HD Joven: Star Wars para juristas

Entre las muchas cosas que ha dejado este singular comienzo de 2016, marcado por las elecciones, la innovación política de las cabalgatas y otras tantas cosas, cabe hacer un apartado para el que sin duda ha sido el acontecimiento cinematrográfico de la temporada: el estreno del episodio VII de la saga de Star Wars. Un estreno que ha dado lugar a diversas críticas, favorables o contrarias, en las que no vamos a entrar.

¿Qué pinta la saga en una web de Derecho?, se preguntarán algunos. La saga, justo es reconocerlo, es ya casi una muestra de folklore de la sociedad global posterior a la caída de los totalitarismos en la segunda mitad del siglo XX: la abundante presencia de niños disfrazados en la salas de cine, la cultura generada alrededor con todo tipo de eventos y productos, son todo un síntoma de la penetración cultural lograda. Ello daría para otro artículo, que evidentemente excede del ámbito de esta web. La razón de que traigamos Star Wars a HD sería mencionar el reflejo que contiene del Derecho, que vale la pena resaltar en tanto la saga sirva como ejemplo para docentes y discentes. Un ejemplo del reflejo del Derecho en las artes comparable al logrado en la literatura (pensemos en el problema del fuero judicial en El Alcalde de Zalamea o las cuestiones civiles indirectamente abordadas en La Colmena, por citar dos ejemplos entre tantos posibles).

Star Wars, al tiempo que es una alegoría sobre el bien y el mal, el mundo global, con un rico contenido filosófico y teológico (que podría ser materia de otro artículo), es toda un expresión también del Derecho. Una expresión que no sabemos si fue calculada o por accidente, pues al estar el Derecho en la realidad, hubiese bastado que la misma se tuviese en cuenta por los guionistas para que se les colase el Derecho aun sin saber lo que metían. Lo cierto es que la saga recoge todo un sistema constitucional realmente curioso, y en ella hay algunas manifestaciones de Derecho privado que parecen sacadas de otras épocas diferentes de la actual. Vayamos por partes:

Desde el primer episodio hasta el séptimo, se suceden la República y el Imperio como formas de organización del Estado. Una República que, eso si, parece ser Confederal, pues sólo aparece el pintoresco Senado (ver en especial episodios I y III) como cámara legislativa, de modo que no existe una cámara que recoja una sola “soberanía nacional”. Ello queda patente en la existencia de diferentes planetas con todo un bagaje propio, lo cual recuerda a la vigencia del Derecho romano en las provincias del Imperio (pensemos en la coexistencia del poder imperial de Pilato con el local de Herodes que nos relatan al contar, por ejemplo, la vida de Jesús de Nazaret). Especialmente interesantes son los modos de cambiar la República por el Imperio (ep.III) y éste por una nueva República (final del ep.VI): la saga muestra a las claras que la llegada de los totalitarismos no suele producirse necesariamente de modo cruento (aunque algo de crueldad hay en la segunda parte del episodio III, esta no es generalizada contra la población) sino que el totalitarismo suele llegar bajo un cierto humus boni iuris (lo cual muestra la importancia de saber cuidar en debido modo el Estado de Derecho, como se pretende a diario en esta web). Y así, por ejemplo, según se desprende del comienzo del episodio IV, la Princesa Leia es miembro del Senado imperial, de modo que el propio Imperio conserva formalmente la cámara. El discurso del Canciller Palpatine al ser nombrado emperador y el gran aplauso que cosecha, recuerdan a la típica Ley de plenos poderes que se emplea para cambiar a un Régimen totalitario. Del mismo modo, el reestablecimiento de la República al final del ep.VI, con las celebraciones que aparecen por tantas partes, recuerdan a la revolución de los claveles o incluso la caída del muro (pensemos que, en su actual versión, el final del ep. VI fue reelaborado tras la aparición de la segunda trilogía).

