La última mentira del procés: la segunda DUI

Supuestamente, el pasado viernes 27 de octubre el Parlament declaró la independencia de Cataluña e inició así la consiguiente creación de la República Catalana. Al contrario que la (no) declaración de independencia realizada el 10 de octubre por el President Puigdemont, acto seguido suspendida, ésta sí gozaría de plenos efectos. Era la buena, la de verdad.

Podría hablarse de la falta de efectos jurídicos de una declaración unilateral que, como ésta, ha sido realizada con una mayoría parlamentaria insuficiente y con total desprecio a los cauces constitucionales, legales y democráticos. Podría recordarse que, sin reconocimiento internacional, un país simplemente no existe. Pero no resulta necesario, pues los propios secesionistas han deseado desproveerla de todo efecto jurídico.

Es cierto que no existe una fórmula jurídica concreta para declarar la independencia, y, claro, menos una unilateral y, dicho sea de paso, ilegal. Lo único que pretende una DUI es lograr los efectos políticos necesarios para que, después, surtan los efectos jurídicos deseados. Esto es, pretende arrancar el citado reconocimiento externo, que por supuesto en este caso no concurre.

Pero, de todos los mecanismos parlamentarios existentes, se ha escogido para esta segunda DUI el de las “propuestas de resolución”, y eso es muy relevante. En el Congreso de los Diputados, las propuestas de resolución se conocen como proposiciones no de ley, “PNLs”. A menudo son criticadas duramente porque se hace un uso abusivo de ellas con evidentes propósitos políticos y estratégicos: en vez de aprobar resoluciones jurídicas con efectos verdaderos, se aprueban resoluciones políticas sin efectos sobre la realidad y, de paso, se retrasa ligeramente el desenlace del asunto; se da una patada hacia adelante, vaya. Una prueba de esto es que, durante la presente legislatura, el Congreso ha aprobado 609 proposiciones no de ley, pero sólo 5 leyes.

En la página web del Parlament de Cataluña puede verse el tipo de iniciativas susceptibles de presentación en el registro oficial de la Cámara. Al margen de las diversas iniciativas legislativas, que ciertamente no parecen ser los mecanismos adecuados para la DUI, se prevén, entre otras, los decretos ley o las declaraciones institucionales, que son textos, estos últimos, que expresan la posición institucional de la Cámara en aspectos que se consideran especialmente relevantes. Pero no: se ha elegido la propuesta de resolución, a través de la cual, igual que en las interpelaciones o en las mociones, la Cámara simplemente manifiesta su posición o fija objetivos y da instrucciones al Gobierno respecto a la cuestión debatida.

La presentación de estas iniciativas está prevista en el Reglamento del Parlament de Cataluña, concretamente en un apartado titulado “Los debates generales sobre la acción política y de gobierno”. Según el artículo 164, su objeto es “impulsar la acción política y de gobierno” y “pueden dirigirse al Gobierno de la Generalidad o a la ciudadanía”. En el caso que nos ocupa, se dirige al Gobierno y está compuesta de dos propuestas de resolución.

La primera propuesta está dividida, a su vez, en dos partes. La primera parte recoge, de forma literal y a modo de exposición de motivos, la declaración informal que fue firmada el 10 de octubre por los Diputados de Junts pel Sí y de la CUP, después de la intervención del President en el Pleno. Puede consultarse el texto completo de dicho documento aquí. Junto antes de que se iniciase la votación, el Diputado de Junts pel Sí Roger Torrent i Ramió pidió a la Presidenta Carme Focadell que leyera la parte declarativa de dicho texto, a lo cual ésta procedió.

Recordemos que el citado documento, en primer lugar, fue firmado por dichos Diputados con carácter posterior a la declaración institucional de Puigdemont del 10 de octubre por la que no declaró, pero sí inmediatamente suspendió, la independencia (no declarada) de Cataluña. El señor Adsuara lo explicaba muy bien en un artículo publicado en La Información. En segundo lugar, pese a que se firmó en una sala del Parlament, lo cierto es que el mismo fue suscrito a título particular y con carácter exclusivamente simbólico; cuando ya había concluido el debate parlamentario, sin haberse votado, sin siquiera haberse registrado y, por tanto, en ningún caso como consecuencia de un acto institucional en su calidad de Diputados.

