Flash Derecho: ¿Necesita España una reforma horaria? Y de otras cosas también.

El debate esta en la calle. Bueno en realidad, nosotros en ARHOE no lo vemos como debate. Sino como una realidad. Un reciente estudio de una app española “Wave Application” señala que 7 de cada 10 españoles desean salir antes del trabajo y el 80% de los encuestados echan la culpa de no pasar el tiempo suficiente con su familia y amigos a sus largas jornadas laborales. Algo debemos estar haciendo mal cuando la realidad primero (somos personas ante todo) y los datos después nos dicen que nuestro modelo socioeconómico no se corresponde con el deseo de ser mejores. Y los deseos no bastan sino van acompañados de nuestra acción concreta.

Pero empecemos por analizar algunos datos que nos pongan en situación.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), los españoles trabajaron una media de 1.690 horas en el 2011. Menos que en países como Grecia (2.032) o Hungría (1.980), pero más que en la mayoría de los países europeos considerados un modelo en materia de organización laboral, como Alemania (1.413), Dinamarca (1.522) u Holanda (1.379). En España se trabaja muchas horas, pero estas son menos productivas que en los países europeos más avanzados. Está en la cuarta posición económica en Europa en horas trabajadas pero casi los octavos en productividad. En la parte económica empresarial, parece que hay algo que no funciona.

La oficina estadística de la U.E. señaló en mayo a nuestro país como líder en fracaso escolar. Aquí no hay medias tintas. Algo se esta haciendo muy mal.

El barómetro del CIS de marzo de 2014 refleja que el 45 % de los españoles señala que les es difícil realizar tareas familiares, con un 36;6% manifestando que disponía de menos de tres horas libres al día. En Dinamarca la diferencia de horas semanales dedicadas a los hijos por las madres con respecto a los padres es de 3 horas y en España se eleva a 18 ( European Quality of Life Survey 2011). Igualmente el barómetro 2015 de Edenred-Ipsos, señala que el 65 % de los trabajadores es requerido por la empresa fuera de su horario de trabajo y el 41 % no esta satisfecho con el equilibrio entre la vida familiar y laboral. En la parte no laboral, de familia y ocio personal los datos no son alentadores.

Según un informe del año 2015 del IESE Business School, en las empresas que armonizan horarios laborales con los personales  no solo se genera un mayor compromiso con la empresa, sino que aumenta hasta un 19% la productividad y se produce una caída del absentismo de hasta 30%. Como contrapunto, según la OMS, España duerme casi una hora menos que nuestros vecinos europeos.

En fin,las cifras son muy significativos y podríamos seguir. Pero la realidad, nuestro día a día,  lo es aun mas.  La conclusión es que una realidad socioeconómica que se ha venido implantando en nuestro país, no se sabe muy bien porqué, aunque intuimos que los horarios televisivos tienen algo que ver, esta generando una población que duerme poco, produce de forma no adecuada, impide generar relaciones familiares solidas, priva del tiempo para articular relaciones personales saludables, etc. Y no olvidemos que los horarios irracionales que muchos padecen no dejan de ser un problema importante de salud publica.

Piensen quien gana con programas de televisión cuyo “prime time” finaliza a la una de la madrugada. No es como decía Paolo Vasile el Consejero Delegado de Mediaset que a los españoles nos guste cenar tarde,  es que muchos no tienen la libertad de hacerlo a otra hora. Además del ahorro económico en los programas nocturnos ( que ya no hay).  Si un programa como Masterchef dura en su versión original una hora, en su versión española dura tres horas y media ( sí tambien la versión infantil Masterchef junior…) Todo a costa del interés general de los ciudadanos y la necesidad de articular un modelo “normal” y sobre todo saludable.

¿La responsabilidad de quien es?. En nuestra opinión hay una parte indudable de responsabilidad de los Gobiernos por dejación de sus funciones de promoción del cuidado e interés general, de obviar la conciliación como derecho fundamental de los ciudadanos, de tomar medias para que pueda ser real y efectiva.

Pero también es de algunos ciudadanos, en este ultimo caso amparándonos en frases como “España es así”, “somos singulares” , “ esto no hay quien lo cambie”… y muchas más que no hacen sino ocultar una realidad tozuda que nos aleja de los rankings  “buenos” de países desarrollados. Algunos son felices por ser así, y otros nos negamos a seguir así en una situación que, sin lugar a dudas, se puede cambiar.

Así lo hemos trasladado a las fuerzas políticas en los últimos 10 años y parece que ahora, en un momento de ruptura del bipartidismo, se han acogido casi de forma unánime por los partidos político estas propuestas. No quiero pensar en oportunismo sino en que las medidas que planteamos ( flexibilidad horaria, teletrabajo, horarios racionales, rebajas fiscales para sociedades y autónomos que favorezcan la conciliación, adaptación de horarios escolares, finalización del prime time televisivo en torno a las 11 de la noche, créditos de horas, etc.… ahí están todas en www.horariosenespana.com ) se lleven a efecto en un proceso de reforma horaria que mejore nuestro modelo socioeconómico.

No se trata de que todas las personas trabajadoras en España salgan a las 18 horas. Las situaciones desiguales exigen trato desigual.  Pero lo cierto es que un importante numero de empresas podría concentrar sus tiempos de trabajo como hacen el resto de países europeos, lo que permitiría que les permitiría usar de su tiempo libre de manera acorde con sus deseos ( estar con su familia, educar a sus hijos con su presencia, comprar, consumir cultura, hacer deporte, ocio etc.…). Sabemos que el capital humano en las empresas es clave. Pues valorémoslo de forma adecuada, hagamos que se trabaje de forma productiva, y no premiemos al que calienta la silla y no cumple los objetivos.

El reto es difícil sí pero vale la pena luchar por ello para ser una sociedad mas justa, humana, saludable y productiva.

 

 

 

 

Flash Derecho: ¿Necesita España una reforma horaria? Y de otras cosas también.

El debate esta en la calle. Bueno en realidad, nosotros en ARHOE no lo vemos como debate. Sino como una realidad. Un reciente estudio de una app española “Wave Application” señala que 7 de cada 10 españoles desean salir antes del trabajo y el 80% de los encuestados echan la culpa de no pasar el tiempo suficiente con su familia y amigos a sus largas jornadas laborales. Algo debemos estar haciendo mal cuando la realidad primero (somos personas ante todo) y los datos después nos dicen que nuestro modelo socioeconómico no se corresponde con el deseo de ser mejores. Y los deseos no bastan sino van acompañados de nuestra acción concreta.

Pero empecemos por analizar algunos datos que nos pongan en situación.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), los españoles trabajaron una media de 1.690 horas en el 2011. Menos que en países como Grecia (2.032) o Hungría (1.980), pero más que en la mayoría de los países europeos considerados un modelo en materia de organización laboral, como Alemania (1.413), Dinamarca (1.522) u Holanda (1.379). En España se trabaja muchas horas, pero estas son menos productivas que en los países europeos más avanzados. Está en la cuarta posición económica en Europa en horas trabajadas pero casi los octavos en productividad. En la parte económica empresarial, parece que hay algo que no funciona.

La oficina estadística de la U.E. señaló en mayo a nuestro país como líder en fracaso escolar. Aquí no hay medias tintas. Algo se esta haciendo muy mal.

El barómetro del CIS de marzo de 2014 refleja que el 45 % de los españoles señala que les es difícil realizar tareas familiares, con un 36;6% manifestando que disponía de menos de tres horas libres al día. En Dinamarca la diferencia de horas semanales dedicadas a los hijos por las madres con respecto a los padres es de 3 horas y en España se eleva a 18 ( European Quality of Life Survey 2011). Igualmente el barómetro 2015 de Edenred-Ipsos, señala que el 65 % de los trabajadores es requerido por la empresa fuera de su horario de trabajo y el 41 % no esta satisfecho con el equilibrio entre la vida familiar y laboral. En la parte no laboral, de familia y ocio personal los datos no son alentadores.

