El 155 ya está aquí en defensa del Estado de Derecho

A la hora de activar el art. 155 de la CE, el Gobierno (ver aquí el acuerdo del Consejo de Ministros de ayer) se ha terminado inclinando por la tesis que venimos defendiendo en este blog desde hace muchas  semanas  (aquí y aquí) frente a otras contrarias, apoyadas por ejemplo desde Agenda Pública (aquí, aquí y aquí). Conforme a estas últimas, el art. 155 prácticamente no sirve para nada; por lo menos no sirve para sustituir a Puigdemont, disolver el Parlament y convocar elecciones, lo que viene  a ser lo mismo. Sin embargo, y afortunadamente, no es esa la opinión de los especialistas que han estudiado el asunto con mayor profundidad (Vírgala y Gómez Orfanel), en base al Derecho comparado, los antecedentes históricos y legislativos y, sobre todo, la naturaleza de las cosas, un criterio de interpretación hoy abandonado pero muy utilizado por los romanos, esos que inventaron esto del razonamiento jurídico. Cuando las autoridades de una Comunidad Autónoma se rebelan contra la Constitución, el Estatuto, las Leyes, las sentencias del Tribunal Constitucional, las decisiones del resto de los Tribunales y hasta contra sus propias leyes ilegales aprobadas los días 6 y 7 de septiembre pasados, no hay más remedio que proceder a su sustitución, con la lógica facultad de poder convocar elecciones para volver a la normalidad democrática, que es el objetivo último. Cualquier otra solución es un desiderátum.

No hay que olvidar que el art. 155 de la CE tiene un antecedente directo en la coacción federal prevista en el art. 37 de la Ley Fundamental de Bonn. La doctrina constitucional alemana defiende que el ámbito de las medidas a tomar queda dentro del terreno de las potestades discrecionales y que entre ellas se encuentra sin duda alguna la posibilidad de una ejecución sustitutoria de la actividad tanto legislativa como ejecutiva del Land y el ejercicio por tanto del Poder ejecutivo o legislativo del Land a través de un Comisario federal o figura análoga (E. Vírgala, La coacción estatal del art. 155 de la CE). Consecuencia lógica  es que ese Comisario gubernamental pueda convocar las elecciones cuando lo considere conveniente.

Así lo explicita claramente el acuerdo letra A) de las medidas adoptadas en el acuerdo de ayer, al reservarse singularmente el Gobierno de la nación o sus delegados la competencia del Presidente de la Generalitat para decretar la disolución anticipada del Parlament y convocar elecciones autonómicas. Ya anticipamos (en bastante soledad, todo sea dicho) la procedencia y la corrección de esta posibilidad en nuestro post del 18 de septiembre pasado. En cualquier caso, la entrada en vigor de las medidas dependerá de la aprobación del Senado.

Con todo, es obvio que la única opinión que cuenta sobre esta disputa jurídica es la que pueda emitir en su día el Tribunal Constitucional. Recordemos la pragmática afirmación del juez Holmes (“Entiendo por Derecho las profecías acerca de lo que los Tribunales harán realmente, y nada más”).  Ahora bien, ¿será esta decisión recurrida por la Generalitat ante el Tribunal Constitucional, una institución en la que no creen, desconocida por su Ley de Transitoriedad? ¿O buscarán reacciones distintas a las puramente jurídicas?

Es una cuestión que a partir de hoy pasa a tener indudable interés. Si se considera admisible el recurso de inconstitucionalidad ante el acto de autorización del Senado, entonces quizás el trabajo de recurrir se lo haga Podemos; pero si, como defiende la mayor parte de la doctrina constitucionalista, no hay más remedio que acudir al conflicto positivo de competencias, entonces la Generalitat deberá mojarse. En  cualquier caso, conviene recordar que hasta ahora Puigdemont no le ha hecho ascos a la ambigüedad y a la contradicción y al “cherry picking” en materia jurídica.

