Esta es mi historia: reproducción del artículo de nuestro colaborador Jorge Trías en El País

 

Hace tres años, El País publicó un artículo mío cuyos hechos –las irregularidades financieras dentro del PP- no solo no fueron rebatidos, sino que, uno por uno, con el tiempo han quedado confirmados y superados. Tras el resultado de estas elecciones creo que ha llegado el momentode explicar las razones que me llevaron a hacer esa denuncia y las consecuencias personales que ha tenido para mi. Esta es mi historia.

 

Empecé a ejercer la abogacía en Barcelona en 1971 y abrí despacho en Madrid diez años más tarde. Quería salir de Barcelona porque mi ciudad empezaba a perder su identidad cosmopolita y se inclinaba hacia un nacionalismo con el que no comulgaba. Mi primer trabajo fue como asesor del Ministerio de Justicia en la reforma penitenciaria. De ahí pasé a montar despacho y a tener éxito. Mi actividad profesional fue creciendo yen diciembre de 2012 mis ingresos me proporcionaban una vida confortable.

 

A lo largo de mi carrera profesional intenté siempre ejercer la abogacía de forma honesta, incluso fui elegido por mis compañeros diputado y tesorero del colegio de abogados de Madrid. Ese cargo lo desempeñéhasta 1996; puse orden en sus finanzas, ayudé a encauzar su servicio médico y organicé el “Aula de extranjería” para asesorar a una inmigración entonces incipiente.

 

¿Qué quiero decir cuando digo que ejercí la abogacía de forma honesta? Pues que siempre elegí mis casos según unos criterios éticos comúnmente aceptados. Incluso cuando defendí a los que se consideran personas impresentables, un narcotraficante por ejemplo, lo hice, ante todo, porque creo que el deber del abogado es defender a “buenos” y“malos”. Lo que sí puedo afirmar es que nunca he sido remunerado por gestiones que no fueran las profesionales.

 

Paralelamente a mi carrera de abogado, he ejercido como periodista, escritor y político. La política durante la Transición la viví intensamente tanto en mi casa como en la universidad. Eran inquietudes que entonces casi todos llevábamos dentro. Al convertirme en un abogado de éxito y columnista leído, José María Aznar, que no era todavía presidente del gobierno sino jefe de la oposición, me ofreció la oportunidad de presentarme a las elecciones a diputado por Barcelona. Acepté, salí elegido, y entre los años 1996 y 2000 fui representante de la soberanía nacional.

 

Durante los cuatro años que fui diputado contribuí en Bruselas y Estrasburgo a la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión que hoy forma parte del Tratado de Lisboa; y propuse, con poco éxito, el Contrato de Unión Civil, para que las parejas homosexuales tuviesen una alternativa al matrimonioal que entonces no tenían acceso. Pero, como yo no tenía fortuna personal, enseguida entendíque dedicarme a la política me iba a resultar incompatible con el ejercicio de la abogacía, ya que para mantener mi nivel de ingresos hubiera tenido que transgredir esa zona fronteriza de las incompatibilidades que hace 16 años y en pleno boom económico, no estaba suficientemente regulada. (Ahora tampoco). O dedicarme al pluriempleo partidista: un sueldo como diputado y otro del partido. Muy a pesar mío dejé la política.

 

En el año 2009, Antonio Pedreira, juez del TribunalSuperior de Justicia de Madrid, al que yo conocía desde hacía muchos años, me pidió que transmitiese a la cúpula del Partido Popular que no interfiriera y enturbiara la investigación sobre sus finanzas que había iniciado el juez Baltasar Garzón y que ahora llevaba él. Yo transmití el mensaje y a partir de entonces tuve diversas conversaciones con el juez, por un lado, y con la cúpula del Partido Popular, por otro, entre otros con Mariano Rajoy. No traspasé en ningún momento lo que pueden considerarse relaciones normales entre jueces y abogados. En éste caso, además, yo no era ni tan siquiera abogado personado en la causa. Por esta razón desde mediados de 2011 me mantuve alejado del caso. Sí es cierto que yo ya había adquirido un conocimiento preciso de las finanzas del Partido Popular e intuía la existencia de una  corrupción bastante extendida.