Por su lado, tanto la segunda parte de la primera propuesta como la segunda propuesta de resolución sólo realizan un llamamiento al Gobierno para acometer el acto de la independencia.

Pues bien, en este punto concurre un elemento diferencial sumamente importante respecto de lo que, se supone, debe ser una DUI. Y es que, en esta segunda DUI de Cataluña no se hace, para empezar, ninguna declaración, sino que se realiza una propuesta por la que se insta al Govern a comenzar los trámites necesarios para lograr la independencia. Vean el texto de la primera propuesta:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

El Parlament de Cataluña expresa su rechazo al acuerdo del Consejo de Ministros del Estado español proponiendo al Senado del Estado español las medidas para concretar lo que dispone el artículo 155 de la Constitución Española.

(…)

El Parlamento acuerda, instar al Gobierno a dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República y en especial: 

  • A promulgar los Decretos necesarios (…)
  • A establecer la regulación del procedimiento para la adquisición de la nacionalidad catalana. (…)
  • A impulsar la suscripción de un tratado de doble nacionalidad con el gobierno del reino de España. (…).

Mayor problema plantea la segunda propuesta de resolución (aunque, debemos insistir, una propuesta, como su propio nombre indica, no viene sino a proponer la realización de algo, y no a realizarlo por sí mismo), que empieza diciendo que “el Parlament de Cataluña acuerda declarar el inicio y la apertura del proceso constituyente”. Sin embargo, aunque ni siquiera la apertura de dicho proceso puede asemejarse a una DUI, ya en la frase siguiente vuelve a delegar su cumplimiento al Ejecutivo autonómico: “Instar al Gobierno de la Generalitat a: (…) c) Convocar, difundir y ejecutar la fase decisoria del proceso constituyente; d) Convocar elecciones constituyentes una vez culminadas todas las fases del proceso constituyente.

La debilidad del lenguaje habla por sí misma. En tanto que, como decía, no existen fórmulas claras para declarar la independencia, los precedentes pueden servirnos de algo a estos efectos. Veamos, por ejemplo, el caso de la declaración de independencia de los Estados Unidos de 1776:

Nosotros, los Representantes de los Estados Unidos, reunidos en Congreso General, apelando al Juez supremo del Universo, por la rectitud de nuestras intenciones, y en el nombre y con la autoridad del pueblo de estas colonias, publicamos y declaramos lo presente: que estas colonias son, y por derecho deben ser, estados libres e independientes; que están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona británica: que toda conexión política entre ellas y el estado de la Gran Bretaña, es y debe ser totalmente disuelta, y que como estados libres e independientes, tienen pleno poder para hacer la guerra, concluir la paz, contraer alianzas, establecer comercio y hacer todos los otros actos que los estados independientes pueden por derecho efectuar.

La declaración de independencia de Kosovo, nos cause más o menos simpatía que la de los todopoderosos Estados Unidos, también presumía de una intención indubitada:

Nosotros, los dirigentes democráticamente elegidos de nuestro pueblo, por la presente declaramos que Kosovo es un estado independiente y soberano. Esta declaración refleja la voluntad de nuestro pueblo y es plenamente acorde con las recomendaciones del enviado especial de las Naciones Unidas, Martti Ahtisaari, y con su propuesta general de establecimiento del status de Kosovo.

Declaramos que Kosovo es una república democrática, laica y multiétnica, que se guía por los principios de no discriminación y protección igual ante la ley. Protegeremos y fomentaremos los derechos de todos los pueblos de Kosovo y crearemos las condiciones necesarias para su participación efectiva en los procesos políticos y de toma de decisiones. (…)

Efectivamente, en el lenguaje, y en particular en los verbos, está la clave. La diferencia es perfectamente visible: mientras que en el caso de los Estados Unidos y Kosovo se realiza una declaración definitiva sin sometimiento a requisito ulterior alguno, la de Cataluña insta al Gobierno autonómico a concluir dicha declaración, por tanto reconociendo que ésta no es definitiva.

Por supuesto, que no sea una DUI no es fruto de la casualidad, sino del propósito deliberado de sus firmantes de eludir cobardemente la responsabilidad penal derivada del delito de rebelión o sedición que entraña el acto (el que dicen haber concluido, pero que someten a un cumplimiento posterior por parte del Govern).

