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El “calvario procesal” de las parejas de hecho en crisis

No es infrecuente escuchar a miembros de parejas que conviven, que ellos “no quieren papeles”, que “no hace ninguna falta” y que lo de casarse y firmar un papel, “no tiene sentido”. Al margen de cuestiones metajurídicas que entran en el terreno de las emociones y sentimientos,  desde un plano estrictamente jurídico yo siempre recomiendo el matrimonio porque precisamente esas parejas que “no quieren papeles”, al final son “las que más papeles necesitan”, dado que cuando no hay ley que atribuya derechos, todo hay que pactarlo.

Una de las ventajas que muchos alegan para no casarse es la doctrina del “portazo”. La disolución y extinción de la unión parece relativamente fácil: uno coge la puerta y se va. Pero nada más lejos de la realidad. Las parejas no casadas, lo mismo que las que sí lo están, tienen problemas comunes: comparten bienes, tienen cargas cuando hay hijos comunes, en muchas ocasiones uno invierte recursos en bienes propiedad del otro y proceden reembolsos. Por eso, antes de “largarse” hay que resolver algunos temas y, por supuesto, si hay menores comunes, deben quedar perfectamente atendidas sus necesidades y reconocidos sus derechos, pues no pueden ser discriminados los hijos matrimoniales de los no matrimoniales.

Me voy a referir a cómo y a través de qué procedimientos pueden las parejas de hecho resolver los problemas del cese de su convivencia. Cuestiones que cabe dividir en dos bloques:

  • Medidas en relación con los menores
  • Medidas que afectan a relaciones patrimoniales entre los miembros de la pareja.

Y todo cambia en función de que haya acuerdo entre los miembros de la pareja o estén enfrentados en un proceso contencioso.

Aunque los conflictos a los que se enfrenta una unión de hecho son muy similares a los que se producen entre personas casadas, el legislador estatal ha decidido que el procedimiento para hacer valer tales derechos tiene que ser muy diferente y mucho más complejo y tortuoso para las parejas de hecho. Se puede decir que la ruptura de una pareja no casada puede suponer un auténtico calvario procesal y voy a explicar por qué.

Las parejas casadas pueden acudir a un proceso especial en el que solicitan la separación y el divorcio (art 748.3º LEC), pero no solo eso, sino que se determinarán todas las medidas en relación con los hijos (alimentos, visitas, uso de la vivienda familiar) y además podrán liquidar su régimen económico matrimonial. La solución de la crisis puede llevarse a cabo de mutuo acuerdo aportando un convenio regulador (art. 777 LEC) o de forma contenciosa (art. 770 LEC).

Las parejas no casadas no necesitan extinguir el vínculo, pero si tienen hijos podrán acordar las medidas a ellos referentes o reclamarlas a los tribunales de forma contenciosa para lo cual NO pueden utilizar el procedimiento del art. 777 LEC que está pensado solo para los casados. Hasta aquí todo parece normal. El tema es que lo decisivo en un procedimiento de divorcio no es la ruptura del vínculo que no puede ser cuestionada ni denegada judicialmente, sino las medidas que lo acompañan. Y en este punto, la sinonimia entre la situación de las parejas casadas y no casadas es la misma: hay que proveer a la atención de las necesidades de los menores, hay una vivienda familiar, y normalmente hay pretensiones patrimoniales entre los convivientes: gastos comunes que no se han cubierto proporcionalmente, inversiones que uno de los convivientes ha hecho sobre bienes propiedad del otro, reclamaciones por enriquecimiento injusto y otras que están presentes en las legislaciones forales como el derecho al uso de la vivienda para uno de los miembros de la pareja, alimentos, y sobre todo, tienen bienes comunes que quieren dividir.

Para resolver estos problemas que –insisto- son sustancialmente los mismos que se les plantean a las parejas casadas, las uniones de hecho carecen de un único procedimiento donde puedan encauzar sus reclamaciones. Deben iniciar varios procedimientos para atender cada una de ellas.

