Kafka en el Registro: la disolución de oficio de las Sociedades de Profesionales

Alguien debió de haber calumniado a Josef K., porque sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido”. Así empieza “El proceso” de Kafka. Aunque las personas jurídicas no pueden sufrir la angustia del ciudadano K., cualquier mañana se pueden encontrar con algo casi peor: pueden descubrir que, sin proceso alguno y por el sólo hecho de haber presentado cualquier documento par su inscripción, han sido declaradas disueltas de pleno derecho por un Registrador Mercantil. Con la condena ya ejecutada, el proceso posterior resulta … kafkiano. Por una parte, se corre el riesgo de que se declaren nulas todas aquella actuaciones propias del objeto posteriores a la disolución (ver CAMPINS aquí). Por otra, como ante la DGRN  solo cabe recurrir la denegación de inscripción y no la práctica de un asiento aunque sea de cancelación (RRDGRN 20/7/2015, 17/10/2016, 16/12/2016, 5/4/2017, y 2/3/17), no tiene más recurso que iniciar un procedimiento declarativo judicial para anular el asiento practicado. La DGRN sostiene en esas resoluciones que también cabe reactivar la sociedad, lo que es dudoso a la vista del art. 370 LSC, que prohíbe expresamente la reactivación en casos de disolución de pleno derecho, y en todo caso ese nuevo consentimiento contractual del que habla la DGRN parece que tendría que ser unánime. Ni siquiera está claro que manifestando que siempre ha sido una sociedad de medios y cambiando al efecto el objeto se pueda librar de ese destino (RDGRN 20/7/2015).

En lo que están mejor que Josef K. es que saben de qué se les acusa. El crimen consiste en ser sociedades profesionales no adaptadas a la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales (LSP), y la pena de disolución viene impuesta por su DT 1ª.2. Lo que no está tan claro es que sean culpables, pues no toda sociedad que incluye en su objeto una actividad relacionada con una profesión es necesariamente una sociedad profesional. Antes de la ley de 2007, no cabía que las sociedades ejercieran directamente una profesión, pero sí existían sociedades de profesionales, es decir que se agrupaban en una sociedad desde el punto de vista organizativo aunque la profesión la ejercieran directamente los profesionales.

Esta diferencia subsiste tras la LSP. Para que una sociedad sea profesional es necesario en primer lugar que tenga un objeto profesional y que para el ejercicio de esa profesión sea necesaria la inscripción en un Colegio profesional. Además, y conforme al art 1 de la LSP, debe realizarse el ejercicio común de una actividad profesional, es decir que los actos propios de la actividad profesional sean ejecutados directamente bajo la razón social, atribuyéndose a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la profesión, siendo titular de la relación jurídica establecida con el cliente. De acuerdo con el preámbulo se distinguen de las “sociedades de profesionales” en las que no hay ejercicio común y que son “las sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir sus costes, las sociedades de comunicación de ganancias, y las sociedades de intermediación, que sirven de canalización o comunicación entre el cliente…”.

El primer requisito (objeto profesional) puede resultar claramente de los estatutos en algunos casos, pero no siempre. En una de las resoluciones se consideraban profesionales actividades una sociedad denominada “Constructora X” dentro de cuyo objeto se incluía  “El asesoramiento, estudio, confección y realización de toda clase de proyectos urbanísticos;  en otra, “el asesoramiento técnico-jurídico, contable, fiscal y empresarial”. Creo que es muy dudosa que para todas ellas esté claro el carácter profesional del objeto.

Lo que sí está resulta claramente del art. 1 LSP es que la distinción entre sociedad profesional o de intermediación deriva de su cómo realice su actividad y no del contenido de su objeto, lo que implica que esta cuestión no puede ser calificada por el registrador. Así lo entendió GARCÍA VALDECASAS (ver aquí) e inicialmente también la DGRN (Resoluciones de 21 de diciembre de 2007, y 5 de abril y 14 de noviembre de 2011) .

El criterio cambió con la STS de 18 de julio de 2012, que resolvía la impugnación de la primera de esas resoluciones. El registrador había denegado la inscripción de parte del objeto social que se refería a “la gestión administrativa, asesoramiento contable fiscal, laboral y jurídico” y añadía que “si para alguna actividad era necesaria la titulación profesional se realizaría por persona con titulación requerida”. La DGRN revoca la nota por entender que el carácter profesional o de intermediación depende de la actividad real y que la falta de mención de ejercicio directo por la sociedad y el propio hecho de que no se constituya como profesional revela la voluntad de los socios de que sea una sociedad de intermediación. El TS, sin embargo, anula la resolución señalando que la LSP es una norma de garantías que obliga a que el ejercicio colectivo de la profesión se realice a través de una SP, y que tiene que existir certidumbre en las inscripciones para que “las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son”. Por todo ello se debe exigir que las sociedades que se constituyen y que incluyen en su objeto alguna actividad profesional se declaren expresamente como sociedades de medios o intermediación.

La argumentación de la sentencia es muy escueta, y parece deducir el carácter profesional exclusivamente del objeto social, sin hacer referencia a la actividad realmente realizada de acuerdo con el art. 1 LSP. Esto, sin embargo, puede ser defendible en esse caso concreto, puesto que se trataba de la constitución de una nueva sociedad. Aunque la posición de la DGRN era razonable, también se puede sostener que tras la LSP y para mayor claridad del Registro se exija especificar en las constituciones que la sociedad es de mera intermediación, lo que además no produce más perjuicio que, en su caso, una simple subsanación de la escritura.

