Un gran éxito para la transparencia

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Se acaba de aprobar la nueva Ley de Contratos Públicos, una ley en la que Civio ha tenido mucho que ver. Tras dos años de duro trabajo, Civio ha conseguido que a partir de ahora la contratación pública sea más transparente y que las prácticas corruptas sean más difíciles de llevar a cabo.

¿Y qué es lo que se ha logrado? Civio te lo explica en este vídeo. Se trata de una de las victorias más importantes en los cinco años de vida de la Fundación, que no habría posible sin los cientos de personas que colaboran y les apoyan, lo que posibilita que se pueda seguir llevando a cabo esta labor.

Es un gran paso, pero queda mucho por hacer. Civio te necesita para seguir vigilando a los poderes públicos y presionando para lograr una transparencia real y eficaz en las instituciones.

¿Qué puedes hacer? Apoyar a una organización independiente y sin ánimo de lucro, que necesita gente como tú para poder seguir investigando y logrando cambios. Juntos podemos dejar huella. Te demostraremos que implicarte merece la pena. Hazte donante.

El procés: testimonio y crónica de un desgarro

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“En el futuro habrá, posiblemente, una profesión que se llamará ‘oyente’. Acudiremos al oyente porque, aparte de él, apenas quedará nadie más que nos escuche. Hoy perdemos cada vez más la capacidad de escuchar (…) Ningún anuncio escucha”

(Byung-Chul Han, La expulsión de lo distinto, 2017, p. 113 y 121).

Llegué a Barcelona en el curso 1997/1998, procedente del País Vasco como profesor invitado de la UPF. Entonces en Euskadi caían chuzos de punta (estrategia Oldartzen o “socialización del sufrimiento”). El cadáver de Miguel Ángel Blanco aún estaba fresco, por no decir (aunque algo más alejados en el tiempo) los de Tomás y Valiente o Fernando Múgica. Y muchos otros más. La idea era estar algún tiempo en Cataluña, tierra entonces inclusiva y tolerante, y ver mientras tanto si aquello escampaba. La vida me enredó unos años allí. Y de la UPF pasé a la Escuela Judicial, también en Barcelona, luego a ESADE, más tarde a la Dirección de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, para terminar retornando a la UPF, pero ya con una actividad profesional de consultor institucional que inicié en 2007 y que durante un período de tiempo alterné con la dirección de la Fundación Democracia y Gobierno Local. En total bastantes años dando tumbos por la tierra de Pompeu Fabra y Ramon Llull. Ciclo que cerré provisionalmente en 2015 trasladando mi actividad profesional a Donostia-San Sebastián y de forma definitiva en febrero de 2017, aunque sigo viajando a Barcelona por motivos familiares, docentes y profesionales. Lo que sigue, por tanto, es un testimonio y una breve (e incompleta) crónica de un proceso visto por alguien que ha vivido los acontecimientos desde cerca, observando con preocupación cómo los rasgos definitorios de una sociedad plural, respetuosa, tolerante y acogedora, se han ido diluyendo poco a poco hasta prácticamente desaparecer.

Los primeros años de estancia en Barcelona la tranquilidad fue la nota dominante del espacio político catalán, la etapa política de Pujol declinaba y el hereu ya estaba designado por el dedo del patriarca. Poco después, ya en la era de Pasqual Maragall (aunque con precedentes en el mandato anterior), se promovió la reforma del Estatuto, pero estuvo muy mal conducida y pésimamente gestionada, también por el gobierno de Rodríguez-Zapatero. El Estatuto prometido no llegó y comenzó a instalarse un halo de frustración. El paso del texto estatutario por las Cortes Generales (que, así lo escribí, nunca debió salir en esos términos de las instituciones catalanas) comportó (en esa incendiaria frase que perfectamente Alfonso Guerra se podría haber ahorrado) “pasar el cepillo” y generar una doble frustración. La anémica aprobación en referéndum de la reforma estatuaria otorgó una débil cobertura o apoyo al nuevo Estatuto. Aun así el modelo –con todas sus limitaciones- podría poco a poco explorar sus potencialidades.

Nada de eso sucedió. La impugnación del Estatuto ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular abrió un antes y un después en este largo proceso que ya lleva más de doce años coleando, aunque siete en ebullición. Una sentencia del Tribunal Constitucional, dictada cuatro años después (2010), declaró inconstitucionales diferentes preceptos de la reforma y llevó a cabo una interpretación de conformidad con la Constitución de otra buena parte de su contenido. La tercera frustración y el segundo “cepillado”. Y fue, cosa que nunca se resalta, la mayoría progresista del Tribunal la que se impuso. ¡Qué hubiera pasado si triunfan las tesis de la minoría conservadora! Mejor no pensarlo.

A partir de ese momento, aunque ya los ánimos estaban calientes, se abrió la caja de Pandora. La rauxa sustituyó al seny. Y una sociedad, antes comedida, integradora y pactista, se fue transformando paulatinamente de forma imperceptible en un entorno cada vez más hosco y la intransigencia comenzó a florecer. La estelada quedó colgada sine die en las terrazas y ventanas de las ciudades y pueblos. El independentismo creció, poco a poco, acelerando su implantación tras la victoria del Partido Popular en las elecciones legislativas de finales de 2011. Se hizo casi hegemónico entre la gente joven (dato nada menor). Como ha reconocido Víctor Lapuente, nada se entiende del proceso independentista catalán y de su creciente alejamiento de España sin ser conscientes del rechazo que aglutina esa formación política en Cataluña. No entraré aquí a describir si es justificado o no. Pero muy mal hicieron las cosas. No fueron los únicos en el arte de errar, pero sí los que generaron mayores destrozos.

Fruto de esos años y de comportamientos más recientes, vinieron las simplificaciones y los eslóganes fáciles (“España nos roba”; “Votar es democracia”; “España franquista”; “España igual a represión”; “presos políticos”, cuando son políticos presos, como dice el periodista Juan Cruz). Mensajes de bisutería política, de democracia top manta o de la era de la posverdad. Una identificación interesada entre España y sus gobernantes circunstanciales o un falseamiento absoluto de lo que es actualmente el país y cómo funciona (mal, pero no peor que la Generalitat, ni mucho menos). No obstante, ese discurso plagado de simplificaciones caló (y cala) hondo.  La fobia hacia el PP se había transformado ya en claro rechazo hacia España. Había campo abonado. A partir de ahí, algunos independentistas adoptaron una actitud de soberbia y de supremacía que tampoco en nada ayudará a que las relaciones de armonía se pudieran restablecer. No obstante, tales personas son pésimos mensajeros de su propia causa. La perjudican y mucho. La paradoja puede ser que al final de varios años de procés las filas del independentismo mengüen y no crezcan precisamente. Han creado un perfil del independentismo marcadamente antipático y excluyente. Dependerá de cómo se hagan las cosas desde las instituciones centrales. Visto lo visto, sobre todo lo más reciente, las dudas nos asaltan. Más todavía con lo que vendrá, que nada bueno augura.

