La maté porque era mía

El viernes pasado recibí una desoladora noticia: el fondo de inversión con el que estábamos a punto de trabajar después de  seis meses luchando con ahínco, pasión e ilusión retira sus posiciones en España, que no sólo de Cataluña.  Un fondo que invierte en empresas con dificultades, generalmente empresas en concurso de acreedores con el objetivo de reflotarlas manteniendo los puestos de trabajo e invirtiendo en su crecimiento.

Desde que decidí asumir mi papel de emprendedor en esta sociedad he tenido momentos dulces y otros amargos —es el sino de cualquier emprendedor—, pero es la primera vez que me embarga otro sentimiento que nada tiene que ver con esa amargura cutánea que desaparece con un nuevo despertar soleado; llevo días sin verlo y mis nubarrones creativos e intelectuales no suelen durar más de un par de días. Estoy triste, muy triste; sé que gozo de una enorme resiliencia que me ayudará a encontrar el sol —esta vez no saldrá—.

Detesto la corrupción, la incapacidad política, la holgazanería y el atrevimiento ignorante, pero sigo creyendo en la evolución de la especie, también de la humana—quizás soy demasiado optimista—, pero también creo profundamente en el Estado de Derecho y en la independencia del poder judicial.

Respeto cualquier idea e intento aprender de aquellas con las que no comulgo pero no puedo con la mentira y la cerrazón. Que nadie diga que no estamos en una democracia porque o no conoce su verdadero significado o no lo quiere conocer por algún sospechoso motivo.

Contra el sentimiento no quiero ni debo luchar, que cada uno sienta lo que quiera, ¡faltaría más! Pero quiero que sepáis que las heridas profundas en la sociedad catalana tardarán años en cicatrizar, y no solo hablo del enfrentamiento ideológico que va a separar a amigos y familias sino de algo aún más trágico: la crisis económica que se nos avecina y que alargará sin duda la sombra de la que llevamos sufriendo ya diez años. No nos olvidemos de algo muy importante: el dinero es miedoso y se mueve siempre por el sendero de la certidumbre que garantice su rentabilidad.

Por suerte o por desgracia sé de lo que hablo, me dedico a las insolvencias de empresas y familias y los que lidiamos con tragedias empresariales y personales  percibimos antes que nadie los cambios socio económicos de la población.

No nos escudemos pensando que peor no podemos estar y que no tenemos nada que perder porque puede resultar un órdago demasiado caro.

Seguramente muchos de los que me estéis leyendo no compartáis mi pensamiento, y os envidio por ello porque mi desazón es ya insoportable…

HD Joven: No, el Estado no ha tomado el control sobre los Mossos

El desafío al Estado de derecho por parte de algunos de los representantes del pueblo catalán y parte de este lleva siendo leitmotiv informativo en nuestro país desde hace varios meses. El sábado, y siguiendo la escalada de tensión entre Estado y Generalidad en vistas del referéndum ilegal del 1 de octubre, que se agravó con el deplorable espectáculo antidemocrático vivido en el Parlamento catalán, la Fiscalía Superior de Cataluña reunió a los altos mandos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra. Los medios de comunicación de inmediato se hicieron eco de la decisión que supuestamente había comunicado José María Romero de Tejada, fiscal jefe de Cataluña, a los tres cargos policiales, incluido el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero: el Estado asumiría el control sobre la policía autonómica.

No era la primera vez que el fiscal se reunía con dichas autoridades este mes: el 8 de septiembre Romero de Tejada ya ordenó a los tres cuerpos, mediante la Instrucción 2/2017, adoptar cualquier medida para evitar la consumación o el agotamiento de los delitos, incluido el requisamiento de urnas, papeletas y propaganda electoral.

Lejos de la realidad, es falso que el Estado, mucho menos el Ministerio del Interior, haya asumido el control sobre los Mossos d’Esquadra, lo que supondría liquidar de un plumazo el Estatuto de Autonomía de Cataluña y su legislación de desarrollo en materia de seguridad. El Estado, a pesar de lo ampliamente difundido, no ha retirado las competencias de seguridad que corresponden al Ejecutivo regional, supuesto que únicamente se podría dar tras la aplicación del famosísimo artículo 155 de la Carta Magna —que, por cierto, no supone la eliminación de la autonomía de ninguna comunidad—.

La Ley del Parlamento de Cataluña 10/1994, que regula el funcionamiento de los Mossos d’Esquadra, establece que, entre otras funciones, el Cuerpo asume las de policía judicial, en los términos establecidos en la Constitución, el Estatuto, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la normativa complementaria. Dicha ley también establece en su artículo 11 que los mossos cumplirán y harán cumplir en todo momento la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación vigente y que estarán sujetos a los principios de jerarquía y subordinación, principios que no ampararán en ningún caso «órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes». Obviedades para cualquier ciudadano responsable, no tan obvias para los que se han propuesto acabar con el Estado democrático de derecho por la vía de los hechos.

El Real Decreto 769/1987, sobre regulación de la Policía Judicial, establece en su primer capítulo que corresponden a todos los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad las funciones de policía judicial, y para ello quedarán sometidos a los requerimientos de la Autoridad Judicial y del Ministerio Fiscal. En la actualidad son las fiscalías de Cataluña las encargadas de la investigación del referéndum suspendido, y, para ello, deben tomar, en cumplimiento de su deber de defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, cuantas decisiones estimen para impedirlo, dando cumplimiento a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

La legislación vigente, por tanto, permite al fiscal dirigir todas las policías adscritas a la investigación —incluidos, en este caso, los Mossos d’Esquadra— y, para este fin, debe indicar quién asume la coordinación de las tres fuerzas policiales. Y es aquí donde reside el quid de la cuestión, ya que el fiscal no es libre al tomar esta decisión, pues el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece: «[C]uando en la prestación de un determinado servicio o en la realización de una actuación concreta [entiéndase impedir el referéndum] concurran, simultáneamente, miembros o Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía de la Comunidad Autónoma, serán los Mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación».

Es por ello que la toma de control que causó tanto revuelo entre el sector secesionista no es más que la coordinación por parte de un único mando policial —el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos— de todas las actuaciones de los tres cuerpos encaminadas a paralizar e impedir la consumación de un acto ilícito, como entraña la celebración de un referéndum al margen de la ley. Todo ello bajo la total y estricta supervisión del Ministerio Público. En el resto de actuaciones que los Mossos desarrollen en su marco competencial será la Generalidad, con el total amparo de la ley que tanto denosta, la que ostente el mando supremo de su policía.

Los propios Mossos d’Esquadra, mediante una nota informativa a sus policías que ha trascendido a algunos medios, niegan que la instrucción de la Fiscalía suponga la intervención del Cuerpo por parte del Estado. «El Cuerpo de Mossos d’Esquadra a lo largo de toda su historia ha mostrado un respeto escrupuloso a las órdenes que le llegaban de jueces, tribunales y ministerio fiscal, posicionamiento que evidentemente seguiremos manteniendo», reza el documento.

Una nueva vez, el victimismo independentista, patente en este caso en las declaraciones vertidas por Joaquim Forn, consejero catalán de Interior —«Desde el Govern, no aceptamos esta injerencia del Estado, saltándose todos los mecanismos de coordinación y existentes con el Estado», publicó en su cuenta de Twitter—, se torna en espectáculo sin fundamento. El Estado de derecho es tan perfecto, justo y garantista que incluso ampara y protege a quien pretende dinamitarlo.

Concurso de ideas para mejorar la justicia a través de la tecnología

¿Quieres unirte a los pioneros que están desarrollando tecnología para el sector legal y mejorar la justicia? El Instituto de Innovación Legal convoca un concurso de ideas para desarrollar aplicaciones que aúnen las Nuevas Tecnologías y el Derecho. Además, desde la institución ofrecen el programa de actividades #HACKTHEJUSTICE dirigido a promocionar el emprendimiento legaltech. El objetivo es crear un ecosistema donde convivan la tecnología y el derecho e involucrar a la ciudadanía en la construcción de la justicia.

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Independencia: camino a ninguna parte

Produce una inmensa y profunda tristeza constatar como el independentismo radical catalán, ha convertido en realidad los peores presagios, rompiendo a las bravas, y en una sola sesión parlamentaria por la vía de urgencia y sin debate alguno, la Constitución Española que nos dimos los españoles en el año 1978, como marco básico de convivencia, ofreciendo cobijo, acomodo y protección a todas las sensibilidades, ideológicas, territoriales, lingüísticas, que conviven en nuestro país.

Prueba de ello –conviene recordar-, la Constitución Española (CE) de 1978 cosechó 325 votos a favor de un total de 350 en el Congreso de los Diputados, entre los que se encontraban -es oportuno resaltar- el nacionalismo catalán.

La parte catalana tuvo un protagonismo e influencia decisiva en el nacimiento y contenido de la actual Constitución Española, con la relevante aportación realizada por Miquel Roca i Junyent, diputado de Convergencia Democrática de Cataluña, como miembro de la Ponencia encargada de elaborar la Constitución.

Sería saludable en un ejercicio de sana memoria histórica citar alguna de las frases que en aquel momento histórico fueron pronunciadas.

Miquel Roca i Junyent: “Punto final a las viejas querellas internas”;
Jordi Pujol: “Sólo pedimos reconocimiento, no tratos a favor”;
Joan Reventós (Socialistas de Cataluña): “Hay algo obvio: el Estado es indivisible”

Cuando desde el independentismo catalán se cuestiona la legitimidad de la Constitución, resulta imperativo ético recordar como acertadamente señala Emilio Lamo de Espinosa, que fue en Cataluña donde la Constitución Española consiguió mayor número de apoyos por encima de la media española. Siendo de destacar que dos de cada tres ciudadanos catalanes aprobaron la Constitución Española, uno de cada dos el primer estatuto de autonomía (1979), y uno de cada tres el segundo estatuto de autonomía (2006).

El nacionalismo catalán ha conseguido a través de un proceso lento pero sin pausa, mediante la educación en las escuelas, el monlingüismo catalán -y la consiguiente expulsión del castellano-, y sobre todo el uso y abuso del lenguaje convertir a la independencia, en una ideología hegemónica que absorbe, engulle y desplaza a todas las demás opciones políticas, que automáticamente son tachados de malos catalanes, reaccionarios y fascistas si rechazan a la nueva ideología-religión en que consiste el independentismo.

El nacionalismo radical catalán, como todos los nacionalismos se alimenta del sentimiento y la emoción siempre a rebosar, y yo añadiría que especialmente de la mentira, la manipulación y la falta de ética como tratare de explicar en este mismo artículo en materia de financiación, pertenencia a la Unión Europea ect..

Artur Más en un carta conjunta suscrita por los miembros de la candidatura de Junts pel Sí Carme Forcadell, Oriol Junqueras, y otros, publicada en el periódico El Pais de fecha 6 de septiembre de 2015 utilizaba los siguientes argumentos: “Catalunya ha amado España y la sigue amando. (…) No hay vuelta atrás, ni Tribunal Constitucional que coarte la democracia, ni Gobiernos que soslayen la voluntad de los catalanes (..)El problema no es España, es el estado español que nos trata como súbditos”.

Como habrá tenido ocasión de comprobar el lector abundan los razonamientos que apelan al sentimiento y no a la razón. Casi se podría decir, que dicha carta hubiera sido escrita por el joven William Walace en la película Braveheart.

En un nuevo ejercicio saludable de memoria histórica, convendría recordar que el nacionalismo catalán ha gobernado la Generalidad de Cataluña durante 40 años ininterrumpidos disponiendo de amplisimas competencias (que ya anhelarían tener otras regiones de los países más descentralizados del mundo)

Igualmente la antigua CIU (ahora denominado PDeCAT) ha participado de forma decisiva en la cogobernación de España, con su apoyo parlamentario a Felipe González (1993-1996), José Maria Aznar (1996-2000) y junto con Esquerra Republicana (ERC) e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) a José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).