En todo caso, no se han convocado directamente las elecciones, como la indiscreción de Carmen Calvo hizo creer, sino que se ha subrogado en la facultad de convocarlas al Gobierno, dándose un plazo de seis meses para ello. Medida prudente, a nuestro parecer, porque permite decidir el momento concreto en función de que se aprecie si se han logrado las condiciones idóneas de vuelta a la legalidad. No ha sido, pues, un 155 “de mínimos”, sino algo más. Precisamente para lograr esas condiciones se establecen otra serie de medidas de gran calado como el cese del ejecutivo autonómico, la asunción del control de la Administración catalana con reserva de la facultad de nombramiento de cualquier autoridad, la adopción de medidas sobre los mossos de escuadra y sobre los medios de comunicación públicos. Es decir, las medidas adoptadas no se limitan a la convocatoria de elecciones, sino que permitirán que durante el plazo que se establece para la convocatoria se puedan adoptar las disposiciones necesarias para la vuelta al Estado de Derecho que, a su vez, garantice unas elecciones en el marco de la legalidad estatutaria y constitucional.

Por supuesto, consideramos que cuanto antes puedan tener lugar esas elecciones autonómicas será mejor para todos, por evidentes razones jurídicas y políticas. Jurídicas, en cuanto que la proporcionalidad y la transitoriedad derivadas implícitamente del art. 155 no permitirían mantener esta nueva situación de manera indefinida o durante un tiempo prolongado. Políticas, porque procede devolver cuanto antes la palabra a los ciudadanos de Cataluña.

Desde nuestro punto de vista la salida ordenada a este conflicto todavía es posible, puesto que la aplicación del art.155 requiere unos trámites antes de su puesta en vigor. Bastaría la convocatoria de elecciones por el propio Gobierno catalán bajo la legalidad constitucional y estatutaria. La tentación del uso victimista y propagandístico de la aplicación de este precepto, ciertamente compleja e inédita  en nuestra democracia, en un contexto con un fuerte componente emocional, será casi irresistible y quizás la única manera de mantener la unidad del bloque secesionista, pero no parece que sea la mejor solución, dado que solo serviría para empeorar aún más la situación.

Nos esperan días muy complicados para todos. Desde Hay Derecho queremos reiterar nuestro compromiso firme con la democracia y el Estado de Derecho que es el objetivo para el que nacimos hace casi 7 años. No sabíamos entonces que iba a ser tan necesario. Pensamos que si, a pesar de todo, somos capaces de aprender la lección como sociedad de que fuera del Estado de Derecho no hay democracia posible, y aprendemos de una vez que las reformas constitucionales por ambiciosas y complejas que sean son perfectamente posibles si se alcanzan los consensos y las mayorías necesarias, pero por los procedimientos en ellas establecidos, habremos dado un salto de gigante. Porque en estos momentos nos toca comportarnos a todos como ciudadanos de una democracia madura y avanzada para que la nuestra lo acabe siendo.

12 comentarios
  1. Antonio Cebrián
    Antonio Cebrián Dice:

    Comparto plenamente la reflexión del editor. Como con otros tantos artículos de nuestra Constitución, aunque no sé si en este caso ha sido mejor, se ha echado en falta que el 155 hubiera estado desarrollado por una ley, no sé si orgánica, que dejaría menos espacios de duda a la actuación del ejecutivo, por cuanto como el editorial apunta caben muchas interpretaciones a lo que se podía o no era posible hacer al activar el 155. DE lo que no cabe duda, como se concluye, es que nos quedan “días muy complicados para todos”. Y probablemente eso incluya que en ejercicio de esa democracia “avanzada y madura” que parafraseo, se haga preciso echar mano de otros artículos de la Constitución, en los que quizás el propio Rey pensaba en su discurso de Oviedo el pasado viernes, y que vienen vestidos, o más bien uniformados, de caqui, para resolver un problema que excede del mero orden público, o de las responsabilidades penales, que llevan su camino, y se inserta en la integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

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  2. Eduard Ariza
    Eduard Ariza Dice:

    Personalmente entiendo que el 155 CE es uno de esos preceptos que, como anoche nos confirmó García Margallo, en la Sexta Noche, el constituyente no pensó que se debería aplicar nunca. Esto explica, en mi opinión una redacción que como mínimo podemos calificar de abstracta, no me atrevería a decir imprecisa.
    Ante todo se trata de un precepto teleológico que habilita al Gobierno central a salvaguardar las obligaciones legales y constituciones de una CA y evitar desde la misma se infrinja el interés general. Para ello primero debe requerir al Gobierno autonómico que desempeñe determinadas conductas -o cese en ellas- y luego que, autorizado por el senado, adoptar cuantas medidas estime, dentro de las potestades de la Administración central y/o dando instrucciones a las autoridades -funcionarios y empleados públicos- de la administración autonómica. Además de la doctrina alemana que citas, a mi entender, es de aplicación la doctrina de “competencias implícitas” del Derecho Público, que puede remitirse a los casos del TS EE.UU. de Gibbson c. Ogden y Mac Cullock c. Maryland, fallo el último del juez Marshall. Desde esta perspectiva, resulta cuestionable como mínimo, que se cuestione la posibilidad del Gobierno de hacer cuanto sea necesario, dentro del ámbito Administrativo estatal y autonómico, para lograr estos fines.
    Me cuesta entender la opinión al respecto de varios juristas que tanto admiro como Perez Royo o Xavier Arbós. Les he leído con atención, pero sigo sin ver más que tres límites al art. 155: la disposición de la propia autonomía, el derecho penal que nunca podrá aplicar el gobierno y, last bunot least, la temporalidad de sus medidas que no pueden ser permanentes.
    Un artículo genial, sineceramente.