El problema surge cuando algunos registradores, alentados por esta breve sentencia, la enarbolan para desfacer imaginarios entuertos, dejando en el limbo de la fase de liquidación a decenas de miles de sociedades por el único pecado de que su objeto incluya casi cualquier tipo de asesoramiento. Y el desastre está servido cuando la DGRN confirma esas calificaciones incurriendo en un claro salto lógico. En la RDGRN de 20 de julio de 2011 después de glosar la STS de 2012 dice: “cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar … expresamente [que se trata de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación]”. Hasta ahí bien, porque se refiere a la constitución y a la necesidad de certidumbre. Lo que no tiene sentido es declarar en el párrafo siguiente decir que eso se aplica a un caso de una sociedad ya constituida que renovaba administradores y modificaba el objeto justamente para aclarar que era de mera intermediación. En la STS se favorecía la certidumbre en una sociedad nueva; aquí se está presumiendo la infracción de una norma por una sociedad inscrita y aplicando la sanción sin ninguna prueba y con unas consecuencias gravísimas. Es cierto que esta -delirante- doctrina (que no es la STS) la podemos encontrar en la SAP Barcelona de 21 de julio de 2011.  A pesar de que reconoce “la grave dificultad para examinar requisitos tales como el que se expresa en el pfo. 3º del art. 1.1 LSP , esto es, el ejercicio en común de la actividad profesional”, que “no es frecuente que la descripción del objeto social sea tan precisa que permita conocer con seguridad si el ejercicio de la actividad se va a desarrollar en común”  y que el dato de la denominación no es definitivo, decide que hay que presumir la infracción cuando el registrador así lo decida.

Es evidente que para evitar el incumplimiento de la LSP no es necesario que los registradores decidan, prácticamente a ciegas, qué sociedad es o no profesional basándose en unos objetos sociales redactados cuando no existían ese tipo de sociedades ni era necesario ni posible excluirlas en la redacción del mismo. Cualquier socio o interesado podrá acudir a los tribunales a denunciar la infracción y pedir que el juez declare la disolución, lo que es mucho más lógico que declarar disueltas a miles de sociedades, considerar nulos cientos de miles de actuaciones realizadas en los diez últimos años, y obligar a las sociedades a acudir a los tribunales o a iniciar una dudosa vía de reactivación.

La situación es tan grave que, salvo un cambio de criterio inmediato de la DGRN, parece necesaria la intervención del legislador. Habrá que confiar mientras tanto en el buen sentido de la mayoría de los registradores mercantiles, y también en su prudencia, pues deben ser conscientes de las enormes responsabilidades económicas en que pueden incurrir por una decisión solo recurrible ante los tribunales que se apoya en una sola Sentencia del TS, dictada para un supuesto distinto. Por otra parte, y hasta que las aguas vuelvan a su cauce, hay que aconsejar a todas las sociedades que tengan en su objeto cualquier mención que pueda relacionarse  con una actividad profesional que se mantengan alejadas del Registro Mercantil mientras les sea  lo posible.

29 comentarios
  1. Luis Fernández
    Luis Fernández Dice:

    El problema no es tanto el acierto o el desacierto del Registrador (tarea más ingrata es difícil imaginar en este caso de disolución “porque sí”) o el de la DGRN (que cambia de criterio con cada titular) sino el del legislador que:
    1. Promulga una Ley que está vertebrada sobre conceptos borrosos como “servicios profesionales” y “colegiación” que presuponen claridad en la reserva de Ley. Y no hay tal. No es posible saber cuáles son las profesiones cuyo ejercicio la Ley-¿con qué rango?- reserva a la colegiación. Mientras no haya una Ley de servicios profesionales (y hace años que la esperamos) no debería haberse dictado una Ley de sociedades profesionales.
    2. Se mete en el berenjenal de imponer el modelo de sociedad profesional como imperativo cuando el ejercicio es prestar servicios profesionales: probablemente debería ser un modelo organizativo de uso facultativo. En la práctica, con el tipo común, se estaban dando respuestas satisfactorias a casi todos los problemas.
    3. Da por supuesto que es posible diferenciar entre sociedades profesionales y sociedades de medios y que la cuestión es altamente relevante desde la perspectiva societaria. En la práctica, con picardía en la redacción se hacen pasar sociedades profesionales por sociedades de medios. No es factible un tratamiento sustantivo radicalmente diferente entre estas formas de colaboración.
    4. ¿En qué cabeza cabe, a la vista de la desastrosa experiencia de la adaptación, que se vuelva a recuperar el instituto de la disolución de oficio?. No es inconstitucional disolver asociaciones por orden administrativa. Como registrador no me parece sensato que el legislador me imponga un deber de cancelar…. sin ni siquiera ser oído el interesado.Siempre he defendido que esa técnica muy probablemente infringe el artículo 22.4 de la Constitución.

    • Segismundo Alvarez Royo-Villanova
      Segismundo Alvarez Royo-Villanova Dice:

      La verdad, Luis, es que tienes mucha razón. Al final hago referencia a que el cambio tiene que ser legislativo pero debía haber insistido en que la responsabilidad principal del desaguisado es suya y no de los registradores o de la DGRN:
      – El problema lo crea el legislador con una norma muy difícil de interpretar
      – La Disposición transitoria es lo verdaderamente aberrante y delirante. La interpretación de la SAP de Barcelona también lo es, pero porque la verdad es que para llegar a una solución razonable habría que dejarla prácticamente sin efecto.
      Pero siendo esto cierto, también lo es que la DGRN podía haber hecho una interpretación distinta: con menos esfuerzo que el que hace para defender la posibilidad de reactivación podía haber dicho que el registrador no tiene elementos suficientes para decretar la disolución de oficio, por mucho que diga la DT dichosa.
      En cuanto a los Registradores, yo creo que la mayoría hacen esa interpretación restrictiva de la DT y no se meten a disolver las sociedades que tienen un objeto redactado con anterioridad a la Ley.

      • Luis Fernández
        Luis Fernández Dice:

        Yo como registrador me tiento mucho la ropa cancelando “a la brava”. Hay intereses constitucionalmente tutelados en juego.

        A menos que de una manera grosera, “que hiera los sentidos”, el objeto social resulte manifiestamente profesional (y no esos objetos borrosos de “consultorías varias”) me abstengo de cancelar…evitando desplazar la carga de demandar y probar en juicio ordinario al sufrido conciudadano.
        Una cosa es cancelar por razones objetivas “mecánica” o “objetivamente” contrastables (una cifra de capital en los libros del Registro) y otra muy distinta formular conjeturas sobre hechos que se esconden detrás de descripciones literarias más o menos barrocas.

