LexNet y el caos de la Justicia

A estas alturas la gran mayoría de los lectores conocerá, aunque sea por las quejas de algún conocido que sea profesional de la Justicia, que LexNet está siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza del Ministerio que encabeza el señor Catalá. La razón no es otra que los continuos fallos que están produciéndose en la plataforma desde hace varios meses. El último, sin ir más lejos, el pasado 1 de septiembre, en plena “rentrée” del nuevo curso judicial.

Para quién no esté familiarizado con LexNet, recordaremos que se trata de una herramienta de intercambio de información (demandas, escritos de cualquier clase, resoluciones judiciales, etc.) entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos (entre otros, órganos judiciales, abogados y procuradores). A la vista del contenido de la herramienta y de los operadores que participan de su uso, no es difícil intuir la enorme importancia de la seguridad y el extremo cuidado con que deben ser tratados los datos residenciados en la plataforma.

El problema es que, desde que comenzó a andar la plataforma, los problemas se han sucedido de manera ininterrumpida, como ya se denunció oportunamente en este blog. El más frecuente ha sido la imposibilidad de acceder durante un tiempo a LexNet por errores del sistema, ocasionando, entre otros, la imposibilidad de poder presentar escritos o acceder a las notificaciones del Juzgado, con las nefastas consecuencias que tales situaciones tienen en un mundo en el que los plazos son tremendamente importantes. Y ello por no hablar del enorme tiempo de espera que uno ha de soportar en innumerables ocasiones para acceder a la aplicación o de que, cuando los archivos superan un determinado tamaño, es necesario ir al Juzgado a presentarlos a la vieja usanza, físicamente.

Pero el fallo más grave fue quizás el ocurrido a finales del pasado julio cuando, de resultas del enésimo error de la plataforma, todos los expedientes quedaron abiertos a cualquier usuario, independientemente de que fuera parte o no del mismo. Ello supone que cualquier autorizado a entrar en LexNet podía acceder a la información de cualquier caso, lo cual es gravísimo, porque dejaba al albur de la conciencia individual de los profesionales el acceso a datos confidenciales y protegidos por la Ley de Protección de Datos. Y todavía es más grave que no se sepa desde cuándo exactamente se podía acceder a todos los expedientes, ni qué se ha hecho con ellos. No se trata ya de los plazos o del inconveniente de no poder presentar un recurso y tener que presentarlo al día siguiente -fuera de plazo, recabando la pertinente certificación de que el retraso tenía causa justificada-, sino de la inseguridad y el sentimiento de caos que se han ocasionado como consecuencia del fallo de seguridad, impropio de un país desarrollado.

Por si estos problemas no fueran de suficiente trascendencia como para ocasionarnos asombro, es preciso traer a colación un dato más: el Ministerio de Justicia era conocedor de trece “cuestiones relevantes” que afectaban directamente a la implementación de LexNet, así como del modo en que debía resolverlas, desde hace más de un año. En concreto, el 29 de abril de 2016 el Ministerio recibió un dossier de la Subdirección de General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, denominado “Plan de mejora de LexNet” (pueden consultar el contenido íntegro del mismo aquí), que prueba que el Ministerio era plenamente consciente entonces de que LexNet aún adolecía de serias imperfecciones. En dicho informe, se hace especial hincapié en algunos de los elementos con mayor potencial para comprometer la totalidad del sistema (que, como hemos podido comprobar, iban a tener importantes consecuencias), a saber: lentitud, pérdida de información, imposibilidad de presentar escritos, parada técnicas, falta de sincronización, etc.

A la vista de lo anterior, cabe plantearse no tanto si fue una buena idea la implementación de LexNet, sino si estábamos verdaderamente preparados para la misma, o fue más bien un ejemplo más del “quiero y no puedo”. Nadie duda de la falta de medios materiales de las diferentes Administraciones, y, especialmente la de Justicia, pero, si no existía una voluntad política decidida de dotar por fin a la Administración de Justicia de los medios presupuestarios necesarios, ¿por qué se decidió entonces implantar esta plataforma?

