Las polémicas listas de deudores de la Hacienda Pública

Como se anunció hace varios meses, la primera lista en la que se recoge la información sobre aquellas personas que le deben dinero a la Agencia Tributaria ya fue publicada y los medios de comunicación han hecho referencia a algunos nombres ilustres que aparecen entre los deudores. Se encuentran principalmente, en el contenido del documento, empresarios, abogados, deportistas y personas jurídicas.

La lista ha tenido una fuerte repercusión y ha sido criticada. Los sujetos cuyos datos se encuentran en la lista de deudores que Hacienda ha publicado se caracterizan, en la mayoría de los casos, por tener un amplio patrimonio y por manejar importantes sumas de dinero, que han servido para verificar una amplia capacidad económica, por la que se debe tributar.
El que algo debe, pagar debe, siempre que la deuda haya nacido conforme al ordenamiento jurídico. Al hablar de las obligaciones tributarias, hay que destacar que todos deben contribuir por igual para sostener las prestaciones públicas en función de la capacidad económica de casa persona, según el artículo 31.1 de la Constitución en relación con el artículo 14 de la misma norma. Sin embargo, ese aspecto es diferente a lo que se refiere directamente a la publicidad de la identidad de deudores de la Administración Tributaria, cuyos datos no deberían haberse difundido.

Hay que destacar que las listas de deudores de la Hacienda Pública están permitidas por el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que establece que la Administración Tributaria acordará la publicación periódica de listados que incluirán los deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias:

  • a) Que el importe total de las deudas y sanciones tributarias que estén pendientes de ingreso supere la cuantía de 1.000.000 de euros.
  • b) Que las deudas o sanciones tributarias no hubiesen sido pagadas después de haber transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario.

A los efectos de lo dispuesto en el precepto, no se incluirán aquellas deudas y sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas. Es lógica esta regla, pues, en estos casos, no se han resuelto las vicisitudes propias de las deudas y de las sanciones impuestas.

Resulta necesario indicar que el artículo 95 bis de la Ley 58/2003 fue introducido por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuyo Preámbulo dice que la medida “hay que enmarcarla en la orientación de la lucha contra el fraude fiscal a través del fomento de todo tipo de instrumentos preventivos y educativos que coadyuven al cumplimiento voluntario de los deberes tributarios, en la promoción del desarrollo de una auténtica conciencia cívica tributaria así como en la publicidad activa derivada de la transparencia en la actividad pública en relación con la información cuyo conocimiento resulte relevante” y que “La medida es totalmente respetuosa con la reserva de datos tributarios y, por tanto, con los principios en los que ésta se fundamenta, no debiendo olvidar la influencia que en esta materia tiene el de protección del derecho a la intimidad y la necesidad de potenciar el de eficacia del sistema tributario, todos ellos conjugados en la medida en que sólo serán objeto de publicidad aquellas conductas tributarias socialmente reprobables desde una óptica cuantitativa relevante, permitiendo el legislador solo la difusión de aquellas conductas que generan un mayor perjuicio económico para la Hacienda Pública que traen causa de la falta de pago en los plazos originarios de ingreso en periodo voluntario establecidos en la Ley en atención a la distinta tipología de las deudas”. Las listas de deudores tributarios se irán publicando y la única opción que tendrán para evitar que se difunda su condición es que se terminen planteando cuestiones de inconstitucionalidad por órganos jurisdiccionales conforme al artículo 163 de la Constitución Española por la posible vulneración de los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar para que el Tribunal Constitucional analice la constitucionalidad de la Ley 34/2015.

Puede pensarse que la difusión del documento pretende ayudar a ejercer una mayor presión social sobre los deudores, aunque no parece que vaya a ser efectiva y sería mejor que se actuara directamente contra los defraudadores y otros sujetos para evitar conductas contrarias al Derecho Penal y al Derecho Administrativo Sancionador en el ámbito tributario. Además, se deben aplicar reglas de transparencia para todos, de modo que la misma exista para los ciudadanos que son deudores y para los poderes públicos, en cuyo funcionamiento se emplean recursos económicos obtenidos con tributos, siendo cierto, como señala Pere Brachfield, que “la lista debería incluir a las Administraciones que incumplen con la obligación de pagar dentro del plazo legal de 30 días, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos, ya que son los mayores morosos que hay”.

