HD Joven: La culpa fue del legislador. Sobre la incoherencia de las penas en el Código penal

Los Jueces y Tribunales interpretan y aplican la Ley que emana de nuestro legislador, abstracto concepto que se encarna en nuestros diputados y senadores. Este inquebrantable principio a menudo es olvidado al tiempo que vilipendiamos a la propia Administración de Justicia cuando se producen casos (algunos de ellos despiertan el interés de los medios de comunicación, la mayoría son desconocidos entre la opinión general) en los que la aplicación de la Ley parece desproporcionada a los ojos de cualquier ciudadano de a pie, que no posee, ni tiene por qué, conocimientos jurídicos específicos en la materia.

El más reciente es el caso de un joven granadino que el pasado martes ingresó en prisión tras haber sido condenado por un delito de tenencia de tarjetas de crédito o débito destinadas a su tráfico (art. 389 bis.2 del Código penal) a la pena de cuatro años de prisión y por un delito de estafa (arts. 248 y 249 CP) a un año de prisión (aquí y aquí). Cinco años de prisión en total. La desproporción de este particular caso se encuentra en la inexistente correspondencia entre los cinco años de prisión y la conducta del condenado: participar conjuntamente con otros dos condenados (más un cuarto fugado) en la tenencia y utilización, que no falsificación, de una tarjeta falsa para realizar compras en un centro comercial Carrefour por un valor total de 556,80 euros (Sentencia de la Audiencia Nacional, secc. 4ª, número 15/2014, de 16 de abril).

Cuando uno acude al Código penal para conocer el castigo que decidió el Legislador para comportamientos como el de dicho joven, comprueba que el delito de tenencia de tarjetas falsas de crédito o débito destinadas a su tráfico se encuentra tipificado en el artículo 389 bis.2 y lleva aparejada una pena de prisión de cuatro a ocho años desde el año 2010, cuando se introdujo esta figura delictiva de manera autónoma (anteriormente, se castigaba según el artículo 386 con una pena de ocho a doce años rebajada en uno o dos grados), y que el artículo 249 del Código penal reserva una pena de seis meses a 3 años de prisión a los condenados por estafa.

Conclusión que puede extraerse a primera vista: el condenado, a ojos del Legislador, hasta ha tenido suerte, pues podrían “haberle caído” un máximo de once años de prisión en lugar de los cinco a los que tiene que hacer frente a día de hoy. En este sentido, hasta se podría hablar de compasión de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, lejos de lo que pudiera pensarse cuando uno ve los textos periodísticos que se hacen eco de esta situación. Y es que el castigo mínimo que habría tenido que cumplir por tales hechos era de cuatro años y medio cuando ha sido condenado a cinco. Casi lo menos malo.

Naturalmente, calificar de suertuda la situación particular de este joven es un ejercicio de sarcasmo de muy mal gusto.

En realidad, situaciones como ésta ponen de relevancia el escaso rigor y la falta de coherencia de las penas contempladas en nuestro Código penal.

Aun a riesgo de caer en la demagogia, el delito de aborto no consentido lleva aparejada la misma pena de prisión que la tenencia de tarjetas falsas de crédito o débito. Lucrarse con la prostitución de un menor de edad, por ejemplo, está castigado con la pena de prisión de dos a cinco años (tres años menos que el caso que nos ocupa). La comparación con los delitos que tipifican conductas relacionadas con la corrupción (uno de los principales motivos de preocupación entre los españoles, según recientes encuestas) es aún más delatora: el cohecho conlleva una pena de prisión de tres a seis años; el tráfico de influencias, de seis meses a dos años; la malversación superior a los 50.000 euros, la misma pena que el delito del art. 399 bis.2; y la financiación ilegal de partidos políticos lleva aparejada la pena de multa en unos casos y la prisión de seis meses a cuatro años, en otros.

Salta a la vista la disparidad de criterios utilizados por el Legislador para establecer los castigos a las distintas conductas penales. ¿De verdad un aborto no consentido merece el mismo reproche penal que la tenencia de una tarjeta de débito falsa?

La verdad es que, en el caso que nos ocupa, la Justicia fue administrada correctamente. De ahí que el Tribunal Supremo, mediante Sentencia de 15 de diciembre de 2014, confirmara el castigo impuesto en primera instancia. Se infringió la Ley y la propia Ley establece un castigo que se ha de cumplir. Dura lex, sed lex.

Sin embargo, lo estremecedor de este caso es la adecuación del castigo a la conducta desplegada. Y, en este sentido, se le ven las vergüenzas a nuestro sistema penal, cuyo responsable primero es el propio Legislador, es decir, los diputados y senadores que cada cuatro años, o menos, elegimos entre todos nosotros. Quizá ya es hora de que el Legislador español, bien por motu proprio o bien por iniciativas de los poderes ejecutivo y/o judicial, cuando se vuelva a constituir tras las elecciones ya convocadas aborde de una vez por todas un debate concienzudo y sosegado sobre las penas en el Código penal español y su proporcionalidad. Falta nos hace.

