Por esto es inconstitucional la ley del referéndum de autodeterminación

El pleno del Tribunal Constitucional ha asestado el golpe de gracia jurídico al proceso independentista en Cataluña resolviendo el recurso contra la denominada “ley del referéndum de autodeterminación” de 6 de septiembre de 1917 (ver aquí sentencia_TC_referendum ). El recurrente era el Abogado del Estado en nombre del Presidente del Gobierno.

La sentencia es interesantísima por muchos motivos –solo las consideraciones sobre el pretendido fundamento en Derecho Internacional del “derecho de autodeterminación” del pueblo de Cataluña daría para otro artículo- pero debemos ir a lo urgente: por qué es inconstitucional la ley que pretendía legitimar el referéndum y, por tanto, por qué lo son todos sus actos derivados.

Hay litigios en los que las partes se cañonean con sucesivas andanadas de argumentos jurídicos como preparando un abordaje a golpe de jurisprudencia y doctrina. Hay otros, en cambio, en los que basta un torpedo certero a la santabárbara del contrario para que todo salte por los aires. Esos argumentos definitivos y esas citas implacables han concurrido en este sentencia que desbarata el referéndum refutando sus mismos fundamentos jurídicos: “nuestro enjuiciamiento habrá de ceñirse […] a examinar la validez o invalidez jurídicas de estas pretensiones de erigir en la Ley 19/2017 y, a partir de ella, lo que hemos llamados unos “sistemas” jurídicos ajenos a todo el ordenamiento vigente”.

Hagamos  dos observaciones. La primera: la sentencia resuelve sobre la constitucionalidad “de la totalidad de la ley” de modo que el debate no se centra en cada punto del articulado, sino en sus principios. Tal vez por eso es una sentencia breve en comparación con otras del Tribunal. La segunda: ni la Generalitat ni el Parlament de Cataluña formularon alegaciones para defender la constitucionalidad de la norma. En una aparente estrategia de ruptura, prefirieron el silencio a la defensa activa de una ley que, como advierte el propio Constitucional, “no reclama para sí la presunción de constitucionalidad que en general acompaña la obra del legislador democrático”.

En efecto, esta ley se levanta sobre un supuesto “derecho a la autodeterminación (art. 3.3) que se pretende “fundamental e inalienable del pueblo de Cataluña” (art. 3.2). Esta pretensión hundiría sus raíces en el “derecho de los pueblos a la autodeterminación” invocado en ciertos tratados internacionales de los que España es parte.

Frente a la ley, el Tribunal esgrime la Constitución.

El “derecho a la libre determinación” del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos y del de derechos económicos y sociales  está, según la propia doctrina de Naciones unidas, “acotado […] a los casos de sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras”. Así, no cabe aplicarlo al caso catalán, que es “uno de los pueblos de España” según reza el preámbulo de la Constitución.

En realidad, según las Naciones Unidas, “todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas”. Con esta referencia, el Tribunal deja desarbolada la argumentación de Derecho Internacional.

Todo lo demás se viene abajo con el mismo estrépito.

En efecto, no se trata solo de la tacha competencia porque “se ha convocado un referéndum sin recabar la preceptiva autorización del Estado (art. 149.1.32 CE)” sino que los cimientos mismos del edificio de la ley ceden ante el peso de los reproches constitucionales:

“La Ley 19/2017 es, con toda evidencia, inconstitucional y lo es en su conjunto al contrariar, de modo explícito, principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional: la soberanía nacional, residenciada en el pueblo español, la unidad misma de la Nación constituida en Estado social y democrático de derecho, y la propia supremacía de la Constitución, a la que están sujetos todos los poderes públicos y también, por tanto, el Parlamento de Cataluña (arts. 1.2, 2, 1.1 y 9.1 CE)”.

Así, contrariada la soberanía del pueblo español, la unidad nacional y la supremacía de la constitución, todo lo demás debe desmoronarse por el hundimiento mismo de sus cimientos. Sería, pues, innecesario entrar en más consideraciones.

Sin embargo, el Constitucional entra de hoz y coz en el asunto de la reforma constitucional, que tanto debate ha suscitado en el contexto de las negociaciones entre los partidos políticos en torno a los apoyos para la aplicación del art. 155.

Recuerda la sentencia invocando jurisprudencia constitucional: “la Constitución, como ley superior, no pretende para sí la condición de lex perpetua. La nuestra admite y regula, en efecto, su «revisión total» […] en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución”.