 

Quinto aniversario de ¿Hay Derecho? …y renovarse o morir

Se han cumplido cinco años desde que un grupo de amigos nos decidiéramos a montar este canal de comunicación, influencia y opinión y desde entonces se han publicado más de dos mil entradas, siempre bajo un designio: la consideración de que en un país avanzado la democracia debe ir siempre acompañada del Estado de Derecho y que en nuestro país es necesario reforzar las instituciones.

En este último lustro esta idea ha cundido y, desde diversas especialidades, blogs –con sus correspondientes comentaristas- y otros grupos de pensamiento han llegado a la conclusión de que, sin caer en catastrofismos ni en lamentos regeneracionistas, es necesario, al hilo de la crisis que ha puesto de manifiesto las fallas del sistema, que la sociedad civil tome cartas en el asunto bajo el lema de Burke que tanto nos gusta: “el mayor error lo comete el que no hace nada porque sólo podría hacer un poco”. Politikon, Nada es Gratis y otros muchos blogs y medios han creado un caldo de cultivo que, pensamos, no ha dejado de influir en muchos cambios que ya se han producido mediante la reflexión y la crítica. Y nosotros hemos querido dar un paso más, de la reflexión a la acción mediante la constitución de la Fundación ¿Hay Derecho?, con la que, sin ninguna vergüenza, os animamos de nuevo a colaborar.

Pero hay que adaptarse. El modelo no está, ni mucho menos, agotado, pero sí es necesario hacer cambios y mejoras a la vista de las necesidades actuales y de la experiencia bloguera de estos años. Veamos:

En primer lugar, hemos decidido condensar más la temática en torno a aspectos jurídico-políticos de actualidad. Es cierto que, muchas veces, los posts más exitosos y que más comentarios o polémica suscitan son aquellos que reflejan la opinión subjetiva o incluso las experiencias personales del autor, pero pensamos que en esta nueva etapa quizá proceda ser un poco más exigentes pidiendo a nuestros esforzados colaboradores que intenten “centrar el tiro” en entradas que ayuden a los lectores a formarse un criterio propio en la interesantísima etapa política que estamos iniciando.

En segundo lugar, vamos a hacer algunos cambios entre los editores. Fernando Rodríguez Prieto, comprometido en muchísimos frentes, saldrá como coeditor para dar paso a Segismundo Álvarez, hasta ahora colaborador y muy comprometido con la regeneración. Seguramente habrá algún cambio más en el staff, pero por ahora le damos las gracias más sinceras a Fernando, que ha escrito posts memorables (revisen por favor en esta lista), ha sido uno de los coautores del libro del blog, y tantas cosas que los que hemos trabajado con él sabemos…. ¡y, por cierto, que esperamos que siga colaborando de vez en cuando en el blog!

En tercer lugar, nos hemos hecho conscientes de que mantener el blog no sale gratis y que además los proyectos de la fundación necesitan financiación; en definitiva, la defensa del estado de Derecho tiene un coste de tiempo, que asumimos gustosos, pero también tiene un coste económico, que igualmente asumimos, pero para el que necesitamos ayuda. Por esa razón, y gracias a los esfuerzos de Matilde Cuena, vamos a poner publicidad en el blog (de temas compatibles). Después de cinco años sin ella, pensamos que puede ser un buen modo de llevar a cabo lo que predicamos y contribuir a los fines de la Fundación.

Por último, solicitamos a nuestro colaboradores y lectores que nos acompañen en la defensa activa del estado de Derecho haciéndose amigos del blog y de la fundación, aportando, por ejemplo, una pequeña cantidad como pueden ser la de cincuenta euros al año, que estamos seguros que todos nos podemos permitir. Agradecemos mucho que la orden sea anual y recurrente, de manera que podamos contar con que estaremos aquí dentro de un año.  A estos efectos los datos de nuestra cuenta figuran en el entrando en el recuadro de la derecha.

Celebraremos además el 5ª aniversario del blog y el 1º de la Fundación con la entrega del Primer Premio ¿Hay Derecho? al que daremos adecuada publicidad a través de este blog. Queremos que la sociedad civil rinda un pequeño homenaje en este acto al ganador o ganadora porque aunque no podemos desvelar todavía su nombre lo que sí podemos decir es que realmente se lo merece.

Esperamos que todas estas iniciativas les gusten y sobre todo contribuyan a una mejor defensa del Estado de Derecho.