Diario de Barcelona: Brexit y Catalexit

El Brexit ha tenido consecuencias en muchos otros lugares además de Gran Bretaña. En Cataluña, por ejemplo. Aquí, como en toda España, se vio primero con sorpresa, luego con estupor y, finalmente, con incertidumbre. La incertidumbre, en cualquier caso, es la tónica general de la política en todo el mundo, muy acusada en los países occidentales, acostumbrados a las certezas. En Catalunya solemos mirar y analizar, para contemplarnos, cualquier proceso secesionista que va apareciendo en nuestro entorno: Quebec, Bélgica, Checoslovaquia, Kósovo y, por último, Escocia. ¿Porqué no hacer un referéndum como ahí?, se preguntaban muchos.

Mas el resultado de la consulta escocesa dio negativo. Un poco más de la mitad de los escoceses no querían abandonar el Reino Unido. Y en un segundo referéndum, el del “Brexit”, salió que querían permanecer en la Unión Europea por abrumadora mayoría, de la cual se habrían salido si hubiese triunfado el sí a la secesión. Entonces aquí, en Cataluña, comenzaron las reflexiones. Quienes habían apostado por la desconexión con el Reino Unido, ahora querían quedarse en Europa para lo cual era condición indispensable que el Reino Unido permaneciese unido. Y, en cambio, los escoceses no podrían permanecer en la Unión Europea sin seguir, previamente, un tortuoso proceso: primero desconexión con el Reino Unido, para lo cual sería imprescindible otro referéndum, y luego petición y trámites para la incorporación a la Unión Europea. Años de camino por delante para volver al mismo sitio del que ahora van a salir. O sea, un pésimo negocio.

¿Es eso lo que queremos los catalanes cuando el parlament de Catalunya avala el plan de ruptura con el Estado, como ha ocurrido esta semana? En las últimas elecciones autonómicas, el 52 % de los catalanes ya se pronunció: no querían eso. Los partidos independentistas –Junts pel Sí y la CUP- sostuvieron que aquellas elecciones había que tomarlas como un plebiscito, pero como el plebiscito no les salió bien, se apuntan ahora a la aritmética parlamentaria. Lo ocurrido en el Reino Unido ha abierto los ojos a muchos catalanes que pensaban, en caso de plantearse un referéndum en España sobre el tema catalán, votar sí a la independencia como voto de castigo. “Todo el mundo”, sostenían, estaba convencido que saldría una negativa a esa desconexión catalana. ¿Porqué no tener valor y plantearlo como había hecho Cameron?  Sin embargo el resultado del “Brexit” puso aquí los pelos de punta. El escenario político ha cambiado completamente y lo que antes era blanco o negro, ahora se ha tornado en una gama de grises. Hoy, por ejemplo, un gobierno en España apuntalado por nacionalistas catalanes y vascos, como en 1993 y 1996, resulta inviable.

Si alguien quiere estar informado sobre lo que piensan los bienpensantes en Catalunya no tiene más que leer La Vanguardia, especialmente alguno de sus editoriales o a sus más emblemáticos colaboradores. El jueves pasado, el director de ese diario, Màrius Carol, comentaba en su columna “El riesgo de los atajos”, el plan de ruptura con España aprobado por el parlament de Catalunya. Concluía: “Catalunya es un país, pero no puede ser un sobresalto. Y ya no hay día sin vértigo”. Es cierto. No hay en el Estado un interlocutor legitimado para ofrecer alternativas políticas en Catalunya. España camina de momento a la deriva, sin gobierno y sin un plan político que sea aceptable o, al menos, comprensible, para Catalunya y los catalanes. En el mundo político capitalino parece que no se dan cuenta de lo que aquí está ocurriendo.

El Catalexit, de facto, ya se ha producido. Y además del sonsonete de que las leyes están para que se cumplan -¡obvio!- quizás habría que ofrecer otro tipo de respuestas; por ejemplo, una política que posibilitase la formación de un gobierno pactado y que llevase aparejado una serie de reformas para hacer más fluidas las relaciones bilaterales entre el gobierno de Catalunya y el del Estado. Carreras, en una columna en El País, solicitaba esa cultura del pacto, de democracia parlamentaria, sin la cual nuestro sistema constitucional va a salir muy mal parado. El independentismo catalán germinó, entre otras razones, porque todos los escritores de la generación del 98 sin excepción se regodeaban con las miserias de España. Para formar parte de un pueblo miserable preferimos ser los holandeses de España, sostenían los intelectuales catalanes. Ahora el problema es otro. Catalunya no puede seguir dependiendo de la arbitrariedad de la CUP. Y España no puede –mejor dicho, no debe- seguir sin gobierno y con casi todas las instituciones paralizadas. Entonces, en los albores del siglo pasado, fue un problema social, económico y cultural el que alejó a los catalanes de España. Hoy el alejamiento es político y de administración de las finanzas: de gobierno. España es un país rico y con enormes posibilidades. Y seguiremos siendo ricos si sabemos permanecer unidos respetando las diferencias. Sin política, en cambio, el “Catalexit” de facto está garantizado. Les recomiendo a los lectores airados de este blog –cuyos comentarios agradezco- para que perciban por sí mismos esto que escribo, que hagan alguna incursión por los pueblos costeros y del interior de Catalunya. Luego hablamos…

Implantación de estructuras éticas y morales en modelos de negocios

En circunstancias macroeconómicas adversas se comprueba que hay países que por su tejido empresarial y otras variables de naturaleza intangible que más adelante mencionaremos, amortiguan y resisten con mayor capacidad en términos comparativos los efectos negativos asociados a variables macro en cuanto a caídas del PIB, tasa de desempleo, tasa de desigualdad social, etc…

Una de las primeras respuestas sería indicar  que dichos países presentan un tejido empresarial productivo y eficiente, que no son dependientes de un único sector productivo, que el nivel de exportaciones es destacable en sus balanzas de pagos, que son productores de bienes de equipo y un sin fin de argumentos a nivel económico que objetivamente demostraría y justificaría la resistencia de estos países respecto a otros. Pero más allá de hechos objetivos y empíricos, se observa que la mencionada resistencia ante circunstancias adversas, no es fortuita o un capricho de los dioses en cuanto a dotar de ciertas deidades a determinados pueblos, sino todo lo contrario, es fruto de ir a “fuego lento” o en otras palabras es saber como pueblo de dónde se viene, en dónde se está y a dónde se va,  siguiendo una hoja de ruta nacional en donde las reglas del juego se basan en determinados valores como la responsabilidad, el esfuerzo, el sacrificio, respeto hacia el ajeno y lo ajeno, ética implicada en el ahorro evitando consumismos inncesarios y en buena medida “tóxicos para el espíritu” transmitidos generación a generación vía sistema educativo asegurándose así que los futuros emprendedores implanten los mencionados valores adquiridos desde la niñez en sus modelos de negocio.

Las características básicas de un modelo de negocio en donde el fundador y propietarios comparten unos principios éticos y morales y que aplican en su empresa es que “su máquina de hacer dinero” respeta unos límites en donde no todo vale. Tomando como ejemplo el valor del esfuerzo y sacrificio, una señal evidente de que la empresa ciertamente lo aplica, pudiera ser un bajo endeudamiento con bancos y con terceros,  fundamentalmente porque este tipo de modelos basan su crecimiento en los resultados generados de su actividad vía política de dividendos de carácter conservador. Lo mismo ocurre con el valor del respeto hacia el ajeno y lo ajeno,  si el empresario desde la niñez crece con este valor entiende y comprende al igual que el resto de la sociedad que cuando una empleada está embarazada se respete su proceso de gestación así como el de su maternidad porque la visión es que esto es bueno para el país, niños más sanos, estabilidad  familiar, fidelidad del empleado a la empresa,  etc… en donde sobre esta materia participan  actores como el Estado, es decir es un compromiso común.

Tomemos un ejemplo de un modelo de organización del mercado de trabajo como el de Flexiseguridad aplicado en países del Norte de Europa. Es un claro ejemplo en el que se observa en gran medida cómo el Estado implanta un sistema ético y moral, veámoslo en detalle.

El modelo de la flexiseguridad se basa en tres pilares; I.-) flexibilidad construida con base en pactos contractuales adaptables y fiables. .II-) alta protección social para los desempleados y III.-) políticas de formación y reinserción laboral activa mediante estrategias integradas de aprendizaje a lo largo de la vida laboral asegurando la adaptabilidad continua de los trabajadores.

Principios éticos y morales correspondientes al modelo de la flexiseguridad:

Punto I.) …”pactos adaptables y fiables” equivale al RESPETO AL OTRO Y A LO OTRO generando confianza entre las partes en donde el factor miedo no se concibe ya que el NIVEL DE TRANSPARENCIA Y CREDIBILIDAD es alto.

Punto II.)… “alta protección del empleado” equivale al principio de JUSTICIA Y SOLIDARIDAD pero para que exista el compromiso de proteger a los desempleados y más desfavorecidos tiene que darse el Punto III.) es decir que el trabajador se compromete a formarse y actualizarse constantemente para asegurarse en caso de despido una rápida reinserción laboral equivale a SACRIFICIO Y ESFUERZO. Bien es cierto que durante el periodo de búsqueda activa de empleo por parte del trabajador y con los deberes hechos de haberse formado mientras estaba en activo, el Estado le garantiza una alta protección.

En escenarios y/o sociedades en donde la involucración del Estado en pro de determinados modelos de organización es baja o prácticamente nula y tomando como ejemplo un determinado modelo de negocio en donde sí aplica estructuras éticas y morales se ha observado en periodos de crisis, como éstos últimos han soportado y amortiguado los embates y efectos negativos de la crisis mucho mejor que aquellos modelos que no tenían implantado ningún sistema ético y moral.

Concluyendo e independientemente de los escenarios en los que una determinada idea o modelo negocio se encuentre, la realidad es que la vía de principios éticos es una vía que demuestra ser rentable al medio y largo plazo y que favorece que haya una perdurabilidad en el tiempo del modelo.

 

crowdfunding-regulacion

HD Joven: Luces y sombras de la regulación del Crowdfunding

Habiendo transcurrido un año desde la entrada en vigor de la “Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial” (en adelante la “LFFE”), no se han hecho esperar las críticas respecto a la excesiva regulación de la inversión en “Crowdfunding” por parte del legislador.

Como comentábamos en el anterior artículo sobre este tema (aquí), el “Crowdfunding” se podría definir como un sistema de financiación colectiva, cuyo objetivo es; (a) bien apoyar económicamente o, (b) invertir fondos en proyectos concretos, a través de plataformas de financiación colectiva. Ahora bien, la contraprestación por dicha financiación puede ser: (i) ninguna en caso de que sean donaciones, (ii) recompensa, en especie, en caso de tratarse de “Reward Crowdfunding”, (iii) acciones de la empresa, en caso de tratarse de “Equity Crowdfunding” o, (iv) un interés sobre el préstamo, en caso de ser “Debt Crodwnfunding”.

La LFFE, quizás mayoritariamente ha sido considerada como una ley bastante precipitada y excesivamente proteccionista respecto a las inversiones en las plataformas de financiación participativa y, en muchos aspectos, muy equivocada al regular excesivamente y limitar las inversiones en los proyectos que se publican en las plataformas de financiación participativa.

Es decir, en cuestión de un año hemos pasado de un sector y sistema que no estaba apenas regulado, a un sistema sobre regulado y poco flexible. No hay que olvidar que el “Crowdfunding” es un segmento que conforma la denominada “Banca en la Sombra” (“Shadow Banking”), entendiendo por “Banca en la Sombra” la definición que le dio el Consejo de Estabilidad de Financiera (FSB por sus siglas en inglés), según el cual se trata de un “Sistema de intermediación crediticia conformado por entidades y actividades que están fuera del sistema bancario tradicional”. (vid. Libro verde: “El sistema bancario en la sombra. Comisión Europea: aquí).

