Un regalo envenenado (La Infanta y la doctrina Botín)

Afirma Montesquieu en El Espíritu de las Leyes que el principio necesario en una democracia es la virtud, mientras que en una monarquía puede bastar con el honor, atributo basado en un prejuicio: el de la respectiva condición dentro de la estructura social y política. Para la subsistencia de un cierto anacronismo como es una monarquía parlamentaria se necesitan, sin duda alguna, ambas cosas.

La cita viene a cuento por la elevada probabilidad de que en la fase previa del juicio por el caso Nóos, que ahora comienza, a la Infanta se le aplique la “doctrina Botín” y quede exonerada a las primeras de cambio. Esa doctrina deriva de una interpretación imaginativa del art. 782.1 LECrm efectuada por el Tribunal Supremo con ocasión de la imputación del famoso banquero. Conforme a ella, no es posible enjuiciar a una persona cuando no acusa ni el Fiscal ni el directamente ofendido por el delito (la acusación particular), pese a que sí lo haga la acusación popular.

En realidad –conforme a una matización posterior realizada para el caso Atutxa- el que se le aplique o no a la Infanta depende tan solo de dilucidar si el delito fiscal que se le imputa tiene un perjudicado concreto o afecta de manera general a toda la colectividad. Si fuese lo primero, dado que tanto el Ministerio Fiscal como la Hacienda Pública han pedido el sobreseimiento, su exoneración quedaría garantizada. En el segundo caso, sin embargo, la persistencia de la acusación popular ejercida por “Manos Limpias” bastaría para  impedirlo.

Es verdad que hay muchos argumentos técnico-jurídicos para defender la aplicación de esa doctrina en este caso (al fin y al cabo muy parecido al del propio Sr. Botín). La resolución del Tribunal estimándola en la fase preparatoria que ahora se inicia no podría nunca calificarse de arbitraria. Seguro que sería recibida con alborozo por la Infanta y sus abogados. Pero hasta qué punto esto constituiría una buena noticia para nuestro Estado de Derecho en general, y para la Corona en particular, es harina de otro costal. Al menos podemos presumir que a Montesquieu le hubiera inquietado bastante.

Comencemos por el Estado de Derecho. El que en ciertos casos con acusados ilustres el Fiscal se empeñe en no acusar, el Abogado del Estado en no defender a su cliente y los jueces en forzar la interpretación de las normas (o considerar los delitos fiscales como delitos con perjudicado concreto) para negar legitimación a la acusación popular, pienso que nos debería suscitar a todos cierta preocupación. Ya de entrada nos indica que algo no funciona muy bien en nuestro entramado institucional: que nuestros altos funcionarios no gozan de la debida independencia o que por algún motivo los criterios de supuesta conveniencia política se imponen frente a los estrictamente jurídicos.

Además, la sutil distinción a estos efectos –consagrada por el juego combinado de las doctrinas Botín y Atutxa- entre los delitos que perjudican a uno solo (aunque como bien recordaba el juez Castro ese uno llamado Hacienda seamos todos) y los que no tienen perjudicado conocido, merece un comentario aparte. Hace más de dos mil quinientos años Solón, el creador de la democracia ateniense, negó expresamente que tal distinción pudiera tener ningún sentido en un régimen democrático. Si hubiera que destacar alguna de sus leyes, quizá la más relevante es la que atribuía a cualquier ciudadano la posibilidad de denunciar a quién hubiese cometido una ilegalidad, aunque el denunciante no hubiera sufrido ningún perjuicio personal, pues toda ofensa es un ataque a la ciudad, y, a través de ella, a todos y cada uno de los individuos que la integran. Si esto es cierto con carácter general, mucho más en un país como el nuestro, en el que gran parte de sus instituciones supuestamente independientes han sido capturadas por nuestras élites extractivas;  y mucho más en este caso, en el que están en juego intereses colectivos de primer orden, no solo por el bien lesionado, sino por el protagonismo y la preponderancia social de la autora. No olvidemos que si el Derecho vale algo en una democracia, es principalmente por constituir un freno al abuso de poder, que por definición siempre se ejerce por quien lo ostenta.