Otra de las cosas que definitivamente completan la ya de por sí kafkiana situación en la que nos encontramos es que hay varias Comunidades Autónomas que no han implementado LexNet, sino otras plataformas. Así, en Navarra existe Avantius, en Cataluña Justicia.cat, en Cantabria Vereda y en País Vasco JustiziaSip y, para completar el puzzle, en la Comunidad Valenciana aún no se pueden presentar escritos electrónicamente. Por lo que, como ven, ni la Justicia se libra de los males derivados del tantas veces denunciado Reino de Taifas.

Por otro lado, el deseado objetivo del papel cero en la Justicia no se está acabando de conseguir; más bien al contrario: en muchas ocasiones, lo único que se ha conseguido es trasladar a la propia Administración el coste de impresión de los documentos de los diferentes expedientes, del cual antes se encargaban las partes. De hecho, es frecuente leer noticias que se hacen eco del incremento de gastos en papel y tóner que está soportando el erario público desde la implantación de LexNet. Y no solo se trata de la “manía” de algunos jueces de imprimirlo todo, sino que, en muchas ocasiones, es la limitación de medios de que sufre la propia Administración la que provocan que no les quede otro remedio que imprimirlos, tal y como narra Roberto Esteban, el juez decano de Zaragoza.

Sin lugar a dudas, y en primer lugar, la situación ha de resolverse de manera rápida por parte de Ministerio de Justicia, pues no es de recibo que cualquier ciudadano o empresa que se encuentre involucrado en un procedimiento judicial deba estar continuamente temiendo por la privacidad de sus datos, por no hablar de otros problemas como los continuos inconvenientes que ocasiona el no poder acceder a la plataforma durante horas, o el incremento del gasto público que ha generado la informatización de la Justicia.

Ya pensando en el medio y largo plazo, creemos que los próximos Presupuestos Generales del Estado deberían contener, por fin, un claro compromiso con la modernización de la Administración de Justicia y, a estos efectos, un plan realista y detallado para llevar ésta a cabo. No hay que obviar que el modo en que funciona la Administración de Justicia es un reflejo de cómo funciona la Justicia misma de nuestro país, que es uno de los pilares del Estado de Derecho, por lo que es preciso afrontar este problema con la seriedad que requiere.

En tercer lugar, tampoco sería capricho nuestro exigir una mayor transparencia por parte del Ministerio en lo que al uso de esta plataforma se refiere. En la mayoría de las ocasiones, suele ser más recomendable reconocer antes un error que tratar de mirar para otro sitio y culpar a otro, ya sean los hackers, los abogados inmorales o el sunsucorda.

Por último, y en relación con lo anterior, consideramos necesario recalcar que, por el momento y pese a la evidente gravedad de lo sucedido, nadie en el Ministerio de Justicia ha asumido ningún tipo de responsabilidad. Tras el mencionado incidente de finales de julio, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios en el Congreso (socialista, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana y mixto) solicitó la comparecencia urgente del Ministro en la Comisión de Justicia a efectos de explicar las causas y consecuencias de este desastre. Lo curioso es que, pese a la polémica generada, el Ministro decidió registrar también una solicitud de comparecencia, a instancia propia, para explicar el asunto, como restándole importancia al mismo.

Y es que, en efecto, la respuesta del Ministro no fue otra que la de escurrir el bulto, limitándose a hablar de las bondades de la plataforma y llamando la atención sobre el hecho de que únicamente medio centenar de profesionales habrían hecho un uso irregular de la plataforma durante el tiempo en que se produjo el fallo. Pese a que estamos en este país acostumbrados a que no haya dimisiones, lo cierto es que un hecho tan grave como el sucedido el pasado julio exigía una respuesta política a la altura de los acontecimientos. El Ministerio no sólo ha sido responsable de innumerables errores, sino que, además, nos los ha ocultado y, por si fuera poco, descubiertos los anteriores, no se ha dignado a asumir responsabilidad alguna. Muy ejemplar, ¿verdad?