El proceso de aceleración histórica se inició en aquel momento, ahora está ya desbocado. Líderes y agitadores irresponsables han hecho el resto. Se quemaron etapas a una velocidad de vértigo, se pasó de reivindicaciones autonomistas a exigencias de singularidad constitucional (Concierto Económico, sin saber realmente lo que ello significaba), y de ahí al manido derecho a decidir y, poco más tarde, a la propuesta soberanista (consulta del 9-N de 2014), que pronto se transforma en una opción de independentismo unilateral. Artur Mas, tiene gran parte de culpa en todo esto. Pero tampoco es el único. Ante la indolencia política o el desinterés suicida que mostraba el Gobierno español y su Presidente frente al crecimiento exponencial del fenómeno independentista, la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias fue el siguiente paso. Desde Madrid se miraba aquello como una enfermedad pasajera, con una ceguera que hoy en día causa alarma. Fallaron las alertas (el CNI, al parecer, ha estado todos estos años de vacaciones en el Caribe). Se equivocaron de palmo a palmo en el diagnóstico. No se hizo política. El Gobierno dormitaba esperando no se qué. Gobernantes que nada saben de hacer política no pueden dirigir un país. Pero además es un Gobierno que nada sabe comunicar, vetusto en imagen y anclado en fórmulas pretéritas. La España analógica se enfrentaba al independentismo digital. Relato perdido. Por goleada. Nos salva que nadie (o casi nadie) quiere dinamitar la Unión Europea a plazos. Nada más.

Las elecciones plebiscitarias se saldaron, conviene recordarlo, con un fracaso electoral sonado, puesto que quienes pretendía sumar una mayoría absoluta de escaños se quedaron lejos de tal escenario (haciendo bueno el dicho de que en política dos más dos no son cuatro, pueden ser tres o menos), dependiendo así de una fuerza minoritaria antisistema (anarquista-comunista-ultranacionalista) como es la CUP. Tampoco obtuvieron, en su momento álgido, mayoría de votos, ni siquiera contando lo que eran antes “churras” (Junts x Si) con “merinas” (CUP). Y aquí empezó la fiesta o, dicho de otro modo, la radicalización del procés. La hoja de ruta independentista cayó en manos de la CUP y del asociacionismo ultranacionalista. Luego vino la chapuza postmoderna de las leyes de desconexión, así como el  irregular (sin garantía alguna) y suspendido (ahora ya inconstitucional tras la sentencia del TC, pero que nadie se inmuta en las filas del independentismo) “referéndum” del 1-O. La impotencia se instaló en un Estado ausente de Cataluña, tras la ruptura insurreccional del 6 y 7 de septiembre. La reacción del Gobierno español osciló entre la tibieza inicial y el garrote y tente tieso. Lamentable. Un Estado desvalido ante un proceso insurreccional institucional desconocido en una democracia occidental, en el que una parte del Estado reniega del orden constitucional mediante un juego de prestidigitación “constitucional” que cambia de la noche al día el sistema vigente. Las formas más básicas se ven preteridas y se echa mano del viejo argumento de la soberanía de la mayoría del Parlament, abriendo una etapa en la que cualquier sistema constitucional se podrá arrumbar en ese país por mayorías contingentes. Se acabó lo que se daba.

Lo cierto es que, por esos errores antes citados y otros muchos acumulados a lo largo de los años anteriores, también de responsabilidad política compartida, en el período que va desde 2010 a 2017 muchas personas se fueron pasando con armas y bagajes al mundo independentista. Pero la sensación de agravio fue haciendo honda la herida, retroalimentada por algunos medios de comunicación pirómanos en Madrid y correspondidos los mensajes por otros medios cada vez más propagandistas y sectarios en tierras catalanas. Ya no había marcha atrás. Se abría la zanja. Y no había nadie que echara tierra sobre ella o que se planteara construir puentes. Estos se volaron.

Con frecuencia se olvida, sin embargo, que el total y absoluto desapego (cuando no animadversión u odio) que se produce hacia España y todo lo español que se da entre buena parte del independentismo más radicalizado, vino precedido de una campaña de catalanofobia que se cultivó desde algunos medios de comunicación madrileños y a través de una política irresponsable durante los años del Estatut. De aquellos polvos vienen estos lodos. En no pocas ocasiones, fuera de Cataluña, tuve que defender a esa tierra y a sus reivindicaciones. En cenas con amigos, en comidas profesionales o en conversaciones varias. Ahora, con toda franqueza, ya no lo hago. Han llegado tan lejos,  quebrando totalmente el marco constitucional y las reglas del juego, que resulta imposible en términos racionales defender nada que tenga que ver con esa locura en la que han subido a dos millones (¿?) de personas y afectado a todos los demás. La verdad es que tenemos políticos pigmeos para problemas que requieren estadistas de altura. Esta es nuestra gran desgracia. Tanto allí como aquí.

Sin embargo, en Cataluña algo empezó a torcerse a partir de 2014. El sector público comenzó desde esa fecha un declive del que no se ha recuperado hasta ahora. La obsesión del procés devoró la agenda. Todo se fiaba a construir estructuras de Estado y escenarios de la futura independencia. Cataluña, pionera de la transformación del sector público, se hundía en la mediocridad. Una auténtica pena. Solo se hacía política existencial. Nada más.

Mientras tanto, en un persistente goteo, la sociedad se polarizaba, se partía, se enemistaba. Familias rotas, amigos/as que dejaban de serlo, compañeros de trabajo que ya no compartían ni un café, vecinos que se daban la espalda, antiguos colegas que se transformaban del día a la noche en ajenos, parejas que también sobrellevan esas distancias o que incluso se quiebran por tales diferencias. Nada será lo que era. Comenzó lisa y llanamente el desgarre puro y duro. En algunos casos terrible, fuente de padecimientos emocionales, que no se cuentan en las frías noticias; aunque sí en algún reportaje. El ultranacionalismo se instaló en una parte de la sociedad, alimentado por unos medios de comunicación públicos, antes  de buena factura y ahora deplorables. En el otro lado también reverdeció el nacionalismo español más rancio. Pero con frecuencia se olvida que existen más de tres millones de personas en Cataluña con derecho a voto, que son la mayoría, atrapadas en una lógica infernal y en un círculo diabólico al que nadie desde la política ofrece una salida mínimamente viable y consensuada. Esos son los grandes perdedores o paganos de este negro panorama. Y entre ellos también existe mucha incertidumbre, miedo, desconfianza y un inevitable punto de cabreo sobre lo mal que se están haciendo las cosas por pirómanos y bomberos.

En efecto, el procés no solo se ha llevado la legalidad constitucional y estatutaria, las instituciones y a la cultura institucional por delante, afectado o eliminado a no pocas fuerzas políticas (sobre todo las centrales del anterior sistema político), polarizado a la sociedad en el esquema schmittiano amigo/enemigo, o sembrado odio (recíproco) a paladas, de donde solo se pueden recibir tempestades; sus efectos son mucho peores, pues nos guste más o menos está convirtiendo gradualmente Cataluña en una sociedad cerrada e intolerante. La peor condición humana está emergiendo. Las redes sociales destilan basura y linchamiento por doquier. Nadie escucha nada, solo a los suyos en un monólogo empobrecedor y circular que nunca puede abrir un verdadero diálogo, que tanto se predica y nada se aplica. El fanatismo ha echado raíces profundas, se ha instalado cómodamente en lo que era (y ya no es) una sociedad plural, base de cualquier sistema democrático. Sectarismo y odio son hoy en día moneda corriente que circula por Cataluña. Muchas son las personas que quieren salir de allí, que ya no sienten el país como propio, aunque también las hay que se sientes atrapadas. Hay testimonios que entristecen profundamente, como este de Isabel Coixet. Ya no se admite la diferencia, la discrepancia, la crítica o aquella posición que no esté alineada con la independencia. Estas personas pasan a ser (exceso donde los haya) franquistas o súbditos españoles. Miseria del lenguaje, que nunca es neutro.

