HD Joven: Lo que sólo solucionará el 155

Desde que el pasado sábado el Gobierno anunciara que solicitaría al Senado la destitución de los dirigentes de la Generalidad de Cataluña, entre otras medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución Española, se inició una suerte de vacatio legis durante la cual, parecía, cabían todo tipo de estratagemas políticas de legalidad cuestionable para que Puigdemont y compañía eludieran lo que sería el inicio de su asunción de responsabilidades.

La convocatoria urgente de elecciones se erigió en la más factible de estas opciones, tanto desde el punto de vista operativo, como por ser la que menos rechazo produciría en el resto de fuerzas políticas. O eso se desprendía, al menos, de las manifestaciones que realizaron diferentes portavoces políticos reconociendo de forma más o menos explícita que una –ficticia- rectificación del Govern en forma de elecciones catalanas, debería suspender las excepcionales medidas anunciadas por Mariano Rajoy.

Dejando a un lado lo penoso que resulta para la credibilidad del Estado español el hecho de que se asuma con total naturalidad que su integridad territorial está a merced de lo que decidan un grupo de delincuentes embrionarios y no bajo control del Gobierno, a la vista de cómo algunos representantes políticos anhelan la irrupción de cualquier excusa que evite la aplicación del 155, resulta necesario recordar que las atrocidades cometidas durante los últimos meses son sólo la punta del iceberg de un problema mucho mayor.

Aguardar la llegada de una solución sanadora supone reducir el problema a un gobierno de una comunidad autónoma un tanto “descontrolado” que está en disposición de devolver las aguas a su cauce y salir airoso del envite. Sin embargo, esto es sólo la punta del iceberg.

Y es que la quimera secesionista ha perpetrado enormes vulneraciones de la Ley, pero también ha destapado todos los males endémicos que el independentismo ha ido inyectando durante décadas en la vida diaria catalana, y que gracias a la aquiescencia continuada de los sucesivos gobiernos están ahora plenamente arraigados en gran parte de la sociedad. Y ninguno de ellos se solucionaría si se anulase la aplicación del artículo 155 CE:

Mossos de Esquadra: el papel de la policía autonómica catalana durante esta crisis se ha desarrollado, en términos generales, entre la falta de diligencia profesional y el delito.

Son innumerables las irregularidades que se han dado en el funcionamiento de este cuerpo policial durante estos meses, hasta el punto que una de las principales medidas planteadas en aplicación del 155 sería la sustitución de su cúpula por miembros de cuerpos nacionales.

Todos los desacatos por parte de los Mossos tienen su origen en la forma en que el ejecutivo secesionista ha moldeado a su espurio interés sus órganos internos, lo cual, por obra y gracia del principio de jerarquía, se extiende de forma  imparable hacia los mandos más bajos del Cuerpo.

Tener a casi 18.000 policías armados cuyo comportamiento puede ser incierto o, en el peor de los casos, incontrolable, es un problema que España sencillamente no puede permitirse. Y que, además, no se solucionaría si se suspende la aplicación del 155.

Educación: que en las aulas de los colegios catalanes se han estado obviando durante décadas los más elementales principios educativos era algo conocido por algunos, y denunciado por otros menos.

El desafío independentista ha servido para revelar, también en este ámbito, las atrocidades cometidas bajo el mandato y el beneplácito de los sucesivos dirigentes autonómicos en el sistema educativo catalán. Desde la supresión de facto del castellano en las aulas hasta la enseñanza de una Historia completamente fabulada a favor del discurso catalanista, son innumerables las señales de adoctrinamiento antiespañolista a que se estaba sometiendo al alumnado y que han quedado a la vista de todos en estos meses.

Dado que la educación es una prerrogativa de la comunidad autónoma “concedida” por el Estado, la toma de control de la Generalitat por parte del Gobierno central supondría dejar de postergar la obligación de tomar las medidas oportunas en este ámbito, depurar responsabilidades y comenzar a revertir esta situación que, no obstante, precisará de varios lustros de esfuerzo y desengaño.