En efecto, de acuerdo con el Código Penal, cometen rebelión “los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: 5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional” (arts. 472 y ss.). Subsidiariamente, en todo caso pudiera serles de aplicación el delito de sedición, que es el que cometen los que “sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales” (arts. 544 y ss.). Las penas pueden llegar hasta los 25 años de prisión en el primer caso y hasta los 15 años en el segundo. Eso asusta, claro.

La segunda DUI de Cataluña, por tanto, no es más que otra mentira del procés, quizás la última oficial. No es una DUI, y no sólo porque el instrumento parlamentario no es desde luego el adecuado, sino porque, además, no hace sino delegar al Govern la declaración final y la culminación del proceso. Esto mismo lo ha confirmado el propio Puigdemont en su declaración de esta tarde cuando aludía a la necesidad de garantizar “la oposición democrática a la aplicación del artículo 155”; dentro, por tanto, del orden constitucional español y no de la nueva República.

En definitiva, que el 10 de octubre el Govern le pasó la pelota al Parlament y el 27 de octubre el Parlament se la devolvió. Y, mientras ninguno se atreve a dar el paso final, todos preparan su defensa ante los tribunales.

 

[Imagen: Javier Ramos.]

31 comentarios
  1. JoseAngel
    JoseAngel Dice:

    No pudiéndose decir que sea fraude de ley, quizá habría que concluir que estps separatas han hecho una aportación novedosa a la jurisprudencia: el fraude de delito. XD

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  2. Sergio
    Sergio Dice:

    Interesantísima la forma que tienen de estirar al máximo el lenguaje para su evasión de responsabilidad Mi pregunta es la siguiente:
    ¿Y qué hay de los actos de los miembros de la mesa del parlamento catalán? La admisión a trámite de las propuestas, al tener estos, eficacia jurídica, porque posibilitan un debate, ¿tienen encaje en los tipos penales de sedición o rebelión?

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  3. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Totalmente de acuerdo con Ignacio. El espectáculo continúa como ya he comentado en algún otro artículo. Lo que hace una parte del parlamento catalán (por ausencia del resto), es ordenar (instar) al gobierno que siga adelante, pero…. hay una votación formal que respalda la orden y que constituye un acto de consecuencias jurídicas…. La pregunta al parlamento ahora sería: “¿Han constituído Vdes. de verdad una república independiente? Si o No”. Y vuelta a empezar. Es como el juego de la oca retornando a las casillas anteriores y que puede aburrir finalmente. Como prueba de ingenio jurídico puede valer pero sus consecuencias sociales son excesivas. Otra visión es de simples chapuzas.
    Todo lo expuesto por Ignacio es muy interesante como debate en el contexto jurídico-académico, así como la resolución previa del conflicto de “legalidades” enfrentadas: las de la “nueva” república (veremos si tarda o no el proceso constituyente que se pretende) y las derivadas de la Constitución española, así como el derivado de las responsabilidades de los que han mandado (y pretenden seguir a haciéndolo) y los simples “mandados” (los empleados públicos) que se encuentran cogidos en medio.
    Un saludo.

    Esperemos que no pasen del rifirrafe dialéctico o del debate académico.
    Un saludo.

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    • Ignacio Gomá Garcés
      Ignacio Gomá Garcés Dice:

      Muchas gracias, O’farrill. Desde luego, lo único que faltaba ahora era que comenzasen a preguntar si “realmente se constituyeron en República”, vaya…

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  4. non-native speaker
    non-native speaker Dice:

    Consideraciones no solo penales, sino también de derecho internacional, habrían estado en la mente de quienes diseñaron y decidieron la firma de la declaración de independencia el día 10 de octubre en la sala auditorio del edificio del Parlament. Pongo el enlace abajo.

    Por eso, en coherencia con esa posición, cobra sentido que el Parlament en el pleno del día 27 tome la declaración del 10-O como contexto o punto de partida (un apriori fáctico y político, una Grundnorm diríamos) para su petición al Govern de que desarrolle, ahora sí, el proceso constituyente con arreglo a la ley de transitoriedad como norma suprema y fundacional del nuevo estado.

    Desconozco los méritos de esta argumentación conforme al derecho internacional, pero al menos le veo su coherencia interna. Una salvedad: la ley del referéndum contemplaba, en su artículo 4, que un resultado afirmativo “implica la independencia” (es decir, que podríamos verlo como una declaración de independencia sujeta a condición —el propio resultado afirmativo—, pero no a ratificación), pero extrañamente, acto seguido, indica que el Parlament efectuará la declaración formal.

