Compatibilidad entre pensión de jubilación y actividad como escritor profesional

 

Últimamente se ha generado cierto revuelo en algunos medios de comunicación a cuenta de las sanciones que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha impuesto a determinados escritores por compatibilizar la percepción de su pensión de jubilación con la realización de actividades profesionales derivadas de su condición de escritor. Desde algunos sectores se ha querido interpretar como una nueva agresión gubernamental al mundo de la cultura. Sin embargo, como suele ocurrir a menudo, la cuestión es compleja.

La incompatibilidad entre la percepción de la prestaciones de seguridad social y la realización de una actividad laboral por cuenta propia o por cuenta ajena ha sido la regla general  en nuestro sistema desde el primer texto articulado de la Ley de Seguridad Social de 1966 y se mantiene en la actualidad aunque cada vez con más excepciones.

La razón de ser de esta incompatibilidad en un sistema de reparto como el que rige nuestra Seguridad Social, partía de considerar conceptualmente incompatibles ambas situaciones al responder la pensión de jubilación a la finalidad de subvertir una situación de necesidad derivada de la incapacidad para el trabajo de una persona por razón de edad. Si el trabajador se mantiene activo, en principio, no se da la situación de necesidad que constituye el presupuesto para ser beneficiario de esta prestación.

Sin embargo, el aumento en la esperanza de vida y la mejora en la condición física y aptitud para determinados trabajos –sobre todo de carácter intelectual- de muchas personas que van alcanzando la edad de jubilación, está favoreciendo que comiencen a proliferar trabajadores eméritos que, una vez han concluido su carrera de cotización al sistema, no solo desean sino que pueden realizar una actividad productiva, tanto para si mismo como para la sociedad.

El legislador no ha sido ajeno a esta realidad y ha ido facilitando la compatibilidad entre el trabajo y la percepción de la pensión de la jubilación, desde siempre en el caso de actividades profesionales cubiertas mediante mutualidades alternativas y, después, mediante la figura de la jubilación parcial y la jubilación flexible, en particular, a partir de la  Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible. Esta tendencia se ha reforzado en los últimos tiempos primero por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, donde se reforma la jubilación parcial y después, por el Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, el cual abrió por completo la posibilidad de que los trabajadores autónomos puedan compatibilizar la condición de pensionista con la continuación en su actividad profesional siempre que cumplan determinados requisitos..

Estas reformas han sido recogidas por el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social (LGSS) aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en particular su artículo 213 apartados 1 y 4 que prevén en sus párrafos iniciales que “El disfrute de la pensión de jubilación será incompatible con el trabajo del pensionista, con las salvedades y en los términos que legal o reglamentariamente se determinen” y que “ El percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional, en cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social.” Se trata de abrirse a la posibilidad de que los pensionistas puedan realizar actividades de carácter residual, algo ya reconocido con anterioridad para quienes tienen reconocida una incapacidad permanente absoluta.

Sin perjuicio de lo anterior, también cuando se superan dichas rentas, el nuevo articulo 214 LGSS regula lo que denomina pensión de jubilación y envejecimiento activo, para lo cual se establecen unos requisitos tales como haber cumplido la edad de jubilación, no siendo posible compatibilizar la actividad con una jubilación anticipada; también es preciso haber acreditado cotizaciones suficientes como para poder percibir el 100% de la base reguladora.

En estos casos, “la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista”.

En el art. 309 LGSS se establecen como obligaciones de los trabajadores por cuenta apropia que elijan compatibilizar ambas situaciones la de cotizar al RETA por incapacidad temporal, por contingencias profesionales y por una cotización especial de solidaridad del 8 por ciento sobre la base por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones.

Obviamente la obligación de comunicar a la Administración de la Seguridad Social esta circunstancia corresponde al pensionista interesado en continuar o reanudar su actividad, y la omisión de tal carga constituye un ilícito de los sancionadas en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y obliga a reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas mientras se mantuvo la compatibilidad no comunicada. Nada impide que esta solicitud de compatibilidad sea periódica, de tal manera que si un año se prevé que se van a recibir ingresos superiores al mínimo, se solicita la misma, comunicando la baja cuando los ingresos esperados no lo superen.