        Sin un procedimiento de audiencia del interesado QUE DIGA DE VERDAD A QUÉ SE DEDICAN, no es tolerable el mecanismo. Por otra parte, la DGRN ha contribuido, con su vacilante criterio, a un crear una zona de inseguridad jurídica tristísima.

  2. Rosa Martín
    Rosa Martín Dice:

    La Ley de Sociedades Profesionales es en sí misma kafkiana.
    Exige la inscripción de las sociedades civiles profesionales (un supuesto que puede ser el típico-típico de sociedad no mercantil) para su constitución, y exige la inscripción de la transmisión de las “cuotas” de esas sociedades civiles, lo cual es el colmo del absurdo.
    Se aprovechó un momento de mayoría absoluta para colar una norma absurda.
    Si se añade además de otros aspectos que se pueden indicar, la doctrina de que la limitación del objeto social deberá ser estudiada según las circunstancias, que la sociedad puede desarrollar actividades complementarias sin necesidad de decirlo y sin poderlo decir, ya que hay miles de resoluciones que impidieron incluir lo de las actividades complementarias, no porque no se pudiera, sino porque no era necesario porque ya lo permitía la Ley, y la Ley Europea, las directivas de sociedades, el castigo de la disolución de pleno derecho sin que haya sido oída ni notificada la propia sociedad ni en los administradores ni en nadie, ni hayan sido notificados los socios, ni hayan podido alegar lo que estimen oportuno, la vulneración del principio de la tutela judicial efectiva que tantísimo se aireó y enarboló en los años 80, precisamente para corregir un defecto que había en la propia Ley Hipotecaria, es flagrante, y un silencio sepulcral se cierne sobre los escritores de los principios hipotecarios.
    Pero cuando el Registro Mercantil Central quiere facturar sus honorarios… utiliza el esquema de comunidad de bienes. Sí, comunidad de bienes, no sociedad civil. Por si acaso, lo que se pone en común (dinero bienes o industria con ánimo de repartir las ganancias) sea profesional.
    Qué oxímorons.

  3. Rosa Martín
    Rosa Martín Dice:

    Un matiz la Ley exige la inscripción para “adquirir la personalidad jurídica de profesional”, no para su constitución.
    Esto también es kafkiano para las sociedades civiles profesionales, ya que el TS ha declarado en múltiples ocasiones que las sociedades civiles tienen personalidad jurídica desde su constitución, y que no han de ser inscritas.

  4. Juan López
    Juan López Dice:

    El libro se acaba sin saber qué sucederá, ahí sigue Josef, procesado, sin saber porqué, en un laberinto existencial.

  5. Frnando Puente de la Fuente
    Frnando Puente de la Fuente Dice:

    ESTOPY DE ACUERDO CON CUANTO SE HA EXPUESTO, PERO SOLO A MEDIAS.

    Admito las deficiencias técnicas de la Ley de Sociedades Profesionales, en particular en su disposición Transitoria 1ª. Admito que parte de la culpa la tiene el Legislador, y hasta el empedrado, pero ello no libera de responsabilidad al Registrador Mercantil, cuando no aplica el sentido común, y procede a disolver de pleno derecho una sociedad (en Burgos muchas), por ejemplo una multinacional, constituida hace más de 40 años en Burgos, que se conoce por notoriedad en la ciudad que es una sociedad exclusivamente industrial (por mucho que entre su objeto social extenso aparezca “asesoría de ingeniería…”, que si se examinan sus cuentas depositadas en el Registro, a las que tiene acceso el Registrador, se puede deducir que no es profesional.

    Que si se mira su página Web se ve los siguiente : Actividades principales
    • Productor
    • Distribuidor
    • Proveedor de servicios
    • – Guata y derivados, textiles, clasificados según uso.
    • – Fieltros para la industria papelera
    Actividad secundaria
    • Productor
    • Distribuidor
    • Proveedor de servicios
    • – Telas NES para uso industrial
    • – Telas NES para uso industrial
    • – Tejidos industriales para sacos y costales
    • – Filtros y coladores para la industria química
    • – Filtros de papel
    Otras clasificaciones
    CNAE (ES 2009) :
    Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial (1396)
    NACE Rev.2 (EU 2008) :
    Manufacture of other technical and industrial textiles (1396)
    ISIC 4 (WORLD) :
    Manufacture of other textiles n.e.c. (1399)
    Heimbach Filtration GmbH ofrece un rango de productos y servicios únicos relacionados con las tecnologías de filtración. Producimos medios de filtración tales como productos laminados y bolsas de filtro, filtros de bolsillo, filtros de correa, etc. Nos encargamos del mantenimiento de los filtros durante su vida útil en sus hogares, los remplazamos y proveemos piezas de recambio. Nuestra larga experiencia y amplitud de servicios en los procedimientos hacen de nosotros un socio flexible y responsable. Ofrecemos asesoramiento técnico y desarrollo de soluciones innovadoras y específicas para sus aplicaciones de filtración más sofisticadas.
    La experiencia en filtración de nuestra empresa ha sido una unidad de negocio en el grupo Heimbach durante más de 40 años y, desde 2007, Heimbach Filtration GmbH es una empresa independiente. Desde nuestras sedes de Alemania y de Suecia ofrecemos a nuestros clientes un servicio en las más diversas ramas industriales y en todo el mundo.
    Cuesta ver la actividad profesional de esta sociedad. Toda esta información está al alcance del Registrador Mercantil, sin gran esfuerzo.