Si aceptamos como válido el exabrupto intelectual, de expresiones del tipo “España nos oprime, España nos roba”, habrán de aceptar los nacionalistas siguiendo la lógica aristotélica que ellos mismos han colaborado activamente en esa imaginada opresión.

Una de las quejas más comunes del independentismo catalán, consiste en el maltrato fiscal por parte del Gobierno central, la archiconocida expresión “Espanya ens roba”. Pues bien una vez más pura imaginación, que desmiente la realidad.

Las últimas y más importantes reformas de financiación autonómica que se han producido en los últimos 15 años, han contado con el voto favorable -y entusiasta en algunos casos- de los partidos nacionalistas (en el año 2001 la antigua CIU) con la Ley 21/2001, de 27 de diciembre y en el año 2009 (ERC y IU-ICV) con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por lo que una vez más, aplicando la lógica aristotélica -y no el sentimiento-, habrá de concluirse que el nacionalismo catalán ha sido protagonista activo de su propio maltrato.

Otro de los puntos de inflexión que según el independentismo justifica su huida hacia delante, es la anulación por parte del Tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña del año 2006, que había sido aprobado en referéndum por el pueblo catalán.

Más allá de desconocer lo que significa el Estado de Derecho, una vez más -y ya son unas cuantas- la exageración desplaza a la realidad, por cuanto si alguien se ha tomado la molestia en leerse la Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010 habrá podido comprobar como el Estatuto Catalán se mantiene incólume, siendo que apenas el 4% de los preceptos fueron anulados y otros pocos objeto de interpretación. Pero una vez más la afrenta imaginada se ha apoderado en el imaginario colectivo. Claro que entre leerse 491 páginas y creerse el eslogan, mejor lo fácil que lo difícil.

Llama poderosamente la atención que el nacionalismo radical proclame amar y anhelar tanto el Estatuto del año 2006, cuando éste en su artículo 222.1b) -también por cierto votado por el pueblo catalán-, requiere de dos tercios del parlamento autonómico, para su reforma, y en cambio con una mayoría simple, por el procedimiento de urgencia, sin debate previo y aplastando los derechos de la oposición parlamentaria, pretenden liquidar el Estatuto que tanto dicen querer.

Como se ha dicho con anterioridad, uno de los combustibles del nacionalismo es la mentira derivado de una absoluta falta de ética. El independentismo radical no se cansa de proclamar a los catalanes que seguirán perteneciendo a la Unión Europea, consumada la independencia, cuando precisamente la Comisión Europea ha dicho día sí día también, que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea.

El mantra continuamente invocado por el independentismo es que poner urnas y votar es siempre democrático.

Pues bien Stéphane Dion ex-ministro del Gobierno de Canadá y uno de los mayores expertos en secesionismo, ha señalado en multitud de ocasiones que la democracia y el principio de legalidad son inseparables, añadiendo “en una democracia se trata de ser solidario con todos tus conciudadanos. Aceptas a todos sin atender a sus orígenes, su idioma o su religión. Y el secesionismo es lo contrario. Con el secesionismo eliges a quiénes quieres mantener como conciudadanos y a quienes quieres convertir en extranjeros”.

Un conflicto sin (aparentes) salidas

“Quien se pertrecha con el único argumento de su radical coherencia cuenta con poco recorrido en política, pues esta es una actividad que tiene que ver con la búsqueda de espacios de encuentro, el compromiso y la implicación de otros (…) Forma parte de las obligaciones de un buen político tratar de descubrir las oportunidades para el acuerdo y sus límites” (Daniel Innerarity, La política en tiempos de indignación, Galaxia Gutenberg, 2015, pp. 143 y 148).

La crisis político-constitucional como consecuencia de la rebelión institucional que se ha producido en Cataluña, alimentada y apoyada por la sociedad civil independentista, cada día que pasa tiene peor pinta. Se ha ido tan lejos que cicatrizar las heridas abiertas se me antoja imposible a corto/medio plazo. Pactar es un verbo que no se conjuga. No hay fractura, existe una auténtica e insalvable zanja.

Desde el punto de vista formal lo más osado que se propone para reconducir ese órdago es una salida altamente compleja: un referéndum pactado y, por tanto, una más que previsible cadena de consultas, siempre abiertas, que hagan efectivo un denominado derecho a decidir, que un territorio puede activar cuando le venga en gana y las veces que quiera tirando la moneda al aire hasta que salga cara. Llevar eso a una reforma constitucional, por los procedimientos establecidos actualmente, es altamente improbable, si no materialmente imposible. La ley de claridad, que podría haber sido una solución razonable, pasó a la historia, si es que alguna vez se barajó seriamente (y sin reglas claras seguirá valiendo siempre “un voto más” para decidir cuestiones existenciales tan relevantes). Por tanto, un camino intransitable o, al menos, plagado de tantas dificultades, tan lejanas e inciertas, que no es remedio para atemperar los exaltados ánimos de quienes enfebrecidos de pasión identitariaven tocar con los dedos la presunta independencia.

Mientras sigan gobernando las instituciones catalanas las personas que hoy en día lo hacen con sus apoyos externos (antisistemas, por un lado, y asociaciones de religión política monolítica, por otro), el camino del acuerdo está cegado. La unilateralidad se ha impuesto y crea fervor. Otra cosa es a qué puerto se llegará con eso. El gobierno central, por su parte, ha dado muestras fehacientes de miopía absoluta (e incluso de dejadez irresponsable) en esta trascendental cuestión de Estado. Tampoco los partidos políticos han estado muy finos. Las ofertas por parte de las fuerzas políticas y del Gobierno central llegan tarde, de forma precipitadamente reactiva y además plagadas de confusión, así como carentes de un mínimo planteamiento homogéneo que les dé la necesaria credibilidad. No hay un discurso coherente, solo voces desordenadas. Improvisación. Así no se llega a nadie. Ni a los propios.

La evidente ruptura con el Estado Constitucional que se produjo en las sesiones delos días 6 y 7 de septiembre (en estos términos se expresan ya académicos del ámbito independentista) abría un escenario que ya no tenía vuelta atrás. La manifiesta torpeza del empeño, puso el relato en bandeja a favor del Gobierno central. Y, paradojas de la vida, lo ha desperdiciado totalmente. Como bien dijo el profesor Francisco Velasco, rotas las reglas del juego se abre la solución del más fuerte. Pero la verdadera fortaleza, en una sociedad posmoderna e interconectada, puede no estar en la vieja coacción (tildada por el independentismo como “represión franquista”) ni en la tardía aplicación del Derecho, sino en la burda simplificación del relato que, paradojas de la vida, termina haciendo bueno a quien precisamente ha roto la vajilla. Y aquí ha hecho aguas el relato gubernamental, pésimamente configurado (¿quiénes son los asesores de La Moncloa?, cabe preguntarse). Fiarlo todo al rule of law, pieza maestra del funcionamiento de un Estado constitucional democrático, en un país que pocos saben qué significa y con un sentido de la democracia propio de un parvulario, es jugar a la ruleta rusa. Venden más, en el mercado de 140 caracteres, las consignas de bisutería política:“votar = democracia”; o “no nos dejan votar”. Esto es así y así se está confirmando.

La senda por la que se ha metido el Gobierno es la peor de las posibles, con las dificultades adicionales de operar en un territorio donde el Estado está ausente, sobre todo cuando las instituciones catalanas que lo son dicen no serlo. Si no hay Estado, hay que llevarlo en “camiones-cisterna” o barcos suministradores, como cuando escasea el agua. Mal contexto para unos desperdigados y desasistidos funcionarios del Estado (de seguridad y justicia) que están, literalmente, en un territorio hostil dominado por los “señores de la calle” (las huestes de la CUP y el resto de escuadrones de independentistas, infantes, jóvenes y menos jóvenes, movilizados permanentemente para que la presión no decaiga).

Uno de los comentaristas más finos del panorama político vasco (José Luís Zubizarreta), escribió hace unas semanas en El Diario Vasco que en el enfrentamiento catalán unos (el Estado) tenían la artillería y la aviación; mientras que los otros (independentistas) disponían de la infantería. Si la guerra fuera convencional, estos últimos lo tendrían difícil. Pero no lo es y lo saben. Se trata, en cambio, de una sublevación institucional (de despacho y coche oficial, gestada desde el poder y con un macro-aparato de propaganda siempre activo) apoyada por una sociedad civil muy organizada y movilizada bajo consignas que se impulsan desde una feligresía incondicional (ANC y OC) y, asimismo, absolutamente dominante en feudos donde se asienta el carlismo renovado (o también postmoderno) de la Cataluña profunda (como recordara Víctor Lapuente), así como con la complaciente e inestimable ayuda de quienes quieren movilización a toda costa para “echar a Rajoy”. Estos también defienden sin ambages el derecho a votar por encima de las decisiones de los tribunales, que tampoco aceptan ni acatan. Incluso, el líder de la formación morada, llama al Gobierno para que permita votar el 1-O y se declare, así, insumiso frente a la suspensión del TC. Complejo panorama. Se busca sin rodeos acabar con “el régimen de 1978”. Refundar algo “nuevo”. Cuidado que aquí está la verdadera batalla. El fiel de la balanza estaba en “los comunes/morados” y estos ya han dado el paso: están por la consulta (también sus líderes mesetarios) y por participar en ella, esté o no esté suspendida. No les importa. No es su fuerte el sentido institucional, precisamente.

El primer paso ya se ha dado en Cataluña por el independentismo. Y lo habían anunciado. Se sabía desde meses atrás, si no años. Mientras tanto el Gobierno central se hacía el muerto o el sordo. Su responsabilidad en este conflicto será elevada y habrá que hacer balance cuando esto acabe. En estos momentos solo un cambio urgente en la Presidencia del Gobierno español (con un cambio también profundo de todo su equipo ministerial y entrada de perfiles políticos dialogantes y de personas de prestigio; o incluso mediante la formación de un gobierno de coalición) podría reconducir la crisis frente a una situación que se le ha ido completamente de las manos al gobierno actual y desarmar, así, la estrategia frontal de ruptura de quienes regentan las instituciones catalanas. Pero el fracaso de la política no se detiene allí, llega a (casi) todas sus esquinas. A todos los colores. Necesitamos políticos que hagan del diálogo y el acuerdo, así como de la transacción, su guía de actuación. Deben cambiar los actores, hay cambio de escena.

Pero no todo es homogéneo en Cataluña. Aunque la idea no pase por sus mejores momentos, hay muchas personas allí que tienen identidades múltiples (sentido de pertenencia compartido) y no comulgan con la que se pretende establecer de modo unilateral. Estos han sido borrados, señalados o, en el mejor de los casos, ignorados. No cuentan. La exclusión no es un buen método, tampoco para construir país. Pretender formar hoy en día una sociedad total, cerrada o monolítica, es una tarea inútil; aunque se ponga empeño en ello y haya no pocos por Europa (adviértase quiénes) que lo pretendan hacer. Esta es una idea queel PNV (al menos quienes lo gobiernan) ha entendido e interiorizado de forma inteligente, aunque el devenir del conflicto en Cataluña también les desgarre y les desvíe en su inicial hoja de ruta (más aún si les coincide con el Alderdi Eguna). La estrategia de atracción (o empatía) que se puso en marcha hace unos años por el nacionalismo vasco institucional está dando, en términos de cohesión social y de construcción de país, mucho mejores resultados que una línea de confrontación cainita, siempre que aquella no se abandone. Con toda franqueza no creo que manifestar una actitud hosca, antipática o de odio hacia el diferente o el no alineado con tu causa (alimentada o retroalimentada, sin duda también, por expresiones y actuaciones de la caverna mediática y política), dé beneficio alguno a nadie. Las redes sociales están ahora cargadas de odio cruzado. Son puro estercolero.

