Humillados y ofendidos (7 pasos para evitar partir España)

En su famosa novela “Humillados y ofendidos”, Fiódor Dostoyevski expone la trágica situación de unos personajes que, pese a la penosa injusticia de que la sociedad les hace acreedores, resisten los embates de la vida con amor, pacifismo y admirable sacrificio. Muchos pensarán que ésta pretende ser una analogía con el llamado poble català, pero no: los que nos sentimos humillados y ofendidos somos los españoles, no a causa de los catalanes, sino del movimiento independentista y, muy especialmente, del Govern, su principal instigador, y, en segunda instancia (aquí el orden es muy importante), del Gobierno, su cómplice por omisión.

Seamos claros: España es una nación envidiada por la enorme mayoría de países del mundo. En casi todos los sentidos. Aquí no hay represión, dictadura, odio, ni una conspiración política para cargar sobre Cataluña el peso del sistema fiscal. Al contrario, éste es un país con una democracia bien consolidada y una sociedad enormemente tolerante con la diversidad. Hasta tal punto es tolerante, de hecho, que ha acabado albergando un movimiento que desafía frontalmente todos sus valores democráticos.

El independentismo es un movimiento excluyente, de tintes totalitarios, xenófobos y fascistas, que promueve el odio y la desigualdad (negativa) de los españoles ante la ley. Y, pese al ruido, la intolerancia y la radicalidad de sus representantes, no hay que olvidar que es, sobre todo, minoritario. Tanto en Cataluña como, por supuesto, en España.

Aun detestando las mentiras que el Govern ha vertido en la sociedad catalana, la manifiesta injusticia y traición de su deriva y la situación de riesgo y crisis que ha provocado, y ante la pasividad del Gobierno funcionarial español, los Editores de Hay Derecho Joven hemos decidido escribir este artículo juntos.

Como descartamos la violencia y creemos en la política como vía de solución, tras las que ya son muchas horas de vivas charlas debatiendo sobre este asunto, hemos convenido en que el problema español -no es sólo un asunto catalán- pudiera solventarse satisfactoriamente llevando a cabo los siguientes 7 pasos:

1.- Restauración del orden constitucional. Lo primero, y de forma inmediata. Hay ciertos sectores (con Puigdemont e Iglesias a la cabeza) que pretenden que haya una suerte de mediación entre España y Cataluña. Nuestra opinión al respecto es rotunda: no es el momento de mediación alguna. No caigamos en buenismos injustos y contraproducentes: España es un Estado Social y Democrático de Derecho que ya dispone de instrumentos e instituciones válidas para dialogar. Principalmente, el Parlamento autonómico y el Congreso.

Además, en España no hay ningún conflicto pre-bélico entre dos países que necesite mediación internacional. Lo que hay es un gobierno autonómico que ha vulnerado la Constitución y su propia normativa autonómica (Estatuto de Autonomía y Reglamento del Parlament), e incluso su propia -ilegal- Ley del Referéndum.

Por ello, el único objetivo ahora debe ser el restablecimiento del orden constitucional. Solamente una vez se vuelva a la senda constitucional en Cataluña y se celebren elecciones, se podrá negociar.

Y  el orden constitucional se consigue restablecer empleando todos y cada uno de los medios legal y constitucionalmente previstos (con carácter urgente cabe aplicar el artículo 155 de la Constitución y hacerse con el control de los mossos), incluido, si es preciso (y pese a que lo descartemos y a lo mucho que tratemos de evitarlo), el uso de la fuerza con la intensidad y proporcionalidad que las circunstancias requieran en cada caso y, en el hipotético caso (que esperamos nunca se llegue a producir) de que éstas se vieran superadas en su labor, las fuerzas armadas deberían cumplir su papel constitucional (art. 8 CE). Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son los únicos legitimados en un Estado democrático para el uso de la fuerza, y a ella se tendrá que recurrir de forma proporcionada cuando se cometa un delito y éste no cese de forma pacífica.

