El Estado de Derecho amenazado en Cataluña: La ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república

Ante el ataque frontal a nuestro Estado de Derecho que supone la inminente aprobación por el Parlament de Catalunya de la denominada “Ley de desconexión “ (el nombre completo es  “Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la  república”) cuyo texto se puede consultar aquí   algunos lectores se han dirigido a nosotros para pedirnos un post de los editores.

Lo cierto es que nuestro blog desde sus inicios en diciembre de 2010 y después nuestra Fundación han nacido precisamente para defender a la ciudadanía de los ataques al Estado de Derecho. Y fundamentalmente de los ataques por parte de quienes deberían ser sus primeros garantes: las instituciones y los gobernantes. Por supuesto que también nos preocupan los ataques al Estado de Derecho por parte de personas físicas y de empresas; pero los más graves suelen ser los que se realizan desde el Poder, especialmente cuando se invocan grandes principios o ideas que supuestamente dan una coartada a los gobernantes para cometerlos. A lo largo de estos años nuestros lectores han podido comprobar que no hemos cejado en nuestro empeño de denunciar los abusos del Poder, lo ejerza quien lo ejerza y se invoquen los fines que se invoquen. Porque en Derecho, como en la vida, creemos que el fin nunca justifica los medios y que los objetivos por legítimos que sean nunca se pueden perseguir sin respetar las reglas del juego. Que no son otras que las reglas del Estado democrático de Derecho.

Nosotros, como nuestros conciudadanos, no sabemos lo que va a suceder en los próximos días. Pero lo que sí sabemos es que toca defender nuestro Derecho. Ya decía el jurista alemán Ihering que la piedra de toque para juzgar a un pueblo es su reacción frente a una vulneración de su derecho. A lo largo de estos años hemos visto muchas vulneraciones y hemos intentado alertar y concienciar a la ciudadanía sobre su existencia; hemos escrito innumerables artículos y dos libros para que los no especialistas entiendan que nadie está a salvo cuando el Estado de Derecho se desmorona.

Al Poder (a quienes lo detentan) nunca le gustan los límites y siempre intentará reducirlos o controlarlos; por eso necesitamos reglas que nos defiendan. No siempre es fácil explicar por qué la separación de Poderes o la existencia de una Administración neutral son tan importantes, o por qué la libertad de expresión hay que defenderla sobre todo cuando lo que se expresa nos molesta o no nos gusta, o por qué la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales en una democracia, o por qué las instituciones no pueden estar al servicio de unos pocos sino al servicio de los intereses generales. Es una tarea ingente, porque no son conceptos sencillos y porque no se enseñan en los colegios o en las universidades. Pero son cruciales si queremos seguir viviendo en un Estado democrático de Derecho.

Quizás la diferencia de lo que está sucediendo en Cataluña con respecto a tantos y tantos casos que hemos comentado y denunciado en nuestro blog y en nuestros dos libros es que por primera vez se hace explícito el desprecio al Estado de Derecho (y consiguientemente a la democracia), dado que se subordina a la construcción nacional. Se denomina ley a un instrumento normativo que vulnera frontalmente las reglas materiales y formales de elaboración de las leyes, empezando por principios básicos como la transparencia, la jerarquía normativa, el respeto a las minorías o el pluralismo político. Se recogen artículos de contenido imposible, a sabiendas de que lo tienen. Por eso no vamos a analizar desde un punto de vista técnico este texto; sencillamente creemos que no lo merece.

Por otro lado, tampoco estamos ante un caso aislado; lamentablemente proliferan los ejemplos de las llamadas “democracias iliberales” (eufemismo para referirse a democracias que se van vaciando desde dentro hasta para convertirse en autocracias) incluso dentro de la Unión Europea. Países como Polonia o Hungría –por no hablar de Turquía- están demostrando que el modelo de pervertir y vaciar un Estado de Derecho desde los propios Gobiernos elegidos en unas elecciones libres está a la orden del día. Es inevitable que venga a la mente el recuerdo de las últimas elecciones democráticas de la República de Weimar, que ganó el partido nazi,  aunque no con mayoría absoluta y perdiendo escaños respecto a las  elecciones anteriores.  Cuando alcanzaron el poder, se ocuparon de desarticular todos los mecanismos democráticos.

Pues bien, nuestro blog y nuestra Fundación han nacido precisamente para denunciar este tipo de engaños. No hay democracia posible sin Estado de Derecho. Desde este blog, con independencia de las ideologías y de la postura personal de cada uno de nuestros editores y colaboradores siempre se defenderán las reglas del juego que nos protegen a todos del Poder, de la arbitrariedad y de la fuerza. No podemos permitirnos retroceder ni un paso.

Por eso es hoy preciso hacer un llamamiento a detener este ataque anunciado. Los poderes públicos legítimos no pueden seguir haciendo como si no pasara nada, ni seguir  delegando en el Tribunal Constitucional y en los órganos judiciales toda la responsabilidad de hacer frente al descomunal desafío, como si los demás agentes, empezando por nuestros representantes políticos, no estuvieran involucrados. Existen instrumentos de protección y restablecimiento de la legalidad, y su utilización en un caso como éste no es una opción, sino una obligación por darse los presupuestos legalmente previstos. El Parlamento debe también hacerse consciente de la realidad y dar ya algún tipo de respuesta. Y los partidos que creen en nuestro Estado de Derecho deben reunirse, ganar las complicidades necesarias, y proyectar una imagen de unidad en apoyo a las respuestas que inevitablemente van a ser necesarias.