Este problema tampoco se solucionaría si se suspendiese la aplicación del 155 con un subterfugio ad hoc.

Medios de comunicación: en estrecha relación con lo anterior, el proceso de evangelización catalanista ha contado con el inestimable sostén de TV3  y el resto de medios de comunicación “de la Generalitat”, que han desempeñado un rol fundamental en la formación de la opinión pública proindependentista.

Como aparato propagandístico de la causa, estos medios han sido un elemento clave en la difusión de la realidad alterada que se ha estado ofreciendo a los catalanes. Y todo ello, por cierto, sufragado en su mayor parte con dinero público.

Lo burdo de esta catequización ha llegado a tal punto que, incluso, el diario francés Le Monde acusaba hace unos días a TV3 de «bombardear una propaganda independentista, simplista y mentirosa», recurriendo «a una retórica de victimización que quiere hacer creer, de forma grotesca, que Cataluña es víctima de un regreso de la dictadura franquista».

De hecho, la adhesión de estos medios de comunicación al procés es tal que son sus propios directivos los que promueven la vulneración de la Constitución y las leyes españolas y proclaman abiertamente su apoyo al Govern.

En definitiva, se trata de un ámbito más copado por la metástasis independentista que, como decimos, no sanaría si las hipotéticas elecciones urgentes conllevasen la inaplicación del 155.

A semejanza de los anteriores, podríamos mencionar otros muchos problemas que no se solucionarían si el Gobierno de España da marcha atrás, por el motivo que sea, en la toma de control de las instituciones catalanas. Porque ello no es, como se dice, un mal menor o una medida traumática o invasiva. La importancia de restaurar la legalidad en Cataluña es tal que de ello depende la legitimidad, no del Gobierno, sino del propio Estado español. De ello depende su razón de ser.

¿Qué tipo de dominación o expresión de la soberanía popular puede constituir un Estado que además de consentir durante meses atropellos a la base sobre la que se asienta (la legalidad), cuando definitivamente toma la decisión de actuar termina retractándose por un débil pretexto?

Como decía Ignacio Gomá hace unos días, “no se puede decir eso de que “me duele a mí más que a ti” o lo de “preferiría no aplicarlo”. Y no se puede, sencillamente, porque muchos problemas quedarían sin resolver.

 

 

6 comentarios
  1. Rafael
    Rafael Dice:

    Por tanto, la solución pasa por disolver el cuerpo de mossos integrándolos en la policía nacional y centralizar la competencia en educación para que sea igual en todo el Estado. Espero que se someta a referéndum. Por cierto, en Cataluña la legalidad se ha mantenido constantemente: normas inconstitucionales se han declarado como tales, y el resto del ordenamiento será legal, digo yo; y las actuaciones contrarias a ley están siendo perseguidas, con normalidad. Aquí no pasa nada, eso parece.

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  2. Paio Ucieda
    Paio Ucieda Dice:

    El 155 está para lo que está, que por muy difuso y genérico que aparezca en la Constitución, no es modificar el sistema de educación en una Comunidad Autónoma ni su modelo de gestión de las televisión pública.

    Se trata de dar autoridad al Gobierno del Estado para resolver una situación concreta que altere el interés general de España. No se de darle plenos poderes para modificar todo lo que no guste en Cataluña.

    Eso se deberá abordar mediante a la iniciativa legislativa, política, judicial o, en su caso, a través de la modificación constitucional, pero no del 155.

    Lo que no quita para que, efectivamente, la mera convocatoria de elecciones resuelva la situación en Cataluña y su vuelta a la normalidad institucional.

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  3. Facundo Mellado
    Facundo Mellado Dice:

    El art. 155 CE no es aplicable al caso, desgraciadamente, pues está previsto como medio subsidiario, esto es, como último recurso para el caso de que no pueda reprimirse el incumplimiento grave de la Constitución o las leyes mediante su directa aplicación, por no prever ellas un mecanismo de sanción; o mediante la aplicación de otras disposiciones que sí prevean sanción para tal incumplimiento.

