HD Joven: Propósitos de año nuevo para una nueva España

Desde que se conocieron los resultados de las elecciones del pasado 20-D, España entera está expectante. Acostumbrados a tener dos grandes partidos políticos –uno que ganaba las elecciones y otro que las perdía-, el actual paisaje político tiene a la mayoría de ciudadanos bastante perplejos. ¿Gobernará Rajoy en minoría cuatro años más?; ¿alcanzarán un acuerdo “las izquierdas” para formar un gobierno alternativo? ¿Habrá un gran pacto o coalición de los dos partidos tradicionales?; ¿volveremos a votar en 2016? En definitiva, máximo grado de incertidumbre.

Salvando matices, tenemos el siguiente panorama parlamentario: (i) dos partidos mayoritarios –PP y PSOE-, con 213 diputados, que en principio desean –salvo prueba en contrario- que todo siga igual, es decir, que continuemos con el sistema de alternancia en el poder que ha venido funcionando desde la Transición; (ii) un partido con 40 diputados –CIUDADANOS- que, según dicen, pretende reformar España respetando las reglas del juego, es decir, reformar el edificio sin derribarlo; (iii) y, por último, los 69 diputados de PODEMOS –y sus franquicias- cuyos planteamientos pasan por echar abajo el edificio de manera rápida y sin demasiados miramientos –aún no sabemos si empleando la bola de demolición o directamente con dinamita- para construir uno nuevo.

Bromas aparte, no es mi intención juzgar aquí cuáles de estas opciones políticas son mejores o peores. Como demócrata, respeto (casi) todos los planteamientos y no valoro los resultados electorales obtenidos por PODEMOS –como equivocadamente hacen algunos- como si de una anomalía democrática se tratase, sino como una simple manifestación de la soberanía nacional expresada en las urnas por más de 5 millones de españoles, a los que debo todos los respetos. Algunos de ellos, además, no son ciudadanos anónimos, sino vecinos, colegas de profesión, familiares o amigos. Los “podemitas” –dicho sea con todo el cariño-, son también nuestros compatriota, como diría el líder del otro partido emergente.

Volviendo a la composición del parlamento, está claro que las diferentes sumas y combinaciones entre varios partidos para formar un gobierno “homogéneo” –desde un punto de vista ideológico-, no salen de ninguna manera. De hecho, parece prácticamente imposible que se pudiera constituir un gobierno mínimamente sólido en el que no estuvieran presentes los dos grandes partidos.

Pues bien, ante este panorama, son muchas las voces que están reclamando un gran gobierno de coalición de los dos grandes partidos –PP y PSOE- o de la suma de aquellos y CIUDADANOS, para poder constituir un Gobierno de España estable durante los próximos cuatro años. En este sentido se han pronunciado varios editoriales y opinadores durante las últimas semanas, algunos de ellos nada sospechosos de formar parte del actual establishment político.

Llegados a este punto, creo modestamente que esta es la opción que más nos conviene a todos, por supuesto, mucho más que unas nuevas elecciones generales en 2016. Pero que nadie se lleve a engaño, no seré yo quien proponga una gran coalición para que todo siga igual. La idea es bien distinta.

Intentaré hacer un ejercicio de idealismo –espero que no de ciencia ficción-, para explicar cuál es mi propuesta para la España de los próximos cuatro años. Propongo que hagamos un stand by de una legislatura, aparquemos momentáneamente las ideologías y sentémonos a hablar sobre qué país queremos para los próximos 50 o 60 años, con el fin de poner en marcha la mayor reforma de nuestras instituciones que se haya conocido desde la Transición.

¿Debe participar también PODEMOS? Aunque siendo prácticos podríamos pensar en excluir a esta formación política de inicio –por lo que han venido diciendo durante las últimas semanas-, no creo que resulte saludable, desde un punto de vista democrático, excluir del debate a más de 5 millones de ciudadanos. Ahora bien, si PODEMOS quiere formar parte de esta nueva etapa política tendrá que acatar las reglas básicas de juego que los españoles nos dimos en el 78. El ejemplo más evidente: la soberanía nacional no puede romperse por medio de un referéndum “de autodeterminación” de los ciudadanos de una comunidad autónoma, con exclusión del resto de españoles (art. 1.2 CE).

¿Y si PODEMOS no acepta las reglas de juego?, la vida sigue y España no puede quedar paralizada al albur de caprichos partidistas. PP, PSOE y C`s representan a la inmensa mayoría de los españoles (más de 16 millones de votantes), podrían dotar de estabilidad al nuevo Gobierno (secundado en el Congreso de los Diputados por 253 escaños), y los tres partidos, dentro de sus discrepancias ideológicas, tienen como denominador común el respeto de las reglas de convivencia.