Más allá de las cambiantes formas de Estado, en toda la saga hay un Derecho privado permanente. Un Derecho privado que parece sacado también de ciertas etapas del Derecho romano: al comienzo del Episodio I nos dejan claro que, al menos en los planetas del borde exterior, hay esclavitud. En efecto, Anakin Skywalker y su madre son esclavos manumitidos al pajarraco aquel. Los Jedi llegan al planeta, entablan relación con aquella gente, pero no reprimen en modo alguno la esclavitud hallada, lo cual hace pensar que sea legal. Skywalker sólo logra abandonar aquel lugar y unirse a la Orden Jedi como postulante previa conquista de su libertad en la carrera de vainas (curiosa versión galáctica de las cuadrigas de Ben Hur).

Junto a éste tema de la capacidad (Derecho de la persona), se aprecia todo un Derecho de familia bastante fiel al que ha existido en todas las épocas y completo en cuanto a la variedad de instituciones: primero, “Ani” se une a los Jedi previo permiso materno (ep.I); sus hijos Luke y Leia son atribuidos a la madre, que los nombra (final del episodio III) y dada Leia en adopción a los Organa, y Luke dejado bajo tutela de sus tíos en Tatooine; finalmente,  la relación paterno- filial de An (Darth Vader) y Luke se aclara sólo con el reconocimiento por parte del padre al final del episodio V (pues ya se sabe que mater semper certa est), lo cual es una muestra de la importancia del reconocimiento a la hora de constituir dicha relación.

Las personas intervinientes no son únicamente personas físicas humanas. Existen también entes personificados, personas morales, del tipo de las que hoy llamamos personas jurídicas. Unos entes que no está claro que tengan personalidad, aunque parece que la Federación de comercio de los episodios I, II y III debe tenerla, si es capaz de contratar un ejército clonado. La orden Jedi recuerda a un centro de inteligencia con tintes religiosos comparable al Temple. Los Sith son una suerte de “sociedad secreta o paramilitar” de las previstas en el Art. 22 de la Constitución, en tanto que los nuevos malos de la Primera Orden parecen ya una especie de ente terrorista con poderes estatales (eludo citar ejemplos de la actualidad).

Junto a las relaciones familiares entre personas, destacan las relaciones patrimoniales. La responsabilidad por deudas recorre los episodios IV, V y VI, en los que Han Solo le debe a ese mounstro tan extraño llamado Jabba el Hutt. Aquí se vuelve a ver un detalle romanista arcaico: Han Solo ha de responder personalmente de la deuda, de modo que no se conoce la Lex Poetelia que limitó la responsabilidad a sólo los bienes (y cuya regla dura hasta hoy, estando en España en el Art. 1911 CC tan cuestionado en la crisis). En efecto, aunque en algún momento se señala la nave espacial “el Halcón” como objeto de la responsabilidad, al final del ep. II Dar Vader entrega a Han congelado al cazarecompensas Jango Fett para que lo lleve al acreedor Jabba el Hutt (parece que no habían llegado al factoring actual para la recuperación de deudas, y regía la promesa pública de recompensa).

En este orden patrimonial, resulta curioso el juego de derechos reales. Han Solo conserva durante cuatro episodios la propiedad del Halcón. Una propiedad que se reconoce sin problemas en toda la galaxia, y que le permite celebrar arrendamientos de servicio (como el que le obliga a transportar a Luke, Kenobi y los droides en el episodio IV). Una propiedad que se ve perjudicada por una cadena de robos en el episodio VII, que se salda con la recuperación de la posesión a manos de los dos nuevos personajes, Finn y Rey, que ejercen de poseedores “en concepto distinto de dueño”. Antes de la recuperación de la posesión, otros la disfrutan entre medias, lo cual con buen fe equivaldría a título (Art. 464 CC), y por ello el chatarrero que la tiene en posesión aspira a venderla generando un propietario a non domino (por ello lamenta que se la quiten Finn y Rey en el momento que echan a volar en el episodio VII).