    Existe otro medio cuya sanción es de suficiente entidad como para parar inmediatamente la secesión: el delito de sedición (art. 544 C. p.). Para el resto de su carta a los Reyes Magos, reforma de la Constitución y de las leyes.

    Además, el precepto constitucional está muy mal redactado, como todos los de la vigente Constitución, que es una verdadera chapuza, por no hablar en plata. Alude, en primer lugar, al «cumplimiento forzoso», lo cual remite al intérprete al más esencial Derecho de obligaciones y al procesal, y hace surgir la pregunta de si esas peculiarísimas obligaciones cuyo cumplimiento se reclama son o no personalísimas, precisamente por ser puestas a cargo por la propia Constitución, el Estatut y otras leyes, de personas concretas, elegidas mediante un procedimiento ad hoc como son las elecciones y la investidura. En caso afirmativo, para encajar en este supuesto lo que el Gobierno de España quiere llevar a cabo habría de considerarse que se trata de un cumplimiento por equivalente o una indemnización por daños y perjuicios, lo cual provoca hilaridad.

    Incurre asimismo en una flagrante superfluidad, si es que se interpreta tal y como el Gobierno español pretende: en el primer párrafo autoriza a tomar «todas las medidas necesarias»; en el segundo dice que, para ejecutarlas, podrá dar órdenes a las autoridades de las Comunidades Autónomas. Si mediante el art. 155 se puede todo, el párrafo segundo sobra: quien puede lo más, puede lo menos. Una mejor interpretación vería en el párrafo primero el contenido de las medidas (ilimitadas en el qué) y en el segundo, el procedimiento para ejecutarlas (limitadas por la naturaleza del cómo). La alusión que en exclusiva hace a las autoridades de la Comunidad incumplidora, punto en que se separa del texto de la Ley Fundamental de Bonn (art. 37) ―que alude, junto a las autoridades de los Länder, también al «representante del Gobierno federal», homólogo de nuestro Delegado del Gobierno―, haría inútil esta vía incluso en el caso de que fuese aplicable.

    Lo dicho, una porquería: el art. 155 no sirve para nada, no se aplicará. Es un espantajo que el Gobierno de España está agitando frente a otro espantajo aún más grotesco blandido del otro lado, la pizpireta DUI. Dos púgiles, a la verdad espantapájaros siameses, pugnando garbosos cuerpo a cuerpo para ocultar la naturaleza de la lucha real que por debajo hay. Florida superestructura abracadabrante.

    Un Gobierno en condiciones, frente a este sainete separatista ―que nadie se atreva a llamarlo «golpe» de Estado, pues éste es rápido y sorpresivo por naturaleza, y lo que vemos se desarrolla dentro de un orden del día, con fecha y hora anunciadas, cual episodio de serie; además, tan Estado es el central como la C. A. de Cataluña, todo y parte―, haría lo siguiente: 1) intentaría reunir las mayorías necesarias para declarar el estado de excepción, o incluso el de sitio, para que la jurisdicción militar pudiese ser competente en lo sucesivo para juzgar los delitos desde entonces cometidos; 2) aunque no fuese posible, perseguiría a los responsables por el delito de sedición (civil), ya cometido pues el alzamiento público y tumultuario para evitar la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional (o para impedir a los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil el desempeño de sus funciones), delito de mera actividad, ya ha tenido lugar; y 3) se preguntaría cuáles son las reglas del juego que están mal diseñadas, cuáles han permitido que esto llegase a ocurrir, buscando segar la hierba bajo los pies de los promotores de la secesión, acudiendo a la raíz del problema a fin de solucionarlo para siempre.

    Arrasaría en popularidad y se cubriría de gloria. No como ahora, que parece acobardado ―la realidad es muy otra, por desgracia, como luego diré― y titubeante, como a la espera de una respuesta adecuada en el otro bando. Sólo espera el que duda y necesita una respuesta.