No, no es ésta la modernización que queremos. No es ésta la Administración de Justicia que queremos. Y tampoco son éstos los responsables públicos que queremos. Otra evidencia más de que la (des)inversión en Justicia no da votos. Si los ciudadanos fueran conscientes de su importancia…

Últimos días para presentar ideas para desarrollos tecnológicos al concurso JustiApps-#HackTheJustice

MADRID – 05/09/2017.- El pasado 1 de julio se abrió el plazo para presentar ideas al Concurso #HackTheJustice. Durante todo el verano, se han ido recibiendo ideas de ciudadanos de España y Latino América. Las ideas premiadas se transformarán en aplicaciones informáticas durante el hackathon que tendrá lugar durante el mes de noviembre. A través de este concurso se desea fomentar la participación ciudadana en la mejora de la Justicia a través de soluciones tecnológicas. Quienes deseen participar pueden presentar sus ideas hasta el día 30 de septiembre. En esta edición se ha organizado además un concurso dirigido al ámbito universitario que permite participar a dos estudiantes y un profesor presentar ideas en equipo.

Las ideas propuestas deben pertenecer a alguna de estas categorías: justicia inclusiva, accesibilidad y comprensión de las normas, mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia, herramientas de apoyo al trabajo de los juristas, ciberseguridad, resolución de conflictos, protección de datos, lucha contra la violencia de género, seguridad jurídica en el e-commerce.

Aparte de los premios en especie, los concursantes podrán aspirar a participar en el hackathon #HackTheJustice.

Para participar, hay que leer detenidamente las bases del concurso, aceptarlas y rellenar antes del 30 de septiembre el formulario incluido en la página web del Instituto de Innovación Legal: http://institutodeinnovacionlegal.com/justiapps2017/concurso-de-ideas/.

Los criterios para la votación serán la originalidad de la idea, la importancia del problema que resuelve, las posibilidades de éxito del desarrollo tecnológico, etc. El jurado que elegirá las mejores ideas, estará compuesto por expertos en los distintos campos mencionados y patrocinadores.

Además se ha abierto ya el plazo para formar parte de uno de los equipos del Hackathon (acceder al formulario para inscribirse aquí).

Justiapps #HackTheJustice es un programa de actividades impulsado por el Instituto de Innovación Legal y dirigido a promocionar el emprendimiento legaltech, crear un ecosistema donde convivan la tecnología y el Derecho e involucrar a la ciudadanía en el fortalecimiento del Estado de Derecho y en la construcción de una mejor Justicia. Se compone de una serie de eventos y trabajos como los debates Innotech; un encuentro sobre Justicia y Datos abiertos; los concursos de ideas a la ciudadanía y el universitario; el hackathon, y la incubación de los proyectos de Legaltech resultantes.

Patrocinan el programa Justiapps #HackTheJustice, el Ministerio de Justicia, Thomson Reuters, Everis, Amazon, Ilunion, KPMG Abogados, Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, tuAppbogado, Docxpresso y BBVA, y lo apoyan varias instituciones como Novagob, Fide, ICAM y el Centro Universitario Villanueva.

Para más información consultar: www.institutodeinnovacionlegal.com/justiapps2017/

Últimos días para presentar ideas para desarrollos tecnológicos al concurso JustiApps-#HackTheJustice

MADRID – 05/09/2017.- El pasado 1 de julio se abrió el plazo para presentar ideas al Concurso #HackTheJustice. Durante todo el verano, se han ido recibiendo ideas de ciudadanos de España y Latino América. Las ideas premiadas se transformarán en aplicaciones informáticas durante el hackathon que tendrá lugar durante el mes de noviembre. A través de este concurso se desea fomentar la participación ciudadana en la mejora de la Justicia a través de soluciones tecnológicas. Quienes deseen participar pueden presentar sus ideas hasta el día 30 de septiembre. En esta edición se ha organizado además un concurso dirigido al ámbito universitario que permite participar a dos estudiantes y un profesor presentar ideas en equipo.

Las ideas propuestas deben pertenecer a alguna de estas categorías: justicia inclusiva, accesibilidad y comprensión de las normas, mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia, herramientas de apoyo al trabajo de los juristas, ciberseguridad, resolución de conflictos, protección de datos, lucha contra la violencia de género, seguridad jurídica en el e-commerce.

Aparte de los premios en especie, los concursantes podrán aspirar a participar en el hackathon #HackTheJustice.

Para participar, hay que leer detenidamente las bases del concurso, aceptarlas y rellenar antes del 30 de septiembre el formulario incluido en la página web del Instituto de Innovación Legal: http://institutodeinnovacionlegal.com/justiapps2017/concurso-de-ideas/.