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    • Ignacio Gomá Lanzón
      Ignacio Gomá Lanzón Dice:

      Los autores somos los editores en conjunto. En mi caso personal, las dudas de Presno me parecen razonables como dudas teóricas y académicas, pero creo que en el Derecho aplicado no deben tenerse en cuenta. Me explico: el artículo 155 es una norma abstracta no pensada para un caso concreto y en su literalidad comprende cualquier cosa: “medidas necesarias para obligar a aquella (la Comunidad Autónoma) al cumplimiento forzoso…” No establece límite alguno y es una norma de rango constitucional. Obviamente, de su texto se deduce el carácter transitorio y quizá que no quepa la suspensión de la autonomía (aunque se habló mucho de eso en su día). De hecho, estoy con Virgala en que ese artículo admite prácticamente todo menos la suspensión de la autonomía, y que la proporcionalidad y adecuación de las medidas concretas dependerá del reto que se tenga enfrente. Y lo que me parece es que el reto que tenemos enfrente es de primera magnitud. Las normas no son Derecho si no se tiene capacidad de imponerlas, me parece claro que las medidas adoptadas tratan de restituir la constitucionalidad rota de una manera tal que no parece posible reconstituirla con sentencias del Tribunal Constitucional o con otros pronunciamientos jurídicos. Ni tampoco con el código penal. Lamentablemente hay que actuar directamente sobre el poder. El problema grave es para mí cómo se van a ejecutar esas medidas en un ambiente hostil.

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      • Penny
        Penny Dice:

        Muchas gracias, Ignacio, aunque me preocupa que no haya límites.

        En cualquier caso, las socidades no se cambian por decreto y me temo que el artículo 1555 no va a permitir resolvr el problema catalán, que nos va a acompañar durante generaciones.

  3. Miguel Monaj
    Miguel Monaj Dice:

    Estoy más cercano a las tesis de Pérez-Royo o Arbós que de Vírgala, pero creo que hay dos verdades objetivas e indiscutibles en este asunto: 1) todos coinciden en que del 155 se sabe cómo se entra pero no cómo se sale; y 2) su naturaleza de última opción, de subsidiariedad. Realmente se ha hecho todo lo que se podía hacer antes de adentrarnos en este pantanal? Honestamente, lo dudo. Pero más allá del debate sobre la idoneidad o el alcance del 155 que a todos los juristas, permítaseme la expresión, “nos pone”; 155 para qué? El decreto del Consejo de Ministros parece tener un objetivo claro: controlar las instituciones para convocar elecciones. Y? Qué esperamos qué ocurra? Sean vía 155 o Puigdemont las convoque antes del viernes, el resultado de las mismas será lo que hay ahora, un Parlament fraccionado con más o menos transferencia de votos entre partidos.
    Guste o no, la realidad es que hay una parte de la sociedad catalana que ha cruzado el Rubicón y se ha instalado en la desafección respecto del proyecto político que es España. Y lo soluciona el 155? No. Dejénse de parches y empiecen a hacer Política.

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  4. Rafael
    Rafael Dice:

    El Estado español se construyó desde el centralismo hacia al autonomismo; en esa configuración de mera “concesión” es obvio que el centralismo puede abrogar la cesión y recuperar lo cedido, no hay más; es la naturaleza del sistema que guarda un mecanismo directo de reacción.

