Mi pueblo no se cierra o sobre los debates en campaña electoral

La irrupción de nuevos partidos en la política española generó notables expectativas sobre una campaña electoral distinta, con propuestas diferentes y formatos de debates más abiertos y dinámicos.  Parece que nos hemos quedado a medio camino: sin duda se ha realizado una campaña más cercana y con más formatos, pero en esencia se ha mantenido el mismo perfil, cierta rigidez, y sobre todo el mismo esquema de debate “trazo grueso”.

Ya hemos escrito en varias ocasiones en este blog sobre la tremenda dificultad que requiere plantear un debate de cierta profundidad en la política española (ver aquí). Los partidos suelen practicar la política para “menores de edad”, y tratar a sus potenciales votantes con escaso respeto por su nivel intelectual.

La campaña “mi pueblo no se cierra”, puesta en marcha por el PP en las zonas rurales, es un perfecto ejemplo de campaña efectista y poco respetuosa con la inteligencia de los votantes. Allí donde se pretende abrir un debate sobre la mejor forma de prestar servicios en pueblos pequeños, y sobre la necesidad de superar la etapa de caciquismo y corrupción que representan las diputaciones en España, el PP ha preferido simplificar y trasladar el mensaje de que lo que realmente se pretende es “cerrar” los pueblos pequeños y, supongo, que empujar a sus habitantes a la diáspora. Un bueno ejemplo del debate de “trazo grueso” al que nuestra clase política nos tiene acostumbrados.

El inicio de campaña hizo pensar incluso que las cosas podían incluso ir a peor. El PSOE había dado a entender que el debate sobre la mejora de la educación en España giraría de nuevo en torno a si la asignatura de religión debía impartirse o no en horario lectivo, y sobre si su nota debería contar o no para la media de secundaria, por no hablar sobre la recuperación de la asignatura de educación para la ciudadanía. Sin duda un debate “de calado” sobre la reforma educativa. Supongo que la publicación del libro blanco elaborado por el filósofo José Antonio Marina (ver por ejemplo aquí) en el mes de diciembre, con iniciativas reales para combatir el triste deterioro de la educación en España pudo hacer reflexionar a los estrategas de la campaña electoral de los socialistas de que con ese planteamiento no iban a llegar muy lejos. Por primera vez en muchos años hemos vislumbrado un debate político de más nivel, que ha puesto el acento en la necesidad de situar a los profesores en el centro de cualquier reforma educativa, y que ha abierto la discusión sobre la necesidad de exigir más a los profesores, con la finalidad de prestigiar una profesión sobre cuyos hombros debe recaer el futuro del país. Ha sido un comienzo, aunque todavía estamos lejos de abordar otros debates igualmente necesarios sobre el futuro de una universidad que necesita no una reforma, sino una revolución, y una formación profesional que sigue sin ajustarse a las necesidades del mercado laboral.

También la regeneración ha sido la estrella de los debates y de la campaña de la mayoría de los partidos. Aunque es difícil escaparse de una campaña basada en acusaciones mutuas  y en el “y tú más”, como mostró el cara a cara de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez del pasado lunes, la irrupción de los nuevos partidos ha permitido que se hayan abierto paso propuestas concretas para combatir la corrupción en España. Hemos escuchado hablar de transparencia, de puertas giratorias, de acabar con los indultos. Un gran avance respecto a campañas anteriores. Y creo que sería justo reconocer que este blog ha tenido mucho que ver al situar muchos de esos temas en el centro del debate político.

El debate sobre las medidas económicas es tradicionalmente el más importante de las campañas electorales. Las promesas electorales para luchar contra el paro o reducir los impuestos suelen acaparar toda la atención mediática, y los partidos no escatiman medios para resultar convincentes. Los mensajes ligados a la rebaja de impuestos son sencillos de transmitir. Los mensajes sobre las medidas concretas para reducir el paro y la precariedad laboral son algo más complejos. En el debate a cuatro pudimos escuchar la propuesta de contrato único planteada por Ciudadanos, pero no hubo realmente una argumentación en torno a sus ventajas o inconvenientes y sobre todo no quedó claro cual era la propuesta alternativa más allá de derogar la reforma laboral o mantenerla. Lo mismo podría decirse sobre las propuestas de renta mínima garantizada realizadas por Podemos. Escaso debate sobre su viabilidad económica, o sobre las alternativas que plantean otros partidos para luchar contra la desigualdad y la pobreza.

