Código Civil, debemos tener en cuenta estos procesos anteriores, para determinar cómo debe realizarse la posible fusión de municipios o si pueden adoptarse otras medidas. Para ello, tomaré como punto de partida el análisis de un caso real, la fusión de los municipios de Morés y Purroy, en la Provincia de Zaragoza, en 1967, a través de la documentación que obra en los archivos históricos.

Tanto las fusiones que se proponen, como la fusión estudiada tienen una causa común: los motivos económicos. El punto de partida fue la promulgación de la Ley 108/1963, de 20 de julio, sobre regulación de los emolumentos de los funcionarios de Administración Local, que fijó unas retribuciones mínimas para el personal la Administración Local. Ello provocó un incremento en el capítulo de gastos del Ayuntamiento de Purroy y derivó en la fusión, como medida propuesta por el Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, dado que la hacienda municipal no podía hacer frente a los gastos con los ingresos que contaba. El artículo 5 de la propia norma preveía la realización de un estudio por el citado Servicio en el caso de aquellas haciendas locales cuya situación económica no les permitiera la implantación de las percepciones que fijaba. De entre las medidas previstas para corregir dicha situación (artículo 6), se encontraban la prestación de asistencia económica con carácter transitorio o la fusión de oficio con otro municipio.

Si desde el punto de vista económico parece clara la utilidad de la fusión, debemos examinarla ahora desde el punto de vista del ejercicio de los derechos derivados de su condición de vecino por parte de éstos. La creación de un nuevo municipio supone la extinción de la personalidad jurídica de los municipios fusionados, de manera que el de menor tamaño pasa a integrarse en el de mayor, que puede conservar su nombre y en el que se fija la capitalidad, pero el primero, deja de existir como municipio con las consecuencias que ello conlleva.

El traslado de la Casa Consistorial al municipio resultante supone que, salvo el establecimiento de oficinas en el municipio fusionado (cosa que parece poco probable, pues lo que se quiere es ahorrar costes), todas las gestiones a realizar por los vecinos deberán de realizarse en el mismo, en un núcleo distinto del de su lugar de residencia. (En el caso de la fusión estudiada hay una distancia de 3,7 km entre ambos núcleos de población). Ello implica la necesidad de desplazarse para realizar trámites habituales como la solicitud de una licencia de obras o ligados a otras administraciones relacionadas con la Administración Local, como el Juzgado de Paz (artículo 99 Ley Orgánica del Poder Judicial). Pensemos en la mayoría de los habitantes de dichos núcleos, matrimonios mayores, cuyos hijos viven en la ciudad y que, tras la fusión de su municipio con el vecino, necesitarán que los trasladen para realizar gestiones que anteriormente solucionaban en dos o tres minutos.

Por otra parte, el artículo 24 bis.3º de la Ley Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, condiciona la creación de entes de ámbito territorial inferior a municipio en estos núcleos, para su gestión desconcentrada, al cumplimiento de los requisitos de la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Aunque se ahorren costes derivados de la supresión de unidades administrativas, el municipio resultante seguiría contando con dos núcleos de población diferenciados, separados en ocasiones por varios kilómetros entre sí y en los que deberá prestar los servicios básicos que le encomienda la legislación sobre régimen local.

La pregunta es ¿puede mantenerse la personalidad jurídica de los municipios sin fusionarlos y ahorrarse costes? A mi juicio, la respuesta es sí. La Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 44, prevé la posibilidad de que los municipios se agrupen en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios de su competencia. El artículo 36 atribuye entre las competencias de las Diputaciones Provinciales, la siguiente: “la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.

Asimismo, la legislación autonómica, como es el caso del Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, permite a los municipios delegar competencias en la comarca cuando su ejercicio resulte difícil para el municipio y razones de economía y eficacia así lo aconsejen, así como las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias (artículo 10.3).

Por último, el artículo 75 bis de la Ley de Bases del Régimen Local, a los efectos de retribución de los miembros de la corporación local, establece que: “Los miembros de Corporaciones de población inferior a 1.000 habitantes no tendrán dedicación exclusiva. Mediante la mejora de la eficiencia en la prestación de los servicios municipales a través de los mecanismos previstos por el ordenamiento, el municipio conservará su personalidad jurídica sin necesidad de fusionarse.

La aplicación de las fusiones permitiría un ahorro de costes, y, como establece la Ley 27/2013, una racionalización de las estructuras municipales para superar la atomización del mapa municipal. Si bien dicho ahorro puede conseguirse por otras vías. La clave está, no en el número de municipios, sino en adoptar medidas que permitan hacerlos más eficientes sin necesidad de fusionarlos. Puede mantenerse la personalidad jurídica del municipio mejorando la gestión administrativa, en lugar de la fusión, existen y deben buscarse otras alternativas (aquí).