Precisamente por este último factor, el creciente volumen de las operaciones que se estaban llevando a cabo y la recaudación que supone este sistema de financiación alternativa, el “Crowdfunding”, han llevado al legislador a “intentar proteger” a los inversores no acreditados. Pero quizás el collar haya salido más caro que el perro . (vid. “Régimen Jurídico de las Plataformas de Participación Colectiva”: aquí).

No hay que perder de vista que, mediante el “Crowdfunding”, lo que se pretende es acudir a un sistema de financiación alternativo al sistema bancario tradicional, a fin de obtener los fondos necesarios para emprender un proyecto determinado, todo ello en lo que “a priori” debería ser un sistema más flexible.
Nada más lejos de la realidad, parece ser que al legislador y a los organismos reguladores aún le pesan los últimos “patinazos” del sistema bancario de sobra conocidos, respecto a su falta de supervisión en algunos casos, y ha pretendido recrearse con la redacción de la LFFE, la imposición de requisitos y las limitaciones a las inversiones, irónicamente más estricto que en lo que a inversiones en el sistema bursátil se refiere.

Todas las inversiones acarrean su riesgo, he ahí la mayor o menor rentabilidad de una inversión, por lo que parecería razonable pensar que (i) no se debería imponer un límite máximo de recaudación a las Start-up, que actualmente es 5 millones de Euros (en caso de inversores acreditados) y de 2 millones de Euros (en caso de inversores no acreditados); (ii) no se debería imponer un límite máximo a los proyectos -en “Equity Crowdfunding”-, en caso de que superen las expectativas de recaudación a causa del éxito del proyecto, ya que actualmente la LFFE establece que la cuantía de la recaudación del proyecto no puede exceder del 125% del presupuesto del proyecto; y (iii) no se debería limitar a 3.000 Euros por proyecto y a 10.000 € por plataforma y año a los inversores no acreditados.
Por más que el legislador pretenda proteger a los inversores no acreditados, los mismos no pueden ser considerados como consumidores, ya que si adquieren participaciones/acciones vía “Equity Crowdfunding”, pasan a ser considerados socios/accionistas de una sociedad privada no cotizada y, a mayor abundamiento, la propia ley enfatiza que dichas inversiones no están garantizadas con los fondos de garantía, por lo que resulta irónico que se pretenda regular y limitar un sistema de financiación alternativa que ni siquiera está garantizado (están únicamente supervisadas por la CNMV las plataformas de financiación colectiva, no así las sociedades que participan en dicho sistema).

Además, en el caso del “Equity Crowdfunding” por ejemplo, tras la entrada de los inversores en la sociedad a consecuencia de la inversión, es de aplicación la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”), en la que no encontramos “a priori” una limitación a la aportación de capital ni una distinción de inversores, por lo tanto tampoco debe excederse el legislador al pretender equiparar a las Start-up y/o los proyectos con sociedades cotizadas o con la aplicación de normas como la Ley de Mercado de Valores, que, entre otras cosas, pretende proteger al inversor no acreditado respecto de determinadas inversiones en productos financieros complejos y arriesgados.

En este sentido es incongruente, por ejemplo, en sede de “Crowdfunding” de préstamo, equiparar a un inversor no cualificado con un consumidor, es decir, a un prestamista no se le puede otorgar ni la consideración, ni la protección que se le otorga a un consumidor.

Por otra parte, y al hilo del “Crowdfunding” de préstamo, ya que con la entrada en vigor de la LFFE se reforma parcialmente la LSC en cuanto a lo que se refiere a la posibilidad de permitir a las Sociedades Limitadas emitir obligaciones, quizás hubiera sido más interesante no imponer la prohibición de garantizar dichas obligaciones mediante obligaciones convertibles en participaciones sociales de la sociedad emisora.

A modo de conclusión, a pesar de que la finalidad del legislador sea la protección del consumidor y la regulación de un sistema de financiación hasta ahora en la “sombra”, no se puede equiparar las definiciones de inversores y sus limitaciones –que son más propios de las reglas de juego en términos de la Ley de Mercado de Valores- y trasladarlo a un sistema de financiación alternativa que busca financiar proyectos o la entrada de nuevos inversores, ambos a pequeña escala. Aplicar una normativa tan estricta como si de sociedades cotizadas se tratase no tendría sentido, toda vez que, tras la finalización de la recaudación, dicha Start-up podrá llevar a cabo una ronda financiación, por ejemplo, por su cuenta y riesgo, sin limitación y sin distinción en el tipo de inversores.

Este escenario de financiación alternativa debería ser en principio una bolsa de oxígeno para aquellas empresas/proyectos que están empezando -respecto a la obtención de fondos para alcanzar sus objetivos/proyectos-, por lo que la LFFE debería haber sido mucho más flexible para dar libertad al mercado para moldear y adecuar este tipo de financiación alternativa.

 

(1) Según la Comisión Europea: “Existe un ámbito creciente de actividad crediticia paralela, lo que se denomina sistema bancario en la sombra, que no ha sido el principal foco de la regulación y la supervisión prudencial. La banca en la sombra desempeña funciones importantes en el sistema financiero. Por ejemplo, genera fuentes adicionales de financiación y ofrece a los inversores alternativas a los depósitos bancarios. Pero también puede suponer una amenaza potencial para la estabilidad financiera a largo plazo”.

(2)Según el informe global de recaudación presentado por “Massolution” en marzo de 2015, en 2014 se recaudó vía Crowdfunding a nivel global 16.2 billones de dólares, y se prevé que la cifra alcance la cuantía de 34.4 billones de dólares al cierre de 2015. 

(3) ZUNZUNEGUI PASTOR, FERNANDO. “La regulación del «Shadow banking» en el contexto de la reforma del mercado financiero. 1ª ed.,noviembre 2015”: “Una nueva figura del mercado financiero debe contar con un marco legal flexible, basado en principios, dejando al reglamento y a los criterios del supervisor la concreción de la norma. Sin embargo, se regulan más las plataformas que las bolsas. El TRLMV dedica una sección con 7 artículos a las bolsas y la LFFE dedica un título con seis capítulos y 47 artículos a las plataformas de financiación participativa”

Italia: principio de la banca y fin de la Unión Bancaria

Es falso que las “medidas de rescate interno” (“bail in”) solo se apliquen en las entidades de crédito europeas en crisis desde el 1 de enero de 2016, conforme a la Directiva 2014/59/UE (objeto de transposición por la Ley 11/2015).

Lo saben bien los accionistas y los titulares de deuda (preferentes, bonos) de las entidades españolas rescatadas con dinero público, quienes, conforme al Memorando de Entendimiento de 2012, hubieron de “compartir su carga” (“burden sharing”) con los contribuyentes (las previsiones del Memorando, cuya vinculación jurídica es, al menos, discutible, se materializaron en el Real Decreto-ley 24/2012 y en la Ley 9/2012).

Es decir, antes de que se inyectara el dinero público, se practicaron quitas que volatilizaron total o sustancialmente la inversión de los clientes. A diferencia de lo acaecido en la crisis financiera chipriota de 2013, en el caso español no se planteó que sufrieran menoscabo los depósitos garantizados (por encima de 100.000 euros).

La Audiencia Nacional ha confirmado lo inatacable de la aplicación de estas medidas de rescate interno, aunque, naturalmente, deja indemne la posibilidad de recurrir a la jurisdicción civil para el análisis de una mala comercialización de los productos financieros. La labor de los tribunales españoles ha permitido, de forma paulatina, el reequilibrio de la situación, con unos costes sociales, afortunadamente, asumibles.

La supervisión de las entidades de crédito significativas de la eurozona (en general, con activos superiores a los 30.000 millones de euros) en el marco del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo, comenzó en noviembre de 2014. El 1 de enero de 2016 ha entrado en vigor, en paralelo, el Mecanismo Único de Resolución, a la vez que se ha comenzado a dotar por la industria el Fondo Único de Resolución, que contará a finales de 2023 con unos fondos equivalentes, aproximadamente, al uno por ciento de los depósitos de las entidades supervisadas (unos 55.000 millones de euros).

El Mecanismo Único de Resolución contempla que solo se inyectará dinero público en las entidades que atraviesen un estado de crisis, con carácter excepcional, una vez que se hayan practicado medidas internas, entre las que se incluyen, ahora sí, las quitas sobre los depósitos por valor superior al garantizado, además de otras sobre los accionistas y titulares de instrumentos de deuda.

Parece justo que el contribuyente no tenga que pagar, como norma, los desaguisados cometidos en entidades de carácter privado como son los bancos (el papel de las cajas y cooperativas en Europa no pasa de ser testimonial, a pesar de que, bien llevadas, sus efectos beneficiosos para el colectivo son innegables).

Esto implica una revolución copernicana de la que los clientes de las entidades bancarias todavía no son conscientes: la responsabilidad en la elección de la entidad bancaria con la que entrarán en relación, pues su seriedad y buen hacer será la mejor garantía de que sus ahorros o inversiones no sufrirán menoscabo.

También los accionistas (los minoristas pero también los institucionales) deberán preguntarse si el riesgo de la inversión se ve compensado por unos retornos más que moderados.

Este es el nuevo panorama regulatorio que con tanto esfuerzo —y no sin resistencias— se ha puesto en pie con celeridad en apenas cuatro años.

Todo este razonable entramado, en estado casi virginal, saltará por los aires cuando se admita la recapitalización del sistema bancario italiano con dinero público y sin la aplicación de medidas de rescate interno.

Pensábamos que la mediación de las autoridades regulatorias y supervisoras europeas nos preservaría de la arbitrariedad, pero, lamentablemente, se aprecia con nitidez que seguimos inmersos en una pugna en la que la estabilidad financiera, un principio absolutamente digno de tutela por el papel cardinal que desarrolla el sistema financiero en nuestras sociedades, cede ante otros tipos de interés.

Se consideró que el enfermo de Europa era el sistema financiero español, pero la verdadera carga es el italiano. Nuestras autoridades, a diferencia de las italianas, no tuvieron la capacidad de presión suficiente sobre la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional para evitar la aplicación de quitas sobre los accionistas, bonistas y preferentistas, que fue un prerrequisito para la facilitación del rescate.

Paradójicamente, la transformación de las cajas de ahorros españolas se ha acometido con la referencia de las fundaciones bancarias de inspiración italiana, que, como se ve, ni han impedido la politización de estas entidades ni la consecuente mala gestión que tiene postrado al sistema bancario italiano y quién sabe si al europeo.

Pero lo más grave, para nosotros, es la posible desintegración del proyecto de una genuina unión bancaria para Europa, como paso previo a auténtica una unión económica y monetaria, y, por último, a una Europa políticamente unida.

¡Ay Derecho! Financiando la compra de armas por Real Decreto-ley

En este blog hemos denunciado repetidamente el uso y el abuso de la figura del Decreto-ley, en particular en ciertas materias (supuestamente excluidas de su ámbito de aplicación)  durante la legislatura en la que el PP ha tenido mayoría absoluta. Con poco éxito, por cierto, dado que el único control jurídico posible -respecto al control político el Parlamento no pintaba nada por razones obvias- era vía recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que se toma su tiempo. Y como suele suceder, unos años más tarde llega la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional que estima el recurso  presentado por diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista, IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural; y Unión Progreso y Democracia, es decir, la mayoría con alguna ausencia interesante (PNV o CiU) .

La sentencia del Tribunal Constitucional dice, en resumen, que el uso sistemático del Decreto-ley como forma de aprobar créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento no respeta la Constitución. Dicho de otra forma, si bien se puede justificar la utilización de la figura del crédito extraordinario (para entendernos, créditos no contemplados en la Ley presupuestaria de turno) hay que hacerlo por Ley y no por Decreto-ley salvo que concurran las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, que ni aquí ni en tantos otros casos se explica o se justifica por qué concurren. Desde luego, por ahora en guerra no estamos, y está claro que otros proveedores de otros servicios y bienes a la Administración no reciben el mismo trato, como apunta el propio TC..