Así, en relación con las necesidades de los menores, tendrán que iniciar un procedimiento ante un Juzgado de familia en el que  se atenderán las pretensiones “que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores”, tal y como textualmente establece el art. 748.4º LEC. El precepto no menciona ni el derecho de visitas ni el uso de la vivienda familiar. Si seguimos la interpretación literal, para tratar de estos últimos extremos habría que iniciar otro procedimiento (juicio ordinario según cuantía, art. 249.2 LEC). Menos mal que la jurisprudencia ha admitido una interpretación amplia del precepto y se permite que todas estas cuestiones puedan ser solucionadas en el proceso especial ante al juez de familia.

¿Y qué pasa si la pareja tiene hijos mayores de edad? En principio, tanto si sus progenitores están casados como si no lo están, los hijos mayores tienen acción propia para reclamar los alimentos (art. 250.8 LEC). No obstante, cuando los progenitores están casados y los hijos mayores conviven con ellos, puede ventilarse la petición de alimentos en el proceso de divorcio (art. 93.2 CC). Sin embargo, esta posibilidad no la tienen las parejas no casadas que convivan con hijos mayores de edad. El art. 748.4 LEC solo va referido a hijos menores. Esta carencia también ha sido resulta por la jurisprudencia aplicando por analogía el citado precepto del Código Civil, pues al final se estaba discriminando negativamente a los hijos de parejas no casadas lo cual no parece admisible desde el punto de vista constitucional. Lo que no es tolerable es el planteamiento del legislador.

Pero estas carencias normativas también se producen cuando se trata de atender las pretensiones patrimoniales entre los miembros de la pareja. Cada reclamación tiene que ejercitarse de forma separada en procedimientos distintos y el tipo dependerá de la cuantía de lo reclamado (juicio verbal si no supera los 6.000 euros y juicio ordinario en caso contrario). La acumulación de acciones no siempre será posible cuando en el partido judicial haya Juzgados de familia, ya que éstos no tienen competencia objetiva para atender todas las acciones que pueden derivarse de la ruptura de una pareja de hecho. Además, puede suceder que las acciones acumuladas se ventilen en procedimientos de diferente tipo.

El tema está mejor tratado en Cataluña[1] que expresamente prevé la acumulación en un único proceso las pretensiones relativas a los menores y las patrimoniales entre los convivientes.

Por ello, es necesario un cambio legal que atribuya a los Juzgados de familia todas las cuestiones derivadas de la ruptura de la unión de hecho. Muchas cuestiones patrimoniales entre los convivientes están estrechamente relacionadas con las medidas en relación con los menores. Piénsese, por ejemplo, que la posibilidad de cesión del uso de la vivienda familiar puede estar vinculada  con la posible adquisición por uno de los convivientes de la cuota sobre otro inmueble que sea copropiedad de ambos. No tiene sentido que la acción de división de la cosa común se tenga que ejercitar en otro procedimiento, acumulación que ya ha admitido el legislador para los casados en separación de bienes en el art. 437.3 LEC reformado por la Ley 5/2012, de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Bien podría haberlo permitido también para las parejas no casadas.

La cosa no mejora cuando los convivientes están de acuerdo en las medidas a adoptar tras su ruptura. El juez homologará el convenio regulador que contenga los pactos relativos a los hijos menores, quedando al margen la aprobación judicial el resto de cláusulas. El Juez de familia no sería competente para homologar otros pactos patrimoniales porque su competencia es exclusiva y excluyente. Aunque algunos tribunales están haciendo interpretaciones correctoras, es necesaria una reforma legislativa que evite una homologación separada de los acuerdos de contenido mixto que se refieren a la descendencia común y a las relaciones patrimoniales entre convivientes.  No tiene sentido que deban acudir a dos procedimientos distintos y separar lo que han querido como un todo. Caso de que el juez admita el convenio con contenido mixto, posteriormente hay problemas para su inscripción en el Registro de la Propiedad, exigiéndose que la extinción del condominio se eleve a escritura pública[2].

