Transparencia opaca (en la función pública)

Por su interés, reproducimos entrada en el blog de nuestro colaborador Rafael Jimenez Asensio

Hoy nos ponemos al desnudo sin ningún tipo de coacción ni de prescripción (…) En vista de la cantidad y el tipo de información que de forma voluntaria se lanza a la red indiscriminadamente, el concepto de protección de datos se vuelve obsoleto” (Byung.Chul Han, Psicopolítica, Herder, p. 25)

 

“La administración pública es un trabajo de expertos (…) Es necesario crear instituciones que sometan a los servidores públicos a luz y taquígrafos a fin de desvanecer cualquier sospecha de deshonestidad” (A. Weeks, Psicología de la ciudadanía, KRK, 2012)

 

Comenzó la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) “redactando” (como auténtico legislador “de facto”) el actual artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (enunciado tan largo para tan poca “chicha”). Allí, “puso sus condiciones”. Siguió el Criterio conjunto, desacertado a todas luces, 1/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) con la AEPD, negando que las retribuciones de todos los funcionarios se pudieran conocer en sus detalles a través del derecho a la información pública  porque tal medida afectaba a sus datos personales, no así las de aquellos cargos públicos o altos funcionarios designados por libre designación, pues esta información “si que interesa” a la ciudadanía, no la otra de quienes han sido nombrados por “concurso”. En este caso prevalece el derecho de protección de datos personales y declina (o desaparece) el derecho de acceso a la información pública. Las formas se meriendan a la materia. Una pobre argumentación que va contra la evidencia.

 

Esta insigne doctrina de tan altas autoridades “independientes” tuvo continuidad en el estrecho esquema mental (aunque pretende, si bien no lo consigue del todo, ampliar algo su foco) del Criterio 1/2016, también conjunto del CTBG y AEPD, que sigue con la cantinela de que la protección de datos “protege” a los funcionarios (empleados públicos) y deja al pie de los cañones a los altos cargos y al personal eventual (aunque en este caso admite el escrutinio de los “Subdirectores”, pues son libremente designados). Ya se sabe: la política demonizada, la función pública entronizada. Unos hacen todo mal y otros todo bien. Dualismo público. Asimismo, en este espinoso (y mal tratado) tema de las “agendas” y, en particular, de las “reuniones”, lo importante no es quién se reúne y para qué, sino la “jerarquía” que ostenta el “reunido” en esa Administración Pública o en la empresa que ejerce la interlocución (no así con los “asesores externos”, también blindados). Dos varas de medir de nuevo: la transparencia abre el foco por lo alto y se cierra por lo medio y bajo. Absurdo, a todas luces. La luz, por tanto, pierde intensidad mientras se inclina, hasta convertirse en oscuridad. De nada valen Recomendaciones de corto vuelo.

 

La guinda, sin embargo, la está poniendo la Agencia Vasca de Protección de Datos, que está inmersa en una auténtica cruzada contra la difusión por medio de publicidad activa de los datos de identificación de los funcionarios públicos de un municipio y de que estos se hagan públicos en su Web o en su Portal de Transparencia. Se trata del Ayuntamiento de Ermua, municipio ejemplar en otras tantas cosas, que mantiene una lucha sin cuartel por defender una causa, al parecer, imposible: que los ciudadanos de esa localidad sepan quiénes son sus funcionarios, en qué unidades administrativas trabajan, a qué se dedican y cuánto cobran. ¡Algo insólito en tiempos de transparencia!

 

En efecto, ¿Por qué va a “saber” la ciudadanía cómo se llama un funcionario policial o cualquier empleado público municipal, dónde trabaja, cuál es su correo electrónico profesional o cuánto cobra?, ¿Cómo se le ocurre a la ciudadanía pretender “saber” quién es el secretario del Ayuntamiento (como irónicamente afirma siempre ese mismo funcionario público)? ¡Eso no puede ser público!, ¡A quién se le ocurre! La publicidad activa se “desactiva” cuando de funcionarios se trata. El “derecho al saber”, directamente se niega. Los datos personales, interpretados por algunos talibanes de la protección de tales, es lo que se trata de proteger. Da igual que sean servidores “públicos” y es asimismo indiferente que cobren de los impuestos que paga la ciudadanía. Lo “personal” se impone, más si es “dato”. La condición de servidor público es vicarial, adjetiva. Lo público preterido hasta la insignificancia por el nombre y apellidos (y otros “datos profesionales” conexos), que se deben preservar del conocimiento ajeno. El derecho de acceso a la información pública pierde siempre por goleada cuando se tropieza con la protección de datos. Al menos a juicio de “las Agencias de protección de Datos”. Veremos qué dicen los tribunales frente a un supuesto que, a mi juicio, es más claro que el agua cristalina. Habrá que seguir este “caso Ermua”, del que se hablará en el futuro.

