El dilema de los funcionarios públicos ante la secesión

En estos días aciagos, inquietos y conmovidos por los convulsos acontecimientos acaecidos el miércoles y jueves pasado en el Parlament de Cataluña, uno de los aspectos particularmente dignos de mención ha sido el comportamiento de los Letrados del Parlament y de su Secretario general, todos ellos funcionarios de carrera, a la hora de no amparar las conductas contrarias al Reglamento de la Cámara promovidas por la Presidenta y la raquítica mayoría parlamentaria secesionista, manifiestamente contrarias a Derecho. El Presidente del Gobierno de la Nación -consciente de la importancia de su papel – se ha referido a ellos de manera expresa y elogiosa en su discurso del 7 de septiembre y ha afirmado que la Administración del Estado respaldará siempre a los funcionarios públicos.

 

En situaciones extraordinarias como esta, se confirma el fundamental rol de una función pública profesional e independiente -tan denostada y maltratada a veces- como un firme baluarte del Estado de Derecho que ayuda a preservar la seguridad jurídica como un auténtico elemento de una democracia moderna y consolidada.

 

Sin embargo, no debe olvidarse que detrás de una institución como la función pública, lo que hay son personas con sus diversas virtudes y defectos, fortalezas y debilidades, sus intereses y convicciones.

 

El reto soberanista promovido desde las más altas instituciones catalanas -Generalitat y Parlament- traicionando las competencias y atribuciones conferidas por la Constitución y las leyes que las han creado y rigen su funcionamiento, tiene una dimensión práctica que afecta de manera directa a los empleados públicos que prestan servicios en las distintas administraciones públicas radicadas en el territorio de Cataluña. En primera instancia, a aquellos que prestan servicios en las administraciones inmediatamente relacionadas con la realización del referéndum convocado para el 1 de octubre y, por supuesto, las que tienen encomendada la función de salvaguardia del orden público y administración de justicia; pero en segundo término, y por virtud de la recientemente aprobada Ley de desconexión, también al resto de los empleados públicos. En particular afecta a quienes tengan la condición de funcionarios, pues son éstos los que tienen atribuidas las funciones “que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas” (art. 9 EBEP).

 

Las decisiones (o su ausencia), de los dirigentes políticos responsables de haber llegado a esta situación, han supuesto que todo empleado público que preste servicio en Cataluña se vaya a enfrentar en breve a un grave dilema que, cualquiera que sea la decisión que adopte va a afectar de manera muy relevante a su futuro personal y profesional.

 

Este dilema, en última instancia, consiste en decidir si traiciona o no el juramento o promesa que en su día prestó de cumplir y hacer cumplir la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico vigente.

 

A diferencia de otro tipo de prestaciones personales obligatorias, como el antiguo servicio militar, la decisión de ingresar en una Administración pública como empleado o funcionario es una decisión libre de cada persona. En el caso de los funcionarios de carrera, cada uno se vincula con la Administración mediante una relación de especial sujeción que se manifiesta de una manera solemne a través del “juramento o promesa prestado personalmente por quien va a tomar posesión, de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado” (Real Decreto 707/1979, de 5 de abril). El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) incluye este requisito expresamente para poder adquirir la condición de funcionario de carrera, calificándolo como “acto de acatamiento” a la Constitución y, en su caso, al Estatuto de Autonomía (art. 62.1.c) y mantiene la vigencia de la formula recogida en el citado Real Decreto. En el ámbito de la administración municipal, el juramento o promesa se recoge en el artículo 137 c), del Texto Refundido de Disposiciones Legales en materia de Régimen Local y en el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (donde se incluyen las Policías Autonómicas) en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

 

Este deber se proyecta en el artículo 52 EBEP, relativo a los deberes de los empleados públicos, lo cuales “deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico”; así como en el art. 53.1, al determinar como primer principio ético de los empleados públicos que “respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico”. En principio, el deber de respeto a la Constitución constituye una obligación pasiva, bastando que el funcionario se abstenga de realizar conductas contrarias a la misma y de cumplir con el deber de neutralidad política; sin embargo en situaciones como la presente puede resultar ser necesario realizar una conducta activa, negándose a cumplir órdenes dictadas por autoridades sediciosas.

 

En cualquier caso, el incumplimiento de la obligación de lealtad a la Constitución bien pudiera calificarse como la más grave infracción que puede cometer un funcionario público, tal y como se desprende del hecho de que sea la primera falta descrita en el art. 95.2 EBEP, sobre faltas muy graves de los empleados públicos, y puede suponer la separación del servicio o la suspensión de funciones por tiempo de hasta seis años, dependiendo de las circunstancias en las que se desarrolle.

 

Pero, más allá de esta obligación, según actúe el empleado público o funcionario ante los acontecimientos inminentes, también puede incurrir en otras faltas muy graves, como “d) la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos; h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito; i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.”