Según un informe del año 2015 del IESE Business School, en las empresas que armonizan horarios laborales con los personales  no solo se genera un mayor compromiso con la empresa, sino que aumenta hasta un 19% la productividad y se produce una caída del absentismo de hasta 30%. Como contrapunto, según la OMS, España duerme casi una hora menos que nuestros vecinos europeos.

En fin,las cifras son muy significativos y podríamos seguir. Pero la realidad, nuestro día a día,  lo es aun mas.  La conclusión es que una realidad socioeconómica que se ha venido implantando en nuestro país, no se sabe muy bien porqué, aunque intuimos que los horarios televisivos tienen algo que ver, esta generando una población que duerme poco, produce de forma no adecuada, impide generar relaciones familiares solidas, priva del tiempo para articular relaciones personales saludables, etc. Y no olvidemos que los horarios irracionales que muchos padecen no dejan de ser un problema importante de salud publica.

Piensen quien gana con programas de televisión cuyo “prime time” finaliza a la una de la madrugada. No es como decía Paolo Vasile el Consejero Delegado de Mediaset que a los españoles nos guste cenar tarde,  es que muchos no tienen la libertad de hacerlo a otra hora. Además del ahorro económico en los programas nocturnos ( que ya no hay).  Si un programa como Masterchef dura en su versión original una hora, en su versión española dura tres horas y media ( sí tambien la versión infantil Masterchef junior…) Todo a costa del interés general de los ciudadanos y la necesidad de articular un modelo “normal” y sobre todo saludable.

¿La responsabilidad de quien es?. En nuestra opinión hay una parte indudable de responsabilidad de los Gobiernos por dejación de sus funciones de promoción del cuidado e interés general, de obviar la conciliación como derecho fundamental de los ciudadanos, de tomar medias para que pueda ser real y efectiva.

Pero también es de algunos ciudadanos, en este ultimo caso amparándonos en frases como “España es así”, “somos singulares” , “ esto no hay quien lo cambie”… y muchas más que no hacen sino ocultar una realidad tozuda que nos aleja de los rankings  “buenos” de países desarrollados. Algunos son felices por ser así, y otros nos negamos a seguir así en una situación que, sin lugar a dudas, se puede cambiar.

Así lo hemos trasladado a las fuerzas políticas en los últimos 10 años y parece que ahora, en un momento de ruptura del bipartidismo, se han acogido casi de forma unánime por los partidos político estas propuestas. No quiero pensar en oportunismo sino en que las medidas que planteamos ( flexibilidad horaria, teletrabajo, horarios racionales, rebajas fiscales para sociedades y autónomos que favorezcan la conciliación, adaptación de horarios escolares, finalización del prime time televisivo en torno a las 11 de la noche, créditos de horas, etc.… ahí están todas en www.horariosenespana.com ) se lleven a efecto en un proceso de reforma horaria que mejore nuestro modelo socioeconómico.

No se trata de que todas las personas trabajadoras en España salgan a las 18 horas. Las situaciones desiguales exigen trato desigual.  Pero lo cierto es que un importante numero de empresas podría concentrar sus tiempos de trabajo como hacen el resto de países europeos, lo que permitiría que les permitiría usar de su tiempo libre de manera acorde con sus deseos ( estar con su familia, educar a sus hijos con su presencia, comprar, consumir cultura, hacer deporte, ocio etc.…). Sabemos que el capital humano en las empresas es clave. Pues valorémoslo de forma adecuada, hagamos que se trabaje de forma productiva, y no premiemos al que calienta la silla y no cumple los objetivos.

El reto es difícil sí pero vale la pena luchar por ello para ser una sociedad mas justa, humana, saludable y productiva.

 

 

 

 

Sobre las grandes dificultades que impone la ley para cambiar la hipoteca de un banco a otro

La llamada “subrogación de acreedor” en las hipotecas se refiere a la posibilidad que tiene el deudor de cambiar su hipoteca de un banco a otro, de modo económico, y obviamente con el objetivo de mejorar sus condiciones de pago (tipo de interés, plazo, etc). Esta posibilidad tiene una historia, un presente, y debería tener un futuro mejor que el actual, en forma de modificación legislativa.

Todo comenzó en el año 1994. Con la promulgación de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, se habilitó un sistema nuevo, que resultó eficaz, para permitir que un deudor hipotecario pudiera cambiar la hipoteca de banco con unos costes muy reducidos. Esta ley es probablemente una de las peores redactadas de la historia de España, pero funcionó.

El mecanismo era el siguiente: el deudor acudía a un segundo banco para mejorar las condiciones de su hipoteca. El segundo banco le tenía que hacer una oferta vinculante de condiciones para la misma (vinculante para el propio banco, de modo que ya no pudiera arrepentirse). Esta oferta se comunicaba al primer banco, y se le solicitaba que certificara el saldo pendiente, es decir, cuánto había que pagar por préstamo, intereses y comisiones.

Si el primer banco no expedía la certificación en plazo, perdía todo derecho y se podía sin más formalizar la subrogación. Pero si el primer banco certificaba el saldo pendiente, entonces aún tenía una oportunidad de conservar al cliente; el primer banco podía durante un cierto plazo intentar convencer al cliente para que no se fuera, ofreciendo las condiciones que fueran. Pero lo fundamental de todo el sistema era, y esto es lo más importante, que la decisión de irse a otro banco o quedarse con el que ya estaba –con la mejora de condiciones que fuera- dependía exclusivamente de la voluntad del deudor, y no del banco acreedor.

En definitiva el deudor, por su propia voluntad y aunque el primer banco no quisiera, podía cambiarse de entidad financiera, puesto que no estaba obligado a formalizar novación con el primer banco, incluso aunque éste hiciera una oferta mejor en términos económicos que el segundo. El deudor era quien decidía si se quedaba o si se iba.

Esta ley produjo unos beneficios enormes en el mercado de hipotecas. Durante los años siguientes al de su entrada en vigor se produjeron muchísimas subrogaciones de bancos, de modo que los deudores pudieron con costes bajos mejorar de manera notable sus hipotecas, y también hubo muchas novaciones, es decir, rebajas hipotecarias concedidas por los mismos bancos que las tenían, rebajas que indudablemente no se hubieran ni ofertado si no existiera la amenaza de que el deudor se pudiera cambiar a otro banco. Se fomentó la competencia, se dio voz y voto al cliente bancario, y fue causa, en parte, de la famosa “guerra de las hipotecas”, en un contexto, recordemos, de gran crisis económica.

Sin embargo, todo cambió de manera radical con la ley 41/2007, de 7 de diciembre, de reforma del mercado hipotecario, la cual altera sustancialmente el eje del sistema, que pasa de estar situado en el deudor a inclinarse claramente en favor del primer banco. Ahora se reconoce al banco acreedor un “derecho a enervar la subrogación” igualando o mejorando las condiciones ofrecidas por el segundo banco.

Por tanto, el deudor, desde esta ley,  ya no tiene en absoluto la seguridad de que se va a poder cambiar de entidad. Quien ahora decide, en última instancia, es su propio banco, puesto que le basta con declarar que iguala la oferta para retener contra su voluntad al sufrido deudor, el cual ha perdido parte del poder de decisión.

Nótese que, en la práctica, la ley viene a minusvalorar los servicios que ofrece a la banca, puesto que los reduce a una institución para dar y recibir dinero, pero lo curioso es que esa minusvaloración es en beneficio de la propia institución bancaria. La ley no admite que uno quiera cambiarse de banco, además de por las condiciones financieras, por otras muchas:

  • Mal servicio en la sucursal o mala relación personal.
  • Descontento con otros servicios del banco: cajeros, banca electrónica, número de sucursales, deficiente gestión de otros productos o esperas de tiempo.
  • Cercanía física de la sucursal del segundo banco
  • Porque el segundo banco tenga productos atractivos que no tiene el primero.
  • Porque le asesore y apoye eficazmente en sus negocios, etc.

