¡Nuestro blog está de cumpleaños!

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15440273-cumplea-os-white-perfil-pastel-sobre-fondo-graident-con-cinco-velas-de-colores-encendidos-y-quot-felHoy, 20D y sin duda una fecha histórica para España, queremos recordar simplemente que nuestro blog acaba de cumplir un lustro. Efectivamente, ya hace 5 años que un grupo de juristas nos animamos a dar el paso a Internet, siguiendo el ejemplo de nuestro blog hermano Nada es Gratis. No sabíamos que la experiencia iba a ser tan positiva, que el blog iba a tener tan buena acogida y que acabaríamos escribiendo un libro colectivo con el mismo nombre ¿Hay Derecho? y a montar una Fundación también por supuesto con la misma denominación ¿Hay Derecho? que va a cumplir también su primer año. Llevamos nada menos que 2.050 posts publicados, de los cuales unos cuantos han sido citados no sólo en prensa sino también en libros y artículos académicos. Otros ocasionaron no poco revuelo en su momento, al tratar sobre temas que no salían entonces en otros medios: participaciones preferentes, indultos, revolving door, aforamientos… Y también ¿por qué no decirlo? no pocos han acabado sirviendo de material para la elaboración de algunos programas electorales. No se puede pedir más.

Y sinceramente, aunque todavía seguimos haciéndonos la pregunta, ahora empezamos a notar que la sociedad española quiere contestarla.  Y que quiere contestarla como saben hacerlo los ciudadanos responsables de las democracias avanzadas: tiene que haberlo. Porque la defensa del Estado de Derecho es, sobre todo, cosa de los ciudadanos. Como sigue diciendo el ideario de nuestro blog la fuerza de las leyes está en nosotros, en nuestra voluntad de que se cumplan y de que todo el mundo quede sometido a su imperio. Esperemos que el resultado de las elecciones de hoy lleve a dar pasos en esa dirección.

Por supuesto, este proyecto no hubiera sido posible sin todos los colaboradores que han escrito durante 5 años en nuestro blog de forma desinteresada para que sus conciudadanos pudieran tener una opinión sobre asuntos que a veces son de una cierta complejidad técnica. No nos es posible enumerarlos a todos, porque a lo largo de estos años han sido más de 150, pero sí queremos desde aquí hacer constar nuestro agradecimiento y dejar nuestro homenaje a los que ya no están con nosotros, Jose Enrique Gomá, padre de nuestros coeditores Nacho y Fernando recientemente fallecido, Mariano Martín Peña y Federico Cárdenas.  Ellos también forman parte ya para siempre de nuestra comunidad HD.

También desde aquí queremos agradecer su fidelidad a nuestros numerosos lectores y a nuestro grupo de incondicionales cuyos comentarios y aportaciones enriquecen tanto el debate que no es infrecuente que su lectura llegue a ser más interesante que la del propio post que los ocasiona.  Comentaristas como Manu Oquendo, hombre del Renacimiento por sus vastos conocimientos, son muy apreciados en este foro y nuestros autores están especialmente contentos cuando su post merece un comentario suyo. Y es excepcional que el moderador tenga que ejercitar nuestro derecho de mandar a la papelera un comentario ofensivo. En este sentido, estamos muy orgullosos del nivel formal y de fondo de nuestros debates, ojalá que cunda el ejemplo.

Y por último, gracias a nuestro equipo juvenil, Hay Derecho joven, que todos los viernes nos sorprende con la variedad de sus posts, su capacidad de reclutar a colaboradores de todos los puntos del planeta, su rigor y su visión del mundo del Derecho y del mundo en general.  Con gente como ellos podemos estar tranquilos de que el futuro de nuestro Estado de Derecho será mejor que el presente.

A partir de este cumpleaños ¿Hay Derecho? se propone crecer para acompañar a la sociedad española en ese camino que hoy empieza hacia una democracia de mayor calidad y un Estado de Derecho más sólido. Si dentro de unos pocos años podemos dejar de poner entre interrogantes el nombre de nuestro blog, habremos cumplido con creces el objetivo que nos fijamos allá por diciembre de 2010.

Las nuevas reglas de juego: Reproducción de la tribuna en El Mundo de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

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Mañana concluirá formalmente lo que ya ha terminado en la calle, es decir, el ciclo político iniciado con la Transición y la Constitución de 1978. Más allá del resultado que alcancen los diferentes partidos el día 20-D, parece claro que el bipartidismo, tal y como lo hemos conocido, va a desaparecer y no me refiero tanto a los partidos políticos en los que se ha encarnado estas últimas décadas (PP y PSOE) sino a las reglas de juego que rigen todavía la política en nuestro país. Es normal que –como refleja la última encuesta electoral del CIS- un sector de la población  sienta un poco de vértigo y prefiera permanecer fiel a lo ya conocido. Se trata básicamente de las generaciones más mayores, que ya vivieron el tránsito del franquismo a la democracia y que ahora no quieren sobresaltos. En cambio, las nuevas generaciones de lo que parecen tener miedo es de que todo siga igual y están dispuestas a “arriesgarse” apostando no solo por nuevos jugadores políticos sino también por nuevas reglas de juego que nos traigan una democracia de mayor calidad. La brecha electoral generacional es muy clara y responde a la diferente perspectiva vital aunque, por supuesto, siempre hay excepciones.

Porque las reglas políticas que tenemos hoy corresponden a una democracia de baja calidad. Son las que han permitido mantener a la ciudadanía en la ignorancia de asuntos tan trascendentales para la buena marcha de un país como las andanzas empresariales (y de otro tipo) del anterior Jefe del Estado, las que han tolerado la financiación irregular de los partidos a cambio de adjudicaciones y de favores públicos,  las que han incentivado la utilización de los recursos públicos para crear -o más bien mantener- redes clientelares de corte caciquil heredadas del pasado.  Son también las que han fomentado la confusión interesada en el ámbito empresarial entre la esfera pública y la privada (el denominado capitalismo de amiguetes) normalmente en perjuicio del contribuyente o del pequeño accionista o inversor. Son  las reglas que han favorecido el nombramiento para las más altas responsabilidades públicas de personas cuyo principal mérito son las buenas relaciones con el poder político.

Estas mismas reglas han dado lugar a la aparición de un sistema castizo de “spoils system” –pese a la teórica profesionalización e imparcialidad de la función pública- con Administraciones públicas paralelas en forma de agencias, fundaciones, entes públicos,  etc, etc, en el que cada cambio de gobierno trae consigo el cambio en miles de puestos de confianza, incluidas las gerencias de los hospitales, por poner un ejemplo. Incluso cuando hablamos de la función pública en sentido estricto la utilización desmedida y arbitraria del sistema de libre designación (el famoso dedazo) ha desnaturalizado el sistema, de manera que con demasiada frecuencia son los funcionarios mejor conectados y no los más capaces o más expertos los que alcanzan los codiciados niveles superiores de la Administración.