    Digo extrañamente, no por la distinción que ofrece entre independencia implícita y declaración formal, sino porque al contemplar que la declaración formal la efectúe el Parlament resulta contradictorio con la explicación ofrecida sobre por qué no se votó en el pleno del día 10-O (los dichosos argumentos de derecho internacional).

    Cierto es que el referéndum tampoco se celebró de conformidad con lo que preveía su ley, ni hubo Sindicatura Electoral que proclamara los resultados, pero para establecer una nueva Grundnorm no hacen falta estas disquisiciones jurídicas; es pura politica.

    https://www.vilaweb.cat/noticies/agusti-carles-la-declaracio-dindependencia-no-es-va-votar-dins-el-ple-perque-seguia-el-dret-internacional-tot-esta-estudiat/

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  5. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Es muy inteligente el enfoque de este texto de D. Ignacio (jr), sobre todo en cuanto apunta a la cobardía jurídica de los actores de este desastre. Sin embargo, lo escrito, dicho y hecho se enmarca en una sucesión histórica de hechos que desembocan en la aprobación de dos leyes ya delictivas en su fondo y en su forma de tramitación y espero que nuestros tribunales atiendan a los hechos y no a las torticeras expresiones y tramiten las querellas que se interpongan con resultado de condena. De otro modo, el papel del Derecho como fundamento de la libertad, inseparable del orden social (en favor de los más débiles) quedaría dañado sin remedio. El Derecho tiene que respetar las formas, pero más la sustancia sin dejarse embaucar por la forma fraudulenta. Veremos qué sucede.

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    • Ignacio Gomá Garcés
      Ignacio Gomá Garcés Dice:

      Muchas gracias, Jesús, por tus amables comentarios. Estoy totalmente de acuerdo en que lo de anteayer no debe excluir la responsabilidad penal. Abrazos.

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  6. Rosa Esperanza
    Rosa Esperanza Dice:

    No es así. La DUI ya está declarada y el proceso constituyente de la República catalana iniciado; desde la óptica del criminal, naturalmente. Veamos cómo:
    El art. 4.4 de la ley de referéndum de autodeterminación de 6 de septiembre decía que si había más votos afirmativos que negativos “el resultado implica la independencia de Cataluña”. Esto es, la ley de referéndum atribuye eficacia jurídica declarativa al simple resultado. Con eso, quien declara la independencia materialmente es el pueblo catalán.
    El Parlament celebró el 10 de octubre “una sesión para efectuar la declaración formal de independencia de Cataluña”, en cumplimiento de lo que señala el mismo art. 4.4. El precepto dice que es declaración “formal”, en coherencia con lo anterior; y, además, no dice quién la declara,sino dónde se declara, en qué marco, que es el Parlament.
    Lo hizo Puigdemont. Él declaro formalmente la independencia, aunque suspendió los efectos de inmediato porque en ese momento no se daban las circunstancias para dar cumplimiento a la ley de transitoriedad de acuerdo con la DFTercera de la Ley de Transitoriedad. Supongo que había desacuerdos internos entre los independentistas.
    Lo que sucedió el 27 de octubre es, sin embargo, el inicio del proceso constituyente. El art. 155 CE es el acicate que diluye las anteriores resistencias a aplicar la ley de transitoriedad, y el Parlamento encomienda al Govern que empiece a aplicar la ley de transitoriedad y fundacional de la República. Utiliza la fórmula de propuesta no de ley, y tiene su coherencia interna.
    Lo primero que debemos entender es que los independentistas se rigen por sus propia visión de las cosas. Abiertamente, se apartan de la legalidad española, y, además, crean su propio marco jurídico. Nosotros no debemos esforzarnos en entender lo que hacen desde nuestra legalidad, sino afirmar que se sitúan al margen de nuestro ordenamiento jurídico, que se sitúan en la ilegalidad, y, a partir de aquí, analizar el delito que presuntamente han cometido.
    Todo lo demás que hagan, por ejemplo, si debían haber tenido Sindicatura, si no era Puigdemont quien debía declarar la independencia sino el Parlament y cosas semejantes, es solo un análisis de la actuación delincuencial, y, sobre todo, análisis de las intenciones que abriga el delincuente. Los jueces analizamos el dolo, si concurre o no; pero no necesitamos conocer las motivaciones para considerar probado el dolo, por más que a algunos nos guste saber los motivos.
    Aprovecho para apuntar que falta el elemento de violencia del delito de rebelión. Ni siquiera “la amenaza de violencia” que el auto 11/2005, de 1 de marzo dictado por el TSJ País Vasco, que archivaba una denuncia contra el lendakari en relación al llamado Plan Ibarreche, se apreciaría aquí. En Cataluña no hay kaleborroka ni una ETA más o menos en activo. Por el contrario, caigamos en la cuenta de que Puigdemont llamó al pueblo catalán -de forma muy inteligente- a una oposición democrática al art. 155 CE.
    Veo el delito de sedición, por el contrario. Pero, para eso, necesito considerar desde el punto de vista penal -cuyos conceptos son diferentes a los de derecho internacional- que el 1 de octubre el Govern llamó a votar en un referéndum suspendido por el TC contraviniendo órdenes específicas del TC y del TSJ Cataluña; que el 10 de octubre se declaró formalmente la independencia y se siguió reconociendo la eficacia de la ley de referéndum, suspendida por el TC, al que de nuevo desoyeron Govern y Parlament; y el 27 de octubre se inició el proceso constituyente con la aplicación de la ley de transitoriedad, desoyendo la declaración de nulidad del TC.
    Se alzan públicamente contraviniendo las decisiones del TC para subvertir el orden constitucional español y declarar la independencia, siendo aquí la DUI mera motivación del dolo.