Los derechos reales y la sucesión mortis causa en los mismos deben ser intuidos por el guionista, pues los droides R2D2 y C3PO se mantienen en el “patrimonio familiar” de los Skywalker toda la saga, pasando de padres a hijos…

La saga galáctica, por tanto, a la vez que resulta una expresión de cierta filosofía, es un reflejo de cierto Derecho. Y, como decía al principio, el Derecho es a su vez un reflejo de la realidad (o, en este caso, ficción) y, como tal, es representativo de la situación que vive la sociedad en cada momento. Resulta que, precisamente por aparecer en todos los rincones de la sociedad, incluso en estas legendarias sagas puede uno apreciar un atisbo de -voluntad de- regeneración, tan mencionado en este blog; regeneración ésta, por cierto, que termina produciéndose.

Cierto es que este Derecho, viendo aspectos como la esclavitud o la responsabilidad personal por deudas, es de “hace mucho, mucho tiempo” (frase con la que empieza cada episodio). Sin embargo, a menos que el Derecho privado sea universal, no estamos tan seguros de que todo ocurriese “en una galaxia muy, muy lejana”.

AGRADECIMIENTOS: a mi padawan (él sabe quien es), cuyas correcciones en primera lectura han mejorado considerablemente este post. Le ofrecí firmarlo en coautoría, pero se negó diciendo que ello sería propio de un Sith. Una nobleza que muestra lo muy cerca que se halla del grado de maestro.

Cena de entrega del I Premio de la Fundación ¿Hay Derecho?

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CENA DE ENTREGA DEL I PREMIO DE LA FUNDACIÓN ¿HAY DERECHO?

Queremos celebrar contigo el quinto aniversario de nuestro blog y el primero de la Fundación ¿Hay Derecho? con la entrega del I Premio ¿Hay Derecho? a la defensa del Estado de Derecho. Para ello, te animamos a acompañarnos en la cena que tendrá lugar el próximo jueves 11 de febrero a las 20:45 horas en el Hotel Orfila de Madrid (situado en c/ Orfila, 6 | mapa).

Durante la cena contaremos con la presencia de las candidaturas finalistas del premio, entre las cuales se encontrará la persona o entidad ganadora, y con las intervenciones de Rafael Arenas (presidente de Sociedad Civil Catalana) y Manuel Jabois (periodista, escritor y actualmente columnista en el diario El País).

Para los Amigos de la Fundación ¿Hay Derecho? (aportantes y benefactores) el coste del cubierto será de 30€, y de 45€ para el resto de asistentes. Dicha cantidad habrá de ser abonada mediante ingreso en la cuenta ES16 2038 1007 04 6001225829 de la Fundación ¿Hay Derecho? antes del lunes 8 de febrero, indicando en el concepto CENA PREMIO y el nombre del -o de los- participante/s.

(Aforo completo)

Autonomía de la voluntad vs. «vida marital» como causa extintiva e impeditiva del derecho a pensión compensatoria (A propósito de la STS 11 diciembre 2015)

Un matrimonio, Mónica y Rafael, se separan y hacen un convenio regulador para la separación en el que acuerdan, entre otras cosas, que ella recibirá durante diez años una pensión compensatoria de dieciocho mil euros anuales. Cuando se firma ese convenio Mónica ya convive maritalmente con otro hombre, del que en ese tiempo espera un hijo, y el marido, Rafael, lo sabe. Un tiempo después, ambos presentan demanda de divorcio de mutuo acuerdo, pero él solicita que se declare extinguida la pensión por concurrir una de las causas de extinción previstas en el art. 101.1 CC, la vida marital de la perceptora con otra persona, mientras que Mónica reclama que tal pensión se mantenga puesto que aquella convivencia era por él conocida cuando se acordó la pensión en el convenio de separación. El Juzgado de Primera Instancia da a la mujer la razón, la Audiencia falla que no ha lugar a la pensión y el Tribunal Supremo concluye que la pensión se mantiene porque… Santa Rita, Rita; perdón, porque si el marido estuvo de acuerdo cuando la separación, no puede dejar de estarlo cuando el divorcio y a eso se llama autonomía de la voluntad.