Son estas reglas de la vieja política las que han socavado la independencia del Poder Judicial politizando el órgano de gobierno de los jueces, que si bien no dicta sentencias directamente sí designa a los titulares de los órganos más importantes del Poder Judicial que lo hacen. En definitiva, son las reglas con las que se ha gestionado una crisis económica gravísima, lo que ha supuesto la muy desigual imposición de sacrificios  a la sociedad española, de manera que han sufrido mucho más los más débiles o/y a los menos organizados que los más poderosos o los mejor conectados con la clase política, incluso en el caso de los responsables directos del desastre. Es paradigmático lo que ha sucedido con los directivos-políticos de las Cajas de Ahorro, pues todavía estamos esperando que se haga justicia, en el sentido estrictamente  judicial.

El hecho de utilizar el pretérito para referirnos a estas reglas no significa que vayan a cambiar mañana, pero creo sinceramente que se van a cuestionar por la clase política que surja de las elecciones del 20 D. Efectivamente si juzgamos por las declaraciones y los programas electorales de los dos partidos emergentes -e incluso del PSOE en la medida en que ha acometido una renovación que está todavía pendiente en el PP- parece que está asumido el diagnóstico de que hay que mejorar la calidad de la democracia española. En ese sentido, es importante tener claro que no se trata sólo de cambiar equipos o alineaciones (que también) sino de cambiar de juego. Hay que superar una democracia de baja calidad donde todo o casi todo vale para alcanzar o mantener el poder y avanzar hacia una democracia avanzada, caracterizada por la transparencia, las instituciones sólidas y neutrales, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Queremos ser Dinamarca, por usar un símil de moda, y la elección del modelo habla mucho, y bien, de las aspiraciones de muchos españoles. Sin duda es un reto, pero mucho mayor era en 1978 el reto de llegar a ser un país más de la Unión Europea y se consiguió en menos de una década. Es cuestión de voluntad política pero sobre todo es cuestión de madurez de la sociedad española ya que -parafraseando a Burke- ningún sistema político puede extraer de un cuerpo social lo que no existe previamente.

En ese sentido, los partidos emergentes tienen que ser muy cuidadosos con las expectativas que han despertado. Han conseguido recuperar para la democracia parlamentaria a gente, especialmente los más jóvenes, que se sentía excluida del juego, lo que es sin duda un mérito enorme.  En todo caso, los nuevos partidos han contribuido a recuperar la ilusión y hasta la pasión por la política de muchos españoles, y  sin duda han generado movimientos en los partidos tradicionales, quizá más visibles en unos que en otros.

En cuanto a su supuesta inexperiencia de gobierno –inevitablemente esgrimida por los viejos del lugar- me parece una indudable ventaja desde un punto de vista regeneracionista. Precisamente el que los emergentes no dominen las reglas de la vieja política –y no soporten las correspondientes “mochilas” de intereses creados- es lo que permite albergar esperanzas de un cambio real.  Y si, como dicen,  los partidos nuevos quieren respetar aspectos esenciales del nuevo juego como la neutralidad y la profesionalidad de los organismos públicos  no hay que preocuparse mucho por la “falta de equipo”:  el equipo está ya esperando en el banquillo, deseando salir a jugar. Está formado por hacer a los muchos y buenos profesionales y técnicos del sector público que tienen la experiencia y la formación para hacer bien su trabajo, ya se trate de gestionar hospitales o colegios, recaudar impuestos, controlar las cuentas de un Ayuntamiento o administrar justicia. Lo que menos necesitamos  es volver a tener políticos sustituyendo la labor de los profesionales del sector público. Su labor es dirigirlos y coordinarlos.

Eso sí, estos votantes ilusionados no van a tolerar muchas desviaciones con respecto a las  reglas nuevas de una democracia de  más calidad, que son bastante más estrictas que las que se van a aplicar todavía en la presente campaña electoral. De ahí la sensación de que hay una mayor exigencia –descontada la inevitable utilización partidista- con los nuevos jugadores que con los viejos. Los votantes parecen descontar que los jugadores de siempre seguirán jugando como siempre, probablemente porque no saben hacerlo de otra manera. Pero se espera algo distinto de los nuevos, que tendrán que salir a ganar sin embarrarse demasiado en el terreno, aunque solo sea para demostrar que pueden hacerse las cosas de otra manera. Y si por el camino conseguimos que todos jueguen de forma más limpia eso habremos ganado. Todo un desafío.

 

 

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HD Joven: Bienvenido, Mister Joven

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Con seguridad, la mayoría de la población española no es consciente del punto de no retorno en el que se encuentra nuestra democracia. El día de pasado mañana será probablemente uno de los más recordados de nuestra historia reciente, acaso desde 1978. Por fin, tras la Transición, tras la instauración definitiva e inamovible de la democracia, el futuro nos depara un poco de tensión. Algunos creerán que nos ha costado prácticamente lo mismo superar el franquismo que superar el bipartidismo: casi 40 años. Pero ¿podemos ya cantar victoria? ¿Ha llegado el momento de que los españoles castiguen de una vez por todas una democracia de baja calidad? Es difícil de decir, pues tan grande es la capacidad del español de ceder ante sus pasiones, como la de ceder ante el olvido y el conformismo.

En nuestra opinión, independientemente del resultado electoral final, la implantación de una verdadera democracia en España está íntimamente relacionada con la llegada de nuevos partidos que recuperen el contacto directo con la población y que permitan la regeneración de las instituciones, lo que, quizás, implícitamente, suponga la ruptura del bipartidismo, que puede acontecer de varias formas. Como editores de la sección Joven del Blog, quisimos analizar de forma conjunta la influencia que tendrán estas elecciones para los jóvenes, que, por una vez, pueden ser el verdadero motor del cambio que todo español, sin excepción, desea; e, insistimos, aunque su voto permanezca fiel a sus costumbres.

Si aún sea cuestionable si serán éstas las elecciones en las que el bipartidismo ponga punto y final a su bonito romance, lo que es seguro es que el PP y PSOE ya no convencen a los jóvenes. Lo dicen las encuestas: considerando jóvenes a los menores de 35 años, según el último CIS, el porcentaje que votaría a favor del bipartidismo en las próximas elecciones sería de, aproximadamente, un 25% (aquí), casi la mitad del porcentaje de los mayores de 65 años (aquí). En efecto, la afirmación de que el bipartidismo se resquebraja ante el colectivo joven es un hecho consolidado en las encuestas y que se confirmará, con toda probabilidad, este domingo. Y, aunque no fuera así, un día no muy lejano los jóvenes se harán adultos y conformarán la mayoría de la población con derecho a voto, por lo que de lo que no cabe duda es de que estas elecciones son el principio del fin del primer bipartidismo de nuestra democracia, y puede que del último.