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    • non-native speaker
      non-native speaker Dice:

      No estoy de acuerdo. En la sesión del pleno del día 10-O, Puigdemont no declaró —mucho menos, formalmente— la independencia de Cataluña. La declaró, junto con otros cargos electos, en la sala auditorio unos minutos más tarde. Esa es la declaración de independencia, el hecho político que contempla la ley del referéndum y al que la ley de transitoriedad da trascendencia jurídica. No sé si concurren los requisitos de algún tipo penal y si concurre también alguna circunstancia relevante, como la inviolabilidad parlamentaria, pero las firmas de los declarantes están estampadas al pie del documento y cada uno de ellos fue grabado por innumerables cámaras en el momento de hacerlo.

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  7. Miguel
    Miguel Dice:

    Hola soy licenciado en derecho. Con el CAP que otorga el CGAE. En la actualidad trabajo en un ámbito relacionado con el derecho, ésta es mi opinión:

    1.- Una declaración de independencia de una parte de una nación, no requiere de unos requisitos legales tasados, ni a nivel de derecho nacional ni internacional.

    2.- De lo anterior se deduce que cualquier declaración de independencia no se debe de ajustar a ningún estandar ni requisito formal.

    3.- De lo anterior se puede colegir que si bien no hay un cauce legal tasado en derecho internacional para hacer una declaración de independencia, sí que sería lógico que concurrieran a mi juicio, tres circunstancias:

    a) que los que declaren la independencia de un territorio, sean representantes democráticamente elegidos (es decir, que tengan la capacidad de ser sujetos activos del delito, capacidad de gobernación de un territorio con competencias reconocidas, de lo contrario cualquiera proclamar la independencia)

    b) que dicha declaración, con independencia de que se vote o se firme o se proclame verbalmente, se realice en nombre de una comunidad, como representantes de esa comunidad, es decir que los declarantes lo hagan en nombre de una comunidad y no en nombre de un partido político o a título particular

    c) que dicha declaración venga acompañada, precedida o posteriormente se ejecuten actos que manifiesten la voluntad de segregar una parte del territorio nacional.

    4.- Asumiendo éstos tres requisitos como fundamentales para entender que se ha proclamado la independencia de un territorio, vamos a ver si concurren los tres en caso concreto:

    a) Los parlamentarios secesionistas que firman el documento emitido por la generalitat, firman el mencionado documento delante de decenas de cámaras de televisión, es decir, lo firman ellos, no lo firma un ciudadano de a pie, o una organización política o una asociación civil. Primer requisito cumplido, han sido autoridades de un parlamento regional quién han proclamado la independencia en un documento firmado públicamente.