Esta última reflexión nos conduce a examinar el impacto que la exoneración de la Infanta por aplicación de la “doctrina Botín” puede tener para la Corona. El caso Nóos es sintomático de una forma de hacer negocios en España, y por eso no se limita al fraude fiscal, sino que gran parte de los imputados (entre ellos once cargos públicos) van a tener que responder de acusaciones tan graves como malversación,  prevaricación, falsedad, estafa, fraude a la Administración, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Presuntos delitos que han costado al contribuyente unos cuantos millones de euros. Y si hay algo absolutamente obvio, es que este caso no se explica sin la presencia  directa o indirecta de Urdangarín; es decir, de la Infanta; es decir, de la Corona. El que a la hermana del Rey le imputen únicamente un delito fiscal tiene relevancia solo para la interesada y solo desde la perspectiva penal. Para la sociedad española y su régimen político lo que está en juego es algo mucho más trascendente.

La abdicación del Rey Juan Carlos y los nuevos modos impuestos por su sucesor Felipe VI, incluida su decisión de retirar a su hermana el título de duquesa, han supuesto un paso muy importante para acompasar la institución a las nuevas exigencias de regeneración moral e institucional que, afortunadamente, dominan ahora en la política española. Por esto hemos salido ganando todos, pero principalmente la Corona. De ahí que la posible decisión de no enjuiciar a la Infanta -recordemos que por inacción de nuestras instituciones- puede tener un efecto mucho peor para nuestra monarquía parlamentaria que su absolución tras un juicio en condiciones o, incluso, que su condena. Sencillamente, porque así se habrá negado no solo la virtud, sino también el honor: el prejuicio habrá saltado por los aires, porque nadie en su sano juicio podrá a partir de ahora atribuir ciegamente a los miembros de la institución monárquica el voto de confianza que esta necesita para sobrevivir. Más bien cabe prever que sea sustituido por otro prejuicio contrario nacido de la frustración y de la sospecha.

Efectivamente, mal favor habrán hecho en ese caso a la Monarquía la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los Tribunales; un regalo envenenado a nuestro Rey de digestión complicada, máxime cuando la eliminación de la Infanta del orden de suceder en la Corona no depende del Monarca sino de la propia interesada. Y no hay que presumir que el librarse in extremis de ser enjuiciada, aunque sea por motivos tan singulares, le vaya a mover a ello, si no lo ha hecho hasta ahora. Más bien lo contrario.

Este asunto constituye un buen símbolo de muchas cosas que han pasado y siguen pasando en nuestro país. Pero una de las más significativas es que demuestra hasta qué punto las componendas, atajos y manipulaciones institucionales bajo la socorrida invocación a la “razón de Estado” son nefastas para una democracia y para la credibilidad de sus instituciones. Esperemos que en la nueva época política que ahora se inicia las cosas vayan cambiando paulatinamente. Aunque me temo que para este caso será ya demasiado tarde.

Los problemas de Lexnet en Madrid auguran una difícil transición hacia la justicia sin papeles

Es muy posible que Antonio Viejo, magistrado con una experiencia dilatada a sus espaldas, más de veinte años en el Juzgado de Instrucción número 20 y juez decano de Madrid desde junio del 2014, haya encontrado en Lexnet, aplicación que es el primer paso la modernización de la justicia, al introducir el concepto de comunicación electrónica, uno de los retos más desafiantes en los últimos años de su carrera profesional.

Hablar de modernización de la justicia es ir, uno por uno a los propósitos de nuestros Ministros de Justicia más contemporáneos, todos ellos tuvieron esa idea en su portfolio de actividades, pero por unos u otros motivos nunca se puso en marcha. Basta con recordar las palabras de Landelino Lavilla, Ministro de Justicia en 1978, cuando hablaba de la necesidad de dotar a la justicia de los medios tecnológicos; también en el Pacto por la Justicia del 2003 se habló de ello; fue el nacimiento de Lexnet pero, por unos u otros motivos, la aplicación no sólo no arrancaba sino que veía como la mayor parte de las CCAA con competencias transferidas diseñaba su sistema de gestión procesal inadaptable a cualquier otro.

El retraso de la puesta en marcha de Lexnet, doce años después de su primera aparición en la vida judicial revela que cualquier actividad en nuestra justicia necesita de planificación, medios y voluntad política. No fue sino hasta la puesta en marcha de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya Disposición Adicional Primera preveía, a partir del 1 de enero de 2016, de  la obligatoriedad para todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hagan, de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha. En esta última se habla del expediente electrónico, clave para llegar a esta justicia digital, abierta las 24 horas al ciudadano y profesional.

