El honor frente a la utilización ilegítima de la acción penal

Conforme al principio de ultima ratio como límite al poder punitivo del Estado, constituye un lugar común que el derecho penal debe reducirse a la mínima intervención, como última en la protección de los bienes jurídicos a la que se recurre en los supuestos mas graves, cuando ya no existen otras formas de control menos lesivas. El derecho penal debe intervenir sólo cuando su eficacia disuasiva sea imprescindible en términos de utilidad social general, tras el fracaso de cualquier otro modo de protección.

Lamentablemente a mi juicio, se observa un aumento en el intervencionismo penal tanto por por el Estado -¿no había medios de protección más adecuados a través del derecho administrativo sancionador contra las llamadas tarjetas ‘black’?- como por los particulares, que acuden al derecho penal como medio a veces ilegítimo para la solución de sus disputas: la denominada querella catalana, como tipo de  acusación maliciosa, se configura como un ejemplo paradigmático de chantaje procesal dirigido a obtener la satisfacción extraprocesal de quien la ejercita aprovechando el poder disuasorio del proceso penal; o lo que es lo mismo, define la práctica de interposición de una acción criminal con fines espurios y sin demasiado fundamento, que tanto perjudica el honor y buen nombre de los afectados, y mas  teniendo en cuenta la larga duración de los procesos en España.

La reacción contra ello puede ser penal o civil, y en este último orden, el más lógico en la mayoría de las ocasiones, aunque el Tribunal Supremo ha venido considerando lícita la interposición de una denuncia penal como medio para poner en conocimiento del juez la posible existencia de un delito por mor del derecho a la tutela judicial efectiva y como medio de protección de la presunta víctima, al estimar que ello no constituye en principio un acto de imputación lesivo para el honor, sin que el descrédito aparejado a toda denuncia suponga ‘per se’ una intromisión ilegítima contra el mismo (SSTS 10.07.2008, 11.12.2008 y 04.02.2009), exige en cada supuesto concreto un juicio de ponderación de los derechos en juego para evitar extralimitaciones y, con ellas el abuso, esto es, el ir más allá de lo legal y estrictamente necesario (SSTS 04.02.2009 y 262/2016).

Como nos recuerda los arts. 7.1 C.c y 11 y 542 LOPJ, las reglas de la buena fe constituyen el principio inspirador de todo procedimiento, obligan a los jueces a rechazar las peticiones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal, y a los abogados a sujetarse en toda actuación a dicho principio, que se erige así en un deber fundamental propio del correcto ejercicio de nuestra función social dentro de un Estado de Derecho.

Por ello, el derecho a la tutela judicial efectiva mediante el ejercicio de acciones ante la jurisdicción penal no es absoluto, sino que se limita en cuanto  exige tener en cuenta las circunstancias de cada caso (SSTS 26.05.2009, 25.05.2011, 15.11.2012, 05.02.2013 y 25.02.2013, 15.01.2014 y 18.05.2015), puesto que la libertad de expresión no puede utilizarse como instrumento de descrédito personal o profesional dirigido a fines instrumentales, ya que entonces deja de ser un  instrumento del derecho de defensa (STS 29/05/2017) para convertirse en una intromisión ilegítima en el honor del acusado. Como dice esta última sentencia, “una cosa es que la denuncia no implique por sí misma un ataque al honor… y otra distinta que la libertad de expresión no se ejerza como manifestación de este derecho, sino como instrumento para procurar, de un lado, el descrédito de una persona a la que se imputa un inexistente delito… mediante una querella que el querellante mantiene durante tres años y, de otro, que se sirva de ella para impedir la ejecución provisional de la sentencia de (determinado) proceso contencioso-administrativo”.

El honor prevalece así frente a la utilización ilegítima de  acciones penales.

 

4 comentarios
  1. Fernando Jabonero Orasio
    Fernando Jabonero Orasio Dice:

    Un buen argumento para dejar en el paro a los jueces de instrucción, sobre todo en el ámbito de los delitos de cuello blanco, prevaricaciones, y contra la administración, sobre todo contra la de justicia.

  2. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    Cualquier juez instructor está obligado a abrir diligencias cuando alguien denuncia un hecho con apariencia delictiva, aunque sea pura invención del denunciante. En España el estatus de imputado o investigado se adquiere con pasmoso automatismo. Los periódicos y demás medios lo asumen a continuación acríticamente, y ello puede destruir una fama y una carrera. Es lógico que las leyes sean duras, por ello, frente al denunciante falsario y mendaz de la querella fácil.

    • Fernando Jabonero Orasio
      Fernando Jabonero Orasio Dice:

      Conozco jueces que por “costumbre” recibida la denuncia abren previas y archivan en el mismo acto sin diligencia alguna.

  3. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Esto de las denuncias falsas e instrumentales es un excelente negocio del cual vive muchísima gente.

    Especialmente en la insuficientemente conocida “Industria del género” regada de miles de millones en las presupuestos de todas las instituciones del Estado y también en las Instituciones Supranacionales.

    En el fondo es otra de las Razones de lo Profundo de la carcoma que corroe por dentro el Sistema Legal y lo sume en un abismo de desprestigio al cual cooperamos con nuestro silencio.

    Este silencio lo rompe, cómo no, una mujer. Alicia V. Rubio, una profesional de la enseñanza, autora de “Cuando nos prohibieron ser mujeres …y os persiguieron por ser hombres”. Disponible en Amazon.

    Imprescindible para entender los vericuetos usados por los Grupos de Interés, los Lobbies, que prosperan –y cómo– al socaire de las “Ideologías del Género” que ya nos obligan como dogma oficial.

    Hablando de denuncias “instrumentales” y falsas, un dato. Siete años de denuncias………………1,034,613. de las cuales el 80% sobreseídas por infundadas. (Pagina 280 op.cit)

    Brutal, ¿no?

    Mientras tanto siete varones y tres mujeres se suicidan cada día. Hay un tupido velo analítico sobre las circunstancias que los llevan a tomar estas decisiones comenzando por la desprotección y la agresividad estructural del sistema legal contra los hombres cuyos muertos por violencia doméstica (70% mujeres y 30% hombres) ni siquiera se registran, reportan o investigan y eso a pesar de que de cada 3 niños muertos por violencia doméstica 2 lo son por la madre. (Misma obra citada)

    Esto no es una anécdota ni una curiosidad legal. Es la destrucción desde dentro y por intereses espurios de todo un edificio jurídico que era otra cosa mucho más cercana al concepto de Justicia.

    El silencio ante esto ni es ético ni dignifica una profesión.

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