El intríngulis jurídico del asunto está en si la prestación económica debatida se trataba realmente de una genuina pensión compensatoria (ex art. 97 CC), ya que concurría antes de su establecimiento una causa de su extinción: “vivir maritalmente con otra persona” el acreedor (art. 101.1). Lo más razonable sería analizar teleológicamente esa causa extintiva, la de vida marital con otra persona (o nuevo matrimonio). Pero eso se las trae y de ahí los tribunales huyen como almas que lleva el diablo. Porque si ya es difícil encontrar hoy un fundamento objetivo convincente para la figura de la pensión compensatoria, la misión se torna imposible si queremos hallarle una explicación decente a por qué la pensión se extingue cuando el perceptor se casa o convive amorosamente con un novio o una novia. Con tal aditamento, la institución compensatoria huele a rancio por los cuatro costados, a valores caducos y a concepciones mezquinas de la familia y el matrimonio.

Pero no nos engañemos, solo hay una explicación imaginable para la previsión legal de pensión compensatoria. En su día, y en aquel contexto social, el legislador consideró que había que proteger al cónyuge que con la separación o el divorcio quedaba en peor situación económica. Si la pensión se extingue por nuevo matrimonio del perceptor o por convivencia al modo marital, sólo puede ser porque se entiende que la nueva relación debería solucionar ese perjuicio económico. A qué vivir, en todo o en parte, de la pareja de antes, si ya se puede vivir de la de ahora. Nada más que esta interpretación cabe, pues de no ser así la ley admitiría al menos que no perdiera su pensión quien se casa o convive con alguien muy pobre o que está aún peor.

Si esa es la (sin)razón de ser de una norma tan retrógrada -a cuyo estudio dediqué mi monografía “La «vida marital» del perceptor de la pensión compensatoria”, Aranzadi, 2013-, dicho fin resulta violentado cuando, en el momento de establecerse la pensión en el convenio regulador, ya encontró nueva pareja y con ella vive el cónyuge beneficiario. Por eso creo que lo más acorde con el espíritu de esta ley tan poco espiritual es interpretar que esa causa de extinción del art. 101.1 CC es también una causa impeditiva de la validez de la pensión compensatoria como tal. Entonces, esa condición no tendrá carácter disponible. Eso, lo llame el convenio como lo llame, no es una pensión compensatoria, será otra cosa, válida o no según la normativa que corresponda aplicarle.

Hay algún argumento más a favor de esta tesis. Supongamos que las cosas son como el TS afirma aquí y que se trata de una pensión compensatoria en toda regla. El Supremo ha dicho que la pensión, convenida para la separación, sigue rigiendo para después del divorcio, pese a que el deudor demanda lo contrario. O sea, tomemos el caso real donde el Tribunal lo dejó. El año que viene Mónica se casa con esa misma pareja con la que ya vivía more uxorio cuando se pactó la pensión para la separación. ¿Admitimos que entonces sí concurre una causa válida de extinción de la pensión compensatoria?

Si contestamos que sí, caemos en un absurdo formalismo. El legislador ha equiparado a estos efectos (y a casi todos) el matrimonio y la convivencia more uxorio, pero aquí resultaría que son cosas muy distintas, ya que pueden esos dos seguir conviviendo sin que la pensión se extinga, pero la perderán de inmediato si se casan.

