HD Joven: El brazalete de Ivanka Trump

Como ya sabrán a estas alturas, Trump es tan rico que, aun habiendo renunciado a su sueldo de Presidente de los Estados Unidos –no es el primero que lo hace, por cierto-, su fortuna apenas se ve comprometida. Bien por él. En cualquier caso, no deja ésta de ser una decisión populista y que desprestigia el propio cargo de presidente, ya que uno no va a ser mejor mandatario ni tomará decisiones más acertadas por renunciar a su legítimo salario, además, claro está, de que sólo se permite el lujo de renunciar a ese sueldo porque no lo necesita. Pero lo que a nosotros nos cuesta creer es que Trump esté dispuesto a renunciar, no a su sueldo de Presidente, sino a su tremenda fortuna -o aun a arriesgarla- por el “simple” honor de servir a su país y a su nuevo rol en el mundo. ¿Cómo hará para mantener su riqueza, si ya no puede atender a sus negocios? ¿O compaginará ambas funciones? ¿Cómo resolverá entonces el evidente conflicto de intereses que ello implica?

Lo curioso del asunto es que la Ley de Ética y Gobierno de 1978 (Ethics in Government Act) no fiscaliza dicho conflicto de interés en el caso del Presidente y del Vicepresidente. Les exige que informen públicamente de sus negocios privados, pero en ningún caso que los desatiendan durante el ejercicio de su función. De hecho, sólo a los cargos públicos no electos se les exige tal cosa, como puede probar el caso del antiguo Secretario del Tesoro, Henry Paulson, quien fue obligado a vender toda su participación en Goldman Sachs antes de comenzar en su nuevo cargo. ¿Cómo justifican los americanos esta norma, que tan conflictiva nos resultaría a los europeos? En primer lugar, en el hecho de que no son empleados públicos: un Presidente del Gobierno es electo precisamente porque los ciudadanos le han otorgado su confianza, lo que, a juicio del common law americano, convertiría en un contrasentido desconfiar de su falta de honestidad ante un conflicto de interés de tal naturaleza (cierto es también que el próximo Presidente no obtuvo la confianza del mayor número de electores, pues Clinton ganó por más de 600.000 votos de diferencia). Por otro lado, se considera que atender continuamente a los posibles conflictos de interés del Presidente podría complicar aún más su labor, dado que éste tiene “mano en todo” (más aún en nuestro caso) y tal prohibición no le permitiría desarrollar libremente su cometido. Seguro que Trump sabrá tomar la decisión -que considere- apropiada para su país cuando ésta le beneficie económicamente, pero ¿qué ocurrirá cuando la toma de esa medida entorpezca su propio futuro y fortuna y los de su familia? ¿Sabrá tomar la decisión más favorable para el resto de la ciudadanía, y no para él mismo?

No hay olvidar que Trump es dueño de un patrimonio que, según la revista Forbes, asciende a unos 3.700 millones de dólares y que no sólo es más rico que cualquiera de sus anteriores predecesores, sino que, además, tiene participaciones en empresas de multitud de países, desde Alemania hasta Rusia, pasando por India, y, por supuesto, los Estados Unidos, a lo que hay que adicionar que estas empresas operan en prácticamente todos los sectores de la economía, todo lo cual desde luego acentúa el muy probable conflicto de interés que pueda surgir. Quizá para evitar la represión de la opinión pública e, insistimos, pese a que no está obligado jurídicamente a hacerlo, parece, de todos modos, que el Sr. Trump va a ocuparse íntegramente al fin de “make American great again,” para lo cual renunciará temporalmente al control de la Trump Organization, dejándolo a cargo de una suerte de blind trust.

Un blind trust es aquel fideicomiso mediante el cual se impide a uno tener conocimiento del uso que se está haciendo de sus bienes y negocios privados, dejándolos en manos de un tercero independiente. Este instrumento ha sido empleado por otros presidentes de los Estados Unidos (Clinton o Bush, entre otros), que, pese a no estar legalmente obligados a ello -como ya hemos indicado-, consideraron que era lo más adecuado moralmente. Pues bien, como ya proclamó en campaña, “The Donald” quiere dejar sus negocios en manos de un trust, pero no uno opaco o blind, sino en uno dirigido por sus tres hijos mayores, Donald Jr., Ivanka y Eric. Lo cual no deja de ser ridículo, porque desde que uno conoce ex ante a los integrantes de ese gestor independiente y por ello precisamente los escoge y como, además, en este caso carecen de toda independencia, al tratarse de sus hijos, este mecanismo deja de tener sentido, cuando menos en cuanto a la finalidad moral que persigue esta decisión. ¿O es que alguien puede llegar a pensar que los hijos del Sr. Trump no van a mantener en todo momento a su padre completamente informado de sus negocios? La polémica está servida. Sin ir más lejos, ya su hija Ivanka, aprovechando el tirón de su progenitor, ha puesto en venta por más de 10.000 dólares el brazalete -diseñado por ella- que llevaba el día de la primera entrevista post-electoral de su padre. Siendo éste el primer ejemplo de la delgada línea que separa la presidencia de sus negocios o los de su familia, ¿es reprochable moralmente? ¿Y jurídicamente?