Nadie sabe cómo va a acabar esto, ni siquiera los (irresponsables) protagonistas que han encendido una u otra mecha. Aunque no cabe olvidar que sobre las espaldas de un líder pretendidamente mesiánico y bonzo político por excelencia descansa la mayor responsabilidad y el último desenlace de este conflicto. También por quien maquiavélicamente lo colocó en aquel sitio. Las salidas inmediatas al 1-O dependerán mucho de cómo este se desenvuelva. La DUI es una posibilidad abierta, que tendrá efectos perturbadores y respuestas inmediatas. El 2-O, más que abrirse espacios de diálogo, puede dar comienzo a una traca. Al menos se intentará. Pero tampoco descarten –si la cohesión entre las tres fuerzas políticas independentistas no se resquebraja- nuevas elecciones “referendarias” para lograr el voto más que dé pátina de legitimidad a un degradado proceso a ojos de la mirada internacional, que ya ha puesto el foco en el problema tras las recientes y continuas jornadas de movilización callejera. Más las que vendrán.

Una vez más algunos están haciendo esfuerzos ímprobos por destruir el Estado Constitucional  (peor o mejor) edificado hace casi cuarenta años. Todo apunta a que se abren tiempos de revisión constitucional. Algunos pretenden que volvamos a empezar, por enésima vez. Desandar lo andado, viaje de alto riesgo. Otros se quieren ir, aunque sea forzando una mayoría social que hasta ahora no tienen. Eso sí haciendo mucho ruido y no pocos juegos de manos. Estos ya no cuentan, solo cabe pretender seducir con fórmulas de encaje razonable a quienes quieran compartir identidades múltiples. Y en este caso las alternativas son dos: construir un nuevo edificio constitucional (muy propio del adanismo de un demos de frágil cultura democrática constitucional) o rehabilitar el conjunto del edificio manteniendo solo la fachada y algunos elementos centrales que han aguantado el paso del tiempo. Parece claro que las reformas interiores ya no sirven. En lo demás tengo dudas.

Pero no albergo duda alguna en torno a que cualquier proceso de ruptura, quebrantamiento o disolución del orden constitucional vigente vaya a ser gratis. Los desgarros serán evidentes. Y lo serán, en efecto, aunque algunos se emborrachen de una pretendida supremacía que no es tal (de esto convendría hablar largo y tendido, pero hoy no toca), haya también quienes pretendan una suerte de refundación republicana de pueblos confederados (experiencia que, vista la tradición, duraría dos telediarios)y existan otros, en fin, que se escuden en una pretendida fortaleza del Estado de Derecho, que en verdad tampoco lo es, pues se tambalean las dos palabras centrales del enunciado. El resultado de esa combinación imposible es obvio: unos (y sus compañeros de viaje) caminan decididos hacia el paraíso o Arcadia feliz, otros a taponar la herida que, en parte ellos mismos abrieron, y hoy sangra a borbotones. Y la ciudadanía cabal y sensata(la no fanatizada, que es la inmensa mayoría)mira atónita y preocupada el dantesco espectáculo que estos políticos-pirómanos (primero) y (luego) bomberos, nos ofrecen como “soluciones” o “salidas”.

Ya lo dijo Azaña, como recuerda habitualmente mi buen amigo el politólogo Manuel Zafra: los españoles aprendemos lo que es el fuego quemándonos las manos una y otra vez. Dolorosa lección. Que, además, por lo visto, no sirve para nada.

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III Convocatoria Premios Hay Derecho

 

Por tercer año consecutivo, lanzamos la convocatoria de los Premios Hay Derecho. Desde la Fundación, queremos premiar a aquellos ciudadanos que, gracias a sus actos e iniciativas, han destacado en la defensa del Estado de Derecho. Con nuestro premio buscamos dar visibilidad a quienes más lo merecen y queremos que seas tú quien decida.

Tienes hasta el 31 de octubre para enviarnos tu candidato. Manda tu sugerencia a través de nuestra página web y envíanos una memoria con los méritos del posible aspirante al premio. En Hay Derecho creemos que es esencial la realización de acciones de este tipo para reconocer la labor de las personas o entidades que contribuyen al fortalecimiento de las instituciones y a la defensa del Estado de Derecho.

Nuestro último ganador fue el periodista Pablo Romero por su obra Mi lucha contra ETA. Romero destacó por su lucha por restaurar la dignidad de las víctimas del terrorismo y su insistencia a las instituciones del Estado en la búsqueda de la verdad. Si quieres participar, ayúdanos a encontrar a la persona merecedora del premio de este año. Encuentra las bases de la convocatoria y todos los datos en nuestra página web.

Las cinco candidaturas más votadas por los lectores del blog y amigos de Hay Derecho pasarán a formar parte de la deliberación de un jurado compuesto por miembros del equipo de gobierno de la Fundación, así como por miembros de las entidades con las que hemos firmado convenios de colaboración, siempre que estas no presenten conflictos de interés con alguno de los finalistas.

De entre las candidaturas finalistas, saldrá el nombre del ganador del premio, que será entregado en un acto organizado por Hay Derecho.

 

The Catalan problem for dummies

(especially for non-Spanish) 

Revised and updated translation on Friday 29 September

Versión en español aquí

Imagen por Javier Ramos Llaguno

Many of you have read in the newspapers of your respective countries that there are demonstrations in the Spanish region of Catalonia because regional authorities want to call a referendum on independence from Spain, a referendum which the State rejects. From the media, you may have heard that suffrage is a democratic right and that Catalonia is therefore entitled to a referendum, or perhaps you have been told that the Catalan leaders have bypassed the Spanish Constitution and are in a seditious process.

Well, we’ll give you some facts. First, let us introduce ourselves: the Hay Derecho Foundation is an independent institution whose purpose is to defend the rule of law. I am, at the moment, the president and, in addition, a lawyer that has served in Catalonia and now in Madrid.

Secondly, I’d like to introduce you Spain. It is a country of about 500,000 square kilometers and 46.5 million inhabitants, located in southern Europe. It has a GDP per capita of 24,100 euros (26,528 dollars – Italy 30,000 and France 36,000) in 2016. The Spanish language is spoken throughout the country, but several regions of Spain have their own official languages. Catalonia is a region in the northest of Spain, which has 32,100 square kilometers and a population of 7.5 million, with a per capita GDP of around 28,590 euros in 2016. In other words, Catalonia is relatively small and rich.

Spain is a very old country, formed by the union of several kingdoms, more than 500 years ago. It was a world power in the 15th and 16th centuries and then its power began to decline. Politically, it has had a relatively tumultuous past (as so many others), but from recent history it is important to remember that after the 1936-39 civil war we had a period of almost 40 years of dictatorship under General Franco. When he died there was a phenomenon almost unparalleled in world history, which came to be called “Transition.” During the Transition, Spain moved peacefully from a dictatorship to a democracy, solely by reforming laws, through much consensus and good will, and ultimately established a democratic Constitution (from 1978). Today, the Spanish Constitution can be considered one of the most progressive in the world in terms of social rights and freedoms. We therefore have a parliamentary monarchy at the level of any progressive country. However, we will not pretend that our democracy is perfect: in fact, the purpose of this blog and the Foundation is to highlight the shortcomings of the system, fundamentally due to the degeneration of political parties into invasive power structures that have colonized all the democratic institutions to their advantage. But we do not believe that this phenomenon is exclusive to Spain, although it may affect us more aversely because of our younger democracy and relatively new enjoyment of civil liberties.

During the years of democracy, we have suffered some major scourges, such as a coup d’ état that came close to success in 1981, and many years of terrorism at the hands of  Basque nationalism. We have also had corruption that has affected the various political parties, and is more rampant in the political sphere than in the administrative or civil service. Yet, the reality is that we have made progress in all areas. We entered the European Union in the1980s, which enabled us to come up to speed with our neighboring countries and to grow economically. Terrorism ended some time ago. The dysfunction of government institutions and political corruption, although they still exist and are difficult to eradicate, has become a national concern, and the tolerance towards both has lessened. Nevertheless, Spain is pioneer in freedom and (civil?) rights. Perhaps our forty-years dictatorship made us envious of other’s liberties, up to the point it drives us to reject any imposition on our costly-won liberty, even in cases in which such motions would be perfectly justified,

The economic crisis of 2007, from which we have not yet recovered, has been an important turning point in politics. The crisis was significant because the two traditional parties, the PP on the right, and the PSOE on the left, have suffered significant wear and tear. The PSOE was blamed for denying the crisis and offering a wandering and inconsistent policy and the PP, which currently governs, for burdening all the consequences of the crisis on the citizenry and for very serious corruption. All this has led to the emergence of regenerative movements, and also left-wing populism of an anti-systemic nature. In fact, the current PP government took almost a year to form.

Now, I will recount our current problem of Catalonia. The fact is that the territorial divides in Spain is not new. The territorial uniformity achieved in other countries, such as France in the 18th century, did not take place in Spain, which has preserved the idiosyncrasies that were fundamentally idiomatic and legal (that is to say, non-racial and non-religious) and that survived throughout the centuries. In the 19th century, this regional diversity acquired a new, vindictive dimension, in line with the fervor of nationalism that took place in that century. Clearly, during the Franco’s dictatorship, regional nationalism was severely repressed, although curiously enough,

When the dictatorship ended with the Transition in 1978, these regionalist sentiments had to be dealt with in some way, and a system of autonomy was introduced to enable each region to have its own parliament and government with jurisdiction over key areas, including education and health. The bad thing is that the regulation of Title VIII of the Constitution was excessively flexible and this, together with the fact that the electoral system -proportional with a majority bias- does not facilitate the existence of absolute majorities, has meant that the successive parties in power in Spain have had to negotiate their support with regionalist parties to form a government. This has meant that regional governments have increasingly been given more powers. This in itself is not bad, but the nationalist authorities in certain regions have used their powers unfairly, insisting on exaggerating differences at every opportunity and abusing their roles in education to indoctrinate the minds of students. For example, in Catalonia it is practically impossible to study in Spanish, and most schooling takes place in Catalan, despite the fact that repeated rulings have recognized the right to be educated in Spanish. You can’t name a store only in Spanish either, otherwise you will be fined.

In other words, this significant degree of autonomy, money and competence has not served to calm nationalist feelings in some autonomous regions, but has only exacerbated them, though all evidence might point to the contrary. In the Basque Country, where they enjoy a privileged tax system in comparison to other regions, the feeling persists and, truthfully, the end of regionalist Basque terrorism was not due to the action of local elites, but to a slow and constant work of the security forces and to political action at the national level.

In Catalonia, there is undoubtedly a feeling of difference. This feeling is in part due to a language of its own and a certain regional pride  that has remained constant in recent years, with a right-wing regionalist/separatist party that has governed most of the last 40 years. It is also true that it is a rich, labor-intensive and innovative region, and thus laments that it contributes disproportionately to the whole of Spain, especially compared to other, less affluent regions. Recently they invented a slogan, Espanya ens roba (Spain robs us), which resonated with many in Catalonia, although the reality is that there are other regions of Spain – Madrid and the Balearic Islands – that contribute more than Catalonia.

Catalonia is in a gridlock, because the region is divided in half between those who are Catalan nationalists and those who are not, so it is difficult to reach an agreement. If it was 80% on one side or the other, there might not be a problem. However, one way or another, we have been enduring this situation, although in general, the lack of order in the territorial sphere has generated economic inefficiencies, an excessive number of rules and disproportionate spending.

