Dos ejemplos veraniegos de capitalismo clientelar (o dos excusas veraniegas para recomendar un libro)

Los episodios veraniegos de la muerte de Miguel Blesa y de la entrada en prisión de Ángel María Villar y sus secuaces sirven de excusa para que desde Lado Oscuro hagamos una encarecida recomendación.

Magnífico y muy valiente. Nos referimos al libro titulado «Contra el capitalismo clientelar (o por qué es más eficiente un mercado en el que se respeten las reglas del juego)», publicado hace escasos meses por los editores de este blog bajo el pseudónimo transparente Sansón Carrasco. Ha sido de nuevo en Ediciones Península, y en alguna medida viene a ser una continuación del que ya publicaron en 2014 con el título «¿Hay Derecho? La quiebra del Estado de Derecho y de las instituciones en España».

Magnífico libro, como magnífico era su predecesor. Ambos aportan con una prosa muy atractiva y a veces no exenta de ironía, un diagnóstico del estado comatoso en el que se encuentran las instituciones del Estado de Derecho en nuestro país, profundizando en sus orígenes y sugiriendo lo que podrían ser los primeros pasos para iniciar una cura o remedio.

Y libro valiente, pues si este post ve la luz con el pseudónimo El Lado Oscuro es, querido lector, porque sus varios autores, ciertamente cobardes, han preferido ocultar su identidad, pues una cosa es tener un desahogo en forma de artículo periodístico y otra poner en peligro las economías familiares o tener miedo a encontrar un día, al despertar, el célebre cadáver del caballo de carreras en el interior de la cama, como en aquella grandiosa escena que nos regaló Coppola en El Padrino. En cambio, el pseudónimo Sansón Carrasco con el que ambos libros se presentan es completa y absolutamente transparente, pues los autores (varios Notarios, una profesora de Universidad y una Abogada del Estado) son profesionales que pueden permitirse el lujo de no tener los pelos en la lengua que otros sí tenemos que conservar. Y por ello aparecen en las solapas debidamente identificados: Segismundo Álvarez, Matilde Cuena, Elisa de la Nuez, Fernando Gomá, Ignacio Gomá, Fernando Rodríguez Prieto y Rodrigo Tena. Su pseudónimo es una licencia puramente literaria, pues lo que siempre quiso Sansón Carrasco (o si se prefiere, “El Caballero de la Blanca Luna”), es lograr la victoria sobre Don Quijote y, con sus mismas armas, obligarle a retirarse de sus actividades inspiradas en la caballería, aunque fuese con el riesgo de que ello terminara causando su decadencia y posterior muerte.

Como le pasó al personaje cervantino, se trata de que el Estado de Derecho regrese a sus caballerías. Y que lo haga también con sus mismas armas. Que comience a ser una realidad, con normas transparentes, y con leyes que no estén hechas a medida de unos pocos. Que no existan poderosos que primero logran que las normas digan unas cosas y no digan otras –a pocos se les escapó, por ejemplo, la insoportable presión que Repsol hizo sobre los Partidos más representativos durante la elaboración de la Ley 8/2015, de 21 de mayo, que modificó la Ley del Sector de los Hidrocarburos de 1998–. Y que si alguna cosa quedara en las leyes que no acaba de gustar, son sujetos que se refocilan en sus monopolios, conscientes de que ello no importa, pues también han logrado capturar las voluntades de los órganos de las Administraciones que han de velar por el cumplimiento de las mismas, y pueden exhibir sin pudor sus conexiones políticas con los Ministros convenientes, sean del signo y del color que sean (hasta el momento, o azules o colorados, pero ya veremos en el futuro si hay que decir lo mismo de los naranjas o de los morados), y ya sea en el palco del Santiago Bernabéu o en el del Teatro Real.