    Cuando el Registrador Mercantil disuelve de pleno derecho esta sociedad, calificando por si y ante si que es una sociedad profesional, sin prueba alguna y sin audiencia del interesado (art. 24 CE), obligando a la reactivación de la misma con enormes dificultades (socios alemanes, unanimidad etc.), riesgo de llevarla a LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA con que un solo socio se oponga a la reactivación, alarmando al comité de empresa cuando éste comprueba en el BOE que su sociedad (250 trabajadores) se encuentra disuelta, enormes complicaciones con clientes americanos, con el agravante de que permanece disuelta durante Diciembre y enero, con las complicaciones de gestión correspondientes etc .etc. que toda su justificación para disolverla de pleno derecho, sea una única STS, que se refiere además a supuesto de constitución de una sociedad, donde los posibles perjuicios son mínimos, que nada tiene que ver con el caso que nos ocupa. Y que después de todos estos sinsentidos, la reactivación consista, que es lo que se hizo, en añadir al objeto social la palabra “INTERMEDIACIÓN”, ¿podemos seguir manteniendo que la culpa es del legislador o de la DGRN, y no del Registrador?, ¿no será más bien culpa de la falta de sensatez, sensibilidad y sentido común del Registrador Mercantil que la disuelve?
    ¿No podría haber preguntado a la sociedad cuando presentó una escritura ajena al objeto social, OIGA ME PUEDE ACLARAR SI LA SUYA ES UNA SOCIEDAD PROFESIONAL O DE MEDIOS?. Fíjense los perjuicios y trastornos que se habrían evitado.

    Quizá la DGRN tendría algo que decir aquí internamente, pues tal actuación desprestigia y denigra a la Institución Registral, que considero esencial para mantener la seguridad jurídica de España.

    Menos mal que la gran mayoría de Registradores Mercantiles del país tienen altas dosis de sensatez, sensibilidad y sentido común.
    Fernando Puente

    • Frnando Puente de la Fuente
      Frnando Puente de la Fuente Dice:

      ESTO ES UN CASO REAL Y NO UNA MERA HIPÓTESIS.
      TODA COINCIDENCIA CON LA REALIDAD ES RIGUROSAMENTE EXACTA.

      • Luis Fernández
        Luis Fernández Dice:

        Empezaba esta entrada de blog con un aviso premonitorio: “Alguien debio haber caluminado”. A lo mejor con un poco de respeto podemos discutir sosegadamente. No me parece aceptable, Segis, descalificar a un compañero en esos términos sobre todo cuando la información es de parte, no se escucha al denunciado… y la Ley es un desastre. Es cansino hacer de espantapájaros.

    • Segismundo Alvarez Royo-Villanova
      Segismundo Alvarez Royo-Villanova Dice:

      Realmente es increíble, cuesta creer que puede haber un profesional tan irresponsable.
      Aparte de la responsabilidad de la DGRN, es un caso claro en que se debería ejercitar una acción exigiendo responsabilidad civil al Registrador Mercantil.

      • Fernando Puente de la Fuente
        Fernando Puente de la Fuente Dice:

        Completamente de acuerdo Segismundo. Parece que las cosas van por ahí, según tengo entendido.

        Pero además, algo tendría que decir y hacer la DGRN, ante un desmán que empaña y de qué manera, la imagen de la Institución Registral, y la de la mayoría de los registradores de España que actúan con sensatez y buen juicio, y que produce perplejidad en inseguridad jurídica a la ciudadanía, la cual no entiende nada de lo sucedido, y pone en solfa el sistema de seguridad jurídica preventiva de nuestro país, presentándolo como una republica bananera, especialmente para los alemanes cuya sociedad fue disuelta, y puedo asegurar que fue muy complicado explicarles por qué se había disuelto de pleno derecho su sociedad. Y por no hablar de la conculcacion de derechos fundamentales. Debieron pensar, España: sol y playa. O como decía Machado, de charanga y pandereta.

        Efectivamente Segismundo, ciertamente kafkiano el tema de tu post. Primero se sentencia, luego se ejecuta, y finalmente se inicia el procedimiento.

        Confiemos en que se de una solución más rápida a esta cuestión por quien corresponda, que esperar a que el legislador cambie la ley.

    • Luis Fernández
      Luis Fernández Dice:

      D. Fernando es un aguerrido recurrente ante la DGRN. Está en su derecho y le alabo el juicio. Cuando pierde, se enfada. Es natural. Imparcial, lo que se dice imparcial no puede aspirar a serlo.

  6. O'farrill
    O'farrill Dice:

    A la vista de lo expuesto tanto por el autor como por los comentarios, parece que hay que cuestionar de nuevo lo que nos empeñamos en llamar “estado de derecho”. Cuando lo normativo peca de exceso y convierte lo sustantivo en secundario y lo secundario pasa a ser lo más importante, tenemos servida la inseguridad jurídica y, en su consecuencia, el sometimiento de los que no entienden a los que interpretan a su gusto. Es entonces cuando la “Providencia” debe hacer horas extraordinarias para llegar a impedir tanto despropósito normativo y sustituirlo por la razón o el simple sentido común. El problema es que ya no llega a tantos casos como se dan. Si se planteara la responsabilidad personal de quien hace la norma, si ésta pudiera pasar por el filtro tan básico de lo “constitucional” antes de entrar en vigor, si no se considerara “gobernar” como la forma de emitir más normas que los demás y si hubiera un sentido crítico real desde el mundo académico o profesional sobre ellas, quizás estaríamos mejor o, dicho de otra forma, nos sentiríamos más libres. ¿Alguien se acuerda de lo bien que estábamos cuando -se decía- que no había gobierno? Encima seguimos pidiendo más normas….. no escarmentamos. Un saludo.

  7. Fernando Puente de la Fuente
    Fernando Puente de la Fuente Dice:

    Completamente de acuerdo y, según mis noticias, debe estar en marcha.

    Pero además, algo tendría que decir y hacer la DGRN, pues debería defender la imagen de la Institución Registral ante lo que podría considerarse un desmán (varios porque son muchas disoluciones) que empaña gravemente dicha imagen, así como la de la mayoría de los registradores que cumplen con sensatez y buen juicio con su función y crea inseguridad y perplejidad en la ciudadanía, ante las actuaciones de un funcionario relevante de la Administración Pública, que no pueden entender, lo que pone en solfa nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva. Por no incidir en la conculcacion de derechos funtamentales que supone la actuación de ese Registrador que presenta a España, en este caso especialmente ante el empresariado alemán, como una republica bananera, que pensara que en España Sol y Siesta.
    Ciertamente Segismundo resulta kafkiano, como bien dices, que se condene a la sociedad, se ejecute la sentencia y luego se inicie el procedimiento.