Para la ley de 2007, todo esto no cuenta, no es un valor digno de protección. Si el primer banco iguala la oferta, el deudor no tiene nada que decir y se queda forzosamente atrapado, debiendo pagar además los costes generados por la subrogación frustrada.

De este modo, un banco con malos servicios o al menos inferiores a los que ofrece que la competencia ha conseguido ver blindados sus préstamos, puesto que siempre podrá retener a sus clientes, aunque estos quieran irse a otro más dinámico, a menos, claro está, que se pida una nueva hipoteca por parte del deudor para cancelar la antigua, pero eso siempre se ha podido hacer y no se hacía porque supone unos costes, especialmente fiscales y de tramitación bancaria, muy superiores a los de la subrogación. Es decir, que el pretendido derecho de enervación del banco no existe en el fondo, porque no puede impedir que el deudor se vaya, constituyendo una nueva hipoteca, lo que hace la ley del 2007 es, simplemente, ponérselo más difícil (más caro).

Hay que añadir, además, una práctica de algunas entidades financieras que es contraria a la buena fe, y en mi opinión, nula: el banco que tiene el préstamo no quiere perderlo, y ejercita su derecho a enervar la subrogación haciendo una contraoferta que no iguala las condiciones del nuevo banco, sino que declara “mejorarlas”. Pero esa supuesta mejora de condiciones no consiste en rebajar más los tipos de interés de la oferta del segundo banco, sino en cambiar completamente las reglas de esa oferta (en cuanto a periodos, exigencias de contratación de productos para descuentos en el diferencial, etc), de modo que nos encontramos en ocasiones en los despachos con clientes que nos indican que esa supuesta “mejora” de su banco no lo es en absoluto, porque prefiere con mucho la oferta del banco al que quiere irse. Esta forma de actuar no es en absoluto admisible y es contraria a los derechos de los consumidores.

La ley del 2007 supuso un retroceso que debería ser corregido volviendo al sistema anterior. Es una norma pre-crisis, y en las actuales circunstancias, y con todo lo que hemos visto en los últimos años, no parece de recibo que un deudor no pueda cambiarse de un banco a otro que le ofrece mejores condiciones, diga lo que diga el primer banco, a un coste razonable.

Sobre las grandes dificultades que impone la ley para cambiar la hipoteca de un banco a otro

La llamada “subrogación de acreedor” en las hipotecas se refiere a la posibilidad que tiene el deudor de cambiar su hipoteca de un banco a otro, de modo económico, y obviamente con el objetivo de mejorar sus condiciones de pago (tipo de interés, plazo, etc). Esta posibilidad tiene una historia, un presente, y debería tener un futuro mejor que el actual, en forma de modificación legislativa.

Todo comenzó en el año 1994. Con la promulgación de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, se habilitó un sistema nuevo, que resultó eficaz, para permitir que un deudor hipotecario pudiera cambiar la hipoteca de banco con unos costes muy reducidos. Esta ley es probablemente una de las peores redactadas de la historia de España, pero funcionó.

El mecanismo era el siguiente: el deudor acudía a un segundo banco para mejorar las condiciones de su hipoteca. El segundo banco le tenía que hacer una oferta vinculante de condiciones para la misma (vinculante para el propio banco, de modo que ya no pudiera arrepentirse). Esta oferta se comunicaba al primer banco, y se le solicitaba que certificara el saldo pendiente, es decir, cuánto había que pagar por préstamo, intereses y comisiones.

Si el primer banco no expedía la certificación en plazo, perdía todo derecho y se podía sin más formalizar la subrogación. Pero si el primer banco certificaba el saldo pendiente, entonces aún tenía una oportunidad de conservar al cliente; el primer banco podía durante un cierto plazo intentar convencer al cliente para que no se fuera, ofreciendo las condiciones que fueran. Pero lo fundamental de todo el sistema era, y esto es lo más importante, que la decisión de irse a otro banco o quedarse con el que ya estaba –con la mejora de condiciones que fuera- dependía exclusivamente de la voluntad del deudor, y no del banco acreedor.

En definitiva el deudor, por su propia voluntad y aunque el primer banco no quisiera, podía cambiarse de entidad financiera, puesto que no estaba obligado a formalizar novación con el primer banco, incluso aunque éste hiciera una oferta mejor en términos económicos que el segundo. El deudor era quien decidía si se quedaba o si se iba.

Esta ley produjo unos beneficios enormes en el mercado de hipotecas. Durante los años siguientes al de su entrada en vigor se produjeron muchísimas subrogaciones de bancos, de modo que los deudores pudieron con costes bajos mejorar de manera notable sus hipotecas, y también hubo muchas novaciones, es decir, rebajas hipotecarias concedidas por los mismos bancos que las tenían, rebajas que indudablemente no se hubieran ni ofertado si no existiera la amenaza de que el deudor se pudiera cambiar a otro banco. Se fomentó la competencia, se dio voz y voto al cliente bancario, y fue causa, en parte, de la famosa “guerra de las hipotecas”, en un contexto, recordemos, de gran crisis económica.

Sin embargo, todo cambió de manera radical con la ley 41/2007, de 7 de diciembre, de reforma del mercado hipotecario, la cual altera sustancialmente el eje del sistema, que pasa de estar situado en el deudor a inclinarse claramente en favor del primer banco. Ahora se reconoce al banco acreedor un “derecho a enervar la subrogación” igualando o mejorando las condiciones ofrecidas por el segundo banco.

Por tanto, el deudor, desde esta ley,  ya no tiene en absoluto la seguridad de que se va a poder cambiar de entidad. Quien ahora decide, en última instancia, es su propio banco, puesto que le basta con declarar que iguala la oferta para retener contra su voluntad al sufrido deudor, el cual ha perdido parte del poder de decisión.

Nótese que, en la práctica, la ley viene a minusvalorar los servicios que ofrece a la banca, puesto que los reduce a una institución para dar y recibir dinero, pero lo curioso es que esa minusvaloración es en beneficio de la propia institución bancaria. La ley no admite que uno quiera cambiarse de banco, además de por las condiciones financieras, por otras muchas:

  • Mal servicio en la sucursal o mala relación personal.
  • Descontento con otros servicios del banco: cajeros, banca electrónica, número de sucursales, deficiente gestión de otros productos o esperas de tiempo.
  • Cercanía física de la sucursal del segundo banco
  • Porque el segundo banco tenga productos atractivos que no tiene el primero.
  • Porque le asesore y apoye eficazmente en sus negocios, etc.

Para la ley de 2007, todo esto no cuenta, no es un valor digno de protección. Si el primer banco iguala la oferta, el deudor no tiene nada que decir y se queda forzosamente atrapado, debiendo pagar además los costes generados por la subrogación frustrada.

De este modo, un banco con malos servicios o al menos inferiores a los que ofrece que la competencia ha conseguido ver blindados sus préstamos, puesto que siempre podrá retener a sus clientes, aunque estos quieran irse a otro más dinámico, a menos, claro está, que se pida una nueva hipoteca por parte del deudor para cancelar la antigua, pero eso siempre se ha podido hacer y no se hacía porque supone unos costes, especialmente fiscales y de tramitación bancaria, muy superiores a los de la subrogación. Es decir, que el pretendido derecho de enervación del banco no existe en el fondo, porque no puede impedir que el deudor se vaya, constituyendo una nueva hipoteca, lo que hace la ley del 2007 es, simplemente, ponérselo más difícil (más caro).

Hay que añadir, además, una práctica de algunas entidades financieras que es contraria a la buena fe, y en mi opinión, nula: el banco que tiene el préstamo no quiere perderlo, y ejercita su derecho a enervar la subrogación haciendo una contraoferta que no iguala las condiciones del nuevo banco, sino que declara “mejorarlas”. Pero esa supuesta mejora de condiciones no consiste en rebajar más los tipos de interés de la oferta del segundo banco, sino en cambiar completamente las reglas de esa oferta (en cuanto a periodos, exigencias de contratación de productos para descuentos en el diferencial, etc), de modo que nos encontramos en ocasiones en los despachos con clientes que nos indican que esa supuesta “mejora” de su banco no lo es en absoluto, porque prefiere con mucho la oferta del banco al que quiere irse. Esta forma de actuar no es en absoluto admisible y es contraria a los derechos de los consumidores.