2.- Castigo. Consecuencia directa de lo anterior es que el comportamiento de aquéllos que se alzan en contra de las leyes (incluso de las que ellos mismos han aprobado) y de la Constitución no debe quedar impune.

Quien desobedece los pronunciamientos del Poder Judicial, desafía al Estado de Derecho y a la democracia; arroja a sus ciudadanos a dar la cara por una causa ilegal; y obliga al Estado a intervenir con carácter marcadamente excepcional, ha de ser sancionado.

No se trata de venganza, ni de odio ni de fascismo: se trata, ni más ni menos, que de nuestra más elemental obligación de actuar en contra de los que sólo pueden ser calificados como “golpistas”. Todo acto contrario al ordenamiento jurídico debe tener consecuencias para el infractor, por severas que éstas sean. Dura lex sed lex.

Los responsables de la Generalitat (y muchos otros) han cometido de forma flagrante y a sabiendas delitos tipificados en el Código Penal con castigos muy severos, por lo que, de igual modo que queremos y debemos castigar la corrupción, un robo o un asesinato, los actos de sedición (o, en su caso, de rebelión) deben ser castigados con las penas legalmente previstas. En este sentido, es preciso tener en cuenta que ya no hay tiempo para recular e irse de rositas. Muchos ciudadanos (entre los que nos incluimos) quedarían profundamente defraudados si, por alguna sibilina estrategia política, los responsables del actual golpe de Estado consiguieran finalmente eludir su responsabilidad, cosa que, a raíz del discurso del miércoles de Puigdemont, podemos intuir que precisamente se está intentando a través de una campaña de blanqueamiento de los dirigentes de la Generalitat.

La impunidad crearía un precedente inasumible para nuestra democracia. Esperamos que la Fiscalía y los Tribunales (no olvidemos que son los que tienen la última palabra al respecto) hagan su legítimo trabajo.

3.- Elecciones autonómicas. Tras el restablecimiento del orden constitucional, corresponde convocar elecciones autonómicas, tras un periodo de sosiego para tratar de rebajar los caldeados ánimos de la sociedad catalana, con el fin de que ésta elija a sus nuevos interlocutores y pase factura -o no- a los actuales partidos.

Es preciso recordar a aquél que cree ser la voz del poble de Catalunya que los partidos independentistas no lograron ni la mitad de los votos de representación en el Parlament en las anteriores elecciones “plebiscitarias”, y ello pese a tener todo a favor.

Quizás es precisamente ese miedo a fracasar de nuevo, y no otro, la razón por la que Puigdemont no se atreve a convocar nuevas elecciones autonómicas, y es que en muchas ocasiones los pareceres de la mayoría de los votantes de un determinado lugar no coinciden con los de los manifestantes, por muy numerosos e insistentes que éstos sean.

4.- Elecciones generales: La crisis catalana, la mayor desde la restauración de la democracia en nuestro país, está golpeando con crudeza al conjunto de la sociedad española. Por ello, una vez se imponga cierto orden y estabilidad sobre la misma, igual que hiciera De Gaulle tras abordar los hechos revolucionarios de Mayo del 68, es necesario realizar una convocatoria de elecciones generales, que, al igual que en el caso catalán, genere nuevos protagonistas, capaces de ofrecer soluciones constructivas y de probarse a la altura de la situación, a la vez que castigue -o premie- el papel que han desempeñado los partidos y líderes actuales en el asunto catalán ya que, consideramos, muchos no han sido capaces de comprender el momento histórico en el que nos encontramos, primando el tacticismo electoral, en lugar de fomentar la unión de las fuerzas constitucionalistas.

5.- Diálogo con nuevos protagonistas. Como hemos tratado de señalar, estamos de acuerdo en que hay ciertas desafecciones en Cataluña, muchas de las cuales tienen que ver con la forma en la que el Gobierno central “ha vendido” España allí, pero también existen otras reivindicaciones que pueden ser debatidas. Dialogar sí, pero dentro de la Constitución y con otras personas, no con las que nos han llevado hasta aquí.