El verano de 2017 ha presentado dos casos ciertamente paradigmáticos. Uno es el de Miguel Blesa y el otro, el de Ángel María Villar. En fin, las Cajas de Ahorros y las Federaciones deportivas. Capitalismo clientelar de los buenos, aunque cabría también hablar de Bancos y de energía eléctrica y energías renovables, y del mercado del petróleo y sus oligopolios, y del sector farmacéutico. No se trata de resumir aquí de manera apretada los múltiples ejemplos que se ofrecen en el libro de Sansón Carrasco, pero sí cabe escoger algunos, añadir otros y agrupar unos y otros para poner de manifiesto que la putrefacción del capitalismo clientelar se encuentra presente en el poder legislativo, en el ejecutivo, en el judicial y también en la prensa, ése que Balzac calificaba como cuarto poder. El común denominador es que los poderes de un Estado de Derecho deberían estimular la competencia, la innovación y la productividad, en vez de coaligarse en beneficio de unos pocos sujetos presentes en cada uno de los sectores vitales de la economía, causando con ello unos perjuicios que pueden no ser demasiado grandes para cada uno de los ciudadanos pero que, sumados, significan un grave perjuicio de la sociedad en su conjunto al tiempo que un gran beneficio para las personas o grupos favorecidos. Que entre Repsol y Cepsa se controle más del 80 por ciento del petróleo de este país no tiene un pase. Que se calcule que la corrupción en la contratación pública supone una desviación de 48.000 millones de euros (casi el 4,5 del PIB), no tiene un pase. Que el Estado no reclamara de las empresas eléctricas los 3.000 millones de euros que debían devolver como consecuencia de un mal cálculo de los Costes de Transición a la Competencia no tiene un pase. Pero debe saberse también que hay cuarenta y tres ex Ministros presentes en los Consejos de Administración de las compañías relacionadas con la energía. Y a día de hoy, España es el cuarto país de Europa en el que la energía es más cara.

Así, el poder legislativo se pudre cuando el legislador olvida (o desprecia, que es peor), el básico principio de la generalidad. Los alumnos de las Facultades de Derecho escuchan en las aulas desde que el mundo es mundo que las leyes establecen reglas generales, porque están llamadas a aplicarse a la generalidad de los ciudadanos, o, para ser más exactos, a los ciudadanos que se encuentren dentro de su ámbito de aplicación. Pero cuando la Ley Concursal se modifica más de veinte veces en sus catorce años de vigencia, no es difícil apreciar en más de la mitad de las reformas la presencia de un destinatario concreto, con nombre y apellidos. El más destacado, Fernando Martín, protagonista inesperado de una comida entre las directivas del Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, previa a un partido entre ambos clubes, cuando estaba a punto de expirar el primer mandato de Florentino Pérez. Sacaba pecho el presidente merengue elogiando a cada miembro de su directiva. «¿Y qué decir de Fernando Martín? Sabéis cuántos pisos vendió el año pasado? Ante el asombro de los dirigentes barcelonistas, Florentino desveló la incógnita: “¡Nada menos que 10.000!». Pues bien, a este genio inmobiliario, creador del grupo Martinsa Fadesa y protagonista del concurso de acreedores más importante de nuestra historia (qué bonito era cuando se llamaba quiebra), vino el Gobierno de Mariano Rajoy a sacar con cariño las castañas del fuego: la Ley Concursal se modificó tres veces en 2014 a gusto del consumidor, y una de ellas, exclusivamente con la finalidad de que se pudiera cerrar el ansiado acuerdo de refinanciación con la banca que le permitiera digerir sus 3.600 millones de deuda y, sobre todo, salvarse del abismo de la liquidación. Leyes con destinatario concreto, sí, y lo difícil es escoger un ejemplo mejor que otro. La historia condenará a la vergüenza perpetua al Gobierno central y a la Generalitat de Cataluña por el infausto Real Decreto 2346/1998, de 23 de octubre, que premiaba los calamitosos incumplimientos de ACESA, sociedad concesionaria de las autopistas catalanas, con una prórroga de la concesión. Pero, claro, es que había que hablar catalán en la intimidad.

Y también se pudre el legislativo cuando, aunque no se piense en un señorito concreto cuando se redacta la norma, sí se diseña una determinada manera de funcionar. Ahí está el caso de las Cajas de Ahorros, relatado con gracia por Sansón Carrasco. Fue con un Gobierno de Felipe González –aquí no se libra nadie– cuando se dictó la Ley 31/1985, de 2 de agosto –acaso la fecha no es casual, pues el BOE no lo mira mucha gente durante el mes más fuerte del verano–, que abrió la puerta a que casi el 40 por 100 de los directivos fueran nombrados por los partidos políticos. Desde entonces, los concejales, alcaldes, sindicalistas, altos cargos de gobiernos autonómicos han marchado en amigable procesión hacia las Cajas, que se convirtieron en la Meca de las financiaciones de obras faraónicas o innecesarias de ciudades, pueblos, aldeas, villas, pedanías, lugares y lugarejos. Y si hizo falta en su momento conseguir apoyos para nombrar Presidente a una persona tan absolutamente carente de experiencia en el mundo financiero como era un buen amigo de José María Aznar llamado Miguel Blesa, pues se pactaba con Izquierda Unida para colocar a José Antonio Moral como vicepresidente. Y a Jaime Terceiro, que venía siendo Presidente de Caja Madrid hasta 1996, se le defenestraba, si bien un Vicepresidente del Gobierno llamado Rodrigo Rato le ofrecía en compensación –sin éxito, eso sí– la presidencia de Iberia.

