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TJUE y contratación temporal en España (II): Encadenamiento de contratos en las Administraciones Públicas

En la segunda de las sentencias dictadas por el TJUE el pasado 14 de septiembre sobre contratación temporal en España, la Justicia europea vuelve a sacar los colores al Estado español. En esta ocasión, reprobando la extendida práctica de encadenar nombramientos temporales en las Administraciones Públicas para cubrir necesidades que realmente son de carácter permanente, al amparo de una normativa que, en particular en el sector sanitario, no fija limitaciones claras y efectivas.

El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (aprobado por Ley 55/2003, de 16 de diciembre) permite, en su artículo 9, que “por razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario”, los servicios de salud puedan “nombrar personal estatutario temporal”.

Dichos nombramientos son posibles, en primer lugar, en casos de interinidad, para desempeñar una  plaza vacante hasta que se incorpore el personal fijo que vaya a cubrirla o hasta que la misma se amortice. Una supuesta provisionalidad que, como sabemos, en ocasiones se perpetúa.

En segundo lugar, cabe también recurrir al nombramiento de personal estatutario con carácter eventual cuando se trate de “la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria”, cuando sea “necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios” y “para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jomada ordinaria”. La segunda de estas opciones es un “coladero” muy común para una temporalidad estatutaria a la que se acude con carácter habitual y no de forma excepcional y justificada.

El tercer y último supuesto que permite el nombramiento de personal estatutario temporal son las sustituciones.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia sobre si esta previsión de la legislación española es acorde con la normativa comunitaria y, en particular, con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, que fue suscrito por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Unión de Confederaciones Industriales y Empresariales de Europa (UNICE) y el Centro Europeo de Empresas y Servicios Públicos (CEEP) y que se incluyó como anexo en la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999.

El caso que ha dado lugar a que el TJUE aborde esta cuestión es el de Elena Pérez López, una enfermera del Servicio Madrileño de Salud, que prestó servicios durante cuatro años ininterrumpidos, mediante ocho nombramientos sucesivos como personal estatutario, de duraciones comprendidas entre tres y nueve meses cada uno de ellos, siempre con carácter eventual e invariablemente con el objeto de “garantizar la atención asistencial”.

Desestimado el recurso de alzada que interpuso, la afectada acudió a la vía judicial. Y el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Madrid decidió plantear cuestión prejudicial ante el TJUE.

El órgano consultante señalaba, como posibles contradicciones con el Acuerdo Marco europeo, que la norma española “no fija una duración máxima total para los sucesivos nombramientos de carácter eventual, ni un número máximo de renovaciones de los mismos”. Asimismo, que “deja a la libre voluntad de la Administración la decisión de proceder a la creación de plazas estructurales” y que tampoco exige, en los sucesivos nombramientos temporales, constancia “de la concreta causa objetiva de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria que los justifique”.

La sentencia del Tribunal de Justicia europeo aprecia que, efectivamente, el Estatuto Marco español del personal estatutario de los servicios de salud es contrario a la citada Directiva 1999/70/CE que incorporó el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada.

Colisiona, en particular, con la cláusula 5.1.a), en la medida en que la ley española posibilita el uso de nombramientos temporales para cubrir necesidades que son realmente permanentes y estables, sin que se contemple ninguna obligación de crear puestos estructurales que pongan fin a esa sucesión de nombramientos temporales.

El TJUE es muy claro y contundente al apreciar que “la situación de precariedad de los trabajadores perdura, mientras que el Estado miembro tiene un déficit estructural de puestos fijosen el sector sanitario.

Resulta paradójico que un comportamiento –el encadenamiento de contratos- que, en el caso del personal laboral en empresas, está expresamente considerado como un fraude de ley y se supone que perseguido por la Administración a través de la Inspección de Trabajo, venga siendo practicado por esa misma Administración en su ámbito, mediante este abuso de la temporalidad del personal estatutario…  Es el permanente doble rasero de unos privilegios que sólo se justifican cuando responden a la defensa del interés público encomendado a la Administración, algo que difícilmente puede predicarse de este supuesto.

