Un auto de prisión poco fundamentado

El auto por el que la juez Lamela ordena el ingreso en prisión incondicional de ocho exconsellers de la Generalitat peca de escasa fundamentación. No vamos a entrar en algunas cuestiones laterales, por muy relevantes que sean, como la debilidad de la acusación por rebelión o la  discusión sobre la posible incompetencia de la Audiencia Nacional para conocer de este asunto, sino que nos vamos a limitar este análisis de urgencia al auto en cuestión y exclusivamente desde un punto de vista  técnico, como corresponde a la defensa de la separación de poderes que hace este blog  desde hace muchos años. Desde el punto de vista político la valoración que se puede hacer de la incidencia del auto es bastante evidente: se pierde mucho de lo ganado con la rápida convocatoria de elecciones, la huida de Puigdemont y el acatamiento del art. 155 por la Administración Catalana. Pero hay que ser coherente: esa valoración no le corresponde a una Jueza de instrucción. Ni siquiera al Ministerio Fiscal.

Pues bien, el auto, de sus diecinueve páginas, dedica apenas tres a lo que constituye el meollo del asunto: si en el caso estudiado concurren o no los requisitos para la prisión provisional. El resto es un relato pormenorizado de un golpe de Estado  institucional que, a estas alturas, todos los españoles medianamente informados conocen a la perfección, pero que, pese a su indudable gravedad, tiene poca conexión –o más aún, incluso entra en cierta contradicción- con la mínima fundamentación que se dedica a justificar la prisión provisional.

Recordemos que como el propio auto indica, de acuerdo con nuestra legislación vigente y con la jurisprudencia del TC, para que pueda ordenarse la prisión provisional debe concurrir al menos una de las siguientes circunstancias:

a)Evitar el riesgo de fuga.

b) Evitar la destrucción de pruebas.

c) Evitar la reincidencia.

Veamos que nos dice el auto sobre cada una de ellas:

a) Sobre el riesgo de fuga, señala que los delitos de los que les acusan están severamente penados y que cuanto mayor es la pena, mayor el incentivo para huir; que los acusados tienen medios económicos para vivir en el extranjero o pueden conseguirlos fácilmente; y que algunos de ellos ya han huido (como el Sr. Puigdemont).

Ninguno de estos argumentos tiene mucho peso. Si fuese una mera cuestión de la importancia de la pena, la ley ordenaría la prisión provisional para todos los delitos graves, cosa que no hace. La posibilidad de contar con medios económicos tampoco parece suficiente. Habría que ordenar la prisión provisional de cualquiera que perteneciese a la clase media española o simplemente contase parientes o amigos que han prosperado o han emigrado al extranjero. Y lo de que otros han huido no es un argumento válido puesto que precisamente habiendo presuntamente cometido todos el mismo delito unos han tomado la decisión de huir y otros la de quedarse y someterse voluntariamente a la acción de la justicia. Dicho de otra forma, el argumento sirve para pedir la prisión de Puigdemont, pero no la de Junqueras. No puede decirse tampoco que estemos en presencia de una organización o banda en la que sus componentes actúan conjunta o coordinadamente. Parece obvio que consideraciones de carácter personal o/y político han determinado conductas muy diferentes de los acusados.

b) En cuanto a la destrucción de pruebas el auto no dice prácticamente nada, solo señala que es posible que se produzca y que  a los acusados les gustaría hacerlo, pero no explica el motivo. Podemos pensar que todo presunto delincuente desea eliminar pruebas que le inculpen, evidentemente, pero la cuestión estriba en si está en condiciones de hacerlo. Y en este caso para los acusados la posibilidad es mínima, primero porque han sido cesados en sus cargos y ya no controlan la Administración catalana y sobre todo porque -como ponen de relieve los primeros 15 folios del auto- si sus actos delictivos han sido tan públicos y clamorosos como parece, borrar ahora su rastro no es posible. Digamos que hacer desaparecer la DUI (o la no DUI según las interpretaciones) no está en su mano.

c)  Lo mismo cabe señalar sobre evitar la reincidencia. Solo indica que los actos se han planeado durante dos años. ¿Y qué tiene eso que ver con el asunto de que se trata? Hay delitos que se planean durante mucho más tiempo y no son susceptibles de reincidencia. En realidad, lo que parece decir el auto, como en el caso anterior, es que les gustaría reincidir (de eso yo tampoco tengo ninguna duda sobre todo si vuelven a ganar las elecciones). Pero de nuevo la cuestión es si pueden hacerlo. Y claramente ahora al menos no pueden hacerlo, porque ya no tienen el poder institucional que han necesitado para llegar hasta aquí.