En este punto,  también la legislación catalana es más acertada.  En el art. 234-6 CCCat se prevé que, en caso de acuerdos alcanzados por los convivientes, puedan incluirse en el convenio todos los efectos que la extinción deba producir respecto a los hijos comunes y entre los convivientes.

La Exposición de motivos de la LEC justifica la reforma en “la necesidad de seguridad jurídica y en la escasa justificación de someter a los mismos justiciables a diferentes procesos y de provocar la correspondiente actividad de los órganos jurisdiccionales cuando la cuestión o asunto litigioso pueda razonablemente zanjarse en uno solo”.

Este criterio, desde luego muy razonable, no parecía aplicable a las uniones de hecho, a las que el legislador somete a un auténtico calvario cuando tratan de resolver los problemas que suscita su ruptura. Y no es porque no se lo advirtieran, ya que hubo enmiendas a lo largo de la tramitación parlamentaria que sugerían estos cambios. Una enmienda expresamente intentó incluir dentro de la LEC “los procedimientos que versen sobre la extinción inter vivos y sus efectos, incluidos los relativos a los hijos comunes, de las parejas no matrimoniales que la ley sustantiva reconozca”. Tal enmienda fue rechazada tanto en el Congreso como en el Senado. Por lo tanto, las disfunciones procesales descritas no fueron un despiste del legislador. La actuación fue premeditada y parece que se “legisla mal a propósito”. Las parejas de hecho son una realidad a la que el legislador estatal debe dejar de dar la espalda. Mientras tanto, que tomen nota los afectados…

[1] Disposición adicional quinta Ley 25/2010, de 29 julio. Libro II CC Cataluña.

[2] Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de octubre de 2016.

7 comentarios
  1. José María
    José María Dice:

    Mi enhorabuena por su artículo sobre el calvario de las parejas de hecho. Y, sobre todo, por lo acertado de la definición del asunto. En efecto, parece mucho mejor afrontar los cauces del matrimonio civil que los de la pareja de hecho. Y creo que siempre debe recomendarse antes el matrimonio por considerarlo jurídicamente más seguro que la pareja de hecho. Fundamentalmente, porque el matrimonio es uno solo y con una legislación única para todo el territorio español. Por el contrario, las parejas de hecho, están reguladas por hasta doce Comunidades Autónomas (a pesar de que algunas, como C-LM, solo han regulado la existencia de registros sin regular antes la institución en sí, lo cual no deja de ser un sinsentido).

    Lo que sí es cierto es que esas cuestiones metajurídicas a las que hace mención tienen el peso fundamental a la hora de decidir uno u otro camino. En mi humilde opinión, la palabra “matrimonio” se relaciona con el hecho religioso. Y es esa relación, caracterizada en el sentido religioso por la permanencia y la solemnidad, la que ‘echa para atrás’ a quienes toman la pareja de hecho bien como un ‘trial marriage’ o quienes ven su relación como algo condicional y condicionable.

    Pero esto son simples divagaciones. La realidad es que, además de los problemas que expone en su artículo, nos encontramos ante una encrucijada sobre la (¿dudosa?) constitucionalidad de las leyes autonómicas que regulan la convivencia more uxorio, que es como me gusta y me parece más correcto llamar a la institución. Ya hemos asistido, como bien conoce, a dos pruebas de esa inconstitucionalidad con las SSTC 93/2013 (a la que dediqué mi TFG: http://eprints.ucm.es/38247/) y 110/2016, en las que se han impugnado casi en su totalidad los preceptos de las leyes de Navarra y Valencia.

    Creo que el sistema del Código Civil francés (art. 515), llamado Pacto Civil de Solidaridad, podría haber sido, si se hubiese conducido correctamente este asunto por nuestros políticos, la forma más adecuada de articular este asunto en España. Al fin y al cabo, si queremos estas uniones, debemos pensar que no pueden ser lo que Lacruz llamaría “matrimonio redescubierto” y que son, esto a mi entender, más bien nacidas de la autonomía de la voluntad.