En efecto, y sin ánimo de regodearnos en nuestra sobrevenida importancia, pensamos que los jóvenes tenemos hoy un poder –y una correlativa responsabilidad- fundamental. Por una vez, la avaricia del hombre no es en vano y, encima, se usa para el bien común: no conformarse con una ilusión de democracia y, en cambio, pedir más: una de verdad. Ni que decir tiene que los jóvenes fueron uno de los principales canalizadores de las demandas de cambio que se produjeron durante los últimos años del franquismo y durante la Transición en España. Igualmente, en los últimos años, ha calado en la sociedad la sensación de que los jóvenes están hastiados de la política y de los partidos políticos. Un hecho que apoya esta teoría es que, de acuerdo con las encuestas post-electorales del CIS, que han sido recopiladas en el libro “Aragón es nuestro Ohio”, la abstención de los jóvenes siempre ha sido superior en tres puntos de media a la del resto de la población, llegando al 24,6% en las elecciones de 2000 y al 22,3% en las elecciones de 2011, frente al 15,9% del resto de la población. Y que conste: no estamos de acuerdo con la opinión de cierto sector de la sociedad de que los jóvenes no se interesan por la política, o de que no valoran la democracia porque no saben lo que es vivir fuera de ella. Quizás hasta ahora la política no haya sido de la calidad, de la ejemplaridad o de la plenitud que debiera.  

¿Y por qué el bipartidismo está perdiendo apoyo entre los jóvenes? Seguramente dos datos pueden ayudar a explicarlo: en primer lugar, que el 49% de los menores de 25 años se encuentran sin trabajo en nuestro país, según datos del Eurostat de junio (aquí) –segunda mayor tasa de paro juvenil después de Grecia-, y, en segundo lugar, el hecho de que más de 2 millones de españoles hayan emigrado a otros países desde el estallido de la crisis (aquí), de los cuales el mayor colectivo es el de menos de 35 años. En resumen, la crisis económica, en la que han coincidido gobernando tanto el PP como el PSOE, ha golpeado con intensidad al colectivo joven, condenándolos, en muchas ocasiones, a tener que abandonar su país. Si a esto le unimos los episodios de corrupción que han protagonizado ambos partidos y/o la escasa imagen de modernidad que han proyectado en los últimos años, el cóctel es letal para el PP y PSOE. Igual que en la famosa película de Berlanga, “Bienvenido, Mister Marshall”, donde los habitantes de Villar del Río esperaban ansiosos la llegada de los americanos, que les salvaría de las penurias de la posguerra, los jóvenes llevan largo tiempo esperando un cambio en la forma de hacer política y en la manera de liderar un proyecto común hacia una España más madura. Ojalá que esta vez la espera no sea en vano.

Y es en este preciso momento cuando surgen a nivel nacional dos partidos nuevos, Podemos y Ciudadanos, que han sabido canalizar como nadie el descontento e indignación de ciertos sectores de la sociedad, especialmente el del sector joven. Los principales motivos del éxito de estos dos partidos entre aquél son, entre otros, la imagen de cambio que se percibe de ambos partidos, así como la impresión que proyectan de que son partidos modernos, nuevos, sin casos de corrupción, y liderados por jóvenes con gran poder de persuasión, presencia e influencia en las redes sociales. 

Con todo, es preciso aclarar que los partidos emergentes no lo tienen todo ganado. Aún tienen mucho que demostrar y nada, sino gobernar, puede probar su valía. Quizás por ello serán muchos los que aún se decanten por seguir confiando en la fuerza del bipartidismo, ya sea por cuestiones de tradición, sociales o simplemente desidia, o por otras razones, si nos lo permiten, más respetables, como pueden ser la carencia, por parte de los partidos emergentes, de la experiencia y estructura política necesarias para gobernar, o la presencia internacional de los partidos tradicionales, la seguridad económica o la defensa nacional.

Esta última, a propósito, pudiera haber pasado desapercibida si este artículo hubiera sido redactado mes y medio atrás y, sin embargo, ahora influirá de forma decisiva en los comicios de este fin de semana. Los atentados de París del 13-N supusieron un antes y un después en muchos aspectos, y sin duda uno de ellos es la exigencia de una política de defensa a la altura de la del gobierno francés, aun a riesgo de aspirar al cielo. Aquí, por ejemplo, el rechazo a lo desconocido (a los partidos emergentes) se acentúa de forma poderosa cuando una potencial crisis terrorista se atisba en el horizonte. Claro está, no dejan de ser suposiciones, pero ¿quién asegura que Podemos o Ciudadanos carezcan de la capacidad suficiente para hacer frente a una crisis de estas características? La política exterior del PP y del PSOE, especialmente en los últimos años, no ha sido del agrado de todo el mundo (sólo hay que recordar los episodios de la Guerra de Irak o de la Alianza de Civilizaciones), y la tan aclamada experiencia política no ha servido para paliar el descontento.

Resulta entrañable, para cualquier aficionado a la política, ver la serie “Borgen”, cuyo trama principal son las vivencias de una mujer que accede al gobierno danés y las de un parlamento en que al menos diez partidos políticos tienen representación en éste. Sea cual sea el partido que finalmente gobierne, los jóvenes pensamos que el pluralismo político sólo puede ser positivo. Lo concebimos como un incentivo para mejorar y cuestionar la estabilidad política y la seguridad, generada básicamente por el bipartidismo, que ayudó en la instauración de la democracia, pero que ya no nos sirve hoy en día. Nos sentimos cómodos en la inseguridad, en la diversidad y en el cambio. Y también nos sentimos cómodos en la que va a ser la consecuencia más destacable de este pluralismo: un parlamento fragmentado en el que la cultura del pacto, que rara vez ha tenido cabida en España, va a ser el pan nuestro de cada día. Resta decir que el pacto es el vehículo de la política de Dinamarca y que a ellos les va muy bien. En caso contrario, si nuestros partidos políticos, especialmente los viejos, no se adaptan al nuevo statu quo, nos veremos abocados a un parlamento ingobernable al más puro estilo griego, lo cual puede sumarse a los motivos señalados en favor del bipartidismo.

¿Tendremos el valor de superar el pasado, la comodidad y el estancamiento para emular a otros que han triunfado mirando –y creando- el futuro? ¿Sabrán los partidos adaptarse a esta nueva situación? Sea así, querido joven. Acaben las mayorías absolutas y la política somnífera. Es la hora de pactar. De pactar una buena educación, una buena sanidad y una ley electoral justa. De castigar la corrupción, el “y tú más” y las puertas giratorias. Los jóvenes piden un cambio, una España con madurez democrática. Es la hora de la política con mayúsculas, en la que todos (o la mayoría) de los partidos tendrán que ponerse de acuerdo en muchos temas. Es la hora de interesarse por nuestro futuro; de participar y de decidir. De pensar, de debatir, de dar un paso más. ¡Es la hora de votar!

Firmamos un convenio con Sociedad Civil por el Debate

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Hemos firmado un nuevo convenio de colaboración, esta vez con Sociedad Civil por el Debate, entidad presidida por Manuel Campo Vidal.

Con este convenio colaboraremos en pos de promover el debate no sólo en la esfera política sino en el seno de la sociedad civil, ya que es además uno de nuestros principios fundamentales.

[DESCARGA EL CONVENIO]

 

Mi pueblo no se cierra o sobre los debates en campaña electoral

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La irrupción de nuevos partidos en la política española generó notables expectativas sobre una campaña electoral distinta, con propuestas diferentes y formatos de debates más abiertos y dinámicos.  Parece que nos hemos quedado a medio camino: sin duda se ha realizado una campaña más cercana y con más formatos, pero en esencia se ha mantenido el mismo perfil, cierta rigidez, y sobre todo el mismo esquema de debate “trazo grueso”.