However, when the Crisis began in 2007, the Catalan elites, then in power, saw promoting the cause of Catalan nationalism as a way to divert the blame on to the State. The State would conveniently be the guilty party who had robbed Catalonia and cut all its self-government initiatives, which, in reality, always tried to go beyond the limits of the Constitution. This had also been accompanied by massive corruption in Catalonia, which, although corruption is certainly not unique to the region, had reached very high levels. It is well known, because it was said by a political leader and was later confirmed, that the Catalan nationalist party in power was given at least 3 percent of the works and concessions authorized by the Catalan administration. So much so that the emblematic Catalan leader, many decades in the regional presidency, Jordi Pujol, has revealed himself to be the head of a corrupt plot that involves him, almost all his family, and many of his collaborators. Nationalism, however, considered the fact that the Constitutional Court annulled some years ago the reform of the Statute of Autonomy promoted by the former Spanish President Zapatero to be an aggravation of nationalism, and has based its claims on this grievance. But this means not understanding that political promises or pacts are not and should not be above the law.

Thus, the independence drift that has been in motion since 2010 has consisted of a threat to hold a referendum for independence, one that was already attempted in 2014 and is set for a second attempt on October 1. In order to ensure that many people support the initiative, the Catalan government has taken advantage of the educational system, which for many years has taught Spain to be considered as a foreign entity, somewhat inferior, but always oppressive. The media, which are practically all subsidized by the Catalan administration (to the extent that, contrary to the principle of journalistic independence, in 2010 all the Catalan newspapers published a joint editorial called “La dignidad de Cataluña”); and a powerful network of client relationships from which many people live.

The message that these Catalan nationalist elites promote have been, at their roots, emotional, appealing to concepts such as “oppression”, “lack of freedom”,” robbery”, and, above all, for the people to whom these concepts produce a cognitive dissonance because of their obvious contradiction of reality, they have manipulated concepts such as “democracy”, in concluding that the right to vote matters above all else, regardless of whether or not the way to do so is legal. On the other hand, they have recklessly minimized the economic consequences of secession and have lied to citizens by saying that secession would allow them to continue in the European Union, despite the continuous warnings from the European authorities on this matter. In recent weeks, the disobedience of regional authorities has been very serious— approving laws illegally and disrespecting minority rights— actions that would allow them to hold the referendum and thus explicitly challenge the government with threats to use the de facto route and possibly criminal public declarations

The reality is, even with this massive mobilization of resources, the separatists do not add up to more than 50 percent of the Catalans, despite their majority in Catalan parliament due to electoral rules. Yet, they continue onwards. The Spanish Constitution, our national bedrock, does not allow referendums of self-determination called by the regional authority to be held, and in no way does it permit a region to separate on its own free will. Many of us believe that this is correct. This does not mean that the Constitution cannot be reformed and nor that no agreement can be reached, if the corresponding support is obtained. Perhaps, even a referendum can be held if it is considered appropriate. Unlike other countries, however, we have rules on this action and, at the moment, they do not allow it. By the way, Catalonia does vote: since 1980 there have been 11 regional elections, and many other general, local and European elections.

The central government has maintained a prudent and passive stance during these years, due in part perhaps to political instability in the country, and or because it assumed regional authorities would never dare. Or, perhaps the central government hoped that the issue would resolve itself in the face of the practical difficulties that secession would entail, of which the Catalans should be aware. In the last few days, it seems that the State has finally awoken a little and some measures have been taken to prevent the referendum, confiscating ballots, disrupting the voting system and controlling the region’s economy to avoid diversion of funds. Incidentally, these measures have not been adopted by the government itself but by the judicial authority, except for certain decisions on financial intervention to prevent the diversion of funds. In fact, the government has not dared to use Article 155 of the Constitution, which would allow it to “adopt the necessary measures” (even to suspend autonomy) if an Autonomous Community does not comply with the obligations imposed on it by the Constitution or other laws, or acts in a manner that seriously infringes the general interest of Spain. Nor has it declared a state of emergency, which would enable it to take extraordinary measures of public order in the event that normal functioning is affected. I assume they don’t want to lose the “battle of the image” that using these measures would entail. However, the regional authorities have not hesitated to harangue people into going out into the streets and there are currently riots, surrounding the courthouse and other state buildings, and they have tried to prevent police action.

We do not know what will happen in the next few days, but many Spaniards are very concerned because we think that the rupture of the Constitution, in addition to the fact that it could mean the loss of a region that we love and feel as ours, could shake the foundations of our democratic system. We trust, however, that resolving this crisis will be an opportunity to improve our democratic system and strengthen our institutions, because we can talk about everything, in an open discourse of mutual respect.

 

El problema catalán para dummies

(especial para no españoles)

English version  here

Revisada el viernes 29

Muchos de ustedes habrán leído en los periódicos de sus respectivos países que en una región de España llamada Cataluña está habiendo movilizaciones porque se quiere convocar un referéndum para conseguir la independencia y el Estado español se niega. Según el medio que hayan escuchado, quizá habrán insistido en lo democrático que es votar y que por tanto Cataluña tiene razón o a lo mejor le han dicho que los dirigentes catalanes se han saltado la Constitución española y están en un proceso sedición.

Bueno, les daremos algunos datos. Primero, nos presentamos nosotros: la Fundación Hay Derecho es una institución independiente cuyo objeto es la defensa del Estado de Derecho. Yo soy, en este momento, su presidente y, además, un profesional de las leyes que ha ejercido en Cataluña y ahora en Madrid.

Segundo, les presento a España. Es un país de unos 500.000 km cuadrados y 46,5 millones de habitantes, situado en el sur de Europa. Tiene un PIB per cápita de 24.100 euros (26.528 dólares- Italia 30.000 y Francia 36.000) en 2016. Se habla el idioma español, pero diversas regiones de España tienen sus propias lenguas, que son oficiales en ella. Cataluña es una región al noreste de España, que tiene 32,100 km cuadrados y 7,5 millones de habitantes y un PIB per cápita de unos 28.590 euros en 2016. O sea, que Cataluña es relativamente pequeña y rica.

España es un país muy antiguo, formado por la unión de varios reinos, hace más de 500 años. Fue una potencia mundial en los siglos XV y XVI y luego su poder fue decayendo. Políticamente ha tenido un pasado relativamente convulso (como tantos otros), pero de la Historia reciente es preciso recordar que tras la guerra civil 1936-39 tuvimos un periodo de casi 40 años de dictadura ejercida por el general Franco. Cuando él murió se produjo un fenómeno casi único en el mundo, que se vino a llamar “Transición”: se consiguió pasar de una dictadura a una democracia solamente reformando leyes, pacíficamente, con mucho consenso y buena voluntad, al punto que se consiguió establecer una Constitución democrática (de 1978), que puede considerarse de las más avanzadas del mundo en libertades y derechos sociales. Tenemos pues una monarquía parlamentaria al nivel de cualquier país avanzado. Por supuesto, no vamos a ocultar que nuestra democracia no es perfecta: de hecho el objeto de este blog y de la Fundación es evidenciar las carencias del sistema, fundamentalmente debidas a la degeneración de los partidos políticos en estructuras invasivas de poder que han colonizado todas las instituciones democráticas en su beneficio. Pero no creemos que esto sea exclusivo de España, aunque puede ser que nos afecte más por nuestro menor recorrido democrático y vida en libertad.

Durante los años de democracia hemos sufrido algunas lacras importantes, como un golpe de Estado que estuvo a punto de triunfar en 1981 y muchos años de terrorismo, vinculado al nacionalismo vasco. También hemos tenido corrupción que ha afectado a los diversos partidos y más al ámbito político que al administrativo o funcionarial. Pero la realidad es que hemos ido hacia delante en todos los terrenos: ingresamos en su día en la Unión Europea, lo que nos permitió adaptarnos a los estándares de los países de nuestro entorno y crecer económicamente; el terrorismo se terminó hace algún tiempo; y el mal funcionamiento de las instituciones y la corrupción, aunque siguen existiendo y son difíciles de erradicar, es algo que, al menos en la mente de la opinión pública, de la judicatura y de algunos partidos, se ha convertido en una de las principales preocupaciones y la tolerancia frente a ella es mucho menor; y, desde luego, en libertades y derechos somos pioneros, quizá porque cuarenta años de dictadura nos han hecho muy celosos de ellos, hasta el punto de que hay un cierto complejo que nos lleva a rechazar la autoridad y la imposición incluso en aquellos casos en los que estaría perfectamente justificado.

La crisis económica de 2007, de la que todavía no nos hemos recuperado, ha supuesto un importante punto de inflexión política, porque los dos partidos tradicionales, PP, de derecha y PSOE, de izquierdas, han sufrido un importante desgaste: el PSOE por negar la crisis y tener una política errante y poco coherente y el PP, que es el que gobierna ahora, por cargar todas las consecuencias de la crisis sobre el ciudadano y por una corrupción muy importante que ha ido aflorando en los últimos tiempos. Todo ello ha hecho surgir movimientos regeneradores pero también un populismo de izquierdas de corte más bien antisistema. De hecho, el último gobierno del PP tardó casi un año en poder constituirse.

Ahora les cuento sobre nuestro problema actual, el de Cataluña. Lo cierto es que el problema territorial en España no es nuevo. La uniformización territorial que se consiguió en otros países, como en Francia, en el siglo XVIII, no se produjo en España, que ha conservado particularidades fundamentalmente idiomáticas y legales (no raciales ni religiosas) que pervivieron a lo largo de los siglos, y que en el XIX adquieren una nueva dimensión reivindicativa, pareja al auge de todo nacionalismo que se produce en ese siglo. Lógicamente, durante el periodo de dictadura Franco, los nacionalismos fueron duramente reprimidos aunque curiosamente fue recogida su normativa civil en leyes en esa época.

Cuando en 1978 termina la dictadura con la Transición, es preciso tratar de alguna manera estos sentimientos nacionalistas y se introduce para ello un sistema de autonomías que permite a cada región disponer de un parlamento y gobierno propios con importantes competencias en muchos ámbitos clave: por ejemplo, la enseñanza y la sanidad, por mencionar las más importantes. Lo malo es que la regulación del Título VIII de la Constitución fue excesivamente difusa y ello, unido a que el sistema electoral, proporcional con sesgo mayoritario, no facilita la existencia de mayorías absolutas, ha hecho que los sucesivos partidos en el poder de España hayan tenido que ir negociando con partidos nacionalistas su apoyo para formar gobierno, lo que ha supuesto cesiones constantes de competencias. Ello, en sí mismo, no es malo, pero las autoridades nacionalistas de ciertas regiones han usado sus competencias de una manera desleal, insistiendo en exagerar las diferencias en toda ocasión y aprovechando sus funciones en educación para adoctrinar las mentes de los alumnos. Por poner un ejemplo, en Cataluña es prácticamente imposible estudiar en español, y hay que hacerlo en catalán, a pesar de que reiteradas sentencias han reconocido ese derecho. Tampoco se puede rotular una tienda en español, si no quieres que te multen

O sea, que esa gran cantidad de autonomía, de dinero y de competencias no ha servido para calmar los sentimientos nacionalistas en algunas autonomías, sino que las ha exacerbado, contra lo que pudiera parecer lógico y normal. En el País Vasco, donde disfrutan de un régimen fiscal privilegiado respecto de las demás regiones, el sentimiento persiste y, la verdad, la terminación del terrorismo nacionalista no se debió a la acción de las élites locales, sino a una labor lenta y constante de las Fuerzas de Seguridad y a una actuación política a nivel nacional.