 

Cuando los medios de comunicación empezaron a publicar las cantidades millonarias que el ex-tesorero tenía en cuentas en Suiza, decidí, a petición de El País,publicar un articulo explicando lo que sabia. La buena fe de quienes creímos en la limpieza de las cuentas populares había sido burlada. El artículo, que apareció en enero de 2013, tuvo una extraordinaria repercusión. Y a las pocas semanas este mismo diario publicó las fotocopias de los llamados “papeles de Bárcenas”. A partir de entonces el acoso de los medios de comunicación fue insoportable y no hice una sola declaración excepto a las que estuve obligado como testigo, primero en la Fiscalía Anticorrupción, y después en el Juzgado Central de Instrucción Numero 5 de la Audiencia Nacional. Mis únicas palabras hasta el día de hoy fueron y han sido: “He cumplido con mi deber”, el deber que tiene todo ciudadano de denunciar irregularidades manifiestas. Sobre todo, cuando como en mi caso, yo había sido portavoz del PP en la Comisión Constitucional encargada de reformar –intento fracasado entonces- la Ley de financiación de los partidos políticos.

 

Y, ¿ qué es lo que ocurre cuando un ciudadano cumple con su deber? Pues más o menos lo que me ocurrió a mí. Primero empezaron a publicarse artículos y opiniones difamatorias sobre mi persona. Se me acusó de bipolar, arribista, resentido, ambicioso y traidor. Poco a poco el silencio profesional se fue adensando. Los teléfonos dejaron de sonar y muchos de los asuntos que llevaba desaparecieron de mi cartera. Financieramente acorralado tuve que cerrar mi despacho y trasladarlo a mi domicilio. En el plano personal, mi familia estaba asustada. Mis hijas, todavía menores de edad,  tuvieron que soportar como a su padre le insultaban públicamente en parkings y restaurantes. Las sombras de duda que habían calado sobre mi, eran de tal calibre, que mis hermanos y los pocos amigos que me quedaban empezaron a preguntarse cómo yo había sido tan iluso o si podía estar escondiendo la verdad.

 

Decidí entonces investigar qué tipo de protección legal tenía ante ésta situación angustiosa y si algún partido político estaba dispuesto a defenderme. Solo lo hizo UPyD, el partido de Rosa Diez y de Andrés Herzog, quien me propuso como experto en la Comisión para el estudio de la Reforma de la Ley de Regeneración Política. Yo estuve en todo momento dispuesto a explicar mis opiniones ante el Congreso de los Diputados. Primero porque  creía que podía contribuir a la regeneración democrática; y segundo porque creía importante clarificar la cuestión de las donaciones anónimas, que era uno de los meollos de la corrupción en el seno de todos los partidos. Ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Izquierda Unida quisieron que yo apareciese ante el Congreso; lo que querían era colocar a sus propios expertos y no escuchar a voces independientes como la mía.

 

Y ahora me preguntarán: ¿Y qué es lo que ha aprendido usted de todo esto? Las lecciones han sido múltiples: Cuando uno navega por aguas turbulentas tiene que saber dónde se mete y cómo salir. Yo me tiré con el corazón en vez de con la cabeza, lo cual es imperdonable en un abogado de mi experiencia. Debía haber diseñado una estrategia efectiva para que todo esto hubiese servido para cambiar algo, en vez de alimentar tertulias y chismorreos. También he aprendido que en los momentos difíciles uno está solo y que la solidaridad es un bien escaso. Y que a casi nadie le interesa la verdad. La verdad es incómoda porque exige compromiso y, a lo sumo, quienes se aproximan a ella, lo hacen desde la teoría, no desde la acción.  Son raros los que como Sócrates, dejan la piel. He aprendido  por último  que en la democracia hay territorios que solo se pueden explorar cuando uno está protegido por instituciones sólidas. Porque, sin ley que te proteja,  el “whistleblower” como Snowden, Assange o Falciani, en nuestro hablar hispánico el levantador de liebres, termina convertido en el saco de boxeo al que se dirigen todos los golpes.

 

Por último, se preguntarán porqué he tardado tres años en contar mi papel en esta historia. Pues por algo tan humano como es el miedo. Miedo que ahora ya no tengo pues me queda poco que perder después de haberlo perdido casi todo. Y si hoy escribo sobre esto es porque creo que, en este nuevo escenario político hay que conseguir cambiar la estructura, funcionamiento y financiación de los partidos para que sean verdaderamente participativos y tansparentes, pues de lo contrario la democracia seguirá perdiendo su valor.

 

Flash Derecho: Entrega del I Premio de la Fundación ¿Hay Derecho?

logo fundación

CENA DE ENTREGA DEL I PREMIO DE LA FUNDACIÓN ¿HAY DERECHO?