Interesa destacar que, según diversos medios, el Gobierno ha concedido esta legislatura, a través de Reales Decretos leyes, créditos extraordinarios para programas especiales por más de 4.000 millones de euros, el último el pasado año por 883 millones. Al frente del Ministerio de Defensa, el inquietante Pedro Morenés, con vínculos conocidos con empresas del sector, al que volverá en breve, según ha anunciado él mismo.

Quizás no esté lejos el día en que nos enteremos realmente de lo que ocurre en el Ministerio de Defensa en este ámbito, aunque dada la opacidad reinante no parece nada fácil. Mientras tanto, podemos comprobar una vez más como en España se pueden financiar armas por un importe de casi 4.000 millones de euros sin que el Parlamento lo pueda debatir, sin que los medios se pregunten nada, sin que la opinión pública se entere y sin que la anulación -años después- por el Tribunal Constitucional sirva de nada. Nadie se hace algunas preguntas que merecería la pena contestar como ¿de donde sale toda esta deuda en compra de armas? ¿Quien y cuando decidió su compra? ¿Por qué sistemáticamente excede del presupuesto destinado por Defensa a su adquisición? Este tipo de cosas.

Eso sí, de algo sí podemos estar seguros: nadie va a a dar explicaciones y nadie va asumir ninguna responsabilidad. Ni jurídica ni política.

Flash Derecho: Proyecto de la PIPJ de bases de Reglamento para los nombramientos en la carrera judicial

Recientemente la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial ha elaborado unas bases para modificar el Reglamento que regula en la actualidad los nombramientos de los altos cargos judiciales en España, y que es el utilizado por el Consejo General del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- como institución que tiene asignada la facultad del nombramiento de altos cargos judiciales en el Reino de España- viene ejerciendo dicha función de una manera que ha merecido críticas de amplios sectores, tanto dentro como fuera del ámbito jurídico. Y ello porque existe la duda de que haya incurrido en discriminación por motivos de ideología política entre los candidatos. Así, son muchas las voces que denuncian que dicho órgano no atiende únicamente a los principios de mérito y de capacidad de los aspirantes, sino que tiene en consideración su posicionamiento político o afinidad ideológica, si bien no refleja tales motivos en la fundamentación jurídica de sus decisiones. Así ha sido denunciado ante Naciones Unidas por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en enero de este año 2016.

El Consejo General del Poder Judicial efectúa los referidos nombramientos con arreglo a un Reglamento interno 1/2010 que se ha revelado como un instrumento inútil para disipar las dudas antes expresadas, pues resulta en exceso vago y desprovisto del suficiente rigor para efectuar un control efectivo de las eventuales desviaciones de poder en que incurriere el mencionado Consejo.

Por tanto, proponemos las siguientes bases para la reforma del citado Reglamento.

PRIMERA. Los altos cargos judiciales cuya función sea esencialmente gubernativa (como presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia o Audiencias Provinciales) serán elegidos mediante el principio “un juez/un voto” (sufragio universal, libre, igual, directo y secreto) por y entre todos los jueces destinados en el ámbito del territorio sobre el que hayan de ejercer su mandato.

SEGUNDO. Los altos cargos judiciales cuya función sea esencialmente jurisdiccional serán elegidos por el Consejo General del Poder Judicial conforme a los principios de mérito y capacidad que se valorarán por procedimientos objetivos. En supuestos excepcionales, se acudirá como último recurso al sorteo como procedimiento final y complementario de decisión. Serán excluidos expresamente como criterios de valoración el posicionamiento político o la afinidad ideológica de los candidatos.

TERCERA. El Consejo General del Poder Judicial convocará elecciones para la elección de los altos cargos judiciales de contenido esencialmente gubernativo entre los jueces destinados sobre el territorio en que hayan de ejercer su mandato y, una vez conocido el resultado de los sufragios, nombrará sin margen de discreción alguna a aquellos que hubieren recibido el mayor número de votos.

CUARTA. El margen de apreciación discrecional del Consejo General del Poder Judicial, aunque no será eliminado, sí que será reducido mediante la objetivación de los méritos de los candidatos en virtud del establecimiento de procedimientos de baremación y prelación normativamente prefijados en el propio Reglamento. La antiguedad tendrá un valor superior a los demás méritos y no podrá ser inferior al cincuenta por ciento del total. El tiempo de servicio en la jurisdicción de que se trate o en su caso especialización no podrá ser inferior al veinticinco. El porcentaje restante incluirá el resto de méritos invocados.

QUINTA. En ningún caso se someterán los nombramientos a condición de informe favorable de los superiores del peticionario ni a ponderación estadística de la calidad de sus resoluciones basada en la proporción en que sean revocadas o confirmadas.

SEXTA. Se extremará el deber de motivación de los nombramientos, de modo que queden trasparentes los criterios y razones de la elección, así como los de preterición de los candidatos concurrentes que no fueren nombrados. No serán admisibles las motivaciones genéricas o la valoración conjunta de los méritos. La futura regulación será singularmente estricta a la hora de proscribir cualquier duda de que hayan sido tenidas en cuenta para la decisión circunstancias que no se reflejen en el texto de la resolución.

SÉPTIMA. Tendrán legitimación para recurrir los nombramientos tanto los concursantes preteridos como las asociaciones judiciales, así como una pluralidad de jueces que reúna un determinado porcentaje de miembros de la carrera judicial.

OCTAVA. No podrán presentarse a cargos de nombramiento discrecional quienes hayan desempeñado cargos directivos en asociaciones con representación en el CGPJ, durante los últimos cuatro años anteriores a la fecha de la convocatoria. Los vocales tendrán la obligación de abstenerse cuando se trate de decidir sobre un nombramiento discrecional en el que participe como solicitante de la plaza un miembro de su asociación.

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El inglés en la Unión Europea después del Brexit

Acaba de producirse una circunstancia relevante con relación a la política lingüística de la Unión Europea (UE): el resultado del referéndum celebrado en el Reino Unido sobre su permanencia en la Unión Europea (“Brexit”). Los ciudadanos británicos han decidido que su país abandone la UE y esto ha de tener consecuencias en diversos ámbitos.

Según la propia Comisión Europea, “el multilingüismo es una de las claves de la diversidad cultural de la UE, que cuenta con 24 lenguas oficiales.Las personas que viven en la UE pueden acceder a la legislación y los principales documentos políticos de la UE en la lengua oficial de su país. También tienen derecho a escribir a la Comisión y a recibir la respuesta en esa lengua.Los diputados al Parlamento Europeo pueden emplear cualquiera de las lenguas oficiales de la UE cuando se dirigen al Parlamento”.

Esto no es del todo cierto, pues no todas las lenguas oficiales gozan del mismo trato. La promoción que se hace en la UE del inglés, francés y alemán es claramente discriminatoria y así lo dicen los tribunales comunitarios. Se han llegado a anular convocatorias de oposición que obligan a los candidatos a elegir el alemán, el inglés o el francés como segunda lengua y como lengua de comunicación de la institución europea convocante.

Además, la mayoría de los documentos e informaciones que aparecen en los diferentes sitios oficiales en internet de las instituciones de la Unión Europea aparecen en inglés, francés y alemán. Incluso documentos con relevancia jurídica para los ciudadanos aparecen exclusivamente en inglés. A título de ejemplo, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) publica ciertos documentos con contenido de interpretación jurídica exclusivamente en inglés, argumentando que “esta es una posición de sentido común: una obligación generalizada de traducir uno por uno todos los documentos relacionados con «la actividad ad extra»  de ESMA no tendría proporción con los hipotéticos beneficios. De hecho, ESMA gastaría mal sus recursos limitados”.

Las lenguas oficiales de la UE lo son por ser lenguas oficiales de los Estados miembros. Con el inglés como lengua oficial en la Unión no queda ningún país, pues Irlanda y Malta eligieron el gaélico y el maltés.

Parece claro que no queda argumento plausible, y menos jurídicamente aceptable, para que el inglés sea, además de oficial, lenguade trabajo de las instituciones de la UE y que tenga la preponderancia que tiene actualmente.El inglés no es lengua preponderante en la UE por ser una lengua internacional (hablada en muchos países y por muchas personas), pues no existe título jurídico para ello y, además, pondría en evidencia el trato evidentemente discriminatorio dado al español en las instituciones europeas. Como le dijo el director del Instituto Cervantes, García de la Concha al Ministro de Asuntos Exteriores, señor García-Margallo: “Si miramos a la Unión Europea, encontramos el español detrás del inglés, del francés y del alemán. Tu sabes mucho más de lo que ocurre en la Comunidad, pero tal vez esto tengan que ver con la consideración de segundones lingüísticos que a los países mediterráneos se nos otorga en Bruselas”.A pesar de que más de 500 millones de personas hablan nuestra lengua en todo el mundo, es el idioma oficial en más de 20 países y el número de estudiantes que eligen el español como lengua extranjera no para de crecer.

Tanto el Parlamento Europeo como el Defensor del Pueblo Europeo han exigido a la Comisión Europea que “debe garantizar que todos los ciudadanos europeos puedan comprender sus consultas públicas, que, por principio, deben publicarse en todos los idiomas oficiales. No obrar de este modo constituye un caso de mala administración”. Ante el caso omiso del ejecutivo comunitario, la Defensora del Pueblo ha vuelto a la carga abriendo una nueva investigación. Además, está estudiando el caso citado de la ESMA.

El “Brexit” obliga a las instituciones comunitarias a revisar su política lingüística y, parafraseando al señor Juncker, presidente de la Comisión, as soon as possible. Y el próximo Gobierno español que resulte de las recientes elecciones debería concebir y ejecutar una política (europea) tendente al pleno reconocimiento del español como lengua de trabajo en el ámbito de la UE. Si el inglés continúa utilizándose como lengua de trabajo de la UE con Gran Bretaña fuera, la discriminación del español (lengua claramente internacional) es patente e inaceptable.

HD Joven: A vueltas con el criterio de la Comisión sobre la legalidad de las ayudas públicas a clubes deportivos

El pasado 4 de julio, la Comisión Europea (CE), dio por finalizada la investigación que había comenzado hace más de 2 años (aquí), relacionada con las supuestas ayudas públicas ilegales recibidas por varios clubes de fútbol españoles, e hizo oficial lo que ya era un secreto a voces: la confirmación de que ciertas ayudas otorgadas a varios equipos de nuestro país eran ilegales (aquí). Con este comunicado, la Comisión trasladaba la sanción definitiva impuesta a los siete clubes españoles implicados en el caso (FC Barcelona, Real Madrid, Valencia, Athletic de Bilbao, Osasuna, Elche y Hércules), obligándoles a devolver un total de entre 50 y 70 millones de euros por el supuesto trato de favor recibido y el beneficio obtenido, a través de ayudas estatales, con respecto a otros competidores.

 

La decisión se centra en tres tipos de ayudas: ventajas fiscales, avales concedidos por empresas públicas (aquí) y la sobrevaloración de unos terrenos que fueron cedidos al Real Madrid por parte del Ayuntamiento (aquí). Considera la Comisión que estas ayudas estatales son ilegales al ser contrarias a lo establecido en el artículo 107.1 del TFUE, y, por lo tanto, conceden a estos equipos una ventaja competitiva sobre el resto de clubes deportivos. Sin embargo, nos pretendemos centrar en las supuestas ventajas fiscales de las que gozaron cuatro clubes deportivos españoles (Real Madrid, FC Barcelona, Osasuna y Athletic de Bilbao) por el hecho de no haberse convertido en Sociedades Anónimas Deportivas en su día.