Se pudre el poder ejecutivo, como segundo poder, cuando las grandes empresas se esmeran en mantener conexión directa con los puntos neurálgicos de las tomas de decisiones gubernamentales. También este verano se ha sabido que Susana Díez ha colocado muy bien en empresas públicas a los Consejeros del Gobierno andaluz que salieron en la última crisis cuando ella perdió las primarias en el PSOE: a uno, como director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, a otra como Presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, a otra como Presidenta de la Corporación Tecnológica de Andalucía. Es el siguiente capítulo del conocido serial Puertas Giratorias. Episodios anteriores son los de los altos cargos del Ministerio de Defensa que, una vez dejaron de serlo, fueron autorizados a ocupar puestos de secretario general o director general en empresas de armas, o en empresas que eran habituales contratistas del Ministerio, y ello a pesar de la incompatibilidad legal. O el de Elena Salgado, pasando de Ministra de Economía con Rodríguez Zapatero a consejera de la compañía eléctrica Chilectra, filial de Endesa. Con un par. O el de Ángel Acebes en Iberdrola o el de Trinidad Jiménez en Telefónica

Pero más allá de las puertas que giran, ahí está el libro de Luis de Guindos relatando con naturalidad, ¡¡como si fuera lo más normal del mundo!!, que Emilio Botín le llamó un día por teléfono para pedirle la cabeza del Gobernador del Banco de España… Y ahí están el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores mirando para otro lado con la salida a Bolsa de Bankia. Y sepa el lector que es la propia CNMV quien ha elaborado el listado de expolíticos que se sientan en empresas del IBEX 35, ¡que solamente son setenta y cinco!, y que casi todas ellas son empresas sometidas a control de los organismos reguladores o son habituales en los contratos públicos.

Se pudre, en fin, el poder judicial cuando, estando en buena medida el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Supremo (y de los cargos más importantes de la Audiencia Nacional o los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia) en manos de los políticos, suceden cosas como la ocurrida en 2012: en el turno de juristas de reconocido prestigio (tradicionalmente reservado a Catedráticos de Universidad de largo recorrido), el Consejo General del Poder Judicial pasó por encima de legendarios profesores de Derecho y nombró Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo a Sebastián Sastre, que había sido durante un cuarto de siglo el jefe de los servicios jurídicos de La Caixa. Y ello poco tiempo antes de que el Alto Tribunal tuviera que deliberar acerca de las participaciones preferentes que a tantas personas han arruinado por engaño de la entidad financiera o, cuando menos, por no saber bien qué estaban comprando. Quedó feo. Había también pendientes de resolver en la Sala muchas cosas en materia de cláusulas abusivas en las hipotecas, cosas que tocan de lleno a las familias y al mismo tiempo, a las cuentas de resultados de los Bancos y las Cajas.

El otro episodio veraniego tiene distinta tipología, aunque no tan distinta. Si Ángel María Villar no hubiera terminado en la cárcel, habría logrado la vida eterna. Pues eterna iba a ser la vida de quien llevaba 29 años en el cargo de Presidente de la Federación Española de Fútbol pero aspiraba al menos a 32. De quien certificó falsamente por escrito que los 1,2 millones de euros aportados por el Consejo Superior de Deportes para apoyar cuatro proyectos educativos en África y en Haití (país devastado en aquella época por un terremoto), habían sido efectivamente destinados a ese fin, cuando lo cierto es que nada se había hecho ni en África ni en Haití. De quien estuvo durante años diciendo que los países pobres tienen también derecho a jugar contra España (tratando de acallar las quejas del seleccionador Vicente del Bosque, que prefería que no fueran tantos los partidos), aunque –según dice la Fiscalía– todo formaba parte de una operativa continuada de apropiación de fondos que acababan en manos de la empresa del hijo de Villar (562.000 fueron los euros cobrados por Sports Advisers por su labor de intermediación entre la Federación y otras Federaciones internacionales). De quien despidió a la secretaria general de la Federación indemnizándola con 300.000 euros para contratarla de nuevo a continuación con el mismo sueldo de 200.000 euros anuales. De quien resolvió los contratos publicitarios con el Grupo Santa Mónica (del amigo Jesús Samper) por incumplimiento de esta empresa, pero que no quiso ejercer la cláusula de penalización de más de 30 millones de euros, con el consiguiente perjuicio a la Federación. De quien prolongó el contrato con Adidas, que vencía en 2018, hasta 2026 por 10 millones de euros, pese a que las renovaciones de estos contratos de patrocinio jamás se convienen para períodos tan largos.