    • Segismundo Alvarez Royo-Villanova
      Segismundo Alvarez Royo-Villanova Dice:

      La mayoría de los registradores, como el que ha comentado el post, se toman esta cuestión con seriedad y prudencia. Pero deberían ser todos.
      En cuanto a la DGRN, debería intervenir de manera rápida, probablemente con una instrucción puesto que no puede anular las cancelaciones.
      El daño que casos como el que se ha comentado aquí pueden causar a la institución del Registro es incalculable. Muchas sociedades importantes tienen en su objeto referencias al asesoramiento y podrían ser disueltas cualquier día. Puede convertirse incluso en un tema de portada de periódico (nacional o incluso internacional) en cualquier momento.

  8. Maria B
    Maria B Dice:

    Increíble lo que estamos leyendo! Puede haber un registrador tan irresponsable y frívolo?
    Puede confiarse la seguridad del sistema mercantil a semejente ser humano?
    Un trabajo de 40 años a punto de derrumbarse por tamaña actuación !!

    Qué asombroso!!!
    Desde luego esa irresponsabilidad debe pagarse por quien tan negligentemente la comete.
    Un objeto social único ya de por si no es suficiente para disolver la sociedad, por las razones antes expuestas, pero si el objeto social es tan amplio lleva por su propia naturaleza a mantener la sociedad con claridad meridiana, hay muchos argumentos, pero la actividad de la sociedad que consta en el propio registro y el sentido común son los primeros que emergen.
    Los registradores calificarán bajo su responsabilidad, dice la ley, por lo que el registrador debe responder por la negligencia-si es que no es dolo, ligado, podria ser, a un afan recaudatorio por conseguir más asientos registrales y por tanto más beneficios económicos al tener que reinscribir la entidad, en un régimen de monopolio- de tal nefasta actuación, de tanto perjuicio ocasionado.

  9. Roberto Fernández
    Roberto Fernández Dice:

    En mi opinión sí que sería posible anular la cancelación del asiento mediante otro asiento subsanatorio, por la aplicación de la Ley Superior, que es la Constitución Española, en su principio recogido en el artículo 24, de aplicación directa, es decir, la tutela judicial efectiva.
    Si es posible subsanar por error, es posible subsanar por el error de no haberse tenido en cuenta los principios constitucionales.

  10. Vp
    Vp Dice:

    Si los profesionales cuestionan el estado de derecho ¿Se imaginan como estamos los que desconocemos la materia?. Es fácil, solo con sentarse en la puerta de los Juzgados de la Plaza de Castilla y escuchar a las personas que van saliendo, da pánico. Esta mañana lo que más he oído es sobre herencias y se sigue repitiendo la indefensión. ¿Se podría establecer un sistema de abogados de familia como en la Seguridad Social el médico de Familia?

  11. Luis Fernández
    Luis Fernández Dice:

    Insisto:

    Un hábito muy extendido en nuestro país es buscar el chivo expiatorio. Se busca un culpable y todos tranquilos. La verdad es que el problema reside en la calidad de la Ley de servicios profesionales por la grave inseguridad jurídica que provoca. La DGRN no ha contribuido precisamente a aclarar las cosas por los cambios sucesivos de criterios. Administrar un sistema de cancelación de oficio es enormemente difícil … y muy desagradecido como se puede observar leyendo los comentarios anteriores.

  12. Javier Trillo
    Javier Trillo Dice:

    El problema, a mi humilde juicio, es que la práctica por el Registrador Mercantil -que, no lo olvidemos, no deja de ser un funcionario público- de un asiento cancelatorio como el de marras, por mucho que pueda venir “impuesto” por una norma legal de muy dudosa interpretación, no es sino un acto administrativo y, como tal, sujeto a las normas generales del procedimiento administrativo, esto es, a la previa audiencia y la posible oposición del sujeto inscrito, por lo que la inadmisibilidad del recurso gubernativo no empece -o no debería hacerlo- la interposición de un eventual “recurso de reposición” cuyo cauce debería articularse para éste y otros procedimientos, sin tener que recurrir a los tribunales.

  13. Frnando Puente de la Fuente
    Frnando Puente de la Fuente Dice:

    Querido Luis (no te conozco personalmente, creo que eres Luis Fernández del Pozo, Registrador, verdad?), bien sabe Dios que no soy un “aguerrido recurrente”, como amablemente me calificas en tu comentario. En mis más de 25 años de profesión, aparte de los recursos que he interpuesto ante el RM de Burgos, en torno a 27, de los que en 25 casos han prevalecido mis jurídicos argumentos, bien porque el Registrador ha rectificado su calificación, bien porque han sido estimados por la DGRN, ambos pocos sospechosos de parcialidad hacia mi persona. Fuera de este supuesto excepcional, digo, únicamente he interpuesto en mi vida notarial un solo recurso, sin mayor trascendencia.

    Por otro lado, dices también que “cuando pierdo me enfado. Es natural, comentas. Imparcial, lo que se dice imparcial no puede aspirar a serlo”.

    Pues bien, cuando pierdo sinceramente no me enfado, sencillamente si me he equivocado, asumo mi error sin más algaradas. Perder es humano y yo me considero mucho antes que Notario, que es una mera condición de mi persona muy poco importante por otra parte, un simple ser humano, y por tanto falible (y mucho). Si considero que no me he equivocado, acudo sin excitación, ira o enfado, a la legítima vía de recurrir a un tercero imparcial en quien confío, la DGRN o el Juez en este caso, para que ellos diluciden, con la base jurídica que corresponda, cuál es lo correcto, y si me dicen que no tengo razón, no me quita el sueño. Hay muchas cosas en la vida procuradoras de insomnio y te aseguro que esa no es una de ellas.