El TJUE vuelve a señalar así otra norma española que contraviene la normativa comunitaria. Dados los antecedentes, me temo que el gobierno en funciones no va a corregir de manera rápida y efectiva la situación, impulsando las reformas legislativas y adoptando las medidas administrativas adecuadas. Así que me atrevo a pronosticar que, en los próximos meses, veremos un peregrinar de personal sanitario (y no descartaría que de otros sectores de la Administración, buscando un pronunciamiento similar) por los órganos judiciales, que una vez más se verán obligados a asumir una sobrecarga totalmente innecesaria, fácilmente evitable si el legislativo y el ejecutivo hicieran sus deberes. Ojalá me equivoque.

4 comentarios
  1. julio santiago
    julio santiago Dice:

    Según establece el Estatuto Marco (artículo 9), hay que distinguir los siguientes;

    A) El nombramiento de carácter interino. Dicho nombramiento se realiza para cubrir una plaza vacante y cuando sea necesario atender las correspondientes funciones.

    Este personal cesa cuando se incorpora el personal fijo, bien por que deja la situación especial en la que se encontraba, o bien, porque accede de un proceso selectivo, lo que conocemos por oposición.

    Existe otra posibilidad de cese de dicho personal y, es cuando se amortiza la plaza.

    B) El nombramiento de carácter eventual. Este nombramiento se puede dar en varias circunstancias;
    Cuando se trate de una prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria.
    Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios. (¿Interino?)
    Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria.

    El cese del eventual se produce, o bien, vence el plazo para el que se contrato, o bien, para terminada la causa de su contrato se extingue, o bien se suprimen las funciones que en su día lo motivaron.

    En el caso de más de dos nombramientos para la prestación de los mismos servicios por un periodo acumulado de 12 o más meses en un periodo de dos años, procederá la causa o las causas, que lo motivaron para valorar, en su caso, si procede la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro.

    C) El nombramiento de sustitución. Se expide para atender las funciones de personal fijo o temporal, durante los periodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de la plaza.

    Entrando sobre el fondo del asunto, lo primero que hay que decir, es que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en ningún sitio pone que se le ha de hacer fijo a la enfermera. Dice que si la labor que desarrolla la enfermera es permanente y continuada en el tiempo y se realizan contratos sucesivos temporales, es porque posiblemente estamos ante una plaza estructural y, que viene desarrollando su labor o funciones dentro de una plaza estructural.

    La pregunta que se tenia que haber realizado el Tribunal, es ¿dónde encontramos las plazas estructurales de un Servicio de Salud? Exacto, en la plantilla orgánica (PO), por lo tanto habría que ver si ese puesto de trabajo se encuentra dentro de la plantilla orgánica del Servicio Madrileño de Salud.

    En el caso de que estuviera en la plantilla orgánica (PO), se pueden dar dos variables;

    a) Considerar que estamos ante una plaza vacante. Y la forma normal de cubrir dicha plaza es de dos formas; la primera por una oposición, siempre y cuando exista presupuesto (se puede dar la paradoja de que exista plaza vacante pero no presupuestada como plantilla orgánica y no se puede sacar en una oferta pública de empleo) y, la segunda, por una interinidad, donde existe el presupuesto y se da el caso que no se ha regulado la plantilla y no se ha podido sacar en una oferta pública de empleo para la plaza en concreto.

    b) Considerar que estamos ante una plaza que es necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado (por ejemplo URGENCIAS) de los centros sanitarios, pero que no esta dentro de la plantilla orgánica. Entonces nos encontramos con una nombramiento eventual, necesario para desarrollar una labor permanente y continuada que podríamos considerarla, que pudiera ser una plaza estructural, pero no necesariamente.

    Pero como hemos dicho las plazas estructurales solamente se encuentra en la conformación de la PO de cada Servicio de Salud.