 

A la hora de abordar este problema, también debe sopesarse que, en caso de llevar a cabo las instrucciones recibidas desde la Generalitat pretendidamente amparadas en normas o decisiones suspendidas por el Tribunal Constitucional, el funcionario público, sobre todo si tiene la condición de autoridad, puede incurrir en numerosos tipos calificados como delito en el Código penal.

 

En este sentido, y sin ánimo de ser exhaustivo, además de los posibles tipos delictivos relacionados con la sedición, o en su caso, la rebelión y que estos días han sido bastante comentados en los medios de comunicación, no debemos olvidar que el artículo 407 CP, penaliza la deserción del funcionario civil: “a la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos” referidos a los delitos contra la Constitución y el Orden público, entre otros “se le castigará con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Si hubiera realizado el abandono para no impedir o no perseguir cualquier otro delito, se le impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”

 

También cobra particular importancia el artículo 410 CP, donde se establece que “las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”; y el artículo 412 CP: “El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”. Penas que se agravan si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de fuerza pública o agente de la autoridad.

 

En sentido contrario, desobedecer las instrucciones ilegales procedentes de la Generalitat no supondría incurrir en responsabilidad criminal siempre que no se de “cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general”.

 

De lo anterior se desprende que, para muchos funcionarios no existirá la posibilidad de quitarse de en medio. Los funcionarios que presten servicios en alguna de las administraciones implicadas en la realización del referéndum (o de su impedimento), en algún momento van a tener que decidir de qué lado están, asumiendo las consecuencias que en un sentido o en otro ello supone y, al margen de la fortaleza de las convicciones personales que siempre ayudan, desde un punto de vista tanto profesional como personal, para muchos no resultará fácil.

 

Efectivamente, si bien es cierto que las leyes que hemos visto son claras y terminantes, sin embargo no puede obviarse el control social que los secesionistas catalanes han logrado imponer dentro del territorio de Cataluña que se traduce en el ejercicio de un amplio poder en el ámbito autonómico, local (ayuntamientos, diputaciones y veguerías), e institucional (organismos autónomos, fundaciones y empresas públicas) donde a través de prácticas clientelares han conseguido minimizar la profesionalidad de su personal en beneficio de los afines y acólitos.

 

Además, la existencia de asociaciones de civiles radicalizadas que ejercen una creciente coacción a su alrededor que provoca que sean posibles, no solo el mero rechazo de una parte de la sociedad, sino incluso represalias de otra índole si la situación escapa de control.

 

Por otra parte, no puede olvidarse que, con la sociedad catalana fracturada por mitad, muchos de los funcionarios pertenecientes a las distintas administraciones, comulguen con los objetivos de los secesionistas y presionen a sus compañeros.

 

Es más, aun partiendo de que lo más probable sea que la Administración del Estado venza en este envite y que los principales cabecillas de esta intentona terminen siendo inhabilitados o encarcelados; no es descartable que parte de los resortes del poder en Cataluña permanezcan o regresen (como consecuencia de la propia esencia democrática) en breve tiempo a manos de los nacionalistas y ello hace que el dilema personal de cada funcionario o empleado público sea más difícil pues si -por convicción, por lealtad o por temor-, deciden respetar la legislación vigente y se enfrentan a las decisiones de las autoridades secesionistas, aunque éstas fracasen en sus actuales objetivos, corren el riesgo de que, tarde o temprano, su carrera profesional en la administración local, autonómica o docente se vea afectada o incluso cercenada de manera subrepticia.

 

Todo ello debe tenerse en cuenta. Y sí, se trata de un dilema personal difícil, pero de una importancia tremenda. De lo que hagan la mayoría de los funcionarios públicos en Cataluña (de esa suma de decisiones personales) depende que este conflicto se resuelva antes de que escape de control. Si acatan las resoluciones del Tribunal constitucional y, en consecuencia, el referéndum no se celebra, los secesionistas fracasarán y todo terminará amainando en breve tiempo. Si suficientes funcionarios optan por asumir la nueva legalidad impuesta por el Parlament y el referéndum llega a celebrarse, se habrá cruzado un Rubicón de imprevisibles consecuencias y comenzará una vorágine que nos afectará gravemente a todos los españoles, catalanes o no.

 

Desde este enfoque cobra más valor, si cabe, los riesgos asumidos y la responsabilidad con la que actuaron los Letrados del Parlament el otro día que, ojala, sirva de guía para el resto de los compañeros funcionarios allí destinados. Todo mi respeto y reconocimiento para ellos.