Ya hemos escrito en varias ocasiones en este blog sobre la tremenda dificultad que requiere plantear un debate de cierta profundidad en la política española (ver aquí). Los partidos suelen practicar la política para “menores de edad”, y tratar a sus potenciales votantes con escaso respeto por su nivel intelectual.

La campaña “mi pueblo no se cierra”, puesta en marcha por el PP en las zonas rurales, es un perfecto ejemplo de campaña efectista y poco respetuosa con la inteligencia de los votantes. Allí donde se pretende abrir un debate sobre la mejor forma de prestar servicios en pueblos pequeños, y sobre la necesidad de superar la etapa de caciquismo y corrupción que representan las diputaciones en España, el PP ha preferido simplificar y trasladar el mensaje de que lo que realmente se pretende es “cerrar” los pueblos pequeños y, supongo, que empujar a sus habitantes a la diáspora. Un bueno ejemplo del debate de “trazo grueso” al que nuestra clase política nos tiene acostumbrados.

El inicio de campaña hizo pensar incluso que las cosas podían incluso ir a peor. El PSOE había dado a entender que el debate sobre la mejora de la educación en España giraría de nuevo en torno a si la asignatura de religión debía impartirse o no en horario lectivo, y sobre si su nota debería contar o no para la media de secundaria, por no hablar sobre la recuperación de la asignatura de educación para la ciudadanía. Sin duda un debate “de calado” sobre la reforma educativa. Supongo que la publicación del libro blanco elaborado por el filósofo José Antonio Marina (ver por ejemplo aquí) en el mes de diciembre, con iniciativas reales para combatir el triste deterioro de la educación en España pudo hacer reflexionar a los estrategas de la campaña electoral de los socialistas de que con ese planteamiento no iban a llegar muy lejos. Por primera vez en muchos años hemos vislumbrado un debate político de más nivel, que ha puesto el acento en la necesidad de situar a los profesores en el centro de cualquier reforma educativa, y que ha abierto la discusión sobre la necesidad de exigir más a los profesores, con la finalidad de prestigiar una profesión sobre cuyos hombros debe recaer el futuro del país. Ha sido un comienzo, aunque todavía estamos lejos de abordar otros debates igualmente necesarios sobre el futuro de una universidad que necesita no una reforma, sino una revolución, y una formación profesional que sigue sin ajustarse a las necesidades del mercado laboral.

También la regeneración ha sido la estrella de los debates y de la campaña de la mayoría de los partidos. Aunque es difícil escaparse de una campaña basada en acusaciones mutuas  y en el “y tú más”, como mostró el cara a cara de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez del pasado lunes, la irrupción de los nuevos partidos ha permitido que se hayan abierto paso propuestas concretas para combatir la corrupción en España. Hemos escuchado hablar de transparencia, de puertas giratorias, de acabar con los indultos. Un gran avance respecto a campañas anteriores. Y creo que sería justo reconocer que este blog ha tenido mucho que ver al situar muchos de esos temas en el centro del debate político.

El debate sobre las medidas económicas es tradicionalmente el más importante de las campañas electorales. Las promesas electorales para luchar contra el paro o reducir los impuestos suelen acaparar toda la atención mediática, y los partidos no escatiman medios para resultar convincentes. Los mensajes ligados a la rebaja de impuestos son sencillos de transmitir. Los mensajes sobre las medidas concretas para reducir el paro y la precariedad laboral son algo más complejos. En el debate a cuatro pudimos escuchar la propuesta de contrato único planteada por Ciudadanos, pero no hubo realmente una argumentación en torno a sus ventajas o inconvenientes y sobre todo no quedó claro cual era la propuesta alternativa más allá de derogar la reforma laboral o mantenerla. Lo mismo podría decirse sobre las propuestas de renta mínima garantizada realizadas por Podemos. Escaso debate sobre su viabilidad económica, o sobre las alternativas que plantean otros partidos para luchar contra la desigualdad y la pobreza.

En el último ejemplo sobre las campañas de trazo grueso quiero referirme al debate sobre la violencia de género. Sin duda el planteamiento que ha realizado Ciudadanos sobre acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo es un debate de matices, por lo que resulta muy poco apropiado para una campaña electoral. Este tema se abordó en este blog, generando un interesante intercambio de opiniones (ver aquí). Podría pensarse que si la constitución, en su artículo 14, defiende que no puede haber discriminación ante la ley por razón de sexo, el tema, estando a favor o en contra, merece un debate. Al menos merece una discusión orientada a argumentar si la discriminación, avalada por el Tribunal Constitucional, ha sido realmente efectiva para la lucha contra la violencia de género. Debates más basados en datos, y menos en prejuicios ideológicos. Un debate quizás demasiado fino para el tono habitual de una campaña electoral que se encuentra más cómoda entre acusaciones de machismo o feminismo, y poco habituada a analizar la efectividad de las medidas y las leyes, apoyado en datos.

No es fácil escapar a estos problemas en medio de una campaña electoral. Victor Lapuente, en un acertado artículo publicado el pasado domingo, recogía los problemas que el formato del debate a cuatro de Atresmedia tenía para permitir realmente abordar cualquier tema con un mínimo de rigor y profundidad. A pesar del mayor dinamismo, realmente hubo poco debate, y aún menos análisis en profundidad de las cuestiones y las alternativas que plantean los partidos. Difícil debatir tanta gente sobre tantos temas en tan poco tiempo.

Pero si el debate a cuatro se perdió en las generalidades, el debate que presenciamos el pasado lunes entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez también defraudó las expectativas. Con un formato supuestamente más flexible, no acotado en tiempo y en número de intervenciones, en el que la distancia física entre los dos líderes se acorta y en el que el presidente de la Academia de la Televisión intentó defender la neutralidad, podíamos haber esperado mucho más de la negociación que seguro tuvo que existir entre los directores de campaña de los dos partidos y los responsables del diseño del formato. Por supuesto también se esperaba mucho más de sus protagonistas. Siempre es más sencillo reprochar errores que contrastar propuestas y alternativas.

Han pasado 22 años y 6 debates cara a cara de candidatos a la presidencia del gobierno. El marketing político exige mensajes directos y sencillos de entender por todos los ciudadanos, pero una campaña electoral debería contar con mayores opciones para debatir en profundidad los temas relevantes para los españoles.  Una vez que en esta campaña se ha despertado el apetito de los ciudadanos por los debates electorales, quizás es el momento de ir un paso más allá, y plantear modelos no tan generalistas, sino debates más específicos sobre temas concretos, que permitan contraponer propuestas y que den opción a los ciudadanos a valorar mejor las alternativas que presentan los diferentes partidos. Igualmente parece preciso que el papel de los periodistas en los debates sea más activo. Un debate sobre alternativas exige preguntas más concretas, y un mayor énfasis en contraponer propuestas. Y como indicaba Victor Lapuente en su artículo, no está de más recordar que un debate es una discusión, no un combate de boxeo.

Por último, ayudaría mucho que los políticos empezasen a respetar intelectualmente a sus potenciales votantes. Quizás así podamos ahorrarnos el bochorno de campañas como la de “Mi pueblo no se cierra” y seguir avanzando en la mejora de la calidad democrática en nuestro país.

