La apotación de Civio en una contratación pública más transparente

Hoy, el día en el que el Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), podemos constatar y anunciar un importante éxito, quizá uno de los más relevantes de Civio en estos cinco años: la mayoría de nuestras recomendaciones para hacer más transparente la contratación pública española y poner barreras a la corrupción, han sido incluidas -de forma directa o indirecta- en la nueva norma, cuya entrada en vigor está prevista a finales de febrero.

Nuestros éxitos más importantes, en pocas palabras

  • Como hemos insistido, todo el proceso -desde los estudios previos a las modificaciones y la ejecución de un contrato- será público. Y eso incluye la justificación de las decisiones tomadas: los informes sobre las modificaciones de los contratos, la justificación del procedimiento de contratación elegido, los exámenes de las bajas temerarias, la valoración detallada de cada oferta… Los ciudadanos tendremos acceso a esa información.
  • Información clave como la identidad de todos los licitadoreslos participantes en cada UTE y sus porcentajes, los asesores externos a la mesa de contratación o el objeto detallado del contrato también será por fin pública.
  • Se publicará toda esa información y, cuando haya excepciones, serán acotadas y justificadas en el expediente público. No se aplicarán por defecto: el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno realizará informes para ponderar qué derecho debe prevalecer: si el de todos los ciudadanos a acceder a la información u otros superiores.
  • Los perfiles del contratante serán de acceso libre (no se necesitará una clave para acceder), la información se publicará en formatos abiertos y reutilizables, y estará disponible al público al menos cinco años. Los datos anteriores, si dejan de estar estar accesibles, se podrán obtener ejerciendo el derecho de acceso que otorga la Ley de Transparencia.
  • Se crea un nuevo organismo de vigilancia anticorrupción, que no existía y que reclamábamos. Sus informes sobre incumplimientos e ilegalidades serán públicos, y contará con medios (sin determinar aún) para realizar su trabajo. Eso sí, aunque se llame Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, su independencia solo está en el nombre y sobre el papel: sus miembros, funcionarios, serán nombrados por el Gobierno y no por el Congreso con mayorías amplias.

Eso es lo más relevante del impacto conseguido. No obstante, la LCSP es una norma extremadamente amplia y compleja, y la clave está en los detalles. Seguimos trabajando para hacer más transparente la contratación pública española, y estamos muy abiertos a seguir colaborando para conseguirlo. Se puede hacer lobby de forma transparente. Nosotros lo hacemos.