Y sobre todo, y en lo que interesa más al objeto de este post, de quien cuando se aproximaban épocas electorales, lograba con el uso indebido del dinero de la Federación los apoyos incondicionales de determinados dirigentes de las Federaciones territoriales (alguno también ha entrado en prisión) de cara a conseguir su anhelada reelección. Son las cosas que pasan con las Federaciones deportivas, personas jurídicas que, por expresa calificación legal, son entidades asociativas privadas, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica y patrimonio propios, pero que al mismo tiempo ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando como agentes colaboradores de la Administración Pública. O lo que es lo mismo, entidades que se encuentran a caballo entre lo público y lo privado y que con frecuencia toman lo peor de un sector y lo peor del otro.

Pero a todo esto, tampoco se libra la prensa como cuarto poder. ¿Imagina alguien que habría pasado si quien hubiera formado parte de la Asamblea de Caja Madrid en la época de Miguel Blesa y las preferentes no se hubiera llamado Pedro Sánchez sino José María Aznar o José María Michavila o Eduardo Zaplana? Se abrirían muchos telediarios con la noticia durante una semana, y sería portada de periódicos, y habría anuncios colgados en las farolas. Y no harían las televisiones una aclaración elemental a los manifestantes de la calle Génova 13 cuando gritaran preguntando cuánto dinero sacó del cajero un señor del PP. ¿Qué aclaración? Pues muy sencillo: Pedro Sánchez era miembro de la Asamblea, y no del Consejo de Caja Madrid, y por ello, él no usaba tarjeta black. Sirva la pregunta, pues, para encarecer la importancia de la propaganda, y muy especialmente la magnífica propaganda de los Partidos de izquierda y la deplorable y chusca propaganda de los otros. Porque mientras escribimos esto, hemos podido ver la otra noticia del verano: el PSOE ha ganado casi 5 puntos en intención de voto.

Blesa y Villar. Dos excusas veraniegas, en fin, para hablar de cosas más gordas… y para recomendarte, amable lector, que compres el libro de Sansón Carrasco. Y sobre todo, que lo leas. El Lado Oscuro lo ha hecho ya.

 

10 comentarios
  1. Miguel Ángel de Toro
    Miguel Ángel de Toro Dice:

    Gran articulo. Y mo me extraña que escrito bajo seudónimo : No reparte flores precisamente.

  2. Enrique Cobos
    Enrique Cobos Dice:

    Buenos días. Me vienen a la cabeza distintos comentarios sobre el tema, pero lo que me recuerda es la película Año 2001 Una Odisea En El Espacio: ¿Quién desconecta la computadora que se retroalimenta?. Aquí: ¿Quién va a ser el juez de jueces o fiscal de fiscales que haga cumplir la ley estrictamente sin interpretaciones acomodadas a los intereses particulares de una élite que ha constituido un modo de vida y enriquecimiento al que no tenemos opción de hacer que desaparezca y tenemos la obligación de contribuir para su mantenimiento?

  3. Mariano Yzquierdo
    Mariano Yzquierdo Dice:

    Inteligentisima esa pregunta que te haces, Enrique. En sus sátiras, Juvenal se preguntaba ¿quis custodiet ipsos custodes? En efecto, ¿quién vigila a estos vigilantes? Es la inquietante pregunta que está latiendo en el ambiente denunciado en el libro de los editores de este blog. Yo también lo he podido disfrutar este verano y me ha dado bastante asquito.

  4. Vp
    Vp Dice:

    Gracias porque vuestros escritos nos hacen ver la luz que nos ocultan. Os estoy muy agradecida de la información que recibimos a través de vosotros y por eso, reiteradamente, la reenvío.

  5. Juan Mª de Egaña
    Juan Mª de Egaña Dice:

    Uffff, !pero que mal huele¡, ¿es que nadie es capaz de abrir ventanas y que se ventile la habitación?
    Necesitamos a alguien que, sin prisa ni pausa, sin grandes mitines,sin discursitos de estilo venezolano ni portadas de diario a pagina completa se acerque al pomo lo agarre con energía y abra esa ventana que retiene el hedor de los cuatro poderes.
    Todos seremos los beneficiados
    Gracias por el post, espero que mueva algún sillón.
    La pena es que tenga que ser bajo seudónimo para publicarlo.