    Por otro lado, yo no pretendo con mi comentario ser ni parcial, ni imparcial, como tú dices. Entiendo que solo se puede calificar así a quien tiene que adoptar una decisión, con respecto a la cual puede actuar con o sin imparcialidad. Pero en mi caso, simplemente relato unos hechos, constatables por otra parte (en el recurso en la DGRN, en las cuentas del Registro, en la Web de la empresa, la calificación del registrador etc.) los cuales quedan a la valoración de los lectores sin más, dentro de un simple debate jurídico, y cada uno llega a su conclusión. Ni una sola de mis afirmaciones de hechos carece de un soporte fácilmente verificable por cualquiera, para desvelar si en ellos existe calumnia o simplemente la pretensión de generar un debate que resuelva un grave problema de servicio público y de imagen, no solo de un registrador, sino de la totalidad de los actores de la seguridad jurídica preventiva de este país. Y si una gran mayoría tiene una sensación de perplejidad ante los hechos relatados, quizá sea porque hay algo incomprensible en ellos.

    Para terminar, y pido disculpas por la extensión, dices en otro comentario: “Empezaba esta entrada de blog con un aviso premonitorio: “Alguien debió haber calumniado”. A lo mejor con un poco de respeto podemos discutir sosegadamente. No me parece aceptable, Segis, descalificar a un compañero en esos términos sobre todo cuando la información es de parte, no se escucha al denunciado… y la Ley es un desastre. Es cansino hacer de espantapájaros”.

    Respecto a este último comentario tuyo Luis, solo dos puntualizaciones:

    1ª).- Si no estoy equivocado, calumniar es acusar de algo falso a otra persona. Lo que no es mi caso. No he calumniado a nadie. Es decir, (1) he relatado que una sociedad multinacional alemana, constituida en Burgos hace más de 40, ha sido disuelta de pleno derecho por el Registrador Mercantil de Burgos (hecho cierto, ver BOE). (2) Que la ha disuelto porque la considera, sin audiencia previa de ningún representante social, como sociedad profesional, porque en una mínima parte de su extenso objeto social, figura algo relacionado con la asesoría.- (Hecho cierto.- Ver nota del propio Registrador).- (3) He transcrito su CNAE, el contenido de su página WEB, y he hablado de las cuentas de la sociedad depositadas en el Registro.- (Hecho cierto.- Ver su WEB, CNAE y Consultar el RM). (4) He dicho que los socios alemanes no entendían nada, (Consecuencia lógica de los hechos ciertos indicados).- Finalmente, que tales hechos han resultado muy perjudiciales para la sociedad, clientes, proveedores, trabajadores etc. (Consecuencia lógica de los hechos ciertos indicados). Y creo que eso es todo, (Hecho cierto.- ver mi comentario). No sé si aquí encaja el término “calumnia” que indicas en tu comentario Luis.

    2ª).- La segunda puntualización, va en relación a cuando dices: No me parece aceptable, Segis, descalificar a un compañero en esos términos sobre todo cuando la información es de parte, no se escucha al denunciado”.

    Reitero que no ha existido por mi parte calumnia, ni denuncia, sino mera relación de hechos verificables fácilmente, y todo ello dentro de un debate jurídico sobre la procedencia o no de disolver de pleno derecho una sociedad mercantil unilateralmente por el registrador, sin previa audiencia de la sociedad disuelta.

    Y aquí es donde está la madre del cordero. Que aprecias una enorme gravedad en que “no se escucha al denunciado”, que a lo sumo se le está poniendo en evidencia una mera actuación profesional sometida a debate, y que puede hacerse escuchar cuando quiera, y alegar lo que le interese en cuanto a su actuación, pues se trata de un foro abierto, y que sin embargo, no incidas con rotundidad en que no se puede disolver sorpresivamente a una sociedad, grande, pequeña o mediana, sin un procedimiento adecuado, sin audiencia de la misma, sin posibilidad de defensa, por mucho que una confusa ley, una escueta STS para un supuesto diferente, y una salida por la tangente, sin mojarse, de la DGRN, remitiendo la cuestión a la vía judicial, pareciera que puede amparar la disolución indicada en semejantes condiciones.

    En fin Luis, por mucho que se trate de compañeros a los que queremos y me incluyo, somos juristas con autonomía (grandeza de nuestras profesiones), pero con sentido crítico y con responsabilidad, lo que impide que nos amparemos en una especie de Ley de Obediencia Debida, para actuar en contra de principios y valores éticos y democráticos superiores, para actuar en contra de derechos fundamentales (derecho a ser oído y a defendernos dentro de un proceso con garantías), y para actuar vulnerando nuestra norma fundamental, La Constitución Española (art. 24, entre otros). Entiendo que ante esta situación hay que poner pies en pared y defender lo supremo sobre lo ínfimo.

    Y lo que me sorprende Luis es que leyendo tus primeros comentarios, tengo la convicción de mantienes esta misma tesis, de prudencia, sensatez y sentido común, ante la cuestión que nos ocupa, y lo que he leído tuyo hasta ahora así lo ratifica, sin embargo, qué tendrá la defensa a ultranza del compañero, en qué víscera nos toca cuando percibimos que es, no digo atacado, porque no lo es, sino simplemente criticado de forma constructiva, que hace tambalear y orillar nuestras convicciones más sólidas por defenderlo. Ay el corporativismo (notarial, registral y hasta el de los ferroviarios), qué malo es.

    Y termino, como concluí mi comentario que ha dado lugar a tanto debate:
    Quizá la DGRN tendría algo que decir aquí internamente, pues tal actuación desprestigia y denigra a la Institución Registral, que considero esencial para mantener la seguridad jurídica de España.
    Menos mal que la gran mayoría de Registradores Mercantiles del país tienen altas dosis de sensatez, sensibilidad y sentido común.

    NOTA: Si con mi comentario he ofendido a alguien, pido sinceras disculpas y, sobre todo, aclaro que no era mi intención.
    Fernando Puente de la Fuente.
    Notario de Burgos.

    • Luis Fernández del Pozo
      Luis Fernández del Pozo Dice:

      Insisto:

      quien denigra a la profesión -a la notarial, a la abogacía y a la registral- y no solo a la registral, no es la actuación de un registrador uti singuli que puede o no haber acertado en su juicio sino una autoridad gubernativa que cambio de criterio con cada titular y un legislador que hace una capucha de muy difícil corrección en su aplicaciòn.