En fin, el auto no llega a los extremos del famoso auto de los titiriteros que comentamos en este blog en su momento, pero demuestra la tendencia de la Audiencia Nacional (será deformación profesional de tanto tratar con narcotraficantes y bandas armadas) a primero disparar y luego preguntar. Y la verdad es que sin hacer de menos a los titiriteros, este caso hubiera merecido más reflexión y justificación. Esperemos que, como ocurrió con aquél, sea rápidamente corregido previa interposición de los recursos correspondientes. Nuestro Estado de Derecho ante un ataque tan grave se merece una defensa un poco más rigurosa y un poco más trabajada.

 

43 comentarios
  1. Roberto Díaz-Faisán
    Roberto Díaz-Faisán Dice:

    Pues tiene usted razón, don Rodrigo. El auto es un verdadero esperpento, un galimatías. Se enrolla y embrolla para acabar pariendo un enclenque ratón, rescatando la metáfora de Esopo de que ya hicieron uso en otro post respecto del pretencioso ‘procés’.

    Para el que tenga el buen gusto de no conocer la regulación de la prisión provisional en España, que sepa que es muy sencilla, pues el art. 503 LECRIM lo que exige, aunque lo haga en un despliegue de mareante farfolla ―por cierto, parangonable con la de su Señoría, como veremos―, es la concurrencia de todos (cumulativamente) estos requisitos:

    1) La apariencia de buen Derecho («fumus boni iuris», dicho en latinajo, que siempre viste más), esto es, que la querella parezca bien fundada por tener visos de ser delictiva la conducta de los encausados.
    2) Que los delitos tengan una pena mayor de dos años.
    3) Tienen que aparecer como responsables del delito las personas encausadas; no basta con la mera existencia objetiva de un delito, se tiene que predicar de los imputados.
    y 4) Alguno de los siguientes requisitos, alternativamente, todos riesgos a valorar según las circunstancias del caso: A) riesgo de fuga; B) riesgo de destrucción de pruebas; C) riesgo para los bienes jurídicos de la víctima, especialmente en los delitos de violencia de género (art. 173.2 C. p.), en que no operará el requisito (2) de la pena mayor de dos años; o D) riesgo de reiteración en los delitos.

    La parte mollar son estos últimos requisitos─riesgos alternativos del numeral 4, al ser el resto formales o fácilmente comprobables, y estar casi de adorno (el 1, consiste en un imposible, al obligar al instructor a anticiparse al desarrollo del proceso, dejándole virtualmente las manos libres para hacer lo que a bien tenga; el 2, por bastar con comprobar las penas exigidas; el 3, por ser dolorosamente obvio en virtud de las más elementales normas del sentido común). Son alternativos los riesgos, huelga decir, por bastar con cualquiera de ellos ―en concurrencia con el resto de numerales― para justificar la prisión provisional. Pues bien, el auto despacha estos requisitos en las páginas 17 y 18 de las 19 de que consta, admitiendo la concurrencia de todos ellos.

    Dice, para sostener el riesgo de fuga (A), la simpleza de que los delitos son graves, que usted acertadamente critica, don Rodrigo, y que los querellados jugaron un papel activo en los hechos (non sequitur), y que encima son ricos (!), en una suerte de inédita discriminación económica invertida, dable por tener dinero; del riesgo de destrucción de pruebas (B), que pueden hacerlo porque ocupan cargos políticos, sin ulterior desarrollo; el riesgo para la víctima (C) se lo salta a la chita callando, pues la víctima es la propia Constitución o el orden público, suponemos, olvidando que el delito de malversación se comete contra la administración pública autonómica; y para admitir el riesgo de reiteración (D) esgrime que los delitos han sido planificados desde hace más de dos años, aludiendo al pasado en lugar de al futuro, como debe y usted señala. Los argumentos son como los puñetazos, si con uno se consigue el KO, para que dar más; si se dan más connota inseguridad en la idoneidad del primero.