La lenidad en la sanción del incumplimiento de la norma, aparte del daño generado por el mismo incumplimiento, lleva inherente en este caso unos efectos colaterales muy graves: por un lado, el sentimiento de abandono de un gran número de españoles no nacionalistas que pueden sentir la tentación  de plegarse a la presión de quien demuestra ser capaz de cumplir sus amenazas; por otro, el desafío no afrontado sitúa para el futuro el marco de las reivindicaciones mucho más allá del tradicional tira y afloja económico, político e identitario y anima a las élites de otras Comunidades Autónomas a seguir un camino que, aunque a medio plazo quizá les pase factura, a corto les ha permitido conservar el poder y recibir cuantiosas dotaciones económicas. Quizá, precisamente, la aplicación oportuna del artículo 155 de la Constitución, aunque quizá hubiera generado ese victimismo que tanto se teme, también habría marcado claramente los límites, como si de un niño malcriado se tratara, a los gobernantes díscolos catalanes pero también a los posibles aventureros de diferentes Comunidades que de otra manera pudieran pensar razonablemente que todo el monte es orégano.

Frente a ello, gran parte de la ciudadanía, la más consciente, contempla con cierto estupor la pasividad de nuestras instituciones y fuerzas políticas ante el autogolpe anunciado por la Generalitat para convertir a Cataluña en una República independiente. Ha visto, como preludio, las humillaciones sufridas por nuestros símbolos constitucionales y por la Jefatura del Estado incluso en los momentos menos propicios, como en la manifestación de Barcelona que se pretendía de unidad en la repulsa de los atentados. Recuerda con preocupación cómo la consulta, también ilegal, de 2014 acabó celebrándose pese a que previamente Rajoy había asegurado que no se celebraría. Lo mismo sucede ahora: desde el mismo dontancredismo el Presidente del Gobierno prefiere no ver, no oír y no saber.

Efectivamente, parece que presidente Rajoy ha decidido jugar la peor estrategia de todas, la que mejor casa con su carácter: buscar que se pudra el asunto por si solo, eludiendo una reacción firme del Estado que pueda generar un victimismo populista y terminar así provocando una incrementada mayoría independentista en unas probables elecciones autonómicas. Pero todo eso, además, sin poner nada nuevo sobre el tablero político que ayude a desactivar la situación. Se trata de una estrategia suicida llamada a provocar una crisis constitucional sin precedentes a corto, a medio y a largo plazo.

Como hemos reiteradamente defendido en este blog es necesario unir, a la firmeza jurídica para hoy, una respuesta política para mañana. Y ésta solo puede consistir en una oferta de reforma constitucional que incorpore una solución a la canadiense (en su espíritu, porque no puede ser idéntica): solicitud de referendum por un parlamento autonómico por mayoría cualificada, mayoría reforzada en la votación popular, posibilidad de permanencia para las comarcas o provincias donde esa mayoría no se obtenga, imposibilidad de repetir el referéndum en un plazo prolongado, etc. No solo es una solución en si misma razonable, sino que además es la única posible para desactivar el problema a medio plazo. Es razonable porque, nos guste o no, cuando una mayoría parlamentaria en una Comunidad Autónoma apoya directamente la independencia, y una gran mayoría parlamentaria el referendum de manera persistente, no encauzar jurídicamente ese anhelo, por muy equivocado y populista que nos parezca, presenta a la larga muchos más inconvenientes que ventajas para la salud de nuestra democracia. Pero es que, además, es la única solución para desactivar la hinchazón populista-independentista que padecemos, hasta tal punto que su principal enemigo serían los líderes políticos independentistas que se están beneficiando del mismo con la finalidad de ocultar sus terribles carencias, cuando no sus graves corruptelas. Saben perfectamente que sin fiebre victimista no habrá independencia. Y, además, que serán desalojados del poder.

Rajoy no tiene ni la capacidad ni el liderazgo para atreverse a algo así y sacarlo adelante. Pero es su legítima opción y por eso la respetamos. Pero lo que no es en absoluto su opción es activar o no todos los recursos del Estado (incluido el art. 155 CE) para parar el autogolpe, según la conveniencia político-electoral del momento. No ofrecer la reforma constitucional es un error político, pero no actuar con firmeza contra este ataque a la Constitución pone al borde del precipicio al Estado de Derecho y a la democracia en nuestro país. Algo que, sinceramente, no entra dentro de sus facultades discrecionales. Está obligado a actuar, y si considera que esa reacción firme puede ser contraproducente desde el punto de vista electoral, que piense una propuesta política mejor que la que le proponemos para acompañarla. Para eso se le paga.

Pero ahora mismo, ante la amenaza inminente, lo que necesitamos con urgencia son gestos de autoridad que nos permitan tener esperanza en la prevalencia del Estado de Derecho, no solo por parte del Gobierno, sino de todos los actores políticos, empezando por los más importantes: los ciudadanos. Efectivamente, conforme a lo que Ihering nos enseñó, aquí y ahora el problema es de tal magnitud que no incumbe sólo a los responsables políticos. De toda la sociedad española ha de partir una exigencia de respeto y protección a nuestro Estado de Derecho como fundamento de nuestra subsistencia como nación. Es preciso que dentro y fuera de Cataluña la mayoría haga oír su oposición a comulgar con semejantes ruedas de molino, con la imposición a las bravas de una secesión liberticida y empobrecedora con un apoyo social minoritario, aunque ruidoso y extremista. Los liderazgos sociales en este caso son tan necesarios como los políticos. Y a todos nos concierne evitar que, frente a un plan golpista minuciosamente explicado, sólo se escuche ese silencio de los corderos que precede a los hechos consumados.