Los criterios para la votación serán la originalidad de la idea, la importancia del problema que resuelve, las posibilidades de éxito del desarrollo tecnológico, etc. El jurado que elegirá las mejores ideas, estará compuesto por expertos en los distintos campos mencionados y patrocinadores.

Además se ha abierto ya el plazo para formar parte de uno de los equipos del Hackathon (acceder al formulario para inscribirse aquí).

Justiapps #HackTheJustice es un programa de actividades impulsado por el Instituto de Innovación Legal y dirigido a promocionar el emprendimiento legaltech, crear un ecosistema donde convivan la tecnología y el Derecho e involucrar a la ciudadanía en el fortalecimiento del Estado de Derecho y en la construcción de una mejor Justicia. Se compone de una serie de eventos y trabajos como los debates Innotech; un encuentro sobre Justicia y Datos abiertos; los concursos de ideas a la ciudadanía y el universitario; el hackathon, y la incubación de los proyectos de Legaltech resultantes.

Patrocinan el programa Justiapps #HackTheJustice, el Ministerio de Justicia, Thomson Reuters, Everis, Amazon, Ilunion, KPMG Abogados, Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, tuAppbogado, Docxpresso y BBVA, y lo apoyan varias instituciones como Novagob, Fide, ICAM y el Centro Universitario Villanueva.

Para más información consultar: www.institutodeinnovacionlegal.com/justiapps2017/

La venta centralizada de derechos de televisión: ¿un caso de éxito para aplicar a otros ámbitos?

Me atrevo a escribir esta entrada principalmente por dos razones. En primer lugar, porque me siento intelectualmente obligado a modificar unas conclusiones publicadas por mí en este blog. En segundo lugar, porque creo que el éxito de la comercialización y reparto centralizados de los derechos de televisión puede servir de reflexión y ejemplo para otras políticas necesarias en otros ámbitos.

El 9 de junio de 2015 publiqué en este blog “El nuevo reparto de los derechos televisivos. Una decepción” tras la aprobación del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, “de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional”.

Tras señalar algunas ventajas del nuevo sistema, expresé que el principal inconveniente era el de la consolidación de la desigualdad. Real Madrid y Barcelona no perdían ni un euro y los auténticamente beneficiados eran los otros “equipos grandes”. Y es cierto que se ha configurado un grupo de siete grandes. Pero creo que todos han salido ganando y, sobre todo, los más pequeños. A ver si soy capaz de explicarlo.

Reconozco que estoy ahora escribiendo bajo la influencia del estupendo libro de Víctor Lapuente “El retorno de los chamanes”, que ya fue recomendado aquí por Rodrigo Tena el 31 de octubre de 2015 y que me sirve para desarrollar los argumentos de esta nueva entrada.

La tesis central del libro, según explica el propio autor en el primer capítulo, es que existen dos grandes retóricas políticas: la del chamán y la de la exploradora. La retórica del chamán se basa en la indignación, en soñar con lo imposible, en las grandes expectativas de cambio. La retórica de la exploradora se basa en la solidaridad, en el consenso, en soñar con lo posible, en las pequeñas expectativas, en la política incrementalista. La retórica del chaman divide a las sociedades y paraliza el progreso, es más cerrada e intolerante. La de la exploradora une a las comunidades políticas y estimula los avances, consiste en comparar la política actual con alternativas factibles. En definitiva, un libro que encaja perfectamente en el espíritu de este blog.

Leyendo el libro he pensado que la venta centralizada de los derechos de televisión ha constituido un éxito y que se puede poner como ejemplo de política incrementalista. Se ha reformado un sistema respetando “los privilegios de los poderosos” pero beneficiando a todos, sobre todo a “los más débiles”.

Los primero que llama la atención sobre la nueva situación es el enorme incremento en solo dos años del tamaño de la “tarta” a repartir (la típica cuestión económica y política de si centrarnos más en repartir la “tarta” o en aumentar su tamaño). De unos ingresos totales de 785,6 millones de euros antes del Real Decreto (784,6 millones de euros la temporada anterior, es decir, cierto estancamiento), pasamos a 1.270,7 millones presupuestados para la temporada 2016-17, el primer año de venta centralizada (la temporada 2015-16 se puede considerar de transición). Un 62% más.