Pero vayamos a lo importante: ¿Sobre qué presupuestos se debería fundar ese hipotético gran gobierno de coalición?

En primer lugar, los dos grandes partidos que han gobernado España durante los últimos más de treinta años –PP y PSOE- deben asimilar y “digerir” la necesidad de cambio. El mandato de las urnas es claro: los españoles no queremos que todo siga como hasta ahora. Hay unos cuantos aspectos de la vida pública que pueden y deben cambiar, principalmente aquellos que se refieren a la calidad democrática de nuestro sistema político e institucional.

Especialmente relevante resulta la posición del PSOE, pues sin su apoyo parlamentario nada de lo aquí sugerido sería posible. Hay quién dice que sus votantes no verían con buenos ojos ese gran pacto de estado y yo me atrevo a poner en duda esta tesis. Creo que sus votantes situados más a la izquierda ya hace tiempo que se dejaron seducir por “la coleta” y los que aún le siguen votando –al menos con los que yo he hablado- nunca han visto con buenos ojos el carácter rupturista del partido morado ¿Preferirá el PSOE un gran pacto por España o morir devorado en marzo o mayo por otras opciones políticas situadas a su izquierda? Quiero y confío en que opte por la primera opción.

En segundo lugar, necesitaremos altura de miras y generosidad por parte de la dirección de los dos grandes partidos. Concretamente, creo que Rajoy y Sánchez deben hacerse a un lado, dejar de pensar en sus aspiraciones personales o de partido y dar paso a nuevas caras con capacidad de diálogo y consenso. Los tres partidos de la gran coalición deben anteponer los intereses generales de España a los suyos propios.

En tercer lugar, el nuevo Gobierno debe ser liderado por uno o varios estadistas. Para esta misión no sirven hombres de partido o personajes de la vida pública que hayan destacado por desarrollar un discurso altamente ideologizado. No sirven los “forofos” de uno u otro partido. Necesitamos figuras dialogantes, de reconocido prestigio, con alta cualificación técnica y una gran capacidad de negociación.

En esta nueva etapa, desaparecen el real decreto como forma habitual de legislar y la mayoría absoluta de una ideología concreta como medio para implementar las medidas previstas en un programa electoral o en un memorandum of understanding. Ahora toca sentarse a la mesa, dialogar y negociar. En definitiva, nos encontramos ante un nuevo escenario en el que a los españoles no les queda otra opción que buscar un nuevo paradigma de liderazgo político.

Por último, llega lo más importante de todo. La gran coalición no puede tener como objetivo que todo siga igual. Hay que poner sobre la mesa y negociar una agenda ambiciosa de reformas dirigidas a mejorar la calidad de nuestro sistema democrático y la vida de los ciudadanos. Sobre el contenido de esas reformas se ha escrito mucho –y muy bien- en este blog: la reforma de la Ley Electoral y de la Ley de Partidos, el gran pacto por la educación, la separación de poderes para preservar la independencia de los jueces, la definición definitiva del modelo territorial, el adelgazamiento de las administraciones públicas superfluas, etc.

¿Es necesaria una reforma constitucional? Pues éste quizás no sea el debate fundamental, aunque a buen seguro tendrá que modificarse la norma fundamental en la medida en que los cambios pretendidos sean de verdadero calado. Si finalmente tiene lugar ese escenario, supondrá para el conjunto de los ciudadanos una excelente oportunidad para “firmar” un nuevo pacto de convivencia para los próximos treinta, cuarenta o cincuenta años.

En definitiva, hay una idea que necesariamente debe calar en los españoles para que esta nueva etapa culmine con éxito. Los ciudadanos deben percibir que de verdad se está llevando a cabo un cambio en profundidad y no meras actuaciones cosméticas: una verdadera transición política y social. ¿Será posible algo así? Solo el tiempo nos dirá si se obrará el “milagro” o si nos tocará volver a las urnas. Por el momento, como siempre, nos queda ser optimistas y seguir empujando todos juntos.

Mensajería judicial: la STJUE (C-223/14) de 11 de noviembre de 2015

De un tiempo a esta parte, la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se muestra cada vez más proclive, en la resolución de cuestiones prejudiciales,  a emplear como argumento de fondo la invocación de conceptos autónomos de Derecho europeo (teoría de la adopción) y, consecuentemente, eludir así la definición dada en cada uno de los sistemas jurídicos nacionales (teoría del reenvío). Esta tendencia, que se vio nítidamente desarrollada hace pocas semanas en la Sentencia de  Gran Sala, de  6 de octubre de 2015, (asunto C-203/2014), en relación con la exégesis del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión (TFUE), en lo concerniente al sintagma «órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros», vuelve a manifestarse en la reciente sentencia del TJUE de 11 de noviembre de 2015 (asunto C-223/14), que resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria.