Y es que, si en algo es experto el legislador español es en lo habitualmente conocido como “Legislar en caliente”. Esta técnica legislativa, huérfana de todo vínculo con el insoslayable principio de política criminal que ha de presidir los cambios normativos en materia penal, únicamente sirve a fines reaccionarios frente a un caso en particular que, por cuestiones especiales, es percibido por la opinión pública como sensiblemente injusto. Sin perjuicio de que la existencia de determinados casos mediáticos, los menos, puede contribuir a poner de relieve la existencia de anomalías en el sistema jurídico-penal, “legislar en caliente” normalmente sirve para endurecer el sistema penológico del Código penal, a menudo sin sentido, y poco o nada contribuye a mejorar la calidad técnica de nuestras normas penales y a prevenir la comisión de conductas criminales.

Mientras no se plantee ese debate sobre las penas, será la Administración de Justicia quien siga a los pies de los caballos ante casos como este, situando al referido joven a la espera de que un indulto (remedio altamente discutible desde el plano ético pero necesario para este tipo de situaciones), que en todo caso probablemente será parcial, pueda revertir una situación que es tan legal como injusta.

7 comentarios
  1. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    De acuerdo con las observaciones del artículo.

    Quisiera añadir un comentario sobre los "productos" del CP.

    En el periodo que va de 1975 (año de la muerte de Franco) a 2007 (tercer año de la Última Burbuja) la Población Carcelaria ha pasado de 8,440 internos a 76,474.

    Medido en presos/población, nos hemos movido desde 23’59 presos/100.000 habitantes a 165’68 en el mismo periodo. Dicen que solo Inglaterra tiene una población carcelaria más alta que nosotros.

    Otro dato que sería conveniente entender es que los Españoles calificamos nuestro sistema legal con 3.1 sobre 10.0 . En Europa el suspenso es parecido, un 4.6 sobre 10.

    Por último, un apunte: el artículo habla del "aborto no consentido" y, por preservar la precisión semántica que tanta importancia tiene, habría que decir "aborto no consentido por la madre".

    Los Legisladores y Gobernantes, en General, atribuyen muchas de estas cosas a "Cambios Sociales" y lo suelen decir como si " sucediese sin comerlo ni beberlo", — tan fruto del azar como el pedrisco–, y no de su acción de gobierno y legislativa.

    Como dice el artículo…………la culpa es del legislador. Para entendernos, del Partido Político que legisla.

    Como recuerda Muñoz Machado en "Informe sobre España" (2012)………página 14, "……………….estas críticas significan que los ciudadanos, y también los especialistas, perciben que el Estado y la clase gobernante son uno de los más serios problemas……….."

    Poco a poco vamos viendo que…………no hay por dónde "cogerlo".

    Saludos

  2. Matilde Cuena Casas
    Matilde Cuena Casas Dice:

    Muy buena reflexión con la que coincido plenamente. Los jueces son sistemáticamente criticados tanto cuando aplican la ley como cuando – se dice- que no la aplican. Efectivamente, los jueces deben sujetarse a la ley y son las normas las que deben ser justas. Lo que pasa es que, como muy bien se dice en el post, son las normas las que fallan. Y a veces, estos fallos consiguen paliarse a través de interpretaciones judiciales “generosas” con base en los criterios de interpretación que contempla el artículo 3 del Código Civil. Pero obviamente, no siempre este último precepto, permite llegar a una solución justa y menos en el ámbito penal donde la pena es la que expresamente dispone el legislador con escaso margen judicial para su aplicación.
    Muchas veces las críticas van en la dirección equivocada. Aunque hay excepciones, el responsable de muchas resoluciones judiciales discutibles es el legislador que regula mal y no el aplicador de la norma.

  3. G.P.
    G.P. Dice:

    ¿Pero quién manda aquí… y en todas partes?
    Si algo nos quedó claro tras el colapso de hace casi 10 años fue que no podíamos seguir con entidades demasiado grandes (el famoso “too big to fail”). ¿Cómo son ahora? Más grandes.
    http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160325_economia_mecanismos_hidra_financiera_mundial_mj
    Sin esta premisa no se puede entender nada de lo que pasa: mandan los bancos. Ni democracia, ni pueblo soberano, ni tonterías. Mandan los bancos: lo que a ellos interese eso se hará. Si es necesario meter varios años en la cárcel a un robaperas para defender a los bancos, eso se hará. Y si es necesario arruinar millones de personas inocentes para salvar a los bancos, eso se hará. Parafraseando al pollo aquel: “Lo que haga falta”.
    Y me pregunto si esto tiene arreglo. Es triste ver cómo tanto tonto útil en nuestro entorno próximo, cuando les propones otras políticas decididas democráticamente en las urnas, te dicen que esto, lo otro y lo de más allá no se puede hacer porque “vivimos en un mundo globalizado” (sin pensar que ellos necesitan pasaportes, visados, justificaciones para viajar y que se les imponen límites, y que el "mundo globalizado" no es para ellos). Te dicen que esas decisiones ya no son nuestras. O sea, que en vez de nosotros, las toman otros muy poderosos no elegidos por nadie. Y sonríen, con gesto sabio, y se quedan tan anchos. Te dicen, sin ni siquiera darse cuenta, que entre la democracia y y el gobierno de cuatro poderosos, ellos están encantados con el de cuatro poderosos y sus caprichos e intereses, y que tú eres el idiota queriendo otra cosa.
    La verdad, con tanto tonto útil no se va a ninguna parte.