Serie sobre la reforma constitucional (y IX): el guardián de la Constitución

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A lo largo de toda esta serie que hoy termina he pretendido seguir el mismo método: identificar primero los problemas que la experiencia de los últimos años ha puesto de manifiesto, para examinar luego las soluciones ideales a los mismos que la mayor parte de nuestros partidos nos ofrecen en sus programas. Digo la mayor parte porque el favorito en las encuestas, el Partido Popular, ni ve problemas significativos ni, en consecuencia, propone ninguna solución. Eso sí, opinará en su momento, nos dice. Ahora bien, en qué línea lo hará, es un misterio para todos.

Pero en cualquier caso parece que cabe ser optimista, porque los partidos que se han molestado en proponer algo a los votantes identifican con un elevado grado de unanimidad los mismos problemas, y eso es extraordinariamente importante. Las propuestas de los partidos nos deben servir precisamente para eso: para saber qué quieren solucionar y en qué dirección desean hacerlo. Luego la letra mediana y pequeña deberá ser fruto de la discusión y del inevitable consenso que toda reforma constitucional exige. Será imposible alcanzar el sistema electoral, el órgano de gobierno de los jueces o a la concreta distribución competencial que cada uno tiene en mente, pero todos podrán afirmar que han avanzado significativamente en la dirección que en su momento –en el de las elecciones- cada uno de ellos ofreció a los electores.

Quizás no hay una reforma más simbólica que la del Tribunal Constitucional, el guardián de la Constitución, en donde reside con mayor énfasis que en cualquier otro lugar la aporía fundamental de todo sistema político: ¿quién vigila al vigilante? Porque si deseamos que la Constitución –objeto de reflexión de toda esta serie- sea una norma jurídica de verdad y no mero papel mojado, es imprescindible que el órgano que debe velar por su cumplimiento reúna dos condiciones fundamentales: que sea independiente del legislativo, y que tenga capacidad para resolver en un tiempo razonable las cuestiones que se le plantean. Pues bien, acabamos de identificar someramente los dos principales problemas que afectan hoy a nuestro guardián, pues como el resto de órganos de nuestro sistema institucional ha sido capturado por la partitocracia y se encuentra demasiado desbordado para ejercer un control eficaz.

En un artículo publicado en el diario El Mundo hace unos meses (“Los jueces filósofos y legisladores”) comentaba que la ideología es inseparable del ser humano –también del que adopta la forma de juez- y en todas partes se asume ese imponderable con total normalidad: en EEUU designando los presidentes a jueces de su cuerda ideológica, y en Alemania hasta a los militantes de sus propios partidos. Pero el problema en España es que aquí la tensión partitocrática ha llegado hasta tal punto que ha sido la fidelidad al partido, casi a su aparato, lo que –con loables excepciones- ha determinado la elección de los magistrados, más que cualquier genérica orientación “progresista” o “conservadora”. Por eso nosotros necesitamos ahora levantar un cerco sanitario más riguroso que el que existe en otros países, y lo cierto es que los programas del PSOE, de Cs y de Podemos, apuntan en esa línea.

Como hemos ya comentado en relación a otros órganos constitucionales, el PSOE propone “la convocatoria pública de las vacantes a cubrir, la evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos por un Comité Asesor de composición profesional variable cuyos informes se harán públicos, la celebración de sesiones de audiencia en las correspondientes comisiones del Congreso y del Senado y la elección final por parte del Parlamento”.

Podemos propone despolitizar el Tribunal Constitucional implantando un procedimiento de “cuotas de rechazo” (propuesta 232): “la negociación de los nombramientos partirá de la conformación de un amplio listado de todas las personas técnicamente cualificadas para acceder a él. A partir de esta propuesta, cada uno de los partidos solo podrá ir si descarta de esa lista un número proporcional a la cuota que le corresponde en función de su entidad parlamentaria. Tras sucesivos procesos de descarte, acabarán quedando solo los que menos rechazo generan. No estarán designados por nadie, ni en deuda con nadie.”

Por su parte Ciudadanos pretende fortalecer la independencia del TC reforzando la posición de los magistrados que lo integran: “Al tal fin, proponemos la modificación del artículo 179 de la Constitución en los siguientes términos: a. Se exigirá veinticinco años de ejercicio profesional para poder ser designado magistrado, estableciendo asimismo un estricto sistema de incompatibilidades que garanticen su independencia, entre ellas una prohibición de haber desempeñado cargos orgánicos en un partido o cargos representativos o ejecutivos en parlamentos o gobiernos, durante los cinco años anteriores a su nombramiento. b. Se establecerá un periodo de mandato de 12 años, pero fijándose la jubilación a los 75 años. La renovación parcial se realizará cada cuatro años (3+3+3+3). Tras el cese como magistrados pasarán a la situación de jubilación con incompatibilidad para el desempeño de cualquier empleo público o privado.”

Como ven, nada que impida que puedan ponerse de acuerdo llegado el momento.

Sin embargo, en cuanto al colapso del Tribunal -sin duda un problema tan importante como el anterior- apenas se apunta nada. Una justicia constitucional que resuelve sobre la constitucionalidad de las normas años después de plantearse el correspondiente recurso resulta inoperante, cuando no perturbadora. Especialmente cuando se trata de enjuiciar normas habilitantes de otras normas, como ocurrió con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Para cuando recae la sentencia la floresta autonómica creada es ya tan densa que no hay machete que pueda con ella. Por otra parte, un Tribunal que desestima sistemáticamente la admisión de los recursos de amparo por la absoluta imposibilidad de resolverlos sirve de muy escasa garantía a los derechos de los ciudadanos.

El único que detecta este problema es Cs, cuando señala que imprescindible conseguir “una justicia constitucional rápida y eficaz. Las dudas de inconstitucionalidad y los conflictos de competencia no pueden dilatarse en el tiempo, vulnerando de facto el derecho a la tutela judicial efectiva. Deberá fijarse un plazo perentorio para que el Tribunal se pronuncie, que no podrá superar los 90 días cuando estén afectados derechos fundamentales. La resolución de protección de estos derechos no puede dispensar una menor garantía que cuando se trata de la que resuelve la impugnación de los proyectos de Estatutos de Autonomía que se ha de dictar en el plazo de 6 meses desde la interposición de los recursos. Los ciudadanos no pueden percibir menor protección que los territorios.”