    • Carlos Javier Galán
      Carlos Javier Galán Dice:

      Creo que no hay que confundir el deber ser con el ser. Las plazas estructurales deberían estar en la plantilla orgánica, pero en la práctica no siempre lo están. Hay plazas eternamente cubiertas por interinos, por eventuales, etc., que sin embargo constituyen necesidades permanentes de los centros, no responden a una necesidad meramente temporal.
      Esta sentencia no dice que se le tenga que hacer fija, pero creo que es interesante leer la siguiente, la que se trata en el tercer artículo de la serie. Ahí el TJUE sí da pautas para resolver estas situaciones y acude a la figura jurisprudencial del “indefinido no fijo”. Pero todo eso está explicado en el tercer post pendiente de publicación.

  2. O,farrill
    O,farrill Dice:

    ¿Cuántos y qué tipo de “contratos” se dan en todas las instituciones públicas? Esa es la pregunta del millón. La segunda sería ¿cuántos y qué tipo de contratos responden a necesidades reales de los servicios públicos o son mero clientelismo partidario? Mientras no vayamos a las raíces de la actual “desorganización” del Estado, mucho me temo que todo lo más que se puede hacer es hablar de si “son galgos o son podencos”.
    En el artículo anterior ya relataba una situación de tantas otras que sería polémica y discutible: la de quienes y porqué son interinos y la de quienes y porqué son considerados fijos (imprescindibles). Una “interinidad” de 48 años (como la que contaba) ya son años. Pero, además ¿porqué se han multiplicado hasta superar a los funcionarios los contratados laborales, cuya función es excepcional en las AA.PP.? ¿Tienen algo que ver acuerdos sectoriales interesados o son más clientelismo sindical o político? ¿Porqué hay usurpación de funciones de los “funcionarios” por simples empleados públicos contratados? ¿Porqué, con los recursos humanos que se multiplican en las AA.PP. además se pueden “externalizar” contrataciones de gestión pública, incluso en sede pública? Sencillamente porque es un dislate más de nuestro sistema político y administrativo. ¿O debería decir de los 18 sistemas políticos y administrativos que son ya de por sí una aberración jurídica y administrativa desde muchos puntos de vista.
    Lo dicho. Podemos seguir “sorprendiéndonos” del funcionamiento de lo que llamamos Estado y que no es más que la resultante de nuestras incapacidades para convivir. Un saludo.

  3. Carlos Javier Galán
    Carlos Javier Galán Dice:

    Es cierto, hay un problema serio en cuanto al personal de las Administraciones Públicas y apuntas muchas y variadas patologías.

    En contra de lo que la gente de a pie a veces cree, la figura del funcionariado no responde a un privilegio para el propio empleado público, sino que responde al objetivo de brindarle una garantía de independencia ante el ciudadano y ante los poderes públicos.
    Eso sí, funcionarios tiene que haber los justos y para las tareas que realmente lo requieren. Con todo mi respecto, no tiene sentido crear una plaza de funcionario para camarero de la cafetería de un hospital, pero es irregular estar cubriendo veinte años la misma plaza de médico con sucesivos nombramientos eventuales arbitrariamente decididos por un político.
    En el fondo de todo esto, late la desconfianza que la clase política tiene hacia el funcionariado, porque un secretario de un Ayuntamiento, como funcionario independiente, puede poner trabas a una tropelía urbanística, o un interventor puede poner reparos a una irregularidad económica, mientras que un asesor contratado a dedo y cuyo puesto depende del mero capricho del político de turno habitualmente avala lo que le digan. Los políticos quieren empleados temporales, temerosos de perder su puesto y dóciles ante el poder. Pero los ciudadanos deberíamos querer, para los puestos que así lo requieren, funcionarios públicos a nuestro servicio sometidos sólo a la ley y no al dedo del político y que se hayan ganado su puesto en un procedimiento objetivo basado en la igualdad, el mérito y la capacidad.

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