En Cataluña, sin duda, hay un sentimiento de diferencia, una lengua propia y una cierta tradición nacionalista que se ha mantenido constante en los últimos años, siendo un partido nacionalista de derechas el que ha gobernado la mayor parte de los últimos 40 años. También es verdad que es una región rica, laboriosa e innovadora, que se queja de que aporta demasiado al conjunto, sobre todo cuando parece que hay otras regiones, más pobres, que necesitan recibir y no pueden dar, y que de algún modo parecen ser vistas como subvencionadas, vagas o gastosas. Últimamente inventaron un lema, Espanya ens roba, España nos roba, que caló entre mucha gente de allí, aunque lo cierto es que hay otras regiones de España –Madrid y Baleares- que aportan más que Cataluña al conjunto.

El problema del nacionalismo en Cataluña es que se encuentra en una situación de bloqueo, porque la región está dividida por mitad entre quienes son nacionalistas y quienes no lo son, por lo que es difícil el acuerdo. Si fuera un ochenta por ciento de un lado o del otro, quizá no hubiera problema. Ahora bien, de una manera u otra, se ha ido conviviendo con esta situación, aunque en general, el poco orden en el ámbito territorial haya generado ineficiencias económicas, excesivo número de normas y un gasto desmesurado.

Pero cuando comienza la crisis de 2007, las élites catalanas en el poder ven en la exacerbación del nacionalismo una forma de desviar la atención del pueblo hacia un culpable que, presuntamente, sería el Estado central, que robaba a Cataluña y recortaba todas sus iniciativas de autogobierno, que en realidad siempre intentaban sobrepasar  los límites de la Constitución. A ello se ha unido también una enorme corrupción que si bien sin duda no es exclusiva de esta región, en ella ha alcanzado cotas muy elevadas. Es bien conocido, porque se le escapó a un dirigente político y se ha confirmado después, que el partido nacionalista en el poder se quedaba un 3 por ciento, como mínimo, de las obras y concesiones que autorizaba la administración catalana. Hasta tal punto ha llegado la cosa que el dirigente catalán histórico, muchas décadas en la presidencia regional, Jordi Pujol, se ha revelado jefe de una trama corrupta que le implica a él, a casi toda su familia, y a muchísimos de sus colaboradores. El nacionalismo, no obstante, ha considerado un agravio que el Tribunal Constitucional anulara hace algunos años la reforma del Estatuto de Autonomía que impulsó el ex presidente español Zapatero; y ha basado en ese agravio sus reivindicaciones. Pero esto significa no entender que las promesas o pactos políticos no están ni deben estar por encima de la ley.

Así, la deriva independentista que se está sufriendo desde aproximadamente 2010 ha consistido en una amenaza de celebrar un referéndum de autodeterminación que ya se intentó en 2014 y que se quiere intentar de nuevo el uno de octubre. Y para conseguir que mucha gente lo apoye han aprovechado el sistema de educación, que durante muchísimos años ha enseñado a considerar a España como algo ajeno, de alguna manera inferior a lo catalán, pero siempre opresor; los medios de comunicación, que están prácticamente todos subvencionados por la administración catalana (al punto que, contra la independencia periodística, en 2010 todos los periódicos de Cataluña sacaron un editorial conjunto que se llamaba “La dignidad de Cataluña”); y una poderosa red de relaciones clientelares de la que vive mucha gente.

El mensaje que estas elites nacionalistas catalanas ha sido básicamente emocional, apelando a conceptos como “opresión”, “falta de libertad”, “robo”, y, sobre todo, para las personas a las que estos conceptos produjeran una disonancia cognitiva por su evidente contraposición con la realidad, han manipulado conceptos como “democracia”, viniendo a decir que lo que importa realmente es votar, sin importar si la forma de hacerlo es legal o no, si lo que se vota es legítimo o no, o si vivimos en un sistema de libertades o no (como si porque saliera la mitad más uno de un pueblo se pudiera acordar fusilar a alguien o no pagar impuestos); o se ha apelado a un supuesto “derecho a decidir” que al parecer habilitaría a cualquier región a independizarse de un país si lo decide la mitad más uno de esa región, cuando en realidad ese concepto se ha usado sólo para países en los que no hay libertades y en condiciones muy extremas. Por otro lado, han minimizado imprudentemente las consecuencias económicas que tendría para todos una secesión y han mentido a los ciudadanos diciendo que la misma les permitiría continuar en la Unión Europea, pese a las continuas advertencias de las autoridades europeas al respecto. En las últimas semanas, la desobediencia de las autoridades regionales ha sido muy grave, aprobando de manera ilegal y sin respetar los derechos de las minorías leyes que les permitirían realizar el referéndum y han desafiado explícitamente al gobierno con amenazas de usar la vía de hecho y con declaraciones posiblemente delictivas.

Y lo cierto es que, ni siquiera con ese despliegue de medios, los independentistas suman más del 50 por ciento de los catalanes, aunque en el parlamento catalán tienen mayoría por el juego de las normas electorales. Y aun así siguen con sus intenciones. La Constitución española, nuestra norma fundamental, no permite que se celebren referéndums de autodeterminación convocados por una autoridad regional ni, mucho menos, que se pueda separar una región por su sola voluntad. Y muchos creemos que eso es correcto. Eso no quiere decir que no se pueda reformar la Constitución y pactar lo que sea, si se consiguen los apoyos correspondientes, incluso celebrar un referéndum si se considera conveniente. Pero, a diferencia de otros países, nosotros tenemos normas al respecto y no lo permiten en este momento. Por cierto, en Cataluña sí se vota: desde 1980 ha habido 11 elecciones regionales, y muchas otras generales, locales y europeas

El gobierno central ha mantenido una posición prudente y pasiva durante estos años, quizá porque no podía hacer mucho por la inestabilidad política o porque pensaba que las autoridades regionales no se iban a atrever a tanto y que la cuestión se resolvería por sí sola ante las dificultades prácticas que supondría una secesión, de lo que los catalanes deberían ser conscientes. En las últimos días, parece que por fin el Estado ha despertado un poco y se han tomado algunas medidas para impedir el referéndum, confiscando papeletas, desbaratando la intendencia para las votaciones y controlando la economía de la región para evitar desvíos de fondos. Por cierto, estas medidas no han sido adoptadas por el gobierno sino por la autoridad judicial, salvo ciertas decisiones de intervención financiera para evitar el desvío de fondos. De hecho, el gobierno no se ha atrevido a usar el artículo 155 de la Constitución, que le permitiría “adoptar las medidas necesarias” (incluso suspender la autonomía) si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España; ni ha declarado el estado de excepción, que le facultaría tomar medidas extraordinarias de orden público en caso de que resulte alterado el normal funcionamiento de las instituciones. Probablemente no quiere perder la “batalla de la imagen” que supondría usar estas medidas. En cambio, las autoridades regionales no han vacilado en arengar a la gente para que salga a la calle y en la actualidad se están produciendo disturbios, cercando el palacio de justicia y otros edificios estatales, y han tratado de impedir la labor policial.

No sabemos lo que ocurrirá en los próximos días, pero muchos españoles estamos muy preocupados porque pensamos que la ruptura de la Constitución, además de que podría suponer la pérdida de una región a la que queremos y sentimos nuestra, puede hacer tambalear las bases de nuestro sistema democrático. Confiamos, no obstante, que la resolución de esta crisis sea oportunidad para mejorar nuestro sistema democrático y reforzar nuestras instituciones. Y se puede hablar de todo, pero respetando las formas.

 

Quod omnes tangit… (Cataluña y el significado del Estado de Derecho)

Cuando un problema se plantea de manera técnicamente deficiente, el resultado habitual es la incomprensión y el sentimiento de agravio. Esto es lo que parece estar ocurriendo con ocasión del referéndum unilateral organizado por la Generalitat. El Gobierno invoca su ilegalidad por contravenir la Constitución, pero no explica el fundamento último de esa contravención. Se queda en una visión meramente legalista del asunto, al modo del funcionario de ventanilla que a nuestra justificada petición responde que a la instancia le faltan dos pólizas. Por ese motivo, la otra parte es capaz de construir un discurso convincente (al menos en Cataluña) alegando los principios superiores de la voluntad democrática frente a las normas periclitadas o injustas, así como la endeblez del Estado de Derecho español, sin división real de poderes o con instituciones fundamentales capturadas por los políticos.

Para explicar bien por qué Cataluña no puede decidir unilateralmente su independencia sin autorización de la nación española en su conjunto no es conveniente comenzar invocando normas jurídicas o decisiones jurisprudenciales. Porque su real o supuesto desprestigio termina arrastrando al argumento en su conjunto. Esto solo debemos hacerlo al final, después de exponer los principios fundamentales a los que esas normas y decisiones responden. Y esos principios son ni más ni menos que los que han configurado la tradición político constitucional de Occidente, un logro colectivo no menor, del que deberíamos estar especialmente orgullosos los españoles (incluidos los catalanes), pues nuestra contribución a tal fin ha sido decisiva.

Si hemos de sintetizar por razón del espacio, quizás nada lo explique mejor que la curiosa historia de una máxima o fórmula latina muy antigua: Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet (“Lo que a todos toca, debe ser tratado y aprobado por todos”). Como es tan típico de la historia legal y política europea, se trata de una máxima del Derecho Romano Privado clásico, desarrollada por los canonistas medievales para aplicarla al gobierno de la Iglesia y que terminó convirtiéndose en uno de los principios fundamentales del Derecho Constitucional moderno.

Efectivamente, originariamente la máxima aparece en el Digesto de Justiniano, relacionada con el régimen de la tutela. Cuando en el siglo XII se recibe de nuevo el Derecho Romano en Europa, su prestigio es tan elevado (se considera nada menos que la propia “ratio scripta”) que enseguida se aplica a los nuevos problemas sociales de la época. No es de extrañar, por tanto, que los canonistas hagan uso abundante de la fórmula para resolver múltiples problemas, desde la responsabilidad del Papa hasta la naturaleza de los concilios generales. De esta manera, paulatinamente, se termina llegando a un nuevo sentido bastante alejado del originario, pero que estaría llamado a tener una proyección futura formidable: una cuestión que “toca” a toda la comunidad, debe ser tratada y aprobada por una asamblea representativa que actúe en nombre de todos. En la segunda mitad del siglo XIII esta máxima ya era aceptada como un principio de Derecho constitucional, al margen de la Iglesia, primero en Italia, y luego en Inglaterra, Alemania y España.

Pero si termina siendo recibido con tal fuerza en el Derecho político moderno, es sin duda gracias al papel jugado en su difusión por la ilustre segunda escolástica española, especialmente por Vitoria, Las Casas y Suárez. Los dos primeros lo extienden al Derecho Internacional como consecuencia de los problemas derivados de la Conquista española, pero Suárez lo aplica al mismo fundamento de la comunidad política nacional, al fijar su único origen en el pactum in societatis previo al establecimiento de toda sociedad política. Son los ciudadanos actuando de consuno los que conforman la convivencia política y, por eso, lo que a todos atañe, requiere del consenso de todos.

La evidente conclusión es que, aun antes de la aprobación de la Constitución española de 1978, Cataluña no hubiera podido organizar un referéndum unilateral de independencia, pero no porque lo prohibiesen las Leyes Fundamentales del Régimen o la Ley de la Reforma Política, sino porque desde hacía cinco siglos formábamos una comunidad política y, sin Cataluña, España no es España, ni podría continuar llamándose así, sino que habría que buscarle otro nombre. Nuestra actual Constitución, por tanto, no crea ex novo absolutamente nada, sino que se limita a constatar para nuestra comunidad ese principio fundamental del Derecho constitucional europeo. Que la calidad del Estado de Derecho español sea deficiente o que sus instituciones estén contaminadas por influencias políticas, algo del todo evidente, no tiene nada que ver con este asunto. Mejorémoslas, sin duda, luchemos por su calidad e independencia, pero si quieren ser fieles a su origen histórico, en este punto nunca podrán decir algo distinto de lo que ahora defienden.