    Ahora toda persona que escribe o habla en público finge apoyar al Gobierno de España en su barrabasada: la implantación de una suerte de dictadura light provisional para conseguir no se sabe qué. Sin purgar nada, sin cambiar regla relevante alguna. Patapún p’arriba, que es gratis y el muñeco es de goma. Parece responsable apoyar al Gobierno en las presentes circunstancias, haga lo que haga. Parece una postura madura y sosegada la de cerrar filas con los buenos. Un botón lo encontramos en este post.

    Pues no. Recapitulo y entro con la infraestructura. La aplicación del Código penal no es opcional. El Gobierno no puede decidir no perseguir un delito por razones de conveniencia política, a riesgo de incurrir el mismo en otro (art. 549 C.p. en relación con el 482). El art. 155 no sirve, por ser un medio subsidiario, y está tan mal redactado que ni siendo aplicable serviría para nada.

    Debajo qué hay, qué es lo que todo este culebrón encubre, al menos para el que no sepa nada de la política o se empeñe en no querer mirar. Muy sencillo: la forma de gobierno es la corrupción; pero aquí y en toda la Europa continental. Sin corrupción no puede funcionar lo que tenemos por sistema político. La sociedad civil está apartada: no hay representación política, sino listas de partidos; no hay separación de poderes, sino reunión de todas las funciones en un único poder, tenido de consuno por las cúpulas de todos los partidos, que son los verdaderos órganos del Estado. Las iniciativas políticas no parten de la preterida sociedad productora, pues carece ésta de un nexo de unión con un representante, que lleve sus pretensiones al espacio de la vida política. La sociedad civil sólo tiene un par de papeles: bramar en tuiter, sucedáneo digital de barra de bar, al ritmo de los dos minutos diarios de odio que le suministran, y fichar cada cuatro años para que al menos le roben los que cree que son los suyos. Es sustituida en lo que importa por la oligarquía económica, las grandes empresas, que hacen saber lo que necesitan directamente al jefe del partido, o a varios de ellos, que son los que sacan las cosas adelante «en consenso». El resto de políticos son atrezzo, mero decorado, están ahí porque se supone que deben estar y para engañar al televidente, de ahí que estemos en presencia de una oligarquía política: los diputados votan en bloque, de ordinario sin saber de qué se trata, en sesiones maratonianas de apretar botones en las Cámaras. Los jefes de partido controlan todo, desde los medios de comunicación públicos (directamente) y privados (indirectamente) a los cargos de todas las instituciones que se fingen independientes (como la CNMC y el resto de reguladores, o el Tribunal de cuentas), incluida la judicatura y la fiscalía.

    Todo dentro de la legalidad constitucional más exquisita. Dadas estas reglas jurídico─constitucionales, ¿de qué nos extrañamos? Lo que por debajo hay es una pelea por librarse de la persecución penal, ya iniciada, en Cataluña; principalmente la de los Pujol, administradores del cortijo, clavo do todo cuelga. A todos les habría gustado taparla, como hasta ahora. Es imposible, pues, aunque el sistema político sea aberrante y permita el cambio de todo mando político de relevancia, no puede comprarse a todos los funcionarios públicos, que son mayoritariamente decentes. Nuestra corrupción, por más que nos digan otra cosa, no es común a todos los ciudadanos, y desde luego no va desde abajo hacia arriba. Es exclusivamente política, aunque esto incida sobre la conducta de los súbditos al tejer para ellos incentivos perversos de heroica resistencia. Quiere la oligarquía de partidos catalana su virtual amnistía, nombrando sus propios jueces ad nutum. La oligarquía central no puede permitirlo, pues equivaldría perder su poder en un ámbito muy delicado: en sus casos de corrupción allí estarían a merced de la oligarquía catalana, que pediría algo a cambio del favor de perdonarlos o, al menos, ser laxos con ellos. Ese es el tira y afloja.