      No es justo trasladar todo la crítica al compañero de Burgos

      • Fernando Puente de la Fuente
        Fernando Puente de la Fuente Dice:

        Luis No se traslada toda la crítica al compañero de Burgos, faltaría más. Tan solo la que corresponde a su individual actuación, que es de la que responde. Cada uno hemos de responder de nuestros particulares actos y no de los actos de los demás (legislador, DGRN, TS, SAP etc), esto parece claro y no requiere más comentario. Como ya decía más arriba, aquí no cabe la excusa de la obediencia debida para exonerar nuestra responsabilidad..

        Las insuficiencias de la LSP, la buena o mala interpretación del TS o de las SAP, estaban y están ahí, para todos los registradores mercantiles sin excepción, y no todos han procedido de la misma manera que el de Burgos, lo que pone de manifiesto que hay un margen de libertad en su actuación, y esa libertad conlleva una responsabilidad.

        Del post, y de otros comentarios en foros jurídicos muy accesibles por prestigiosos registradores mercantiles, como Garcia Valdecasas, tú mismo y otros más, parece deducirse que disolver una sociedad mercantil unilateralmente por un registrador no parece adecuado, es muy peligroso y perjudicial para la sociedad y terceros, y vulnera la CE por la indefensión que provoca, entre otras cosas. Y eso ha estado ahí para todos los juristas de España, entre ellos los registradores mercantiles del país.

        Si a pesar de todo ello, el de Burgos decide disolver en torno a 10 sociedades, todas ellas ya constituidas hace años, con lo riesgos que conlleva y entre ellas la más llamativa, la alemana de más de cuarenta años de vida, e incuestionablemente industrial, no toda, pero alguna responsabilidad si tendrá.

        No obstante Luis, ya para terminar, cuando relacioné los hechos de la disolución de la sociedad alemana de Burgos por el registrador, lo hice simplemente porque me parecía un caso muy representantativo de lo absurdo de la LSP en su disposición T. Y de lo arriesgado, aventurado e injusto que podía constituir disolver una sociedad unilateralmente el registrador mercantil, como tú dices en el post, de forma castiza, “A LA BRAVA”. Me hubiera gustado que no hubiera señalado mi comentario a ningún compañero en particular, pero no puedo obviar mi condición de Notario de Burgos. Y quizá sería bueno que alguien le hiciera ver que no debe seguir disolviendo sociedades por este procedimiento, pues los riesgos para las mismas son enormes y hay otras alternativas. Y si lo sigue haciendo, pues es libre para ello, no podrá trasladar la responsabilidad de las consecuencias al legislador, a la dgrn o al TS.

  14. Pilar F.
    Pilar F. Dice:

    Estoy muy de acuerdo con Javier Trillo.
    Pero me parece que puedo añadir algo más: falta regulación normativa que establezca el procedimiento para cancelar los asientos, ya que la propia Ley Habilitó al consejo de Ministros para dictar las medidas necesarias para su desarrollo.

    La cancelación no se produce por la calificación de un ” título” particular que se presente en el Registro, sino que es el resultado de otro acto diferente del funcionario registral.
    Es un acto administrativo que afecta a un sujeto de derecho y a los terceros, acreedores, socios, trabajadores de la sociedad, persononas que desean contratar con la misma etc, y como tal acto administrativos debe guardar todas las garantías constitucionales, y una de las básicas es la notificación, audiencia y facultad de oposición al que va a ser injustamente privado de sus derechos.
    Si faltan esos requisitos, es que no se ha desarrollado todavía por el consejo de Ministros el procedimiento de cancelación de oficio al que se refiere
    La Disposición final segunda. de la Ley, que señala:
    Habilitación normativa.

    1. Se autoriza al Consejo de Ministros para dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.

    2. También se autoriza al Consejo de Ministros para dictar las disposiciones reglamentarias que sean precisas para adaptar la normativa sobre establecimiento o ejercicio de profesionales comunitarios a la naturaleza societaria del prestador de los servicios.

    Por tanto, a falta de procedimiento y de garantías propias de cualquier Estado civilizado, no es posible la cancelación de oficio, ya que no es una mera caducidad de asiento, sino una eliminación de un tipo de personalidad jurídica que exige salvaguardar los derechos de todos los implicados.

    Eso es así, en mi opinión, aunque únicamente tuviera como objeto social único alguno de los que imprecisamente se indican en la Ley, pues no es lo mismo la redacción más o menos afortunada del objeto social que el verdadero ejercicio del objeto social.

    Sin ninguna duda caso de que existan muchos objetos sociales no se planteará la cuestión de la disolución, sino, en su caso, de la eliminación o aclaración de ese objeto social. “Utile per inutile non viciatur”, decían ya los romanos, hace dos mil años, y ese, en materia de sociedades, sigue siendo el espíritu de la legislación societaria.

  15. Carlos Higuera
    Carlos Higuera Dice:

    Magnífico post. Basta con leer los comentarios que preceden para darse cuenta de lo que determinadas “técnicas” legislativas pueden provocar puestas a disposición de imprudentes (por cierto técnicas de dudosa constitucionalidad o favorecedoras de excesos, harto frecuentes de un tiempo a esta parte en algunos ámbitos registrales). Lo que llama la atención en estos supuestos de las SP, magníficamente tratados por el autor, es que uno puede padecer una calificación sumarísima, sin rogación, sin notificación, sin audiencia, incluso sin “indefensión”, ya se uno se puede ver sorprendido en una celada. Decíamos que llama la atención que -en realidad- al registrador lo que se le impone en los casos comentados es la cancelación de oficio por la DT1 nº 3 de la LSP, pero sólo una vez que se haya producido el detonante de todo ello: el transcurso de un plazo sin que hayan tenido lugar unos hechos. Pero en ningún caso se le atribuyen legalmente al Registrador esa competencia declarativa de la concurrencia del supuesto (que uno cumpla los dieciocho años y adquiera la mayoría de edad, no evita que pueda precisarse la constatación documental de ese hecho en documento judicial o administrativo si debiera acreditarse por exigencia legal para cualquier acto) . Entiendo -conforme al 22,4 citado más arriba, pero sobre todo el art. 24,1 y algunos otros de la CE- que la cancelación del asiento de oficio de la DT1ª LSP es un acto ejecución que precisa, en todo caso, un acto declarativo o de constatación previo por órgano competente de haberse producido el supuesto de hecho, competencia que en modo alguno se atribuye al registrador ni se deduce de nuestro ordenamiento jurídico (más bien lo contrario).
    La DGRyN, tan dada a enarbolar fundamentos constitucionales de forma extravagante en temas hipotecarios (sobre todo en la época inmediatamente anterior a la del actual director -de la que siente nostalgia algún comentarista-) qué flaco favor hace con su interpretación a la CE con la defensa de esta calificación inversa, a traición, que en vez de depurar accesos expulsa lo ingresado del paraíso registral (pero no habíamos quedado que lo publicado por los asientos estaban bajo la salvaguardia de los tribunales).
    Por cierto, se comprueba una vez más en el comentarista registral su querencia por los argumentos ad hominem.