Está muy bien, pero lo complicado es realizar las modificaciones pertinentes que faciliten cumplir esos objetivos. Cuando llegue el momento se pondrán sobre la mesa algunas soluciones que los especialistas llevan tiempo sugiriendo. Una es la atribución de los recursos de amparo a una sala especial del TS. Otra es acabar con el sistema kelsesiano de control concentrado de la constitucionalidad de las leyes (pensado para Estados menos complejos que los actuales) cuyo principal defensor es el profesor Santiago Muñoz Machado (especialmente en su “Informe sobre España”). Sugiere  introducir en el Título IX de la Constitución una norma que habilite expresamente a los jueces ordinarios para inaplicar leyes contrarias a la Constitución, ya sea por confrontación directa o por vulneración del reparto competencial consagrado en la Constitución. La inaplicación no tendrá efectos al margen del litigio en el que se decide, y obligará al juez después de adoptada su decisión a presentar la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad con la finalidad de que el TC siente el criterio definitivo para el futuro. Pero ni siquiera sería necesario plantear esa cuestión en los casos en los que decida sobre prevalencias en materia de competencias, el TC se haya pronunciado ya sobre un caso idéntico, o la contravención sea lo suficientemente clara conforme a los criterios para considerarlo así fijados al respecto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En cualquier caso, y como conclusión de toda esta serie, me gustaría insistir en que lo importante no es que haya consenso en las soluciones, sino en los problemas. Una vez identificados correctamente, el debate, la discusión y el trabajo científico abrirán las correspondientes vías para que el consenso final en las soluciones sea también posible. Porque lo que está meridianamente claro es que, sea cual sea el resultado electoral del próximo domingo, no será el final o la culminación de nada, sino el principio de un largo camino -que nos puede llevar incluso varias legislaturas- en el difícil tránsito de un Estado clientelar como el que tenemos a otro verdaderamente avanzado y moderno.

 

Anteriores entregas:

1.- Introducción

2.- Proponer o no proponer:That is the question

3.- El procedimiento de reforma

4.- El sistema electoral, (y aparte una opción que no requeriría reforma constitucional)

5.- ¿Qué hacemos con el Senado? 

6.- El gobierno de los jueces

7.- El reparto competencial entre el Estado y las CCAA

8.- La inclusión de nuevos derechos sociales (especialmente el “derecho” a la vivienda)

La rectitud: en el décimo aniversario de la muerte de Julián Marías

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Antonio Machado estaba equivocado: no a todos los españoles que vienen al mundo les hiela el corazón una de las dos Españas. A los mejores españoles hace tiempo que les hielan el alma las dos, porque la independencia, el rigor y la equidad se pagan doblemente.

Las tribus no aceptan extraños, salvo que sea para convertirse, y quienes no se adscriben incondicionalmente a tribu o cofradía ninguna son vistos por todas como ajenos, y potencialmente peligrosos individuos con pensamiento propio. Ese es el triste caso del Prof. Julián Marías, un ejemplo de dignidad, de cuyo fallecimiento se cumplen hoy, 15 de diciembre de 2015, ya diez años sin que tengamos noticia de que exista convocatoria alguna para honrar en debida manera la memoria del insigne filósofo en tan señalado aniversario.

La “degradación del honor civil” la “capitisdeminutio”, aunque sea “minima”, es – en todo tiempo y lugar – una herramienta de los tiranos de todo signo para deshacerse de las personas libres. Una de las formas más sutiles es opacar al ilustre, como dice su hijo que hicieron los herederos de Besteiro por quien sufrió tal degradación (cfr. aquí ), que acaso nunca perdonaron su frase “los justamente vencidos y los injustamente vencedores”. Tampoco le perdonaron los vencedores: encarcelado en 1939 por la delación falsa de un “amigo”, él, sin embargo jamás renegó de su maestro Ortega y Gasset, al punto de que en 1942 no se le permitió obtener el doctorado y por tanto el acceso a una Cátedra que le correspondía por méritos propios. Nuestra Universidad peca siempre de los mismos males, sea cual sea el color de quienes en ella mandan. Marías declaró que la comisión que le juzgó “parecía más que un tribunal una cheka”. Esto es otro de nuestros rasgos distintivos.

Marías nos dejó tras 91 años de fecunda vida – jalonada con unos 50 libros– y su pérdida no pasó inadvertida. Para entenderle, además de leerle y de releerle convendría saber qué pensaron de él quienes le trataron. Fue alumno y discípulo, nada menos, que de Ortega y de Zubiri en la Universidad Central de Madrid entre 1931 y 1936. Depurado, como hemos dicho, tras la infame Guerra Civil tuvo que dedicarse a la enseñanza privada y las traducciones para sostener a su familia, y tuvo que emigrar en 1951, siendo profesor y lector en diversas Universidades de los Estados Unidos e Hispanoamérica.  De regreso a la Patria, finalmente, en 1964 la Real Academia le acogió en su seno, en contra de la opinión del entonces Jefe del Estado, y desde entonces influyó en la vida española mediante su obra, sus muy numerosos artículos periodísticos y sus lecciones.

Este castellano viejo (natural de Valladolid, como nuestro tercer Don Miguel) apostó sin ambages por la reconciliación nacional en la Transición pero advirtió contra la invasión de la esfera privada por la pública, ya en la época del Presidente Felipe González (cosa que tampoco se le perdonó) de la que ha derivado, gobierno tras gobierno, legislatura tras legislatura, el estado actual de nuestra Democracia.  Así se ve muy especialmente en la intervención del poder judicial por el legislativo y, a la postre, por los partidos, de los que tanto y con tanta razón, a nuestro modo de ver, desconfiaba.

Senador por designación Real en 1977, fue por tanto “paterpatriae” durante el periodo constituyente, pero advirtió claramente sobre la ley electoral y las listas cerradas. En 1979, cumplido su mandato junto a una generación de españoles que supo ver más allá de los intereses del momento, se alejó para siempre de la Política, con mayúsculas,  (aunque siempre escribió sobe ella).Ese mandato no fue otro que la injustamente denostada Constitución Española que nos ha permitido vivir, a pesar de su incumplimiento parcial, en paz casi cuatro decenios. En 1996 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Humanidades junto con Indro Montanelli.

Si bien su obra filosófica y antropológica tiene talla propia  (La mujer en el siglo XX (1980), La felicidad humana (1987), La mujer y su sombra (1987), Mapa del mundo personal (1993), o Persona (1996)), creo que en este Blog es menester poner énfasis en su obra socio-política  “España Inteligible. Razón histórica de las Españas”, “Meditaciones de la Sociedad Española”, “España como Preocupación” y tantos otros trabajos certeros afortunadamente publicados en diversas editoriales.

Su última obra, recopilatoria de artículos escritos en diversos medios, tan diversos como “ABC” y “El País”, se publicó en el año de su fallecimiento (“La Fuerza de la Razón”). Poseo un ejemplar dedicado por todos mis sobrinos políticos que pertenecen a una nueva generación de españoles que poco ha oído hablar de D. Julián Marías, pero que debería saber de algún modo que España es – también y sobre todo – una Nación enorme llena de hombres ilustres que han sido generosos con los demás, de hombres ejemplares a los que hay que tomar como Norte de conducta; que no es necesario ni conveniente construir desde cero y que nosotros, además de todos nuestros motivos para la melancolía o el exilio, tenemos motivos para estar orgullosos de nosotros mismos y querer hacer las cosas bien.

Creo que es imposible entender a Marías sin su esposa, Lolita, que fue también su colaboradora y a la que permaneció aferrado a pesar de su pérdida en 1977, cuando ella contaba con 65 años de edad.  Espero que algún lector que le conociese o haya leído con detenimiento complete estas parvas líneas escritas en su insigne memoria. Él se entendía a si mismo como narró en “Una vida presente” (1988).  Mi modesta opinión es que el Prof. Marías ejerció en toda su vida una cualidad de la que apenas se habla, una palabra que causa problemas a sus usuarios y practicantes: la rectitud.

