El Congreso aprueba la Ley de Contratos del Sector Público

El Congreso de los Diputados ha aprobado esta mañana la reforma de la Ley de Contratos del Sector público, clave para evitar la corrupción en dicho ámbito. Con motivo de su aprobación, las fundaciones Hay Derecho y Civio celebraron ayer una Mesa redonda para debatir las novedades de la norma. Los tres ponentes, Elisa de la Nuez (Abogada del Estado y Secretaria General de Hay Derecho), Miguel Ángel Bernal (director general de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón) y Eva Belmonte (periodista y responsable de proyectos de Civio) analizaron los cambios de la nueva ley, así como las medidas que ayudarían a conseguir mejores niveles de transparencia y un descenso de la corrupción en este área.

“Un 10% de la contratación pública se desvía a corrupción”, “la primera forma de corrupción es contratar algo que no hace falta”, comenzaba de la Nuez contextualizando con algunos datos. La Secretaria General de Hay Derecho adelantaba también las principales novedades de la ley, que luego matizaría Bernal. Incluye cambios que vienen marcados por Europa y avances que proceden de la negociación de la ley, en la que ha participado Belmonte. La reforma aprobada esta mañana, elimina el uso del procedimiento negociado -en el que no había necesidad de celebrar un concurso abierto- e incluye un nuevo organismo de supervisión, entre otras medidas. Belmonte explicaba cómo se habían conseguido implantar ciertos avances y cómo otros fueron rechazados durante la negociación, aunque se mostraba positiva respecto al resultado.

Otra novedad que incorpora la LCSP es la obligación de publicar informes justificativos cuando se produzcan cambios en la tramitación del contrato. Además, la ley amplia su ámbito de actuación, en determinados casos, a partidos políticos, organizaciones empresariales o sindicatos. Durante la negociación de la ley, los grupos parlamentarios sí han mostrado voluntad de cambio, aunque varias de las enmiendas fueron rechazadas por el Partido Popular en el Senado. La ley entrará en vigor a finales de febrero del año que viene y, a partir de entonces, se podrá valorar si la implantación de la ley es efectiva y da soporte a los avances que trae consigo.

 

 

 

 

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