Queremos celebrar contigo el quinto aniversario de nuestro blog y el primero de la Fundación ¿Hay Derecho? con la entrega del I Premio ¿Hay Derecho? a la defensa del Estado de Derecho. Para ello, te animamos a acompañarnos en la cena que tendrá lugar el próximo jueves 11 de febrero a las 20:45 horas en el Hotel Orfila de Madrid (situado en c/ Orfila, 6 | mapa).

Durante la cena contaremos con la presencia de las candidaturas finalistas del premio, entre las cuales se encontrará la persona o entidad ganadora, y con las intervenciones de Rafael Arenas (presidente de Sociedad Civil Catalana) y Manuel Jabois (periodista, escritor y actualmente columnista en el diario El País).

Para los Amigos de la Fundación ¿Hay Derecho? (aportantes y benefactores) el coste del cubierto será de 30€, y de 45€ para el resto de asistentes. Dicha cantidad habrá de ser abonada mediante ingreso en la cuenta ES16 2038 1007 04 600122582de la Fundación ¿Hay Derecho? antes del lunes 8 de febrero, indicando en el concepto CENA PREMIO y el nombre del -o de los- participante/s.

El aforo es limitado, ¡así que reserva tu plaza cuanto antes!

Flash Derecho: Entrega del I Premio de la Fundación ¿Hay Derecho?

logo fundación

CENA DE ENTREGA DEL I PREMIO DE LA FUNDACIÓN ¿HAY DERECHO?

Queremos celebrar contigo el quinto aniversario de nuestro blog y el primero de la Fundación ¿Hay Derecho? con la entrega del I Premio ¿Hay Derecho? a la defensa del Estado de Derecho. Para ello, te animamos a acompañarnos en la cena que tendrá lugar el próximo jueves 11 de febrero a las 20:45 horas en el Hotel Orfila de Madrid (situado en c/ Orfila, 6 | mapa).

Durante la cena contaremos con la presencia de las candidaturas finalistas del premio, entre las cuales se encontrará la persona o entidad ganadora, y con las intervenciones de Rafael Arenas (presidente de Sociedad Civil Catalana) y Manuel Jabois (periodista, escritor y actualmente columnista en el diario El País).

Para los Amigos de la Fundación ¿Hay Derecho? (aportantes y benefactores) el coste del cubierto será de 30€, y de 45€ para el resto de asistentes. Dicha cantidad habrá de ser abonada mediante ingreso en la cuenta ES16 2038 1007 04 600122582de la Fundación ¿Hay Derecho? antes del lunes 8 de febrero, indicando en el concepto CENA PREMIO y el nombre del -o de los- participante/s.

El aforo es limitado, ¡así que reserva tu plaza cuanto antes!

Acto de presentación del informe sobre sueldos públicos

El pasado martes 26 de enero tuvo lugar el acto de presentación del último informe elaborado por la Fundación ¿Hay Derecho?, titulado Análisis de los sueldos de los máximos responsables y altos cargos de la Administración General del Estado y las empresas y entes del sector público estatal: situación actual y propuestas de mejora en transparencia y coherencia. El acto se celebró en la Escuela de Técnica Jurídica a la que agradecemos su colaboración desinteresada.

El objeto principal del estudio es el análisis riguroso de la retribución que perciben los máximos dirigentes de la Administración del Estado, diferenciando entre cargos electos y no electos. Además, pretende contribuir a la reflexión y al debate sobre estas remuneraciones y aportar propuestas concretas de mejora.

Para su presentación contamos con la participación de John Müller (columnista y adjunto al director de El Español), Inés Calderón (editora de Sueldos Públicos), Jaime Castellano (responsable del estudio) y César Molinas (patrono de la Fundación ¿Hay Derecho?).

publico

Müller arrancó su intervención con una dura crítica: “El Estado español presenta una gran resistencia, como el gato al agua caliente, a ser evaluado”. El periodista, autor de una detallada crónica sobre el evento publicada en El Español, hizo hincapié en la necesidad de mejorar la transparencia de nuestro sistema con medidas como la publicación de los sueldos de los funcionarios públicos, implantada con éxito en países europeos de nuestro entorno, y acabar con la “opacidad”.

Calderón, por su parte, admitió que cuando la iniciativa de Sueldos Públicos vio la luz hace cinco años se enfrentaron a dificultades mucho mayores que las actuales. “Conseguir la información era muy difícil y los avances en los últimos años han sido enormes: instituciones que tradicionalmente funcionaron de manera opaca han mejorado”, aseguró. Aun así, Inés Calderón reconoció que hay un gran margen de mejora y lamentó que muchos datos se encuentren desactualizados y la burocracia exija demasiados esfuerzos para conocer nuevos datos: “A los ciudadanos les interesa saber cuánto cobran las personas que les representan”.

