Serie sobre la reforma constitucional (y IX): el guardián de la Constitución

A lo largo de toda esta serie que hoy termina he pretendido seguir el mismo método: identificar primero los problemas que la experiencia de los últimos años ha puesto de manifiesto, para examinar luego las soluciones ideales a los mismos que la mayor parte de nuestros partidos nos ofrecen en sus programas. Digo la mayor parte porque el favorito en las encuestas, el Partido Popular, ni ve problemas significativos ni, en consecuencia, propone ninguna solución. Eso sí, opinará en su momento, nos dice. Ahora bien, en qué línea lo hará, es un misterio para todos.

Pero en cualquier caso parece que cabe ser optimista, porque los partidos que se han molestado en proponer algo a los votantes identifican con un elevado grado de unanimidad los mismos problemas, y eso es extraordinariamente importante. Las propuestas de los partidos nos deben servir precisamente para eso: para saber qué quieren solucionar y en qué dirección desean hacerlo. Luego la letra mediana y pequeña deberá ser fruto de la discusión y del inevitable consenso que toda reforma constitucional exige. Será imposible alcanzar el sistema electoral, el órgano de gobierno de los jueces o a la concreta distribución competencial que cada uno tiene en mente, pero todos podrán afirmar que han avanzado significativamente en la dirección que en su momento –en el de las elecciones- cada uno de ellos ofreció a los electores.

Quizás no hay una reforma más simbólica que la del Tribunal Constitucional, el guardián de la Constitución, en donde reside con mayor énfasis que en cualquier otro lugar la aporía fundamental de todo sistema político: ¿quién vigila al vigilante? Porque si deseamos que la Constitución –objeto de reflexión de toda esta serie- sea una norma jurídica de verdad y no mero papel mojado, es imprescindible que el órgano que debe velar por su cumplimiento reúna dos condiciones fundamentales: que sea independiente del legislativo, y que tenga capacidad para resolver en un tiempo razonable las cuestiones que se le plantean. Pues bien, acabamos de identificar someramente los dos principales problemas que afectan hoy a nuestro guardián, pues como el resto de órganos de nuestro sistema institucional ha sido capturado por la partitocracia y se encuentra demasiado desbordado para ejercer un control eficaz.

En un artículo publicado en el diario El Mundo hace unos meses (“Los jueces filósofos y legisladores”) comentaba que la ideología es inseparable del ser humano –también del que adopta la forma de juez- y en todas partes se asume ese imponderable con total normalidad: en EEUU designando los presidentes a jueces de su cuerda ideológica, y en Alemania hasta a los militantes de sus propios partidos. Pero el problema en España es que aquí la tensión partitocrática ha llegado hasta tal punto que ha sido la fidelidad al partido, casi a su aparato, lo que –con loables excepciones- ha determinado la elección de los magistrados, más que cualquier genérica orientación “progresista” o “conservadora”. Por eso nosotros necesitamos ahora levantar un cerco sanitario más riguroso que el que existe en otros países, y lo cierto es que los programas del PSOE, de Cs y de Podemos, apuntan en esa línea.

Como hemos ya comentado en relación a otros órganos constitucionales, el PSOE propone “la convocatoria pública de las vacantes a cubrir, la evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos por un Comité Asesor de composición profesional variable cuyos informes se harán públicos, la celebración de sesiones de audiencia en las correspondientes comisiones del Congreso y del Senado y la elección final por parte del Parlamento”.

Podemos propone despolitizar el Tribunal Constitucional implantando un procedimiento de “cuotas de rechazo” (propuesta 232): “la negociación de los nombramientos partirá de la conformación de un amplio listado de todas las personas técnicamente cualificadas para acceder a él. A partir de esta propuesta, cada uno de los partidos solo podrá ir si descarta de esa lista un número proporcional a la cuota que le corresponde en función de su entidad parlamentaria. Tras sucesivos procesos de descarte, acabarán quedando solo los que menos rechazo generan. No estarán designados por nadie, ni en deuda con nadie.”

Por su parte Ciudadanos pretende fortalecer la independencia del TC reforzando la posición de los magistrados que lo integran: “Al tal fin, proponemos la modificación del artículo 179 de la Constitución en los siguientes términos: a. Se exigirá veinticinco años de ejercicio profesional para poder ser designado magistrado, estableciendo asimismo un estricto sistema de incompatibilidades que garanticen su independencia, entre ellas una prohibición de haber desempeñado cargos orgánicos en un partido o cargos representativos o ejecutivos en parlamentos o gobiernos, durante los cinco años anteriores a su nombramiento. b. Se establecerá un periodo de mandato de 12 años, pero fijándose la jubilación a los 75 años. La renovación parcial se realizará cada cuatro años (3+3+3+3). Tras el cese como magistrados pasarán a la situación de jubilación con incompatibilidad para el desempeño de cualquier empleo público o privado.”

Como ven, nada que impida que puedan ponerse de acuerdo llegado el momento.