Ello no impide, por supuesto, que con el consentimiento de todos pueda articularse una reforma constitucional que permita en determinadas condiciones una consulta. Pero esa reforma no salva un mero obstáculo legal, sino que articula un consentimiento general de la nación española, dispuesta, en el caso de que concurran determinas circunstancias, a dejar de ser una única comunidad política para ser varias: Porque lo que a todos toca, deber ser aprobado por todos.

¿De qué sirve el Estado de Derecho?

Este post es reproducción, por su interés, del que ha publicado nuestro colaborador Alvaro Delgado, en El Mundo Baleares, y con su permiso. Muchas gracias. Aquí puede ver la publicación original.

 

VIENDO EL errático comportamiento de mucha gente en relación con los turbulentos acontecimientos que nos rodean, creo que no está de más refrescar algunos conceptos jurídicos aplicables en general a la vida política y social, fundamentalmente qué significa y qué consecuencias tiene para todos nosotros vivir en lo que llamamos un Estado de Derecho. Ya publiqué hace unos meses en estas mismas páginas otro artículo titulado ¿Es la Ley para los tontos?, en el que trataba de aclarar en términos sencillos lo que significaban los conceptos «ley» y «democracia» desde un punto de vista práctico, y creo que éste de hoy servirá, especialmente en estos momentos, de perfecto complemento a lo explicado en su día.

Deben ustedes saber que en las sociedades primitivas había muy pocas normas, y que las pocas que existían no emanaban del intelecto sino del simple uso de la fuerza. El más fuerte, el mejor armado, el más poderoso o el que más miedo infundía a quienes vivían a su alrededor era el que imponía sus reglas, que dependían exclusivamente de su voluntad. Los derechos de los más débiles ni existían ni eran reconocidos. El modelo social estaba basado en dos conceptos muy básicos, el miedo y la sumisión, siendo una traslación casi calcada del modelo de convivencia de los animales: el más fuerte de la manada impone su ley a los demás.

Con el paso de los siglos, los grupos humanos fueron perfeccionando sus formas de convivencia, apareciendo en ellos incipientes hábitos y luego normas, en principio meramente orales. Las reglas pasaron de estar basadas en la fuerza a ser creadas por la inteligencia, alejando el funcionamiento de las colectividades humanas de las pautas del mundo animal. Y, en un momento determinado, apareció la necesidad de escribir y reunir esas normas de convivencia, para que así pudieran ser publicadas y conocidas por todos sus integrantes. La primera compilación de normas conocida de la historia -que se conserva en el Museo del Louvre de París- es el llamado Código de Hammurabi, nombre del entonces Rey de Mesopotamia que lo elaboró hacia el año 1750 antes de Cristo, constituyendo un conjunto elemental de leyes sobre variadas materias (basado en la antigua ley del talión -ojo por ojo-, pero que contenía una aplicación incipiente del principio de presunción de inocencia y del derecho de todo acusado a aportar pruebas) que supuso la fundamental transición de la mera costumbre o las reglas orales a las normas escritas y reunidas en un código. Con el transcurso de los años, los códigos se fueron perfeccionando hasta que las Revoluciones liberales -francesa y norteamericana-, que por primera vez proclamaron Declaraciones de Derechos de los Ciudadanos, pusieron los cimientos (después convenientemente elaborados por filósofos y juristas de la escuela alemana como Kant, Ihering, Kelsen y Savigny) de lo que hoy conocemos como Estado de Derecho.

Esta breve introducción histórica viene a cuento de que todos ustedes puedan comprobar los siglos y esfuerzos que ha costado al género humano tener unas normas escritas y conocidas por todos para regular su funcionamiento como colectividad. Para que algunos torpes contemporáneos, poco leídos y con escasas luces, lo desprecien hoy en día como algo intrascendente o prescindible… El ilustre jurista español Elías Díaz escribió en su emblemática obra Estado de Derecho y sociedad democrática (1975) que «no todo Estado es Estado de Derecho», para aclararnos que puede existir un Estado, que puede haber un Derecho (entendido como un conjunto de normas jurídicas para regular la convivencia), pero que el verdadero Estado de Derecho va más allá de ambos conceptos. Y nos detalló cuáles eran sus cuatro características esenciales: imperio de la ley, división de poderes, sujeción de la Administración a la ley y al control judicial, y derechos y libertades fundamentales para los ciudadanos.

El Estado de Derecho es, entonces, una creación intelectual del género humano, tal vez la más importante de la historia, cuya esencia es proteger al ciudadano del mismo poder que dicta las Leyes, evitando así sus posibles abusos. Si aún no tienen claro para qué sirve, les voy a poner un ejemplo muy gráfico de su utilidad, recién sacado de twitter. El político vasco Arnaldo Otegi escribió el 9 de septiembre de 2017 en dicha red social el siguiente tuit: «La democracia consiste en respetar lo que decide la gente. Después vienen las leyes». Un avispado tuitero, Philmore A. Mellows, le respondió al día siguiente: «No. Si fuera por respetar lo que decide la gente a ti te habrían cortado los h… Lo que te ha salvado han sido precisamente las leyes». He aquí una demostración popular -ciertamente vulgar pero muy esclarecedora- de lo que significa en la práctica vivir en un Estado de Derecho.

Dicho todo ello, resulta evidente que en España tenemos graves problemas con nuestro Estado de Derecho: que la Administración funciona de una manera mejorable, que existe corrupción, que los órganos de gobierno de jueces y fiscales -e incluso los miembros del Tribunal Constitucional- son elegidos políticamente y que no hay la suficiente separación de poderes. Pero la solución a esos problemas no es dinamitarlo todo por las bravas, haciendo lo que a un grupo de gente le dé la gana y dictando normas inconstitucionales -lo cual es evidente para todo el mundo-, sino todo lo contrario, que es reforzarlo y consolidarlo aún más. Así se impedirá que un político se salte los diques de contención legales, porque entonces sería admisible que cualquier otro político de ideología completamente contraria se los saltara también. O que cualquier ciudadano que considere que una ley no le favorece no la quiera cumplir. ¿Con qué criterio un gobernante que se salta la Ley puede exigir a sus ciudadanos que la cumplan? ¿Dónde está el límite de lo que un grupo pequeño puede decidir por sí sólo respecto de otro mayor? ¿Puedo yo decidir por mí mismo que mi piso, el 3ºB, se separe de mi comunidad de vecinos con la que comparte luz, agua, ascensor, fachadas, techo y pilares, y forme un inmueble totalmente independiente?

Utilizar el nacionalismo como pretexto para atentar contra nuestro Estado de Derecho es realmente un atentado contra todos nosotros. Contra el sistema que tantos siglos nos ha costado conseguir y contra los diques legales que nos protegen de la arbitrariedad de los poderosos. El propio Estado de Derecho no es inamovible, y proporciona los medios para defender cualquier idea y proponer las novedades que se quieran introducir en nuestro sistema constitucional. Y quienes ahora atentan contra él lo saben. Su problema es que respetando las normas sus propuestas no triunfan. Por ello quieren cambiar el árbitro y el reglamento a mitad del partido, apelando a los sentimientos, manipulados durante años, de muchos ciudadanos ignorantes.

Dos ilustres catalanes pusieron el dedo en la llaga en un reciente encuentro auspiciado por este mismo periódico. Dijo Francesc de Carreras que «hay que hacer comprender a la gente que esto de las identidades colectivas, como las naciones en sentido identitario, es una manera de embaucar a los ciudadanos, de dividirlos para dominarlos mejor», para añadir Josep Piqué que «ser nacionalista es afirmar lo propio en contraposición a lo pretendidamente ajeno. Nada hay más antiprogresista que el particularismo y el pretendido y ridículo supremacismo». Les ruego queridos lectores, que sean cuales sean sus sentimientos, no se dejen manipular. En este lamentable juego de tronos que estamos viviendo tenemos muchos siglos que perder…

Spanish High Court orders disclosure of documents about OGP citing European Court of Human Rights jurisprudence

Spain’s High Court has ruled that Access Info Europe should have access to Spanish Government documents related to participation in the Open Government Partnership (OGP) in an important ruling where the Court for the first time makes reference to the right of access to information in international treaties.

In a final decision, which is not open to appeal, the High Court rejected the Spanish Government’s attempt to classify progress reports on the OGP Action Plan as internal documents of an “auxiliary” nature.

In doing so, the Court reined in the controversial Article 18 of Spain’s 2013 Transparency Law – a provision that excludes access to “auxiliary” documents – arguing that there could be no exclusion for documents that are necessary to understanding how a decision is being or has been taken.

This is a hugely important ruling because it will help open up decision-making processes in Spain,” said Helen Darbishire, Executive Director of Access Info Europe.

The Spanish High Court referred to key international jurisprudence to bolster its argument that any limitations on the right should themselves be limited and that a broad interpretation should be given to “public information” in line with the spirit of the law.

It’s exciting that we are seeing references to the jurisprudence the European Court of Human Rights, which could eventually lead to a recognition in Spain of a fundamental right of access to information,” added Darbishire.

These judicial cases not only correct government errors, but they help the courts understand the right of access to information, incorporate international jurisprudence in to the Spanish legal system, and raise awareness about access to information as a fundamental human right as recognised by the European Court of Human Rights,” stated Enrique Jaramillo, Access Info Europe’s lawyer.

This somewhat surreal battle over access to documents relating to the Open Government Partnership dates back to August 2015 when, faced with a wall of silence from the Spanish Cabinet Office (Ministry of the Presidency) on progress in implementing commitments made under Open Government Partnership processes, Access Info’s director Helen Darbishire submitted an information request asking for documents that would provide status updates.

Not only did the Spanish Government refuse to provide full documentation in response to the initial information request, but when Spain’s Transparency Council ruled in favour of disclosure, the Government went to Court to challenge that ruling. This High Court ruling is now definitive, and the Ministry of Presidency should provide Access Info with the documents.

You can find the High Court ruling here (in Spanish).

HD Joven: ¿Es válida la renuncia a reclamar por las cláusulas suelo?

Se ha hablado mucho en este blog de las cláusulas suelo, especialmente a raíz de las últimas sentencias. Como muestra un botón (o varios) –aquí, aquí y aquí-. Sin embargo, lo que pretendo traer a debate es uno de los asuntos más polémicos sobre el tema: los acuerdos de novación suscritos entre los prestatarios y las entidades financieras.

Estos acuerdos fueron promovidos por varias entidades bancarias a raíz de la archiconocida sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2013 y sus consecuencias, aprovechando que la mayoría de los prestatarios aún no conocían siquiera qué era eso de las cláusulas suelo, con el objetivo principal de que los clientes renunciasen a toda ulterior reclamación relacionada con las mismas, a cambio de reducir o en el mejor de los casos, eliminar la cláusula suelo de sus préstamos. A título de ejemplo, la referida cláusula de renuncia consistiría en algo similar a esto:

Con la firma del Acuerdo, ambas Partes declaran que nada más tienen que reclamarse entre sí respecto de la cláusula suelo. Por tanto, el Prestatario renuncia a reclamar cualquier concepto relativo a dicha cláusula, así como a entablar reclamaciones extrajudiciales o acciones judiciales con dicho objeto, tanto en acciones individuales como en las derivada de cualquier acción de carácter general o difuso.”

La forma de actuar por parte de los bancos era simple y atractiva -cuando menos a priori-: se ponían en contacto con los clientes ofreciéndoles una rebaja de los intereses que venían abonando en sus hipotecas. Para ello, tenían que firmar un documento privado cuyas disposiciones -verdaderas condiciones generales de la contratación (pre-redactadas, sin posibilidad alguna de negociación)-, fijaban que se les reduciría el tipo de interés aplicable a su préstamo a cambio de declarar que conocían lo que eran las cláusulas suelo y, sobre todo, de renunciar a ejercitar a todo tipo de reclamación futura relacionada con las mismas.