Jaime

Cesar Molinas concluyó señalando que de los datos aportados por el estudio lo que resulta es la manifiesta arbitrariedad e incoherencia del sistema, y también su relativa opacidad aunque las cosas van mejorando poco a poco.

Castellano, autor del estudio que desde el martes puede consultarse completo en nuestra web, abrió su intervención con un pequeño juego que evidenciaba la incoherencia de algunos sueldos públicos en nuestro país. Para ello pidió a los asistentes que tratasen de adivinar a cuál de los siguientes cargos (columna de la derecha) correspondía cada una de las retribuciones (columna de la izquierda). Descubrimos así que la retribución más baja (68.981,88€) es la percibida por la Ministra de Empleo, mientras la más elevada (210.000,00€) es percibida por el presidente de ENUSA.
Captura de pantalla 2016-01-30 a las 13.39.27

Reconocerán que no era fácil adivinarlo… dada la absoluta falta de coherencia del sistema.

Otra pregunta que se hizo a los asistentes por el responsable del estudio es la siguiente: ¿Cobra mucho el presidente del Gobierno de España?

Hay varias formas de contestar a esta pregunta desde una perspectiva comparada. Estas son algunas de las que propone el estudio:
Captura de pantalla 2016-01-30 a las 13.40.18

Captura de pantalla 2016-01-30 a las 13.40.12

En todo caso, es conveniente hablar más bien del “paquete retributivo”  que incluye conceptos (como vacaciones pagadas, por ejemplo, en el caso español) que no suelen aparecer al hacer estas comparativas.

También es de resaltar que con respecto a complementos variables o retribuciones en especie no hay mucha transparencia. Por ejemplo,  respecto a los salarios de los diputados y senadores, hay que tener en cuenta varias cantidades:

Captura de pantalla 2016-01-31 a las 23.36.59

Captura de pantalla 2016-01-30 a las 13.40.31

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, la diferencia de retribuciones entre los propios diputados es enorme, lo que complica mucho la comparativa internacional. No es lo mismo ser el Presidente del Congreso que un diputado raso.

Por último, respecto a otros salarios del sector público estatal se aprecian también interesantes incoherencias, como que los segundos y terceros niveles del jMinisterio (secretarios de Estado y subsecretarios) ganen bastante más que su jefe, es decir, el Ministro:

Captura de pantalla 2016-01-30 a las 13.40.44

En conclusión, el sistema es un caos, arbitrario, incoherente y opaco. De ahí que para abordar la reforma de los sueldos públicos  lo esencial sería dotar de coherencia, racionalidad y transparencia al sistema. A lo mejor resulta que sin gastar ni un euro más en total podemos tener un sistema retributivo mucho más razonable.

mesa

 

 

Acto de presentación del informe sobre sueldos públicos

El pasado martes 26 de enero tuvo lugar el acto de presentación del último informe elaborado por la Fundación ¿Hay Derecho?, titulado Análisis de los sueldos de los máximos responsables y altos cargos de la Administración General del Estado y las empresas y entes del sector público estatal: situación actual y propuestas de mejora en transparencia y coherencia. El acto se celebró en la Escuela de Técnica Jurídica a la que agradecemos su colaboración desinteresada.

El objeto principal del estudio es el análisis riguroso de la retribución que perciben los máximos dirigentes de la Administración del Estado, diferenciando entre cargos electos y no electos. Además, pretende contribuir a la reflexión y al debate sobre estas remuneraciones y aportar propuestas concretas de mejora.

Para su presentación contamos con la participación de John Müller (columnista y adjunto al director de El Español), Inés Calderón (editora de Sueldos Públicos), Jaime Castellano (responsable del estudio) y César Molinas (patrono de la Fundación ¿Hay Derecho?).

publico

Müller arrancó su intervención con una dura crítica: “El Estado español presenta una gran resistencia, como el gato al agua caliente, a ser evaluado”. El periodista, autor de una detallada crónica sobre el evento publicada en El Español, hizo hincapié en la necesidad de mejorar la transparencia de nuestro sistema con medidas como la publicación de los sueldos de los funcionarios públicos, implantada con éxito en países europeos de nuestro entorno, y acabar con la “opacidad”.