 

La conversión de los Clubes Deportivos de nuestro país a Sociedades Anónimas Deportivas, de la cual ya se ha hablado anteriormente en el blog (aquí), surgió a raíz de la publicación de la nueva Ley del Deporte, en 1990. El objetivo de esta medida era desarrollar un plan de saneamiento que incumbiese a todo nuestro fútbol profesional, y establecer un modelo de responsabilidad jurídica y económica para los Clubes, que tantas deudas y problemas económicos venían arrastrando; y con ese fin, se creó la figura de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas). En este proceso de saneamiento, se obligó a todas las entidades deportivas a adoptar la nueva figura jurídica de SAD, permitiendo, únicamente a aquellos clubes que por aquel entonces no soportaban deuda económica, mantener su figura jurídica de Club Deportivo. Así pues, fueron tan solo cuatro los clubes que no se vieron obligados a llevar a cabo este cambio, -Real Madrid, FC Barcelona, Athletic de Bilbao y Atlético Osasuna- que aún a día de hoy, no están constituidos como sociedades anónimas. Sin embargo, este sistema que, como decimos, buscaba premiar a aquellas entidades que no estuviesen endeudadas, supuso, del mismo modo, una restricción en sí misma, ya que negaba a los clubes la posibilidad de elegir libremente la forma jurídica que debían adoptar, como también la posibilidad de volver a adoptar la figura jurídica de Club Deportivo a aquellos que, una vez transformados en SAD, dejasen de estar económicamente endeudados.

 

La principal consecuencia fiscal de que dichos clubes no se convirtieran en su día en SAD, y que la Comisión Europea ha entrado ahora a valorar, ha sido que han tributado durante todo este tiempo al tipo reducido del 25% en el Impuesto de Sociedades, en lugar de al tipo general, al aplicárseles la exención parcial del impuesto de sociedades, contemplada en el artículo 9.3.a) del TRLIS, para las entidades e instituciones sin ánimo de lucro. Y es precisamente esa diferencia de tributación de la que se han beneficiado durante todos estos años, la que a ojos de la Comisión ha supuesto una ventaja fiscal, siendo considerada como una ayuda pública ilegal que ha contravenido el artículo 107.1 del TFUE, y, por ende, la libre competencia entre los clubes.

 

Sin embargo, podría parecer que la Comisión con su actual decisión pretende caminar bajo la lluvia sin mojarse, ya que si focalizásemos el tema de las ayudas públicas en el ámbito fiscal, son varios los ejemplos de clubes europeos que compiten en ligas o competiciones europeas, disfrutando de ventajas impositivas respecto a sus competidores, a los que la CE ni ha sancionado, ni tan siquiera ha puesto en el foco. Bastaría fijarse en el caso de los clubes vascos y navarros, que tienen un régimen fiscal distinto al resto de clubes de España, en la mayoría de ocasiones más ventajoso, o fuera de nuestras fronteras, cabría mencionar el caso del AS Mónaco de fútbol, que ha gozado durante años de ventajas fiscales respecto al resto de clubes con los que compite en la liga francesa (aquí). Y eso sin llegar a entrar en las diferencias de tributación existentes entre los clubes de distintos países europeos, que compiten entre sí en las competiciones europeas, en las que participan equipos de territorios de escasa tributación como Luxemburgo o Andorra. Por lo tanto, si seguimos el criterio de la Comisión, ¿no serían también estos casos, ejemplos de ayudas públicas selectivas, no justificadas e ilegales y que por tanto, falsean la competencia? Quizás una de las posibles soluciones a las diferencias fiscales, radicaría, tal y como explica, Javier Rodríguez Ten en este artículo (aquí), en lograr la ansiada unión fiscal de la UE, o al menos, lograrla en el ámbito del deporte.

 

Llegados a este punto, conviene, también, reflexionar acerca de las ayudas y beneficios que en nuestro país han recibido sistemáticamente los clubes deportivos por parte de la Administración desde que rueda el balón. Y es que, no solo en temas fiscales gozan los clubes deportivos de una posición privilegiada, sino que tradicionalmente también se les ha dispensado un trato especial por parte de la Seguridad Social o, sin ir más lejos, por los propios Ayuntamientos y Diputaciones. Numerosas son las noticias que pueden encontrarse en internet acerca de clubes a los que se les ha condonado parte de la deuda (aquí), o a los que han ayudado con importantes recalificaciones de terrenos. A modo de ejemplo, en 2013 se dio a conocer que la Generalitat Valenciana había invertido cerca de 130 millones en la propiedad de varios equipos valencianos y que perdió otros 235 millones de euros en la gestión de sus derechos de televisión a través de Canal 9 (aquí). Y nosotros nos preguntamos: ¿no supone todo esto, también, un trato de favor selectivo y un beneficio obtenido por parte de estos clubes con respecto a sus competidores, gracias a ayudas estatales?

 

Con esto se advierte que el abanico abierto por la Comisión es muy amplio, y que quizás lo que hoy este organismo europeo entra a valorar, debiera haber sido considerado y regulado hace mucho tiempo. A nuestro entender, si la CE ha dictado y sancionado sobre estas ayudas públicas ilegales obtenidas por los clubes españoles, debe asimismo valorar los numerosos casos que, como los que hemos citado antes, se dan hoy día en el fútbol; regulando esta asimétrica y descompensada estructura de ayudas económicas que existe entre los competidores del mundo del fútbol, y, por extensión en otros deportes.

 

No obstante, cabe señalar que el mismo 4 de julio, al mismo tiempo que la Comisión sancionaba a estas 4 entidades deportivas de nuestro país por el trato de favor recibido, este mismo organismo emitió otro comunicado donde establecía el modelo a seguir por los clubes y organismos a la hora de recibir y otorgar ayudas estatales, absolviendo a varios clubes holandeses que también habían recibido subvenciones por parte de sus Ayuntamientos. En ese caso la CE no consideró que fueran ayudas públicas ilegales, puesto que fueron concedidas con ocasión del precario estado económico de dichos equipos, siguiendo las directrices de la UE para los casos de rescate y reestructuración de entidades y se les obligó a tomar, como contrapartida, una serie de medidas destinadas a mejorar su situación económica y a no distorsionar la competencia, como la reducción del número de empleados, bajada de los sueldos de los jugadores, etc (aquí).

 

En definitiva, parece que la vara de medir que tiene la Comisión a la hora de sancionar a los clubes europeos por las ayudas públicas recibidas es distinta en función de los casos, ya que si bien, hay situaciones, como la del caso de los clubes españoles en que sí que se les ha llegado a sancionar, en el resto, en los que también parecería que existen ayudas por parte de las Administraciones públicas a los equipos, provocando que estos compitan en mejores condiciones que sus rivales, no parece que sean, al menos a día de hoy, una preocupación para el organismo comunitario. Lo que está claro es que urge una regulación acerca de las ayudas públicas a entidades deportivas, ya que sólo así quedará definitivamente clarificado cuándo una ayuda estatal a un equipo se considera ilegal en base al artículo 107 del TFUE, ya que la escala de grises en la que nos encontramos ahora es ciertamente desconcertante.

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La lista de morosos y defraudadores de Hacienda no sirve para recaudar deudas

En el siglo XX se inventaron las listas de morosos con un triple propósito; primero, escarmentar a los deudores recalcitrantes haciendo pública su condición; segundo, dándoles un buen motivo para pagar sus deudas, ya que si querían que sus nombres desaparecieran de la lista negra, no les quedaba más remedio que pagar; y tercero, enviar un aviso a navegantes, es decir, para prevenir el riesgo de impago, ya que los proveedores pueden consultar el registro antes de otorgar crédito a un moroso empedernido y de este modo evitar entrar en riesgo.

El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, emprendió hace unos años una implacable cruzada contra los defraudadores fiscales y morosos del Estado Español. En este marco de lucha contra el fraude tributario, consiguió que la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, que modificó la Ley General Tributaria, añadiera el artículo 95 bis, referente a la “publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias”. Bajo este eufemismo, se esconde la autorización a Hacienda para publicar la lista de morosos con las arcas del Estado; en concreto aquellos que deben más de un millón de euros. Vale la pena señalar, que la ley contó con el voto a favor del PP y el rechazo de la oposición, que criticó, en especial, que la reforma no posibilite que se conozca el nombre de quienes se acogieron a la denominada amnistía fiscal en 2012. El objetivo del Ministro fue que esta medida coercitiva sirva para que muchos deudores se pongan al día con Hacienda. Por ese motivo, a este listado se le denomina coloquialmente como la “Lista Montoro”.

Dejando aparte consideraciones como las garantías constitucionales relativas a los derechos fundamentales al honor y a la intimidad, así como a la protección de datos, la publicación de los listados me lleva a hacer algunas reflexiones.

En primer lugar, me pregunto ¿por qué se coloca el listón tan alto?, un millón de euros es mucho dinero; esto permite que deudores con cantidades impagadas importantes escapen a la difusión pública. Hubiera sido más lógico poner el listón en 120.000 euros, que es el importe con que el Artículo 305 del Código Penal delimita el delito fiscal. En segundo lugar, el sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha asegurado que la lista de morosos informará de las deudas impagadas de medianas empresas, pero no ha incluido a los mayores defraudadores; por ejemplo, a los que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, ni los nombres de la célebre Lista Falciani.

En tercer lugar, comparto totalmente la opinión de Gestha, que piensa que en la lista también deberían constar los nombres de los grandes defraudadores a los que la Agencia Tributaria ha descubierto importantes deudas y ha sancionado a pesar de haber pagado o aplazado multas millonarias en el plazo reglamentario.

En cuarto lugar, también estoy de acuerdo con la opinión de Gestha que afirmó que la publicación de la lista con los delitos fiscales incluye a las personas y empresas condenadas por sentencia firme, pero no se conocerán las deudas millonarias descubiertas a las mayores empresas del país que generalmente no se envían a la Fiscalía por entender la AEAT que las grandes corporaciones no tienen ánimo defraudatorio.

En quinto lugar, la lista solo será accesible durante tres meses desde su publicación y se impedirá la indexación del contenido de la lista a través de motores de búsqueda en Internet; o sea no se podrá hacer la búsqueda en Google de la lista de morosos; en consecuencia, para poder ver los datos habrá que acudir directamente a la dirección de Internet donde se publiquen, teniendo en cuenta que los listados dejarán de ser accesibles a los tres meses de su fecha de publicación; por tanto hay que descargarla lo antes posible. Esta circunstancia hace que la utilidad de la lista para ejercer presión sobre los contribuyentes morosos y dejarlos al descubierto sea más bien escasa. Lo lógico hubiera sido indexar en Google, y en el resto de buscadores, los nombres de los defraudadores con el fin de afectar la reputación de los morosos y motivarles a que paguen su deuda. Asimismo, la indexación en los buscadores hubiera permitido una consulta sencilla de los datos de los deudores con Hacienda para lograr el objetivo de la prevención de la morosidad; puesto que si una empresa o persona no paga sus impuestos, todavía menos pagará a sus proveedores. Para ello, hubiera resultado muy útil que los datos del deudor pudieran aparecer en internet.

De todas maneras, el listado ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación y los diarios digitales, por lo que la relación de nombres se puede encontrar incluso ordenada de mayor a menor importe de deuda. En consecuencia, resultará imposible la pretensión del Ministerio de Hacienda de conseguir que el listado de moroso fiscales caiga en el olvido después de los tres meses y que desaparezca la información de internet.

Y, en sexto lugar, ya que el profesor Montoro también es Ministro de Administraciones Públicas, la lista debería incluir a las administraciones que incumplen con la obligación de pagar dentro del plazo legal de 30 días que marca , tanto las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos, ya que muchos de ellos son morosos contumaces.