Esta regulación se antoja coherente con la finalidad de compaginar por una parte el reconocimiento de la capacidad para el trabajo de nuestros mayores una vez que han completado en su totalidad su carrera de cotización, con la vocación de nuestro sistema de seguridad social -como un sistema de cobertura de situaciones de necesidad- que, sin duda no se dan cuando una persona, además de su pensión de jubilación percibe rentas derivadas de trabajo superiores al salario mínimo interprofesional.

Al analizar esta cuestión en relación con los escritores profesionales nos encontramos con algunos elementos peculiares que complicaron el tratamiento de la protección social de esta actividad desde que se planteó su regulación.

Así, la remisión a los ingresos anuales como elemento definitorio del deber de cotizar, nos lleva a la cuestión de determinar que ingresos deberían tenerse en cuenta a estos efectos y cuales no. En ese sentido, puede afirmarse que definir como profesional la actividad de escritor de libros siempre ha sido ciertamente complejo y, remontándonos en la historia, pudiera considerarse que ello influyó en que esta actividad profesional fuera una de las últimas en llegar a ser incluidas en el ámbito de aplicación del sistema.

No fue hasta 1970, gracias al impulso de Angel Mª de Lera, -por aquel entonces presidente de la Asociación colegial de escritores y ganador del premio Planeta en 1967 con la obra “Las últimas banderas”-  que con la aprobación del Decreto 6262/1970, de 29 de octubre, se creó el Régimen Especial de Escritores de Libros y la Mutualidad Laboral de Escritores de Libros, En 1977, esta entidad se integró en la Mutualidad Laboral de Regímenes diversos hasta su definitiva integración en 1978 en las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social.

Con el proceso de integración de los diversos regímenes especiales en los dos regímenes con vocación de referencia del sistema de seguridad social (el General y el de Autónomos), el régimen especial de escritores de libros se integró en este último por medio del Real Decreto 2621/1986 de 24 de diciembre, en el cual, desde la sentencia del Tribunal Supremo dictada en casación para unificación de doctrina de 20 marzo 2007 y como ya está confirmado en el actual artículo 213.4 LGSS, lo determinante para que nazca la obligación de alta y cotización deriva de si los ingresos derivados de la actividad superan o no el umbral del salario mínimo interprofesional.

Pero si en 1970 resultaba complicado determinar que podía considerarse escritor profesional a los efectos de ser incluido en el sistema, más resulta ahora cuando la complejidad del mundo editorial implica que el escritor de libros -sobre todo si tiene éxito-, no solo es un mero proveedor de textos para la editorial, sino que se convierte en una auténtica marca comercial y puede verse obligado a implicarse en las tareas de promoción editorial. Al mismo tiempo, el prestigio académico o la fama obtenida generan una actividad que se traduce en clases magistrales, conferencias, entrevistas y colaboraciones en radio, TV, etc…, que, en según que casos, pueden ser objeto de retribución. A nivel particular, esta situación puede verse afectada con frecuencia por la concurrencia de otras cotizaciones en el régimen general como consecuencia del desempeño por el escritor de otros trabajos por cuenta ajena.

Además de todos estos ingresos, que no plantean dificultad respecto a su inclusión a los efectos de determinar si existe una actividad profesional efectiva o no, nos encontramos con los ingresos percibidos en concepto de derechos de autor. Los rendimientos económicos de esta naturaleza derivan de la existencia de un derecho inmaterial como es la propiedad intelectual y, que en consecuencia, en principio, podría ser defendible no reputarlos como ingresos a estos efectos. Efectivamente, desde un punto de vista civil, se trata de frutos percibidos conforme a las reglas establecidas en la Ley de propiedad intelectual, de tal manera que su percepción no tiene por qué corresponder con el año en el cual se desplegó la labor intelectual de creación y producción. Desde esta óptica, lo natural sería conceptuarlos como rentas de capital mobiliario.

Sin embargo, desde un punto de vista de la regulación fiscal, con un criterio que no deja de ser discutible, estos ingresos si bien para los herederos se consideran procedentes de capital mobiliario, para el propio autor no, dado que las cesiones y comisiones de autor se consideran prestación de servicios a efectos del IVA; renta derivada de trabajo a efectos de IRPF (si el autor cede los derechos de explotación y no ordena los medios de producción propios ni los recursos humanos) o renta derivada de actividad profesional a efectos de IRPF (si cede los derechos de explotación pero si puede ordenar los medios de producción y, en su caso, los recursos humanos).