 

Ser funcionario público, por tanto, da patente de corso: a la ciudadanía no le interesa ni quiénes son sus servidores públicos ni qué hacen ni tampoco qué puestos ocupan, menos aún qué cobran y por qué, tampoco si asisten o no a reuniones donde se deciden cosas importantes, aunque sean ellos quienes las proponen y, en no pocos casos, las avalan o informan. Solo se ve la jerarquía: la forma, no la sustancia. El funcionario es un “tapado”, ser insignificante, que nada representa. Lo que haga o no haga ni cómo lo haga o de qué manera atienda, es indiferente a la ciudadanía, aunque esta pague sus retribuciones, permisos, vacaciones, “moscosos”, “canososo”, prestaciones sociales varias y otras zarandajas. Insólito, de verdad. La privacidad del funcionario como vaca sagrada. Lo de la India es una memez, al lado de esto.

 

Son cosa tan elementales que da bochorno explicarlas. Tanta transparencia para convertir las cuestiones más obvias en argumentos pobres de un jurista educado en un formalismo rancio. La letra de la Ley ahoga, si no se sabe interpretar debidamente. La ciudadanía no tiene “derecho” a saber nada de sus funcionarios, menos aún a “identificarlos”. Si todo esto es así, como parece, creo que este invento de la transparencia comienza a parecerse cada vez más a una enorme estafa o a un esperpento. O, peor aún, algo que solo sirve para matar “animales políticos” que son los culpables de todos los males que nos aquejan. Chivos expiatorios. Para que todos nos escandalicemos de los malos políticos que tenemos y lo buenos que son (somos) los demás. En fin, mejor no seguir.

 

Así las cosas, a los funcionarios (aquellos que pasaron en su día una oposición, cuyo contenido han olvidado o el paso del tiempo ha convertido en inservible; o aquellos otros que entraron por la puerta de atrás o, incluso algunos, por la puerta falsa) son personajes a los que no se les puede ni siquiera despeinar. Sus “datos personales” son inmaculados, la información pública fenece frente a tal vigor del dato sumado a la persona: identificarlos es una herejía. Deben permanecer en el oscurantismo más blindado. Nuevamente lo repito: absurdo, a todas luces. Pero se quedan tan anchos “interpretando la (letra de la) ley”. La transparencia en manos de “funcionarios” (no se olvide que lo son) tan “sensibles a los datos”, se convierte en pura opacidad. A pesar del preciso diagnóstico de Byung-Chul Han (el concepto de protección de datos está hoy en día obsoleto) y a pesar de la cabal reflexión de Weeks escrita en 1917, esas “modas” a nosotros no parecen afectarnos: seguimos anclados en etapas pretéritas, también defendiendo un concepto absurdo de protección de datos y no poniendo las energías donde debiéramos. “Nos dirigimos –en palabras del filósofo alemán-coreano- a la época de la psicopatología digital”. Y, sin embargo, nos dedicamos a proteger los datos de unos funcionarios para que nadie sepa a qué se dedican y qué hacen. Un derecho de protección de datos bulímico y un correlativo “derecho al saber” anoréxico. Energías mal empleadas. Nada será creíble de la transparencia pública con esos débiles mimbres.

 

11 comentarios
  1. Paz Moreno
    Paz Moreno Dice:

    Enhorabuena, comparto el artículo. Pertenezco a la Junta de Personal del MINECO por Somos Sindicalistas, llegamos hasta el Subsecretario (Tomás Tembury) para exigirle, que al menos, diera la información a la que estaba obligado a dar por Transparencia, incluida la productividad, nos volvió a reunir para decirnos que iba a preguntar si la interpretación que había hecho de la resolución estaba bien interpretada, después dimitió, vino otro y hasta la fecha.

  2. Dan Evans
    Dan Evans Dice:

    Bueno. Yo no sé mucho de protección de datos pero siempre me ha parecido que deberían ser públicos los sueldos de los funcionarios. De hecho conozco ayuntamientos que hacen los llamamientos a los exámenes de oposiciones ¡¡por el DNI!!

    Sin perjuicio de ello hecho mucho de menos en el artículo alguna fundamentación jurídica. ¿Es un problema de las normas o de la interpretación de ella que hacen los organismos citados? Si son las normas la crítica debería realizarse de otra manera.

    Saludos

  3. Inés
    Inés Dice:

    Muy divertido. Aunque me parece, leyendo comentarios anteriores, que hay quien no se ha dado cuenta del sarcasmo.

  4. Diego Campos Lóriz
    Diego Campos Lóriz Dice:

    Como contraste: yo me vi envuelto, hace una docena de años, en una disputa con la Administración de EE.UU. sobre mi derecho a prestaciones de un cierto Seguro Federal (he trabajado muchos años en Estados Unidos). La disputa llegó a un Tribunal Contencioso Administrativo en aquel país, un juicio al que no tuve que acudir ni en persona ni mediante representación pues, viviendo ya en España, solicité que se fallara a la vista de la información que yo había aportado (tampoco tuve que abonar tasa alguna). Un día recibí una carta del juez en la que me decía que en pocas semanas consideraría mi caso; me pedía que le confirmara mi no-asistencia y que, en tal caso, le enviara las últimas informaciones o alegaciones que tuviera. Se despedía saludándome atentamente e incluía su nombre, dirección y el número de teléfono de su oficina.