    Atendiendo a los aspectos formales, sorprende también que consigne como hecho único del auto el procesal de la celebración de la comparecencia de los imputados (el acto formal de imputación) y el que el Ministerio Fiscal haya pedido la prisión provisional. Pero luego haga el largo relato de hechos, cosa que usted también critica, ¡en los fundamentos de Derecho al hilo de los inanes requisitos de los numerales 1, 2 y 3! Es el copipegado relato de la fiscalía, sin duda.

    Asimismo, cita la ley y sus requisitos, en lo que tiene pinta de ser un nuevo copiaypega de otros autos de prisión; lo mismo cabe decir de la cita que hace de la doctrina del TC al respecto de la prisión provisional, que no hace al caso por superflua, como todo lo que vomita ese inerme y balbuciente bobalicón; y apuesto a que la coloca siempre en todos los autos de este tipo, como el artículo con los requisitos.

    Qué ridiculez. Por todo el texto se observan pasmosos solecismos y repeticiones propias de una redacción escolar. Un ejemplo: «Por lo demás, el art. 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al procesado declarar cuantas veces quiera, por lo que la declaración prestada el día de hoy no obsta para que aquéllos puedan volver a declarar cuando quieran» (p. 2, cuarto párrafo).

    Pero, ¡ay!, esto tiene al menos tres causas, en que nadie quiere incidir, para no hacer sangre o por miedo a que otro venga y, obiter dictum, ose hollar con sus sucios pies de intruso el amantísimo, propio y gremial coto de caza privado de turno, que las habichuelas son sagradas y con ellas no se juega, niñu, chitón. La primera es el asqueroso y circense sistema de selección de jueces y profesionales jurídicos en general que padecemos, que premia a loros bulímicos cuyas competencias para argumentar y escribir no son evaluadas, aunque algunas consten de un testimonial caso práctico, sólo preparado por los aspirantes una vez aprobados los orales. Únicamente la de cantar a toda máquina en un lapso tasado de 12, 15 ó 18 minutos un montón de artículos de leyes a palo seco previamente memorizados a la vista del cronómetro es relevante. Vean los comentaristas, si creen que exagero, el siguiente vídeo colgado ―con intención elogiosa, para mayor inri― por el Letrado de la Administración de Justicia en Santander y preparador profesional de opositores don Carlos Valiña, de una aspirante a Registros cantando el muy odiado tema de las servidumbres legales, especialmente del minuto 09:30 en adelante: youtube.com/watch?v=sYkHqoXWteQ. Es increíble que así se seleccionen los miembros las más altas profesiones jurídicas, ¿verdad? Pero, por otro lado ¿no explica esta monótona recitación al dedillo del sagrado Corán, a lo subastador de ganado tejano, más de una verdad que ante nuestros ojos yace amordazada bajo los quince candados de la corporativista omertà?

    La segunda causa es el sistema de ascenso de los miembros de la carrera judicial, una vez dentro de la cosa. Los destinos son asignados por el CGPJ, órgano de camuflaje de los partidos políticos, que se reparten a su antojo y sin control alguno los cromos pertinentes. El perverso sistema de incentivos negativos, la espada de Damocles que sobre los jueces díscolos cuelga y el atajo que a los dóciles presenta, existirá siempre mientras subsista este diabólico y siciliano órgano. Esta jueza, doña Carmen, por cierto, no sé si procederá traer a colación, tiene una hermana que es la Interventora General del Estado, doña María Luisa. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Es sabido que los hijos de buena estirpe son imbatibles en cualquier cosa que se propongan, llegando siempre a lo más alto a causa de sus mejores y compartidos genes.