Lo siento, sinceramente, por los muchos conocidos (y algunos amigos) que he cultivado durante mi estancia en esa tierra. Lo siento  también por un país que ya no es (y presumo que no será nunca, al menos a corto/medio plazo) el que era: inclusivo y tolerante. El totalitarismo nacionalista que se pretende imponer por el independentismo más intransigente o el rancio nacionalismo español (este último alimentado desde la cómoda distancia) parecen ser, respectivamente, las señas de identidad  en las que los polos se abrazan. Nada bueno cabe augurar de esa tensión, que ahora enciende como una mecha el ultranacionalismo catalán (mucho más fuerte tras las purgas del mes de julio en los aparatos del poder) y pretende ser apagada con más gasolina desde el otro lado. La templanza no es una de nuestras virtudes. Todos mueven sus trapos y entonan sus himnos. Rota la armonía, se encontrarán con la antesala del infierno. Ya se vislumbran las llamas.

Sin embargo, con toda franqueza, el problema real (sin perjuicio de que a todos nos salpique, dado que nadie queda a resguardo) es de la sociedad catalana, si es que ésta aún existe. Exclusivamente suyo. Es ella la que ha de reaccionar y reconstruir la escena quemada. Si creen que esa es la hoja de ruta para fer país, ellos sabrán hacia dónde van. La alta incertidumbre no la podrán mantener muchas semanas o meses más, aunque se volverán a multiplicar las ocurrencias tácticas. El tiempo corre en su contra. El país se está hundiendo, la economía también. Aunque hay quienes se frotan las manos. Esto se acaba, aunque el incendio está aún poco controlado y seguirán apareciendo focos de grandes llamas y de insurrección callejera.

En todo caso, los contextos de excepción (como el que se anuncia tras el 21-O) no son buenos compañeros de viaje (menos cuando el calentón tiene la fiebre desbordada) y todo se puede ir más aún al garete. Las medidas aprobadas son duras, sin apenas graduación (salvo las que se haga de una gestión prudente, si es que se es quiere y las circunstancias lo permiten) y discutidas por no pocos miembros de la comunidad jurídica, así como (esto es importante) de aplicabilidad efectiva más que dudosa. Pero este es un debate que ahora no puedo abordar. Ya está en las redes y los editores de este Blog ya han dado su razonada opinión.  En todo caso, pretender gobernar Cataluña con el “mando a distancia” del artículo 155 o haciendo “zapping” institucional, requiere conocer muy bien el terreno (algo de lo que cabe dudar) y una máquina que obedezca. Y no está claro que ello se produzca. Tampoco que no genere una reacción exagerada de uno u otro lado. De momento la DUI, luego vete a saber (elecciones constituyentes, antes de la activación plena del 155, y vuelta a empezar). La intransigencia ultranacionalista que ahora manda ya no tiene marcha atrás: van directos al aquelarre. Gobernar la Generalitat desde “Madrit” es algo que no se digerirá fácil. Solo hace falta leer el problema en clave de fútbol. Ya pueden hacer pedagogía (o aprender a hacerla), pues costará mucho que esas medidas no se indigesten. Y, entonces, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Aunque, también es verdad, que se detecta cansancio, agotamiento o, si prefieren, una honda tristeza de lo mal que se han hecho las cosas. Pero también lo es que hay fuerzas de choque preparadas para todo. No lo olviden.

Pase lo que pase, ya nada volverá a ser lo que era. La Cataluña mestiza e integradora, aquella tierra de acogida, se ha fracturado, se ha roto por completo. Se ha ido por el sumidero del procés. Cataluña ya no existe, se ha transmutado en el ideal totalitario y excluyente del ultranacionalismo independentista hoy gobernante a través del singular Directorio catalán (https://www.elconfidencial.com/autores/tribuna9-1816/) y mañana gobernada transitoriamente (o eso se intentará) desde Madrid, lo cual es un oprobio que será elevado a categoría de exterminio, en ese lenguaje hiperbólico que ya está plenamente afincado en el independentismo ultra. Al menos para muchos años o décadas no se vislumbra reconstrucción efectiva. En su momento se repartirán responsabilidades por ello, tanto internas (que muchas hay) como externas, que también abundan. La cuestión, como siempre, es quién escribirá el relato. Eso se dirime en los próximos meses.    

 

Why were “los Jordis” sent to prison and Trapero was not?

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(Written by Hay Derecho Joven Editors and Javier Cuairán García)

 

As expected, the decree of the judge sending Mr. Jordi Sànchez, president of the Assamblea Nacional Catalana (ANC), and Mr. Jordi Cuixart, president of the Ómnium Cultural, to preventive prison without bail has caused a huge stir. Some people say that the justice system is making “political prisoners” and others say that it is just a judge applying the text of the law in a dispassionate way. On the contrary, the decision of the Magistrate of the Central Court No. 3 of the National High Court, Mrs. Carmen Lamela, to grant provisional liberty without bail to Mr. Josep Lluís Trapero, the Mayor of the Mossos, and Mrs. Teresa Laplana, Intendant of the aforementioned body, has also raised passions.

 

The crime of sedition

The crime that is prosecuted in this case, as is well known, is sedition, which is regulated in articles 544 et seq. of the Criminal Code as an offence against public order. According to the aforementioned precept, sedition is committed by those who “without being included in the crime of rebellion, raise themselves publicly and tumultuously to prevent, by force or outside the legal channels, the application of the Laws or to any authority, official corporation or public official, the legitimate exercise of their functions or the fulfilment of their agreements, or administrative or judicial resolutions”.

 

Pre-trial detention

Before going on to analyse the judicial decisions handed down on October 16th , 2017 by the Central Instruction Court No. 3, it is important to briefly anticipate what pre-trial detention is and how it is regulated in our legal system.

This is a precautionary measure and therefore provisional in time, consisting of the deprivation of liberty of the person under investigation, which, although generally decreed at a very early stage of the procedure, can be adopted during the entire process. As the reader can imagine, in a system that guarantees individual rights such as ours, the freedom of the person under investigation -whose innocence is presumed- is the general rule. Provisional detention must necessarily be the exception, since it is the most burdensome of all the cautionary measures that exist in our legal system. Therefore, the reasons a leading to the adoption of such a measure should be the extremely serious.

In our legal system, the precautionary measure of provisional detention is regulated in articles 502 et seq. of the Criminal Procedure Act. In particular, three conditions are required in order to adopt it (article 503): (i) firstly, the existence of one or more  actions that are punishable with a penalty of two years’ imprisonment or more; (ii) secondly, that sufficient grounds appear in the case to believe that the person against whom the order is to be issued is criminally responsible for the crime; (iii) finally, the precautionary measure must pursue one of the following aims: either to avoid the risk of leakage, or to conceal, alter or destroy relevant sources of evidence, or risk of reoffending.