Otro punto es que el 30 de junio salió publicada la segunda lista con los nombres de los mayores defraudadores fiscales y morosos. Según este listado, el importe de las deudas y sanciones, pendientes de pago a 31 de diciembre de 2015, asciende a más de 15.700 millones. El número total de morosos y defraudadores asciende a 4.768; un 1,8 % menos que en la lista anterior, de los que 336 son personas físicas y 4.432 son sociedades.

Sin embargo, Gestha ha asegurado que el importe de la lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria, sólo es el 30 % del total de deuda pendiente de cobro por Hacienda, que asciende a 52.226 millones; suma que equivale a la mitad del primer rescate de Grecia. Además, Gestha declaró que, de acuerdo con el ratio de cobro de estas deudas que el Gobierno ha reconocido, se podrían perder unos 8.834 millones de las deudas de este listado, ya que el 42% de la cantidad adeudada pertenece a sociedades que se encuentran en concurso de acreedores e incluso en proceso de liquidación. De hecho, en los últimos 10 meses, entre el 31 de julio de 2015 y el 1 de junio de 2016, únicamente se han recaudado 312 millones de 1.500 deudores que figuraban en el primer listado, lo que supone apenas el 2% del importe moroso de la primera lista. Asimismo, Gestha sostiene que con motivo de la publicación anterior, el mero hecho de hacer pública la lista de morosos no consigue por sí solo aumentar los ingresos en concepto de deuda pendiente de cobro, pues incluso la mora ha aumentado en estos seis meses. En consecuencia, parafraseando al gran Keynes, podemos decir que si debes a Hacienda mil euros tienes un grave problema, pero si debes un millón, el problema es de Hacienda para recobrarlo.

Podemos comprobar, que la principal función del listado de los deudores a la Hacienda Pública por deudas y sanciones pendientes de pago, no es recobrar los importes adeudados al erario público, sino escarmentar a los morosos con el fisco. Este tipo de escarmiento me recuerda a la bárbara costumbre que existía en España en el medioevo, cuando la tradición popular obligaba a los morosos a pasearse por las calles de la ciudad subidos encima de un burro y vestidos con túnicas con grandes cruces rojas y con una coroza en la cabeza, para que todo el mundo supiera que no pagaba sus deudas. Durante el paseo el pueblo podía mofarse del infortunado deudor, insultarle e incluso tirarle toda clase de objetos. El escarnio público debía servir para escarmentar a los morosos y disuadir a los demás ciudadanos de caer en la tentación de convertirse en malos pagadores; aunque en aquella época los deudores más desafortunados acababan linchados por la turba.

El primer lugar del ranking de la nueva “Lista Montoro” lo ocupa Reyal Urbis, con una deuda que supera los 368 millones, seguida a bastante distancia por Nozar con 203 millones. Puede observarse que el sector del ladrillo tiene una deuda conjunta con las arcas del Estado que supera los 6.200 millones de euros, equivalente a un 40% del total. Lo peor de la deuda de los señores del tocho con Hacienda, no es sólo su enorme volumen, sino la escasa posibilidad de que ésta sea liquidada en el futuro. Muchas de las empresas relacionadas en la lista se encuentran en concurso de acreedores, y, además, un buen número de ellas ya han iniciado directamente la fase de liquidación con un volumen de deuda muy superior al valor actual de sus activos.

Ahora bien, yo creo que lo que más atención ha despertado a los medios, han sido los nombres de determinadas personalidades y personajes bien conocidos por el público. Sin embargo, el moroso nº1 en el ranking de personas físicas, Agapito García Sánchez, es un desconocido para la sociedad, y si no fuera por su peculiar nombre de pila hubiera pasado desapercibido; pero con un importe de más de 19 millones de euros de deuda tributaria ha superado a Dani Pedrosa –quien no ha conseguido rebasar la meta de los 8 millones de euros– e incluso dejar atrás al mismo Mario Conde (que no ha llegado a los 10 millones de deuda acumulada). El contribuyente que cierra el ranking de los Top 10 de personas físicas con más deuda tributaria, es el antiguo juez Luis Pascual Estevill, con un importe de 5.426.485 euros.

Vale la pena señalar, que bastantes personajes famosos pasan desapercibidos, puesto que sólo aparecen los nombres de sus sociedades, y requiere un arduo trabajo de investigación relacionarlos. En último lugar del listado hay un ciudadano que ha tenido el infortunio de adeudar 1.000.077, y por esos 77 euros que superan el millón, figura en la lista con nombre y apellidos; ¡qué mala suerte! Este contribuyente debe pensar que no hay derecho, ya que de haberlo sabido, hubiera pagado sin rechistar los 77 euros a la Agencia Tributaria y así no habría salido en la dichosa lista.

 

 

 

Italia: principio de la banca y fin de la Unión Bancaria

Es falso que las “medidas de rescate interno” (“bail in”) solo se apliquen en las entidades de crédito europeas en crisis desde el 1 de enero de 2016, conforme a la Directiva 2014/59/UE (objeto de transposición por la Ley 11/2015).

Lo saben bien los accionistas y los titulares de deuda (preferentes, bonos) de las entidades españolas rescatadas con dinero público, quienes, conforme al Memorando de Entendimiento de 2012, hubieron de “compartir su carga” (“burden sharing”) con los contribuyentes (las previsiones del Memorando, cuya vinculación jurídica es, al menos, discutible, se materializaron en el Real Decreto-ley 24/2012 y en la Ley 9/2012).

Es decir, antes de que se inyectara el dinero público, se practicaron quitas que volatilizaron total o sustancialmente la inversión de los clientes. A diferencia de lo acaecido en la crisis financiera chipriota de 2013, en el caso español no se planteó que sufrieran menoscabo los depósitos garantizados (por encima de 100.000 euros).

La Audiencia Nacional ha confirmado lo inatacable de la aplicación de estas medidas de rescate interno, aunque, naturalmente, deja indemne la posibilidad de recurrir a la jurisdicción civil para el análisis de una mala comercialización de los productos financieros. La labor de los tribunales españoles ha permitido, de forma paulatina, el reequilibrio de la situación, con unos costes sociales, afortunadamente, asumibles.

La supervisión de las entidades de crédito significativas de la eurozona (en general, con activos superiores a los 30.000 millones de euros) en el marco del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo, comenzó en noviembre de 2014. El 1 de enero de 2016 ha entrado en vigor, en paralelo, el Mecanismo Único de Resolución, a la vez que se ha comenzado a dotar por la industria el Fondo Único de Resolución, que contará a finales de 2023 con unos fondos equivalentes, aproximadamente, al uno por ciento de los depósitos de las entidades supervisadas (unos 55.000 millones de euros).

El Mecanismo Único de Resolución contempla que solo se inyectará dinero público en las entidades que atraviesen un estado de crisis, con carácter excepcional, una vez que se hayan practicado medidas internas, entre las que se incluyen, ahora sí, las quitas sobre los depósitos por valor superior al garantizado, además de otras sobre los accionistas y titulares de instrumentos de deuda.

Parece justo que el contribuyente no tenga que pagar, como norma, los desaguisados cometidos en entidades de carácter privado como son los bancos (el papel de las cajas y cooperativas en Europa no pasa de ser testimonial, a pesar de que, bien llevadas, sus efectos beneficiosos para el colectivo son innegables).

Esto implica una revolución copernicana de la que los clientes de las entidades bancarias todavía no son conscientes: la responsabilidad en la elección de la entidad bancaria con la que entrarán en relación, pues su seriedad y buen hacer será la mejor garantía de que sus ahorros o inversiones no sufrirán menoscabo.

También los accionistas (los minoristas pero también los institucionales) deberán preguntarse si el riesgo de la inversión se ve compensado por unos retornos más que moderados.

Este es el nuevo panorama regulatorio que con tanto esfuerzo —y no sin resistencias— se ha puesto en pie con celeridad en apenas cuatro años.

Todo este razonable entramado, en estado casi virginal, saltará por los aires cuando se admita la recapitalización del sistema bancario italiano con dinero público y sin la aplicación de medidas de rescate interno.

Pensábamos que la mediación de las autoridades regulatorias y supervisoras europeas nos preservaría de la arbitrariedad, pero, lamentablemente, se aprecia con nitidez que seguimos inmersos en una pugna en la que la estabilidad financiera, un principio absolutamente digno de tutela por el papel cardinal que desarrolla el sistema financiero en nuestras sociedades, cede ante otros tipos de interés.

Se consideró que el enfermo de Europa era el sistema financiero español, pero la verdadera carga es el italiano. Nuestras autoridades, a diferencia de las italianas, no tuvieron la capacidad de presión suficiente sobre la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional para evitar la aplicación de quitas sobre los accionistas, bonistas y preferentistas, que fue un prerrequisito para la facilitación del rescate.

Paradójicamente, la transformación de las cajas de ahorros españolas se ha acometido con la referencia de las fundaciones bancarias de inspiración italiana, que, como se ve, ni han impedido la politización de estas entidades ni la consecuente mala gestión que tiene postrado al sistema bancario italiano y quién sabe si al europeo.

Pero lo más grave, para nosotros, es la posible desintegración del proyecto de una genuina unión bancaria para Europa, como paso previo a auténtica una unión económica y monetaria, y, por último, a una Europa políticamente unida.

El informe del Abogado General y la irretroactividad de la Sentencia sobre cláusulas suelo. ¿La banca gana?

La sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2013, que declaró abusivas las cláusulas suelo de determinados préstamos hipotecarios (ya comentada en este blog aquí, aquí,  aquí, aquí, por mi también aquí) sigue dando que hablar. El TJUE tiene que decidir si su doctrina de que los bancos no han de devolver los intereses anteriores a su fecha es o no contraria a la Directiva 93/13. De eso dependen miles de millones de euros, por lo que la publicación del informe del Abogado General (en adelante AG) ha provocado no solo titulares sino subidas en bolsa.

Lo que ha de resolver el TJUE es, básicamente, si esa irretroactividad es contraria al artículo 6.1 de la Directiva, que dice: “los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas abusivas…”.

Recordemos que el TS justificó la irretroactividad (nº 292 y 293) en motivos de seguridad jurídica, invocando la STJUE RWE Vertrieb, que dijo que excepcionalmente no cabría impugnar una cláusula abusiva si existía buena fe de los círculos interesados y riesgo de trastornos económicos graves. El TS defiende la buena fe porque las cláusulas respondían a intereses económicos legítimos, eran habituales, y no eran tan perjudiciales para los deudores. Esto último porque “se calculaban para que no implicasen cambios significativos en las cuotas iniciales a pagar” y porque los deudores podían evitar la aplicación del mínimo sustituyendo al acreedor mediante una subrogación conforme a la Ley 2/1994. Como la retroactividad implicaba además riesgos de trastornos graves para la economía, no debía aplicarse.

El AG entiende que la expresión “no vincularán” no implica que la solución del derecho nacional tenga que ser necesariamente la nulidad de la cláusula con efectos ex tunc, pues “privaría de todo efecto útil la remisión expresa a los Derechos nacionales contenida en esa disposición”. Observa que la solución el ordenamiento español para estos casos sí es la nulidad (apartado 65) pero que en este caso el TS ha “recurrido a una vía procesal que le permite limitar los efectos en el tiempo de sus sentencias”. Y concluye que eso no es contrario al derecho de la Unión porque este “no armoniza ni las sanciones aplicables en el supuesto del reconocimiento del carácter abusivo de una cláusula ni las condiciones en las que un órgano jurisdiccional supremo decide limitar los efectos de sus sentencias”.

Los efectos serían por tanto una cuestión de derecho interno, pero aún así cree necesario examinar si la irretroactividad no es contraria al principio de efectividad. En relación con esta, entiende que para los contratos posteriores a la sentencia se produce un efecto disuasorio de su utilización porque estas cláusulas serían nulas y darían derecho a la restitución total de los intereses. Respecto de los contratos anteriores, se plantea si la solución del TS impide restablecer el equilibrio entre el consumidor y el profesional: entiende que no -siguiendo al TS-porque el consumidor “podía fácilmente cambiar de entidad bancaria mediante una novación” y porque la aplicación de la cláusula “no había tenido como consecuencia una modificación sustancial del importe de las mensualidades”.  Finalmente, en relación con la seguridad jurídica, dice que “constituye una preocupación que comparte el ordenamiento jurídico de la Union.” Concluye, al fin, que la irretroactividad no es contraria a la Directiva.