En síntesis, la duda del órgano jurisdiccional español trae causa de la denegación por parte del Secretario Judicial –hoy Letrado de la Administración de Justicia- de tramitar la solicitud de una mercantil de la notificación, a través del órgano alemán competente y al amparo del artículo 16 del Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documento judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, de un escrito de requerimiento por el que exigía el pago de una cantidad devengada a otra sociedad, indicando, además, que el mismo requerimiento había sido remitido ya a la entidad intimada mediante documento notarial formalizado ante fedatario español para que quedase constancia en acta pública notarial. El citado Secretario Judicial denegó la solicitud presentada, por estimar que no existía procedimiento judicial alguno en cuyo marco fuera necesaria la práctica del acto de auxilio judicial solicitado, indicando que no era posible considerar cualquier documento privado como «documento extrajudicial» que puede ser objeto de traslado con arreglo al artículo 16 del Reglamento nº 1393/2007. En particular, estimó que sólo los documentos extrajudiciales que, por su naturaleza o su carácter formal, produzcan efectos jurídicos determinados están dentro del ámbito de aplicación de ese Reglamento.

El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿Puede considerarse “documento extrajudicial” conforme al artículo 16 del Reglamento nº 1393/2007 un documento puramente privado, independientemente de que no haya sido emitido por una autoridad o funcionario público no judicial?

2)      De ser así, ¿puede ser considerado documento extrajudicial cualquier documento privado o debe reunir algunas características concretas?

3)      Incluso en el caso de que el documento privado reuniera tales características, ¿puede un ciudadano de la Unión solicitar el traslado y notificación por el procedimiento previsto en el artículo 16 del actual Reglamento nº 1393/2007 cuando ya ha procedido a realizar tal traslado a través de otra autoridad pública no judicial, por ejemplo, un notario?

4)      Finalmente, ¿debe tenerse en cuenta a los efectos del artículo 16 del Reglamento nº 1393/2007 que dicha cooperación tenga incidencia transfronteriza y sea necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior? ¿Cuándo debe entenderse que la cooperación “tiene incidencia transfronteriza y es necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior”?»

 

A estas muy pertinentes preguntas, la Sala Primera dio respuesta en la Sentencia de 11 de noviembre, confirmando lo que al inicio señalábamos, es decir, la progresiva e irreversible configuración por parte del TJUE de un endogámico catálogo ontológico al margen de la descripción que los Estados tienen de sus institutos jurídicos. Este vaciamiento sustancial de los ordenamientos nacionales se le une ahora la consecuente deformación del rol y función de sus órganos jurisdiccionales tal y como vienen previstos en los respectivos ordenamientos constitucionales.

Señala el TJUE, que el concepto de «documento extrajudicial», en el sentido del artículo 16 del Reglamento nº 1393/2007, debe interpretarse en la inteligencia de que comprende tanto los documentos emitidos o autenticados por una autoridad pública o un funcionario público como asimismo los documentos privados cuya transmisión formal a su destinatario residente en el extranjero sea necesaria para el ejercicio, la prueba o la salvaguardia de un derecho o de una pretensión jurídica en materia civil o mercantil. Y ello, aun cuando el requirente ya haya realizado una primera notificación o un primer traslado de ese documento por una vía de transmisión no contemplada en ese Reglamento o por otro de los medios de transmisión previstos en él, verbigracia, el cauce notarial y, finalmente, sin que sea imprescindible la verificación caso por caso de si la notificación o el traslado de un documento extrajudicial tienen incidencia transfronteriza y es necesario para el buen funcionamiento del mercado interior.

En resumen, partiendo de una absoluta autonomía a la hora de determinar lo que debe considerarse un «documento extrajudicial», el TJUE convierte, de facto, a los órganos jurisdiccionales y, en particular, al Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria, en meros servicios de mensajería, netos intermediarios a los que se les desposee de cualquier capacidad de discriminación sobre las solicitudes que ante ellos se presenten, ya sea por la naturaleza del documento, por la existencia o no de litigio previo o por la incidencia transfonteriza que pudiera tener, desfigurándose con ello la naturaleza y los límites establecidos en el artículo 117.4 de la Constitución para el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales.