El próximo 24 de Noviembre, a las 18´30 h., se va a celebrar el Acto de Clausura del Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, organizado por Transparencia Internacional España en el marco del proyecto Integridad. Dentro de este Acto pronunciará la Conferencia magistral : Dña. Consuelo Madrigal, Ex-Fiscal General del Estado.
Puedes encontrar toda la información aquí.
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El próximo viernes 25 de noviembre, a las 11 horas, tendrá lugar el acto de celebración del 25º Aniversario de la creación de la Escuela de Letrados de la Xunta de Galicia.
En un acto que será presidido por el Vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la Escuela Gallega de Administración pública (EGAP) de Santiago de Compostela. El 25 de noviembre de 2016 es el día elegido por todos los letrados y letradas de la Xunta de Galicia para celebrar tan merecida homenaje. Además en este día de celebración, la Asociación profesional de letrados de la Xunta, con la colaboración de la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA), la Dirección General de la Asesoría Jurídica, la Secretaria General de Política Lingüística y la EGAP como editora, presentarán el libro de la nueva Ley 39/2015 de 2 de octubre de procedimiento administrativo común comentada por los letrados de la Xunta de Galicia.
El libro que se presenta oficialmente tiene como propósito servir de herramienta práctica para todos los empleados públicos y para los demás operadores jurídicos que en su día a día tienen que sumergirse en la esfera del derecho administrativo, importancia práctica que se refuerza con los nuevos desafíos que se presentan en este ámbito con la implantación decidida de la Administración electrónica para que sea una realidad una administración con papel cero en el año 2018.
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La elección de Donald Trump, como el voto de Brexit y otros movimientos populistas, nos recuerda otra vez que el capitalismo financiero y globalizado ha dejado de lado desde hace tiempo a la clase media (aquí) y que eso a la larga tiene consecuencias. Pero también es consecuencia de varias peculiaridades del sistema electoral americano que han facilitado no solo la victoria de Trump, sino también la ascensión de la extrema derecha dentro del partido Republicano.
Empecemos, cómo no, por el Colegio de Electores. Cada estado tiene un elector por cada senador y congresista. Esto sobrerrepresenta a los estados muy pequeños, ya que todo estado tiene dos senadores. Por ejemplo, cada elector de North Dakota representa a 174.000 votantes, mientras que cada elector en Nueva York representa a 519.000 votantes. El sistema es conocido y también que privilegia con carácter general el voto rural (y en general de derechas). Mucho menos discutido pero más pernicioso para la democracia es que esto desvaloriza el voto presidencial de ¾ del electorado: si uno vive en Massachusetts o en Nebraska, no verá nunca un anuncio presidencial, y menos a un candidato, ya que prácticamente solo hacen campaña en los 13-15 estados en los que hay incertidumbre en el resultado, lo que es desmoralizador para el votante medio y ayuda a explicar la muy alta abstención.
Menos conocido aun es que el sistema de electores está directamente relacionado con la esclavitud, el pecado original de EEUU, que sigue teniendo una enorme influencia sobre la política aqui (aquí). En efecto, durante la redacción de la constitución, uno de los problemas centrales era construir un documento que fuera aceptable tanto a los estados del Norte (donde no existía la esclavitud) como a los estados “esclavistas” del Sur. Cuando se propuso la elección directa del presidente, James Madison, de Virginia, explico que eso no sería aceptable en el Sur, porque habría mucha más gente con derecho de voto en el Norte y por tanto dominarían la presidencia. Se llegó por lo tanto a un compromiso: el voto sería indirecto a través de electores, y se contaría en la población a 3/5 de los esclavos para equilibrar el número de electores entre Norte y Sur. Ese es el sistema que persiste hoy y lo que explica cómo Trump ha podido ganar la presidencia con dos millones de votos menos que Clinton.
Pero hay consecuencias aún más directas de la esclavitud sobre el voto en este país. Y es que un objetivo principal de los gobernantes, incluido Andrew Johnson, que fue presidente inmediatamente después de Lincoln, fue impedir el voto de los negros. Las leyes “Jim Crow” (aquí) impuestas en muchos estados no solo institucionalizaron la segregación racial sino que permitían todo tipo de reglamentos para dificultar el voto de la gente de color. Esto solo terminó con la imposición del “Voting Rights Act” en 1965, que necesitó toda la fuerza de los movimientos que lideraban Martin Luther King y Malcolm X y toda la habilidad política de Lyndon Johnson para llegar a ser ley.
Aun después del Voting Rights Act el sistema dificulta el voto. Primero, se vota en dia de trabajo (facilitando el voto de los jubilados y gente con horarios flexibles). Segundo, el registro de votantes es voluntario: el estado no mantiene por sí un censo electoral, sino que cada persona tiene que apuntarse, semanas o meses antes del voto, aportando la documentación apropiada. En un país con mucha movilidad, la gente joven y la que se muda a merced del mercado de trabajo tiene más dificultades para votar. Pero además, la historia de Jim Crow ha servido como ejemplo al partido republicano. La victoria de Bush en el 2000 se debió, entre otras cosas, a una purga de votantes en Florida dirigida principalmente contra los negros, y llevada por la administración de su hermano Jeb (aquí).
Con este ejemplo, y enfrentado con la caída demográfica de la población “anglo”, el partido republicano emprendió una campaña para dificultar el voto estado por estado, con la excusa de reducir el fraude. Consiguió en el 2015 que el Tribunal Supremo anulara una de las clausulas principales del “Voting Rights Act” (aquí). Al dia siguiente, Texas aprobó una ley que requiere un documento de identidad para votar. Esto no sería un problema si no fuera porque en este país el único documento de identidad que suele tener la gente es el carnet de conducir: los no conductores en Texas necesitan por lo tanto sacarse un “carnet de votar” que casi solo sirve para eso, y que puede ser difícil de obtener (aquí). No tengo espacio para enumerar los diversos reglamentos y limitaciones impuestos en Wisconsin, Pennsylvania, Carolina del Norte, etc…, que también incluyen reducciones en el número de mesas electorales en ciertas ciudades o barrios y eliminaciones selectivas de votantes de los registros. Solo citare al juez que, declarando una ley incorrecta, dijo que las restricciones “target African-Americans with almost surgical precision”, y recomiendo este artículo corto (aquí) y este análisis (aquí). Es muy dificil estimar cuantos votos han sido suprimidos en esta elección, pero es posible que al menos el resultado en Wisconsin hubiera sido otro sin estas leyes.
Pero entonces ¿Cómo se aprobaron esas leyes y reglamentos en estados como Wisconsin, que han tenido mayoría de votantes demócratas en elecciones presidenciales? La explicación pasa por hablar de una tercera peculiaridad del sistema electoral americano, el “gerrymandering” inventado en mi propio estado (Massachusetts) en 1812 para favorecer al candidato “Demócrata-Republicano” de entonces. Los miembros del Congreso (de cada estado o federales) y del Senado estatal se eligen por distritos. Esto tiene por lo menos dos ventajas. Primero, yo tengo “mi” congresista al que puedo reclamar, con un despacho local dedicado a ayudar al público. Segundo, alguien localmente conocido puede presentarse sin ser un político de carrera (y de hecho muchos son personas con carreras anteriores, no gente que ha subido por el escalafón del partido). Pero tiene una desventaja que se ha agravado con los ordenadores: el que dibuja los distritos puede transformar un estado 50-50 en cinco distritos 60-40 y uno 0-100, asegurando una ventaja de 5-1 en lugar de un empate 3-3.
La pregunta clave, entonces, es ¿quien dibuja los distritos? En general, es el Congreso estatal quien dibuja los distritos propios y federales, y lo hace cada 10 años cuando se ejecuta el censo del país. El partido republicano emprendió con Karl Rove el objetivo de conseguir una “permanent Republican majority”. Con la ayuda del Tribunal Supremo que ha eliminado casi todos los límites sobre contribuciones electorales, el partido y varias organizaciones afines invirtieron tiempo y dinero en conseguir mayorías en elecciones estatales. Estas suelen tener menos votantes y muy poca publicidad, y son por lo tanto más fáciles de influenciar. A raíz del censo del año 2010, y gracias a su control de legislaturas estatales, el partido republicano consiguió dibujar los distritos de tal manera que en el 2012, con 1.4 millones de votos más para Demócratas que para Republicanos, hubo 234 congresistas republicanos y sólo 201 demócratas. El proyecto RedMap (aquí) aún mantiene su página de web explicando este triunfo.
Quiero dejar claro que esto no es solo un truco republicano: en el estado de Maryland por ejemplo los distritos favorecen enormemente a los demócratas. Pero en el momento actual, gracias a la financiación, planificación, y correcta ejecución entre 2000-2010, la ventaja republicana es enorme. Esto tiene difícil solución: hay varios Estados que tienen comisiones imparciales que dibujan los distritos, pero aprobar una ley que forme esa comisión no es fácil. Y también está claro que las comisiones son influenciables, aunque de momento parece que ayudan a proteger la representatividad del sistema.
Llegamos ahora a una de las explicaciones de cómo el partido republicano ha ido virando cada vez más a la derecha. Esto se debe no solo a la influencia de donantes multimillonarios de ultraderecha como los hermanos Koch o Sheldon Adelson, sino también al gerrymandering. Una consecuencia perniciosa de que muchos distritos hayan sido redibujados para ser “distritos protegidos republicanos” es que, en esos distritos, el congresista no tiene que preocuparse por un reto demócrata en la elección general, pero sí puede perder contra otro republicano en la elección primaria. Las primarias son menos concurridas, y votan sobre todo los más convencidos (y los más extremistas). Por lo tanto, el congresista o se mueve a la derecha o pierde contra otro que es más de derechas. Esto ayuda a comprender como el partido se ha vuelto cada vez más estridente en su oposición a todo soporte social, a los inmigrantes, a cualquier papel del estado federal en regular la economía o las empresas. Donald Trump no debería haber sido una sorpresa, ya que representa la continuación lógica de muchos esfuerzos e ideologías republicanas, aunque haya tomado las riendas como populista anti-Washington y anti-establishment.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y Máster en Práctica Jurídica Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues. Abogado del Departamento de Litigación y Arbitraje de Ontier-España y Editor de Hay Derecho.
El pasado viernes día 11 de noviembre se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo del día anterior por la que la Sala de lo Contencioso-administrativo anula el actual sistema de compensación equitativa por copia privada con cargo los Presupuestos Generales del Estado. Asistimos, pues, a una vuelta de tuerca más en torno a esta institución jurídica que, desde su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, se ha convertido en el tema estrella en torno a los derechos de autor.
En efecto, durante los últimos años han sido incesantes los debates y las controversias en torno a la copia privada y su compensación, no solo desde una perspectiva doctrinal, donde mayoritariamente se aboga por su utilidad como medio para mantener un equilibrio entre los derechos de los creadores y los de los usuarios de las obras, sino también entre los particulares y determinados colectivos que, muchas veces con argumentos insostenibles desde un punto de vista jurídico, insistían en la necesidad de su derogación.
El punto clave de todo este proceso tuvo lugar gracias a la Disposición Adicional 10ª del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que suprimió la compensación equitativa por copia privada, prevista hasta entonces en el art. 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 (TRLPI), y en donde se dispuso que el Gobierno establecería el procedimiento de pago a los perceptores con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, lo que tuvo lugar, finalmente, a través del Real Decreto 1657/2012. Debe resaltarse que ésta fue una de las primeras medidas que el Gobierno del Partido Popular tomó tras su llegada al poder en 2011, después de una campaña electoral en la que la cuestión del llamado “canon digital” se convirtió en una fuente clara de captación de votos. La Ley 21/2014, por su parte, realizó los ajustes legales necesarios en el TRLPI para dar cabida al nuevo sistema.
Fuimos muchos los que por aquel entonces manifestamos nuestra perplejidad ante un mecanismo compensatorio, único en la Unión Europea, que parecía desconocer los fundamentos del límite de la copia privada, ignoraba la función de su compensación, obviaba la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (TJUE) existente al respecto y, en definitiva, no se adecuaba a lo previsto en la Directiva de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información. El tiempo se encargó de confirmar que los únicos beneficiados por el cambio fueron las empresas tecnológicas que dejaron de estar obligadas a hacer frente a los pagos correspondientes. Por el contrario, los autores vieron drásticamente reducidas las cuantías recibidas, que han pasado a no aproximarse ni de lejos a los perjuicios sufridos, mientras que los particulares comprobaron como el precio de venta de los equipos y soportes utilizados para efectuar las copias no ha sufrido rebaja alguna.
En este contexto, varias entidades de gestión de derechos de autor impugnan la nueva normativa al considerarla contraria al derecho comunitario y a la jurisprudencia del TJUE, que de manera constante ha venido exigiendo que sea el usuario final de la copia privada quien soporte efectivamente el coste de aquella. Y añaden acertadamente que este sistema, en el que se fijan “ex ante” las cantidades a percibir, no parte de un criterio objetivo para el cálculo del daño causado a los autores por las copias privadas y, en consecuencia, no permite llegar a un resultado realmente equitativo.
Planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo cuestión prejudicial ante el TJUE, la sentencia de 9 de junio de 2016 reiteró que la compensación debe ser sufragada por los usuarios finales de la copia privada y que, por tanto, un sistema con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en el que todo sujeto, sin distinción, se convierte en obligado al pago es incompatible con el derecho de la Unión. Es preciso matizar, no obstante, que la sentencia comienza sus razonamientos afirmando que un modelo de esta naturaleza no es, necesariamente, contrario a la Directiva de 2001; lo es en la medida en que no se prevé ningún medio para que su coste efectivo pese exclusivamente sobre quienes hacen uso de las copias privadas que, en ningún caso, pueden ser, por definición, las personas jurídicas.
Siguiendo estas directrices establecidas por el TJUE, es ahora cuando la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2016 determina que la Disposición adicional 10ª del Real Decreto-ley 20/2011, el apartado segundo del artículo 1 de la Ley 21//2014 y, en consecuencia, el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, responsables del diseño de la actual compensación equitativa, son contrarios al derecho comunitario y, por tanto, deben ser anulados. Entre otras cosas, señala que “si una norma nacional es contraria al derecho de la Unión Europea, ha de ser inaplicada independientemente de que además pueda ser inconstitucional. El deber que pesa sobre todos los órganos judiciales nacionales de inaplicar –por sí solos, sin plantear previamente cuestión alguna al propio Tribunal Constitucional- las normas jurídicas nacionales contrarias al derecho de la Unión Europea es una exigencia dimanante del principio de primacía de éste”.
Queda por determinar cómo el legislador va a salir de este embrollo. La situación no deja de ser preocupante: el límite de la copia privada sigue plenamente vigente pero carecemos de un instrumento que permita compensarlo, algo que, por otra parte, exige la Directiva de 2001. El ministro de Educación y Cultura ya ha anunciado que se pondrá inmediatamente manos a la obra “escuchando a todos los sectores implicados”, algo que no se hizo en su momento y cuyas dramáticas consecuencias sufrimos en la actualidad. Probablemente debamos volver al sistema que existía anteriormente, en el que se gravaban los equipos y soportes utilizados en la copia privada (repercutiéndose en el precio que pagaban sus adquirentes), y en el que las sumas recaudadas trataban de ser equivalentes al perjuicio causado a los titulares de los derechos. Siempre y cuando, eso sí, se incluyan vías para que quienes no sean usuarios privados, como es el caso de las personas jurídicas, queden exonerados del pago.
Debemos recordar, por último, que la Disposición final 4ª de la Ley 21/2014 señalaba que el Gobierno, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, realizaría los trabajos necesarios para preparar una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual. Aunque no consta iniciativa alguna en tal sentido, sería el momento adecuado para disipar las incertidumbres que se nos abren en este momento.
Profesor Titular de Derecho Civil. Universidad Complutense. Vicedecano de Grado de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Director del Anuario de Propiedad Intelectual. Vicepresidente de la Asociación para el Estudio y la Enseñanza del Derecho de Autor.
El próximo lunes 28 de noviembre tendrá lugar el primer acto organizado por HD Joven: El papel del Parlamento en la próxima legislatura, una tertulia en la que contaremos con algunos de los diputados más jóvenes de los principales partidos políticos, como Ignacio Urquizu (PSOE) y Melisa Rodríguez (C’s).
Con ellos debatiremos sobre el funcionamiento de nuestras cámaras legislativas y conoceremos el punto de vista de una nueva generación de políticos que ha entrado en las instituciones. ¿Será posible alcanzar grandes acuerdos para reformar leyes importantes? ¿Cómo será la relación del Parlamento con los órganos de control más importantes? ¿Se reforzará el protagonismo del Senado o quedará relegado?
La tertulia, orientada a nuestros seguidores y amigos más jóvenes, se celebrará el próximo lunes 28 de noviembre, a las 19 horas, en Impact Hub Madrid (c/ de la Alameda, 22).
El aforo es limitado y es necesario confirmar asistencia en nuestro email (info@fundacionhayderecho.com)
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Alguien preguntó, con motivo del 60 aniversario de tve, dónde se encontraba Espinete. Nadie encuentra al famoso muñeco que durante años entretuvo las tardes de los niños españoles. Al parecer, ha desaparecido de Prado del Rey. No se sabe si estará en algún almacén o entre los escombros de algún edificio con amianto. El hecho es que Espinete no aparece por ningún lado. ¿Qué ocurriría si fuéramos a buscar un incunable a la Biblioteca Nacional o un óleo en los almacenes del Museo del Prado? rtve y su historia son parte del acervo cultural de nuestro tiempo, así debemos entenderlo y ser consecuentes con su importancia.
Esta pequeña anécdota nos sirve para ilustrar la situación en la que se encuentra rtve. Rtve está desaparecida, perdida, no la reconocemos, no la encontramos, está desdibujada, difuminada, sin rumbo. Es nuestra responsabilidad luchar por su recuperación.
Lo que fuimos. Quien tuvo, retuvo.
España ya tiene nuevo gobierno. Hay que ponerse a trabajar rápidamente para recuperar el tiempo perdido. Dentro de las tareas más importantes del nuevo ejecutivo se encuentran aquellas encaminadas a recuperar la credibilidad de las instituciones públicas que han salido muy deterioradas de la crisis que además de económica, ha sido y es, de confianza.
Uno de los sectores más sensibles a la pérdida de esta confianza son los medios de comunicación, construir su credibilidad e independencia pueden significar años de esfuerzo; perderla, apenas un suspiro. La sociedad española tiene una asignatura pendiente con sus medios públicos.
La implosión de la importancia de los medios de comunicación en las sociedades europeas tuvo lugar al mismo tiempo que España sufría una dictadura. De aquellas aguas, estos lodos. Radio Nacional de España (rne) inició sus emisiones durante la Guerra Civil, Televisión Española (tve) hace 60 años, en plena dictadura del General Franco y la web de rtve (rtve.es) nació apenas hace 9 años, en 2008.
Nadie duda de la importancia que para los españoles tuvieron sus medios públicos durante la dictadura y la transición. Mientras el régimen se mantenía firme, a través de las ondas de rne y sobre todo, de las pantallas de tve, los españoles observábamos otras formas de vida que envidiábamos. Esa paulatina modernización de la sociedad española, en parte gracias a rne y tve, facilitó lo que más tarde se produjo; la llegada de la democracia y el fin de la anomalía que significaba una dictadura en Europa.
Llegó la democracia y aparecieron nuevos periódicos y nuevas emisoras de radio y por fin, nuevas televisiones; primero las autonómicas y después las privadas. Y muy poco cambió en rtve; nadie fue capaz de darse cuenta que rtve debía ser protegida, como un bien de todos. La alegría de la libertad recién estrenada nos hizo perder el cuidado a aquello que nos pertenece como propio. rtve entró en una continua crisis de identidad.
No sabía o no podía o le dejaban encontrar su sitio. En 2007 se produjo un hecho inédito, el primer intento serio de desgubernamentalización de rtve. Se introdujo la elección de su presidente por consenso. En aquel momento, el gobierno socialista invitó al PP a consensuar un consejo de administración y presidente por mayoría cualificada. rtve renació, los ciudadanos empezaron a sentirse identificados de nuevo con sus medios públicos, con su forma de informar, entretener y formar.
El sueño duró muy poco. Los dos presidentes elegidos por consenso (Luis Fernández y Alberto Oliart) renunciaron a sus cargos. Los ataques a su independencia y la falta de una financiación suficiente y estable hicieron naufragar el intento.
Lo que somos. La marcha atrás.
Se nombraron dos nuevos presidentes (Leopoldo González-Echenique y José Antonio Sánchez) básicamente con el apoyo del gobierno (el PP y la antigua Convergencia y Unió también votó a favor) la consecuencia fue la pérdida de prácticamente todo lo construido durante el periodo anterior (2007-2011). Por decisión del nuevo gobierno se redujo la aportación del Estado a la empresa en alrededor de 1.200 millones de euros durante el periodo 2012-2016. rtve es la empresa pública cuya aportación del Estado se redujo de forma más abultada. De un plumazo se perdió la independencia, no consensuándose el nombre del presidente, y se atestó el golpe definitivo a la suficiencia y estabilidad en su financiación, el antecedente fue la supresión de la publicidad.
El último CIS es demoledor, los informativos de tve, que eran referencia mundial, ya no son la primera referencia informativa en su país. Han perdido nada menos que 20 puntos en apenas cinco años (2011-2016) en el ranking como opción informativa preferida para informarse.
Los españoles elegimos libremente donde queremos informarnos, entretenernos o formarnos. Estos tres objetivos básicos de los medios públicos que nacieron con la televisión pública pionera en Europa, la BBC, no sé cumplen a día de hoy en rtve. Su canal principal no llega al 10% de audiencia (9,8 en 2015) y el resto de sus emisiones son irrelevantes (los cinco canales de tve (La1, La2, Clan, tdp, 24h) apenas superan el 16,6% de share. Nuestras televisiones hermanas de Reino Unido, Francia, Italia o Alemania se encuentran muy cerca o incluso superan el 30% de cuota de mercado.
Si miramos a nuestra radio pública la situación no es mejor, solo un 9,5 % de los españoles la prefieren para informarse frente a un 33% de la SER y un 15% de COPE.
Aún más dramática es la realidad de rtve.es que pierde el tren del presente gracias a una nefasta gestión huérfana de visión, estrategia, ambición e inversión. Hasta aquí lo que ya sabemos y ahora qué hacemos?
Lo que seremos. Mirando al futuro
Primero, aprender de los errores. Nunca más los medios públicos pueden estar al servicio del gobierno de turno. Los medios públicos están al servicio de toda la sociedad, de todos los ciudadanos. Debe dar voz a la diversidad de la sociedad, debe tender puentes entre los territorios y diferentes sensibilidades.
Los medios públicos tienen que mantener una relación de lealtad con la Jefatura del Estado, los tres poderes del mismo (legislativo, ejecutivo y judicial) y además con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Desde su independencia institucional rtve debe ser impulsor de la industria del conocimiento y del mundo audiovisual. Debe establecer estrechas relaciones con otras instituciones culturales, científicas, artísticas, etc…de forma que rtve sea su ventana a España y al mundo.
Especial importancia tiene el servicio público que rtve debe prestar en el exterior, tanto para los españoles que viven fuera, los que viajan, los que quieren aprender el español y también los otros idiomas del Estado, los que nos visitan y aquellos que quieran conocer nuestra cultura. Destacar la ayuda que rtve debe prestar a la expansión de nuestras empresas en el mundo.
También es esencial la labor que tiene que llevar a cabo dentro de España para un mejor conocimiento entre las Comunidades Autónomas con respeto a sus diferencias que suman, nunca restan.
Si no queremos perder el tren de las nuevas tecnologías rtve debe desarrollar sus servicios interactivos a través de su web, rtve.es. Las nuevas generaciones nos lo exigen, sus formas de acceder al conocimiento ya no es como era antes e internet es su mejor aliado para ellos. rtve será digital o no será.
Los medios públicos deben entretener, claro que si. Deben informar, eso sí, deben proporcionar una información de calidad, plural, independiente que ayude a construir una opinión pública libre. Y debe incorporar a todos sus formatos la formación en valores de convivencia democrática, de crítica constructiva, creatividad, respeto a la diversidad y pluralidad de nuestra sociedad, todo ello con total transparencia al servicio de una sociedad cada vez más compleja.
rtve debe encontrar su sitio.
Los políticos que nos representan tienen que tenerlo claro, nunca más pueden tener la tentación de utilizar los medios públicos de forma partidaria y si ponerla a trabajar al servicio de una sociedad cada vez más plural y diversa. Si lo hacen, los ciudadanos se lo reconocerán, si no se lo demandarán. Por cierto, la tan admirada BBC depende funcionalmente del equivalente a lo que sería el ministerio de medios de comunicación, cultura y deporte. Ahí lo dejo, no es casual.
Dótenla de unos órganos realmente independientes y profesionales. Presidente y Consejo. No hagan un paripé; si los consejeros son correveidiles de los partidos que les propongan, ese consejo hará inoperantes el principio de independencia y la gestión de la empresa. El control parlamentario, en el parlamento, con luz y taquígrafos, no en un órgano de control político en forma de Consejo de Administración. Establezcan una financiación suficiente y estable. Permitan al Presidente presentar su proyecto frente al Parlamento. En resumen, den certezas, seguridad, sosiego, respeto y tiempo. El resto, déjenlo en manos de los profesionales.
Y por último, “la responsabilidad de los medios públicos va más allá de la audiencia pero sin, en ningún caso, renunciar a ella, es más, no tienen sentido sin aquella”.
Ignacio Gómez-Acebo (Santander, 1962), ha desarrollado toda su carrera profesional como productor en rtve, donde comenzó a colaborar en 1981, al tiempo que desarrollaba sus estudios de Derecho en la Universidad San Pablo CEU. Es fijo de rtve desde 1992 y ha ocupado diversos puestos de responsabilidad como director de estrategia y programación tve, director de estrategia y planificación de programas tve, director de deportes tve y director de la producción ejecutiva de deportes tve. También colaboró en la candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Madrid 2020 como director de comunicación.
De nuevo sucedió lo que parecía imposible, y Trump es Presidente de los EE.UU. Habrá tiempo para ver si el desastre que algunos auguran se consuma o si funcionan los controles y contrapesos de los que se hablaba aquí hace unos días. Entretanto, quizás habría que tratar de sacar alguna lección de este resultado sobre cuestiones jurídicas e institucionales, que son la razón de ser de este blog.
Se han publicado cientos de artículos y estudios explicando la causas del aumento del voto a opciones populistas. Todas parecen coincidir en que las motivaciones para votar a opciones tan heterogéneas como el Frente Nacional francés, Podemos, Trump, o el Brexit son en buena parte comunes. Es cierto que existen elementos emocionales que estos movimientos han sabido mover de manera muy eficaz -como ya señalé en este artículo– y que las opciones reformistas no encuentran un relato convincente con el que oponerse a ellos (como explica Alvaro Lario aquí). Pero también existen motivaciones racionales para ese voto, y sería bueno tratar de enfrentarse a ellas desde la razón y la reforma política e institucional.
En primer lugar, todos estos movimientos o personas se presentan como anti-establishment -o anti-casta- hasta tal punto que hay frases de discursos de Trump que podrían trasladarse a uno de Pablo Iglesias. Los partidos políticos tradicionales y sus representantes son percibidos como corruptos, endogámicos y alejados de la vida de las personas normales. Hillary Clinton, con su larga trayectoria en política y como mujer de un expresidente que mezcla política, fundación y negocio personal, era una representante perfecta de esa odiada casta. A su lado, hasta Trump -un hijo de papá con una carrera empresarial llena de sombras- ha podido presentarse como un outsider atacado por “el sistema”. Pero la irritación popular con los políticos “de siempre” responde a una realidad: en las democracias occidentales los partidos se han convertido en los cotos cerrados de políticos profesionales, que viven alejados de la vida de un asalariado o un empresario. En España al menos, la financiación ilegal de los partidos ha sido la norma y las prácticas de tipo clientelar o directamente corruptas han sido tan frecuentes que no se pueden considerar como casos aislados.
El cambio de rumbo es no solo necesario sino perfectamente posible. Desde distintos ámbitos se han propuesto reformas en la Ley de Partidos y la Ley Electoral que van en este sentido, y también se ha insistido en la necesidad de reforzar la independencia de la justicia y de proteger a los denunciantes de casos de corrupción. Algunas de estas modificaciones están en las medidas pactadas por el PP con Ciudadanos, y habría que esperar que los partidos que claman contra la corrupción colaboren en su aprobación y propongan mejoras. Quizás haya que ir un poco más lejos para que entre aire fresco en el mundo político y limitar el tiempo que se puede estar en un cargo. Esto probablemente debería ir acompañado de una remuneración más alta de los cargos públicos –y un reducción de coches oficiales y privilegios- para favorecer la entrada de personas con más experiencia y conexión con la economía real, que podrían entrar y salir de la política con normalidad. Pero no creo que esto baste: al margen de la normativa, los partidos deben ser conscientes que en este momento la recuperación de la confianza exige una total ejemplaridad a los que ejercen cargos públicos. No es suficiente que hagan -como se ha dicho hace poco- lo que cualquiera, sino que su comportamiento sea intachable. También los votantes tenemos que superar las adhesiones incondicionales, pues mientras sigamos votando a Rajoy en las generales –o a Ramón Espinar en las primarias- hagan lo que hagan, poco vamos a conseguir cambiar.
El segundo punto de en que coinciden Trump, Le Pen, Grillo, Sanders y muchos otros es en la crítica de la globalización, señalando que ha perjudicado a las clases medias y bajas. Quizás el mensaje más potente de Trump no haya sido su odio a la inmigración sino a las importaciones y a los Tratados de libre comercio. De nuevo, el que los extremistas estén de acuerdo no quiere decir que no tengan parte de razón. Lo cierto es que la libre circulación de bienes tiene efectos positivos, pero su combinación con la evolución tecnológica ha producido unos cambios enormes en perjuicio de las clases trabajadoras. Aunque se habla menos de ello, la libertad de circulación de capitales tiene beneficios menos claros y perjuicios evidentes: ha favorecido el crecimiento desmedido del sector financiero y la especulación que fueron el origen de la crisis de la que estamos tratando de salir. También ha facilitado la sistemática evasión de impuestos por las grandes multinacionales, de lo que también se ha hablado en este blog (aquí y aquí), y la ocultación del patrimonio de los particulares a través de complejas estructuras societarias, de las que los Papeles de Panamá son solo un ejemplo.
El problema es en buena parte institucional y jurídico: se ha creado un mercado global de bienes y capitales mientras que la regulación sigue siendo nacional, lo que permite a las grandes Transnacionales elegir donde les conviene más instalarse, producir, contaminar y (no) pagar impuestos. En consecuencia, la mayor parte de la población obtiene algunos beneficios de la globalización pero los más poderosos obtienen muchos más. Esto se refleja en el aumento de la desigualdad que se ha ido produciendo durante las últimas décadas en casi todos los países, y en concreto en EE.UU. como se ve en este gráfico.
Lo grave es que ha aumentado tanto la desigualdad de ingresos como la de oportunidades, pues en los últimos decenios la movilidad social parece estar reduciéndose (como se sostiene aquí). Es necesario modificar esta tendencia. Las soluciones no son sencillas y no pueden consistir en construir muros o incumplir tratados, pero parece necesario tomar medidas para favorecer el empleo, aumentar las políticas de redistribución y sobre todo mejorar el acceso de todos a una educación de calidad. Si no queremos que eso se traduzca -como de costumbre- en aumentos de la presión fiscal sobre la clase media, es necesario conseguir que las grandes multinacionales vuelvan a pagar impuestos, pero también reducir el tamaño y aumentar la eficiencia de una administración sobredimensionada y con fuertes tendencias clientelistas.
Es cierto que después de ver el desarrollo y el resultado de las elecciones en EE.UU. podemos pensar que nuestra situación política e institucional no es tan mala –nacionalismos aparte…- . Esto dice mucho del buen sentido de la sociedad, y probablemente obliga a mirar el diseño institucional nacido de nuestra Constitución con más respeto. Pero no nos debe llevar a confiarnos, pues hace un año las predicciones de un Trump presidente eran casi todas de broma. La actual situación política de nuestro país, además, es además de un reto una excelente oportunidad para que con la colaboración de todos se acometan las reformas que mejoren la calidad de nuestra democracia y eviten las tentaciones de ruptura del sistema.
Licenciado en Derecho en 1989 (ICADE- E1). Notario en la oposición de 1991. Doctor en Derecho. Patrono de la Fundación Hay Derecho. Autor de artículos en El País, ABC, Nueva Revista, y de diversas publicaciones de Derecho Mercantil y otras materias.
Desde un punto de vista democrático, parece absolutamente bochornoso, claramente vergonzoso, que la primera vez que adquiere visibilidad la comisión parlamentaria encargada de las relaciones con los ciudadanos, la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, sea a cuenta de que se quiere dar un premio de consolación (la presidencia de la misma) a un exministro repudiado por la mayoría del Parlamento. Una “comisión” de 1.431 euros mensuales.
Además, parece como si fuera un demérito dicha designación, en comparación con otras comisiones, como la de asuntos exteriores, de la que le han descabalgado.
Ha resultado premonitorio mi anterior y reciente post del 26 de octubre en este blog, “De las estafas parlamentarias” (aquí), en el que ponía de manifiesto la tomadura de pelo en que consiste la referida Comisión Parlamentaria, hoy todavía más degradada, como se observa, por las luchas políticas. Es relevante el artículo del diario El País del 17 de noviembre (aquí) en el que se da cuenta del escarnio y se pone de manifiesto que “La Comisión de Peticiones tiene una función casi de registro de escritos de los ciudadanos”. ¿Alguien cree que con este nuevo presidente la cosa va a mejorar?
¿Esta es la regeneración democrática reclamada por el Rey Felipe VI en el discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados en la Apertura de la XII Legislatura? El mismo día en el que se ha registrado el escrito por el que el señor Fernández Díaz releva a la anterior presidenta de la Comisión de Peticiones.
Abogado. Tiene varios másteres oficiales y otros títulos de posgrado en Derecho Procesal Civil, Administración Concursal, Derecho Tributario y Derecho empresarial. Ha publicado varios libros jurídicos y ha participado en otros de carácter colectivo. Ha publicado más de 400 artículos en las principales revistas jurídicas y en los principales diarios de información económica.
Hace unos días difundimos en las redes sociales un videopost de nuestro coeditor Ignacio Gomá en el que resumía un post que publicamos el mismo día 8 de noviembre, día de las elecciones americanas. Pensamos que puede ser una nueva e interesante manera de extender nuestros contenidos. Para que no os lo perdáis, lo subimos al blog.
Editores del blog “¿Hay derecho?”
Como ya sabrán a estas alturas, Trump es tan rico que, aun habiendo renunciado a su sueldo de Presidente de los Estados Unidos –no es el primero que lo hace, por cierto-, su fortuna apenas se ve comprometida. Bien por él. En cualquier caso, no deja ésta de ser una decisión populista y que desprestigia el propio cargo de presidente, ya que uno no va a ser mejor mandatario ni tomará decisiones más acertadas por renunciar a su legítimo salario, además, claro está, de que sólo se permite el lujo de renunciar a ese sueldo porque no lo necesita. Pero lo que a nosotros nos cuesta creer es que Trump esté dispuesto a renunciar, no a su sueldo de Presidente, sino a su tremenda fortuna -o aun a arriesgarla- por el “simple” honor de servir a su país y a su nuevo rol en el mundo. ¿Cómo hará para mantener su riqueza, si ya no puede atender a sus negocios? ¿O compaginará ambas funciones? ¿Cómo resolverá entonces el evidente conflicto de intereses que ello implica?
Lo curioso del asunto es que la Ley de Ética y Gobierno de 1978 (Ethics in Government Act) no fiscaliza dicho conflicto de interés en el caso del Presidente y del Vicepresidente. Les exige que informen públicamente de sus negocios privados, pero en ningún caso que los desatiendan durante el ejercicio de su función. De hecho, sólo a los cargos públicos no electos se les exige tal cosa, como puede probar el caso del antiguo Secretario del Tesoro, Henry Paulson, quien fue obligado a vender toda su participación en Goldman Sachs antes de comenzar en su nuevo cargo. ¿Cómo justifican los americanos esta norma, que tan conflictiva nos resultaría a los europeos? En primer lugar, en el hecho de que no son empleados públicos: un Presidente del Gobierno es electo precisamente porque los ciudadanos le han otorgado su confianza, lo que, a juicio del common law americano, convertiría en un contrasentido desconfiar de su falta de honestidad ante un conflicto de interés de tal naturaleza (cierto es también que el próximo Presidente no obtuvo la confianza del mayor número de electores, pues Clinton ganó por más de 600.000 votos de diferencia). Por otro lado, se considera que atender continuamente a los posibles conflictos de interés del Presidente podría complicar aún más su labor, dado que éste tiene “mano en todo” (más aún en nuestro caso) y tal prohibición no le permitiría desarrollar libremente su cometido. Seguro que Trump sabrá tomar la decisión -que considere- apropiada para su país cuando ésta le beneficie económicamente, pero ¿qué ocurrirá cuando la toma de esa medida entorpezca su propio futuro y fortuna y los de su familia? ¿Sabrá tomar la decisión más favorable para el resto de la ciudadanía, y no para él mismo?
No hay olvidar que Trump es dueño de un patrimonio que, según la revista Forbes, asciende a unos 3.700 millones de dólares y que no sólo es más rico que cualquiera de sus anteriores predecesores, sino que, además, tiene participaciones en empresas de multitud de países, desde Alemania hasta Rusia, pasando por India, y, por supuesto, los Estados Unidos, a lo que hay que adicionar que estas empresas operan en prácticamente todos los sectores de la economía, todo lo cual desde luego acentúa el muy probable conflicto de interés que pueda surgir. Quizá para evitar la represión de la opinión pública e, insistimos, pese a que no está obligado jurídicamente a hacerlo, parece, de todos modos, que el Sr. Trump va a ocuparse íntegramente al fin de “make American great again,” para lo cual renunciará temporalmente al control de la Trump Organization, dejándolo a cargo de una suerte de blind trust.
Un blind trust es aquel fideicomiso mediante el cual se impide a uno tener conocimiento del uso que se está haciendo de sus bienes y negocios privados, dejándolos en manos de un tercero independiente. Este instrumento ha sido empleado por otros presidentes de los Estados Unidos (Clinton o Bush, entre otros), que, pese a no estar legalmente obligados a ello -como ya hemos indicado-, consideraron que era lo más adecuado moralmente. Pues bien, como ya proclamó en campaña, “The Donald” quiere dejar sus negocios en manos de un trust, pero no uno opaco o blind, sino en uno dirigido por sus tres hijos mayores, Donald Jr., Ivanka y Eric. Lo cual no deja de ser ridículo, porque desde que uno conoce ex ante a los integrantes de ese gestor independiente y por ello precisamente los escoge y como, además, en este caso carecen de toda independencia, al tratarse de sus hijos, este mecanismo deja de tener sentido, cuando menos en cuanto a la finalidad moral que persigue esta decisión. ¿O es que alguien puede llegar a pensar que los hijos del Sr. Trump no van a mantener en todo momento a su padre completamente informado de sus negocios? La polémica está servida. Sin ir más lejos, ya su hija Ivanka, aprovechando el tirón de su progenitor, ha puesto en venta por más de 10.000 dólares el brazalete -diseñado por ella- que llevaba el día de la primera entrevista post-electoral de su padre. Siendo éste el primer ejemplo de la delgada línea que separa la presidencia de sus negocios o los de su familia, ¿es reprochable moralmente? ¿Y jurídicamente?
Desde luego, es difícil imaginar que, cuando sus hijos pretendan hacer negocios en algún lugar del mundo, los gobiernos de dichos países no tenderán a facilitarlos, aunque no sea conscientemente, puesto que detrás de ellos verán la mano del presidente de la nación más poderosa del mundo y, lógicamente, sabrán que es mejor tenerle contento. Y, aunque ese trust funcionara de verdad con total ajenidad a Trump o se encargara la gestión de su imperio a unos independientes, ¿se evitaría realmente el conflicto o podría aquél averiguar la marcha de sus negocios de otra forma, por ejemplo a través de los reguladores americanos, la prensa, la multitud de contactos de que dispone, etc.? Por si esto fuera poco, Trump ya ha nombrado a sus tres citados hijos y a su yerno como miembros del equipo de transición hacia el nuevo Gobierno, habiendo solicitado autorización al actual de Obama para que tengan acceso a información confidencial.
Nos trae este caso a la memoria el del antiguo Primer Ministro italiano, Silvio Berlusconi, que también confió la administración de sus empresas a un trust que -¡sorpresa!- quedó bajo el control de su familia, si bien a éste las polémicas y las demandas por un supuesto conflicto de interés con sus empresas sí se le han ido acumulando.
Ante el potencial conflicto de intereses que pudiera acontecer durante el gobierno del Sr. Trump, hemos querido plantearnos las posibles soluciones que pudieran caber -si es que existen-. Hace días, el otrora alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, planteó la posibilidad de que el flamante nuevo presidente se comprometiese, mediante un documento, a no implicarse en sus negocios, que cedería a sus familiares más próximos, al que, se nos ocurre, podría incluirse una cláusula disuasoria por la cual, si se probara ante un juez que Trump ha incurrido en un conflicto de interés (conscientemente) y no ha hecho nada para evitarlo, se le prohibiría volver a sus negocios por un plazo determinado tras dejar la Presidencia o se le impondría una cláusula con una alta penalización previamente negociada. Es preciso destacar en este punto que el sistema de contrapesos (checks and balances) de la democracia estadounidense y su innegable interés por mantener intacta la separación de poderes podrían forzar a Trump a tomar la decisión correcta, porque el poder judicial en los Estados Unidos es verdaderamente independiente, y eso “asusta”. Pero, sin perjuicio de lo anterior, ¿hasta qué punto sería factible controlar el cumplimiento de esos compromisos? Es simplemente imposible. Es más, ¿por qué iba Trump a someterse a un control ajeno (que hasta pudiera utilizarse injustamente en su contra) si no tiene necesidad de ello? Además, eso no evitaría el problema de que los terceros favorecerían igualmente los negocios de los hijos, a sabiendas de que son propiedad del Presidente. Asimismo, hay que recordar que, desde la sentencia de 1982 del Tribunal Supremo en el caso del Presidente Nixon contra Fitzgerald, el Presidente de los Estados Unidos goza de inmunidad total por la responsabilidad civil que pudiera derivarse de los actos realizados durante su mandato (no así por actos anteriores o por los que generen responsabilidad penal), por lo que Trump está en cualquier caso protegido de todas las posibles demandas civiles que se le interpongan en este sentido.
Otra solución sería la cesión de todas sus acciones y participaciones en empresas, así como las de sus hijos, durante el tiempo que ostentase la presidencia, a un gestor independiente; en definitiva, crear un blind trust en sentido estricto. Pero tampoco nos parece justa esta medida. Para empezar, sus hijos tendrían que dejar su trabajo a fin de que el trust fuera realmente blind. ¿Qué ocurre si le encarga sus negocios a un independiente y éste los arruina? ¿Es eso justo? Y, en aras de un ejercicio de honestidad, si fuéramos tan ricos, ¿acaso no desearíamos que nuestros negocios, a los que probablemente habríamos dedicado toda nuestra vida, los llevasen gente de nuestra confianza?
De cualquier manera, el sistema jurídico americano no se decanta por ninguna de las opciones anteriores: se resigna a confiar en Trump. Y, si bien sea interesante plantearse cómo proceder en estos genuinos casos, consideramos imposible controlar en todo momento su alcance y consecuencias. Únicamente los más flagrantes saltarán a la opinión pública, pero habrá miles de transacciones o negocios que no se conozcan y en los que podría existir un conflicto de interés, que, recordemos una vez más, es un deber únicamente moral para el Presidente, porque no está compelido a ello por norma alguna.
Difícil situación se plantea, más compleja solución. De momento, Trump sigue afirmando que simplemente no le interesa nada la marcha de su imperio, porque es mucho más importante lo que le corresponde hacer ahora como Presidente de los Estados Unidos y que, por tanto, debemos confiar en él. Tal vez poco pueda hacerse en este caso y, como dijo Giuliani, a fin de cuentas no parece que Trump esté precisamente buscando su enriquecimiento con esta nueva causa…
Licenciado en Derecho por la UAM, máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el IE Law School (Instituto de Empresa) y programa máster de intercambio por la University of California – Hastings College of the Law. Además, cursó el programa executive de Liderazgo para la Gestión Pública en el IESE Business School.
Tras su paso por la firma de abogados Ontier España, trabajó como coordinador del Área Jurídica de un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Actualmente, es director asociado de la consultora de asuntos públicos Kreab y está especializado en regulación digital.
Editor de Hay Derecho.