La ley del 2007 supuso un retroceso que debería ser corregido volviendo al sistema anterior. Es una norma pre-crisis, y en las actuales circunstancias, y con todo lo que hemos visto en los últimos años, no parece de recibo que un deudor no pueda cambiarse de un banco a otro que le ofrece mejores condiciones, diga lo que diga el primer banco, a un coste razonable.

Flash Derecho: Breves reflexiones post 26-J ¿Sigue habiendo una oportunidad para la regeneración?

Los españoles hemos vuelto a votar, un tanto a regañadientes y un tanto asustados, el 26 J. Más allá de los análisis estratégicos de carácter general y los puntuales sobre los votos recibidos por cada partido, que dejamos para los grandes medios y para sus expertos (que tanto se han equivocado en sus predicciones electorales y parecen seguir la misma línea en las postelectorales) en este blog nos interesa sobre todo la oportunidad que puede representar este resultado para la imprescindible regeneración de nuestras instituciones y de nuestro Estado de Derecho.

De entrada, la opción “rupturista” representada por Unidos Podemos ha fracasado claramente en su apuesta de “sorpasso” del PSOE. Queda claro ahora que la opción elegida por Pablo Iglesias de forzar unas nuevas elecciones y presentarse como alternativa única a un Gobierno del PP ha fortalecido precisamente al PP. Su visión de la realidad se ha mostrado equivocada y ahora le toca iniciar un proceso de reflexión urgente sobre la base de asumir de una vez que sus votantes son mucho más pactistas, posibilistas y reformistas de lo que él pensaba. Un nuevo error de valoración de su electorado y volverá rápidamente a las catacumbas de Izquierda Unida, lo que tampoco sería buena noticia para España. Podemos tiene ahora la  oportunidad de repensar su estrategia y de decidir qué quiere ser de mayor. Quizá toque convertirse en un partido un poco más “normal” en el sentido de más institucional. Al fin y al cabo, suma un buen número de diputados y sigue siendo el depositario de una parte muy importante del voto juvenil.

Sin duda, ha sido el PP de Rajoy quien ha rentabilizado el susto que a muchos votantes moderados les ha provocado un programa como el de Podemos, sobre todo si tenemos en cuenta que algunas actitudes no han sido precisamente muy tranquilizadoras y  que no parece que el desempeño de los Ayuntamientos del cambio sea para tirar cohetes. Pero celebrar este resultado como un triunfo inapelable es un espejismo del que – por el bien de España- deberían despertar cuanto antes. Lo cierto es que tiene un futuro parlamentario y extraparlamentario muy complicado por delante, y solo podrá afrontarlo con garantías si se embarca en un decidido proceso de renovación interna y de compromiso externo con las reformas.

La opción del cambio moderado, liderada por Cs y en menor medida por el PSOE, tampoco ha salido bien parada, aunque en ambos casos se han salvado los muebles, lo que en un escenario de polarización no es poco. Y en ellos sigue residiendo la posibilidad real de forzar una legislatura reformista en torno a los grandes problemas que tiene España y que siguen estando ahí. De ellos hemos tratado muy ampliamente en este blog, y podemos resumirlo en varios ejes: lucha contra la corrupción, regeneración institucional, problema territorial, pacto por la educación (de verdad), Estado del bienestar, economía/empleo e integración europea. Este último punto es novedoso, pero obligado después del Brexit y más en España donde tanto le debemos a las instituciones europeas cuantitativa y cualitativamente.

Sería un drama que, comprendiendo los cuatro partidos cuál es el único camino posible para el país, el maximalismo ideológico, la ambición personal de los candidatos, o los compromisos clientelares a corto plazo frustrasen la posibilidad de comenzar cuanto antes a recorrerlo. Las reformas transversales que requiere España necesariamente exigen la colaboración de varios partidos, a ser posible de todos. Lo ideal sería que el pacto necesario versara sobre programas y en mucha menor medida sobre personas (o sillones) ya que al fin y al cabo, estas son mucho más contingentes de lo que parece, incluso en partidos políticos tan rígidos y faltos de democracia interna como los españoles. La última legislatura fracasó entre otras cosas porque se puso mucho más el acento en el quién que en el qué. Convendría no perderlo de vista.

Lo que está claro es que tras el resultado electoral, el partido que pretenda gobernar deberá pactar y quizá por esa vía entren reformas que logren la necesaria regeneración democrática e institucional en nuestro país. Aunque resulte paradójico, a lo mejor se puede hacer mucho con pocos pero decisivos escaños. No sería la primera vez. Los partidos nacionalistas “bisagra” eran expertos en estas lides, aunque no utilizaron precisamente su poder para mejorar la calidad de la democracia en España.

Por último, es indudable que todo el proceso negociador ganaría mucho si se contase con expertos independientes para los distintos temas. Ya sabemos que en España esto de los expertos no se lleva mucho, y que normalmente incluso cuando se les convoca a comisiones se termina por no hacerles demasiado caso. Pero también es verdad que esta situación política no deja de ser insólita, y que dada la pérdida de credibilidad de los partidos y de la clase política, no vendría mal que quienes hablaran a los españoles de la falta de sostenibilidad del sistema de pensiones a la vista de nuestra demografía, de las reformas institucionales,  de lucha contra la corrupción, del problema de la sanidad pública, de la mala calidad de nuestra educación  o del caos de la financiación autonómica fuesen personas que conozcan bien la materia. Como puede verse, se ha hablado poco en campaña electoral de estos y otros temas fundamentales, pero sin abordarlos será difícil avanzar.

Esperemos que esta vez, de verdad, primen los intereses generales y se inicie por fin una nueva época en España.

Flash Derecho: Breves reflexiones post 26-J ¿Sigue habiendo una oportunidad para la regeneración?

Los españoles hemos vuelto a votar, un tanto a regañadientes y un tanto asustados, el 26 J. Más allá de los análisis estratégicos de carácter general y los puntuales sobre los votos recibidos por cada partido, que dejamos para los grandes medios y para sus expertos (que tanto se han equivocado en sus predicciones electorales y parecen seguir la misma línea en las postelectorales) en este blog nos interesa sobre todo la oportunidad que puede representar este resultado para la imprescindible regeneración de nuestras instituciones y de nuestro Estado de Derecho.

De entrada, la opción “rupturista” representada por Unidos Podemos ha fracasado claramente en su apuesta de “sorpasso” del PSOE. Queda claro ahora que la opción elegida por Pablo Iglesias de forzar unas nuevas elecciones y presentarse como alternativa única a un Gobierno del PP ha fortalecido precisamente al PP. Su visión de la realidad se ha mostrado equivocada y ahora le toca iniciar un proceso de reflexión urgente sobre la base de asumir de una vez que sus votantes son mucho más pactistas, posibilistas y reformistas de lo que él pensaba. Un nuevo error de valoración de su electorado y volverá rápidamente a las catacumbas de Izquierda Unida, lo que tampoco sería buena noticia para España. Podemos tiene ahora la  oportunidad de repensar su estrategia y de decidir qué quiere ser de mayor. Quizá toque convertirse en un partido un poco más “normal” en el sentido de más institucional. Al fin y al cabo, suma un buen número de diputados y sigue siendo el depositario de una parte muy importante del voto juvenil.

Sin duda, ha sido el PP de Rajoy quien ha rentabilizado el susto que a muchos votantes moderados les ha provocado un programa como el de Podemos, sobre todo si tenemos en cuenta que algunas actitudes no han sido precisamente muy tranquilizadoras y  que no parece que el desempeño de los Ayuntamientos del cambio sea para tirar cohetes. Pero celebrar este resultado como un triunfo inapelable es un espejismo del que – por el bien de España- deberían despertar cuanto antes. Lo cierto es que tiene un futuro parlamentario y extraparlamentario muy complicado por delante, y solo podrá afrontarlo con garantías si se embarca en un decidido proceso de renovación interna y de compromiso externo con las reformas.