6.- Construcción de un nuevo relato. Esta fase, aunque la ponemos en sexto lugar porque será en este momento en el que deba ponerse sobre la mesa, debemos emprenderla de forma inmediata y paralela. Llevamos 40 años de retraso y de complejos. Interpelamos, pues, a todos los ciudadanos a hacer pedagogía de España y a los políticos a hacer política, entendida ésta, como decía Piqué durante la presentación de su libro esta semana, como seducción democrática.

Como avanzábamos, el victimismo catalán no ha sido contestado por el Estado español y ello es en gran parte causa del agravamiento de nuestra situación actual. Debemos comenzar de manera urgente a atraer a todos aquellos catalanes que, probablemente con mucha razón (y de la misma forma que nos ha ocurrido a muchos en España), a día de hoy no se sienten representados por el actual proyecto español que, les parece, ha perdido atractivo y sentido.

La clave aquí está en darse cuenta de que el potencial de España es, a todos los niveles, enorme y que no se trata en absoluto de una batalla perdida, sino de todo lo contrario.

7.- Reforma constitucional. Sí, pero para todos los españoles, no sólo con la ocasión y el objeto de contentar (únicamente) a los insurgentes o a los partidos oportunistas que tengan a bien adueñarse de la leña del árbol caído. Y todo ello por una sencilla razón: porque nosotros, sí, los constitucionalistas, lo pedimos primero.

La sociedad española lleva años pidiendo actualizar el marco constitucional a fin de dar cabida a la nueva realidad y a las nuevas demandas de los ciudadanos, no sólo a nivel territorial (el famoso Título VIII), sino también en materia de regeneración democrática (supresión de aforamientos e indultos, incorporación de derechos sociales, independencia judicial y muchas más). De modo que no consentimos que nos adelanten por la derecha (¿o la izquierda?) quienes nos han insultado y desafiado y quienes han arrastrado al país hacia el odio y la división. Además, ignorar este punto acrecentaría en algunos la sensación, tal vez silenciosa pero irritante, de que existen españoles de primera, más rebeldes, que deben ser contentados por los españoles de segunda, más discretos.

Una vez restablecido el orden y disponiendo ya de nuevos actores capaces de contrarrestar el sesgado, manipulado y fascistoide cuento independentista por medio de un nuevo relato y, sobre todo, de un proyecto ilusionante y moderno en el que tenga cabida la gran mayoría de los españoles, entonces la sociedad española estará dispuesta y preparada para reformar la Constitución.

En definitiva, la deslealtad de los golpistas ha demostrado definitivamente que tratar de apaciguar las interminables exigencias del independentismo con “perfil bajo” y concesiones, lejos de contribuir a acercar posturas, sólo acrecienta esa absurda sensación de culpabilidad por parte del Estado.

La atrocidad que estos golpistas han llevado a cabo nos brinda la oportunidad de, reforzados por la legitimidad que respalda a quien reclama la aplicación de la Ley democrática, asumir la iniciativa sin complejos. En este asunto sólo hay unos humillados y ofendidos: 46 millones de españoles.

9 comentarios
  1. Domingo Moreno
    Domingo Moreno Dice:

    Magnifica reflexión, compartida en todo su contenido salvo en una expresión que creo que utilizáis erróneamente: la “inactividad de un Gobierno funcionarial”.

    Si de esta nos hemos salvado es precisamente gracias a la actuación de unos funcionarios ejemplares como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía y los miembros del Poder Judicial.

    Por eso no me parece adecuado el uso de “funcionarial” en términos peyorativos como se hace aquí.

    La inacción del Gobierno es criticable pero la comparación no ha sido acertada.

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    • HD Joven
      HD Joven Dice:

      Muchas gracias por su comentario, Domingo. Tiene razón en que esa expresión puede llamar a error, como otras del post que explicaré en otros comentarios a continuación. La idea no es en modo alguno menospreciar la labor de los funcionarios, que, como dice, han prestado un apoyo fundamental en el desarrollo de esa crisis.