    La tercera causa, coadyuvante de las otras dos, es la congestión que padecen nuestros juzgados, no por falta de medios, como dice el tópico, sino precisamente por la defectuosa concepción del proceso penal español: de nueve millones de asuntos despachados anualmente por los jueces españoles, seis y medio son penales. El doble juicio que en la práctica ocasiona la instrucción judicial tiene efectos perniciosos y paralizantes sobre la Administración de Justicia toda. Hay aquí también cuestión política, inevitablemente, pues si se pretende que sean en su lugar los fiscales quienes lleven toda la fase de instrucción, acudiendo a un juez de garantías en las necesarias inmisiones de la investigación en los derechos fundamentales (precisamente, en la prisión provisional, o en los registros domiciliario, o para pinchar el teléfono de un investigado, etc.), los fiscales han de ser tan independientes como los jueces. De nuevo, los partidos no soltarán ese hueso motu proprio, por si las moscas. El atasco promueve que la marea de casos se afronte mediante el manejo de un sistema de plantillas que los profesionales jurídicos utilizan en todos sus casos, en mayor o menor medida según su grado de tipicidad ―usted lo conocerá bien, don Rodrigo, pues esa es también la norma en las escrituras notariales―, y cuyas huellas pueden rastrearse, como ya hemos dicho, en este mismo auto de marras, que está pésimamente redactado. La adicción al copipega le hace citar a su Señoría incluso un artículo del diario «ABC» en que se alude a un comunicado oficial de la Generalitat, en lugar de acudir a la fuente original, cosa que hace sin ni siquiera quitar el hipervínculo, delatado por el subrayado. También otras noticias de más diarios, pero está vez quitando el molesto hipervínculo, vade retro.

    Recapitulando, y como anticipaba en la primera línea, que tiene usted toda la razón. Pero es mucho peor de lo que usted, quizá por una combinación de respeto, decoro y prudencia, casi a la litotes, se atreve a decir tímidamente. Resplandece la incapacidad de toda una magistrada, que cuenta con décadas de carrera a sus espaldas y con un destino de los más jugosos, deseados y postineros de toda la carrera judicial, para escribir textos básicos en español, manejar eficazmente un ordenador y motivar mínimamente sus resoluciones. Nada nuevo para quien frecuente el foro, por otra parte.

    Y, ojo, que los separatistas deben ser aplastados, sí. Pero ello no ha de obstar: «Iustitia delenda est».

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  2. Rafael
    Rafael Dice:

    El único agarradero es el riesgo de fuga. Su valoración debe hacerse personalísimamente y con los precedentes o antecedentes de esa persona; no hay otra, creo. ¿Puede alguien explicar un método general para valorar el riesgo de fuga? Sería interesante saber cuantitativa y cualitativamente en qué casos se ha decretado prisión preventiva en razón únicamente del riesgo de fuga, porque es vidente que las otras dos causas en este caso son intrascendentes. En los casos de Jaume Matas, Rodrigo Rato, Miguel Blesa, Gustavo de Arístegui, Pujol Ferrusola, Iñaki Urdangarín, Messi, Neymar o Imanol Arias (por conocidos) se consideró que era inviable la fuga en razón de su situación personal, familiar y social. ¿El caso de Junqueras y el resto es diferente? ¿En qué? Evidentemente, es una decisión judicial que hay que acatarla, pero técnicamente no parece muy ajustada a los principios penales.

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  3. Fede
    Fede Dice:

    Cuando un/a arquitecto o un/a médico cometen un error tienen que pagar por su responsabilidad civil. Parece que esto no afecta a la magistratura.

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    • Patxi
      Patxi Dice:

      Estoy contigo, y si es, mal intencionado,a la calle.Y deberían tener prohibido presentarse como candidatos públicos,y luego volver a ser jueces. Y aquí no a pasado nada.

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  4. Segismundo Alvarez
    Segismundo Alvarez Dice:

    Muchas gracias por el análisis de urgencia, Rodrigo. Estoy además muy de acuerdo con el breve análisis político,
    En todo caso, como dices al final, estamos en un Estado de Derecho y para corregir los posibles defectos está el sistema de recursos.
    Sin ser un experto, espero que la posición más prudente del Tribunal Supremo sea un orientación para modificar esta medida.