Si el lector desea saber más sobre este español ilustre, puede dedicar un tiempo a su memoria en este aniversario de su pérdida en la mucha información que se encuentra en la red concentrándose en un par de reseñas detalladas.

Algunas de sus biografías dicen de él que fue “republicano, liberal y católico”. Lo que ocurre es que poner adjetivos a D. Julián Marías, hombre, filósofo, persona, es una tarea inadecuada, porque algunos nombres propios no admiten adjetivos. Su memoria trae a la mía estas palabras de Marco Aurelio: “Con los ojos fijos en tu tarea, indágala bien, y lo que exige la naturaleza del hombre, cúmplelo sin desviarte y del modo que te parezca más justo: sólo con benevolencia, modestia y sin hipocresía”.

 

 

 

 

HD Joven: Fusión de municipios y racionalización de la Administración

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Uno de los temas que se está debatiendo en esta campaña electoral es la racionalización de la Administración Pública, y, dentro de ella, el papel que juegan las Diputaciones Provinciales y la fusión de municipios, para crear estructuras municipales con mayor tamaño, como medida para ahorrar gasto. No obstante, la posible fusión de municipios debe ponerse en relación con otros elementos que sería interesante analizar, como el ejercicio de los derechos que derivan de la condición de vecino, el hecho de que la Administración Local sea la Administración Pública más cercana al ciudadano o la integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios en el municipio fusionado, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Bases del régimen Local.

Del examen de las propuestas de los distintos partidos, en primer lugar, Ciudadanos propone suprimir las Diputaciones Provinciales y fusionar municipios (aquí), al igual que UPyD (aquí). En cuanto a Podemos (aquí), su programa establece que las Diputaciones desaparecerán poco a poco, así como paralizar la Ley de sostenibilidad y racionalización de la Administración Local. Por su parte, el PP mantiene su compromiso con las Diputaciones Provinciales (aquí) y se ha opuesto a la fusión de municipios (aquí). El PSOE propone derogar la Ley de reforma local, modernizar las Diputaciones Provinciales y aprobar un plan de acción para los pequeños municipios que garantice su supervivencia (aquí y aquí). Y por último, Izquierda Unida, que forma parte de Unidad Popular, se opuso ya en su momento a la reforma local del PP (aquí).

Fue la Ley de 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la que según su Exposición de Motivos introdujo por primera vez la posibilidad de fusionar municipios en España: “A este respecto, cabe señalar que por primera vez se introducen medidas concretas para fomentar la fusión voluntaria de municipios”. A favor de la fusión de municipios encontramos, principalmente, argumentos relacionados con las reformas municipales operadas en otros países de la Unión Europea o el ahorro de costes que ello supondría. Pese a ello, esta medida propuesta por el Gobierno no ha tenido la acogida esperada, ya que únicamente dos pueblos en todo el territorio nacional se han fusionado, habiéndose creado, además, seis nuevos Ayuntamientos (aquí).

Aunque pueda parecer algo novedoso y propio de países extranjeros, en España ya se ha aplicado esta fórmula, de los 9267 municipios existentes en el año 1900, hemos pasado a 8116 en 2011 (aquí). Concretamente, en el período desde 1950 a 1981, se pasó de 9214 a 8011 municipios. Siguiendo un criterio histórico de interpretación de las normas de conformidad con el 3.1 del Código Civil, debemos tener en cuenta estos procesos anteriores, para determinar cómo debe realizarse la posible fusión de municipios o si pueden adoptarse otras medidas. Para ello, tomaré como punto de partida el análisis de un caso real, la fusión de los municipios de Morés y Purroy, en la Provincia de Zaragoza, en 1967, a través de la documentación que obra en los archivos históricos.

Tanto las fusiones que se proponen, como la fusión estudiada tienen una causa común: los motivos económicos. El punto de partida fue la promulgación de la Ley 108/1963, de 20 de julio, sobre regulación de los emolumentos de los funcionarios de Administración Local, que fijó unas retribuciones mínimas para el personal la Administración Local. Ello provocó un incremento en el capítulo de gastos del Ayuntamiento de Purroy y derivó en la fusión, como medida propuesta por el Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, dado que la hacienda municipal no podía hacer frente a los gastos con los ingresos que contaba. El artículo 5 de la propia norma preveía la realización de un estudio por el citado Servicio en el caso de aquellas haciendas locales cuya situación económica no les permitiera la implantación de las percepciones que fijaba. De entre las medidas previstas para corregir dicha situación (artículo 6), se encontraban la prestación de asistencia económica con carácter transitorio o la fusión de oficio con otro municipio.

Si desde el punto de vista económico parece clara la utilidad de la fusión, debemos examinarla ahora desde el punto de vista del ejercicio de los derechos derivados de su condición de vecino por parte de éstos. La creación de un nuevo municipio supone la extinción de la personalidad jurídica de los municipios fusionados, de manera que el de menor tamaño pasa a integrarse en el de mayor, que puede conservar su nombre y en el que se fija la capitalidad, pero el primero, deja de existir como municipio con las consecuencias que ello conlleva.

El traslado de la Casa Consistorial al municipio resultante supone que, salvo el establecimiento de oficinas en el municipio fusionado (cosa que parece poco probable, pues lo que se quiere es ahorrar costes), todas las gestiones a realizar por los vecinos deberán de realizarse en el mismo, en un núcleo distinto del de su lugar de residencia. (En el caso de la fusión estudiada hay una distancia de 3,7 km entre ambos núcleos de población). Ello implica la necesidad de desplazarse para realizar trámites habituales como la solicitud de una licencia de obras o ligados a otras administraciones relacionadas con la Administración Local, como el Juzgado de Paz (artículo 99 Ley Orgánica del Poder Judicial). Pensemos en la mayoría de los habitantes de dichos núcleos, matrimonios mayores, cuyos hijos viven en la ciudad y que, tras la fusión de su municipio con el vecino, necesitarán que los trasladen para realizar gestiones que anteriormente solucionaban en dos o tres minutos.

Por otra parte, el artículo 24 bis.3º de la Ley Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, condiciona la creación de entes de ámbito territorial inferior a municipio en estos núcleos, para su gestión desconcentrada, al cumplimiento de los requisitos de la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Aunque se ahorren costes derivados de la supresión de unidades administrativas, el municipio resultante seguiría contando con dos núcleos de población diferenciados, separados en ocasiones por varios kilómetros entre sí y en los que deberá prestar los servicios básicos que le encomienda la legislación sobre régimen local.

La pregunta es ¿puede mantenerse la personalidad jurídica de los municipios sin fusionarlos y ahorrarse costes? A mi juicio, la respuesta es sí. La Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 44, prevé la posibilidad de que los municipios se agrupen en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios de su competencia. El artículo 36 atribuye entre las competencias de las Diputaciones Provinciales, la siguiente: “la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión”.

Asimismo, la legislación autonómica, como es el caso del Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, permite a los municipios delegar competencias en la comarca cuando su ejercicio resulte difícil para el municipio y razones de economía y eficacia así lo aconsejen, así como las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias (artículo 10.3).