 

Different resolutions in different cases      

As it has been said, we have two judicial decrees issued on the same date and occasion, by the same Magistrate and for the same facts, in which “there is no discussion” -always in terms of the evidence given the embryonic state of the investigation- about the criminal nature of the acts allegedly committed by the four persons under investigation, Mr. Sánchez, Mr. Cuixart, Mr. Trapero and Ms Laplana after “impeding the application of the legal system as a whole”, which is inferred from the account of facts common to both resolutions.

Although these two cases are more similar than different, it is also true that the Magistrate makes a distinction in their respective judgments with respect to the punitive consequences, considering the facts at this early stage of the investigation. While Mr. Sánchez and Mr. Cuixart were sentenced to prison without bail, the Magistrate decided in the case of the Mayor and the Supervisor of the Mossos, Mr. Trapero and Ms Laplana, to adopt other less burdensome provisional measures such as the appearance every fortnight before the judicial body, as well as the prohibition of leaving the national territory with the consequent withdrawal of the passport.

This disparity of both resolutions  finds its explanation in the following two points: (i) the degree of certainty about what happened is higher in the facts regarding Mr. Sánchez and Mr. Cuixart than in the case of Mr. Trapero and Ms Laplana; (ii)  the degree of participation is more intense also in the former than in the latter, at least in what has been proven to date after having taken statements from all the parties, having examined the content of the judicially intervened telephone communications and having observed the photographic reports in the reports issued by the Guardia Civil.

First of all, it should be pointed out that this is a procedure that limits the facts under investigation to the period between the 20th and 21st of September 2017, leaving aside any others facts of possible criminal appearance that have not been brought to the procedure.

 

“Los Jordis” case

With regard to the participation of Mr. Sánchez and Mr. Cuixart, the facts are summarized in their appeal for those days “not to a peaceful demonstration or rally, but for the” protection “of the Catalan Governors and Institutions, through mass citizen mobilizations, in front of places where police actions were being carried out“, specifically, entries and registers in various bhomes.

Thus, the decree states that “they were erected as interlocutors of the concentration, affirming that they could move the members of the concentration for their purposes“, being “aware that this would make it difficult for the police to act“, and then listing a series of episodes in which they actively participated, in order to move the “crowd” to act “against the judicially ordered actions“.

Especially eloquent of the seriousness of the events is the episode that relates that “due to the large number of people who were still on the street, the Judicial Commission formed by the Agents and the Interim Court Secretary remained besieged and held against their will inside the building, preventing the demonstrators from leaving through the front door of the building“, all this from 22:00 to 23:45 hours, “the time when the Interim Court Secretary of Justice could be evacuated through the theatre adjacent to the building, camouflaged and mixed between the audience leaving the theatre“.

 

Trapero and Laplana case

On the other hand, regarding the participation of Mr. Trapero and Mrs. Laplana, the facts attributed to them refer to a passive attitude and inactivity facing what was being committed there. Thus, the Order refers to five specific orders issued by the Guardia Civil to the Intendant Mrs. Laplana, which tended to avoid or, at least, to lessen the mishaps of such concentrations, and for which she showed an open refusal to obey. The Order also blames Mr. Trapero for being late in complying with the court order of establishing a device that could allow the Interim Court Secretary and other officers without disturbances.

In light of the foregoing, both Orders enforce two first requirements of article 503 of the Criminal Procedure Act, as long as (i) the offense of sedition is punishable by up to ten years’ imprisonment, and (ii) there are evidences enough in the case to suggest that the four persons under investigation are responsible.

Nonetheless, the Magistrate argues that the criminal nature of the facts is not as clear-cut as they are to Mr. Sánchez and Mr. Cuixart, as long as the declaration of Mr Trapero and Mrs. Laplana “coincides with what the two lieutenants of the Guardia Civil and the lawyer of the Administration of Justice declared”, in stating “that they did not act against the concentrates because they considered that, given their volume, that could have generated a serious disturbance of public order without practical consequences”, and therefore understands that none of the premises of the first paragraph’s third point of article 503 of the Criminal Procedure Act were accomplished and they are necessary for pre-trial detention.

The possible plausibility of the Mossos’ statements, contrasted during the course of the pre-trial phase was, in short, what served the Magistrate of the Central Examining Court No. 3 to decouple -despite the seriousness of the facts- the procedural situation of the four investigated, unlike the proven actions against public order carried out by Mr. Sanchez and Mr. Cuixart. However, this Order concludes with a “without prejudice to the possible extensions” of the facts and of the subjects who may have intervened in them, which could cause the measures adopted to vary if events of a similar nature continue to occur.

 

Independence of the Judiciary

By the way, the political-social derivations, which, by their nature, are the subject of these proceedings, may lend themselves to certain interference outside the judiciary. Any proponents of democracy, the rule of law and one of the fundamental principles on which they are founded (the separation of powers) demand that the decisions of judicial bodies to be respected and to be kept separate from their “review”. Do not forget this: the Legislative and Executive branches are responsible for approving and modifying laws, the judges are responsible for interpreting and applying them. Let’s let everyone do their job.

 

Momentos decisivos: elecciones, el artículo 155 y su ejecución

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El pasado viernes hacía yo un largo hilo de tuits (se puede ver aquí) en el que exponía mi particular visión del problema catalán hasta ese momento y en concreto de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, cuyo anuncio se preveía para el día siguiente. Señalaba en él que una aplicación del artículo 155 “de mínimos” -expresión que se había usado varias veces como opción deseable- no podía entenderse sino en el sentido de que las medidas tenían que ser proporcionales y adecuadas a la situación que trata de resolver, pero no como algo puramente testimonial o para cubrir el expediente que no solucione nada o incluso sea contraproducente. La fuerza coactiva del Estado debe usarse cuando proceda y sin fallar, porque si no se destruye la propia esencia del poder. Por eso me parecieron un error político -por muy profesionales que fueran- las actuaciones policiales del 1-0: no consiguieron en la práctica parar el referéndum y sirvió a los sediciosos para hacerse propaganda.

La aplicación por el gobierno del artículo 155 no fue, sin embargo, de mínimos en el sentido formal, dado que previó medidas que iban más allá de la simple convocatoria de elecciones para enero, como indiscretamente Carmen Calvo dejó caer. Había mucho más: cese del ejecutivo catalán, limitaciones al Parlament, control de mossos y medios de comunicación públicos, lo que evidencia que el gobierno español ha comprendido que el reto al que nos encontramos no es de índole representativa sino de legalidad, por lo que antes de la convocatoria es preciso restituir mínimamente el Estado de Derecho lo que, en la situación actual, no significa anular leyes inconstitucionales (cosa que se ha hecho) ni sancionar conductas penales (que también se ha hecho y se hará), sino simplemente parar la dinámica de unas estructuras de poder catalanas que han decidido presentar una oposición directa, frontal, colectiva y casi física a la normativa vigente contra la cual ni sentencias ni negociaciones (que no sean capitulaciones) son remedio alguno.