Calderón, por su parte, admitió que cuando la iniciativa de Sueldos Públicos vio la luz hace cinco años se enfrentaron a dificultades mucho mayores que las actuales. “Conseguir la información era muy difícil y los avances en los últimos años han sido enormes: instituciones que tradicionalmente funcionaron de manera opaca han mejorado”, aseguró. Aun así, Inés Calderón reconoció que hay un gran margen de mejora y lamentó que muchos datos se encuentren desactualizados y la burocracia exija demasiados esfuerzos para conocer nuevos datos: “A los ciudadanos les interesa saber cuánto cobran las personas que les representan”.

Jaime

Cesar Molinas concluyó señalando que de los datos aportados por el estudio lo que resulta es la manifiesta arbitrariedad e incoherencia del sistema, y también su relativa opacidad aunque las cosas van mejorando poco a poco.

Castellano, autor del estudio que desde el martes puede consultarse completo en nuestra web, abrió su intervención con un pequeño juego que evidenciaba la incoherencia de algunos sueldos públicos en nuestro país. Para ello pidió a los asistentes que tratasen de adivinar a cuál de los siguientes cargos (columna de la derecha) correspondía cada una de las retribuciones (columna de la izquierda). Descubrimos así que la retribución más baja (68.981,88€) es la percibida por la Ministra de Empleo, mientras la más elevada (210.000,00€) es percibida por el presidente de ENUSA.
Captura de pantalla 2016-01-30 a las 13.39.27

Reconocerán que no era fácil adivinarlo… dada la absoluta falta de coherencia del sistema.

Otra pregunta que se hizo a los asistentes por el responsable del estudio es la siguiente: ¿Cobra mucho el presidente del Gobierno de España?

Hay varias formas de contestar a esta pregunta desde una perspectiva comparada. Estas son algunas de las que propone el estudio:
Captura de pantalla 2016-01-30 a las 13.40.18

Captura de pantalla 2016-01-30 a las 13.40.12

En todo caso, es conveniente hablar más bien del “paquete retributivo”  que incluye conceptos (como vacaciones pagadas, por ejemplo, en el caso español) que no suelen aparecer al hacer estas comparativas.

También es de resaltar que con respecto a complementos variables o retribuciones en especie no hay mucha transparencia. Por ejemplo,  respecto a los salarios de los diputados y senadores, hay que tener en cuenta varias cantidades:

Captura de pantalla 2016-01-31 a las 23.36.59

Captura de pantalla 2016-01-30 a las 13.40.31

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, la diferencia de retribuciones entre los propios diputados es enorme, lo que complica mucho la comparativa internacional. No es lo mismo ser el Presidente del Congreso que un diputado raso.

Por último, respecto a otros salarios del sector público estatal se aprecian también interesantes incoherencias, como que los segundos y terceros niveles del jMinisterio (secretarios de Estado y subsecretarios) ganen bastante más que su jefe, es decir, el Ministro:

Captura de pantalla 2016-01-30 a las 13.40.44

En conclusión, el sistema es un caos, arbitrario, incoherente y opaco. De ahí que para abordar la reforma de los sueldos públicos  lo esencial sería dotar de coherencia, racionalidad y transparencia al sistema. A lo mejor resulta que sin gastar ni un euro más en total podemos tener un sistema retributivo mucho más razonable.

mesa

 

 

¿Son los argumentos de la A.E.A.T. inmunes a la suspensión cautelar?

“¿Hay ámbitos de la actuación administrativa que se sustraen al control jurisdiccional? ¿Es admisible esa impunidad -siquiera cautelar- en un país que se autodefine, ya constitucionalmente, como Estado de Derecho?”. Así, con estos inquietantes interrogantes, comienza un “documento de trabajo” que acaba de editar el Instituto de Estudios Fiscales (IEF).

El “leitmotiv” de esta cuestión radica en una tensión no resuelta entre las presunciones (legalidad/validez/certeza) de las que está investida la actuación administrativa -como obvia manifestación del carácter de “potentior persona” de la que goza la Administración- y el constitucional derecho a la tutela judicial efectiva que, entre otras posibles manifestaciones, se evidencia a través de la suspensión cautelar de la actuación administrativa recurrida.

El debate, aunque excede el concreto ámbito tributario afectando a la generalidad de la actuación de la Administración, es en la esfera impositiva donde tiene su “hábitat natural” pues son muchos -y todos ellos muy relevantes- los escenarios fiscales en los que se suscita; siendo así que viene a poner de manifiesto la sangrante desigualdad e indefensión con la que los contribuyentes (siempre ciudadanos y nunca súbditos) se enfrentan a las pretensiones de la Administración tributaria.