Junto con este cambio notable en la Ley de Enjuiciamiento Civil se aprobaron otras normas para que el desembarco tecnológico fuera lo más sencillo posible. A nadie se le escapa que la búsqueda de la justicia sin papeles generará un cambio cultural importante en nuestros operadores jurídicos. Según nos comentaba el propio Ministro Catalá el pasado 29 de diciembre, se habían destinado cerca de 10.000  horas de formación en territorio Ministerio para formar a los profesionales, e incluso, diseñada LexnetAPP; una dirección en la red social @lexnetjusticia, amén de un equipo de atención al usuario por encima de las cincuenta personas. Sin embargo  Lexnet, que pretende la comunicación electrónica entre los profesionales y operadores jurídicos, no ha logrado funcionar como se esperaba

Los diferentes operadores jurídicos lo han denunciado en diferentes ocasiones.  de la norma que se prepara es fundamental que ésta tenga una memoria económica de lo que se va a hacer.  CCAA como País Vasco, Andalucía, Cataluña o Valencia no han llegado a tiempo. Ahora sus equipos informáticos trabajan sin descanso para llegar a la otra gran fecha: 7 de julio de 2016 donde ya debería estar implantado el expediente electrónico de gestión procesal. Sin ese expediente, la comunicación online entre los juzgados y los operadores jurídicos es totalmente inviable. Desde fuera, da la sensación que las CCAA no han podido seguir el ritmo marcado por el Ministro Catalá en cuanto a plazos y objetivos.

Madrid no llega a Lexnet pese a sus esfuerzos

Este es el caso de la Comunidad de Madrid, una de las que más invierte en Justicia, no ha podido gestionar el paso a la justicia sin papeles. La prudencia de Antonio Viejo ha obligado a aprobar una serie de medidas para evitar el caos en los juzgados y salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Lexnet ha contado con un gran aliado en Lexnet Abogacía, la plataforma creada por ITCGAE, entidad tecnológica de los abogados que ha ayudado a entender a muchos letrados cómo hacer su paso hacia ese entorno virtual. De hecho en la mayor parte de los Colegios de Abogados se han celebrado muchos cursos para explicar a sus colegiados el funcionamiento de la aplicación.

En el documento que adjuntamos por su interés se indica que ante la falta de medios existentes,  tal y como se indicó en una reunión mantenida el pasado 30 de diciembre, a la que acudieron junto con el Juez Decano de Madrid,  el Presidente del TSJ de Madrid, el Presidente de la Audiencia Provincial, el Juez Decano de Madrid, el Secretario de Gobierno del TSJ, el Secretario Coordinador Provincial, el Vice consejero de Presidencia y Justicia de la CAM, la Subdirectora General de Servicios de ICM y el Decano del Colegio de Procuradores de Madrid. En esa reunión cristaliza en el Acuerdo 3/2016 de 4 de enero (ver aquí)  establecer  medidas provisionales hasta el 31 de enero. Lo más importante de esta situación de emergencia es que se permite al profesional presentar sus escritos en papel si no tuviera posibilidad de hacerlo en Lexnet. A este efecto incluirá ese certificado de que no ha podido realizarlo.

Los problemas están ahí. Habrá que ver si hay tiempo, medios y voluntad política para resolverlos. Es evidente que ciudadanos y profesionales se merecen una justicia ágil y conforme al servicio público que todos pensamos.  Una de las cuestiones que urge es la de buscar una homologación rápida de los diferentes sistemas de gestión procesal que cada CCAA autónoma tiene, Madrid por ejemplo está pasando de Libra a Iusmadrid, al propio Lexnet. Hoy por hoy esos sistemas generan problemas de homologación. Al mismo tiempo, los fallos de Lexnet han sido evidentes y muchos abogados y procuradores no han podido enviar sus escritos pese a cumplir los requisitos y seguir diferentes tutoriales. De todas formas, tener una administración de justicia digital, extendida en todo el territorio nacional, debe ser un objetivo a medio plazo que se pueda cumplir si hay las inversiones y el plan estratégico adecuado. La próxima cita de julio del 2016 donde se espera ya tener desarrollado el expediente electrónico debe ser el punto de consolidación de esta justicia 2.0.