Por eso yo me he manifestado en contra de una aplicación del 155 limitada a la convocatoria de elecciones. Convocar unas nuevas elecciones inmediatamente significaría tanto como mandar un mensaje a la población que dijera: “habéis votado mal, es preciso hacerlo otra vez, hasta que lo hagáis bien”, lo que además de no ser demasiado correcto puede no solucionar problema alguno: si simplemente se repitiera el resultado de las últimas elecciones lo único que habríamos conseguido es aplazar el problema. Por supuesto, si el resultado fuera otro totalmente distinto quizá se mejorara la situación, pero ni eso lo podemos asegurar ni tampoco nos encontramos aquí con un simple problema de gobierno –en el que pueden entrar en juego diferentes intereses políticos a corto plazo- sino ante un verdadero problema de Estado que exigirá soluciones de Estado, con visión a largo plazo. Por supuesto, ha de haber tarde o temprano elecciones -como muy tarde, en seis meses- pero esperemos que sea en otras condiciones.

Por eso mismo me está preocupando una especie que corre por las redes que es la posibilidad de que Puigdemont en estos días que quedan hasta la aprobación por el Senado de las medidas del artículo 155 pudiera convocar elecciones. Elecciones de acuerdo con lo establecido en la ley, que luego oportunamente se podrían convertir en plebiscitarias, constituyentes o cualquier otra cosa vigente o suspendida que permitiera alargar un poco más el culebrón. De hecho, en algunas noticias se señala que ello podría paralizar la aplicación del art. 155 (aquí y aquí) aunque Albiol parece decir lo contrario.

Desde luego, si yo estuviera en el lugar de Puigdemont es lo que haría, porque eso me permitiría tener un mayor plazo para enredar, me liberaría de las garras de la CUP de momento, seguiría en funciones una larga temporada y quizá evitaría la aplicación del artículo 155 si las ganas de que pase de ellos este cáliz impele a nuestro dirigentes a procrastinar un poco y encima quedar como unos grandes negociadores que han logrado resolver el problema acudiendo a las urnas. Por eso creo que aunque se produjera esa convocatoria creo que sería preferible que la aplicación del artículo 155 siguiera adelante anulándola o asumiéndola si se considerara posible.

Porque como decía antes, el problema que tenemos no es de gobierno, es de Estado. Es necesario restablecer las condiciones de seguridad jurídica y libertad necesarias para que el voto sea libre y desalojar del poder a personas claramente insumisas. Como dice en un reciente artículo García Domínguez, “sin la máquina de lavar cerebros de las madrasas de la Generalitat, sin los medios de comunicación del Movimiento funcionando a toda máquina durante las veinticuatro horas del día, y sin los centenares de chiringuitos insurreccionales financiados con cargo al Erario, esto volvería a parecer un sitio normal de la Europa civilizada en cuestión de meses. Por eso los que dentro de la sala de máquinas de la asonada todavía conservan la cabeza encima de los hombros, el cínico Mas por ejemplo, son tan sabedores de que perder ahora el control de la Generalitat significaría perder la partida”. Lo transcribo porque lo suscribo. Por supuesto, unos pocos meses no dan para solucionar los problemas de fondo de Cataluña, pero quizá si sirvan para desactivar las redes políticas clientelares que contaminan, entre otras cosas, el libre ejercicio del derecho de voto.

Por tanto, desde mi punto de vista, el control de la Generalitat es estratégicamente la acción más importante para desactivar la operación separatista. No el separatismo, claro. Y, obviamente, ha de hacerse bien y con todas las consecuencias. Eso significa que no se puede decir eso de que “me duele a mí más que a ti” o lo de “preferiría no aplicarlo”, en expresión que ya he usado alguna otra vez en este blog. Lamentablemente el Estado tiene por delante una labor enormemente difícil y arriesgada no sólo porque pueda haber movilizaciones callejeras, que ya se están anunciando, sino por la resistencia que previsiblemente pueda presentarse por parte de funcionarios o todavía peor, por mossos de escuadra, que no desobedezcan pero boicoteen las disposiciones que adopte el nuevo ejecutivo. Por eso, desde mi punto de vista, las personas encargadas del ejecutivo provisional catalán deberían, en primer lugar, estar en Cataluña y también ser de Cataluña. Las medidas que se adopten no pueden tomarse desde Madrid. Sería muy positivo que además se tratara de un órgano colegiado compuesto de personas de diversas tendencias ideológicas o de los diversos partidos constitucionalistas implicados y quizá incluyendo alguno con una mayor sensibilidad nacionalista: esto generaría mayor unidad, corresponsabilidad y daría un claro mensaje de que la cuestión no lo es de gobierno, sino de Estado, y se transmitiría además la sensación de que en este asunto se va a llegar a donde haya que llegar.

Conste que no quiero mano dura. Participo de la opinión de mi hermano Fernando expresada en su post de ayer: no se trata de castigar a Cataluña por sus malas acciones, ni sancionar una región rebelde, por otra parte muy querida para mí. Entre otras cosas porque no es “Cataluña”, sino una parte de su ciudadanía la que se comporta así. Se trata, simplemente, de que impere la ley, pero es imprescindible transmitir a quienes quieren impedirlo la idea de que se va a hacer todo lo que sea necesario y de que no va a ocurrir como con el referéndum que teóricamente no se iba a celebrar pero que finalmente se celebró, aunque fuera de aquella manera. Si el adversario es conocedor de que uno tiene “voluntad de vencer (querer), libertad de acción (poder) y capacidad de ejecución (saber)”, que es lo que se exige en los manuales de estrategia para vencer, tenemos mucho adelantado.

¿Qué precio vamos a pagar por ello? No lo sé, es una incógnita. Quizá, como dice Jabois en “Date un capricho”, se trata de una revolución de ricos que quiere darse el capricho de sentirse bolcheviques durante un mes y que ha arrastrado a mucha gente que cree que no tendrá factura cruzar el río con el escorpión encima y que cuando haya de pagarla los ricos ya habrán trasladado sus sedes. Y ya se ha empezado a pagar, precisamente con el traslado de estas sedes. Quizá si el precio se empieza a mostrar en toda su evidencia la razón vuelva a imponerse. Si no, habrá un precio alto que deberá pagarse si quiere mantenerse el entramado constitucional que tanto nos ha costado conseguir.

En los próximos días pueden ocurrir muchas cosas. Incluso que Puigdemont comparezca en el Senado y haga alguna propuesta que pudiera modificar los términos del 155. Me encantaría que fuera así, pero lo dudo porque el marco incumplidor en que se ha situado no parece permitirlo. Pero, como decía al final del hilo de tuits que antes enlazaba, creo que, si se resuelve bien, esta crisis puede reforzar nuestras instituciones porque en definitiva, “crisis” no significa otra cosa que “decisión”. Sólo hay que decidir bien. Y estar dispuesto a llevar a cabo la decisión.

Abierta la convocatoria para el hackathon del programa #HackTheJustice

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Para la segunda edición de #HackTheJustice, que tendrá lugar del 17 al 19 de noviembre en el Madrid International Lab, los organizadores buscan 50 pioneros, agentes del cambio con ganas de mejorar la Justicia, que quieran dedicar una tarde de viernes, un sábado completo y una mañana de domingo a desarrollar en equipo tecnología para mejorar nuestra Justicia y el Estado de Derecho.

Las ideas que serán desarrolladas tienen unos objetivos tan necesarios como mejorar el funcionamiento del turno de oficio, luchar contra la violencia de género, hacer más comprensibles sus obligaciones y derechos al ciudadano, apoyar al exportador en el conocimiento de las normas comerciales o proteger al consumidor en sus compras de E-commerce (consultar ideas).