En materia de seguridad social, durante la vida activa del trabajador en el régimen especial de autónomos, el carácter que pueden tener estos ingresos no tiene relevancia, pues las bases de cotización se fijan a elección del trabajador dentro de determinados límites como su edad o las bases de cotización elegidas con anterioridad; pero ahora nos encontramos con que a la hora de determinar la existencia de una posible incompatibilidad entre la percepción de una pensión y la realización de una actividad profesional, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede asumir como propio el criterio importado del derecho fiscal a fin de determinar si los ingresos del escritor jubilado superan o no el salario mínimo interprofesional.

Ahora bien, este criterio resulta a todas luces desproporcionado en lo que se refiere a los ingresos derivados de aquellas obras cuya primera edición fue publicada con anterioridad a la fecha de la jubilación, la cual a estos efectos entendemos que debería entenderse como renta derivada de capital mobiliario, al margen del tratamiento que pueda recibir a efectos fiscales.

También en el caso de la concesión de premios con dotación económica, se nos pueden plantear dudas dependiendo de la naturaleza de ese ingreso. Si se trata de un anticipo a cuenta de los futuros derechos de autor, no habría más remedio que aplicar los criterios generales ya vistos, pero si se trata de una cantidad a tanto alzado podría reputarse una transmisión patrimonial a título gratuito que no debería estar incluida en el cómputo. Todo ello, en un posible desarrollo reglamentario, debería ser objeto de una regulación específica que evite situaciones jurídicamente incoherentes.

En determinados casos, aún descontando estas cantidades nos podemos encontrar con que en algunos pocos casos, se superan los límites económicos previstos, con los efectos ya referidos más arriba, por lo que en esos casos, recae sobre el escritor profesional la carga de solicitar la compatibilidad entre el la pensión con la realización de su trabajo con los efectos ya descritos más arriba, igual que le sucedería a cualquier otro trabajador con independencia de la relevancia social del afectado. Su omisión constituye un ilícito de los sancionados por la Ley de infracciones y sanciones del orden social que además lleva aparejada la obligación de restituir lo indebidamente percibido.

En cualquier caso, podemos concluir que, al margen de los detalles mencionados, la regulación actual constituye un avance importante respecto a la situación anterior a 2013, siendo mucho más favorable para la generalidad de los trabajadores eméritos, incluidos los escritores profesionales.

 

10 comentarios
  1. Segismundo Alvarez Royo-Villanova
    Segismundo Alvarez Royo-Villanova Dice:

    Gracias por el post José María. En este tema se ha escrito mucho, y por fin me entero de como funciona el sistema.

  2. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Muchas gracias, D. José María. Cada vez que alguien versado como Ud. nos explica algo del para mi inescrutable sistema de la Seguridad Social entiendo mejor que se trata de un impuesto al trabajo que no genera derechos adquiridos y pocas e inconcretas expectativas de Derechos, como creo tiene sentado el Tribunal Constitucional. Mejor, entonces, ahorrar por si vienen mal dadas. Si uno no puede capitalizar ni siquiera parcialmente sus aportaciones y depende del régimen legal vigente en cada momento que puede variar con efecto retroactivo (en sentido lato, no estricto), al final depende del régimen de Derecho positivo que depende del estado contable, que depende de algo distinto a nuestro esfuerzo. Por tanto, se trata de recaudar, como en (resto) del sistema tributario. Los listos se apuntarán a las pensiones, crearán sociedades limitadas a nombre de terceros y a cobrar incapacidades y pensiones por jubilación; los tontos, que somos la mayoría, a cotizar. ¿Escribir libros debe ser incompatible total o parcialmente con una pensión de jubilación de alguien que no sea un escrito que ha cotizado al RETA y causado pensión por jubilación del RETA? Sumen Uds. y verán los impuestos que lleva el trabajo (por cuenta propia o ajena) entre IRPF y SS. Y lo que les dan a Uds. a cambio, cuando, además, la AEAT y la TGSS cobran antes que sus propias familias y Uds.