  2. O'farrill
    O'farrill Dice:

    El artículo de la Sra. Cuena resulta impecable desde el punto de vista técnico pero, desgraciadamente, en el llamado “derecho de familia” (me pregunto por lo que se entiende como “familia” para empezar) hay cuestiones que van más allá de los simples acuerdos o sentencias. Me explico: las condiciones en que se produce el acuerdo o la sentencia pueden cambiar dos meses más tarde, lo que obliga a un nuevo proceso de modificación. Este nuevo proceso puede tardar de uno a dos años y mientras tanto pueden haberse alterado otra vez dichas condiciones en base a la libertad de las personas a hacer con “su vida” lo que les parezca. En suma, cuanto hay emociones y sentimientos en el fondo, estos no son “justiciables” pues es difícil identificarlos y, desgraciadamente, el “derecho de familia” se convierte en un simple “derecho de venganza”. Un saludo.

  3. José María Pérez
    José María Pérez Dice:

    El artículo de Matilde Cuena, interesante como todos los suyos, considera los vericuetos procesales como una dificultad que aconseja un tratamiento procesal semejante para el matrimonio y para las uniones de hecho, residenciando todas las acciones derivadas de su extinción en los juzgados de familia. Sin embargo, no tengo tan claro que eso constituya necesariamente una ventaja. Lo cierto, es que hoy por hoy, uno de los rasgos que diferencian una unión de hecho respecto a un matrimonio (y que hacen atractiva esta figura para determinado sector de población) radica en esa disociación entre la comunidad de afectos y la comunidad total o parcial de patrimonios que conlleva a la inexistencia de un régimen económico específico como consecuencia ineludible de la decisión de convivir adoptada por una pareja.
    Por otra parte, existen estudios estadísticos que reflejan que, tras la regulación del matrimonio homosexual, las parejas de hecho que hasta entonces constituían una forma de legalizar esas uniones, pasaron a ser utilizadas mayoritariamente por parejas, bien como un paso previo a la constitución de un matrimonio, bien por parejas en las que, al menos uno de sus miembros, procedían de un matrimonio disuelto anterior.
    Para este último colectivo, en particular en lo que respecta al varón, la utilización de la figura de la pareja de hecho en vez del matrimonio, evita volver a padecer el sesgo manifiestamente perjudicial para ellos que existe de manera mayoritaria en los juzgados de familia en el que la custodia compartida no deja de ser todavía algo minoritario con todo lo que conlleva a efectos patrimoniales. Desde ese punto de vista, me parece legítimo que el ordenamiento jurídico reconozca, como ahora hace, un tipo de vínculo afectivo en el que, a efectos procesales, queden desvinculados los aspectos familiares (derivados de la posible existencia de menores) de las posibles relaciones patrimoniales.

    • Matilde Cuena Casas
      Matilde Cuena Casas Dice:

      Muchas gracias por su comentario que nos lleva a profundizar no tanto acerca de la cuestión procesal que se plantea en el post, sino otra más profunda en relación con si es o no precisa una regulación de las parejas no casadas. Al margen de mi opinión al respecto, una vez que el legislador estatal ha admitido determinados efectos a las parejas (arrendamientos, pensiones de viudedad, por ejemplo), ello supone una toma de partido acerca de su reconocimiento. Hecho esto, que podrá ser discutible o no, lo razonable es que la resolución de sus problemas tenga un cauce procesal claro. Ya hoy las parejas no casadas con hijos comunes tienen que ir a un procedimiento ante el Juzgado de Familia. Esto es inevitable. Lo que propongo es que el resto de cuestiones patrimoniales, deberían poder sustanciarse allí. Lo queramos o no, su problemática es la misma que la de un matrimonio y esta “sanción” procesal que describo en el post, es poco coherente con el reconocimiento de otros derechos de carácter sustantivo. La desvinculación “procesal” entre los efectos familiares y los patrimoniales va contra la realidad. Ambos están conectados y no reconocerlo genera problemas y costes.