La opción del cambio moderado, liderada por Cs y en menor medida por el PSOE, tampoco ha salido bien parada, aunque en ambos casos se han salvado los muebles, lo que en un escenario de polarización no es poco. Y en ellos sigue residiendo la posibilidad real de forzar una legislatura reformista en torno a los grandes problemas que tiene España y que siguen estando ahí. De ellos hemos tratado muy ampliamente en este blog, y podemos resumirlo en varios ejes: lucha contra la corrupción, regeneración institucional, problema territorial, pacto por la educación (de verdad), Estado del bienestar, economía/empleo e integración europea. Este último punto es novedoso, pero obligado después del Brexit y más en España donde tanto le debemos a las instituciones europeas cuantitativa y cualitativamente.

Sería un drama que, comprendiendo los cuatro partidos cuál es el único camino posible para el país, el maximalismo ideológico, la ambición personal de los candidatos, o los compromisos clientelares a corto plazo frustrasen la posibilidad de comenzar cuanto antes a recorrerlo. Las reformas transversales que requiere España necesariamente exigen la colaboración de varios partidos, a ser posible de todos. Lo ideal sería que el pacto necesario versara sobre programas y en mucha menor medida sobre personas (o sillones) ya que al fin y al cabo, estas son mucho más contingentes de lo que parece, incluso en partidos políticos tan rígidos y faltos de democracia interna como los españoles. La última legislatura fracasó entre otras cosas porque se puso mucho más el acento en el quién que en el qué. Convendría no perderlo de vista.

Lo que está claro es que tras el resultado electoral, el partido que pretenda gobernar deberá pactar y quizá por esa vía entren reformas que logren la necesaria regeneración democrática e institucional en nuestro país. Aunque resulte paradójico, a lo mejor se puede hacer mucho con pocos pero decisivos escaños. No sería la primera vez. Los partidos nacionalistas “bisagra” eran expertos en estas lides, aunque no utilizaron precisamente su poder para mejorar la calidad de la democracia en España.

Por último, es indudable que todo el proceso negociador ganaría mucho si se contase con expertos independientes para los distintos temas. Ya sabemos que en España esto de los expertos no se lleva mucho, y que normalmente incluso cuando se les convoca a comisiones se termina por no hacerles demasiado caso. Pero también es verdad que esta situación política no deja de ser insólita, y que dada la pérdida de credibilidad de los partidos y de la clase política, no vendría mal que quienes hablaran a los españoles de la falta de sostenibilidad del sistema de pensiones a la vista de nuestra demografía, de las reformas institucionales,  de lucha contra la corrupción, del problema de la sanidad pública, de la mala calidad de nuestra educación  o del caos de la financiación autonómica fuesen personas que conozcan bien la materia. Como puede verse, se ha hablado poco en campaña electoral de estos y otros temas fundamentales, pero sin abordarlos será difícil avanzar.

Esperemos que esta vez, de verdad, primen los intereses generales y se inicie por fin una nueva época en España.

El doble rasero de Bankia

» Bankia critica la escala de los Colegios de Abogados que antes le sirvió para tasar las costas de las ejecuciones hipotecarias

» Suponiendo una cuota de mercado del 15%, Bankia habría cobrado unas costas judiciales de casi 1.000 millones de Euros por las ejecuciones hipotecarias

» La Abogacía ya ha enviado un comunicado y una declaración institucional expresando su indignación, además de advertir que cumplen con la Ley.

» El aparente beneficio para la competencia —la hipotética libertad de honorarios—, esconde una fijación de corte regulatorio de unos costes mínimos

En febrero de 2016, Bankia tomó dos decisiones inéditas:
1) anunció que devolvería a los pequeños accionistas todo el dinero con intereses y
2) denunció a los Colegios de Abogados ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por considerar que sus baremos orientativos para calcular las costas iban en contra de la libre competencia.

Devolución del dinero a los pequeños accionistas

La primera decisión es una de las más razonables que hemos visto en los últimos tiempos a la banca y que anticipan el #CambioCulturaBancaria que promovemos desde ASUFIN. A pesar de que la litigiosidad sigue aumentado y el porcentaje de sentencias ganadas por los consumidores crece cada año, la banca se mantiene firme en los tribunales y recurriendo sistemáticamente hasta la Audiencia Provincial y, puntualmente, hasta el Tribunal Supremo. Hacen números, el porcentaje de afectados que demandan no supera el 10%: les sigue saliendo rentable.

No es la primera vez que Bankia se rinde, ya lo hizo en 2012 ante los afectados por Lehman Brothers en EEUU por miedo a una demanda colectiva. Otro país, otras reglas. En España le costó más trabajo tomar la decisión: exactamente 13.478 sentencias en su contra de las 76.546 demandas presentadas y dos contundentes sentencias del Tribunal Supremo (STS 1 + STS 2) que cuestionaba la salida a bolsa de la entidad.

No podemos dejar de mencionar aquí, que los dos casos que llegaron al Supremo eran de pequeños ahorradores que reclamaban 20.868,75 euros en un caso y 9.997,50 en otro, que habían ganado en todas las instancias y que la entidad contrató al despacho más prestigioso en este tipo de asuntos. Una estrategia sencilla pero eficaz para disuadir al consumidor de iniciar el largo camino judicial.

Denuncia ante la CNMC

La segunda decisión pone de manifiestro el doble rasero de la entidad a la hora de calcular los honorarios de abogados cuando se gana un pleito. Bankia entiende que ha perdido la guerra en los tribunales, pero quiere morir matando y presenta una denuncia ante la CNMC bajo la siguiente justificación:

Todos los pleitos son iguales y, por tanto, deberían tener unos honorarios mínimos.

El argumento no sólo no se sostiene, sino que además contradice la defensa jurídica esgrimida por los bancos en los últimos años de contienda judicial, así como sus propias tasaciones de costas en los pleitos en los que ganan.

Si todos los pleitos son iguales, ¿por qué se han opuesto de manera tan beligerante a la acumulación de acciones que desde las asociaciones de consumidores venimos defendiendo y muchos despachos llevan intentando durante años en defensa de los consumidores? ¿Por qué no zanjar el caso en una sola demanda ahorrando así tiempo y dinero a todas las partes? La respuesta es sencilla: divide y vencerás. La mayoría de los consumidores desiste ante la sola idea de un largo y costoso procedimiento en el que se enfrentarán a los mejores abogados del país; abogados que un consumidor, aunque quisiera, no podría contratar por conflicto de interés.

Y lo que es más grave, si los honorarios debieran regirse en función del número de demandas iguales y, por tanto, sencillas ¿por qué han tasado las costas de las ejecuciones hipotecarias siguiendo la escala de los Colegios de Abogados que ahora denuncian?

La cuestión no es menor. En España se calcula que ha habido casi medio millón de ejecuciones hipotecarias (491.532) desde que comenzó la crisis según los datos facilitados por el INE, el Consejo General del Poder Judicial y la PAH.

ASUFIN_desahucios_Espana

Cuando una entidad bancaria inicia una ejecución hipotecaria, aporta al juzgado una liquidación firmada ante notario en la que hace constar la deuda pendiente de pago, los intereses y las costas del procedimiento. Estas costas judiciales se calculan siempre conforme a los criterios recomendados por los Colegios de Abogados y la base minutable tiene en cuenta la suma del importe adeudado más los intereses. En Madrid, por ejemplo, tercera comunidad con más desahucios, —más del 80% de ellos de Bankia según la PAH— el criterio 15 de su Colegio de Abogados señala que “se considerará hasta el 100% de la Escala en los casos en que haya oposición o bien hasta el 75% de la Escala en aquellos supuestos en que no haya oposición“. Según el propio INE, la hipoteca media en España en los últimos años está en torno a los 100.000 Euros, por tanto, sin contar los intereses, las costas ascenderían a 13.240 Euros + IVA si el ejecutado se opone y 9.930 Euros + IVA si no se opone. En Valencia, según su Colegio de Abogados (ICAV), 10.212 € + IVA y en Barcelona, según el ICAB, 7.690€ + IVA si hay oposición, 10.450€ + IVA, si no la hay.