      Lo que tratábamos de expresar es que, en nuestra opinión, el Gobierno, en el ejercicio de su función de dirigir la política interior del país, no debe limitarse a aducir argumentos de legalidad, sino que su labor debe necesariamente pasar por hacer política, que a menudo exige ser imaginativo, constructivo y original.

      Por tanto, el término no pretendía en modo alguno ser peyorativo, sino expresar que Rajoy, como Presidente del Gobierno, tenía (aún tiene) que haber ofrecido soluciones políticas ante un problema de desafección tal, y no limitarse a plantarles un frustrante “no” a los independentistas, porque, en nuestra opinión, ello no ha hecho sino agravar el problema y elevar la tensión.

      Gracias por lo demás.

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  2. G.P.
    G.P. Dice:

    No estoy de acuerdo. La mayoría del pueblo catalán quiere un referendum pactado y un referendum pactado debe tener. Si el estado central ha cometido el error de negarlo y el autonómico el error de intentarlo, BORRON Y CUENTA NUEVA. Referendum pactado y punto: es lo que quiere el pueblo catalán.

    Y nada de meter políticos a la cárcel por intentar hacer lo que la mayoría del pueblo catalán, con toda su razón, quería y quiere: un referendum.

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    • Ignacio Gomá Garcés
      Ignacio Gomá Garcés Dice:

      Gracias por su comentario, G.P. Me temo que esto ya entra en el campo de la opinión, por tanto más subjetivo. De todos modos, le confieso que nuestra intención era plasmar en el post (y creo que así se ha plasmado) que la vía del referéndum pactado no es plenamente descartable (puntos 5 y 7).

      Lo que no nos gustaría que permitiésemos es que ese referéndum se pactase de forma inmediata, sin contrarrestar el relato independentista (que aún hoy, después de casi 40 años, no nos hemos molestado excesivamente en desacreditar) y sin sofocar el que es un golpe de Estado casi sin precedentes en nuestra historia democrática.

      Pactar y hablar, claro. Pero lo primero es lo primero. De eso, de hecho, va este artículo: de los tiempos.

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  3. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    La misión de los dirigentes es la de lograr una democracia eficiente al servicio de los contribuyentes, que son los que la financian. Para ello es fundamental, que reduzcan los costes de funcionamiento de la administración con el objeto de que el mayor número de recursos vayan a atender las necesidades de los ciudadanos. Esto lo entendieron los dos líderes progresistas, el italiano Renzi y el francés Valls , ambos socialistas .
    Renzi con su propuesta de ajuste de la organización regional, provincial y municipal y Valls con la reducción de regiones de 22 a 13.
    Este cambio está explicado por S. Fabbrini ( Luiss School of Government) en una entrevista en ABC , el 15 -3- 2.015 :
    “El desorden fue consecuencia de la reforma realizada en 2.001 por el Gobierno de Massimo D’Alema. Entonces se traspasó a las regiones un considerable número de competencias. El centro-izquierda pretendió así quitar el agua a los peces de una Liga del Norte que era cada día más fuerte. Pero esta situación trajo conflictos constantes entre Roma y los gobiernos regionales en numerosas políticas…El Tribunal Constitucional se vio inundado de conflictos sobre competencias……las regiones recibieron muchas competencias y han demostrado que no supieron utilizarlas. La corrupción de los políticos del ámbito regional ha superado a la corrupción de los políticos del ámbito nacional.
    La falta de adaptación del sistema autonómico al proceso de unificación europea, lo hemos considerado un error gravísimo.
    Esta reconversión continúa ausente en los programas de nuestros partidos como una prioridad imperiosa. El sobrecoste autonómico, origen de buena parte del endeudamiento público, nos ha llevado a una situación límite.
    Si se produce una elevación general de tipos de interés o de nuestra prima de riesgo ,el ajuste, entonces, ya no lo harán nuestros políticos que tienen que cuidar a su clientela, sino los prestamistas exteriores que tendrán otra preocupación mayor que la electoral.