Desde luego, es difícil imaginar que, cuando sus hijos pretendan hacer negocios en algún lugar del mundo, los gobiernos de dichos países no tenderán a facilitarlos, aunque no sea conscientemente, puesto que detrás de ellos verán la mano del presidente de la nación más poderosa del mundo y, lógicamente, sabrán que es mejor tenerle contento. Y, aunque ese trust funcionara de verdad con total ajenidad a Trump o se encargara la gestión de su imperio a unos independientes, ¿se evitaría realmente el conflicto o podría aquél averiguar la marcha de sus negocios de otra forma, por ejemplo a través de los reguladores americanos, la prensa, la multitud de contactos de que dispone, etc.? Por si esto fuera poco, Trump ya ha nombrado a sus tres citados hijos y a su yerno como miembros del equipo de transición hacia el nuevo Gobierno, habiendo solicitado autorización al actual de Obama para que tengan acceso a información confidencial.

Nos trae este caso a la memoria el del antiguo Primer Ministro italiano, Silvio Berlusconi, que también confió la administración de sus empresas a un trust que -¡sorpresa!- quedó bajo el control de su familia, si bien a éste las polémicas y las demandas por un supuesto conflicto de interés con sus empresas sí se le han ido acumulando.

Ante el potencial conflicto de intereses que pudiera acontecer durante el gobierno del Sr. Trump, hemos querido plantearnos las posibles soluciones que pudieran caber -si es que existen-. Hace días, el otrora alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, planteó la posibilidad de que el flamante nuevo presidente se comprometiese, mediante un documento, a no implicarse en sus negocios, que cedería a sus familiares más próximos, al que, se nos ocurre, podría incluirse una cláusula disuasoria por la cual, si se probara ante un juez que Trump ha incurrido en un conflicto de interés (conscientemente) y no ha hecho nada para evitarlo, se le prohibiría volver a sus negocios por un plazo determinado tras dejar la Presidencia o se le impondría una cláusula con una alta penalización previamente negociada. Es preciso destacar en este punto que el sistema de contrapesos (checks and balances) de la democracia estadounidense y su innegable interés por mantener intacta la separación de poderes podrían forzar a Trump a tomar la decisión correcta, porque el poder judicial en los Estados Unidos es verdaderamente independiente, y eso “asusta”. Pero, sin perjuicio de lo anterior, ¿hasta qué punto sería factible controlar el cumplimiento de esos compromisos? Es simplemente imposible. Es más, ¿por qué iba Trump a someterse a un control ajeno (que hasta pudiera utilizarse injustamente en su contra) si no tiene necesidad de ello? Además, eso no evitaría el problema de que los terceros favorecerían igualmente los negocios de los hijos, a sabiendas de que son propiedad del Presidente. Asimismo, hay que recordar que, desde la sentencia de 1982 del Tribunal Supremo en el caso del Presidente Nixon contra Fitzgerald, el Presidente de los Estados Unidos goza de inmunidad total por la responsabilidad civil que pudiera derivarse de los actos realizados durante su mandato (no así por actos anteriores o por los que generen responsabilidad penal), por lo que Trump está en cualquier caso protegido de todas las posibles demandas civiles que se le interpongan en este sentido.

Otra solución sería la cesión de todas sus acciones y participaciones en empresas, así como las de sus hijos, durante el tiempo que ostentase la presidencia, a un gestor independiente; en definitiva, crear un blind trust en sentido estricto. Pero tampoco nos parece justa esta medida. Para empezar, sus hijos tendrían que dejar su trabajo a fin de que el trust fuera realmente blind. ¿Qué ocurre si le encarga sus negocios a un independiente y éste los arruina? ¿Es eso justo? Y, en aras de un ejercicio de honestidad, si fuéramos tan ricos, ¿acaso no desearíamos que nuestros negocios, a los que probablemente habríamos dedicado toda nuestra vida, los llevasen gente de nuestra confianza?

De cualquier manera, el sistema jurídico americano no se decanta por ninguna de las opciones anteriores: se resigna a confiar en Trump. Y, si bien sea interesante plantearse cómo proceder en estos genuinos casos, consideramos imposible controlar en todo momento su alcance y consecuencias. Únicamente los más flagrantes saltarán a la opinión pública, pero habrá miles de transacciones o negocios que no se conozcan y en los que podría existir un conflicto de interés, que, recordemos una vez más, es un deber únicamente moral para el Presidente, porque no está compelido a ello por norma alguna.

Difícil situación se plantea, más compleja solución. De momento, Trump sigue afirmando que simplemente no le interesa nada la marcha de su imperio, porque es mucho más importante lo que le corresponde hacer ahora como Presidente de los Estados Unidos y que, por tanto, debemos confiar en él. Tal vez poco pueda hacerse en este caso y, como dijo Giuliani, a fin de cuentas no parece que Trump esté precisamente buscando su enriquecimiento con esta nueva causa…

Ignacio Gomá Garcés

Licenciado en Derecho por la UAM, máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el IE Law School (Instituto de Empresa) y programa máster de intercambio por la University of California – Hastings College of the Law. Además, cursó el programa executive de Liderazgo para la Gestión Pública en el IESE Business School.

Tras su paso por la firma de abogados Ontier España, trabajó como coordinador del Área Jurídica de un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Actualmente, es director asociado de la consultora de asuntos públicos Kreab y está especializado en regulación digital.

Editor de Hay Derecho.