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  5. Javier Serra
    Javier Serra Dice:

    Así como el auto de los Jordis me convenció, este me ha dejado chafado, como al autor. Aparte de lo débil de los argumentos relativos a los objetivos (riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reincidencia), llama la atención la escasa argumentación sobre la apariencia de buen derecho (indicios de delito). En cuanto al requisito de violencia de la rebelión y similar para la sedición (al menos interposición o perturbación) lo zanja a la ligera. Parece que su tesis es que se quería crear tumultos y utilizar a muchedumbres para ir forzando de facto la caída o inoperatividad de las instituciones del Estado. Pero ya el Tribunal Supremo ha sugerido en el caso que le toca, el de la Mesa, que por eso igual hay conspiración para rebelión, pero no más. En cuanto a la malversación de caudales, seguro que la hay, pero se requería un relato de hechos más profundo y en cualquier caso esta calificación ya si es difícilmente compatible con aducir la destrucción de pruebas o la reiteración (el riesgo de fuga no es creíble, para los que no han huido…). Y si todo esto convierte la decisión en jurídicamente débil, no digamos el daño político para la imagen de la causa. Yo tenía ya escrito un post en un foro internacional justificando por qué no hay persecución política sino ponderada investigación jurídica y ya no me atrevo a publicarlo. En fin, a ver si los recursos lo enmiendan.

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  6. José María de Pablo Hermida
    José María de Pablo Hermida Dice:

    Una matización. Dice el autor que la gravedad de la pena y los medios económicos de los investigados son argumentos de poco peso para valorar el riesgo de fuga. Pero la LECRIM dice todo lo contrario.

    El artículo 503 LECRIM, al valorar el riesgo de fuga, dice textualmente que “para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiere imponerse al imputado, a la situación familiar, laborar, y económica de este…”.

    Por tanto, cuando la Juez Lamela se refiere a la gravedad de la pena y a los medios económicos de los investigados lo único que está haciendo es valorar el riesgo de fuga de acuerdo a lo que ordena la Ley.

    Cosa distinta es que el artículo 502 LECRIM añade que se evitará imponer la prisión provisional cuando no existan otras medidas menos gravosas que permitan cumplir el mismo fin que la prisión. Y es aquí donde considero discutible la argumentación del Auto. En mi opinión, bastaría con la retirada de pasaporte, prohibición de abandonar el territorio nacional, comparecencias periódicas y fianza, para enervar el riesgo de fuga. Esas son las medidas cautelares que me parecen más adecuadas a este caso con la ley en la mano.

    En fin, coincido en buena parte con la conclusión del autor del post, pero por razones diferentes.

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    • Rodrigo Tena Arregui
      Rodrigo Tena Arregui Dice:

      Yo creo que en el fondo coincidimos, José María. Cuando afirmo que el auto está poco fundamentado simplemente quiero señalar que no basta con alegar que la pena es grave y que el acusado tiene dinero para vivir unos meses en el extranjero (cosa que podría aplicarse prácticamente de la totalidad de los encausados en la AN) sino que habría que justificar que en este concreto caso concurren ciertos riesgos que justifican la prisión provisional (en lugar de otras medidas preventivas). Eso es lo que el auto no hace (porque en mi modesta opinión resulta muy difícil de hacer) y de ahí que piense que nuestra coincidencia es plena.

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      • José María de Pablo Hermida
        José María de Pablo Hermida Dice:

        Efectivamente Isaac.
        En ese post, como bien has extractado, me refiero al posible ingreso en prisión tras detención. Lo establecido en el 503 LECRIM sobre las elevadas penas del delito como indicio de riesgo de fuga lo avalan.
        Pero en este caso no ha habido detención: los investigados se han puesto voluntariamente a disposición de la autoridad judicial (hecho que no había ocurrido aún cuando escribí el post que citas). Y ese hecho -haber acudido voluntariamente a declarar- justifica, en mi opinión, la aplicación de las medidas menos gravosas a que se refiere el 502 LECRIM.
        Otra cosa son los investigados que se quedaron en Bélgica y no acudieron a la llamada judicial. En esos casos, como dije en mi post, procede la prisión incondicional sin ningún género de dudas.

  7. Abel Garriga
    Abel Garriga Dice:

    Me alegra que haya compañeros capaces de separar su opinión personal de sus conocimientos profesionales. Hay otros, de gran prestigio y (auto)declarada competencia, en la academia y en la blogosfera que se limitan a invocar la legalidad en abstracto para justificar esta decisión en concreto, evidenciando la alegría que les produce.