    b) El documento que firman se firma en condición de representantes del pueblo de cataluña, en concreto la resolución dice: “nosotros, representantes democráticos del pueblo de Cataluña”. De lo cual se deriva que la firma del documento no se hace a título particular, ni como una declaración política de un partido político, sino como “representantes de un parlamento regional” Es decir, no es una postura política personal, ni tan siquiera una declaración política sin mayores efectos, sino que concurre la condición de autoridad y diputado de un parlamento regional junto con la firma de un documento no a título particular como contrariamente intenta argumentar el Sr. Ignacio Gomá, sino que se firma en condición de representante y por lo tanto autoridad de un parlamento regional. Vemos por tanto, que el sujeto activo del delito es una autoridad y que esa autoridad firma un documento en calidad de autoridad y representante de una parte del territorio nacional.

    c) Sobre la necesidad de que dicha declaración no quede en una mera retórica política, sino que venga acompañada, precedida o posteriormente a la misma, se ejecuten o se hayan ejecutado actos externos que revelen la intención de segregar una parte del territorio nacional. Y en ese sentido, hay que recordar la ley de transitoriedad, el referéndum ilegal sin garantías, etc, etc.

    5.- En resumen: una declaración de independencia no tiene unos cauces y formalidades definidas ni el derecho internacional ni en el nacional. Pero eso no significa que por esa regla de tres, no se pueda punir penalmente una declaración de independencia de parte del territorio nacional, de lo contrario cualquier autoridad en cualquier lugar del mundo podría proclamar la independencia y realizar actos externos que demuestren su voluntad de segregar parte del territorio nacional, y bien que dicha consecuencia no tuviera respuesta penal por parte del Estado, por la sencilla razón de que no existe un cauce en el derecho internacional para proclamar la independencia de un territorio.

    6. ¿Eso significa que si 4 amigos se reunen en un garaje y firman un documento proclamando la independencia sería delito? No.
    Porque no son autoridad. Porque firman a título particular y no en condición de representantes legítimos. Porque desde un garage no se puede ejecutar una independencia.

    El que no haya en el derecho internacional un cauce tasado para declarar la independencia de una parte del territorio nacional, no significa que cualquier declaración, firma o votación pueda considerarse una declaración de independencia válida y al no ser válida no tenga consecuencias penales. Ahora bien, el hecho de que una autoridad o conjunto de autoridades (es decir, son claramente sujetos activos del delito), organicen un referéndum ilegal, y posteriormente firmen en condición de representantes de un parlamento una declaración de independencia, reúne todos los requisitos básicos para entender que sí ha habido una declaración de independencia de parte del territorio nacional.

    Otra cosa es que se permita y se genere un antecedente muy grave a nivel nacional e internacional de que frente a un golpe de Estado no se aplique la ley.

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    • O'farrill
      O'farrill Dice:

      Estoy bastante de acuerdo con el comentario de Miguel. Si nos empeñamos en buscar “modelos” nos vamos a enredar más de lo que estamos.
      1.- Ha habido una propuesta de declaración de independencia del gobierno catalán a su parlamento.
      2.- Se ha formalizado esa propuesta en un documento institucional en sede institucional.
      3.- Se ha recogido la propuesta por el parlamento catalán y aprobado por mayoría (escasa) de los legítimos representantes del pueblo catalán, en un acto solemne de proclamación de la república, seguido de actos de reafirmación del mismo ante el pueblo catalán (todo ello con los cargos institucionales aún en vigor y en sedes institucionales.
      Todo ello en medio de “negociaciones” en la sombra que, como ya es costumbre, no se conocerán.
      Mientras tanto se plantean unas próximas elecciones como “normalización” de la situación por el nuevo gobierno (en funciones) desde Madrid…. (continuará) Un saludo.

      Responder
      • Ignacio Gomá Garcés
        Ignacio Gomá Garcés Dice:

        Gracias por sus comentarios, Miguel y O’farrill. Para responderles, me remito a mi comentario al comentario de Andrea (más abajo). Un abrazo.

  8. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Me parecen muy interesantes y estimulantes para el debate los comentarios realizados. Sobre todo porque nos dan una idea de la complejidad de la situación y, para que no decaiga, acabo de oír que los partidos independentistas tienen previsto acudir a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. ¿Es surrealismo o, definitivamente, se les ha “ido la olla”? Vamos a ver…. si como dicen son ciudadanos de una república independiente del Estado Español al que no reconocen ¿como van a presentarse a unas elecciones en un país diferente al suyo convocadas por otro estado? También podrían hacerlo en Alemania, en Portugal, en Italia…. Creo que hay que empezar a pensar en la psiquiatría seriamente para tratar de entender lo que pasa, a menos que alguien pueda dar “pistas” sobre las ramas y los pajaritos del Sr. Pujol…… ¿hay alguien que lo haga? Un saludo.