En el último ejemplo sobre las campañas de trazo grueso quiero referirme al debate sobre la violencia de género. Sin duda el planteamiento que ha realizado Ciudadanos sobre acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo es un debate de matices, por lo que resulta muy poco apropiado para una campaña electoral. Este tema se abordó en este blog, generando un interesante intercambio de opiniones (ver aquí). Podría pensarse que si la constitución, en su artículo 14, defiende que no puede haber discriminación ante la ley por razón de sexo, el tema, estando a favor o en contra, merece un debate. Al menos merece una discusión orientada a argumentar si la discriminación, avalada por el Tribunal Constitucional, ha sido realmente efectiva para la lucha contra la violencia de género. Debates más basados en datos, y menos en prejuicios ideológicos. Un debate quizás demasiado fino para el tono habitual de una campaña electoral que se encuentra más cómoda entre acusaciones de machismo o feminismo, y poco habituada a analizar la efectividad de las medidas y las leyes, apoyado en datos.

No es fácil escapar a estos problemas en medio de una campaña electoral. Victor Lapuente, en un acertado artículo publicado el pasado domingo, recogía los problemas que el formato del debate a cuatro de Atresmedia tenía para permitir realmente abordar cualquier tema con un mínimo de rigor y profundidad. A pesar del mayor dinamismo, realmente hubo poco debate, y aún menos análisis en profundidad de las cuestiones y las alternativas que plantean los partidos. Difícil debatir tanta gente sobre tantos temas en tan poco tiempo.

Pero si el debate a cuatro se perdió en las generalidades, el debate que presenciamos el pasado lunes entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez también defraudó las expectativas. Con un formato supuestamente más flexible, no acotado en tiempo y en número de intervenciones, en el que la distancia física entre los dos líderes se acorta y en el que el presidente de la Academia de la Televisión intentó defender la neutralidad, podíamos haber esperado mucho más de la negociación que seguro tuvo que existir entre los directores de campaña de los dos partidos y los responsables del diseño del formato. Por supuesto también se esperaba mucho más de sus protagonistas. Siempre es más sencillo reprochar errores que contrastar propuestas y alternativas.

Han pasado 22 años y 6 debates cara a cara de candidatos a la presidencia del gobierno. El marketing político exige mensajes directos y sencillos de entender por todos los ciudadanos, pero una campaña electoral debería contar con mayores opciones para debatir en profundidad los temas relevantes para los españoles.  Una vez que en esta campaña se ha despertado el apetito de los ciudadanos por los debates electorales, quizás es el momento de ir un paso más allá, y plantear modelos no tan generalistas, sino debates más específicos sobre temas concretos, que permitan contraponer propuestas y que den opción a los ciudadanos a valorar mejor las alternativas que presentan los diferentes partidos. Igualmente parece preciso que el papel de los periodistas en los debates sea más activo. Un debate sobre alternativas exige preguntas más concretas, y un mayor énfasis en contraponer propuestas. Y como indicaba Victor Lapuente en su artículo, no está de más recordar que un debate es una discusión, no un combate de boxeo.

Por último, ayudaría mucho que los políticos empezasen a respetar intelectualmente a sus potenciales votantes. Quizás así podamos ahorrarnos el bochorno de campañas como la de “Mi pueblo no se cierra” y seguir avanzando en la mejora de la calidad democrática en nuestro país.

Serie sobre la reforma constitucional (y IX): el guardián de la Constitución

A lo largo de toda esta serie que hoy termina he pretendido seguir el mismo método: identificar primero los problemas que la experiencia de los últimos años ha puesto de manifiesto, para examinar luego las soluciones ideales a los mismos que la mayor parte de nuestros partidos nos ofrecen en sus programas. Digo la mayor parte porque el favorito en las encuestas, el Partido Popular, ni ve problemas significativos ni, en consecuencia, propone ninguna solución. Eso sí, opinará en su momento, nos dice. Ahora bien, en qué línea lo hará, es un misterio para todos.