 

 

23 comentarios
  1. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Hay que aclarar el destino del procés: Copenhague o Caracas
    La falta de calidad democrática de los dirigentes políticos catalanes está ocasionando que el escándalo en su actuación pública sea permanente. Creo que ello se debe a que el movimiento independentista está trufado de políticos que sueñan en gestionar una “ democracia del tercer mundo” en la que el estado es la propiedad privada de los que ganan las elecciones ( ver Hay Derecho ¿ Por qué unas democracias tienen mas corrupción que otras ? DIF 6-1-16) y otros partidarios de sistemas políticos dictatoriales, extractivos tanto de recursos económicos como de libertades individuales, incompatibles con los principios y la normativa de la Unión Europea , por eso “ sus proyectos constitucionales” no tienen nada que ver con el de las democracias plenas.
    Creo que es un momento oportuno para que el independentismo haga una autocrítica y aproveche esta ocasión para hacer una regeneración interna sustituyendo a las personas que tanto daño le están haciendo.
    Hay que partir de la base que el movimiento aseguró a la población que Cataluña sería como Dinamarca o Austria después del proceso, que son países que están en los primeros lugares en cuanto a transparencia, ausencia de corrupción, eficiencia en la gestión pública y en el sistema económico y en respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y al cumplimiento de las leyes.
    Es muy importante que el independentismo, si quiere evitar que con tantas dudas sobre la calidad democrática del proyecto, sea abandonado por sus votantes al sospechar que es un fraude, se libere de los políticos que sueñan en dirigir un régimen sin libertades para los ciudadanos que no opinan como ellos.
    Hay que recordarles que el autobús de la independencia, según nos han prometido, tiene su destino en Copenhague y no en Caracas, en La Habana o en otra capital de un estado totalitario. DIF

  2. LÓPEZ LERA ABOGADO
    LÓPEZ LERA ABOGADO Dice:

    Excelente entrada.

    Creo que está misma vale, cambiando todo lo relacionado con el proceso, por conceptos relacionados con corrupción.

    Si los funcionarios de muchas Administraciones hubieran actuado como se indica, otro gallo nos cataría con el asunto de la corrupción institucional.

    Un saludo.

    • Jose Mª Perez Gómez
      Jose Mª Perez Gómez Dice:

      Muchas gracias por su valoración.
      Salvando las distancias (que son muchas), no le falta a Ud. algo de razón, al menos en lo que se refiere a las presiones que han de sufrir determinados funcionarios para aceptar los vicios de una administración afectada por una cúpula corrupta. En cualquier caso, si atendemos a sus antecedentes (3%, etc…) vemos que, en el fondo, el secesionismo catalán no es sino una modalidad de corrupción (tal vez la más grave), donde una oligarquía política y económica pretende evadirse de las limitaciones del Estado de Derecho para campar a sus anchas, manipulando la historia, el derecho y a la gente para conseguir sus objetivos
      Por ello, en este preciso momento, a mi humilde entender, lo que toca es poner el foco en el problema de la sedición de las autoridades catalanas. Es tarde para lamentarse por lo que se hizo o no se hizo en su momento, preocupémonos de no tener de lamentarnos mañana.
      Cuánto más se cuestione la legitimidad del Gobierno, -y eso lo saben los enemigos de España y del orden constitucional del 78- más débil es su posición para poder hacer lo que tiene que hacerse; y no nos engañemos, en la decisión de muchos, pesara gravemente el temor a la parte que consideren más implacable si gana.

  3. Juan Miguel Laguna Anglas
    Juan Miguel Laguna Anglas Dice:

    Tras leer el artículo, y vaya aquí mi felicitación para el autor porque pone negro sobre blanco la condición fundamental para que pueda tener éxito o fracasar el proceso secesionista catalán, que es la lealtad de los empleados públicos a la Constitución, con independencia de sus motivaciones intrínsecas.
    Dicho esto, hay que apuntar que un proceso secesionista como el catalán resulta inviable sin el apoyo, o claudicación, de los empleados públicos en general y de los funcionarios en particular por su potestad para el ejercicio de funciones públicas. Y ello es así debido a la dinámica propia del Estado de Social y Democrático de Derecho que, en su consecución del Estado del Bienestar, junto con la configuración de las autonomías, ha propiciado un notable aumento del número de empleados públicos hasta alcanzar un importante porcentaje sobre el total de trabajadores y en sectores muy sensibles., algo que históricamente no se había dado nunca.
    Y por ello mi reflexión llega más lejos que el momento puntual en que vivimos. Si bien es cierto que en Cataluña el nacionalismo ha procurado por todos los medios colocar a cargos y empleados afines a la causa en cuantas administraciones dirige (no olvidemos además el principio de proporcionalidad: cuanto más pequeña es una Administración más corrupta y permeable resulta), tampoco es menos cierto que los grandes partidos nacionales han obrado de la misma manera, pisoteando los principios de igualdad, mérito y capacidad de manera obscena incluso (lo de la administración paralela creada por la Junta de Andalucía es paradigmático).
    Por ello, resulta imprescindible una reforma total de la Función Pública que acabe con los vicios que venimos padeciendo desde hace lustros, como la turbidez de muchos procesos selectivos, las artificiales barreras interadministrativas o la enquistación de interinos (algunos hasta jubilarse y todo), por ejemplo, algo a lo que parecen selectivamente insensibles los responsables políticos que tenemos actualmente. No olvidemos que quien ha obtenido su plaza limpiamente, a priori, es mucho más resistente a las presiones políticas que los numerosos estómagos agradecidos que pululan por las diferentes Administraciones; quizá esa sea la explicación de los males que aquejan a la Función Pública española. Como dice el refranero: a río revuelto, ganancia de pescadores.