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  8. Fernando Rodríguez Prieto
    Fernando Rodríguez Prieto Dice:

    Desde luego que es discutible, como muchas interpretaciones jurídicas. Y lo cierto es que la mayoría de los autos de prisión provisional no tienen una argumentación más extensa y clara que éste.
    Respecto al riesgo de fuga, discrepo con la conclusión del autor. Si evidentemente los encausados siguen reconociéndose como único gobierno legítimo de Cataluña y justifican la huida de su cabecilla y algunos de sus miempros, es evidente que están actuando como una banda organizada. Porque este concepto hay que adaptarlo a las particularidades de estos delitos: como banda organizada para delinquir han actuado y quieren seguir actuando. Y por eso el riesgo de huida existe. Dejando al margen de esto cualquier consideración política. Y pensar que otras medidas, como retirar pasaporte o la obligación de comparecer ante la policía pueden ser disuasorias de escapar a Bélgica u Holanda en la Europa sin fronteras de Shengen es una ingenuidad.
    Menos claro es el motivo del riesgo de destrucción de pruebas, pero en este caso no es el fundamento de la medida. En cualquier caso sí es fácil deducir que el autoproclamado gobierno legítimo catalán sigue teniendo ascendiente en innumerables cargos políticos de la administración autonónica (apenas podada en agunas de sus ramas), y que con esta medida se reducen los riesgos de que se mantengan complicidades en esa destrucción. Aunque la tentación va a seguir existiendo.
    Y también entiendo que existe un claro riesgo de reincidencia. No podemos negar la evidencia de que al proclamarse como legítimo gobierno y negarse a admitir que han sido cesados van a intentar seguir ejerciendo ese poder en la medida que puedan. La TV3 y todo el entramado de propaganda y adoctrinamiento en favor del procés y de la agitación social que ello requiere están intactos, y en manos de quienes siguen reconociéndoles como su verdadero gobierno. Y con ellos una gran cantidad de departamentos y organismos oficiales, que el Estado ha dejado intactos con su opción de intervención limitada ¿De verdad podemos pensar que en estas condiciones no pueden seguir dando intrucciones para continuar con su unilateral camino delictivo en favor de la secesión?
    Entiendo que todo es discutible y debe discutirse. Pero creo que no deben perderse de vista circunstancias que creo importantes. Por mucho que duela porque el auto pueda considerarse políticamente inconveniente. Para eso está la separación de poders.

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    • Rodrigo Tena Arregui
      Rodrigo Tena Arregui Dice:

      Gracias Fernando, en relación a los comentarios críticos me gustaría aclarar un punto para centrar aun más el debate. Analizados aisladamente, todos los argumentos utilizados en el auto son débiles, pero la cuestión interesante -como apuntan algunos comentaristas- es si tomados en su conjunto podrían ser suficientes para sostener la medida de prisión. Al fin y al cabo no podemos olvidar que el gran teórico moderno de la argumentación jurídica, Chaim Perelman, nos enseñaba que en Derecho, el razonamiento no es como en la matemática o la física, una cadena tan fuerte como el más débil de sus eslabones, sino una tela que puede estar compuesta de muchos hilos débiles, pero que orientados en una misma dirección, pueden generar una urdimbre mucho más fuerte .
      Sin embargo, el problema de este auto en mi opinión es que los hilos no son solo débiles, sino que tiran en diferentes direcciones. El afirmar que son una banda no casa con que unos hayan huido y otros se hayan sometido voluntariamente a la acción de la justicia. El afirmar que como unos han huido pueden huir todos, tampoco con su deseo de continuar delinquiendo. Los antecedentes expuestos en los primeros 15 folios que configuran unos delitos muy graves, demuestran la necesidad de controlar plenamente las instituciones catalanas para poder perseverar en el delito, cosa que ahora no existe. Además, no podemos olvidar que la tela tiene que funcionar aisladamente para cada uno de los supuesto (fuga, reincidencia o destrucción de pruebas) sin que sirva hacer con todo ello una mezcolanza, porque al menos tiene que quedar claro que uno de estos factores concurre sin duda alguna.
      En fin, que no hay manera de ver la pintura en su conjunto, por lo que, abocados a volver a los detalles, estos siguen siendo débiles.