Sin embargo, en cuanto al colapso del Tribunal -sin duda un problema tan importante como el anterior- apenas se apunta nada. Una justicia constitucional que resuelve sobre la constitucionalidad de las normas años después de plantearse el correspondiente recurso resulta inoperante, cuando no perturbadora. Especialmente cuando se trata de enjuiciar normas habilitantes de otras normas, como ocurrió con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Para cuando recae la sentencia la floresta autonómica creada es ya tan densa que no hay machete que pueda con ella. Por otra parte, un Tribunal que desestima sistemáticamente la admisión de los recursos de amparo por la absoluta imposibilidad de resolverlos sirve de muy escasa garantía a los derechos de los ciudadanos.

El único que detecta este problema es Cs, cuando señala que imprescindible conseguir “una justicia constitucional rápida y eficaz. Las dudas de inconstitucionalidad y los conflictos de competencia no pueden dilatarse en el tiempo, vulnerando de facto el derecho a la tutela judicial efectiva. Deberá fijarse un plazo perentorio para que el Tribunal se pronuncie, que no podrá superar los 90 días cuando estén afectados derechos fundamentales. La resolución de protección de estos derechos no puede dispensar una menor garantía que cuando se trata de la que resuelve la impugnación de los proyectos de Estatutos de Autonomía que se ha de dictar en el plazo de 6 meses desde la interposición de los recursos. Los ciudadanos no pueden percibir menor protección que los territorios.”

Está muy bien, pero lo complicado es realizar las modificaciones pertinentes que faciliten cumplir esos objetivos. Cuando llegue el momento se pondrán sobre la mesa algunas soluciones que los especialistas llevan tiempo sugiriendo. Una es la atribución de los recursos de amparo a una sala especial del TS. Otra es acabar con el sistema kelsesiano de control concentrado de la constitucionalidad de las leyes (pensado para Estados menos complejos que los actuales) cuyo principal defensor es el profesor Santiago Muñoz Machado (especialmente en su “Informe sobre España”). Sugiere  introducir en el Título IX de la Constitución una norma que habilite expresamente a los jueces ordinarios para inaplicar leyes contrarias a la Constitución, ya sea por confrontación directa o por vulneración del reparto competencial consagrado en la Constitución. La inaplicación no tendrá efectos al margen del litigio en el que se decide, y obligará al juez después de adoptada su decisión a presentar la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad con la finalidad de que el TC siente el criterio definitivo para el futuro. Pero ni siquiera sería necesario plantear esa cuestión en los casos en los que decida sobre prevalencias en materia de competencias, el TC se haya pronunciado ya sobre un caso idéntico, o la contravención sea lo suficientemente clara conforme a los criterios para considerarlo así fijados al respecto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En cualquier caso, y como conclusión de toda esta serie, me gustaría insistir en que lo importante no es que haya consenso en las soluciones, sino en los problemas. Una vez identificados correctamente, el debate, la discusión y el trabajo científico abrirán las correspondientes vías para que el consenso final en las soluciones sea también posible. Porque lo que está meridianamente claro es que, sea cual sea el resultado electoral del próximo domingo, no será el final o la culminación de nada, sino el principio de un largo camino -que nos puede llevar incluso varias legislaturas- en el difícil tránsito de un Estado clientelar como el que tenemos a otro verdaderamente avanzado y moderno.

 

Anteriores entregas:

1.- Introducción

2.- Proponer o no proponer:That is the question

3.- El procedimiento de reforma

4.- El sistema electoral, (y aparte una opción que no requeriría reforma constitucional)

5.- ¿Qué hacemos con el Senado? 

6.- El gobierno de los jueces

7.- El reparto competencial entre el Estado y las CCAA

8.- La inclusión de nuevos derechos sociales (especialmente el “derecho” a la vivienda)

La rectitud: en el décimo aniversario de la muerte de Julián Marías

Antonio Machado estaba equivocado: no a todos los españoles que vienen al mundo les hiela el corazón una de las dos Españas. A los mejores españoles hace tiempo que les hielan el alma las dos, porque la independencia, el rigor y la equidad se pagan doblemente.

Las tribus no aceptan extraños, salvo que sea para convertirse, y quienes no se adscriben incondicionalmente a tribu o cofradía ninguna son vistos por todas como ajenos, y potencialmente peligrosos individuos con pensamiento propio. Ese es el triste caso del Prof. Julián Marías, un ejemplo de dignidad, de cuyo fallecimiento se cumplen hoy, 15 de diciembre de 2015, ya diez años sin que tengamos noticia de que exista convocatoria alguna para honrar en debida manera la memoria del insigne filósofo en tan señalado aniversario.

La “degradación del honor civil” la “capitisdeminutio”, aunque sea “minima”, es – en todo tiempo y lugar – una herramienta de los tiranos de todo signo para deshacerse de las personas libres. Una de las formas más sutiles es opacar al ilustre, como dice su hijo que hicieron los herederos de Besteiro por quien sufrió tal degradación (cfr. aquí ), que acaso nunca perdonaron su frase “los justamente vencidos y los injustamente vencedores”. Tampoco le perdonaron los vencedores: encarcelado en 1939 por la delación falsa de un “amigo”, él, sin embargo jamás renegó de su maestro Ortega y Gasset, al punto de que en 1942 no se le permitió obtener el doctorado y por tanto el acceso a una Cátedra que le correspondía por méritos propios. Nuestra Universidad peca siempre de los mismos males, sea cual sea el color de quienes en ella mandan. Marías declaró que la comisión que le juzgó “parecía más que un tribunal una cheka”. Esto es otro de nuestros rasgos distintivos.