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    • Ignacio Gomá Garcés
      Ignacio Gomá Garcés Dice:

      Gracias también por su comentario, Daniel, especialmente en lo que a la perspectiva económica se refiere.

      Si no me equivoco, los partidos políticos sí contemplan en sus programas políticos la reforma del sistema de financiación autonómico: PP, en la página 80 de su programa; PSOE, en su página 235; Podemos, en su página 37; y Cs, en su página 10.

      Es cierto, como usted apunta, que no es un tema prioritario en su política, tal vez porque el momento actual no se presenta como el más adecuado para ello. ¿O quizás sí?

      Un abrazo.

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  4. Ricard
    Ricard Dice:

    No suelo ser comentarista del blog, aunque si sigo muchas de sus publicaciones como abogado y jurista. Caracterizandose muchas de los posts por su rigor, en este artículo hecho en falta la objetividad y la neutralidad de otras publicaciones. Aún entendiendo que el tema que nos ocupa es tremendamente controvertido, y conveniendo que un referéndum no pactado en Cataluña nunca podrá ser constitucional, quiero señalar dos cosas:
    1.- Estamos ante un conflicto politico que va mucho más allá de las leyes y que debe ser afrontado desde un enfoque mucho más filosófico (filosofía del derecho). Desde la esencia del por qué nace el derecho y cuál es su objetivo. La defensa de la legalidad a capa y espada no es para nada la defensa del Estado democrático de derecho. La ley en sí misma es el instrumento que tiene la sociedad para ordenar su covivencia. Cuando la convivencia cambia la ley debe cambiar y no al revés. Porque si no fuera así no harían falta parlamentos, solo jueces que aplicarán leyes milenarias desfasadas y seguramente injustas. De no ser así hoy no existiría el sufragio universal o el matrimonio homosexual. Es por ello que creo que estoy en desacuerdo cuando se dice que debe restablecerse el orden constitucional. Ese orden constitucional ha quedado obsoleto.
    2.- He leído en el articulo literalmente: “El independentismo es un movimiento excluyente, de tintes totalitarios, xenófobos y fascistas, que promueve el odio y la desigualdad…”. Creo que estas palabras subjetivas y erronias no son propias de la erudicion y el discusión jurídica que merece este blog. Hacer pasar por el aro a quién está en desacuerdo y así lo manifiesta pacíficamente no es la defensa de un estado democrático de derecho. Es la defensa de otro tipo de estado. Y más cuando quién está en desacuerdo no es una corriente minoritaria como se dice en el artículo, sino una parte importante del pueblo catalán (que no se ha permitido contar en un referéndum pactado). La defensa de la forma por encima del fondo nunca puede salir victoriosa en pleno siglo XXI.
    Finalmente, termino con que me entristece que no exista autocrítica respecto el gobierno de la nación por la mala gestión del conflicto y no haya una condena expresa a la violencia injustificada y desproporcionada con la que actuaron los cuerpos de seguridad del estado y que debería haber sido considerada por toda la familia jurídica de forma aún más clara que el propio referéndum como radicalmente contraria a la Constitución.
    Aunque a la gente de leyes nos cueste a veces enfocar los problemas con otro prisma, la clave para solucionar el conflicto actual en Catalunya y España solo puede hallarse en el diálogo y la democracia.

    Responder
    • Ignacio Gomá Garcés
      Ignacio Gomá Garcés Dice:

      Estimado Ricard, muchas gracias por su comentario. Estoy de acuerdo en que el post puede pecar de una cierta falta de objetividad; bien es cierto que estos grandes asuntos políticos siempre obligan a uno a posicionarse (a veces emocionalmente) y resulta entonces complejo mantenerse exclusivamente en la objetividad.