El asunto viene de lejos y, como tal, ya ha sido objeto de atención en algunas ocasiones –aquí, aquí y aquí– en las que se ha denunciado la patología que se produce cuando la Administración tributaria (singularmente la AEAT) aborda la regularización de un contribuyente y éste, con motivo de un recurso (ya sea administrativo o judicial), logra la suspensión cautelar de aquella. El punto vidrioso es que, según la reiterada interpretación administrativa, esa suspensión sólo enerva la obligación de ingreso (si es que éste fuera uno de los efectos que se derivaran del acto impugnado) pero no la fundamentación jurídica esgrimida como base para la regularización practicada, pues se entiende que la presunción de legalidad del acto queda “extramuros” de la suspensión decretada.

Esta “praxis” contraría no sólo alguna previsión legal (con una obvia base constitucional), sino incluso una reiterada doctrina emanada de la mismísima Dirección General de Tributos, así como varios pronunciamientos judiciales (algunos de ellos del propio Tribunal Supremo). Todo ello configura un campo de batalla donde los contribuyentes tienen todas las de perder pues, aun ganando el pleito respecto a las pretensiones de la AEAT, esa victoria tiene muchas probabilidades de resultar pírrica, porque el daño ya sería del todo irreparable, convirtiendo así en papel mojado -o en cartón piedra- el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Los supuestos, además, no son de laboratorio sino que, bien al contrario, son tan cotidianos que afectan a miles de contribuyentes porque ¿qué pasa si la AEAT cuestiona el carácter habitual de mi vivienda?, ¿podré, mediando un recurso y la suspensión de la actuación administrativa, seguir -mientras dure el pleito- aplicando en mi IRPF la deducción por las sucesivas cuotas del préstamo hipotecario?; ¿se impide a una empresa la compensación cautelar de las pérdidas fiscales declaradas mientras se resuelve si éstas eran ortodoxas?; ¿no puede un profesional aprovechar -provisionalmente, a expensas del resultado final del litigio- las cuotas de IVA a compensar de las que la AEAT recela? Estos -y muchos más- son ejemplos palmarios de que el debate, lejos de ser anecdótico, es cuasiuniversal, amén de que -como se apuntaba al inicio- es una cuestión que atañe al núcleo duro de algunos de los principios básicos del Estado de Derecho cual es el control (también en su vertiente cautelar) de la actuación administrativa, evitando que ésta campe a sus anchas de modo inmune frente a los lícitos intereses de la ciudadanía.

Lo novedoso del caso, y lo que -como tal- motiva el “documento” que acaba de editar el IEF, es la incidencia que en este tenebroso “agujero negro” tiene la recién aprobada regulación de las conocidas como “obligaciones tributarias conexas” a través de la Ley 34/2015 de reforma de la Ley General Tributaria (LGT). Y es que, aunque la versión oficial es que el régimen de las “conexas” afecta en exclusiva a los supuestos de interrupción de su prescripción (así como a alguna “derivada” colateral), lo cierto es que, “por la puerta de atrás”, la nueva normativa supone un genuino golpe de mano en lo que se refiere a esa tensión entre las presunciones legales que preservan la actuación administrativa y la tutela judicial efectiva. ¿Cómo? Pues estableciendo, ya por mandato legal, que, en tanto en cuanto perviva el litigio -y, aquí está la clave, aunque medie una expresa suspensión cautelar de las pretensiones de la Administración-, el contribuyente queda imperativamente obligado a continuar autoliquidando sus impuestos conforme a los criterios y a la argumentación esgrimida por la AEAT, precisamente, en ese mismo acto sobre el que pesa esa suspensión que, así, se convierte en estéril (más allá de enervar la obligación de ingreso, si es que la hubiera).

La gravedad de esta situación se incrementa, aún más si cabe, cuando se constata que ni el CGPJ ni el Consejo de Estado expusieron, con ocasión de sus respectivos dictámenes a la reforma de la LGT, objeción alguna a este genuino atropello a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y tampoco el Parlamento sale mejor parado pues, tanto en el Congreso como en el Senado, se presentaron sendas enmiendas -cuya autoría última correspondía a la Asociación Española de Asesores Fiscales– que evidenciaban la gravedad de la tropelía que estaba a punto de perpetrarse…, todo fue inútil.

Así pues, lo que ahora nos queda es denunciarlo, en la confianza de que esta reacción no se interprete como un mero “derecho al pataleo”. Crucemos los dedos.