  16. Javier Trillo
    Javier Trillo Dice:

    Llama poderosamente la atención que para cancelar por caducidad una hipoteca o condición resolutoria se arbitre un procedimiento excepcional que no precisa el consentimiento del titular registral, pero que requiere una solicitud expresa del propietario, y sin embargo en éste caso se pueda practicar de oficio por el registrador, sin más. Hasta para la expropiación por razón de urgente necesidad se establece un procedimiento, por muy sumario que sea. Y eso es precisamente lo que aquí ocurre: que se expropia sin previa audiencia y contradicción un bien jurídico protegido, la condición de sujeto inscrito en el RM.
    Y lo que defendemos en éste post, querido Luis F., es el valor jurídico-patrimonial y económico de la inscripción en el RM, como derecho subjetivo del que un empresario no puede verse despojado de semejante modo. Como muy acertadamente dice Carlos:”…pero no habíamos quedado en que los asientos del registro están bajo la salvaguarda de los tribunales?
    En cuanto a lo que dice mi querido compañero y amigo Fernando Puente, no puedo sino solidarizarme con él y suscribir de principio a fin sus intervenciones, añadiendo que conozco a muy pocas personas tan sensatas, equilibradas, rigurosas, objetivas, respetuosas, afables y desapasionadas como él. Y aquí sí soy parcial, lo siento mucho!

  17. Maria B
    Maria B Dice:

    Si alguien piensa que puede eliminar una sociedad, que, al ser expulsada del registro deja de ser sociedad de capital, y permite abrir la compuerta de la responsabilidad, que se extendería a los socios, (responsabilidad individual de los socios!) sin resolución judicial, sin admitir alegaciones, sin respetar la más mínima garantia, estilo feudal, es que se voluntariamente, sin medir sus decisiones y sin calcular las consecuencias, se coloca en una situación de creación, como mínimo, de graves riesgos en la estructura de nuestro sistema de sociedades.
    El nuestro y el europeo.
    Es mi opinión.

  18. Catilina
    Catilina Dice:

    He de decir que tal como se observa en algunas resoluciones que se están publicando, el comportamiento de algunos registradores se separa completamente de los principios que inspiraron el sistema, entre otros muchos, los principios constitucionales relativos a la protección de los derechos fundamentales de ser oídos en un procedimiento de privación de derechos, y otros muchos principios tantas veces proclamados.
    Igualmente hay una carencia de visión del Derecho como sistema jurídico, en el que, como sucede con las piezas de ajedrez, cada norma está situada en un lugar, pero también interrelacionada con las demás normas, no coexiste por sí sola. Cierto que este concepto de sistema (al que Díez Picazo le daba tanta importancia que incluso lo situó en el título de su principal obra didáctica) se está perdiendo por diversas causas que podrían indicarse en otro momento, pero la interpretación sistemática ha sido una de las principales a tener en cuenta en toda nuestra historia moderna del Derecho Privado y del Derecho Mercantil.
    También se observa carestía en la consideración finalística de las normas, esto es la contemplación de la función o del fin para el que fueron dictadas. Y su razón de ser, lo que antiguamente se denominaba “fundamento”.
    Puede echarse la culpa al legislador actual que, hay que reconocerlo, no se encuentra en la cúspide evolutiva de la élite del resultado legislativo, pero quien ha llegado a la titulación de jurista, ha de tener las habilidades necesarias que le permitan aplicar correctamente la Ley sin ocasionar los desequilibrios o disparates que puedan llegar a producirse si la interpretación de la misma fuera absurda, o eliminara la propia naturaleza de las cosas o los principios constitucionales.

    Dicho esto, y a la vista de que algunos registradores están calificando los objetos sociales de sociedades en funcionamiento (que no es lo mismo que en su constitución, aunque también aquí la cuestión es discutible) sin observar ni garantizar los derechos en peligro, sean los de los socios o accionistas, de los acreedores, de los contratantes, de los trabajadores , de los terceros; y que alegremente algún que otro registrador se dedica a cancelar sociedades que tengan un mínimo objeto que pueda incidir en el ámbito de las sociedades profesionales, eliminando, dicho sea de paso, todas las tesis doctrinales que se desarrollaron desde la entrada en España en el Mercado Común relativas a que la incorporación de las Directivas de sociedades (la antigua novena directiva, creo recordar) no limitaban la capacidad de la sociedad por razón de su objeto, que llevaron a la modificación legislativa societaria y a su adaptación, y a tantos ríos de tinta y resoluciones relativas al objeto social …

    Pregunto:
    ¿Es la “redacción de proyectos de ingeniería” una actividad propia de sociedades profesionales?
    ¿Es la “direccion de obras” también una actividad reservada a este tipo de sociedades?
    ¿Es la “realización de proyectos económicos” otra actividad semejante?
    ¿Y la “realización de estudios topográficos”?
    ¿Y la realización de “actividades farmacéuticas”?
    Pues les digo a todos: si esos objetos sociales determinan el disparate de considerar que tiene lugar la disolución de las sociedades existentes y su cancelación, que tiemblen todas las sociedades del Ibex, aunque se dediquen a construir las torres más altas de España o el Canal de Panamá.
    Sepan que si caen en manos de alguien que no sabe aplicar las leyes, están ustedes disueltas y expulsadas del Registro.

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