    • Jose Mª Perez Gómez
      Jose Mª Perez Gómez Dice:

      Gracias por su acertado comentario, con el que me resulta inevitable estar de acuerdo. En ese mismo sentido, no está demás recordar que el Estatuto de la Función Directiva previsto en la LOFAGE en 1997!!!! y en el EBEP en el 2007!!!!, sigue en el limbo.

  4. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Gran entrada que creo debemos tratar de difundir cada uno de nosotros en la medida de nuestras posibilidades.
    El diablo está en los “detalles”.
    Muchas gracias y un saludo cordial.

  5. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    La continuidad de Catalunya en la UE si se separase del Estado español es imposible según el derecho comunitario y el derecho internacional…. no habría inserción posible de una Catalunya independiente en el concierto de las naciones si el proceso de separación del Estado español no se ajustase a las leyes españolas y al derecho internacional …(JOAQUIM MUNS )
    Separarse de la U.E. es un proceso de enorme riesgo y de incalculables costes para los pueblos.
    En primer lugar, abandonan una zona con gran calidad democrática, con sistemas legales y económicos eficientes, con instrumentos de control de la gestión pública y una solidaridad que garantiza las prestaciones sociales. Y se van a un espacio geográfico reducido sin un marco económico y legal definido y con unos costes de estructuras del nuevo estado y unos riesgos económicos, políticos y sociales sin cuantificar. Y, además, en la mayor parte de los casos, gestionado por políticos que han demostrado, hasta la saciedad, su falta de respeto por los principios democráticos, su incompetencia en el diagnóstico y la resolución de los problemas económicos y sociales y su abuso reiterado en la administración de los recursos y en el ejercicio de las funciones públicas.

    Las “escandalosas “declaraciones de Santi Vidal y Lluís Llach sobre lo que iban a hacer con los funcionarios , han demostrado que no se desviaban del proyecto político del movimiento independentista y que la dimisión de Vidal obedeció al intento de evitar que la opinión pública se diera cuenta de la categoría del nuevo régimen que limitará las libertades y los derechos de los que no piensan como ellos (¡ en pleno siglo XXI !) ,cuando les estaban prometiendo a los ciudadanos que sería una sociedad “ para todos” en la que viviríamos con la misma calidad política que los daneses . Por eso “su ocultismo” en la redacción de la nueva constitución.
    Por si hubiera dudas, el bochornoso comportamiento antidemocrático reciente de los dirigentes, creo que las ha disipado todas. DIF

    • Juan Miguel Laguna Anglas
      Juan Miguel Laguna Anglas Dice:

      Dentro de un comentario tan atinado, opino que no estaría de más recalcar una realidad indiscutible, y es que los partidarios de la independencia son, de dar crédito a las estadísticas encargadas por la Generalitat de Cataluña, de un 41,1% (datos de julio de 2017). Es decir, la independencia por las bravas sería un salto al vacío con una sociedad fracturada en donde los independentistas ni siquiera son mayoría simple y, cuando no se cumplieran las promesas de los líderes políticos catalanes (con los mimbres con los que se quiere hacer el cesto temo que más que la Dinamarca del Mediterráneo acabaría siendo un Kosovo bis), la agitación social sería imparable y de consecuencias imprevisibles.

    • juanlui
      juanlui Dice:

      “La continuidad de Catalunya en la UE si se separase del Estado español es imposible según el derecho comunitario y el derecho internacional…”

      Primero: a la clase política catalana le interesa en primer, segundo y tercer lugar, instalarse en la poltrona de un nuevo estado semi-totalitario catalán, donde ellos manejen los hilos de la justicia. Que Cataluña no estuviera en la UE sería muy secundario.

      Segundo: No sé por qué se repite tanto eso de que quedarían fuera de la UE. Ellos, los catalanes, su clase política, sabe sobradamente que en Expaña y en la UE lo que funcionan son los cambalaches políticos. Llegado el momento, se arbitrarían, desde Bruselas, las leyes necesarias que “vestirían” jurídicamente la excepcionalidad catalana que pemitiese su integración UE.

      • Juan Miguel Laguna Anglas
        Juan Miguel Laguna Anglas Dice:

        Siendo cierto lo de los cambalaches, no puedo menos que discrepar de su opinión, y no porque sea tan ingenuo de confiar en la lealtad europea ni en la firmeza española, sino porque de consentir la entrada de Cataluña, se dinamitaría la propia UE, al avivar todos los nacionalismos periféricos. Francia tendría problemas con el País Vasco-Francés y con Córcega. Italia con los de la Liga Norte no respiraría. Para qué hablar de Bélgica, país literalmente partido en dos comunidades…
        Basta con ver el proceso del Brexit. Alemania ha impuesto un Brexit duro, aún siendo el principal socio comercial del Reino Unido y siendo los que más tenían que ganar con un Brexit blando. Creo que se trata de una pista muy clara de por donde irán las tendencias, al menos en los próximos años.
        Todo eso bastaría para que en la UE no se les ocurriese ni pensar en reintegrar a Cataluña (aunque después de ver esperpentos como la independencia de Kosovo o el apoyo a los EE:UU para intervenir en Libia, auténticos tiros en los pies de Europa, tampoco lo descartaría plenamente).

