¡Ay,Derecho! El indulto del concejal de Podemos.
Uno de los primeros temas que nos llevaron a abordar en este blog la preocupación por el deterioro de nuestras instituciones y nuestro Estado de Derecho fue el de la opacidad y arbitrariedad con que el Gobierno indultaba a quien le parecía. Nos hemos hecho eco de la iniciativa de nuestros colegas de la Fundación Civio “el indultómetro”que empezó a poner cifras a esta desconocida hasta entonces labor de evitar que ciertas personas que habían sido condenadas por un delito en sentencia firme pisaran la cárcel. Efectivamente, si algo dejaban claro muchos indultos es que en España que no todo el mundo es igual ante la ley; ni siquiera ante la ley penal. Efectivamente, había personas muy poderosas que se la pueden saltar tranquilamente porque –como me dijo una vez un socio de un importante despacho de abogados- hay casos en que los indultos “son necesarios”. Debe de ser por “razón de Estado” ese otro gran hallazgo del Poder que no admite límites ni cortapisas. El caso, por cierto, era el de de Alfredo Sáenz sobre el que escribimos en su momento casi una serie, para recordar entre otras cosas los hechos que le habían llevado a tener que solicitarlo. Interesa recordar que este indulto otorgado “in extremis” por el Gobierno de Rodriguez Zapatero ya en funciones se consultó a Mariano Rajoy.
Lo interesante es que desde que se puso el foco mediático en los indultos y la opinión pública empezó a preocuparse seriamente por el tema, su número ha descendido de forma drástica, como señala la Fundación Civio, de manera que el año 2015 es el año en que el que menos indultos se han concedido desde el año 1996.
Y más interesante aún, en el famoso caso del indulto del kamikaze el Tribunal Supremo acabó entendiendo –pese a su doctrina anterior- que sí era posible controlar, al menos formalmente, los indultos que otorgaba el Gobierno, tal y como analizamos en este post
Tan popular se ha vuelto la cuestión de los indultos, especialmente en los casos de corrupción política, que varios partidos han llevado en los programas de las últimas elecciones la propuesta de suprimirlos (para casos de corrupción o/y violencia de género) o por lo menos de limitarlos. Parece que ha calado socialmente la idea de que el indulto no puede utilizarse para hacer favores a amigos, correligionarios o personas importantes, permitiendo que determinadas conductas queden así impunes.
Y en eso estábamos cuando acaba de condenar la Audiencia Provincial de Jaén a tres años y medio de reclusión a un concejal de Podemos, Andrés Bódalo, no precisamente por corrupción política, pero sí por algo tan poco democrático como una agresión física a un concejal socialista. Aparte de que sorprende la defensa de este tipo de comportamientos por parte de cualquier partido político, en el caso de Podemos resulta más llamativo, si cabe, por su extremada sensibilidad –que en este blog se comparte- hacia los casos de agresiones físicas en particular a mujeres y sobre todo por su denuncia –también compartida- de los privilegios de una “casta” política o empresarial, privilegios entre los que destacan los aforamientos o… los indultos. En definitiva, se trata de evitar que en España haya gente que se pueda saltar la ley impunemente, cosa que no podemos hacer los ciudadanos de a pie.
Que un partido político nuevo defienda – y en los términos en que lo han hecho algunos de sus líderes- el indulto para este tipo de comportamientos cuando ha hecho bandera de la regeneración democrática resulta profundamente incoherente. No podemos empezar a distinguir entre los delitos que cometen los políticos, de manera que los de corrupción serían “malos” y no indultables y los otros no lo serían tanto, sobre todo si los cometen los afines o los cargos propios. Denunciar las corruptelas que afectan al enemigo político no es lo complicado; lo complicado es hacerlo cuando afecta a los miembros de tu propio partido; entonces tiene mayor valor. Si el nepotismo está mal, está mal siempre, aunque el enchufado sea un chico o una chica estupendos (ese será siempre el punto de vista de quien lo enchufa). Si los indultos a políticos deben de analizarse con mucho cuidado, esta regla se aplica siempre, se trate de casos de corrupción, de casos de violencia de género o de agresiones a concejales de otros partidos. Porque si agredir a la gente sale tan barato como ha salido durante mucho tiempo la corrupción política a lo mejor terminamos dirimiendo las disputas políticas a golpes.
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?