¡Ay, Derecho! Legislando al peso. Las cifras de la X legislatura.

Cuando ahora oímos al Presidente del Gobierno en funciones reclamar un Gobierno de forma urgente porque hace casi un año que no mandan leyes al Parlamento, no está de más recordar una noticia de Europa Press que señala que en la X legislatura (la XI ya sabemos que no dio mucho de sí) se han aprobado nada menos que 244 leyes. De estas leyes nada menos que 75 (el 30%) tienen origen en Reales Decretos leyes, que son excepcionales para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, según el art.86 de la Constitución Española.

Lo curioso de la noticia no es tanto el increíble número de leyes aprobadas, una auténtica diarrea legislativa, sino que el Gobierno en funciones considere como algo positivo  la legislación “al peso”, subrayando que producción legislativa supera a la de las dos legislaturas anteriores, que tampoco estuvo nada mal. En concreto (siempre según la noticia de Europa Press) en la IX se aprobaron 197 y en la VIII 219. También en Reales Decretos-leyes vencen por goleada. Según los cálculos de Presidencia del Gobierno, se aprobó nada menos que una norma cada cinco días, eso es ritmo, eso es un gobierno, pasen y vean.

Eso sí, salvo a los esforzados juristas que tenemos que seguir este disparate, a los miembros de la clase política no parece preocuparles nada si estas leyes se cumplen o no, o, ya puestos a ponernos exigentes, si sirven para algo o no. En este blog hemos denunciado muchas veces esta manía patria de legislar para la foto, y hemos tratado de leyes sin ninguna aplicación o que han fracasado lamentablemente a la hora de conseguir los objetivos que se suelen proclamar a bombo y platillo en las Exposiciones de Motivos y en las ruedas de prensa de los viernes. Aquí tienen un ejemplo sobre la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, pero hay muchos más. Realmente, sería imprescindible contar con un seguimiento exhaustivo para saber qué ha pasado después de la aprobación de una ley y tener algún criterio sobre su utilidad. Pero este tipo de consideraciones supondría poner en duda el sacrosanto principio de que el éxito de una legislatura depende del número de páginas de BOE rellenadas. Ya hemos superado la legislación para la foto y ahora estamos en la legislación al peso.  Todo un avance.

Pero más allá de llamar la atención sobre la urgencia de replantearnos esta forma de funcionar, propia de un país bananero, hay que recordar que en una situación de legislación motorizada  -y más si es vía Decreto-ley- el Parlamento no puede controlar lo que aprueba, sencillamente por falta de capacidad. Nada menos que una ley cada 5 días, y casi sin debate, no parece lo ideal para que las leyes salgan bien hechas. Claro está que si los parlamentarios no controlan todo lo que aprueban, seguro que hay gente que sí. No nos cabe duda de que algún grupo de interés habrá conseguido ver atendidas muchas inquietudes o intereses, y no precisamente en el Parlamento, sino a lo mejor en algún pasillo ministerial. Y es que como decía Tácito, “plurimae leges corruptissima republica”. Porque una señal clara de mal gobierno (y corrupción) es una legislación desbocada.

Esperamos con expectación el día en que tengamos un Gobierno que se sienta orgulloso de haber aprobado pocas leyes, claras y eficaces y que además se cumplan. Sería una muy buena señal. Pero si juzgamos por las primeras declaraciones del sr. Rajoy parece que tampoco va a ser en esta legislatura.

¡Ay, Derecho! El Ministro en funciones que no creía en las instituciones

Aunque nos haya salido un pareado, la finalidad de este post es simplemente alertar sobre lo peligroso que resulta tener un Ministro del Interior, aunque sea en funciones, que claramente desconfía del buen funcionamiento de las instituciones y de los funcionarios que tiene a su cargo. De otra forma no cabe explicarse las conversaciones que han salido a la luz y que fueron sostenidas con el recién destituido jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, con la finalidad de buscar pruebas para incriminar a dirigentes de CDC y ERC en casos de corrupción según el periódico Público,  luego recogidos en otros medios.   