Pero en cualquier caso parece que cabe ser optimista, porque los partidos que se han molestado en proponer algo a los votantes identifican con un elevado grado de unanimidad los mismos problemas, y eso es extraordinariamente importante. Las propuestas de los partidos nos deben servir precisamente para eso: para saber qué quieren solucionar y en qué dirección desean hacerlo. Luego la letra mediana y pequeña deberá ser fruto de la discusión y del inevitable consenso que toda reforma constitucional exige. Será imposible alcanzar el sistema electoral, el órgano de gobierno de los jueces o a la concreta distribución competencial que cada uno tiene en mente, pero todos podrán afirmar que han avanzado significativamente en la dirección que en su momento –en el de las elecciones- cada uno de ellos ofreció a los electores.

Quizás no hay una reforma más simbólica que la del Tribunal Constitucional, el guardián de la Constitución, en donde reside con mayor énfasis que en cualquier otro lugar la aporía fundamental de todo sistema político: ¿quién vigila al vigilante? Porque si deseamos que la Constitución –objeto de reflexión de toda esta serie- sea una norma jurídica de verdad y no mero papel mojado, es imprescindible que el órgano que debe velar por su cumplimiento reúna dos condiciones fundamentales: que sea independiente del legislativo, y que tenga capacidad para resolver en un tiempo razonable las cuestiones que se le plantean. Pues bien, acabamos de identificar someramente los dos principales problemas que afectan hoy a nuestro guardián, pues como el resto de órganos de nuestro sistema institucional ha sido capturado por la partitocracia y se encuentra demasiado desbordado para ejercer un control eficaz.

En un artículo publicado en el diario El Mundo hace unos meses (“Los jueces filósofos y legisladores”) comentaba que la ideología es inseparable del ser humano –también del que adopta la forma de juez- y en todas partes se asume ese imponderable con total normalidad: en EEUU designando los presidentes a jueces de su cuerda ideológica, y en Alemania hasta a los militantes de sus propios partidos. Pero el problema en España es que aquí la tensión partitocrática ha llegado hasta tal punto que ha sido la fidelidad al partido, casi a su aparato, lo que –con loables excepciones- ha determinado la elección de los magistrados, más que cualquier genérica orientación “progresista” o “conservadora”. Por eso nosotros necesitamos ahora levantar un cerco sanitario más riguroso que el que existe en otros países, y lo cierto es que los programas del PSOE, de Cs y de Podemos, apuntan en esa línea.

Como hemos ya comentado en relación a otros órganos constitucionales, el PSOE propone “la convocatoria pública de las vacantes a cubrir, la evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos por un Comité Asesor de composición profesional variable cuyos informes se harán públicos, la celebración de sesiones de audiencia en las correspondientes comisiones del Congreso y del Senado y la elección final por parte del Parlamento”.

Podemos propone despolitizar el Tribunal Constitucional implantando un procedimiento de “cuotas de rechazo” (propuesta 232): “la negociación de los nombramientos partirá de la conformación de un amplio listado de todas las personas técnicamente cualificadas para acceder a él. A partir de esta propuesta, cada uno de los partidos solo podrá ir si descarta de esa lista un número proporcional a la cuota que le corresponde en función de su entidad parlamentaria. Tras sucesivos procesos de descarte, acabarán quedando solo los que menos rechazo generan. No estarán designados por nadie, ni en deuda con nadie.”

Por su parte Ciudadanos pretende fortalecer la independencia del TC reforzando la posición de los magistrados que lo integran: “Al tal fin, proponemos la modificación del artículo 179 de la Constitución en los siguientes términos: a. Se exigirá veinticinco años de ejercicio profesional para poder ser designado magistrado, estableciendo asimismo un estricto sistema de incompatibilidades que garanticen su independencia, entre ellas una prohibición de haber desempeñado cargos orgánicos en un partido o cargos representativos o ejecutivos en parlamentos o gobiernos, durante los cinco años anteriores a su nombramiento. b. Se establecerá un periodo de mandato de 12 años, pero fijándose la jubilación a los 75 años. La renovación parcial se realizará cada cuatro años (3+3+3+3). Tras el cese como magistrados pasarán a la situación de jubilación con incompatibilidad para el desempeño de cualquier empleo público o privado.”