      • juanlui
        juanlui Dice:

        “Siendo cierto lo de los cambalaches, no puedo menos que discrepar de su opinión…”

        Le agradezco la discrepancia porque me permite comentarle que su contraargumentación se basa en tener políticos de “cuajo”, con largas miras.

        Hastiados estamos de ver cómo el cortoplacismo se ha convertido en el modo de hacer política, ya sea autonómica, nacional o europea. ¿ Es que no hemos visto cómo se han transferido competencias a las autonomías a modo de bazar turco ? Para mi su argumentación tendría mucho sentido hace treinta años, cuando aún la política mantenía mucho de digna. Hoy día no le acepto el pulpo.

      • Juan Miguel Laguna Anglas
        Juan Miguel Laguna Anglas Dice:

        Le agradezco su comentario. No obstante, si se fija, en las dos últimas líneas de mi comentario asoma mi vena realista (de ver la realidad, no de estar a favor de ningún monarca) y me pongo la venda antes de que me hagan la herida. Créame que con lo último con lo que cuento es con políticos no ya de largas miras, sino tan solo con un mínimo de decencia.

  6. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Hay que distinguir los funcionarios de carrera, del aluvión de empleados públicos que las distintas administraciones han generado confundiendo el servicio público con el servicio al gobernante de turno. Yo no veo tal dilema. El funcionario de verdad podrá abstenerse de intervenir en el tema, pero los miles y miles de empleados públicos colocados por los partidos y sindicatos, están agradecidos a quien les “colocó” y no a quienes les pagan sus sueldos (todos los ciudadanos sin excepción). Como se dice en algún comentario, ya va siendo hora de tratar el tema de la función pública de una forma no “interpretable” según convenga (como casi el resto de la legislación que, por cierto, no es tan clara y precisa como pretende el autor del artículo). ¿Cuando se han pedido responsabilidades por perjuicios a la Administración del Estado? Son escasísimos los casos en que la Administración haya actuado desde sus servicios jurídicos contra quienes han hecho de la corrupción la marca de su gestión. El sentido corporativo de la “política” ha primado casi siempre sobre las consecuencias de los actos en la gestión pública y se ha tratado de salvar la cara de lo que ha sido usos y abusos de los público a favor de lo privado. Insisto, el uno de octubre creo y espero que sea un día más de este tedioso y aburrido proceso de secesión (las bajas independentistas así lo demuestran) que sólo ha servido para mantener intereses políticos y mediáticos, mientras se olvida que los “catalanes” no son tan distintos de los griegos, franceses, corsos, gallegos, andaluces, etc. en sus proyectos de vida, bajo los mismos denominadores comunes: libertad, salud, familia, trabajo, etc. y lo que menos les importa es la “marca” nacionalista (la mayoría, salvo quienes cobran de ella directa o indirectamente).
    Un saludo.

    • AGonzalo
      AGonzalo Dice:

      Un comentario muy certero. Simplemento creo que habría que complementar esa necesaria persecución “de quienes han hecho de la corrupción la marca de su gestión” (especialmente dentro de la función pública), con la persecución de quienes violan las leyes que garantizan el buen funcionamiento de una democracia parlamentaria.

      Me explico con dos ejemplos:
      1) Todos hemos oído hablar de la “operación Cataluña” protagonizada por el Gobierno, con colaboración de funcionarios.
      2) También todos tenemos constancia de las querellas contra la Mesa del Parlament (concretamente contra los miembros de la Mesa independentistas + Nuet, añadido a posteriori), protagonizadas por fiscales y que los jueces no paran.

      En el primer ejemplo sólo hay que escuchar las conversaciones de Jorge Fernández Díaz filtradas a la prensa para darse cuenta de que hay persecución ideológica = violación de Derechos Humanos.

      En el segundo ejemplo entiendo que se está violando la “inviolabilidad parlamentaria”, por lo que se está poniendo en peligro el “procedimiento parlamentario” -> se pone en peligro el Parlamento.

      Personalmente no concibo una democracia donde haya persecución ideológica y sin un Parlamento útil… pero nadie parece perseguir a los funcionarios que hacen posibles estas barbaridades, y esto ha de cambiar lo antes posible.