  4. Teseo
    Teseo Dice:

    La verdad es que cuando repaso los delitos del código penal me llaman la atención las ausencias. Hay delitos que no existen y otros son desproporcionados.

    Por no hablar de las injurias y calumnias, especialmente diseñadas para defender a políticos de que se les acuse de crímenes que no han cometido (precisamente porque ellos mismos se dedican a "no"-legislar y no tipificar como delito la cantidad de cosas que hacen y que no deberían hacer.

    Yo a los delitos de injurias y calumnias los regulaba mediante juicios por combate, como en juego de tronos.

  5. Colapso2015
    Colapso2015 Dice:

    “Legislador español, bien por motu proprio o bien por iniciativas de los poderes ejecutivo y/o judicial”

    El abstracto esconde el artículo: -la confianza-.
    El delito penado, elaboración/copia de plásticos numerados, es una aparente inducción a la desconfianza (de mercado).
    Escarbar en ello, equivale a roer en la base de una sociedad ya no monetaria sino monetizada.

    Un caso similar, con más trascendencia, fue Diógenes de Sinope. El cual, ayudó a falsificar moneda a su padre banquero. Tuvo por ello implicaciones serias, le llevaron a desarrollar la desfiguración de la falsa moneda de la moralidad. A sus 89 años murió en una tinaja; sin saber, más de 2000 años después, la -falsificación bancaria de moneda- sería fuertemente defendida y promovida por el Estado.

    ¿Por qué debería el Estado ocuparse de las medidas de seguridad de una entidad privada (emite plásticos supuestamente o aparentemente canjeables por dinero de curso legal y forzoso? La respuesta es: curso legal y forzoso. Como hecho imperial, los derechos de cobro a terceros son otorgados por el Estado. Por ello, detrás del “Zynismo” del aparato legal, ello es lo que se esconde. La defensa de una capacidad Imperial, otorgado en forma de privilegio a “replicantes” del “corpus”.

    Si bien, la confianza es necesaria para la vida en sociedad, instituirla como piedra angular del desarrollo intelectual conlleva el más desastroso de los finales.

    El “legislador español”, es la misma cosa que el ejecutivo y el judicial. Es una camarilla de intereses compartidos, regulado por la moral de las dinámicas corporativas.

  6. izaskun
    izaskun Dice:

    ¿El legislador? No, el partido político de turno conforme a las circunstancias del momento.

  7. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Menudo temita que han traído los "junior".

    Y eso que no hemos comenzado a hablar de los delitos de pensamiento y expresión. O de los delitos creados por los ideólogos del Poder para su Ingeniería Social.
    Ya comenzamos a tener gente procesada por decir lo que piensa y por tratar de defenderse cuando es agredida. y conductores convertidos en especie cinegética de municipios viperinos. Estos ediles (y "edilas") sí que odian. Noche y día. Por ejemplo a los conductores. Especie cinegética de la postmodernidad.

    Todo esto va reventando lentamente y los segmentos sociales que pueden acercarse a entenderlo, repensarlo y hacer algo para tratar de remediarlo están debatiéndose en las garras del "Axioma" de Thomas Kuhn: Los Paradigmas se mueren como las Supernovas –y no en la cama con sedación terminal– porque quienes vivimos de ellos somos solemos tardar en elegir entre hacer algo seriamente (es decir, como ciudadanos dueños del espacio público y desde fuera del sistema de partidos) o seguir un poco más como si nada sucediera.

    Así arranca una novela de 2005 sobre la crisis occidental, con La explosión de la supernova SN1987A.

    "A finales de Febrero de 1987 varios astrónomos detectaron con pocas horas de intervalo una supernova en las nieblas de la constelación de Magallanes. Hay ya tanta gente mirando al infinito que ni tan siquiera la explosión de una estrella a más de ciento sesenta mil años-luz consiguió pasar desapercibida. En aquella memorable ocasión, la secuencia de observaciones –visual, fotografía astronómica y cambio brusco en la frecuencia de recepción de neutrinos–, fue prácticamente simultánea. Las dos primeras, en el observatorio chileno de Las Campanas y, la última en ser conocida, en medidores de neutrinos bajo el hielo antártico con unas veinte horas de diferencia. Toda la prensa mundial se hizo eco del acontecimiento."

    Los neutrinos están de viaje pero terminan llegando.

    http://www.astronomynow.com/news/n1202/23sn/

    Saludos

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