En cambio, si respondemos que tampoco por matrimonio se extinguiría en este caso la pensión, entramos en un callejón con menos salida todavía. Estaríamos ante una pensión compensatoria, pactada en convenio regulador, a la que no se aplica absolutamente ninguna de las pautas extintivas del art. 101.1: ni por convivencia marital, ni por nuevo matrimonio, ni -como enseguida veremos- por haber cambiado la causa que la motivó, ya que el acuerdo de pensión era para la separación y aquí se está aplicando al divorcio.

Abierta la espita, se razona cuesta abajo, en pendiente resbaladiza. ¿Sostendríamos tal vez que si Mónica se casa con quien era su pareja cuando se hizo el acuerdo la pensión no se pierde, pero sí podrá extinguirse si se casa con otro?

Llegados a este punto, creo que las alternativas son estas: o nunca fue propiamente una pensión compensatoria, ya que se vulneraba una condición impeditiva, o sí lo fue durante el periodo de separación, pero ya no puede serlo con el divorcio. Lo que no me parece de recibo es lo que sostiene el TS, que fue siempre y sigue siendo una pensión compensatoria. Veamos.

Si el acuerdo no era calificable jurídicamente como pensión compensatoria, aunque con ese nombre figure en el convenio, tal vez se pueda rescatar su validez como acuerdo contractual a secas. Usted puede firmar con su vecino un contrato comprometiéndose a pagarle una renta mensual de mil euros y que él acepta encantado. Si no hay vicios de consentimiento u otros defectos, vale jurídicamente ese acuerdo. Por las mismas, en el caso de autos, Rafael, el esposo de Mónica, puede haber firmado con ella que le daba el oro y el moro, por la razón que sea (p.ej. temía que a ella no le iba a ir muy bien con su nueva pareja). Ningún problema, salvo que nos agarremos a que esa prestación acordada la llaman “pensión compensatoria” y pensión compensatoria no puede ser, si se ha vulnerado una causa impeditiva.

En caso de que salvemos la validez del contrato, al margen del error en el nomen dado a la prestación pactada, no se aplicaría el régimen de la pensión compensatoria a efectos de extinción. Porque, a los efectos, viene a ser lo mismo que si Rafael y Mónica, al año de estar ella casada con otro, pactan que él le pasará durante diez años una renta mensual de mil euros. Ningún problema, pero nada que ver con la pensión compensatoria.

Lo menos razonable me parece la tesis del TS, que viene a ser que sí estamos, en el caso, ante una pensión compensatoria, pero que, como todo es disponible en virtud de la autonomía de la voluntad, no invalidan ni extinguen aquí las causas del 101 CC. Por esa regla de tres, cualquier cosa que sobre prestaciones económicas de uno se acuerde en un convenio regulador será pensión compensatoria, dando igual todo lo demás: que ya tenga otra pareja el cónyuge acreedor, que la renta no compense ningún desequilibro económico o vaya incluso a cargo del que lo padece, etc. Según el Supremo, al ser disponibles todas las condiciones de la pensión compensatoria, por no concurrir en el caso ninguno de los impedimentos del art. 1255 CC, vulneraría el art. 1091 y la seguridad jurídica declarar extinguida la obligación de pago de la pensión. A mi juicio, de tal modo, la pensión compensatoria se difumina por completo.

Con todo, opino que la razón más poderosa para criticar esta sentencia se relaciona con la segunda alternativa antes mencionada. Aunque concedamos que sí fue pensión compensatoria la estipulada en el convenio de separación, ya no puede seguir siéndolo para el divorcio si no hay acuerdo al respecto.

La STS, al recoger el contenido del convenio, habla de “convenio regulador del matrimonio”. Pero es un convenio regulador de la separación, conforme al art. 81 CC, igual que hay convenio regulador del divorcio (art. 86). Y en ninguna parte se dice que, hecho convenio regulador para la separación, lo pactado en ese convenio haya de regir, sí o sí, para el divorcio aunque una las partes ahora, cuando el divorcio, no lo quiera así.

