Implantación de estructuras éticas y morales en modelos de negocios

En circunstancias macroeconómicas adversas se comprueba que hay países que por su tejido empresarial y otras variables de naturaleza intangible que más adelante mencionaremos, amortiguan y resisten con mayor capacidad en términos comparativos los efectos negativos asociados a variables macro en cuanto a caídas del PIB, tasa de desempleo, tasa de desigualdad social, etc…

Una de las primeras respuestas sería indicar  que dichos países presentan un tejido empresarial productivo y eficiente, que no son dependientes de un único sector productivo, que el nivel de exportaciones es destacable en sus balanzas de pagos, que son productores de bienes de equipo y un sin fin de argumentos a nivel económico que objetivamente demostraría y justificaría la resistencia de estos países respecto a otros. Pero más allá de hechos objetivos y empíricos, se observa que la mencionada resistencia ante circunstancias adversas, no es fortuita o un capricho de los dioses en cuanto a dotar de ciertas deidades a determinados pueblos, sino todo lo contrario, es fruto de ir a “fuego lento” o en otras palabras es saber como pueblo de dónde se viene, en dónde se está y a dónde se va,  siguiendo una hoja de ruta nacional en donde las reglas del juego se basan en determinados valores como la responsabilidad, el esfuerzo, el sacrificio, respeto hacia el ajeno y lo ajeno, ética implicada en el ahorro evitando consumismos inncesarios y en buena medida “tóxicos para el espíritu” transmitidos generación a generación vía sistema educativo asegurándose así que los futuros emprendedores implanten los mencionados valores adquiridos desde la niñez en sus modelos de negocio.

Las características básicas de un modelo de negocio en donde el fundador y propietarios comparten unos principios éticos y morales y que aplican en su empresa es que “su máquina de hacer dinero” respeta unos límites en donde no todo vale. Tomando como ejemplo el valor del esfuerzo y sacrificio, una señal evidente de que la empresa ciertamente lo aplica, pudiera ser un bajo endeudamiento con bancos y con terceros,  fundamentalmente porque este tipo de modelos basan su crecimiento en los resultados generados de su actividad vía política de dividendos de carácter conservador. Lo mismo ocurre con el valor del respeto hacia el ajeno y lo ajeno,  si el empresario desde la niñez crece con este valor entiende y comprende al igual que el resto de la sociedad que cuando una empleada está embarazada se respete su proceso de gestación así como el de su maternidad porque la visión es que esto es bueno para el país, niños más sanos, estabilidad  familiar, fidelidad del empleado a la empresa,  etc… en donde sobre esta materia participan  actores como el Estado, es decir es un compromiso común.

Tomemos un ejemplo de un modelo de organización del mercado de trabajo como el de Flexiseguridad aplicado en países del Norte de Europa. Es un claro ejemplo en el que se observa en gran medida cómo el Estado implanta un sistema ético y moral, veámoslo en detalle.

El modelo de la flexiseguridad se basa en tres pilares; I.-) flexibilidad construida con base en pactos contractuales adaptables y fiables. .II-) alta protección social para los desempleados y III.-) políticas de formación y reinserción laboral activa mediante estrategias integradas de aprendizaje a lo largo de la vida laboral asegurando la adaptabilidad continua de los trabajadores.

Principios éticos y morales correspondientes al modelo de la flexiseguridad:

Punto I.) …”pactos adaptables y fiables” equivale al RESPETO AL OTRO Y A LO OTRO generando confianza entre las partes en donde el factor miedo no se concibe ya que el NIVEL DE TRANSPARENCIA Y CREDIBILIDAD es alto.

Punto II.)… “alta protección del empleado” equivale al principio de JUSTICIA Y SOLIDARIDAD pero para que exista el compromiso de proteger a los desempleados y más desfavorecidos tiene que darse el Punto III.) es decir que el trabajador se compromete a formarse y actualizarse constantemente para asegurarse en caso de despido una rápida reinserción laboral equivale a SACRIFICIO Y ESFUERZO. Bien es cierto que durante el periodo de búsqueda activa de empleo por parte del trabajador y con los deberes hechos de haberse formado mientras estaba en activo, el Estado le garantiza una alta protección.