Como ven, nada que impida que puedan ponerse de acuerdo llegado el momento.

Sin embargo, en cuanto al colapso del Tribunal -sin duda un problema tan importante como el anterior- apenas se apunta nada. Una justicia constitucional que resuelve sobre la constitucionalidad de las normas años después de plantearse el correspondiente recurso resulta inoperante, cuando no perturbadora. Especialmente cuando se trata de enjuiciar normas habilitantes de otras normas, como ocurrió con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Para cuando recae la sentencia la floresta autonómica creada es ya tan densa que no hay machete que pueda con ella. Por otra parte, un Tribunal que desestima sistemáticamente la admisión de los recursos de amparo por la absoluta imposibilidad de resolverlos sirve de muy escasa garantía a los derechos de los ciudadanos.

El único que detecta este problema es Cs, cuando señala que imprescindible conseguir “una justicia constitucional rápida y eficaz. Las dudas de inconstitucionalidad y los conflictos de competencia no pueden dilatarse en el tiempo, vulnerando de facto el derecho a la tutela judicial efectiva. Deberá fijarse un plazo perentorio para que el Tribunal se pronuncie, que no podrá superar los 90 días cuando estén afectados derechos fundamentales. La resolución de protección de estos derechos no puede dispensar una menor garantía que cuando se trata de la que resuelve la impugnación de los proyectos de Estatutos de Autonomía que se ha de dictar en el plazo de 6 meses desde la interposición de los recursos. Los ciudadanos no pueden percibir menor protección que los territorios.”

Está muy bien, pero lo complicado es realizar las modificaciones pertinentes que faciliten cumplir esos objetivos. Cuando llegue el momento se pondrán sobre la mesa algunas soluciones que los especialistas llevan tiempo sugiriendo. Una es la atribución de los recursos de amparo a una sala especial del TS. Otra es acabar con el sistema kelsesiano de control concentrado de la constitucionalidad de las leyes (pensado para Estados menos complejos que los actuales) cuyo principal defensor es el profesor Santiago Muñoz Machado (especialmente en su “Informe sobre España”). Sugiere  introducir en el Título IX de la Constitución una norma que habilite expresamente a los jueces ordinarios para inaplicar leyes contrarias a la Constitución, ya sea por confrontación directa o por vulneración del reparto competencial consagrado en la Constitución. La inaplicación no tendrá efectos al margen del litigio en el que se decide, y obligará al juez después de adoptada su decisión a presentar la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad con la finalidad de que el TC siente el criterio definitivo para el futuro. Pero ni siquiera sería necesario plantear esa cuestión en los casos en los que decida sobre prevalencias en materia de competencias, el TC se haya pronunciado ya sobre un caso idéntico, o la contravención sea lo suficientemente clara conforme a los criterios para considerarlo así fijados al respecto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En cualquier caso, y como conclusión de toda esta serie, me gustaría insistir en que lo importante no es que haya consenso en las soluciones, sino en los problemas. Una vez identificados correctamente, el debate, la discusión y el trabajo científico abrirán las correspondientes vías para que el consenso final en las soluciones sea también posible. Porque lo que está meridianamente claro es que, sea cual sea el resultado electoral del próximo domingo, no será el final o la culminación de nada, sino el principio de un largo camino -que nos puede llevar incluso varias legislaturas- en el difícil tránsito de un Estado clientelar como el que tenemos a otro verdaderamente avanzado y moderno.

 

Anteriores entregas:

1.- Introducción

2.- Proponer o no proponer:That is the question

3.- El procedimiento de reforma

4.- El sistema electoral, (y aparte una opción que no requeriría reforma constitucional)

5.- ¿Qué hacemos con el Senado? 

6.- El gobierno de los jueces

7.- El reparto competencial entre el Estado y las CCAA

8.- La inclusión de nuevos derechos sociales (especialmente el “derecho” a la vivienda)