Pero lo cierto es que el informe es tan poco convincente como la sentencia del TS. Aunque la sentencia habla en general de preservar la seguridad jurídica, en realidad la preocupación es el “riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico”; más claro aún es el AG al referirse a  “las repercusiones macroeconómicas sobre el sistema bancario de un Estado miembro que ya se encontraba debilitado”. El problema es que esta no debería ser una razón para no aplicar los efectos normales de la nulidad en un contrato con un consumidor, como han denunciado las asociaciones de consumidores (ver aquí). Si aplicamos a los contratos esta doctrina del “too big to fail” habremos acabado con la protección del consumidor y con la justicia en general: como dijo el propio TJUE (asunto C-82/12 sobre el céntimo sanitario) supondría que “las violaciones más graves recibirían el trato más favorable”. Es como defender que un productor de alimentos provoca un envenenamiento masivo no debe ser obligado a indemnizar si la empresa es suficientemente grande como para afectar a la economía nacional.

Por otra parte, también es incongruente declarar que cláusulas suelo son abusivas (nº 264) para después, cuando se trata de justificar la irretroactividad (nº 293) decir que tampoco eran tan perjudiciales (lo que también avala el informe).

El propio AG no parece estar demasiado convencido, pues en el apartado 73 señala que lo anterior ha de considerarse como una solución excepcional, y en el 79 se siente obligado a reiterar esa absoluta excepcionalidad. Además, pone límites a la eficacia de esa doctrina al decir que “si bien es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Supremo complementa el ordenamiento jurídico español ello no representa un obstáculo” para que cada juez haga “su propio análisis de las circunstancias y de apreciar si, en el caso concreto del que conoce, esas circunstancias son identicas”. Es decir que si no lo son puede obligar a la restitución de todas o parte de las cantidades percibidas en una reclamación individual.

La conclusión es que este informe no pone fin a la incertidumbre, pues tiene tantos caveat que da margen para que el tribunal resuelva en otro sentido, y además deja la puerta abierta a las reclamaciones individuales para la retroacción.

El informe no solo no despeja todas las dudas sobre la cuestión de la irretroactividad, sino que confirma otras sobre el resto de la argumentación de la STS de 9 de mayo. Por una parte, no le debe parecer muy clara al AG cuando hasta dos veces (nº 44 y 45) se ve obligado a someter lo que dice a que “su comprensión [de la sentencia] sea correcta”. Sin embargo, a mi juicio la resume muy bien (nº 44): “las cláusulas «suelo» eran comprensibles gramaticalmente y por lo tanto, superaban el control de transparencia formal. Por el contrario, consideró que los profesionales que habían introducido esas cláusulas en los contratos controvertidos no habían proporcionado suficiente información para aclarar su significado real y que no se cumplía el requisito de transparencia material. Declaró el carácter abusivo de tales cláusulas.”

El AG avala el doble control de incorporación (compresibilidad gramatical) y transparencia (comprensión de las consecuencias económicas) que defiende la sentencia (aunque prefiere hablar de transparencia formal y material). Señala que el TJUE ha exigido esa transparencia material en las sentencias RWE Vertrieb AG, Kásler y Káslerné Rábai  y Bucura. Sin embargo, el problema es que lo que estas exigen que el consumidor pueda evaluar – la mensualidad mínima (Bucura), las posibles modificaciones del coste (RWE Vertrieb), las consecuencias económicas con un mecanismo de cálculo claro (Kasler)- es perfectamente determinable en una cláusula suelo. En cambio, lo que exige el TS son “simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar”,  e “información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo”. Esto va mucho más allá de entender las consecuencias económicas del mínimo, pues implica una comparación con el coste de otros préstamos sin suelo y con diferenciales distintos, en distintos escenarios de tipo de interés. Es un criterio absurdo que supondría, por ejemplo, la nulidad de todos los préstamos a interés fijo -que obviamente no plantean dudas sobre sus efectos económicos- porque los bancos no ofrecen simulaciones del coste total en comparación con otros préstamos a interés variable en los distintos escenarios de tipo de interés.

Esto no quiere decir que no haya casos en que debería anularse la cláusula suelo, como aquellos en los que el prestatario se enteró en la notaría de que en su préstamo se incluía esa cláusula. También podría defenderse la mala fe de los bancos respecto de aquellos prestamos celebrados en 2007 y 2008, cuando la inversión de las curvas de tipo de interés a corto y a largo hacían previsible una bajada sustancial de los tipos (ver aquí). El problema es que lo primero no podría haber sido estimado en una acción de cesación y lo segundo hubiera requerido un estudio económico profundo y su aplicación solo a aquellos préstamos en los que el desequilibrio resultara del concreto mínimo fijado y del momento de la contratación.

La sensación que queda tras el estudio de la sentencia es que el tribunal quiere fallar a favor del deudor y para ello fuerza los conceptos de transparencia y de abusividad. Como sabe que en realidad está creando derecho y quiere evitar su aplicación retroactiva deforma también los efectos de la nulidad (en este sentido Gonzalez Meneses). La voluntad de favorecer al deudor es comprensible: las actuaciones abusivas de la banca en multitud de casos (intereses de demora, participaciones preferentes, obligaciones subordinadas, swaps en préstamos a particulares) han creado una sensación de que las entidades financieras actúan sistemáticamente de forma desleal, trasladando a sus clientes riesgos que estos ignoran y ellos conocen. Además, la incapacidad de los órganos reguladores y del legislador para poner fin a estos abusos ha convertido a los tribunales en la última línea de defensa de los consumidores.

Pero esta defensa no puede hacerse al margen del rigor jurídico sin provocar la inseguridad jurídica y la injusticia (ver aquí). Existen muchos préstamos con cláusula suelo en los que no había mala fe y los clientes eran plenamente conscientes de sus consecuencias, que deberían pagarse en los términos pactados; y también existen muchos en los que el cliente fue informado al final, o en los que podría existir mala fe por parte del banco, respecto de los cuales procede la devolución íntegra de los intereses cobrados al amparo del mínimo. Por ello la sentencia y este informe que la aprueba -por los pelos- nos dejan profundamente insatisfechos.

Nueva serie. Diario de Barcelona: ¿Todo está en el mismo sitio?

 

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Nuestro colaborador Jorge Trías está de vuelta en Barcelona, su ciudad natal. Nos ha parecido que sería interesante que nos fuera contando con una periodicidad semanal bajo el título “Diario de Barcelona”  como ha sido la vuelta y la situación desde el punto de vista del Estado de Derecho por allí.  Pero inevitablemente la primera pregunta es ¿como se ha llegado a esa situación?

Los editores

Después de una breve y fructífera estancia en el Ministerio de Justicia, me quedé a vivir en Madrid donde monté un despacho profesional. Corría el año 1981, poco después del golpe de estado. Presidía la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, quién  durante ese esperpéntico asalto llamó sobresaltado al Rey y éste  le calmó con un “tranquilo Jordi, tranquilo”.  Tras la corta presidencia de Calvo Sotelo los socialistas arrollaron en las elecciones de 1982 y gobernaron ininterrumpidamente hasta 1996. Su único contrapeso durante varios años fue el gobierno ecléctico de Jordi Pujol, que entonces lideraba Covergencia i Unió, y hacía y estructuraba y desestructuraba la administración catalana a sus anchas. Lo importante, decía el Presidente Pujol, solía repetir el Presidente Pujol, era ir arañando competencias, aunque estas fuesen mínimas y no se tuviese claro cómo costearlas. Y lo repetía hasta la saciedad, como si de una estrategia militar se tratara. Así se llegó a 1996, cuando los populares ganaron las elecciones por minoría y hubo que pactar con CiU del mismo modo que en el gobierno anterior lo había hecho Felipe González en 1993.

Las negociaciones, llevadas directamente por Aznar y Pujol, finalizaron con un acuerdo de gobierno estable con los nacionalistas catalanes al que se sumaron el PNV y Coalición Canaria. No sólo se suprimió la simbólica figura del gobernador civil sino que, incluso, el gobierno del PP se comprometió a transferir competencias que ni siquiera los nacionalistas habían pedido. En CiU estaban tan contentos que no daban crédito al terreno que iban consiguiendo. Y con el PNV se pactó un nuevo concierto económico, concierto que cuando fue aprobado por el Congreso de los Diputados llevó a un exultante Anasagasti a proferir, mientras descendíamos juntos las escaleras del congreso, “¡esto es la h…, Jorge,  es como haber conseguido la independencia”! Y era verdad, los nacionalistas vascos habían obtenido lo que querían: el control del dinero, o sea la independencia. Lo demás era accesorio perteneciendo, como pertenecíamos, a la Comunidad Europea en donde se establecía una política monetaria, exterior y de defensa común.

Es importante, recordar lo que ocurrió con la mayoría absoluta obtenida por el PP en la siguiente legislatura, la guerra de Irak, el triunfo de Zapatero y la negociación del nuevo estatuto de Catalunya. El PP se automarginó y los populares quedaron como apestados de la política en Catalunya. Gente tóxica. Las permanentes apelaciones de este partido al Tribunal Constitucional, en varias ocasiones perfectamente prescindibles, y el enfrentamiento directo entre el gobierno catalán y el español en la legislatura en la que Rajoy obtuvo mayoría absoluta, envenenaron la política española y la catalana. Y esto es lo que permitió al gobierno de Pujol, heredado por Artur Mas, introducir en el imaginario de todos (o al menos de los catalanes) que había dos gobiernos –el español y el catalán-. Los catalanes, sobre todo nacionalistas, entendieron que dos gobiernos representaban dos estados –el estado catalán y el español- y que ambos tenían derecho a  negociar en plano de igualdad. Pero, negociar ¿el qué? Pues el “tránsito hacia la independencia”, clamó Mas, la independencia de Catalunya; y no había nada más que hablar.

El gobierno español, con un presidente propenso a ponerse de perfil, también se puso de perfil. Y los líderes de los partidos comenzaron a imitar a Rajoy o sea a no hacer nada, a quedarse quietos. Y así aguantó toda la legislatura –de 2011 a 2015- hasta que Mas convocó elecciones y las ganó pero con tanta minoría que tuvo que dejar, in extremis, el sillón de President a quien hoy preside la Generalitat, el señor Puigdemont, con el fin de obtener los suficientes apoyos para poder gobernar. Con caras nuevas, antes de iniciarse la campaña electoral se consiguió desbloquear, al menos, el aislamiento entre el gobierno central y el autonómico y se pactaron varios acuerdos, algo que no había sido posible en los cuatro años anteriores.

Ahora se espera que el PP forme gobierno en España, a base de abstenciones ya que de otro modo parece imposible, entre las que probablemente se encuentre la del Partit Demócrata de Catalunya –la nueva Convergencia hija y nieta del pujolismo. Ellos –los antiguos convergentes- no han abandonado el independentismo, al que se sumaron abiertamente hace bien poco; y desde el gobierno que salga se harán concesiones económicas pero no convocarán el desde Catalunya tan demandado referéndum. Las experiencias de Escocia y el Brexit son lo suficientemente recientes que Mariano Rajoy, utilizando sus propias palabras, no se meterá “en ese lío”.