      • Juan Miguel Laguna Anglas
        Juan Miguel Laguna Anglas Dice:

        Le agradezco profundamente que me haya ilustrado sobre la persecución ideológica en Cataluña. Yo, iluso de mí, que pensaba que es que Pujol y su familia habían trincado, o Millet, o Gordó y muchos otros y resulta que es persecución ideológica…
        Lamento decirle que semejante argumento no cuela, pese a sesgados y tendenciosos documentales emitidos en ciertas cadenas.
        Pero lo que me deja anonadado, se lo confieso, es su percepción de lo que es un parlamento útil. Si un parlamento (autonómico simplemente) se pasa la legalidad por el forro y hace lo mismo con las sentencias y autos del Tribunal Constitucional, ¿eso es un parlamento útil? La inviolabilidad ha de ajustarse a los términos previstos en la Constitución y el Estatuto, y debe interpretarse de manera restrictiva; en palabras del Tribunal Constitucional, no operará como circunstancia que impide la exigencia de responsabilidad “cuando los actos hayan sido realizados por su autor en calidad de ciudadano (de “político” incluso) fuera del ejercicio de competencias que le pudieran corresponder como parlamentario…
        Eso es muy diferente a lo que Vd. sostiene, que es un derecho de pernada encubierto.
        Y, permítame comentarle, en una democracia la función de los jueces es valorar las querellas, admitirlas cuando haya indicios racionales de delito o inadmitirlas en los demás caos y, de admitirse, instruirlas. Parar las querellas tiene cierto tufillo bolivariano…

      • Juan Miguel Laguna Anglas
        Juan Miguel Laguna Anglas Dice:

        Para acabar, un argumento que accidentalmente he omitido en mi anterior comentario: puesto que el parlamento de Cataluña ha aprobado leyes que están fuera de su competencia, ¿cree usted que en este caso sus diputados han obrado como parlamentarios y que por ello han de tener inviolabilidad?

      • AGonzalo
        AGonzalo Dice:

        No hace falta acudir a sesgados y tendenciosos documentales, basta con escuchar las conversaciones filtradas del ex-ministro Jorge Fernández Díaz en su despacho para apreciar que hay persecución ideológica.

        También se aprecia persecución ideológica cuando, en la segunda querella contra Forcadell, fiscalía sólo se querelló contra los parlamentarios independentistas, no contra Nuet (que, al igual que los otros miembros de la Mesa, permitió con su voto que se debatiera en el Parlament un tema “vetado” por el TC).

        Respecto la “inviolabilidad parlamentaria” le recomiendo leer: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=71&tipo=2

        Allí podrá encontrar perlas como:
        “1. En el tradicional sistema liberal del parlamentarismo”
        […]
        “El interés a cuyo servicio se encuentra establecida la inviolabilidad es el de la protección de la libre discusión y decisión parlamentarias”
        […]
        “asegurar a través de la libertad de expresión de los parlamentarios, la libre formación de la voluntad del órgano legislativo al que pertenezcan”

        Por ello, para mí, un Parlamento que tenga vetado debatir sobre uno o más temas no es un Parlamento útil (o es igual de útil que un Parlamento que sólo pudiera debatir sobre la “cría en cautividad del berberecho salvaje”).

        Y ahora recordemos los hechos:
        1) El TC limita la libre discusión y decisión parlamentaria en el Parlament (o sea: el TC actúa contra el parlamentarismo tradicional).
        2) La Mesa del Parlament vota que haya debate (es lo esperable en el parlamentarismo).
        3) Los fiscales ponen querellas por la votación, violando (presuntamente) la inviolabilidad parlamentaria.

        Para acabar. ¿Sabe usted que no hace mucho el Parlament, por unanimidad, decidió anular los juicios políticos del franquismo? Las competencias, en realidad, no son relevantes.

      • Juan Miguel Laguna Anglas
        Juan Miguel Laguna Anglas Dice:

        Las grabaciones hechas a Jorge Fernández Díaz trataban sobre investigaciones policiales a políticos nacionalistas presuntamente corruptos. Estos buenos señores, ahora procesados, ¿lo son por robar o por ideología? Porque la única ideología que hemos visto es la de estos políticos, que han corrido a envolverse en la bandera.
        En cuanto a la inviolabilidad parlamentaria, disculpe la pregunta pero ¿sabe usted qué es lo que motiva las querellas? ¿Es el acto de deliberar y votar o el de desobedecer al Tribunal Constitucional? Es que acabo de repasarme el reglamento del parlamento catalán y en su artículo 21 no dice nada de que desobedecer al TC esté amparado por la inviolabilidad.
        En cuanto a la declaración de ilegalidad de los juicios franquistas por el parlamento de Cataluña, de hace unos pocos meses, además de no pasar de ser un puro postureo político, llega tarde, y más después de:
        -Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía.
        -Real Decreto-Ley 35/1978, de 16 de noviembre, por el que se conceden pensiones a los familiares de los españoles fallecidos como consecuencia de la guerra civil.
        -Real Decreto-Ley 43/1978, de 21 de diciembre, por el que se reconocen beneficios económicos a los que sufrieron lesiones y mutilaciones en la Guerra Civil.
        -Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médicofarmacéutica y asistencia social a favor de la viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil.
        -Ley 10/1980, de 14 de marzo, sobre modificación del Real Decreto-Ley número 6/1978, de 6 de marzo, por el que se regulaba la situación de los militares que intervinieron en la Guerra Civil.
        -Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana.
        -Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los mutilados civiles de guerra.
        -Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios restados a quienes durante la Guerra Civil formaron parte de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República.
        -Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, por el que se reconocen indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión en establecimientos penitenciarios franquistas durante tres o más años, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. Recogía la aprobación de indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. Mediante la aprobación de esta Disposición, el Estado español reconocía la represión y la injusticia que muchas personas sufrieron como consecuencia de la vulneración del Estado de derecho derivadas de la violencia política-ideológica acaecida, en España, durante la Dictadura franquista
        -Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional.
        -Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura

      • AGonzalo
        AGonzalo Dice:

        Las conversaciones de jorge Fernández Díaz van de perseguir ideologías. Por ejemplo se puede leer un resumen:
        “Se disparó y eso… No podemos olvidar que estamos hablando del hermano de Junqueras”, se empecina el ministro en que hay que buscar algo que comprometa al líder de ERC, sin interesarse en absoluto por el PSC.
        -> Esta muestra está sacada de http://www.publico.es/politica/fernandez-diaz-conspiro-jefe-oficina.html

        Sobre las querellas a Forcadell y compañía: se persigue el acto de votar (en la Mesa) que se pueda debatir un tema en el Parlament a petición de uno de los parlamentarios presentes en el pleno (formalmente se trata de eso, en realidad quedó muy claro de qué va la querella cuando en la segunda querella contra Forcadell se incluyó también a los parlamentarios independentistas de la Mesa y no a Nuet -que había votado en el mismo sentido-). Recordemos que el voto de un parlamentario en el ejercicio de sus funciones está protegido por la “inviolavilidad parlamentaria”.
        Si el argumento es que al desobedecer al TC no cabe aplicar la “inviolabilidad parlamentaria”… me temo que es un intento tan futil como pretender que no se puede exigir un tribunal independiente e imparcial (un Derecho Humano) por desobedecer al TC.

        Por último… entiendo que estamos de acuerdo en que en un Parlamento (de una democracia parlamentaria) se puede debatir de todo, y que se tengan competencias o no sobre el tema del debate… pues es secundario. A fin de cuentas es lo que quería dejar claro con el ejemplo que puse.

  7. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    El 7 de junio pasado, en ABC, publicó Daniel Tercero un artículo con el titular “ Godó y Zeta se llevan 44’9 millones en publicidad de la Generalitat en seis años” en el que contenía los siguientes datos. En las etapas de gobierno de Mas y Puigdemont, entre 2011 y 2016, el departamento de la Presidencia destinó mas de 98´5 millones de euros a publicidad institucional. El grupo Godó recibió más de 25’3 , Zeta 19’6 , Punt Avui 13 y Ara más de 7’3. A ello habría que añadirle las subvenciones que, en un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos.-Unidad E. “181 millones para los medios en pleno proceso soberanista “ ( El Mundo 8-9-14), calculaba una media de 14 millones desde 2008 el montante anual de las subvenciones.
    Si añadimos otros conceptos (coste de las televisiones y medios oficiales, compra institucional…) parece evidente que se han destinado un buen montón de los recursos de los ciudadanos a favorecer la causa independentista.
    Y a pesar de ello ( + control educativo y cultural) no han conseguido una mayoría clara
    Según el barómetro del C.E.O. de la Generalitat publicado a final de marzo de este año, el 48’5% de catalanes votaría contra la independencia y el 44’39%, a favor. Pero en la de Metroscopia-EL PAIS, incluye una respuesta importante, si la independencia comportara la salida automática de la UE (como es evidente), el porcentaje de los contrarios ( 49%) se ampliaría al 53% y la de los favorables( 44%) descendería al 40%.
    Si el resto de promesas las sometemos al análisis de los expertos: el brillante futuro para los pensionistas, un nivel de paro parecido a Austria, estabilidad financiera y presupuestaria, un país como Dinamarca en nivel de vida y gestión pública ..y pedimos que nos aclaren los costes del nuevo estado y por ejemplo, la presión fiscal que soportarán sus ciudadanos, seguramente estas diferencias se irán ampliando y a más velocidad cuanta más gente vaya pensando que todo es un cuento y más aún si intuye que es un fraude.DIF

  8. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    “Respecto a la UE ..la separación política de Catalunya de España la dejaría automáticamente fuera de la UE, ya que es el Estado español y no sus territorios constitutivos el signatario de los tratados con la UE…la declaración unilateral de independencia por parte del Gobierno catalán .. sería una garantía del total aislamiento internacional de Catalunya.”
    ..Querer ignorar los condicionantes políticos y económicos del mundo que nos rodea sólo puede conducir al desprestigio internacional de Catalunya.” J.MUNS
    Duran Lleida en un artículo publicado en La Vanguardia el 12-5-17 “ El proceso y la internacionalización” analizaba si se había conseguido la internacionalización del proceso o si a raíz del proceso, Catalunya había perdido peso internacional y entre otras, hacía las siguientes reflexiones ¿ Por qué antes un presidente de Catalunya podía presidir la Asamblea de las Regiones europeas?¿ Por qué era recibido por los presidentes de la Comisión. del Parlamento, del Consejo Europeo, por primeros ministros y jefes de Estado ..y por qué los cuatro últimos años no pasan de la sala de espera? Y encima la manipulación de los encuentros que han tenido que desmentir EEUU, Carter, la Unión Europea, Marruecos, el alcalde de Miami…Y concluía después de reivindicar el cumplimiento de las reglas internacionales “ me temo que.. lo que sí se ha hecho es externalizar el conflicto .Y eso nos perjudica a todos”.
    Pero es otra muestra de la incompetencia de los dirigentes políticos que en otros artículos hemos analizado en las vertientes del despilfarro , el endeudamiento, la crisis y su falta de preocupación por los problemas reales de los catalanes .
    En las elecciones de 2010 CIU consiguió 1.202.830 votos ( 38,43%) y en las últimas generales, en la provincia de Barcelona el PP le sacó mas de 33.000 votos, y su descenso continúa, sin que les inmute el abandono de sus electores Si han fracasado en la gestión de lo que conocen ¿ como van a triunfar con un futuro que ignoran?