Más allá de las pesquisas sobre quien haya grabado o dejado de grabar al Ministro,  o sobre la posible guerra subyacente en el Ministerio del Interior, lo cierto es que como ciudadanos  defensores del Estado de Derecho tenemos que preguntarnos si es tolerable que se acuda a este tipo de mecanismos para perseguir la corrupción “soberanista”. Así. de una tacada nos enteramos de que la Fiscalía puede “afinar” los casos según a qué partido pertenezca el presunto corrupto (“esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión“) y de que se investiga y persigue de manera preferente los casos de corrupción en los adversarios, a ser posible cuando mejor le venga electoralmente al partido que está en el Gobierno. Toda una lección sobre el uso partidista de las instituciones públicas, por si a alguien le quedaba alguna duda después de la encendida defensa por parte de la Fiscalía de la Infanta, o de los cambios de criterio “técnico” de esa misma Fiscalía (primero con el PSOE y luego con el PP) en el caso Faisán, por ejemplo. Claro que hay que recordar que el Ministro del Interior no vio nada censurable en recibir al imputado Rodrigo Rato el 29 de julio pasado en su despacho oficial,  según él para tratar todo tipo de asuntos personales salvo, claro está, los procesos judiciales en los que se encuentra inmerso, siempre según sus propias explicaciones. 

En las conversaciones grabadas el Ministro afirma que Mariano Rajoy está al tanto de todo, pero tranquiliza a su interlocutor: “es un hombre discreto donde los haya. Por supuesto, su mano derecha no sabe lo que hace su mano izquierda. Yo le conozco muy bien, de muchos años.” Esta caracterización resulta extraordinariamente interesante, porque define a la perfección el tradicional estilo clientelar y anti institucional de nuestro Presidente (por otra parte tan extendido en nuestro país). Y para aquellos lectores que justifiquen esa actitud en este caso por razones políticas, les advertimos que cuando una persona está acostumbrada en el ejercicio del poder a que “su mano derecha no sepa lo que hace su izquierda”, no porque sea tonto sino porque no quiere saberlo, el caso Bárcenas resulta entonces una consecuencia inevitable. Si usted acepta lo primero no se queje de lo segundo.

Pero es que ni siquiera políticamente tal cosa resulta admisible, por muy anti institucionalistas que resulten ser también sus adversarios políticos. Mientras que no seamos conscientes en España de que las instituciones están al servicio de los intereses generales –que no hay que confundir con los del partido en el Gobierno- y que su funcionamiento, gobierne quien gobierne, debe de ser exquisitamente neutral y profesional, no vamos a avanzar mucho ni en el combate contra el secesionismo ni en la lucha contra la corrupción.

En cuanto al secesionismo, porque a los tibios no se les convence demostrando de esta manera tan tosca la manipulación de las instituciones del Estado. A lo mejor concluyen que para instituciones manipuladas prefieren entonces las propias. En cuanto a la corrupción, porque a los ciudadanos lo que nos interesa es que se combata la corrupción y que se extirpe en la medida de lo posible. Ya sabemos que la tolerancia con la corrupción en las propias filas, incluso por parte de los ciudadanos, es mucho mayor que la tolerancia con la corrupción en las filas de los adversarios.  Pero eso no impide, sino más bien debe de estimular, que la Administración y muy en particular el Gobierno dedique por igual sus recursos y sus esfuerzos a erradicarla, venga de donde venga, y que se abstenga de utilizarla electoralmente. Además, debe de hacerlo a través de los procedimientos y cauces legalmente establecidos, lo que no es una formalidad innecesaria, sino  una garantía esencial para todos.

La verdad es que la tentación de utilizar de forma partidista instituciones claves del Estado en la lucha contra los delitos de corrupción, como es el Ministerio del Interior o la Fiscalía, o no digamos el Poder Judicial produce escalofríos. No se trata solo de que se puedan poner en riesgo ciertos derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la intimidad y el secreto de las comunicaciones o, en último término, de la libertad, sino también lo que supone de ruptura del pacto social que da origen a una sociedad democrática. Al fin y al cabo, ese pacto no consiste en otra cosa que en compromiso mutuo de ceder poder al Estado para no tener que solventar de forma particular nuestras diferencias. En el momento en que algunos utilizan de manera partidista las instituciones del Estado, la legitimidad del sistema se resiente, y en estos tiempos que corren no hay nada más peligroso.