Razón de peso en tal sentido la brinda también el art. 101, que menciona como primera causa extintiva del derecho a pensión “el cese de la causa que lo motivó”. Si la pensión compensatoria (y el correspondiente derecho) trae su causa de la separación, la pensión se extingue cuando desaparece esa causa porque de la separación se pasa al divorcio. Y ello tanto si aquella pensión con motivo de la separación se fijó por las partes en convenio regulador como si, a falta de acuerdo, la estableció el juez. El juez que decreta el divorcio no está obligado a mantener la misma pensión que regía para la separación, de igual manera que las partes que pactaron la pensión para la separación no están obligadas a mantenerla en su misma cuantía. Nada impide al deudor proponer una pensión más baja (o ninguna) y nada impide al acreedor reclamar una más alta.

Pero el caso es que el TS se basa aparentemente en dos datos para contradecir esas ideas: en que se pactó la pensión para diez años y en que el deudor, Rafael, “consintió” que fuera esa misma la pensión después del divorcio.

No merece la pena insistir en la irrelevancia del primer dato y en la pacífica aplicabilidad de las causas extintivas del art. 101.1 a las pensiones temporales (como, asimismo, a las fijadas sin límite temporal).

Que hubiera habido una especie de renovación de la pensión compensatoria con el mismo contenido de antes lo funda el Supremo en que “con posterioridad a la demanda de separación, las partes firmaron un nuevo convenio regulador para el divorcio, cuyo procedimiento se archivó por falta de cumplimiento de la aportación de las certificaciones literales, en el que se interesaba la continuación del convenio que sirvió a la separación”.

Sin embargo, en el concreto asunto litigioso hay dos cuestiones que dejan en muy poco o ninguno el valor de tal dato. Una, que ahí mismo se nos cuenta que ese nuevo convenio en previsión del futuro divorcio no adquirió validez por faltar un trámite requerido. Otra, muy principal, que cuando los dos cónyuges presentan demanda para que se dicte sentencia de divorcio, el marido solicita también que no se fije pensión compensatoria, porque Mónica vive maritalmente con otra persona. El Juzgado sí fijó una pensión de 16.800 euros anuales, no los 18.000 que se pagaban durante la separación y según aquel convenio. Rafael recurre contra la pensión compensatoria y Mónica recurre también, exigiendo que se mantenga aquella de 18.000 euros del convenio anterior. Como la Audiencia declara extinguida la pensión, Mónica recurre en casación alegando que está vigente y debe aplicarse el convenio regulador de la separación. Y el TS le da la razón, como sabemos, aunque con estos parcos fundamentos que cuestionamos.

Si las cosas son así, ¿cómo se puede insinuar que Rafael consentía la vigencia para el divorcio del convenio de la separación, en lo relativo a la pensión compensatoria, si es en la misma demanda de divorcio donde Rafael precisamente ataca dicha pensión y solicita que se declare extinguida por convivencia marital de doña Mónica? Que él supiera de esa circunstancia ya cuando aceptó el convenio de separación para nada implica que no pueda alegar con ocasión del divorcio que el anterior derecho de Mónica a la pensión ha quedado extinguido. Porque, insisto, si no ha quedado extinguido meramente por aquella vida marital, ha quedado extinguido porque decae la causa: eran un convenio y una pensión compensatoria para la separación y la separación se acaba ahora, con el divorcio. Y, para el divorcio, o consienten los dos nuevo convenio, sea con el contenido del anterior o con otro, o tendrá que decir el juez, basándose en los criterios del art. 97, si alguno tiene o no derecho a pensión. Lo no admisible es que se piense que ese derecho lo hay para el divorcio porque lo hubo para la separación y que lo que para la separación aceptó Rafael, aceptado quedó para siempre.

Los tribunales deben aplicar el Derecho vigente y deben aplicarlo razonada y razonablemente. Está haciendo muchísima falta que asuman ambas obligaciones.