El Hackathon comenzará el viernes 17 y acabará el domingo 19 de noviembre y se celebrará en el Madrid International Lab, que está en la calle Bailén de Madrid 41. Los equipos serán multidisciplinares y por ello se buscan profesionales, con o sin experiencia de estos perfiles: juristas (abogados, notarios, jueces, etc.), programadores, diseñadores gráficos, creativos, profesionales del marketing, etc.

El objetivo es generar unos prototipos de herramientas informáticas (web o apps). Durante el Hackathon, everis pondrá a disposición de los participantes conjuntos de datos abiertos; Amazon Web Services (AWS) ofrecerá a cada equipo $100 de créditos promocionales en su plataforma y varios expertos, apoyarán a los equipos para que logren alcanzar sus metas.

Un nutrido jurado formado por relevantes profesionales del mundo de la Tecnología y del Derecho será quien juzgue las aplicaciones y decida los ganadores después de que cada equipo presente su prototipo.

 

Toda la información sobre #HackTheJustice está disponible en la página web del Instituto de Innovación Legal: bases legales, fechas, horarios y lugar de celebración puede consultarse aquí: https://institutodeinnovacionlegal.com/justiapps2017/hackathon/

 

¡Compremos productos catalanes!

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Imaginemos que en Cataluña se produjera repentinamente una enorme catástrofe natural, un terremoto o un tsunami que arrasara con todo su territorio, que dejara a la intemperie a multitud de personas, que arruinara las vidas, negocios y futuro de tantas y tantas personas inocentes.  Qué duda cabe de que tal desgracia provocaría de inmediato en toda España una reacción de pesar, solidaridad y deseo de ayudar a todas esas personas para que el dolor fuera menor y para que pudieran recuperarse cuanto antes. Y sería la actitud correcta y más humana.

Pues bien, Cataluña en estos momentos se encuentra azotada por una catástrofe, no natural sino artificial, pero cuyos efectos pueden ser tan demoledores como aquélla: un nacionalismo radical y profundamente antidemocrático ha decidido romper con el Estado de Derecho, incumplir las leyes que nos protegen a todos de la tiranía del poder ilimitado y lanzarse de cabeza a un delirio separatista enajenado por completo de racionalidad.

Esto, que tiene consecuencias políticas que han sido y seguirán siendo abundantemente comentadas en el blog, ya está afectando dramáticamente a las vidas y las economías domésticas de todos los catalanes, y es previsible que lo haga con mucha más dureza en los meses futuros. Una economía, la catalana, que en el año 2017 iba a recuperar el nivel anterior a la crisis , se está desplomando por momentos y se encuentra ahora en peligro de recesión, con todo lo que eso significa: despidos, cierre de empresas, ejecuciones bancarias por impago,  jóvenes con su futuro profesional restringido cuando no perdido del todo, ansiedad y angustia… Pobreza.  Un “desastre económico sin paliativos” a medio plazo, en palabras de un ex conseller de Artur Mas. La odiada crisis que creíamos haber superado.

Una catástrofe económica artificial generada por una deriva antihistórica, antieuropea y completamente estúpida amenaza a Cataluña y a los catalanes. Ante esto, ¿cómo debemos responder desde el resto de España? ¿Cuál será nuestra actitud?  Es inevitable que, en un primer momento, nos asalten un cúmulo variado de emociones, muchas veces contrapuestas entre sí. Las catástrofes las provocan en grado sumo. Pero aunque nos dejemos llevar por ellas, podemos y debemos elegir cuáles de esas emociones han de regir nuestro comportamiento.

No optemos por las emociones del resentimiento, el despecho, la venganza o la tristeza, negándonos a consumir productos o servicios que vengan de Cataluña para generar un boicot económico. Hay otras emociones igualmente poderosas y mucho más positivas que nos llaman en estos momentos de crisis: la empatía con tantas personas y familias a las que lamentablemente les esperan tiempos duros, sueños rotos, esfuerzos de tantos años que se truncan y un futuro económico peor, en vez de mejor; la conciencia de que esto es una catástrofe generada por unos señoritos aprendices de brujo que han jugado a ser luchadores por la libertad, que ya está afectando a millones de personas, y que en nuestra mano está no agravarla, sino, por el contrario, contribuir a suavizarla en la medida de lo posible.

España, ha dicho con toda justicia Josep Borrell, no tiene quien le escriba. No tenemos, o lo tenemos de manera muy imperfecta, un relato común que nos una a partir de los sentimientos, que nos explique por qué es mejor seguir caminando juntos en vez de separados. Quizá es que ese relato debamos escribirlo entre todos, y ahora se nos presenta una oportunidad de demostrar nuestro deseo de hacerlo. Para los que pensamos y sobre todo sentimos que España, a pesar de tantas cosas (a veces madre y siempre madrastra, que dijo el poeta) merece la pena como proyecto de convivencia y prosperidad comunes, estos meses dramáticos han de ser una llamada sin matices a la solidaridad activa.

Compremos productos catalanes, porque miles y miles de personas que viven de sus negocios lo necesitan. Hay unos compatriotas, los que viven en Cataluña, en grave peligro, pasando angustia diaria y con un futuro ennegrecido, y necesitan nuestra respuesta. “…Ayúdennos y rescátennos a los de a pie, a los que dudamos por nuestros modestos ahorros, por nuestro trabajo, por nuestros hijos. De verdad, estamos con el agua al cuello, enterrados en la nieve, esperando una ayuda que no llega y deseando que todo esto pase, que se acabe de una vez.”, esto se ha escrito en un artículo de La Vanguardia titulado expresivamente: Help!!.

Compremos productos catalanes, porque debemos combatir junto con la buena gente que hay en Cataluña a los radicales extremistas que forman una parte del movimiento separatista, para los cuales, cuanto peor vaya todo, mejor, dado que su objetivo último no sería la secesión, sino la imposición de un régimen totalitario y xenófobo, para lo cual necesitan destruir la democracia y fomentar el caos.

Compremos productos catalanes, porque si, además de los sentimientos utilizamos la cabeza, la caída económica de Cataluña va a afectarnos a todos muy negativamente, como su prosperidad hasta hace pocos meses nos ha estado beneficiando.

Compremos productos catalanes, porque, como dice Manuel Jabois, al final la mayoría de los que han provocado todo esto saldrán indemnes, y pagarán los de siempre.

Compremos productos catalanes, porque siempre los ha habido y los sigue habiendo de enorme calidad, la cual solamente se logra con ímprobos esfuerzos y sacrificios durante muchos años por parte de los que los producen, y lo que cuesta años levantar puede ser destruido en pocos meses.

Compremos productos catalanes, demos un mensaje efectivo de apoyo y empatía (y de inteligencia), hagamos público que los compramos en conversaciones y redes sociales (#yocomproproductoscatalanes), impliquémonos cada uno en la medida de nuestras posibilidades.

Porque la única alternativa a ayudar es no ayudar, y esa negativa no puede ser una alternativa, compremos productos y contratemos servicios catalanes.