  4. Leopoldo Góngora
    Leopoldo Góngora Dice:

    Desconocía algunos de los aspectos procesales que encadenan el camino hacia el infierno por el que tienen que transitar las parejas de hecho, pero este post me ha recordado la crítica inicial y sustantiva que desde un punto de vista jurídico, y mas concretamente desde la perspectiva del confort y seguridad jurídica que todo ciudadano tiene derecho a reclamar, puede hacerse a la regulación de las llamadas parejas de hecho. Me refiero: 1/ a la exigencia (en casi todas las regulaciones) de constar inscrita en un registro de carácter administrativo, sin control ni fiabilidad alguna, para que una pareja de hecho (vs de derecho) pueda ser considerada como tal; 2/ a los conflictos inter regionales que la existencia de diversas y variadas legislaciones autonómicas, genera, y de las que la mayoría de la ciudadanía ignora. 3/ y la obsesión del pío legislador carpetovetónico de regular cualquier situación que escape a la norma y aparente convivencia. Conclusión: es peor regular cuando se hace mal y sin transversalidad democrática, que dejar a la inteligencia privada la ordenación de su convivencia, con una simple pero eficaz definición ante notario de sus anhelos y deberes. Este post refuerza aun más mi opinión de su “desalmada” regulación y la necesidad de que el Parlamento español regule esta figura con inteligencia y con eficacia general a todo el territorio español, al amparo de corresponderle su competencia exclusiva por ubicarse dentro del título IV del Libro I del Código civil. Una pregunta: ¿será posible que su deficiente regulación se deba al menosprecio que ciertos legisladores sienten hacia los convivientes extra sacramentales?
    Interesante reflexión Matilde, gracias.

  5. Matilde Cuena Casas
    Matilde Cuena Casas Dice:

    Muchas gracias por su comentario. Yo creo que las parejas de hecho o se regulan o no se regulan. Tomada la decisión, hay que ser consecuentes y no mantener una regulación fragmentaria. Con todo, hay que tener presente que toda normativa que se pretenda abordar no debe discriminar negativamente al matrimonio que nunca puede ser peor tratado y los hijos de parejas no casadas no pueden ser discriminados. Lo que pasa es que toda convivencia marital plantea los mismos problemas: hay que atender cargas familiares, hay hijos, hay bienes comunes y si regulamos todo eso, como dice José Luis en su brillante comentario, duplicaremos la regulación del matrimonio, que es lo que precisamente las parejas parece ser que no quieren… Ahora que todos se pueden casar con independencia de su orientación sexual, hay que respetar a los que no lo hacen y respetarles, significa no concederles ningún derecho que tienen los casados, ni tampoco imponerles obligaciones y cargas que a éstos les corresponden. Si, por el contrario, se opta por reconocerles algún derecho, entonces debe dotárseles de instrumentos procesales adecuados para hacerlos valer, evitando duplicidades innecesarias. El legislador estatal debe tomar una decisión al respecto y ser coherente con la misma. Y esto es lo que creo que falta: coherencia.

  6. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Indirectamente la profesora Cuena suscita la cuestión colateral de los colectivos de riesgo y este de las parejas de hecho es uno de ellos.
    Por ejemplo, al analizar el tétrico tema de las muertes por violencia doméstica parece que la incidencia de la lacra es 10 o 12 veces superior en este colectivo que en el de parejas casadas civilmente. Los medios ocultan estas cosas pero de vez en cuando alguno lo dice.

    La siguiente pregunta bien podría ser si las políticas públicas han de ir dirigidas a extender los colectivos de riesgo, a reducirlos o a incentivarlos a cargo del resto de los contribuyentes.

    Como muchas familias con hijos “modernos” nosotros también hemos tenido el problema durante unos años. No tengo la certeza porque hace mucho que aprendí a sufrir en silencio, pero parece que se arregló casándose cuando una de las abuelas preguntó qué pasaría con las herencias si moría uno de los dos.

    Estas cosas que en la Europa Post-Sentido-Común han llegado a parecer señal de progreso se ven de forma muy diferente tras haber vivido en países donde lo estadísticamente infrecuente es el matrimonio civil o religioso. Normalmente las instituciones sociales son ventajosas para sus miembros y para la sociedad que las cuida.

    Buenos días y gracias por el artículo.

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