    Aparte de la transparencia, añadiré el dato de que juez me decía en su carta que, si decidía yo asistir en persona al juicio, le indicara qué fechas serían convenientes para mí en las próximas semanas, teniendo en cuenta que él estaría de vacaciones en tales y tales días.

    Nadie en España me cree cuando lo cuento, aunque me ofrezco a enseñar la carta.

  5. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Pero….¿alguien de verdad se creyó lo de la “transparencia”? Sobre todo en el mundo jurídico donde se cogen al vuelo las trampas de la “legalidad vigente”. No seamos ingenuos por favor. Una cosa es que las “mayorías” impostadas les metan goles a las “minorías” de igual condición. Otra que, los que “peinan canas” profesionales, pongan todavía los zapatos para recibir los regalos de reyes. Un saludo.

  6. Irene
    Irene Dice:

    El derecho de protección de datos no es un derecho administrativo. Es parte del derecho sancionador que no se incluye en el código penal.

    Es otra barrera más del mundo del derecho.

    De todas formas, ¿para qué queremos saber el sueldo de un funcionario?

    A mí me gustaría que los entes públicos a los que contribuyo me digan en un par de líneas cuánto pierden al año (ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Estado) y en cuánto se han endeudao. Si no perdiesen tanto dinero me daría igual lo que ganase cada funcionario.

    Pero dudo mucho que nadie en este país tenga ese dato o sepa deducirlo del portal de transparencia.

    • Paz Moreno
      Paz Moreno Dice:

      Sí eres representante sindical y no te dan la información a la que tienes derecho y sabiendo que a dedo, como todo, hay personal que se levantan más de 40.000€ anuales en el concepto de productividad con dinero público, lo exigirías.

  7. MANUEL GOMEZ BARCIA
    MANUEL GOMEZ BARCIA Dice:

    Por qué tiene que ser público lo que gana un funcionario de a pie- ¿acaso lo es el sueldo de un albañil en una empresa cualquiera?- Que publiquen los sueldos de los “jefes” de nivel 28 a 30 ya que la mayoría si son nombrados a dedo- otra cosa es el concepto de productividad que al no estar incluído en las retribuciones básicas si debería ser publicado para saber quien lo percibe con justicia- yo diría mas, para tener derecho a su percepción debería ccontar con el informe de una junta de personal nombrada al efecto con representación, por supuesto de los compañeros oficina. Hace bastantes años la carrera de funcionario estaba prevista que acabara en el cargo de Subdirector General ya que a partir de ahí los cargos eran nombrados a dedo, pero actualmente cualquier cantamañanas puede ser nivel 28 o 30, solamente con que tenga un amigo de un amigo y sea, por supuesto, del partido del gobierno, pero de esos cargos para abajo, cada uno se lo ha ganado a pulso y dejad de decir chorradas ya que si no sois funcionarios es por que no pudísteis o porque vuestra cultura es la justita para llegar a la hora del vemout. La mayoría de la gente que conozco que critica a los funcionarios diciendo que son unos vagos, precisamente son los que en su empresa no los quieren ni para barrer porque son unos inútiles crónicos.

    • Diego Campos Lóriz
      Diego Campos Lóriz Dice:

      “¿Por qué tiene que ser público lo que gana un funcionario de a pie- ¿acaso lo es el sueldo de un albañil en una empresa cualquiera?”

      Sencillo: porque al funcionario -de a pie o alto cargo- no le paga “su empresa” como al albañil, sino usted, yo y todos los demás españoles. Todos nosotros somos “su empresa”. Ese funcionario es mi empleado, el de usted y el de todos los españoles. Ante usted, yo y todos los españoles debe responder, y desde luego debemos saber cuánto le pagamos a ese nuestro empleado, como debemos saber si es bueno o malo, trabajador o vago. Que en el ilustrado siglo XXI, en Europa -no en Zambia ni en Mexico- aún nos estemos haciendo tales preguntas explica cómo hacemos las cosas.

      • MANUEL GOMEZ BARCIA
        MANUEL GOMEZ BARCIA Dice:

        Esa es una falacia y un razonamiento de tal simpleza que no merecería ningún comentario,pero que se utiliza muy a menudo y se cae por su propia inconsistencia. ¿O es que los funcionarios no pagan impuestos?. Por esa misma razón con sus impuestos tambien contribuyen a pagar sus propios sueldos, pero tambien los hospitales, vías públicas y demas servicios que disfrutamos los españoles. Vamos a suponer que una empresa consigue un contrato poara la construcción de un gran hospital-el albañil que trabaja en esa empresa le paga ésta pero el dinero viene de sus impuestos, de los del funcionario y hasta de los del dueño de la empresa. Yo no tengo porque saber lo que gana realmente el albañil, el mecánico que repara los vehículos de esa empresa ni el electricista que controla el funcionamiento de las grúas de la obra pública citada, y ellos no tienen porque saber lo que gana el funcionario que confeccionó el expediente por el cual se concedió dicha obra. Lo que sucede en España con excesiva frecuencia es que queremos tener el control sobre los demás pero no queremos que nos controlen a nosostros.

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