    Responder
    • Miguel
      Miguel Dice:

      No hay ninguna complejidad. Lo que hay es un movimiento secesionista en toda regla.

      Y la pregunta es:
      ¿Un movimiento secesionista de una parte de un territorio nacional de un estado es un asunto o materia de derechos humanos?
      – No, no lo es, ya que un territorio no es sujeto de derechos humanos, lo son las personas.

      ¿Por qué hay que decir ésto?
      – Pues porque el secesionismo quiere reconducir lo que es un intento de secesión de parte de un territorio a un conflicto de derechos humanos.

      ¿Va el derecho internacional reconocer como derecho humano la secesión de un territorio? Si ésto fuera así, yo me bajo.

      Por la sencilla razón de que el sujeto de derechos humanos no es un territorio sino las personas. Y las personas que viven en cataluña tienen derechos humanos plenamente garantizados en la constitución española y su estatuto de autonomía. Otra cosa es que ningún jurista ni político en las cadenas de televisión haga pedagogía de éste asunto

      Responder
  9. Rafael
    Rafael Dice:

    Disiento con todo por la base de partida: la cuestión no es si independencia sí o no (es evidente que jurídicamente es nula y políticamente inviable con el apoyo de la mera mayoría social); la cuestión es el “derecho a decidir”, esa es la batalla final. Aquella es una cortina de humo para debatir (razonablemente) sobre esta última.

    Responder
    • Rafael
      Rafael Dice:

      A ver si me explico: no es OTRA cuestión, es LA cuestión. La de este artículo es indiferente e inocua a efectos de los independentistas. Y, efectivamente, se puede discutir sobre la pertinencia de una independencia (efectos favorables y desfavorables); pero en la escena política y jurídica no está planteado ese debate.

      Responder
      • Ignacio Gomá Garcés
        Ignacio Gomá Garcés Dice:

        Insisto en que ésa es otra cuestión (que le interesa más a usted), pero no la de este artículo.

    • Rafael
      Rafael Dice:

      Datos:
      1. “El Parlament se ha disuelto” (Forcadell).
      2. “Un 57,4% de españoles, a favor de un referéndum pactado y legal” (El Mundo).

      Responder
      • O'farrill
        O'farrill Dice:

        Muchas gracias Rafael por la aportación de tus datos. Los míos son que el parlamento catalán sigue en funciones con independencia de las responsabilidades personales que pueda haber en sus actos (eso desde la legalidad española). Ahora bien, si ellos tienen -o dicen que la tienen- “su” propia legalidad, considerarán válidos los actos que lleven a cabo. En resumen, no creo que esté disuelto.
        En cuanto a las “encuestas”. Después de haber trabajado algunos años con ellas conozco la “cocina” que hay detrás y no me creo ni una. En primer lugar porque el encuestado dice lo que le parece oportuno en ese momento (temporalidad del dato) cuando no miente porque considera una intromisión en su intimidad personal las preguntas. Desconocernos en cuanto a como somos, sentimos y actuamos no se resuelve con porcentajes, sino con un conjunto de ciencias interrelacionadas. Y ni así. Un saludo.

  10. andrea
    andrea Dice:

    Que no compartas el relato independentista no significa que no puedas comprender la coherencia técnica del procedimiento (si el artículo tenía por finalidad mostrar una incoherencia técnica, que lo dudo). De antemano decirte que no entiendo tu crítica presuntamente jurídica.

    1) No es un “deseo de los secesionistas” desproveer la DI de eficacia jurídica. Tu mismo afirmas que no hay vías legales (iniciativas legislativas parlamentarias) para conseguilo, es decir, no hay una alternativa con efectos jurídicos. En consecuencia, no es un deseo, es una limitacion legal del derecho parlamentario.

    2) No ofreces alternativas “jurídicas” o más caregóricas en la declaración, donde se vote la voluntad de constituir (y no “instar al gobierno a”) porque no existen. Verás que la declaración institucional que propones no se vota en el pleno. No entiendo lo del Decreto-Ley (¿una declaración mediante una ley?).