 

El 155 ya está aquí en defensa del Estado de Derecho

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A la hora de activar el art. 155 de la CE, el Gobierno (ver aquí el acuerdo del Consejo de Ministros de ayer) se ha terminado inclinando por la tesis que venimos defendiendo en este blog desde hace muchas  semanas  (aquí y aquí) frente a otras contrarias, apoyadas por ejemplo desde Agenda Pública (aquí, aquí y aquí). Conforme a estas últimas, el art. 155 prácticamente no sirve para nada; por lo menos no sirve para sustituir a Puigdemont, disolver el Parlament y convocar elecciones, lo que viene  a ser lo mismo. Sin embargo, y afortunadamente, no es esa la opinión de los especialistas que han estudiado el asunto con mayor profundidad (Vírgala y Gómez Orfanel), en base al Derecho comparado, los antecedentes históricos y legislativos y, sobre todo, la naturaleza de las cosas, un criterio de interpretación hoy abandonado pero muy utilizado por los romanos, esos que inventaron esto del razonamiento jurídico. Cuando las autoridades de una Comunidad Autónoma se rebelan contra la Constitución, el Estatuto, las Leyes, las sentencias del Tribunal Constitucional, las decisiones del resto de los Tribunales y hasta contra sus propias leyes ilegales aprobadas los días 6 y 7 de septiembre pasados, no hay más remedio que proceder a su sustitución, con la lógica facultad de poder convocar elecciones para volver a la normalidad democrática, que es el objetivo último. Cualquier otra solución es un desiderátum.

No hay que olvidar que el art. 155 de la CE tiene un antecedente directo en la coacción federal prevista en el art. 37 de la Ley Fundamental de Bonn. La doctrina constitucional alemana defiende que el ámbito de las medidas a tomar queda dentro del terreno de las potestades discrecionales y que entre ellas se encuentra sin duda alguna la posibilidad de una ejecución sustitutoria de la actividad tanto legislativa como ejecutiva del Land y el ejercicio por tanto del Poder ejecutivo o legislativo del Land a través de un Comisario federal o figura análoga (E. Vírgala, La coacción estatal del art. 155 de la CE). Consecuencia lógica  es que ese Comisario gubernamental pueda convocar las elecciones cuando lo considere conveniente.

Así lo explicita claramente el acuerdo letra A) de las medidas adoptadas en el acuerdo de ayer, al reservarse singularmente el Gobierno de la nación o sus delegados la competencia del Presidente de la Generalitat para decretar la disolución anticipada del Parlament y convocar elecciones autonómicas. Ya anticipamos (en bastante soledad, todo sea dicho) la procedencia y la corrección de esta posibilidad en nuestro post del 18 de septiembre pasado. En cualquier caso, la entrada en vigor de las medidas dependerá de la aprobación del Senado.

Con todo, es obvio que la única opinión que cuenta sobre esta disputa jurídica es la que pueda emitir en su día el Tribunal Constitucional. Recordemos la pragmática afirmación del juez Holmes (“Entiendo por Derecho las profecías acerca de lo que los Tribunales harán realmente, y nada más”).  Ahora bien, ¿será esta decisión recurrida por la Generalitat ante el Tribunal Constitucional, una institución en la que no creen, desconocida por su Ley de Transitoriedad? ¿O buscarán reacciones distintas a las puramente jurídicas?

Es una cuestión que a partir de hoy pasa a tener indudable interés. Si se considera admisible el recurso de inconstitucionalidad ante el acto de autorización del Senado, entonces quizás el trabajo de recurrir se lo haga Podemos; pero si, como defiende la mayor parte de la doctrina constitucionalista, no hay más remedio que acudir al conflicto positivo de competencias, entonces la Generalitat deberá mojarse. En  cualquier caso, conviene recordar que hasta ahora Puigdemont no le ha hecho ascos a la ambigüedad y a la contradicción y al “cherry picking” en materia jurídica.

En todo caso, no se han convocado directamente las elecciones, como la indiscreción de Carmen Calvo hizo creer, sino que se ha subrogado en la facultad de convocarlas al Gobierno, dándose un plazo de seis meses para ello. Medida prudente, a nuestro parecer, porque permite decidir el momento concreto en función de que se aprecie si se han logrado las condiciones idóneas de vuelta a la legalidad. No ha sido, pues, un 155 “de mínimos”, sino algo más. Precisamente para lograr esas condiciones se establecen otra serie de medidas de gran calado como el cese del ejecutivo autonómico, la asunción del control de la Administración catalana con reserva de la facultad de nombramiento de cualquier autoridad, la adopción de medidas sobre los mossos de escuadra y sobre los medios de comunicación públicos. Es decir, las medidas adoptadas no se limitan a la convocatoria de elecciones, sino que permitirán que durante el plazo que se establece para la convocatoria se puedan adoptar las disposiciones necesarias para la vuelta al Estado de Derecho que, a su vez, garantice unas elecciones en el marco de la legalidad estatutaria y constitucional.

Por supuesto, consideramos que cuanto antes puedan tener lugar esas elecciones autonómicas será mejor para todos, por evidentes razones jurídicas y políticas. Jurídicas, en cuanto que la proporcionalidad y la transitoriedad derivadas implícitamente del art. 155 no permitirían mantener esta nueva situación de manera indefinida o durante un tiempo prolongado. Políticas, porque procede devolver cuanto antes la palabra a los ciudadanos de Cataluña.

Desde nuestro punto de vista la salida ordenada a este conflicto todavía es posible, puesto que la aplicación del art.155 requiere unos trámites antes de su puesta en vigor. Bastaría la convocatoria de elecciones por el propio Gobierno catalán bajo la legalidad constitucional y estatutaria. La tentación del uso victimista y propagandístico de la aplicación de este precepto, ciertamente compleja e inédita  en nuestra democracia, en un contexto con un fuerte componente emocional, será casi irresistible y quizás la única manera de mantener la unidad del bloque secesionista, pero no parece que sea la mejor solución, dado que solo serviría para empeorar aún más la situación.

Nos esperan días muy complicados para todos. Desde Hay Derecho queremos reiterar nuestro compromiso firme con la democracia y el Estado de Derecho que es el objetivo para el que nacimos hace casi 7 años. No sabíamos entonces que iba a ser tan necesario. Pensamos que si, a pesar de todo, somos capaces de aprender la lección como sociedad de que fuera del Estado de Derecho no hay democracia posible, y aprendemos de una vez que las reformas constitucionales por ambiciosas y complejas que sean son perfectamente posibles si se alcanzan los consensos y las mayorías necesarias, pero por los procedimientos en ellas establecidos, habremos dado un salto de gigante. Porque en estos momentos nos toca comportarnos a todos como ciudadanos de una democracia madura y avanzada para que la nuestra lo acabe siendo.

Por esto es inconstitucional la ley del referéndum de autodeterminación

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El pleno del Tribunal Constitucional ha asestado el golpe de gracia jurídico al proceso independentista en Cataluña resolviendo el recurso contra la denominada “ley del referéndum de autodeterminación” de 6 de septiembre de 1917 (ver aquí sentencia_TC_referendum ). El recurrente era el Abogado del Estado en nombre del Presidente del Gobierno.

La sentencia es interesantísima por muchos motivos –solo las consideraciones sobre el pretendido fundamento en Derecho Internacional del “derecho de autodeterminación” del pueblo de Cataluña daría para otro artículo- pero debemos ir a lo urgente: por qué es inconstitucional la ley que pretendía legitimar el referéndum y, por tanto, por qué lo son todos sus actos derivados.