Todo ello, con independencia de si la demanda de ejecución es idéntica a las cientos de miles que se han presentado anteriormente.

Un desahucio de una hipoteca de 100.000 euros en Valencia puede costarle al ejecutado entre 10.212 Euros + IVA

Si aplicamos el baremo del ICAV, ahora denunciado por Bankia, para calcular las costas que han recibido las entidades bancarias por las ejecuciones hipotecarias de los últimos años, las cifras son mareantes: más de 5.000 millones de Euros, una cantidad intermedia comparada con el resto de Colegios.

ASUFIN - Cálculo Costas Desahucios EspañaSuponiendo que Bankia, tercera entidad del país, tuviera una cuota del 15% del mercado hipotecario, habría cobrado por costas calculadas en base a los criterios orientativos de los Colegios de Abogados a los que ahora denuncia, entre 700 y 1.000 millones de Euros.

Esgrimir aquí que hay una práctica colusoria por parte de los Colegios de Abogados, art. 1 de la Ley de Defensa de la Competencia 15/2007, de la que el propio denunciante ha venido aprovechándose en los últimos años, no deja de ser un ejemplo de ejercicio abusivo del Derecho. O dicho de otra manera: Cuando el criterio me viene bien, lo aplico; cuando me perjudica, lo denuncio.

No olvidemos que las costas son un derecho de crédito del litigante vencedor contra el litigante vencido. Y este sistema, en palabras del profesor Rafael Cabrera, “es lo que da pie a miles de ciudadanos a atreverse a enfrentarse judicialmente a los todopoderosos Bancos y toda su cohorte de letrados.” Sin duda, el mayor perjudicado si esta denuncia prosperase no sería otro que el consumidor, que no se atrevería a demandar si las costas no le cubriesen los gastos ocasionados. La expectativa de costas permite a los abogados reducir sensiblemente sus honorarios lo que favorece que el consumidor se atreva a demandar, única vía real y efectiva a día de hoy, para recuperar su dinero.

Ya nos parece un error haber incoado el expediente sancionador. Más grave aún sería que el expediente acabara en sanción. Supondría un grave incumplimiento por parte de la CNMC cuya función no es otra que “garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios.” (art. 1.2, Ley 3/2013). El aparente beneficio para la competencia —la hipotética libertad de honorarios—, esconde una fijación de corte regulatorio de unos honorarios mínimos, cuyo beneficiario no es otro que el que ha perdido miles de pleitos y no ha dado una alernativa extrajudicial a sus clientes.

Esperamos, por tanto, que la CNMC recuerde que detrás de los abogados que han acorralado a Bankia, obligándola a tomar la decisión histórica de no pleitear más, están miles de consumidores que jamás hubieran podido acceder a la tutela judicial efectiva. Abogados que, en esta “Lucha de Gigantes“, nos han permitido pelear en igualdad de condiciones.

Por todo ello, pedimos a la CNMC que proceda al archivo del procedimiento y no ceda ante los intereses de una entidad financiera que sólo ha alzado la voz cuando sus pretensiones en los tribunales se han visto masivamente desestimadas.

Patricia Suárez – Presidenta de ASUFIN

El doble rasero de Bankia

» Bankia critica la escala de los Colegios de Abogados que antes le sirvió para tasar las costas de las ejecuciones hipotecarias

» Suponiendo una cuota de mercado del 15%, Bankia habría cobrado unas costas judiciales de casi 1.000 millones de Euros por las ejecuciones hipotecarias

» La Abogacía ya ha enviado un comunicado y una declaración institucional expresando su indignación, además de advertir que cumplen con la Ley.

» El aparente beneficio para la competencia —la hipotética libertad de honorarios—, esconde una fijación de corte regulatorio de unos costes mínimos

En febrero de 2016, Bankia tomó dos decisiones inéditas:
1) anunció que devolvería a los pequeños accionistas todo el dinero con intereses y
2) denunció a los Colegios de Abogados ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por considerar que sus baremos orientativos para calcular las costas iban en contra de la libre competencia.

Devolución del dinero a los pequeños accionistas

La primera decisión es una de las más razonables que hemos visto en los últimos tiempos a la banca y que anticipan el #CambioCulturaBancaria que promovemos desde ASUFIN. A pesar de que la litigiosidad sigue aumentado y el porcentaje de sentencias ganadas por los consumidores crece cada año, la banca se mantiene firme en los tribunales y recurriendo sistemáticamente hasta la Audiencia Provincial y, puntualmente, hasta el Tribunal Supremo. Hacen números, el porcentaje de afectados que demandan no supera el 10%: les sigue saliendo rentable.

No es la primera vez que Bankia se rinde, ya lo hizo en 2012 ante los afectados por Lehman Brothers en EEUU por miedo a una demanda colectiva. Otro país, otras reglas. En España le costó más trabajo tomar la decisión: exactamente 13.478 sentencias en su contra de las 76.546 demandas presentadas y dos contundentes sentencias del Tribunal Supremo (STS 1 + STS 2) que cuestionaba la salida a bolsa de la entidad.

No podemos dejar de mencionar aquí, que los dos casos que llegaron al Supremo eran de pequeños ahorradores que reclamaban 20.868,75 euros en un caso y 9.997,50 en otro, que habían ganado en todas las instancias y que la entidad contrató al despacho más prestigioso en este tipo de asuntos. Una estrategia sencilla pero eficaz para disuadir al consumidor de iniciar el largo camino judicial.

Denuncia ante la CNMC

La segunda decisión pone de manifiestro el doble rasero de la entidad a la hora de calcular los honorarios de abogados cuando se gana un pleito. Bankia entiende que ha perdido la guerra en los tribunales, pero quiere morir matando y presenta una denuncia ante la CNMC bajo la siguiente justificación:

Todos los pleitos son iguales y, por tanto, deberían tener unos honorarios mínimos.

El argumento no sólo no se sostiene, sino que además contradice la defensa jurídica esgrimida por los bancos en los últimos años de contienda judicial, así como sus propias tasaciones de costas en los pleitos en los que ganan.

Si todos los pleitos son iguales, ¿por qué se han opuesto de manera tan beligerante a la acumulación de acciones que desde las asociaciones de consumidores venimos defendiendo y muchos despachos llevan intentando durante años en defensa de los consumidores? ¿Por qué no zanjar el caso en una sola demanda ahorrando así tiempo y dinero a todas las partes? La respuesta es sencilla: divide y vencerás. La mayoría de los consumidores desiste ante la sola idea de un largo y costoso procedimiento en el que se enfrentarán a los mejores abogados del país; abogados que un consumidor, aunque quisiera, no podría contratar por conflicto de interés.

Y lo que es más grave, si los honorarios debieran regirse en función del número de demandas iguales y, por tanto, sencillas ¿por qué han tasado las costas de las ejecuciones hipotecarias siguiendo la escala de los Colegios de Abogados que ahora denuncian?

La cuestión no es menor. En España se calcula que ha habido casi medio millón de ejecuciones hipotecarias (491.532) desde que comenzó la crisis según los datos facilitados por el INE, el Consejo General del Poder Judicial y la PAH.

ASUFIN_desahucios_Espana

Cuando una entidad bancaria inicia una ejecución hipotecaria, aporta al juzgado una liquidación firmada ante notario en la que hace constar la deuda pendiente de pago, los intereses y las costas del procedimiento. Estas costas judiciales se calculan siempre conforme a los criterios recomendados por los Colegios de Abogados y la base minutable tiene en cuenta la suma del importe adeudado más los intereses. En Madrid, por ejemplo, tercera comunidad con más desahucios, —más del 80% de ellos de Bankia según la PAH— el criterio 15 de su Colegio de Abogados señala que “se considerará hasta el 100% de la Escala en los casos en que haya oposición o bien hasta el 75% de la Escala en aquellos supuestos en que no haya oposición“. Según el propio INE, la hipoteca media en España en los últimos años está en torno a los 100.000 Euros, por tanto, sin contar los intereses, las costas ascenderían a 13.240 Euros + IVA si el ejecutado se opone y 9.930 Euros + IVA si no se opone. En Valencia, según su Colegio de Abogados (ICAV), 10.212 € + IVA y en Barcelona, según el ICAB, 7.690€ + IVA si hay oposición, 10.450€ + IVA, si no la hay.