  9. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Sobre los auténticos beneficiarios del procés : Hace ya algún tiempo, un conocido me preguntó si la independencia de Cataluña nos iba a sacar de la crisis económica y le contesté que dependía ¿ A donde vendes tus productos? y me contestó a Madrid, País Vasco , Valencia.. y una buena parte, aquí.
    Le contesté que, si al día siguiente, los madrileños, valencianos y vascos te compran más te irá mejor y si te compran menos, peor, salvo que los catalanes te amplíen las compras. Y lo mismo pasará con Cataluña.
    Otra cosa, son los dirigentes y los sectores amigos, de la cultura, de la información, de la economía, del derecho y de la sociedad… que se beneficiarán inmediatamente.
    Para ellos el sistema ya les va bien, así que lo lógico es que lo vendan sin defectos, beneficiándose de que a “la política” todavía no le ha llegado la normativa de protección del consumidor. Porque, si aún hoy y después de tantas evidencias, tan gran número de ciudadanos cree que la independencia de Cataluña no “ la dejaría automáticamente fuera de la UE y que la declaración de independencia por parte del Gobierno catalán no provocaría el aislamiento internacional de Cataluña” y esta opinión ha sido fraguada por la intensa y costosa ( para la población) propaganda de “los interesados” hasta el día de hoy y es determinante en su voto, como señalamos en la respuesta anterior¿ no se trata de un error sustancial o esencial provocado por una insuficiente y equívoca información?.
    Por eso, la gente que no vive del sistema sino que lo financia, debe ser más escrupulosa en la vigilancia de su funcionamiento y tener parecidas normas de prudencia, selección y seguimiento que mantiene en su vida personal, para que su conducta no se considere negligente.
    Esta reflexión valdría sólo para los abogados de los afectados por el fraude , para los defensores de los autores políticos del mismo ya les va bien que continúe esta falta de protección del ciudadano. DIF

  10. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    En El País,(13-3), “Cuidado con desear el fin de Europa. Podemos lograrlo” Jorge Marirrodriga hace una exposición de los riesgos de no estar en la Unión Europea . Os hago un resumen : “ El pasado mes de octubre hubo un intento de golpe de Estado en Montenegro…; la guerra civil ucraniana ya ha podido alcanzar la cifra- no oficial- de 50.000 muertos..el Gobierno de Kiev vive en completo desamparo ante la invasión rusa y la anexión-léase robo-de la península de Crimea.;.la O.N.U. le ha exigido al presidente de Macedonia que respete la Constitución y le encargue formar Gobierno al líder de la oposición que ha conseguido la mayoría necesaria en el Parlamento…en Bielorrusia la Ley de Actos Multitudinarios , que prohíbe toda reunión o protesta , sigue vigente..”
    No conozco las promesas que les hicieron a sus pueblos en las celebraciones de su independencia, pero hoy están en esta situación. Ningún político suele explicar los riesgos y costes de sus decisiones, son sus ciudadanos los que los sufrirán y a veces, se van antes de que adviertan el engaño.
    Sala i Martí publicó en La Vanguardia( 17-5-12)un artículo impactante sobre lo que le pasaría a un país de la U E. si tiene que abandonarla “Crisis ( 37): Grecia ‘all in’”, estaba centrado en sus previsiones sobre Grecia . Si la eurozona decidiera cortar las ayudas..Grecia se quedaría sin euros cosa que llevaría a algunos bancos a la quiebra. Al haberse cerrado el grifo del BCE, ante la insuficiencia, el gobierno, tendría que crear un corralito. Otra consecuencia es que, al no poder gastar más de lo que ingresa, el déficit tendría que reducirse al 0% en 24 horas. Los recortes serían mucho más profundos y el consumo, la inversión y el PIB sufrirían caídas del 30%. Con la emisión de dracmas ..si el Gobierno no consiguiera reducir el déficit, seguiría imprimiendo dracmas para pagar salarios y proveedores lo que dispararía la inflación hasta el 70%, 100% o como pasó en la propia Grecia en 1944 hasta el 8.500.000.000%…

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