En escenarios y/o sociedades en donde la involucración del Estado en pro de determinados modelos de organización es baja o prácticamente nula y tomando como ejemplo un determinado modelo de negocio en donde sí aplica estructuras éticas y morales se ha observado en periodos de crisis, como éstos últimos han soportado y amortiguado los embates y efectos negativos de la crisis mucho mejor que aquellos modelos que no tenían implantado ningún sistema ético y moral.

Concluyendo e independientemente de los escenarios en los que una determinada idea o modelo negocio se encuentre, la realidad es que la vía de principios éticos es una vía que demuestra ser rentable al medio y largo plazo y que favorece que haya una perdurabilidad en el tiempo del modelo.

 

HD Joven: Luces y sombras de la regulación del Crowdfunding

Habiendo transcurrido un año desde la entrada en vigor de la “Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial” (en adelante la “LFFE”), no se han hecho esperar las críticas respecto a la excesiva regulación de la inversión en “Crowdfunding” por parte del legislador.

Como comentábamos en el anterior artículo sobre este tema (aquí), el “Crowdfunding” se podría definir como un sistema de financiación colectiva, cuyo objetivo es; (a) bien apoyar económicamente o, (b) invertir fondos en proyectos concretos, a través de plataformas de financiación colectiva. Ahora bien, la contraprestación por dicha financiación puede ser: (i) ninguna en caso de que sean donaciones, (ii) recompensa, en especie, en caso de tratarse de “Reward Crowdfunding”, (iii) acciones de la empresa, en caso de tratarse de “Equity Crowdfunding” o, (iv) un interés sobre el préstamo, en caso de ser “Debt Crodwnfunding”.

La LFFE, quizás mayoritariamente ha sido considerada como una ley bastante precipitada y excesivamente proteccionista respecto a las inversiones en las plataformas de financiación participativa y, en muchos aspectos, muy equivocada al regular excesivamente y limitar las inversiones en los proyectos que se publican en las plataformas de financiación participativa.

Es decir, en cuestión de un año hemos pasado de un sector y sistema que no estaba apenas regulado, a un sistema sobre regulado y poco flexible. No hay que olvidar que el “Crowdfunding” es un segmento que conforma la denominada “Banca en la Sombra” (“Shadow Banking”), entendiendo por “Banca en la Sombra” la definición que le dio el Consejo de Estabilidad de Financiera (FSB por sus siglas en inglés), según el cual se trata de un “Sistema de intermediación crediticia conformado por entidades y actividades que están fuera del sistema bancario tradicional”. (vid. Libro verde: “El sistema bancario en la sombra. Comisión Europea: aquí).

Precisamente por este último factor, el creciente volumen de las operaciones que se estaban llevando a cabo y la recaudación que supone este sistema de financiación alternativa, el “Crowdfunding”, han llevado al legislador a “intentar proteger” a los inversores no acreditados. Pero quizás el collar haya salido más caro que el perro . (vid. “Régimen Jurídico de las Plataformas de Participación Colectiva”: aquí).

No hay que perder de vista que, mediante el “Crowdfunding”, lo que se pretende es acudir a un sistema de financiación alternativo al sistema bancario tradicional, a fin de obtener los fondos necesarios para emprender un proyecto determinado, todo ello en lo que “a priori” debería ser un sistema más flexible.
Nada más lejos de la realidad, parece ser que al legislador y a los organismos reguladores aún le pesan los últimos “patinazos” del sistema bancario de sobra conocidos, respecto a su falta de supervisión en algunos casos, y ha pretendido recrearse con la redacción de la LFFE, la imposición de requisitos y las limitaciones a las inversiones, irónicamente más estricto que en lo que a inversiones en el sistema bursátil se refiere.

Todas las inversiones acarrean su riesgo, he ahí la mayor o menor rentabilidad de una inversión, por lo que parecería razonable pensar que (i) no se debería imponer un límite máximo de recaudación a las Start-up, que actualmente es 5 millones de Euros (en caso de inversores acreditados) y de 2 millones de Euros (en caso de inversores no acreditados); (ii) no se debería imponer un límite máximo a los proyectos -en “Equity Crowdfunding”-, en caso de que superen las expectativas de recaudación a causa del éxito del proyecto, ya que actualmente la LFFE establece que la cuantía de la recaudación del proyecto no puede exceder del 125% del presupuesto del proyecto; y (iii) no se debería limitar a 3.000 Euros por proyecto y a 10.000 € por plataforma y año a los inversores no acreditados.
Por más que el legislador pretenda proteger a los inversores no acreditados, los mismos no pueden ser considerados como consumidores, ya que si adquieren participaciones/acciones vía “Equity Crowdfunding”, pasan a ser considerados socios/accionistas de una sociedad privada no cotizada y, a mayor abundamiento, la propia ley enfatiza que dichas inversiones no están garantizadas con los fondos de garantía, por lo que resulta irónico que se pretenda regular y limitar un sistema de financiación alternativa que ni siquiera está garantizado (están únicamente supervisadas por la CNMV las plataformas de financiación colectiva, no así las sociedades que participan en dicho sistema).