En aquel momento el ciudadano medio no conocía ni remotamente lo que era una cláusula suelo, por lo que las personas que firmaron estos acuerdos, al menos en su mayoría, no sabían de la inclusión de estas en su préstamo, ni, evidentemente, la cantidad de dinero que les había cobrado el banco en su aplicación. El resto, como se dice, ya es historia.

Pues bien, llegados a este punto, cabe preguntarse si las referidas personas que firmaron dichos acuerdos también pueden reclamar el dinero que les cobró el banco en aplicación de la cláusula suelo y, sobre todo, descartada la vía extrajudicial ante la negativa del banco a devolvérselo, si hay posibilidades de que judicialmente se les dé la razón.

Hay que decir, en primer lugar, que esta diatriba llegó hace unos meses a las Audiencias Provinciales, las cuales mayoritariamente se han mostrado a favor de los prestatarios declarando la nulidad de dichos acuerdos novatorios. A día de hoy, estamos pendientes de que el Tribunal Supremo se pronuncie y arroje un poco de luz sobre quién sabe si el último misterio por resolver relacionado con las cláusulas suelo.

Como he señalado, hasta hoy, la mayoría de las resoluciones judiciales consideran los contratos privados firmados por los bancos con sus clientes nulos de pleno derecho, pero, ¿en qué se basan?

Fundamentalmente, los Tribunales sostienen su decisión en la idea de lo que los bancos pretendían con estos acuerdos es dar validez a una cláusula que era nula de pleno derecho desde el origen por ser abusiva, siendo esto contrario al principio de quod nullum est nullum producit effectum (lo que es nulo ningún efecto produce), ya que, como sabrán, únicamente son convalidables los acuerdos anulables, no los nulos.

A este respecto el artículo 1208 del Código Civil es claro: “La novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva”. En una frase: la nulidad lo invalida todo, aunque el acuerdo posterior sea más beneficioso para el consumidor.

Y se preguntarán ustedes, ¿qué hay de la libertad contractual en estos casos? El artículo 1255 del Código Civil aclara esta cuestión al disponer que “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”. Se considera que estos acuerdos van en contra del orden público, manifestado principalmente a través del principio de protección de los consumidores. Y es que el principal problema en este caso no era la manera en la que el banco había “ofrecido” estos acuerdos (sin explicación o negociación previa alguna), sino que estamos partiendo de una cláusula que era nula en su origen –por abusiva-, lo cual imposibilitaba su modificación. En este sentido se pronuncia el Auto nº 77/2016, de 18 de febrero, de la Audiencia Provincial de Zaragoza: “De todo lo anterior, resulta que la ineficacia del pacto novatorio, no reside tanto en los defectos intrínsecos al mismo, que también los tiene -imposición de declaraciones de voluntad, ofrecimiento de contrapartidas a cambio de atenuar una cláusula ya “sospechosa”, que finalmente se ha estimado nula por infracción de la normativa europea y nacional, y efectos atenuadores o moderadores de su eficacia a cambio de la imposibilidad de ejercitar acciones judiciales fundadas en normas de orden público e imperativas-, sino fundamentalmente porque la declaración de nulidad de la condición general originaria tiene un efecto de propagación de las efectos de la nulidad del negocio jurídico a los actos que tengan su base en la misma”.

Otro aspecto interesante en este asunto es la renuncia previa al ejercicio de acciones futuras en el marco de una relación consumidor-empresario. ¿Cabe en nuestro derecho la misma?

En principio, está expresamente prohibida por nuestro ordenamiento jurídico en varias disposiciones, siendo seguramente el más explícito el artículo 10 de la Ley General de Consumidores y Usuarios: “La renuncia previa a los derechos que esta norma reconoce a los consumidores y usuarios es nula, siendo, asimismo, nulos los actos realizados en fraude de ley de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Código Civil”, a lo que habrá que añadir lo que establece el artículo 6.2 del Código Civil: “La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros”. El único caso en que cabría la renuncia realizada por el consumidor es el descrito por la sentencia del TJUE de 21-2-2013: “cuando consciente del carácter no vinculante de una cláusula abusiva, manifiesta, no obstante, que es contrario a que se excluya, otorgando así un consentimiento libre e informado a dicha cláusula”.

El problema es que este tipo de renuncia no se dio en estos casos -o al menos en la mayoría-, ya que si muchos prestatarios, al firmar estos acuerdos seguían sin ser conocedores de qué eran realmente las cláusulas suelo –ya que en ese momento tampoco se les explicaron-, no podían serlo, por tanto, de las consecuencias que tenía su renuncia ni a qué estaban realmente desistiendo.

Resulta ilustrativo preguntarse cuántas de las personas que firmaron dichos acuerdos renunciando a ejercitar reclamaciones posteriores, volverían a hacerlo a día de hoy. Seguramente pocas, ya que sería más beneficioso para ellos acudir a la vía judicial y recuperar lo cobrado que la supuesta rebaja en el interés que les podría ofrecer el banco.

Es cierto que, como ya se ha comentado en otros posts, ha habido personas que se han beneficiado y se han subido a la ola de las cláusulas suelo, pese a que eran perfectamente conocedores de lo que en su momento estaban firmando y de los efectos que tenían las mismas sobre su préstamo. Fuera de estos casos en los que la renuncia sería perfectamente válida, las resoluciones judiciales anulando estos acuerdos parecen del todo coherentes con la abundante y reciente jurisprudencia de nuestros Tribunales y de los de la Unión Europea sobre cláusulas abusivas, nulidad y sus efectos.

Y es que parece que estos acuerdos son resultado de una situación límite en la que los bancos al ver la que se les venía encima después de la sentencia del Tribunal Supremo de 2013, intentaron salvar los muebles, llegando a toda prisa y, si me lo permiten, con nocturnidad y alevosía, a acuerdos con sus clientes para evitar lo inevitable. Parece claro que si su verdadero interés hubiera sido el corregir el desaguisado creado con las cláusulas suelo, antes de haber firmado esos acuerdos, debían haber explicado a sus clientes el significado y las consecuencias de las mismas, haberlas eliminado de los préstamos y haberles devuelto lo cobrado de más en su aplicación.

28 de septiembre | Día Internacional de la Transparencia

Con motivo de la celebración de esta fecha, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno organiza actividades durante las jornadas del 27, 28 y 29 de septiembre en Madrid.

En el programa incluye ponencias, mesas redondas, mesas de debate, talleres y actividades post-congreso.

El II Consejo Internacional de Transparencia tendrá lugar en el edificio nuevo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Las actividades se desarrollarán en la Sala de Conferencias y en las aulas de la planta baja de este edificio.

Convivencia de la guardadora en la vivienda familiar con su pareja y nuevos hijos ¿Debería conformarse el exmarido con una rebaja de los alimentos de los menores?

Imaginemos que aquel cónyuge a quien se confía la guarda del hijo menor común y, por ende, el uso de la que fue vivienda familiar mientras duró el matrimonio, decide convivir en ella con un tercero con el que, además, tiene un  otro hijo. ¿Debería tener esto alguna incidencia en las medidas adoptadas tiempo atrás en el procedimiento matrimonial, o no constituye una alteración en las circunstancias contempladas entonces?

La STS de 19 de enero de 2017 ofrece una respuesta que, a buen seguro, no contentará a todos.

En la sentencia de divorcio de mutuo acuerdo fue asignado el uso de la vivienda a Doña A., en su calidad de guardadora de los dos hijos menores del matrimonio. El padre, a quien se reconocía un derecho de visitas, quedó obligado al pago de una pensión alimenticia para cuya cuantificación fueron relevantes una serie de partidas, entre las que figuraban los gastos de comunidad derivados del uso del inmueble y el servicio doméstico de que disfrutarían sus hijos.

Al introducir la guardadora en el inmueble a su nueva pareja y otro hijo habido con  él, el exmarido solicitó una modificación de medidas. Pasó a ser evidente que aquellas partidas que fueron tomadas en consideración para fijar la pensión de los hijos comunes no beneficiaban exclusivamente a éstos, como era su cometido, sino que aprovechaban también al compañero sentimental de su exmujer y a su nueva prole. Lo que refrenda el Alto Tribunal reduciendo una pensión de alimentos que estaba ideada para los hijos comunes, y no para la nueva familia fundada por la exmujer.

Realmente que un señor tenga que litigar para que se minoren sus obligaciones cuando un perfecto extraño y su descendencia sacan partido de su sacrificio puede resultar llamativo, pero ha sido el pan nuestro de cada día para muchos divorciados.

Porque no debe olvidarse que la atribución del uso de la vivienda es una forma de contribuir a la alimentación de los hijos menores, como insistentemente nos recuerda el Tribunal Supremo, al estar comprendida la habitación entre las necesidades que el padre está obligado a colmar (art.142 CC). Y que aunque aquí se concedió el uso de un inmueble común, el art. 96.1 CC permitiría que quedará afecto igualmente, otro perteneciente en exclusiva a quien no obtuvo la custodia. Y eso sin ponderar la solvencia del guardador, como ha ocurrido durante mucho tiempo, por más que ahora el Supremo valore que tenga otros inmuebles igualmente idóneos para residir con el menor.

Así nos explicamos cómo han surgido en el pasado muchas situaciones para los que estamos sometidos al art. 96.1 CC. Y cómo la excusa perfecta para perpetuar la estancia con otros compañeros sentimentales en bienes que se comparten con el primer marido o –lo más grave, que sólo a éste pertenecen- la haya proporcionado la supremacía del interés del menor, aderezada en muchas sentencias con una referencia al libre desarrollo de la personalidad del guardador/a (art. 10.1 CE) . ¡¡¡No van éstos a recluirse en un convento, renunciando a cualquier expectativa de rehacer su vida sentimental por el solo hecho de haber sido designados para permanecer en compañía del menor!!!. Además la presencia de ese tercero no tiene por qué ser perniciosa para los niños, quienes pueden sentir cariño por alguien que incluso es cariñoso con ellos. Con lo que ni siquiera habría fundamento para que prosperara una modificación de medidas instada a la desesperada por los padres “visitantes”,  intentando arrebatar la custodia al otro progenitor para  alcanzar de forma refleja el uso del inmueble.

Naturalmente, uno es soberano a la hora de dar a la vida el giro deseado, pero no se puede pretender que los demás estén condenados a experimentar penurias mientras sufragan las consecuencias de nuestras decisiones. Y en lo tocante al art. 96.1 CE y a las necesidades habitativas que con él se cubren,  un exmarido tiene este deber tratándose de sus propios hijos, por los que debe soportar que el uso del custodio se prolongue durante la minoría de edad de aquéllos. Pero ninguna obligación tiene, faltaría más, de mantener de paso a los retoños que tenga su exmujer con sucesivos compañeros sentimentales que vayan aposentándose en sus dominios. Cuyo sustento –en forma de habitación- ya no es problema de su incumbencia.

Las posturas mantenidas por las Audiencias han sido absolutamente antagónicas cuando se ha suscitado este problema y se ha demandado no una simple reducción de la pensión, como aquí se concede, sino la supresión del uso originariamente adjudicado a la guardadora. Desde el convencimiento de que éste realmente, con el paso del tiempo, ha pasado a beneficiar a un núcleo familiar distinto de aquél para el que fue concebido.

Ante el silencio que guarda nuestro art.96 CC sobre este punto, algunos dirán que resultaría excesivo privar del uso a una guardadora que cumple escrupulosamente su función simplemente porque rehízo su vida con otra persona. Lo que debiera extinguir una pensión compensatoria (art.97 CC) pero no un derecho ideado para servir a los intereses del menor.