Si entramos en detalles, vemos como este incremento del 62% no es igual para todos los equipos. Así, mientras el primer equipo crece solo un 7% (los dos primeros partían de una situación de privilegio sin parangón en el resto de las principales ligas europeas) el último equipo crece un 158%, pasando de 15,3 millones a casi 40 millones de euros. Es decir, actualmente el equipo que menos recibe ya ingresa 40 millones por televisión. Ya puede competir un poco mejor con el resto de equipos. Por sí mismo, con 40-50 millones de euros de presupuesto ya es una gran empresa de tamaño considerable.

Insistiendo algo más en los aspectos positivos:

  1. Vemos como con el anterior sistema el primer equipo recibía más de 10 veces lo que el último, en el primer año del nuevo sistema la relación baja hasta 4,4; el Real Decreto-ley establece que “esa diferencia entre quien ingrese más y menos irá disminuyendo progresivamente hasta un máximo de 3,5 veces, que se alcanzaría con un ingreso igual o superior a mil quinientos millones de euros”.
  2. Real Madrid y Barcelona acaparaban conjuntamente el 41% de los ingresos hasta la temporada 2014-15, en la 2016-17 el porcentaje baja hasta el 27%.

Los dos equipos grandes tenían asegurados sus ingresos con el nuevo reparto, lo que no dejaba de ser una imposición bastante injusta considerando la extrema desigualdad en el momento de negociar, pero el resultado final ha resultado beneficioso para todos.

Creo que la experiencia de la venta centralizada de los derechos de televisión impuesta por ley, no lo olvidemos, ha resultado positiva para todos y se ha podido llevar a la práctica gracias a un diseño que garantizaba el poder de los grandes, con lo cual no hubo boicot y pudo ser aceptado por ellos.

Ahora, solo dos años después, con la mejor posición de todos, se puede pensar en la mejora del sistema.  La relación de fuerzas parece haber cambiado. Los pequeños ya no son tan “pequeños” como para tener que aceptar indefinidamente unos criterios de reparto manifiestamente mejorables.

Según el último Informe Económico Financiero del La Liga, el impacto económico del futbol profesional en España equivale a un 0,8% del PIB, generando empleo (directo e indirecto) para más de 82.000 personas. La asistencia a los estadios durante la temporada 2015-16 ascendió a 14 millones de espectadores.

En relación a esta importancia económica y social del futbol, entiendo que es procedente hacer referencia a otro éxito de La Liga: las normas para la elaboración de presupuestos, con el consiguiente control de ingresos y gastos y el establecimiento de topes salariales que garanticen el equilibrio presupuestario.

Podríamos profundizar en los beneficios de este control a nivel “macroeconómico”. Por  ejemplo, evitando crisis “sistémicas” de sobreendeudamiento como consecuencia del descontrol en los gastos, es decir, la situación de hace unos años. O el riesgo moral de que los todos los ciudadanos tengan que asumir la quitas ante Hacienda o Seguridad Social de clubs en concurso de acreedores por su mala gestión. O sociedades anónimas deportivas generosamente financiadas por cajas rescatadas por el Estado. Etc. Pero prefiero quedarme en un nivel “microeconómico”, con la tranquilidad que deben tener los aficionados (otra vez la parte más débil) de que sus equipos podrán estar mejor o peor deportivamente, pero ya no en peligro de desaparición gracias a los mayores ingresos y al tope salarial.

Ojalá alguien fuera capaz de imponer controles efectivos y disciplina real a las administraciones públicas españolas, que siguen con sus déficits incontrolados (digan lo que digan) y una deuda tan enorme que nos ha condenado a todos a vivir pagando intereses (y no mejorando los servicios públicos e infraestructuras) durante el resto de nuestras vidas, como ya expusimos aquí José María López y yo el 8 de julio de 2014 en La deuda pública española: Saturno devora a sus hijos”.

En resumen, por todo esto me he atrevido a escribir este artículo, se pueden hacer grandes reformas que beneficien a todos sin necesidad de revoluciones que, siempre, generan bandos de vencedores y vencidos difícilmente reconciliables. Pero para ello hace falta imaginación y voluntad. La utilidad de la retórica de la exploradora frente a la frustrante retórica del chamán. Utilizar el BOE en caso necesario para resolver inteligentemente los problemas, no para perpetuar privilegios.