  6. Consejo de Justicia
    Consejo de Justicia Dice:

    No se engañen. La independencia judicial no es cuestión de tal o cual persona que se comporta mal en un caso determinado. Es estructural: o se asegura institucionalmente de un solo golpe y para siempre, o sencillamente no la hay. La Constitución de 1978 no lo hizo. Si casos como el segundo que relata pueden tener lugar, no hay independencia judicial. De nada vale clamar al cielo y hacer grandes alharacas (virtue signalling, sucedáneo aguado de la religión preterida).

    Todo lo relacionado con el mal llamado «poder judicial» (recte: subfunción judicial ucasiana; sicariato judicial, si se prefiere) se arreglaría instituyendo un Consejo de Justicia no designado por partido ninguno ni por sufragio del poble analfabeto en materia jurídica, sino por todos los que participan en y colaboran con este pretendido poder: jueces, fiscales, funcionarios de lo que hoy es el Ministerio de Justicia (cuya mera existencia imposibilita la independencia judicial), abogados, procuradores (suponiendo que no deban suprimirse… que lo deben), peritos forenses, etc. Estaría ello acorde con el carácter técnico de nuestro Derecho continental (recogido en Códigos de leyes manejables sólo por expertos) y evitaría el corporativismo que supondría entregárselo a los jueces (pues con tal modelo es claro que los intereses de todas estas muy distintas profesiones no coinciden, no forman un corpus o gremio). A ello habría de seguir la creación de un verdadero cuerpo de Policía judicial, que no depende con mero carácter funcional de los jueces y orgánicamente (vitalmente, al ser lo relevante para la suerte de su carrera profesional) del Ministerio de Justicia.

    Hasta que esto no este instituido, no se atrevan a sorprenderse echándole la culpa a no se sabe qué fantasmagórico ismo floridamente adjetivado. No jueguen a fingirse doncellas ofendidas («¡Oh, será posible, nuestro Estado de Derecho está en peligro!»). Afirmen enérgicamente de una vez: nuestra amada Constitución no establece poder judicial alguno. Su novia es puta, ya lo siento. Existen, sí, multitud de jueces de base que son la causa de que a veces parezca que la Administración de Justicia funciona; pero del presidente de la Audiencia Provincial a del Tribunal Supremo (también ese engendro bobalicón y tartamudo llamado «Tribunal Constitucional»), son todos comisarios políticos del único poder existente en España, el que detentan de consuno (¿en consenso?) todos los partícipes, nuestros codueños. O cuádrense ante ellos haciendo cómo que no les gusta lo que hacen, yo qué sé.

    Fin de la cita.

  7. Alfonso Bardaji
    Alfonso Bardaji Dice:

    Gran articulo!!!
    Solo un comentario, en el caso de la Federación de Fútbol, igual que en la Junta de Andalucía, cuando alguien se perpetúa en el cargo “sine die@, se acaba creyendo el “dueño del cortijo@. O no Señor Pujol???

  8. Laura
    Laura Dice:

    Hay una cosa que encuentro realmente triste: tener que utilizar la Oscuridad de un seudónimo para sacar a la luz verdades que nos alumbran a todos.
    ¿Cuándo seremos libres para poder decir lo que sentimos sin temer las consecuencias que tal vez (o mejor dicho, seguramente) habremos de padecer?
    Aunque sea medio a escondidas… BRAVO AL LADO OSCURO

  9. cristina Canals
    cristina Canals Dice:

    Como ciudadana de a pie, siempre me ha parecido que las leyes no protegían tanto a los ciudadanos en general como a quienes las promulgaban. Y por más que quisiera convencerme de que eso no era posible, porque no entraba en mi idea de lo que la justicia (poder judicial) debía ser….no lo conseguía. Me confirmáis ahora todos que si algo huele mal, parafraseando a Juan de Egaña, es que realmente algo hay podrido, por más que nos cueste admitirlo o encontrarlo. Cómo se consigue que los que manejan el cotarro en su provecho dejen sitio a quienes podrían hacerlo en provecho de toda la población?? Quién le pone el cascabel al gato?
    Gracias Lado Oscuro por aclararme las cosas de forma sencilla. Efectivamente, no regalas flores. Y hay que salvaguardar las espaldas propias

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