HD Joven: El papel del Parlamento en la próxima legislatura. El primer acto

Fue allá por el ya lejano 20-D del 2015, cuando el sistema que más o menos había resistido desde la re-instauración de la democracia parlamentaria en nuestro país, el tan denostado bipartidismo, dio lugar a una nueva realidad con cuatro grandes partidos y otros tantos de menor entidad, que constituyeron un Congreso y en menor medida, un Senado, bastante fragmentados, en el que se acabaron las mayorías absolutas y se instauró, teóricamente, al menos, el diálogo.

En dichas elecciones recordemos que el partido más votado, el PP, obtuvo 123 escaños, por 90 escaños del segundo -el PSOE-, mientras que, por ejemplo, en las elecciones generales de 2011, el partido más votado (también el PP) había obtenido 186 escaños por 110 del segundo (el PSOE), o en las de 2008, en las que el partido más votado, esta vez el PSOE, logró 168 escaños por 158 escaños del segundo partido más votado (el PP). Los resultados del 20-D, se volvieron a repetir en las elecciones del 26 de junio de 2016, en las que la fuerza más votada obtuvo 137 diputados -el PP-, por 85 de la segunda fuerza más votada. Pese a que los dos protagonistas principales de nuestra política reciente -el PP y el PSOE- no han cambiado, han aparecido dos partidos nuevos, Podemos (si bien, en una suma de varias coaliciones) que obtuvo 65 y 67 escaños y Ciudadanos que logró 40 y 32 diputados, respectivamente. Si bien, es cierto que antes los partidos mayoritarios -PP y PSOE- cuando no contaban con mayoría absoluta recurrían a los partidos nacionalistas -PNV y CiU, principalmente-, a cambio de las concesiones pertinentes, con el nuevo statu quo, pese a que podíamos creer que los grandes partidos se apoyarían en los nuevos, nada más lejos de la realidad, ya que no basta la unión de dos de los cuatro partidos relevantes para poder gobernar con tranquilidad, sino que, al menos, es necesario contar con el concierto de tres de los cuatro grandes partidos o, cuanto menos, entre dos y partidos minoritarios, y, si ponerse de acuerdo entre dos de los grandes partidos ya iba a ser difícil, imagínense entre tres o más, incluyendo a los partidos nacionalistas, los cuales, pese a sus anhelos independentistas, no quieren ser meros peones en el tablero.

Y ello pese a que en los parlamentos autonómicos y en los consistorios locales tenemos sobrada experiencia en gobiernos de coalición o apoyados por más de un partido, particularmente después de las últimas elecciones municipales y autonómicas de 2015, si bien este consenso entre varios partidos que es común en administraciones autonómicas y locales, por el motivo que sea, no ha sido tan recurrente en lo que a la administración central se refiere.

De hecho, la primera consecuencia de esta nueva realidad a nivel estatal fue la provocación de una de las mayores crisis que ha sufrido nuestra (ya no tan) joven democracia, sino la mayor, en la que la formación del Gobierno ha durado casi un año, con repetición de elecciones incluida -algo que no había pasado nunca-, en el que el anterior Ejecutivo ha estado en funciones. Más allá de los debates acerca de cómo lograr que el bloqueo vivido no vuelva a suceder, quizás incorporando la solución vasca de prohibir el voto negativo, como abogaba Rodrigo Tena en su artículo del pasado mes de septiembre, lo que ahora nos debiera ocupar es preguntarnos acerca del papel que tendrá el Congreso en esta nueva legislatura.

En primer lugar, resultaría útil plantearnos hacia qué tipo de Parlamento estamos evolucionando. Si utilizásemos los tipos ideales que proponía el politólogo Arend Lijphart en su libro Modelos de democracia, podríamos preguntarnos si esta nueva configuración del sistema de partidos estaría dando lugar a una transición de un modelo mayoritario a otro consensual (aunque imperfectos). Bien es cierto que no es la primera vez que el ejecutivo se encuentra en minoría en el parlamento, pero no es menos cierto que es la primera vez que las fuerzas que no sostienen a ese gobierno son mayoría. Esto puede implicar, y de hecho parece que está ya implicando, cambios en la realidad parlamentaria. Siguiendo a ese autor, «el gabinete de minoría se ve obligado a negociar continuamente con uno o más partidos de fuera del gabinete para permanecer en el cargo y para solicitar apoyo a sus propuestas legislativas». Esta es la clave: ahí reside el cambio sustancial al que hemos asistido. Una de las consecuencias más relevantes de este tipo de gabinetes es la menor duración del mismo -estadísticamente hablando, claro, como nos recordaba este artículo-. ¿Por qué? Es claro, porque los obstáculos que se interponen frente a la voluntad del ejecutivo propician una vida más corta de estos gabinetes: hay que gobernar, muchas veces, con la oposición del parlamento.