    • José Mª Pérez
      José Mª Pérez Dice:

      Tanto los sistemas de capitalización como los de reparto tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Pregunte Ud. a los "beneficiarios" de los inumerables fondos de pensiones que se han ido al garete por malas práticas de sus gestores, por los rendimientos negativos prolongados derivados de crisis económica o por su insuficiencia en situaciones de inflacción desbocada. Sobre el problema de la aproximación de la cuota de seguridad social a un mero impuesto me he pronunciado en alguna ocasión en mi blog, por ejemplo: http://reflexionesdeunhombrecorriente.blogspot.com.es/2011/09/la-reforma-de-los-sistemas-de-seguridad.html
      Por otra parte, D. Jesús, seguramente me he explicado mal en algún punto. Desde que se creó el sistema de SS., y hasta 2013, cuando los rendimientos superaban el SMI, escribir libros, como cualquier otra actividad por cuenta propia, era incompatible con el cobro de cualquier pensión de jubilación devengada en el régimen general o de autónomos. Ahora ya no lo es, siempre que se cumplan con los requisitos que expongo. Da lo mismo, si la pensión que se perciba esta causada en el régimen general o en el de autónomos (como señalé en el post, ya no existe un régimen de escritores profesionales, se refundió con el RETA en el año 86).

  3. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Muchas gracias por la excelente y detallada información que ofrece el artículo.

    Precisamente ayer un familiar nos contaba que se encuentra en dicha situación. Realmente dos personas, un escritor y un compositor, que vivieron de otras actividades y que, ya jubilados, tienen de vez en cuando ofertas para mantener una actividad remunerada y sin conseguir tras múltiples consultas (de la AT a la SS) una orientación idéntica y tan clara como la que ha ofrecido D. José Mª.

    Sobre el tema más general de las jubilaciones, los partidos políticos en distintos gobiernos han resultado no solo cautivos de sus propias artimañas sino que, además han metido la mano en los superávits de contribuciones para pensiones de la SS.

    Ya hemos comentado aquí el trabajo (Funcas 2007, revista en papel) de Alonso Meseguer sobre los 256,000 millones de dichos Superávits que durante 30 años habían sido distraídos por diferentes gobiernos para otros fines. Solo el último año de Rodríguez Zapatero el sistema generó un superávit de 8,000 millones y solo 2,000 fueron a la Reserva.

    Un informe silenciado (solo lo citó El Mundo) pero del que son muy conscientes todos los Titulares del Ministerio de Trabajo desde entonces.

    Es cierto que el sistema tiene problemas.

    Pero uno de los más Graves es la Deuda No Contabilizada del Estado con los Cotizantes. Una deuda de aproximadamente un cuarto de Billón de Euros. Billón español, naturalmente.

    Ya lo pueden disfrazar como lo disfracen, el caso es que se lo han gastado en otras cosas y se debe.

    Y en algún momento alguien en la Política encontrará interesante hablar alto y claro sobre este expolio tan oculto por tanto "comité de expertos" que hacen su trabajo con las ideas previamente aclaradas por el "cliente".

    Afortunadamente y poco a poco, como acertadamente indica José Mª, se va inyectando algo de sentido común en el sistema porque no se debe poner a la gente en la disyuntiva de renunciar a su derecho al trabajo (que es previo a cualquier Constitución) para recibir de vuelta parte de lo que, tras 40 o más años, ha cotizado.

    No se pueden aceptar, creo, tecnicismos para esconder lo esencial.
    La gente que ha cotizado 35 o más años ha pagado de sobra su pensión. Los varones mucho más porque viven 10 años menos que sus compañeras de camino, y no se les puede tomar el pelo con lindezas de que si el sistema es de "capitalización" o de "reparto".

    Esto es un ejemplo (otro, realmente) de que los Partidos Políticos están a lo que están y que esto no tiene mucho que ver con nuestros asuntos.

    O nos espabilamos o podemos prepararnos para más de lo mismo.

    Buenas noches y, de nuevo, muchas gracias por un excelente artículo.

  4. Cvm Privilegio
    Cvm Privilegio Dice:

    Agredezcamos al sr. Pérez Gómez su detallada explicación. Me parece -puede que me equivoque- que estima justa y lógica la situación actual.

    Pero… Supongamos que A es funcionario. La Ley de Incompatibilidades le permite expresamente (art. 19. f) que obtenga ingresos de cualquier cuantía por "La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios."