Todo ello, con independencia de si la demanda de ejecución es idéntica a las cientos de miles que se han presentado anteriormente.

Un desahucio de una hipoteca de 100.000 euros en Valencia puede costarle al ejecutado entre 10.212 Euros + IVA

Si aplicamos el baremo del ICAV, ahora denunciado por Bankia, para calcular las costas que han recibido las entidades bancarias por las ejecuciones hipotecarias de los últimos años, las cifras son mareantes: más de 5.000 millones de Euros, una cantidad intermedia comparada con el resto de Colegios.

ASUFIN - Cálculo Costas Desahucios EspañaSuponiendo que Bankia, tercera entidad del país, tuviera una cuota del 15% del mercado hipotecario, habría cobrado por costas calculadas en base a los criterios orientativos de los Colegios de Abogados a los que ahora denuncia, entre 700 y 1.000 millones de Euros.

Esgrimir aquí que hay una práctica colusoria por parte de los Colegios de Abogados, art. 1 de la Ley de Defensa de la Competencia 15/2007, de la que el propio denunciante ha venido aprovechándose en los últimos años, no deja de ser un ejemplo de ejercicio abusivo del Derecho. O dicho de otra manera: Cuando el criterio me viene bien, lo aplico; cuando me perjudica, lo denuncio.

No olvidemos que las costas son un derecho de crédito del litigante vencedor contra el litigante vencido. Y este sistema, en palabras del profesor Rafael Cabrera, “es lo que da pie a miles de ciudadanos a atreverse a enfrentarse judicialmente a los todopoderosos Bancos y toda su cohorte de letrados.” Sin duda, el mayor perjudicado si esta denuncia prosperase no sería otro que el consumidor, que no se atrevería a demandar si las costas no le cubriesen los gastos ocasionados. La expectativa de costas permite a los abogados reducir sensiblemente sus honorarios lo que favorece que el consumidor se atreva a demandar, única vía real y efectiva a día de hoy, para recuperar su dinero.

Ya nos parece un error haber incoado el expediente sancionador. Más grave aún sería que el expediente acabara en sanción. Supondría un grave incumplimiento por parte de la CNMC cuya función no es otra que “garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios.” (art. 1.2, Ley 3/2013). El aparente beneficio para la competencia —la hipotética libertad de honorarios—, esconde una fijación de corte regulatorio de unos honorarios mínimos, cuyo beneficiario no es otro que el que ha perdido miles de pleitos y no ha dado una alernativa extrajudicial a sus clientes.

Esperamos, por tanto, que la CNMC recuerde que detrás de los abogados que han acorralado a Bankia, obligándola a tomar la decisión histórica de no pleitear más, están miles de consumidores que jamás hubieran podido acceder a la tutela judicial efectiva. Abogados que, en esta “Lucha de Gigantes“, nos han permitido pelear en igualdad de condiciones.

Por todo ello, pedimos a la CNMC que proceda al archivo del procedimiento y no ceda ante los intereses de una entidad financiera que sólo ha alzado la voz cuando sus pretensiones en los tribunales se han visto masivamente desestimadas.

Patricia Suárez – Presidenta de ASUFIN

Populismo y democracia: no solo el Brexit

El resultado del referéndum británico resulta tan absurdo y sorprendente desde todo punto de vista, que no han faltado quienes quieren cargar las culpas en la propia institución del referéndum, pretendiendo acercar así el ascua a su sardinilla a las primeras de cambio. “No se puede someter la decisión de cuestiones complejas y trascendentes a consulta popular”, nos dicen. “La democracia representativa presenta ventajas incuestionables frente a los peligros de la democracia directa en las sociedades plurales”, nos aclaran. Puede que sí -cómo negarlo a estas alturas- pero pretender que el único responsable de este monumental lío es el Sr. Cameron y su cuestionable querencia por los referendos, es poner el punto de mira en un lugar completamente equivocado.

No, más bien al contrario: el problema está precisamente en el monumental deterioro de la democracia representativa que estamos padeciendo en Occidente desde hace más de un siglo, pero que se ha agravado exponencialmente en los últimos tiempos. En 1774, Burke era capaz todavía de decir a sus electores de Bristol que un representante político traicionaría a sus electores si sacrificaba su propio juicio a la opinión de aquellos. En definitiva, que él no estaba ahí para servir de correa de transmisión de los prejuicios de sus electores, sino para defender sus intereses tal como él los entendía. Eso sí, prometía no engañarles y decirles en todo momento la verdad.

Pero ya a principios del siglo XX esta concepción había pasado a la historia tanto en el Reino Unido como en EEUU, como recuerda el famoso caso Scopes (1925), por el que al amparo de una ley estatal de Tennessee que prohibía enseñar la teoría de la evolución en las escuelas públicas se pretendió condenar a pena de prisión a un profesor de secundaria. Lo verdaderamente significativo es cómo esa ley terminó promulgándose a través de un sistema de democracia representativa. Redactada por un granjero y apoyada por toda la comunidad rural del Estado, los congresistas la aprobaron convencidos de que el senado del Estado la rechazaría, los senadores hicieron lo propio pensando que el gobernador del Estado la vetaría, y el gobernador la sancionó pensando que nunca llegaría a aplicarse en la realidad.

Este ilustrativo ejemplo de traslación del prejuicio como consecuencia de la delegación de la responsabilidad de los representantes políticos por  motivos electorales se lleva repitiendo desde entonces con descorazonadora frecuencia y, en los últimos tiempos, ha tenido como principal víctima a la Unión Europea. A modo de muñeco silente, se le ha atizado de lo lindo, delegando en ella la propia responsabilidad  por todo lo malo que la respectiva política representativa nacional no estaba dispuesta o a asumir o afrontar por sí sola,  alegando en unas ocasiones pasividad e ineptitud y en otras, de forma un tanto paradójica, un intervencionismo cuasi dictatorial. Se acusa a la UE de déficit democrático, y sin duda adolece de él. Pero ese déficit ha sido conscientemente buscado por nuestros representantes políticos con la finalidad de que el muñeco permaneciese siempre inerme. Ahora, en tiempos de crisis, empiezan a apreciarse las felices consecuencias de esa política.

Como afirmó con rotundidad Paul Bocuse (uno de los creadores de la nueva cocina) al ser interrogado por las virtudes de la refrigeración, “si usted congela mierda, no espere descongelar otra cosa”. Pues eso, nuestras democracias representativas llevan congelando mierda durante décadas, sin atreverse a discutirla, eliminarla o procesarla, y, cuando tras esta crisis económica se inician los correspondientes procesos de descongelación, en forma de elecciones o referendos, no podemos esperar encontrar otra cosa.

Obviamente, no ocurre solo con relación a la UE. Está pasando también al otro lado del Atlántico, tras décadas de irresponsabilidad del Partido Republicano. La mentira, la adulación, la simplificación y la delegación de la responsabilidad no han convertido al electorado en exigente y responsable, sino solo en indócil. Menudo descubrimiento. Ya identificó Ortega el problema hace 85 años: “el nuevo hombre (…) en el fondo de su alma desconoce el carácter artificial, casi inverosímil, de la civilización, y no alargará su entusiasmo por los aparatos hasta los principios que los hacen posibles”. El no haber sido capaz de demostrar la frágil vinculación entre prosperidad y civilización va a quedar para siempre en el debe de esta generación de políticos europeos y americanos.