Por último, el artículo 75 bis de la Ley de Bases del Régimen Local, a los efectos de retribución de los miembros de la corporación local, establece que: “Los miembros de Corporaciones de población inferior a 1.000 habitantes no tendrán dedicación exclusiva”. Mediante la mejora de la eficiencia en la prestación de los servicios municipales a través de los mecanismos previstos por el ordenamiento, el municipio conservará su personalidad jurídica sin necesidad de fusionarse.

La aplicación de las fusiones permitiría un ahorro de costes, y, como establece la Ley 27/2013, una racionalización de las estructuras municipales para superar la atomización del mapa municipal. Si bien dicho ahorro puede conseguirse por otras vías. La clave está, no en el número de municipios, sino en adoptar medidas que permitan hacerlos más eficientes sin necesidad de fusionarlos. Puede mantenerse la personalidad jurídica del municipio mejorando la gestión administrativa, en lugar de la fusión, existen y deben buscarse otras alternativas (aquí).

In Memoriam: José Enrique Gomá Salcedo

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Con IgnacioNuestro padre, José Enrique Gomá Salcedo, ha fallecido el pasado 30 de noviembre. No es fácil para un hijo hacer una necrológica de su padre tan pronto y, menos, hacerlo en el tono que la ocasión exige: el que permite recordar al que se fue en aquellas virtudes dignas de conocimiento por su relevancia pública y no simplemente familiar.

Nacido en Valencia en 1930, el centro de su actividad vital estuvo durante mucho tiempo en el ejercicio de su profesión notarial, en diversos destinos. Durante ese periodo siguió estrictamente las reglas que debe seguir un notario según el artículo 148 del Reglamento Notarial -“verdad en el concepto, propiedad en el lenguaje, severidad en la forma”- y siempre “sin mengua de su imparcialidad”, sin ponerse al servicio de ninguno, sino buscando objetivamente la equivalencia de las prestaciones y la perfecta estructuración interna y externa del negocio; como él mismo dijo en un trabajo, el notario estaba al servicio no sólo de la seguridad sino más bien de la libertad del ciudadano. Alguien nos decía por las redes sociales el mayor elogio que él hubiera querido oír: “mis padres me hablaron de la tranquilidad que suponía elevar a público en su notaría”.

Pero quizá el ejercicio correcto de la profesión no sea digno de elogio sino obligación ética y jurídica, aunque para sus hijos y muchos compañeros y opositores a los que preparaba haya sido muestra de la ejemplaridad pública de que tanto ha hablado otro de sus hijos, Javier. Por eso, quizá, es preciso mencionar el legado intelectual público que nos ha dejado: los cuatro voluminosos tomos de sus “Instituciones de Derecho civil”, fruto maduro de muchos años de estudio, observaciones y lecturas, y publicado cuando se jubiló, ya libre del quehacer profesional. Esto último merece la pena remarcarlo: con 70 años, y jubilado, en vez de descansar y realizar relajadamente las tareas o actividades que le apetecieran, emprende la esforzada tarea de ordenar todo lo que ha aprendido a lo largo de tantas décadas de ejercicio profesional y estudio, para culminar, 8 años después, las más de 4000 páginas que componen las Instituciones, y todo ello porque consideraba que debía hacerlo así, y era el mejor momento para ello. Fue la primera vez que un notario ofrecía, en la madurez de sus conocimientos, una visión completa y global del Derecho Civil español, y no “práctica” sino simplemente empapada del realismo que da el bregar diariamente y a la vez con el Derecho y las personas. Su obra contiene miradas personalísimas y novedosas sobre cuestiones clave, como la legítima o la sociedad de gananciales, siempre presididas por un decidido causalismo que, para los no juristas, debe traducirse por una vocación por la justicia, por una preferencia mayor por el ciudadano que por la rapidez y abstracción del tráfico deshumanizado.

En 2011 publicó un libro de Derecho Notarial, en colaboración con sus dos hijos notarios, los que escribimos este post, reelaboración de un libro de temas publicado en los años 90. La génesis de este libro define también a nuestro padre. Comenzó a escribirlo en su momento no porque los temas de Derecho Notarial existentes entonces estuvieran mal, “eran correctos”, decía, sino porque, añadía, “no me gustaba el concepto de notario que se traslucía de ellos”. Es decir, consideraba que les faltaba a esos temas un aspecto ético, de moralidad profesional, que él quiso añadir. En ese sentido, el libro de Derecho Notarial quiso ser desde el principio, -y creemos que lo logra- un Tratado del Buen Notario.

Como dijimos en otra ocasión, nuestro padre tenía una agudeza y un sentido común extraordinarios y su objetividad, a veces dolorosa, siempre desapasionada, se traduce en el mundo jurídico en un rigor conceptual poco amigo de la “broza jurídica” de que hablaba el catedrático de “La casa de la Troya” y repetía él frecuentemente. Por ello su obra, breve y concisa, va a la raíz de las cuestiones, a lo que verdaderamente importa. Humanamente le caracterizaba un sentido del deber entre militar y kantiano, muchas veces contra las propias inclinaciones y deseos; la austeridad en lo material (“grande es el número de cosas que no necesito”), compatible con la máxima generosidad si tú le necesitabas; discreción en la vida social (casi en la vida asocial), y un desapego, quizá excesivo, de reconocimiento y honores, procedente de un individualismo casi romano que se muestra en parte en su obra jurídica, poco amiga de la mercantilización y del gregarismo (como anécdota, en sus Instituciones casi se negó a que debajo de su nombre figurara que era notario, porque ya estaba jubilado…).

Fue preparador de opositores al título de notario durante más de treinta años, y podemos decir de primera mano –pues también atendió a nuestra preparación- que su objetivo era formar juristas, en el sentido más amplio y bello de esta palabra.

Tuvimos, como editores de este blog, la suerte de que colaborara con él, escribiendo artículos ya con más de 80 años, lo que prueba su compromiso y su capacidad de trabajo.

Quisiéramos pensar que sus hijos y nietos – cada uno en sus diversas ocupaciones – somos dignos transmisores de la herencia espiritual no ya de las capacidades intelectuales, más sujetas al azar genético, sino sobre todo de esas enseñanzas y principios vitales -el altruismo, el sentido del deber, la generosidad, el rigor, la rectitud, la profesionalidad, la austeridad, la disciplina, la independencia, la espiritualidad, el señorío, la ecuanimidad, la decencia, el desprecio del materialismo, el sentido estético de la vida, la bondad de fondo, la rebelión ante la injusticia aunque ello le supusiera un mal- cuyo camino nos mostraba con su hacer. Seguramente no lo hemos conseguido del todo ni tenemos esas virtudes, pero nos emociona pensar que algunas de las cosas en las que participamos -como este blog, en el que escribió él y ya se encuentra su nieto Ignacio- lleva también sus señas de rigor, decencia y rebeldía ante lo injusto.

Sus hijos y nietos, todos, echamos de menos su sabiduría y añoramos su compañía con nuestra madre, Mercedes.

El funeral se celebrará el lunes 14 de diciembre en la Iglesia del Espíritu Santo, calle Serrano, 125, a las 19.30, donde esperamos al que quiera y pueda acompañarnos.