Marías nos dejó tras 91 años de fecunda vida – jalonada con unos 50 libros– y su pérdida no pasó inadvertida. Para entenderle, además de leerle y de releerle convendría saber qué pensaron de él quienes le trataron. Fue alumno y discípulo, nada menos, que de Ortega y de Zubiri en la Universidad Central de Madrid entre 1931 y 1936. Depurado, como hemos dicho, tras la infame Guerra Civil tuvo que dedicarse a la enseñanza privada y las traducciones para sostener a su familia, y tuvo que emigrar en 1951, siendo profesor y lector en diversas Universidades de los Estados Unidos e Hispanoamérica.  De regreso a la Patria, finalmente, en 1964 la Real Academia le acogió en su seno, en contra de la opinión del entonces Jefe del Estado, y desde entonces influyó en la vida española mediante su obra, sus muy numerosos artículos periodísticos y sus lecciones.

Este castellano viejo (natural de Valladolid, como nuestro tercer Don Miguel) apostó sin ambages por la reconciliación nacional en la Transición pero advirtió contra la invasión de la esfera privada por la pública, ya en la época del Presidente Felipe González (cosa que tampoco se le perdonó) de la que ha derivado, gobierno tras gobierno, legislatura tras legislatura, el estado actual de nuestra Democracia.  Así se ve muy especialmente en la intervención del poder judicial por el legislativo y, a la postre, por los partidos, de los que tanto y con tanta razón, a nuestro modo de ver, desconfiaba.

Senador por designación Real en 1977, fue por tanto “paterpatriae” durante el periodo constituyente, pero advirtió claramente sobre la ley electoral y las listas cerradas. En 1979, cumplido su mandato junto a una generación de españoles que supo ver más allá de los intereses del momento, se alejó para siempre de la Política, con mayúsculas,  (aunque siempre escribió sobe ella).Ese mandato no fue otro que la injustamente denostada Constitución Española que nos ha permitido vivir, a pesar de su incumplimiento parcial, en paz casi cuatro decenios. En 1996 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Humanidades junto con Indro Montanelli.

Si bien su obra filosófica y antropológica tiene talla propia  (La mujer en el siglo XX (1980), La felicidad humana (1987), La mujer y su sombra (1987), Mapa del mundo personal (1993), o Persona (1996)), creo que en este Blog es menester poner énfasis en su obra socio-política  “España Inteligible. Razón histórica de las Españas”, “Meditaciones de la Sociedad Española”, “España como Preocupación” y tantos otros trabajos certeros afortunadamente publicados en diversas editoriales.

Su última obra, recopilatoria de artículos escritos en diversos medios, tan diversos como “ABC” y “El País”, se publicó en el año de su fallecimiento (“La Fuerza de la Razón”). Poseo un ejemplar dedicado por todos mis sobrinos políticos que pertenecen a una nueva generación de españoles que poco ha oído hablar de D. Julián Marías, pero que debería saber de algún modo que España es – también y sobre todo – una Nación enorme llena de hombres ilustres que han sido generosos con los demás, de hombres ejemplares a los que hay que tomar como Norte de conducta; que no es necesario ni conveniente construir desde cero y que nosotros, además de todos nuestros motivos para la melancolía o el exilio, tenemos motivos para estar orgullosos de nosotros mismos y querer hacer las cosas bien.

Creo que es imposible entender a Marías sin su esposa, Lolita, que fue también su colaboradora y a la que permaneció aferrado a pesar de su pérdida en 1977, cuando ella contaba con 65 años de edad.  Espero que algún lector que le conociese o haya leído con detenimiento complete estas parvas líneas escritas en su insigne memoria. Él se entendía a si mismo como narró en “Una vida presente” (1988).  Mi modesta opinión es que el Prof. Marías ejerció en toda su vida una cualidad de la que apenas se habla, una palabra que causa problemas a sus usuarios y practicantes: la rectitud.

Si el lector desea saber más sobre este español ilustre, puede dedicar un tiempo a su memoria en este aniversario de su pérdida en la mucha información que se encuentra en la red concentrándose en un par de reseñas detalladas.

Algunas de sus biografías dicen de él que fue “republicano, liberal y católico”. Lo que ocurre es que poner adjetivos a D. Julián Marías, hombre, filósofo, persona, es una tarea inadecuada, porque algunos nombres propios no admiten adjetivos. Su memoria trae a la mía estas palabras de Marco Aurelio: “Con los ojos fijos en tu tarea, indágala bien, y lo que exige la naturaleza del hombre, cúmplelo sin desviarte y del modo que te parezca más justo: sólo con benevolencia, modestia y sin hipocresía”.