Pero este nuevo reparto del poder, esta especie de «divided governemnt» en términos americanos, no tiene por qué implicar, necesariamente, resultados negativos. Un ejemplo que, en nuestra opinión, clama al cielo es el de la política educativa. Desde la Ley General de Educación de 1970, pasando por la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE) de 1990, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002, la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, hasta llegar Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013, numerosas han sido las reformas del sistema educativo (que darían para un artículo, o para un libro). Esta retahíla de cambios legislativos es un botón de muestra de que hay cuestiones, como la educación, sobre las que se requiere de un consenso nacional, de tal forma que las cuestiones partidistas queden desterradas de una materia que debería ser un objetivo común (una valence issue). La actual configuración del sistema parlamentario se antoja como una oportunidad de oro para abordar, entre otras, esta cuestión, ya que no habrá ningún partido que podrá imponer su voluntad sin consultar con los demás, por la mera razón de que no dan los números.

Sin embargo, esta posición minoritaria del ejecutivo puede devenir problemática especialmente en una cuestión: la económica. Por todos es sabido que, anualmente, deben aprobarse importantes leyes como las de los Presupuestos Generales del Estado, así como el techo de gasto, límites de endeudamiento, etc. Un ejemplo de máxima actualidad: el Congreso ha aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional sin el beneplácito del Gobierno: esto traerá, sin duda, consecuencias económicas que el ejecutivo deberá torear, le guste o no. Si la Constitución reserva al Gobierno, en exclusiva, la iniciativa para presentar esta Ley, lo hace siendo consciente de que un Gobierno no puede ser obligado a gobernar con un presupuesto que no reconoce como propio. Sin duda la gran reválida que habrá de superar este ejecutivo en minoría será la aprobación, ya el próximo año, de los PGE para 2017. ¿Qué pasa si no se aprueban unos presupuestos al gusto del Gobierno y este no quiere asumirlos? Siempre le quedaría el «botón rojo» del artículo 115 de la Constitución: la disolución de una o ambas Cámaras y convocatoria de nuevas elecciones.

Lo que sí que parece claro es que esta legislatura habrá un control más efectivo al Gobierno, ya que no tendrá mayoría en la Mesa del Congreso para poder evitar las peticiones de comparecencias del propio presidente o de los ministros, como sí hicieron en la última legislatura “completa” -no obstante, Rajoy solo compareció dos veces en cuatro años-. Y, por otro lado, el Gobierno, difícilmente, podrá utilizar la forma del decreto-ley para gobernar, ya que este tipo de normas deben ser refrendadas por el Congreso en un plazo de 30 días y se requiere mayoría simple para su convalidación, mayoría que, como todo saben, el Gobierno no tiene.

Con el objetivo de responder algunas de estas cuestiones, el próximo lunes 28 de noviembre celebraremos el primer acto organizado por HD Joven: El papel del Parlamento en la próxima legislatura, una tertulia en la que contaremos con algunos de los diputados más jóvenes de los principales partidos políticos, como Ignacio Urquizu (PSOE), Melisa Rodríguez (C’s), Belén Hoyo (PP) y Miguel Ongil (Podemos). Para aquellos que no puedan asistir, se podrá ver posteriormente en la web de Hay Derecho.

Con ellos debatiremos sobre el funcionamiento de nuestras cámaras legislativas y conoceremos el punto de vista de una nueva generación de políticos que ha entrado en las instituciones. ¿Será posible alcanzar grandes acuerdos para reformar leyes importantes? ¿Cómo será la relación del Parlamento con los órganos de control más importantes? ¿Se reforzará el protagonismo del Senado o quedará relegado? Para ello, esperamos que estos conceptos que hoy os hemos presentado hayan sido de alguna utilidad.

Pablo Ojeda Baños

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el IE Law School (Instituto de Empresa). Abogado en Sileo Asesores.