No, no se trata de que la constitución sea inmutable, pero tampoco de que pueda violentarse su fuerza de obligar ni sus procedimientos.

He aquí, pues, el núcleo incandescente del problema: la Ley de Referéndum es intrínsecamente inconstitucional por sus mismos fundamentos y no por el mero contenido de uno u otro artículo. Es insalvable y, por lo tanto, nula.

Esto debería bastar para hacerse una idea cabal de la magnitud de la nulidad declarada. Hay más motivos que los resumidos aquí y todos ellos interesan. Sin embargo, detengámonos un instante en un conjunto de argumentos expuestos por el Constitucional en relación con la infracción del propio procedimiento de tramitación de la ley en el Parlament de Cataluña. En suma, el Tribunal  acoge la pretensión relativa a que “la iniciativa legislativa que dio lugar a la Ley 19/2017 fue irregular hasta el extremo de deparar la inconstitucionalidad de esta última”. En efecto,  dice la sentencia, “la preservación del pluralismo político en el curso de los procedimientos legislativos es inseparable del respeto a la posición y derechos de las minorías […]  y a la integridad misma de los derechos de los representantes para el ejercicio en condiciones de igualdad, y con arreglo a las normas reglamentarias, de sus funciones propias; derechos mediante los que se realiza, al propio tiempo, el derecho fundamental de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de la institución de la representación política (art. 23.1 CE)”.

De este modo, la tortuosa tramitación de la iniciativa legislativa incurrió “en muy graves quiebras del procedimiento legislativo, que afectaron sin duda a la formación de la voluntad de la cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes (Art 23.1 y 2 CE)”.

De este modo, la ley se hunde no sólo por las gravísimas infracciones constitucionales que la invalidan desde la raíz, sino por su propia tramitación que –en lugar de reflejar la voluntad de los ciudadanos- terminó vulnerando su derecho a participar en los asuntos públicos.

Por todo esto es inconstitucional la denominado “ley del referéndum de autodeterminación”.

4 comentarios
  1. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Creo que, dada la situación de rebeldía contumaz, de tantos miles de persona empujadas al abismo social, económico y jurídico, por unos políticos irresponsables y desleales, que insisten hasta la náusea en propagar falsedades de toda índole (las históricas y las jurídicas no son las menores) conviene añadir que las sentencia declara que no es necesario notificarla singularmente a nadie en particular porque tiene eficacia frente y que, las autoridades deben respetar la providencia del propio TC 7/09/17en el sentido de no hacer e impedir que se haga nada contrario a esta histórica sentencia que devuelve al TC a la primera línea entre los defensores de la legalidad Constitucional, base de la los derechos fundamentales de los ciudadanos todos, como, por ejemplo el TC Alemán. Aunque el propio TC tiene competencias para exigir el auxilio necesario para ejecutar sus decisiones por la necesaria reforma de su Ley Orgánica, es de temer que sólo mediante el goteo (que, como la lluvia fina, acabará por empapar hasta los huesos a los delincuentes) de los procesos y las sentencias penales se recupere una parte del sentido común y práctico que se predica usualmente de los catalanes por esa minoría de aproximadamente 1/3 de su “censo” que dice ser la mayoría social porque usa los impuestos de todos para drogarse con ideas lesárgicas y adoctrinar a generaciones enteras en la falsedad. El delito de adoctrinamiento debería comenzar a estudiarse. Dada la plasticidad del cerebro, particularmente el infantil, inocular “memes” (en el sentido de Dawkins) virícos daña incluso, por lo que vemos, muchas mentes. Cuando los Tribunales cumplen su función, la más importante del Estado desde antes de que existiera algo similar a un Estado, los ciudadanos podemos dormir tranquilos. Menos los delincuentes, obviamente, a los que se aprecia nerviosos y con caras de preocupación, amparándose sólo en los últimos estertores de su agit-prop leninista.

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  2. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Pero…. ¿es que había alguna duda al respecto? Yo creía que estaba suficientemente clara la cuestión sin necesidad de la sentencia del TC. Lo que no queda tan claro cuando se habla de la “legalidad vigente” si estamos hablando de la de las CC.A. o la del Estado. Mientras haya un choque de “legalidades” y conflicto de rango normativo, nos lo pasaremos estupendamente hablando de si son “galgos o podencos”. En eso estamos mientras se pretendan cuestiones puramente cosméticas. Un saludo.

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  3. Rafael
    Rafael Dice:

    Si es “doctrina de las Naciones Unidas”, es una “interpretación” (una opción de varias) de una norma; por tanto, no constituye argumento absoluto.

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