      Respecto del punto 1, estamos de acuerdo en que alegar el cumplimiento de la ley como vía para resolver esta crisis no es forma alguna de lograr una solución. Tanto es así que hemos criticado la actuación del Gobierno precisamente a causa de ello (luego hablaré de esto más detalladamente). En efecto, la situación prueba que no sólo la ley, sino también la Constitución han de modificarse (y así lo decimos en el punto 7), pero, y a esto no queremos renunciar, a través de los cauces legales y democráticos previstos para ello. Saltarse este paso, en nuestra opinión, puede crear un precedente que, de ser mal utilizado, pudiera ser definitivamente nefasto. En democracia se puede hacer todo, pero desde la democracia. Nunca saltándosela. El caso del matrimonio homosexual es un ejemplo perfectamente ilustrativo de ello: la sociedad demandó un cambio, la política lo acogió y, finalmente, la democracia (la misma que existe hoy) lo incorporó.

      Por esa razón, cuando nos referimos “al restablecimiento del orden constitucional” no hablamos de otra cosa que de volver a la ley y a la pacífica convivencia democrática para que, una vez abandonada la senda de la ilegalidad y la rebelión, puedan encauzarse estas demandas por la vías adecuadas, que existen. En definitiva, usando sus propias palabras: hablar del fondo en la forma adecuada.

      Respecto a la expresión a la que se refiere, conviene ciertamente matizarla. No es que el movimiento independentista catalán, en un sentido teórico, conlleve necesariamente la “exclusión, el totalitarismo, la xenofobia y el fascismo”, ni que promueva “el odio y la desigualdad”. Es perfectamente legítimo ser independentista y así lo he defendido en otros artículos en éste y otros blogs.

      Ahora bien, en mi opinión es imprescindible darse cuenta (más que nada por el riesgo que implica negarlo) que este movimiento se ha radicalizado últimamente entre algunos y ha demostrado desafiar las normas elementales de democracia y promover la diferencia del poble català respecto de España y de los españoles, así como su rechazo a estos últimos, todo ello a través de métodos propagandísticos que tristemente, por lo menos a mí, recuerdan al fascismo (sin perjuicio de que, claro está, hoy por hoy no estamos hablando de lo mismo). Y por favor, recordémoslo, defender pacíficamente una idea no significa que esa idea no sea equivocada.

      Por último, permítame decirle que creo que se equivoca en las dos últimas apreciaciones:

      1. Sí hacemos crítica (que no autocrítica) al Gobierno: En el primer párrafo ya se dice y, en todo caso, el punto 4 es una prueba indudable de esto (elecciones generales).

      2. Sí proponemos el diálogo y la democracia, cosa que demuestran los puntos 5, 6 y 7 (diálogo, nuevo relato y reforma constitucional).

      En cualquier caso, agradecemos mucho sus consideraciones.

      Buen fin de semana.

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  5. Mabu Oquendo
    Mabu Oquendo Dice:

    En este momento estoy intentando ver si se me ocurre qué podría No hacer D. Mariano Rajoy. Me tranquilizo pronto porque pronto veo que, puestos a No Hacer, hay mucho donde elegir.

    No puede decir lo mismo nuestro queridísimo D. José Manuel Maza, –con lo bien que estaba en su sala del TS–, que está irremediablemente obligado a actuar ante la flagrante comisión de un Iter Delictivo desde hace ya mucho tiempo.

    Al igual que el Magistrado de Guardia en la Audiencia Nacional y el TSJC donde ya obran pruebas indiciarias suficientes para que el Sr. Trapero pase a prisión preventiva de modo inmediato.

    No es llegado el tiempo para que el Ejecutivo se inmiscuya en el normal funcionamiento de las Instituciones. Tampoco para frenarlas.
    D. Mariano debe resistir su comprensible impulsividad, el irrefrenable hervor de su sangre, y dejar que los que sí tienen que trabajar, lo hagan.

    Lo importante ahora es la inminente efemérides del gran día de la Hispanidad en el cual todas las instituciones de nuestra gran Nación se unirán en un gran abrazo. Allí veremos a Carmena de la mano de Colau apoyadas ambas por las huestes de Pedro Sánchez.

    El Derecho es estupendo.
    Lo han pillado hasta el par de indocumentados que tenemos al frente de la Generalidad.

    Saludos

    Responder

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