Hay litigios en los que las partes se cañonean con sucesivas andanadas de argumentos jurídicos como preparando un abordaje a golpe de jurisprudencia y doctrina. Hay otros, en cambio, en los que basta un torpedo certero a la santabárbara del contrario para que todo salte por los aires. Esos argumentos definitivos y esas citas implacables han concurrido en este sentencia que desbarata el referéndum refutando sus mismos fundamentos jurídicos: “nuestro enjuiciamiento habrá de ceñirse […] a examinar la validez o invalidez jurídicas de estas pretensiones de erigir en la Ley 19/2017 y, a partir de ella, lo que hemos llamados unos “sistemas” jurídicos ajenos a todo el ordenamiento vigente”.

Hagamos  dos observaciones. La primera: la sentencia resuelve sobre la constitucionalidad “de la totalidad de la ley” de modo que el debate no se centra en cada punto del articulado, sino en sus principios. Tal vez por eso es una sentencia breve en comparación con otras del Tribunal. La segunda: ni la Generalitat ni el Parlament de Cataluña formularon alegaciones para defender la constitucionalidad de la norma. En una aparente estrategia de ruptura, prefirieron el silencio a la defensa activa de una ley que, como advierte el propio Constitucional, “no reclama para sí la presunción de constitucionalidad que en general acompaña la obra del legislador democrático”.

En efecto, esta ley se levanta sobre un supuesto “derecho a la autodeterminación (art. 3.3) que se pretende “fundamental e inalienable del pueblo de Cataluña” (art. 3.2). Esta pretensión hundiría sus raíces en el “derecho de los pueblos a la autodeterminación” invocado en ciertos tratados internacionales de los que España es parte.

Frente a la ley, el Tribunal esgrime la Constitución.

El “derecho a la libre determinación” del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos y del de derechos económicos y sociales  está, según la propia doctrina de Naciones unidas, “acotado […] a los casos de sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras”. Así, no cabe aplicarlo al caso catalán, que es “uno de los pueblos de España” según reza el preámbulo de la Constitución.

En realidad, según las Naciones Unidas, “todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas”. Con esta referencia, el Tribunal deja desarbolada la argumentación de Derecho Internacional.

Todo lo demás se viene abajo con el mismo estrépito.

En efecto, no se trata solo de la tacha competencia porque “se ha convocado un referéndum sin recabar la preceptiva autorización del Estado (art. 149.1.32 CE)” sino que los cimientos mismos del edificio de la ley ceden ante el peso de los reproches constitucionales:

“La Ley 19/2017 es, con toda evidencia, inconstitucional y lo es en su conjunto al contrariar, de modo explícito, principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional: la soberanía nacional, residenciada en el pueblo español, la unidad misma de la Nación constituida en Estado social y democrático de derecho, y la propia supremacía de la Constitución, a la que están sujetos todos los poderes públicos y también, por tanto, el Parlamento de Cataluña (arts. 1.2, 2, 1.1 y 9.1 CE)”.

Así, contrariada la soberanía del pueblo español, la unidad nacional y la supremacía de la constitución, todo lo demás debe desmoronarse por el hundimiento mismo de sus cimientos. Sería, pues, innecesario entrar en más consideraciones.

Sin embargo, el Constitucional entra de hoz y coz en el asunto de la reforma constitucional, que tanto debate ha suscitado en el contexto de las negociaciones entre los partidos políticos en torno a los apoyos para la aplicación del art. 155.

Recuerda la sentencia invocando jurisprudencia constitucional: “la Constitución, como ley superior, no pretende para sí la condición de lex perpetua. La nuestra admite y regula, en efecto, su «revisión total» […] en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución”.

No, no se trata de que la constitución sea inmutable, pero tampoco de que pueda violentarse su fuerza de obligar ni sus procedimientos.

He aquí, pues, el núcleo incandescente del problema: la Ley de Referéndum es intrínsecamente inconstitucional por sus mismos fundamentos y no por el mero contenido de uno u otro artículo. Es insalvable y, por lo tanto, nula.

Esto debería bastar para hacerse una idea cabal de la magnitud de la nulidad declarada. Hay más motivos que los resumidos aquí y todos ellos interesan. Sin embargo, detengámonos un instante en un conjunto de argumentos expuestos por el Constitucional en relación con la infracción del propio procedimiento de tramitación de la ley en el Parlament de Cataluña. En suma, el Tribunal  acoge la pretensión relativa a que “la iniciativa legislativa que dio lugar a la Ley 19/2017 fue irregular hasta el extremo de deparar la inconstitucionalidad de esta última”. En efecto,  dice la sentencia, “la preservación del pluralismo político en el curso de los procedimientos legislativos es inseparable del respeto a la posición y derechos de las minorías […]  y a la integridad misma de los derechos de los representantes para el ejercicio en condiciones de igualdad, y con arreglo a las normas reglamentarias, de sus funciones propias; derechos mediante los que se realiza, al propio tiempo, el derecho fundamental de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de la institución de la representación política (art. 23.1 CE)”.

De este modo, la tortuosa tramitación de la iniciativa legislativa incurrió “en muy graves quiebras del procedimiento legislativo, que afectaron sin duda a la formación de la voluntad de la cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes (Art 23.1 y 2 CE)”.

De este modo, la ley se hunde no sólo por las gravísimas infracciones constitucionales que la invalidan desde la raíz, sino por su propia tramitación que –en lugar de reflejar la voluntad de los ciudadanos- terminó vulnerando su derecho a participar en los asuntos públicos.

Por todo esto es inconstitucional la denominado “ley del referéndum de autodeterminación”.

Jornada Anual de Competencia 2017: Diez años de aplicación de la ley

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El martes 24 de octubre se celebra una década de la aprobación de la Ley de Competencia y, por este motivo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) organiza la mesa redonda ‘Competencia y Sociedad’.  El objetivo de la Jornada es repasar y evaluar los 10 años de aplicación de la ley, desde una perspectiva más cercana al ciudadano como consumidor y a las empresas como entidades afectadas, tanto en calidad de denunciante como de denunciado. Elisa de la Nuez, Secretaria General de Hay Derecho, será una de las ponentes que formarán parte de la mesa redonda.

El acto se celebrará a las 15.00 horas en la sede de la CNMC, C/ Barquillo, 5, Madrid.

Toda la información del evento, pinchando aquí.

Entrevista a Ignacio Gomá Garcés en Radio Internacional: “Cataluña: Prisión provisional para los Jordis”

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“La Alacena Global” de Radio Internacional entrevista a Ignacio Gomá Garcés, Editor de la sección joven de la Fundación Hay Derecho.

En la entrevista ‘Cataluña: prisión provisional para los Jordis’, Gomá habló sobre la situación política de la región y aclaró por qué “los Jordis” ingresan en prisión y Trapero no, en alusión al artículo escrito el miércoles 18 de octubre por Hay Derecho Joven con la colaboración de Javier Cuairán. El texto de HD Joven responde a los autos de la Magistrada Dª. Carmen Lamela, en los que se decreta la prisión provisional para Jordi Sànchez, presidente de la Assamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural y, en cambio, se rechaza para el Mayor de los Mossos, Trapero, y su Intendente.

Podéis escuchar la entrevista a continuación, bien a través del enlace (pincha aquí o aquí y escúchala a partir del minuto 16 a 26). También puedes descargarla, ¡Esperamos que os guste!

Radio Internacional_Alacena Global_Entrevista IGG_2017 10 18