Otros, entre los que nos encontramos, creemos que aunque no se modificara la custodia, debería agilizarse en estos casos la liquidación del bien ganancial en evitación de situaciones que rayan en el abuso. Así lo hizo la SAP de Almería de 19 de marzo de 2007 (AC 2007, 505).

Siempre me ha parecido cuestionable exigir la inmolación de uno de los cónyuges para mantener artificialmente a los menores en un estatus que resulta insostenible. Y ahora empiezo a comprender que muchos pagadores soliciten la custodia compartida. Y muy bien que hacen. Porque es una forma de evitar que se impongan privaciones y hasta penurias a un ex cónyuge para que vivan a cuerpo de rey el nuevo compañero/a del guardador y sus descendientes y hasta amasen una fortuna con lo que ahorren por esta vía. Si les ponen trabas para limitar en el tiempo el uso cuando la guarda es monoparental, siendo compartida tienen todas las facilidades del mundo para que se imponga un plazo por aplicación analógica del 96.2 CC y remisión al 96.3 CC. Y, planteado un problema como éste,  es un antídoto eficaz para que estos “invasores” vayan planificando su mudanza.

Eso o conformarse con situaciones que, a decir de algunos, no encajan técnicamente en el abuso de derecho. Juzgue el lector cómo hemos de calificar entonces que una señora esgrima su custodia para negarse a abandonar el piso de su exmarido,  siendo así que su segundo cónyuge, con el que además tuvo otro hijo, poseía dos inmuebles y tenía participación en varias gasolineras ( SAP Valencia de 20 Julio de 2015 (JUR\2016\1741)).

No faltarán quienes nos recuerden que incluso quienes han sido más previsores que nosotros y han regulado el cese del uso a la perfección- catalanes vgr.- distinguen según se haya adjudicado el uso atendiendo al interés del menor o ponderando la mayor necesidad del otro cónyuge, respectivamente.  Reservando la posibilidad de que la presencia del tercero en el inmueble ponga fin al uso  sólo para este último caso, por más que en el primero pueda producirse un ajuste en la pensión alimenticia.

Pero también los catalanes han salido victoriosos en este trance. Algo de lo que debemos tomar nota si queremos cortar de raíz episodios más que sangrantes-nunca mejor dicho- como los descritos en la SAP la SAP Valencia de 18 de julio de 2012 (JUR 2012\307999) donde la usuaria tenía el propósito de alquilar otro inmueble que poseía el actual conviviente, consiguiendo por esta vía una fuente extra de ingresos, al no tener la preocupación de tenerse que procurar un techo para ellos y sus hijos.

¿Y que han ideado los catalanes?  Que si originariamente la falta de medios del guardador fue determinante a la hora de asignarle el uso, cuando se removiera este obstáculo al unirse a un tercero, la atribución dejaría de tener sentido y debiera tocar a su fin. La STSJ Cataluña, (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) num. 8/2014 de 3 de febrero de 2014 (RJ\2014\1568) entendió  que el aumento en la disponibilidad de los medios del guardador puede venir propiciado perfectamente por su unión a otra persona.

Visión que debiéramos hacer nuestra para evitar que aunque mejorase el potencial económico de la guardadora, un exmarido que lo ha perdido casi todo tuviera que seguir recluido en casa de sus padres. SAP Navarra de 3 de noviembre de 2006 (2007/90760).

Por último, y como más vale prevenir que curar, no está de más incluir en el convenio regulador una cláusula por la que el guardador se comprometa a no introducir en la vivienda a extraños. Quienes transgredieron esta obligación negativa y convivieron en ella con sus parejas han tenido que indemnizar a sus exmaridos, al configurarse el derecho como exclusivo y excluyente. AAP Madrid de 16 de julio de 2002.

Además la STS de 8 marzo 2017 (RJ 2017\696) acaba de admitir la validez de una estipulación por la que la guardadora se comprometía, sin más, a abandonar en el plazo de tres años el inmueble. De cuyo cumplimiento no pudo sustraerse ni siquiera aduciendo que no tenía dónde refugiarse con los menores al agotarse ese término porque en casa de su madre no había espacio físico para acogerlos. Para dotar de validez a esta estipulación, se ha entendido que la intervención judicial es subsidiaria en el art.96.1 CC, y que prevalece lo pactado entre los cónyuges.  Pero si se puede lo más, que es pactar un tope temporal cuya observancia se ha exigido incluso habiendo menores que no cuentan con una residencia alternativa…¿No se va a poder lo menos, que es introducir un condicionante, esto es, un acontecimiento futuro e incierto, del que dependa la permanencia en el inmueble…?.

Fact check: Radiografía del artículo 155 de la Constitución

Nota elaborada por el profesor Jorge de Esteban.

I.- EL ARTICULO 155 COMO FALACIA

El artículo 155 de la Constitución, desde hace más de cuatro años, es el más citado tanto por políticos como por muchos ciudadanos y lo curioso es que nadie conoce su complejidad. Veamos los errores que se cometen:

  1. Es un artículo para suprimir la autonomía de una Comunidad Autónoma, cuando se muestre díscola. Es falso, porque su aplicación permite una amplia graduación de medidas, según sea la mayor o menor gravedad de los hechos.
  2. Es un artículo cuya aplicación puede ser inminente para solucionar el problema inmediatamente. Es falso, porque el artículo dispone de dos posibilidades: una primera, de carácter disuasorio que puede acabar enseguida si la Comunidad Autónoma rectifica y una segunda ejecutiva, en caso de que no rectifique, de efectos retardados, puesto que, como veremos, puede  comportar entre  tres semanas y  dos meses.
  3. Es un artículo que todavía no ha sido desarrollado por una ley orgánica necesaria. Es falso, porque el artículo ya ha sido desarrollado por el artículo 189 y concordantes del Reglamento del Senado. Y precisamente este desarrollo lo ha complicado todo y empeorado sustancialmente, pues ha acabado con la inmediatez que el texto de la Constitución, al igual que el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, permitía en su aplicación con el único requisito de que  las medidas propuestas por el Gobierno sean aprobadas por la mayoría absoluta del Senado.
  4. Es un artículo que no ofrece dificultades para su aplicación, porque el PP cuenta con 149 senadores de un total de 266. Es falso, porque si los 62 senadores socialistas no están de acuerdo, además del resto de senadores, 35 que más o menos,  son casi todos nacionalistas o populistas, pueden dificultar las medidas a tomar, porque en este caso no se trata de un proyecto de ley ordinario en el que solo basta con disponer de una holgada mayoría. Los debates pueden convertirse así en un auténtico psicodrama
  5. Por otro lado, según el artículo 90.2 de la CE el plazo para la actividad normal legislativa del Senado, es de dos meses. Sin embargo, el artículo 133 y ss. del Reglamento del Senado establecen un procedimiento especial para los proyectos declarados urgentes por el Gobierno, los cuales disponen de un plazo de veinte días naturales. Pero en el caso del artículo 155, no parece posible cumplir con este plazo debido a las peculiaridades tan importantes que se deben debatir en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. En este sentido, se sabe cuándo comienzan los debates, pero no cuándo acaban.
  6. En consecuencia, el artículo 136 del Reglamento indica que “cuando no resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 133, la Mesa del Senado, a propuesta de la Junta de Portavoces, podrá establecer que los proyectos legislativos (en este caso, tal vez habría que hablar de resolución) se tramiten en el plazo de un mes, reduciendo a la mitad los plazos establecidos en el procedimiento legislativo ordinario. Pero en tal supuesto, si muchos senadores no están a favor de las medidas a aplicar a una CCAA por el Gobierno no sólo podrían solicitar ampliar los plazos, sino también utilizar el filibusterismo para alargar todo lo posible las decisiones que perjudican a esa CCAA.

 

II.- DESARROLLO DE LAS DIFERENTES FASES PROCESALES

De acuerdo con lo que expresa el mismo artículo 155, más lo que dice el artículo 189 y complementarios del Reglamento del Senado, podemos establecer las siguientes fases procesales:

  1. Cuando una CCAA no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponga o atente gravemente contra el interés general de España, el Gobierno requerirá al Presidente de la CCAA para que deje de actuar así.
  2. Si no le hace caso, el Gobierno le comunicará las medidas que propone si se mantiene en su incumplimiento
  3. Para la ejecución de las medidas previstas, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la CCAA.
  4. El Gobierno presentará a la Mesa del Senado un escrito con su advertencia, la demostración de que no  ha rectificado el Presidente de la CCAA y las medidas propuestas.
  5. La Mesa del Senado remitirá dicho escrito y la documentación pertinente a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.
  6. La Comisión podrá encargar o realizar encuestas o estudios para conocer mejor el tema.
  7. La Comisión podrá recabar, a través del Presidente del Senado, la información y ayuda que necesite del Gobierno y sus Departamentos, así como de las CCAA o de cualquier autoridad del Estado.
  8. Igualmente la Comisión podrá solicitar la documentación conveniente cuando lo solicite un tercio de los miembros de la Comisión.
  9. La Comisión podrá solicitar asimismo la presencia de otras personas para su información en cuestiones de su competencia.
  10. El Gobierno podrá intervenir, si así lo desea, en las sesiones de la Comisión.
  11. También podrá intervenir el Presidente de la CCAA o un Consejero designado para ello.
  12. Las intervenciones en las sesiones se podrán hacer en cualquiera de las lenguas españolas que sean cooficiales.
  13. El Presidente de la Comisión, oída la Mesa y previa consulta con los Portavoces de los Grupos Parlamentarios fijará, según las intervenciones solicitadas y los puntos del orden del día, el orden y la duración de las mismas, así como la ordenación posterior de los debates.
  14. Todos los senadores designados por las Asambleas de las CCAA que no sean miembros de la Comisión General de las CCAA, podrán asistir a las sesiones, así como inscribirse en el registro de oradores para hacer uso de la palabra en todos los debates.
  15. Si el Gobierno solicita el uso de la palabra iniciará el turno de oradores.
  16. La Comisión General de las CCAA podrá constituir una ponencia para que estudie el problema con carácter previo, pudiendo intervenir en la misma todos los senadores designados por las Asambleas de las CCAA.
  17. En cualquier caso se podrá solicitar un dictamen al Consejo de Estado sobre las medidas propuestas por el Gobierno
  18. La Comisión podrá encomendar la preparación de informes previos a cualquiera de sus miembros, a propuesta de su Presidente y con la aprobación de la mayoría de la misma.
  19. La Mesa fijará en cada caso los plazos disponibles para la preparación de los informes a que se hacen referencias en los apartados anteriores.
  20. Mientras que no se diga lo contrario solo se computarán los días hábiles.
  21. La Comisión formulará propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas.
  22. Finalmente, el Pleno de la Cámara someterá a debate dichas propuestas, con dos turnos a favor y dos en contra de veinte minutos cada uno y las intervenciones de los Portavoces de los Grupos parlamentarios que lo soliciten por el mismo tiempo. Concluido el debate, se procederá a la votación de la propuesta presentada, siendo necesario para la aprobación de la resolución el voto favorable de la mayoría absoluta de Senadores.

 

CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto es imposible que el procedimiento del artículo 155 pueda aplicarse antes de dos semanas aproximadamente y no como dicen los asesores de La Moncloa en cinco días, según le trasmitieron a Lucía Méndez. Por consiguiente, a diez días del 1 de octubre , ya no se llega a tiempo para detener el eventual referéndum ilegal. Y aplicar después de ese día el artículo 155 sin saber cómo va a acabar esta aventura, resulta como menos azaroso. Hace dos meses que se tenía que haber tomado esta decisión y no se quiso, incluso se podía haber derogado el artículo 189 del Reglamento del Senado, según el artículo 196 del mismo, aplicando únicamente lo que señala el artículo 155 de la CE, que, de este modo, sí se podría aplicar en tres días. Ahora veremos si no fue un tremendo error.