    A se jubila. Durante su actividad escribió libros con cierto éxito y en su primer año de jubilado recibe todavía 10.000 euros por derechos de autor. ¿Quiere usted decir que la ley le obliga a renunciar a su pensión? ¿Y aún más, que ello es justo?

    • José Mª Pérez
      José Mª Pérez Dice:

      Precisamente, lo que he intentado explicar es que la reforma del 2013 lo que hace es permitir esa compatibilidad que anteriormente estaba vedada y que a diferencia de otras actividades, la actividad de escritor profesional plantea algunos problemas en cuanto a la naturaleza de sus ingresos y la dificultad para considerarlos rentas de trabajo en su integridad.

      Por otra parte, respecto a la justicia o injusticia de las situaciones que se pueden producir, parece que existe cierta confusión acerca de cual es la auténtica naturaleza de una pensión de jubilación dentro de un sistema público de pensiones basado en el sistema de reparto. Para entenderlo mejor voy a poner un ejemplo: Si suscribimos una poliza de seguro de accidentes es posible que estemos abonando durante toda la vida la prima y si nunca llegamos a tener ningún accidente, nunca disfrutaremos de la indemnización. Pues con el seguro de vejez pasaba igual, lo que se nos garantizaba es una prestación para el momento en que nuestra capacidad para el trabajo se reduzca a consecuencia de las limitaciones derivadas de la edad de manera que no padmos realizar una actividad productiva. si resulta que podemos seguir trabajando, no se cumple el presupuesto para percibir la prestación.
      No entro en si es algo justo o injusto, es simplemente una institución con una finalidad y una naturaleza determinada.

  5. O'Farrill
    O'Farrill Dice:

    Es la tormenta perfecta: se anula la actividad de quienes por experiencia o preparación pueden aportar todavía más a la sociedad para dar paso a muchos que podrían aprender (pero no quieren) de la experiencia ajena. El día que el funcionario o empleado público deje de fiscalizar y empiece a servir, todas habremos ganado mucho pero, estamos en un sistema donde lo "público" tiene preferencia de paso. Mejor todos funcionarios, que por ahí van los tiros. Y todavía decimos que hay "derechas" e "izquierdas". Un saludo

  6. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Volviendo sobre la cuestión de derechos Pre y Supra Constitucionales hay dos que no reciben suficiente atención y son bastante maltratados por esta Constitución y por todas de las constituciones de la misma familia Ideológica: El derecho al Trabajo y el derecho a Conservar los frutos del propio esfuerzo.

    Esta falta de reconocimiento de lo que en esencia forma parte de la naturaleza humana no tarda en notarse porque el sistema primero languidece en su nivel de "vitalidad", de dinamismo interno, y finalmente decae irremediablemente. En este largo ciclo estamos.

    Es como si, siendo negros o blancos, viniese una Constitución a decirnos que………..tenemos derecho a nuestra "negritud" o a nuestra "blancura" para luego expoliarnos por poseer dichas cualidades intrínsecas. La definición moral y ética de este proceder está bastante clara. Sus efectos a plazo, también.

    Estoy con quienes encuentran lamentable el principio de que se excluya del trabajo a los mayores jubilados y que se haga a costa de limitarles su derecho a cobrar lo que en definitiva es el fruto de su esfuerzo a lo largo de la vida. Independientemente de lo que el Estado haya hecho con dichos fondos. Lo que es…………..es por mucho que se retuerza la semántica.

    Por eso es de alabar que, del mismo modo que los frutos de todo tipo de Trabajo (en un Consejo de Administración, en una Institución Pública o por Cuenta propia o ajena) lleguen a ser plenamente compatibles con la Jubilación.

    La fuerza de una Nación, de sus Empresas y de su Economía, depende de muchas cosas no siempre Obvias.

    Una de las más Importantes es la Curva de Experiencia (Nota 1)

    Pues bien España destruye precisamente su Principal factor de Competitividad y Liderazgo: Su Curva de Experiencia.
    ¿Será que nos sobra?

    Saludos cordiales y muchas gracias por el artículo y los comentarios.

    Nota 1.

    Este proceso de Destrucción no es retórico. Es real y perceptible.

    • Manu Oquendo
      Manu Oquendo Dice:

      Perdón. Se me quedó fuera la Nota 1 sobre curva de experiencia.
      El concepto es mucho más amplio que sus meros aspectos productivos y está íntimamente ligado al concepto de Learning Organizations.

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