    Sólo así se explicaría la aparente cobardía patológica del Gobierno. O la súbita adquisición de la condición de cuasindependentista por «la» PSOE; Podemos sólo es tonto, y ya va en picado; Ciudadanos quiere fundirse en Europa, no cuenta como partido español. Todos están en retirada. Admiten, unos negándolo (vean, si no lo han visto ya, a Javier Arenas ayer en el Senado, casi postrado) y otros a cara descubierta, que, si hay «vuelta a la legalidad», entendiendo por tal convocatoria de elecciones autonómicas, aquí no ha pasado nada. No pasa nada por haber estado en la ilegalidad un ratito de nada, jolines. Que somos posmo y todo es líquido. ¡Es 2017, venga ya, carca! Si no te va a doler, tonta… Nadie es tan necio como para argumentar tan mal. Están pillados en la inveterada corrupción de Pujol, que tiene informes sobre el pasado de todos ellos, y el de sus antiguos líderes, su blasón y orgullo.

    Harán como que los nacionalistas pierden. Harán una reforma de la Constitución, metiendo chorradas como el nombre de las autonomías, que llamarán Estado federados o con cualquier otra pedantería gris al gusto, quizá concediendo un cupo a Cataluña, como refuerzo positivo por su mala conducta; impondrán la igualdad de sexo en la Corona y una alusión al Derecho europeo. Se esconderán detrás de criterios técnicos. Alegarán el famoso informe del Consejo de Estado de 2006. Invocarán al sursuncorda. Habrá concordia: latirán los corazones juntos. Perdonarán a los Pujol y a Mas, y a los que de ellos maman. Puchi puede que caiga, que es la piñata, el parachoques. El sistema, en lo que atañe al poder, quedará incólume. Todos aplaudiremos la Segunda Transición, tan modélica como la primera; que ya era hora de modificar la Constitución, Charito, que yo no la voté y por eso ya no vale, por quedarme pequeña y vieja, cual bikini del año pasado. Yo, yo, yo. No como la de EE. UU., que es de antes de ayer por la mañana. Y a chutar otros cuarenta años de «convivencia democrática». O algo.

    ¡No! ¡Revolución de la libertad política o que siga el culebrón de la cortedad partitocrática! ¡Controlemos el poder!

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    • O'farrill
      O'farrill Dice:

      El comentario de Facundo Mellado ha clavado el tema. Me ha intrigado siempre el saber qué ramas puede agitar el Sr. Pujol y qué “pajaritos” podrían caer de ellas. Pero hay una consigna de silencio y un cierto sentido de “inviolabilidad” en todo lo ocurrido en Cataluña durante décadas.
      Hay que reconocer que el edificio no aguanta más. Que los desprendimientos están causando daños de considerable importancia en quienes tratamos de cobijarnos todavía en él. Que es necesario rediseñar y construir de nuevo, pero eliminando las “trampas” partitocráticas lampedusianas. Que hay que quitar la máscara a los “mitos” y “cuentos” con que se ha adormecido a unas sociedades cómodas (los créditos fáciles que luego pasan factura). Que es una tarea de civismo ejemplar coger las herramientas y desde la indignación responsable asumir la responsabilidad de hacer una convivencia más libre y más justa. Para eso es inevitable una reforma en profundidad de nuestra venerada y venerable C.E. No la que los partidos harían, sino la que pueden hacer los ciudadanos que deseen vivir en paz entre ellos.

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  4. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Felicitar al autor.

    Todos debemos ser conscientes de que apenas hemos comenzado a andar y que el camino va a ser maratoniano. Va a hacer falta la mentalidad de los deportistas de los circuitos de ultramaratones.
    Muchas gracias por el artículo.

    PS. En YouTube encontrarán ” Dean Karnazes, the Ultramarathon Man I run for 500 km but I am the average man “

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  5. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Un ángulo inexplorado es el papel de la masonería en todas estas cuestiones.

    https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-02-24/masoneria-puigdemont-cataluna-logia-cena_1337811/

    Nunca se habla de estas cosas por si las moscas pero es un poder fáctico incontrolado y tremendamente presente en Cataluña donde está la parte más activa de la masonería española.
    Cualquier tema relacionado con el poder social que excluya este “whatever” es muy incompleto y por tanto distante de la verdad.
    De nuevo, podemos vestirnos de lagarterana y clamar por la transparencia. Pero siempre dejamos lo más importante en la sombra.

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