¿Y cómo se ha llegado hasta aquí, a una situación tan inviable –la independencia- y perjudicial económicamente para los catalanes, o sea para nosotros? ¿Son los sentimientos tan fuertes que estaríamos dispuestos a lanzar a nuestros hijos a luchas que les arruinarían la vida y les empobrecerían durante varias generaciones, por lo menos? Una cosa es predicar y otra dar trigo. Una cosa es tergiversar la realidad y lanzar un mantra como ese del robo español, o ese otro de los 16.000 millones o aquel de las balazas fiscales de Alemania, y otra muy distinta aceptar la realidad. Como ha demostrado Josep Borrell los 16.000 no llegan a 2.000 y aquí no hay expolios sino malos negociadores o, lo que es lo mismo, malos políticos; y que en Alemania no existe lo que se pretende desde el independentismo sobre las balanzas fiscales.

Esto es lo que trataré de averiguar ahora que he instalado mi residencia habitual en Barcelona, la ciudad en la que nací y me crié. ¡Es tan poca la distancia entre Madrid y Barcelona!Tengo curiosidad por ver si ejerciendo mi profesión desde aquí, mi perspectiva cambia. O si lo que parece que es distinto, el mar, el Tibidabo, los edificios construidos por mi tío abuelo (el arquitecto EnricSagnier), el magma urbano, a veces modernista, que se desborda entre el Besós y el Llobregat, Montjuico Mont Juïf, enfin, si todo eso y todo lo que contiene, catalanes viejos y nuevos, es realmente ajeno a Madrid. También entender si Barcelona es Catalunya o siCatalunya es otra, la hermana olvidada que ve el independentismo como una forma de imponerse a la hermana que globalmente brilla entre cruceros y turistas.

Esto es lo que iré desgranando semana tras semana.

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¿Por qué es tan difícil pactar un Gobierno en España? Reproducción de la Tribuna en EM de nuestros coeditores Elisa de la Nuez y Rodrigo Tena

En España todos los días se cierran miles de pactos. Públicos y privados. Entre personas y empresas. En Comunidades Autónomas, ayuntamientos, notarías y hasta en gasolineras. Todas las partes ceden en algo y así terminan ganando. De esta forma están mejor al final que al principio. Pero desde diciembre de 2015, los cuatro principales partidos están demostrando su incapacidad para alcanzar un acuerdo de Gobierno. ¿Por qué?

Dado que alguna explicación racional habrá que buscar, podemos empezar con la denominada“teoría de la agencia” que explica que en ocasiones los representantes (Agentes) pueden tener intereses propios no perfectamente alineados con los intereses de los representados (Principales). De esta manera, puede que un determinado pacto favorezca claramente a los últimos, pero si no beneficia también a los Agentes no se cerrará nunca. Pues bien, en el caso de un pacto de Gobierno existe no ya uno sino dos problemas de agencia: el del líder con relación a su partido, y el del partido con relación a sus electores. Esto quiere decir que el pacto mejor es el que beneficia a la vez al líder del partido, garantizando su permanencia, al futuro del partido, garantizando que no va a perder votos y a los intereses generales de sus electores, garantizando que se va a aplicar el programa que han votado. Si los tres intereses se encuentran razonablemente alineados la solución resultará sencilla. En caso contrario puede tender a lo imposible, porque habría que poner de acuerdo (al multiplicar los tres sujetos citados por los dos o tres partidos necesarios para llegar a un acuerdo) unos cuantos intereses concurrentes potencialmente contradictorios.

Pues bien, en nuestra opinión el problema en España es que hay tres factores que complican el alineamiento entre Agente y Principal: la irrupción de dos partidos que no solo compiten en el eje derecha- izquierda sino también en el eje nuevo-viejo (con ambición de sustituir a los anteriores), la falta de una cultura de pactos políticos”institucionales” y el carácter clientelar de nuestra democracia.

Para ilustrar el factor nuevo-viejo a la luz de la teoría de la agencia podemos referirnos al caso del PP y Cs. Es obvio que a los electores del PP les interesa que se plasmen en la práctica sus ideas liberales y conservadoras, pero les debería importar poco que las defienda el PP o Ciudadanos, que puede llegar a competir en el mismo espacio. Pero al PP como partido le interesa mucho más su futuro como organización que el triunfo de sus ideas o el destino de su líder actual (salvo a sus más fieles) por lo que preferirá no dar ni agua a un partido afín pero que compite con él. Al líder sólo le interesa su presente, que pasa por ser Presidente del Gobierno y para eso necesita apoyos como sea y de quien sea. Este enrevesado problema de agencia supone que Rajoy, para mantenerse en el poder, estaría dispuesto a ceder mucho más de su programa (por ejemplo, en una negociación con el PSOE) de lo que lo haría cualquier otro candidato, en detrimento de los intereses de sus electores. Correlativamente, para Cs (o incluso para el PSOE) parece que cobrarse la cabeza de Rajoy -símbolo de la vieja política- puede ser más importante que imponer algunas de las medidas clave de sus programas, también en detrimento de los intereses de sus electores. Algo parecido ocurre entre el PSOE y Podemos: A Sánchez como líder le hubiera interesado gobernar con el apoyo de Podemos, pero a su partido le parecía demasiado peligroso. Para los electores de Podemos apoyar el pacto PSOE-Cs podía ser un mal menor frente a la continuidad de Rajoy, pero para su líder esa posibilidad era impensable. Y así podríamos seguir un buen rato.

El segundo factor es el de la falta de una cultura de pactos políticos institucionales (transversales o sobre programas) entre la ciudadanía. En estas últimas elecciones los electores no hemos favorecido –o penalizado- en las urnas a los partidos atendiendo a sus mayores o menores esfuerzos de cara a lograr un pacto de gobierno.Quizás porque el electorado tiende a pensar siempre que el partido al que vota no es el responsable; la culpa siempre es de los otros. En todo caso, esa sensación también revela falta de cultura política. Lo mismo cabe decir de la mayoría de los medios de comunicación, más enfrascados en hacer de altavoces de los políticos, poniendo el foco en el quién o con quién y casi nunca en el cómo y en el para qué. También para ellos resulta mucho más relevante hablar de líderes que del contenido detallado de cualquier pacto y de sus implicaciones. De esta forma consiguen más audiencia, pero contribuyen más bien poco a la implantación de una auténtica cultura democrática.

Efectivamente, en las democracias representativas las elecciones son un medio para alcanzar un fin: gobernar. Si se pierde esta idea de vista, no hay manera de salir del círculo. Lo que nos devuelve al punto de partida:lo importante es el programa que se quiere poner en marcha desde el Gobierno o, “second best”, si se pueden condicionar las decisiones de un Gobierno en minoría. Sobre estos programas o medidas es sobre lo que debe versar el debate: todo lo demás, siendo muy interesante para los partidos, sus líderes y muchos periodistas es accesorio para los electores.Y si no es así, entonces los ciudadanos no podemos criticar a los políticos que anteponen las consideraciones personales a cualquier otra, porque perciben que sus electores también lo hacen.

El tercer factor es el carácter fuertemente clientelar de nuestra democracia. En nuestro pasado reciente han existido otros Gobiernos en minoría, pero han podido gobernar como si tuvieran mayoría absoluta alcanzando un acuerdo con los partidos nacionalistas, que han apoyado indistintamente al PP o al PSOE. El esquema de estas negociaciones ha sido sencillo y cómodo para el partido que aspiraba a gobernar: cesiones concretas siempre en clave autonómica (más competencias, más dinero, retirada de recursos ante el Tribunal Constitucional, cuota de reparto en órganos constitucionales, reguladores, etc) a cambio de estabilidad gubernamental. Dicho de otra manera, cada uno dejaba actuar al otro en libertad en su respectivo territorio durante una temporada. La negociación que podríamos llamar “institucional” sobre políticas concretas (educación, sanidad, fiscalidad, Justicia, etc.) ha sido siempre la excepción. Por eso, más que un pacto se trataba de un reparto, con la consiguiente delimitación de las áreas de influencia, al modo en que todavía se reparten el territorio algunas organizaciones mafiosas.

En conclusión, ahora el reto es alcanzar un pacto de muy distinta naturaleza: un pacto institucional sobre políticas concretas –y eventualmente cargos- con rivales que aspiran a competir en el propio territorio, con el tremendo coste que esto puede suponer para partidos y líderes acostumbrados a otra forma de funcionar.Por poner un ejemplo: mientras que para una democracia poco clientelar como la británica, la sustitución de Cameron no es una tragedia para los próximos (sino más bien una oportunidad) en España la sustitución del líder del partido que ocupa el poder en cada momento tiene muchas otras implicaciones. Lo esencial no parece ser el programa -que otro también podría llevar a cabo- sino la capacidad de atender a la clientela, lo que agudiza las contradicciones internas.

Nos encontramos sin duda ante una coyuntura crítica que deberíamos intentar aprovechar para mejorar nuestra democracia. Para ello sería necesario utilizar las debilidades del sistema para reorientarlo en la buena dirección. Es decir, aprovechar la disponibilidad del PP a pactar cargos y políticas a cambio de mantener a su líder para avanzar decididamente en la reforma de las instituciones y en el desmantelamiento del clientelismo político que tanto daño hace a nuestra democracia. Pero solo podremos transmitir a nuestros políticos los incentivos necesarios para hacerlo si empezamos por interesarnos más por las políticas que por las personas que las vayan a desarrollar. Y por el momento no lo estamos haciendo.

 

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HD Joven: ¡Recicle, es por su bien! (No por el del medio ambiente)

El próximo 19 de julio arrancará una nueva legislatura que, con suerte, durará algo más que la anterior y dará pie, así, a que el legislador y el ejecutivo tengan la posibilidad de girar su atención hacia el medio ambiente. Y digo bien, “girar su atención”. ¿Cuál ha sido hasta el momento la preocupación que las distintas agendas políticas han prestado a un asunto tan capital como el medio ambiente? Los datos sobre las agendas políticas del Spanish Policy Agendas Project nos lo muestran. Aunque tampoco se pueda decir que dicha atención haya sido amplísima en el periodo estudiado (especialmente si se compara con otros asuntos tales como la Justicia o la economía), no ha sido desdeñable ni, mucho menos, escasa en términos relativos.

En todos los análisis de las agendas políticas, la atención relativa es de suma importancia. Si no hubiese atención, evidentemente habría primero que lograrla. Pero, una vez lograda, no menos importante es el contenido de la misma. No cabe duda de que la regulación española respecto al medio ambiente ha crecido exponencialmente desde la restauración de la democracia pero, ¿en torno a quién gira dicha legislación? ¿Qué es lo que más nos preocupa: nuestra salud o la del medio ambiente?

Para dar respuesta a lo anterior permítanme que, por un momento, me retrotraiga a la Regencia de María Cristina, en concreto al año 1896. El 26 de septiembre de aquel año publicaba la Gaceta de Madrid una bucólica ley cuyo artículo 2º rezaba así:

“En las puertas de los Ayuntamientos se pondrá un cuadro en que se lea: «Los hombres de buen corazón deben proteger la vida de los pájaros y favorecer su propagación. Protegiéndolos, los labradores observarán cómo disminuyen en sus tierras las malas hierbas y los insectos. La ley prohíbe la caza de pájaros y señala pena para los infractores.»”

(Ley de 19 de septiembre de 1896 para la protección de pájaros insectívoros).

2La Disposición Derogatoria única del Código Penal de 1995 vino a terminar con la vigencia de esta ley (pueden ver un ejemplo de dichos azulejos aquí). Pero fíjense detenidamente en la segunda de las oraciones de ese cuadro: “Protegiéndolos, los labradores observarán cómo disminuyen en sus tierras las malas hierbas y los insectos.” El título de la ley puede llevarnos a engaño: no se trataba de una protección dispensada a los “pájaros” dado su valor intrínseco en tanto que seres vivos, sino que como bien recalca el inciso segundo de esa oración, la prohibición de la caza de las aves insectívoras tenía como fin último el garantizar un bien para los agricultores, la disminución de las malas hierbas y los insectos, y por lo tanto para el ser humano.