Además, en el caso del “Equity Crowdfunding” por ejemplo, tras la entrada de los inversores en la sociedad a consecuencia de la inversión, es de aplicación la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”), en la que no encontramos “a priori” una limitación a la aportación de capital ni una distinción de inversores, por lo tanto tampoco debe excederse el legislador al pretender equiparar a las Start-up y/o los proyectos con sociedades cotizadas o con la aplicación de normas como la Ley de Mercado de Valores, que, entre otras cosas, pretende proteger al inversor no acreditado respecto de determinadas inversiones en productos financieros complejos y arriesgados.

En este sentido es incongruente, por ejemplo, en sede de “Crowdfunding” de préstamo, equiparar a un inversor no cualificado con un consumidor, es decir, a un prestamista no se le puede otorgar ni la consideración, ni la protección que se le otorga a un consumidor.

Por otra parte, y al hilo del “Crowdfunding” de préstamo, ya que con la entrada en vigor de la LFFE se reforma parcialmente la LSC en cuanto a lo que se refiere a la posibilidad de permitir a las Sociedades Limitadas emitir obligaciones, quizás hubiera sido más interesante no imponer la prohibición de garantizar dichas obligaciones mediante obligaciones convertibles en participaciones sociales de la sociedad emisora.

A modo de conclusión, a pesar de que la finalidad del legislador sea la protección del consumidor y la regulación de un sistema de financiación hasta ahora en la “sombra”, no se puede equiparar las definiciones de inversores y sus limitaciones –que son más propios de las reglas de juego en términos de la Ley de Mercado de Valores- y trasladarlo a un sistema de financiación alternativa que busca financiar proyectos o la entrada de nuevos inversores, ambos a pequeña escala. Aplicar una normativa tan estricta como si de sociedades cotizadas se tratase no tendría sentido, toda vez que, tras la finalización de la recaudación, dicha Start-up podrá llevar a cabo una ronda financiación, por ejemplo, por su cuenta y riesgo, sin limitación y sin distinción en el tipo de inversores.

Este escenario de financiación alternativa debería ser en principio una bolsa de oxígeno para aquellas empresas/proyectos que están empezando -respecto a la obtención de fondos para alcanzar sus objetivos/proyectos-, por lo que la LFFE debería haber sido mucho más flexible para dar libertad al mercado para moldear y adecuar este tipo de financiación alternativa.

 

(1) Según la Comisión Europea: “Existe un ámbito creciente de actividad crediticia paralela, lo que se denomina sistema bancario en la sombra, que no ha sido el principal foco de la regulación y la supervisión prudencial. La banca en la sombra desempeña funciones importantes en el sistema financiero. Por ejemplo, genera fuentes adicionales de financiación y ofrece a los inversores alternativas a los depósitos bancarios. Pero también puede suponer una amenaza potencial para la estabilidad financiera a largo plazo”.

(2)Según el informe global de recaudación presentado por “Massolution” en marzo de 2015, en 2014 se recaudó vía Crowdfunding a nivel global 16.2 billones de dólares, y se prevé que la cifra alcance la cuantía de 34.4 billones de dólares al cierre de 2015. 

(3) ZUNZUNEGUI PASTOR, FERNANDO. “La regulación del «Shadow banking» en el contexto de la reforma del mercado financiero. 1ª ed.,noviembre 2015”: “Una nueva figura del mercado financiero debe contar con un marco legal flexible, basado en principios, dejando al reglamento y a los criterios del supervisor la concreción de la norma. Sin embargo, se regulan más las plataformas que las bolsas. El TRLMV dedica una sección con 7 artículos a las bolsas y la LFFE dedica un título con seis capítulos y 47 artículos a las plataformas de financiación participativa”