    3) “Lo único que pretende una DUI es lograr los efectos políticos necesarios para que, después, surtan los efectos jurídicos deseados” y justamente es lo que se consigue con una Propuesta de Resolución. Misión cumplida.

    4) No es una DUI, es una DI. Una DUI sería por votación parlamentaria si no hubiese habido el referéndum del 1 de octubre. La independencia ya se votó el 1 oct por la población (ley del referéndum). La Ley de Transitoriedad requiere, en caso de que gane el sí en el referéndum, una declaración formal de independencia (lo vemos en la exposición de motivos de la Propuesta de Resolucion, con valor político, sin votación, pues ya se ha votado en referéndum) y el inicio del proceso constituyente (dotar de efectos jurídicos la declaración política de la expo de motivos). Esto último es lo que se votó el 27. Puedes no estar de acuerdo con el relato, pero técnicamente cuadra, no es un invento para eludir responsabilidades penales.

    5) En Kosovo fue una DUI y de aquí las diferencias en la forma de iniciativa parlamentaria. Son los diputados quienes votan constituir el estado independiente de Kosovo (y no los ciudadanos por refernéndum).La declaración tampoco tenía valor jurídico seguro, pues era una mera declaración, también.¿No existió?

    6) Tu conclusión parece ser que “no es una DUI” (“No es una DUI, y no sólo porque el instrumento parlamentario no es desde luego el adecuado, sino porque, además, no hace sino delegar al Govern la declaración final y la culminación del proceso”), lo que no tiene ni congruencia lógica con tu afirmación de entrada “no existe una fórmula jurídica concreta para declarar la independencia, y, claro, menos una unilateral y, dicho sea de paso, ilegal. Lo único que pretende una DUI es lograr los efectos políticos necesarios para que, después, surtan los efectos jurídicos deseados”. ¿Entonces, lo del 27 oct, es una DUI, o no?
    Además, la siguiente afirmación es un oxímoron en si misma: “que no sea una DUI no es fruto de la casualidad, sino del propósito deliberado de sus firmantes de eludir eludir cobardemente la responsabilidad penal derivada del delito de rebelión o sedición que entraña el acto”. SI no hay acto (DUI) no hay delicto del que eludir cobardemente la responsabilidad.

    Por todo lo anterior, la “DUI” no es “una mentira del procés”. No por carecer de efectos jurídicos algo es irreal. A veces, lo político es más real que lo jurídico. Tan real que sin ser jurídico puedes tener responsabilidades penales que eludir cobardemente 😉

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    • Ignacio Gomá Garcés
      Ignacio Gomá Garcés Dice:

      Muchas gracias por su comentario. No obstante, discúlpeme que le diga, Andrea, que pienso que no ha entendido el contenido del artículo. Intentaré explicarme mejor. Por reafirmar la mayor: no hay una fórmula jurídica para declarar la independencia, pero aquí lo que ocurre (al margen de todo lo demás, como la fórmula empleada, que es más que cuestionable) es que NO se ha declarado la independencia.

      Por lo menos estaremos de acuerdo en la definición de la RAE al verbo “declarar”: “Manifestar una decisión sobre el estado o la condición de alguien o algo”. De ser así, la tesis fundamental del artículo es que en esa PNL, además de ser una PNL, el Parlament no “manifiesta decisión alguna sobre el estado o la condición de alguien o algo”, sino que le pide al Gobierno catalán que lo haga por él. Y, en mi opinión, es para eludir responsabilidad en el momento del proceso penal que corresponda, que llegará (como todos podemos intuir).

      Cosa distinta es que la intención haya sido la de declarar la independencia y que eso no eluda su responsabilidad, pero desde luego, formalmente, no se hizo, no ya una declaración de independencia, sino que ni siquiera se hizo una declaración.

      Saludos.

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  2. […] ganando a sus fieles, pero poco más.  La declaración unilateral de independencia, aparte de ser un burdo ejemplo de manipulación legislativa, se ha quedado en seis tipos en Bruselas convirtiéndose en el chiste […]

  3. […] una verdadera DUI, desde un punto de vista formal, como bien ha apuntado Ignacio Gomá Garcés (ver aquí), lo cierto es que esta cuestión resulta irrelevante desde un punto de vista penal. En este […]

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