En esta jornada electoral no podemos dejar de volver la vista a España, para descubrir males casi peores.  El proceso de congelación llevado a cabo por el PSOE y el PP durante las últimas décadas ha sido colosal. Nos hablaban de democracia a la europea, mientras construían un sistema clientelar profundamente corrupto que ha puesto en peligro la supervivencia de nuestro Estado del Bienestar. Sin embargo, parece que la indocilidad del electorado no fuese con ellos, sino con un extraño cometa que cruzase el sistema solar. Nos piden que reaccionemos frente al populismo arrojándonos de lleno en sus causas; es decir, nos piden que para pararlo les votemos. No cabe mayor paradoja.

Hoy aparecen nuevos partidos para cubrir las deficiencias de los viejos (que son muchas, nadie lo duda) pero deberíamos fijarnos con cuidado en la mercancía que pretender vendernos, no sea que adolezca exactamente de los mismos defectos de simplificación y adulación que nos han traído hasta aquí. Por eso, para saber si van a ser como los que nos han gobernado, solo deberíamos fijarnos en su retórica. Si nos prometen el maná pero no explican de manera convincente de donde van a salir los recursos para pagarlo, si un día dicen una cosa y al siguiente la contraria, si demuestran mucho interés por el fondo, pero escasa por la forma en la que consiste la civilización, no son del tipo Burke, precisamente.

No soy un ingenuo. La íntima tensión entre democracia y verdad ha preocupado a los más grandes filósofos desde Platón a Foucault. Es de solución compleja, sin duda. Pero si queremos progresar un poco para salir de este lío en el que nos hemos metido, es precisamente ahí donde debemos mirar, y no en los inconvenientes de los referendos, el déficit democrático de la UE, el populismo, la globalización, el carácter viejo o nuevo de los partidos o el problema de la inmigración descontrolada. Los problemas de la democracia no se solucionan siempre con más democracia, pero sí con mejor democracia.

Populismo y democracia: no solo el Brexit

El resultado del referéndum británico resulta tan absurdo y sorprendente desde todo punto de vista, que no han faltado quienes quieren cargar las culpas en la propia institución del referéndum, pretendiendo acercar así el ascua a su sardinilla a las primeras de cambio. “No se puede someter la decisión de cuestiones complejas y trascendentes a consulta popular”, nos dicen. “La democracia representativa presenta ventajas incuestionables frente a los peligros de la democracia directa en las sociedades plurales”, nos aclaran. Puede que sí -cómo negarlo a estas alturas- pero pretender que el único responsable de este monumental lío es el Sr. Cameron y su cuestionable querencia por los referendos, es poner el punto de mira en un lugar completamente equivocado.

No, más bien al contrario: el problema está precisamente en el monumental deterioro de la democracia representativa que estamos padeciendo en Occidente desde hace más de un siglo, pero que se ha agravado exponencialmente en los últimos tiempos. En 1774, Burke era capaz todavía de decir a sus electores de Bristol que un representante político traicionaría a sus electores si sacrificaba su propio juicio a la opinión de aquellos. En definitiva, que él no estaba ahí para servir de correa de transmisión de los prejuicios de sus electores, sino para defender sus intereses tal como él los entendía. Eso sí, prometía no engañarles y decirles en todo momento la verdad.

Pero ya a principios del siglo XX esta concepción había pasado a la historia tanto en el Reino Unido como en EEUU, como recuerda el famoso caso Scopes (1925), por el que al amparo de una ley estatal de Tennessee que prohibía enseñar la teoría de la evolución en las escuelas públicas se pretendió condenar a pena de prisión a un profesor de secundaria. Lo verdaderamente significativo es cómo esa ley terminó promulgándose a través de un sistema de democracia representativa. Redactada por un granjero y apoyada por toda la comunidad rural del Estado, los congresistas la aprobaron convencidos de que el senado del Estado la rechazaría, los senadores hicieron lo propio pensando que el gobernador del Estado la vetaría, y el gobernador la sancionó pensando que nunca llegaría a aplicarse en la realidad.

Este ilustrativo ejemplo de traslación del prejuicio como consecuencia de la delegación de la responsabilidad de los representantes políticos por  motivos electorales se lleva repitiendo desde entonces con descorazonadora frecuencia y, en los últimos tiempos, ha tenido como principal víctima a la Unión Europea. A modo de muñeco silente, se le ha atizado de lo lindo, delegando en ella la propia responsabilidad  por todo lo malo que la respectiva política representativa nacional no estaba dispuesta o a asumir o afrontar por sí sola,  alegando en unas ocasiones pasividad e ineptitud y en otras, de forma un tanto paradójica, un intervencionismo cuasi dictatorial. Se acusa a la UE de déficit democrático, y sin duda adolece de él. Pero ese déficit ha sido conscientemente buscado por nuestros representantes políticos con la finalidad de que el muñeco permaneciese siempre inerme. Ahora, en tiempos de crisis, empiezan a apreciarse las felices consecuencias de esa política.

Como afirmó con rotundidad Paul Bocuse (uno de los creadores de la nueva cocina) al ser interrogado por las virtudes de la refrigeración, “si usted congela mierda, no espere descongelar otra cosa”. Pues eso, nuestras democracias representativas llevan congelando mierda durante décadas, sin atreverse a discutirla, eliminarla o procesarla, y, cuando tras esta crisis económica se inician los correspondientes procesos de descongelación, en forma de elecciones o referendos, no podemos esperar encontrar otra cosa.

Obviamente, no ocurre solo con relación a la UE. Está pasando también al otro lado del Atlántico, tras décadas de irresponsabilidad del Partido Republicano. La mentira, la adulación, la simplificación y la delegación de la responsabilidad no han convertido al electorado en exigente y responsable, sino solo en indócil. Menudo descubrimiento. Ya identificó Ortega el problema hace 85 años: “el nuevo hombre (…) en el fondo de su alma desconoce el carácter artificial, casi inverosímil, de la civilización, y no alargará su entusiasmo por los aparatos hasta los principios que los hacen posibles”. El no haber sido capaz de demostrar la frágil vinculación entre prosperidad y civilización va a quedar para siempre en el debe de esta generación de políticos europeos y americanos.

En esta jornada electoral no podemos dejar de volver la vista a España, para descubrir males casi peores.  El proceso de congelación llevado a cabo por el PSOE y el PP durante las últimas décadas ha sido colosal. Nos hablaban de democracia a la europea, mientras construían un sistema clientelar profundamente corrupto que ha puesto en peligro la supervivencia de nuestro Estado del Bienestar. Sin embargo, parece que la indocilidad del electorado no fuese con ellos, sino con un extraño cometa que cruzase el sistema solar. Nos piden que reaccionemos frente al populismo arrojándonos de lleno en sus causas; es decir, nos piden que para pararlo les votemos. No cabe mayor paradoja.

Hoy aparecen nuevos partidos para cubrir las deficiencias de los viejos (que son muchas, nadie lo duda) pero deberíamos fijarnos con cuidado en la mercancía que pretender vendernos, no sea que adolezca exactamente de los mismos defectos de simplificación y adulación que nos han traído hasta aquí. Por eso, para saber si van a ser como los que nos han gobernado, solo deberíamos fijarnos en su retórica. Si nos prometen el maná pero no explican de manera convincente de donde van a salir los recursos para pagarlo, si un día dicen una cosa y al siguiente la contraria, si demuestran mucho interés por el fondo, pero escasa por la forma en la que consiste la civilización, no son del tipo Burke, precisamente.

No soy un ingenuo. La íntima tensión entre democracia y verdad ha preocupado a los más grandes filósofos desde Platón a Foucault. Es de solución compleja, sin duda. Pero si queremos progresar un poco para salir de este lío en el que nos hemos metido, es precisamente ahí donde debemos mirar, y no en los inconvenientes de los referendos, el déficit democrático de la UE, el populismo, la globalización, el carácter viejo o nuevo de los partidos o el problema de la inmigración descontrolada. Los problemas de la democracia no se solucionan siempre con más democracia, pero sí con mejor democracia.