Este pequeño flashback ha tenido como propósito el recalcar el problema que viene arrastrando desde hace siglos nuestra legislación: ¿A quién pretenden proteger las leyes ambientales? Parece de Perogrullo que la legislación ambiental pretende proteger el medio ambiente. Pero, ¿dispensa tal protección como un fin en sí mismo o como parte de la protección hacia los seres humanos?

De igual forma que, para un liberal como Kant, la dignidad humana implicará que la defensa de los seres humanos deba ser un fin en sí mismo y nunca un medio; para un ecologista radical, la protección de la naturaleza debe ser un objetivo per se, y nunca un medio para garantizar la existencia humana. Un ecologista no radical (o shallow) le diría que la protección de los intereses humanos y los de la naturaleza son compatibles. Entonces, ¿en quién estamos pensando cuando discutimos sobre normas ambientales? ¿En el hombre? ¿En la naturaleza? ¿O en ambos?

Centrémonos ahora en el análisis de la norma fundante básica en el sistema español relativa al medio ambiente, el artículo 45 de la Constitución: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”. La cursiva expresa cuál es el propósito de la dispensa de protección al medio ambiente en nuestro ordenamiento jurídico: el desarrollo de la persona. Nadie niega que en la actualidad exista una clara obligación no solo moral, sino legal y jurídicamente vinculante de protección del medio ambiente. Ahora bien, no menos cierto es que la posición de las legislaciones occidentales, con carácter general, no está inspirada en los postulados ecologistas radicales. Quizás sí, de manera parcial, pueden tener algunos rasgos de las posiciones del ecologismo no radical o shallow, también denominadas posiciones ambientalistas.

En mi investigación El ecologismo como fundamento del derecho humano a un medio ambiente sano (disponible aquí) tengo la oportunidad de verificar la hipótesis que el mismo título plantea y cuya principal conclusión acabo de exponer: el éxito del ecologismo como ideología inspiradora de las legislaciones es relativo, al menos en el plano occidental. En el ámbito regional sudamericano, el ecologismo sí parece haber influido de manera decisiva en las reformas legales y constitucionales de algunos países. Así, el caso de Bolivia es paradigmático: en 2010 la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley de Derechos de la Madre Tierra. Además, el presidente Morales impulsó, infructuosamente, el Proyecto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra en el seno de las Naciones Unidas. En estos instrumentos se configura una protección del medio ambiente con independencia de los seres humanos, aunque no contra estos: “Nada en esta Declaración podrá restringir el reconocimiento de otros derechos inherentes de todos los seres o de cualquier ser en particular” (artículo 4 del Proyecto).

¿Pero pueden tener derechos seres o entes no humanos? No es, ni mucho menos, pacífica la discusión doctrinal acerca de si los animales, las plantas o incluso los seres inertes (aunque “vivos”), pueden o no tener derechos. Hay quien argumenta que solo los seres humanos, en tanto que sujetos de obligaciones, pueden serlo también de derechos. Y al contrario, hay quienes postulan la necesidad de reconocimiento de derechos al resto de los seres no humanos. Es un debate que debe necesariamente abrirse y resolverse. Las Cortes que la semana próxima se inaugurarán tienen nuevamente otra oportunidad para plantearse cuestiones como las anteriores. De momento, son otros los que llevan la iniciativa en un ámbito regional distinto al europeo, lo cual no redunda sino en una desventaja para nuestro continente. Y creo que nosotros, sí tenemos bastantes cosas que aportar.

En cualquier caso, la próxima vez que se impongan medidas administrativas para evitar que respiremos aire contaminado, o cuando se sancione a alguna empresa por vertidos ilegales, o simplemente, cuando tengamos que pagar por una bolsa de plástico en el supermercado, preguntémonos a favor de quién se han dictado estas medidas: ¿a favor del medio ambiente o de nosotros mismos?

¿Quo vadis, Reino Unido? El BREXIT y los mercados financieros

Confusión de confusiones. Las dos velocidades del BREXIT

Cuando ya ha pasado la fase aguda de la enfermedad y comenzamos a apreciar sus consecuencias crónicas, cuando la potente pero siempre efímera luz de la opinión pública va apartado su foco paulatinamente del BREXIT (para desplazarlo, por ejemplo, al apasionante –al tiempo que inteligente- espectáculo de la política española); agradecemos la hospitalidad de los amigos de ¿Hay Derecho? para compartir con Vds. algunas reflexiones sobre las consecuencias que ha tenido y tendrá el BREXIT en los mercados financieros.

Y lo primero que debemos confesar es la dificultad que siempre acompaña a la tarea de intentar explicar racionalmente las consecuencias catastróficas de un fenómeno irracional, con tintes evidentes de un nuevo populismo antieuropeo, como es el BREXIT. Estamos ante una de las manifestaciones históricas más refinadas de ineficiencia absoluta, porque los cálculos partidistas de algunos políticos de un Estado –hasta ahora- miembro de la UE han conseguido la muy difícil hazaña de unir a los efectos catastróficos inmediatos en la Economías de los países desarrollados, unos efectos aniquiladores en la misma política británica, donde el estrechísimo y paradójico triunfo del BREXIT ha logrado “poner en fuga” a los políticos que  promovieron el referéndum, aunque se mostraron en contra de la salida; a los que lo saludaron, y se mostraron a favor de la salida; y a los que –sin promoverlo ni saludarlo- se opusieron a la salida del RU de la UE. Con el agravante de que estos días conocemos que algunos de ellos han labrado grandes fortunas en la City londinense, crisol del capitalismo financiero cosmopolita. En fin, parafraseando el superlativo hebraico utilizado por Joseph de la Vega, nos encontramos absortos contemplando una “confusión de confusiones”.

Pero el estupor que nos invade al ver diariamente las consecuencias inmediatas y reales del BREXIT no nos exime –antes al contrario- de analizar su impacto en la regulación y supervisión de los mercados financieros internacionales, europeos y españoles. Y, en este recuento urgente de desgracias económicas, hemos de comenzar por ubicar las consecuencias de BREXIT en el tiempo para señalar que el proceso de desarrolla a dos velocidades o en dos momentos porque vemos que:

a) En el momento presente, los mercados financieros han descontado, descuentan y seguirán descontando los efectos futuros de ese largo, tortuoso y complejo camino en forma de pérdidas catastróficas para las empresas y las familias europeas y particularmente, para las británicas.

b) En un futuro próximo (de dos años ampliables), la Economía real y el Ordenamiento comunitario y británico experimentarán los efectos –que no parece que vayan a resultar precisamente positivos- del acuerdo de retirada del RU de la UE. En este sentido, los efectos jurídicos definitivos del BREXIT dependerán de los términos del acuerdo de retirada que negociará la UE con el RU a resultas de la notificación –aún pendiente- al Consejo Europeo por el RU de su intención de retirarse de la UE, porque los Tratados de la UE dejarán de aplicarse al RU desde la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación del RU de su intención de retirarse, salvo prórroga unánime del Consejo Europeo. Todo ello conforme al art.50 del Tratado de la Unión Europea.

Aspectos comunes del impacto del BREXIT en los mercados financieros

Entrando ya en el contenido específico de esta entrada, procede resaltar algunos aspectos comunes al impacto del BREXIT en los tres sectores –bancario, bursátil y asegurador- del mercado financiero europeo: El primero  consiste en la pérdida recíproca de los beneficios del pasaporte comunitario por parte de los intermediarios financieros británicos en el territorio de la UE y por parte de los intermediarios financieros de los Estados miembros de la UE –y, por lo tanto, de los españoles- en el territorio del RU. El segundo consiste en la desintegración parcial –por la separación de las autoridades supervisoras respectivas del RU- del Sistema Europeo de Supervisión Financiera y en la “mudanza forzosa” de la Autoridad Bancaria Europea que deberá abandonar su sede de Londres. El tercero consiste en la rebaja de la calificación crediticia o “rating” del RU, su “contagio” en forma de rebaja del rating de la UE y el consiguiente incremento del coste de la financiación de ambas Economías. Y el cuarto y último aspecto común que queremos destacar consiste en la suspensión del reembolso de las participaciones en los principales fondos de inversión inmobiliaria –vinculados a las aseguradoras- del RU por cuanto constituye un interesante ejemplo de contagio transectorial con efectos financieros potencialmente sistémicos.

Aspectos específicos del impacto del BREXIT en el mercado bancario

Si pasamos a los efectos en cada uno de los tres sectores del mercado financiero europeo y comenzamos con los efectos directos del BREXIT en el mercado bancario, debemos diferenciar los económicos y los regulatorios que afectan a la actuación en España de los bancos británicos y la actuación en el RU de los bancos españoles y a la supervisión de las sucursales de los bancos británicos que operen en España. En este sentido, recordemos que los principales bancos españoles experimentaron, el 24 de junio,  pérdidas en sus cotizaciones iguales o superiores al 15%, de las que solo se han recuperado en parte; y que 6 de las 10 primeras sociedades del Ibex 35 más “perjudicados” el día 24 de junio por el BREXIT fueron bancos. La explicación reside en el nivel de exposición de algunos bancos españoles al riesgo británico dado su nivel de implantación en el RU, tanto a nivel funcional, mediante la realización de operaciones bancarias; como a nivel estructural, mediante el control de la propiedad de bancos británicos relevantes

A lo anterior cabe añadir que el BREXIT ha producido efectos indirectos o colaterales  en el mercado bancario europeo en forma de crisis bancarias inducidas o precipitadas respecto de las que ha actuado como un catalizador; como ha sido el caso de la banca italiana. Así, el 30 de junio se hizo público que la Comisión Europea daba el visto bueno a un plan del Gobierno italiano de ayudas públicas a su banca por cuantía de 150.000 millones de euros, para paliar los riesgos que se ciernen sobre de los bancos transalpinos con gran cantidad de activos tóxicos y altos índices de morosidad. Ello plantea, una vez más, la cuestión de compatibilidad de las ayudas estatales con la competencia en el mercado bancario de la UE.

Aspectos específicos del impacto del BREXIT en el mercado de valores

Si continuamos con los efectos del BREXIT en el mercado de valores europeo, hemos de comenzar destacando el efecto directo de la pérdida por la City de Londres de su condición de mercado secundario de valores comunitario, con la consiguiente necesidad de lograr su homologación -tras pasar el test de equivalencia- si quiere seguir siendo un mercado de destino aceptable para las inversiones reguladas de las entidades de la UE.

Por otro lado, el BREXIT producirá, en el mercado de valores español, los efectos directos propios sobre los movimientos de salida de las empresas de servicios de inversión españolas al RU y de entrada de las empresas de inversión británicas en España. Asimismo, tendrá una influencia especial en la gestión de fondos de inversión y SICAVs españoles por sociedades gestoras británicas y en la gestión de fondos de inversión y SICAVs británicos por sociedades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva españolas.

Aspectos específicos del impacto del BREXIT en el mercado de seguros y fondos de pensiones

Para acabar este fugaz recuento de los efectos financieros del BREXIT, destacaremos los que producirá en el mercado de seguros, que serán de dos tipos: los efectos económicos sobre la cartera de inversiones de las entidades aseguradoras y los efectos regulatorios sobre las modificaciones estructurales de las entidades aseguradoras y sobre la actividad de las entidades aseguradoras españolas que operan –o quieran operar- en el RU y sobre las entidades aseguradoras británicas que operan –o quieran operar- en España. Además, el BREXIT tendrá una influencia especial sobre la actividad transfronteriza de los fondos de pensiones de empleo porque los fondos de pensiones británicos perderán el pasaporte comunitario para operar en la UE y los fondos españoles también lo perderán para operar en el RU.

NOTA DE LOS EDITORES: Puede ampliarse la información sobre los diversos aspectos que trata el autor su propio blog y diversos posts que pueden consultar aquí, aquí y aquí.