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  5. Javier
    Javier Dice:

    Buenos días. Agradecería sus reflexiones sobre la relación de argumentos que acompañan a las medidas del art. 155. Particularmente a los motivos de: restaurar la convivencia (no es nada obvio en qué ayuda, si es que no empeora), regresar a la recuperación económica (no son las acciones del Estado tan responsables para la incerteza económica como las del gobierno catalán? se puede ser juez y parte?), garantizar la pluralidad informativa en los medios públicos catalanes (aún siendo cierto que no son nada neutrales, el caso flagrante de RTVE -denunciado por sus propios periodistas- no debería provocar sonrojo?). Saludos

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  6. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    La noticia que más me ha impresionado los últimos meses es esta. Sinceramente no me lo podía imaginar.

    “La Generalitat oculta las cuentas y los fondos de 65 entes públicos”. (El 30% de las Corporaciones públicas controladas por el Govern)
    http://www.abc.es/espana/abci-generalitat-oculta-tribunal-cuentas-fondos-65-entes-201710160349_noticia.HTML

    Dejemos volar la imaginación y seguro que nos quedamos cortos.

    ¿Se va a iniciar el arreglo de esto –con las inevitables derivaciones penales– en seis meses?

    Hay muchos cambios legales y no todos ellos constitucionales. Por ejemplo extender al Sector Público las responsabilidades penales corporativas que pesan sobre el sector privado.

    Saludos

    Imaginen lo que hay que sacar a la luz y arreglar.

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    • juanlui
      juanlui Dice:

      “Imaginen lo que hay que sacar a la luz y arreglar.”

      ¿ Donde ? ¿ En Cataluña o en todas las CCAA ?
      Puedo coincidir que Cataluña es la comunidad autónoma más corrupta de España. Quizá la más corrupta de Europa Occidental. Pero eso tiene muchos culpables por omisión y están o estuvieron ocupando cargo en Madrit.

      A ver si va a resultar que Andalucía no tiene corrupción.
      ¿ Y qué me dice el País Vasco ? Hasta Sudáfrica llega la pestilencia de la corrupción nacionalista vasca. Alguna de esa corrupción salta a ojos vistas: resulta que Bildu, en los ayuntamientos donde manda, controla férreamente y de forma individual la basura de los ciudadanos. ¿ No es eso una super corrupción moral ? ¿ Ha oído vd. la noticia en algún medio nacional ? No, padre..

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  7. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Comparto sin reserva ninguna la opinión editorial de ayer. Incluso si no estoy conforme con que unas elecciones en seis meses sean solución a un asunto tan grave, particularmente si la gran mayoría de la sociedad catalana no se moviliza y no hay un proyecto alternativo al de los radicales, esta disconformidad no tiene relevancia. Hay que estar todos, incluso por puro sentido práctico y para defendernos a nosotros mismos, con la aplicación de la Constitución tal y como la entienda el Senado y resistir por medios legítimos (que incluyen la compulsión proporcionada sobre las personas si es necesaria) la rebelión de los radicales y quienes han caído definitivamente (por interés, obviamente) en sus manos. Además del 155 hay muchas más posibilidades legales y espero que un goteo de expedientes judiciales. Un delito no es menos porque cuente con el presunto apoyo de toda una sociedad. Los crímenes del Congo belga, de Pol-pot, de Ruanda, de Sudán del Sur, de Yugoslavia, de Alemania, de la URSS, de China son crímenes y un solo juez, fiscal o denunciante que los persiga está del lado de la justicia y defiende mejor a la Humanidad que todos los millones de equivocados y los más millones de transigentes y callados por temor.

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Trackbacks y pingbacks

  1. […] Novena.- Para quienes quieran saber más desde un punto de vista técnico sobre el alcance del artículo 155, en los últimos meses se han publicado diversos,  y no coincidentes, comentarios en forma de artículos de opinión, entrevistas, vídeos,…(prometo enmendar las eventuales ausencias); aquí pueden verse los de Eduardo Vírgala I  y II, Xavier Arbós I y II, Teresa Freixes, Javier García Fernández I, II, y III, Yolanda Gómez, Agustín Ruíz Robledo, Roberto Blanco, Leonardo Álvarez, Eduard Roig I y II,  Javier Pérez Royo, Antonio Arroyo, Argelia Queralt, Fernando Álvarez-Ossorio, Miguel Pérez-Moneo, Gerardo Pérez, Germán Gómez Orfanel/José María Gil Robles, Solozabal/Pérez Royo/De Carreras/López Basaguren, Punset/Villaverde/Aláez, Punset/Varela/Villaverde/Aláez/Álvarez/Presno/Fernández Sarasola,  Enoch Albertí, Rafael Arenas,  Hay Derecho, […]

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