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      • Shining
        Shining Dice:

        Buenos dias Rodrigo,

        Sobre lo de que el hecho de que actúen como una organización entra en conflicto con el hecho de que unos hayan huido y otros se hayan quedado… El propio Puigdemont admitió en su comparecencia de Bruselas que se trataba de una decisión consciente, ya que los que se habían quedado lo habían hecho con el objetivo de demostrar que la querella era “una querella politica”.

        Se trata, por tanto, de una estrategia elaborada y ejecutada por la propia organización (y admitido por el supuesto cabecilla de dicha banda), no una prueba de que dicha organización (el “gobierno legitimo”) no existe.

    • Paio Ucieda
      Paio Ucieda Dice:

      Que haya un reparto de roles en esa “banda”, no quita que el rol de los que se han quedado es, precisamente, quedarse. Lo que implica el sometimiento a la justicia española. Aun cuando esto fuese parte de un plan para convertirles en mártires del prusés, la realidad judicial es que están aquí. Y eso hay que ponderarlo al decidir si existe riesgo de fuga. Riesgo de fuga de las personas, no de la organización que pueda existir.

      No se bien qué capacidad de malversación o destrucción de pruebas van a tener estando fuera de las instituciones (que igual las tienen), pero en lo tocante a la reincidencia en el delito de sedición o rebelión, si fuera de las instituciones se puede incitar a las mismas de forma que pueda constituir un delito, ¿por qué no se ha querellado la Fiscalía contra los dirigentes de las CUP? La única razón que veo en que la querella se haya dirigido contra los miembros del Gobierno y de la Mesa del Parlament y ha dejado fuera a otros actores políticos que han formado parte de la misma estrategia es esa: ocupaban las instituciones. una vez fuera de ellas no veo que puedan reincidir en este delito.

      Además, entiendo que no se trata sólo de elucubrar sobre todas las posibilidades que teóricamente tienen para volver a delinquir, sino de evaluar el riego de que eso ocurra. Y en este sentido se debería tener en cuenta que desde la aplicación del 155 y hasta el ingreso de estos señores en prisión, no ha habido ningún acto que haya merecido la denuncia de la Fiscalía por la comisión de esos delitos (hablo de la sedición y de la rebelión).

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  9. Roberto Mazorriaga Las Hayas
    Roberto Mazorriaga Las Hayas Dice:

    Lamentablemente es así en todos los autos de prisión provisional que conozco. Creo que en muy pocos casos está realmente justificada la pena adelantada que es la prisión provisional. Y hay incuso medidas menos onerosas para evitar el riesgo de fuga, como brazaletes electrónicos.

    Existe la posibilidad que la Sala de lo Penal de la AN tras recurso de apelación, resuelva otra cosa.

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  10. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Felicidades al autor y a los comentaristas por el interesante debate jurídico sobre la prisión provisional. En estos días se están llevando a cabo unas jornadas sobre la “La judicialización de la vida pública” en el CEPC organizadas por la Fundación Ankaria. Los temas han sido:
    – “Judicialización de la política” (4/10)
    – “Judicialización de las actividades político-administrativas” (18/10)
    – “Presunción de inocencia y judicialización de la vida pública” (26/10)
    Queda para el día 7 de este mes “La politización de la justicia. Exaltación del juez estrella. Acción popular irrestricta…”
    Viene todo ello a cuento del tema planteado por Rodrigo que, lamentablemente, no se resolvió mucho antes por vías menos impactantes desde el punto de vista político-social. Los intereses partidarios de una parte y la manipulación interesada de las emociones por otra, generaron eso que no está en el Derecho pero que se aplica: “alarma social”. Lo que es lo mismo a responsabilizar a la sociedad de las resoluciones judiciales reclamadas por “el pueblo”. Esto ha servido y sirve por desgracia para dictar autos que (involuntariamente) buscan el aplauso social. Tanto en un sentido como en otro.
    Otra cuestión es conocer cómo y porqué se aplica Justicia antes o después. Si la trampa de los procedimientos implica que la “tutela judicial efectiva” esté más en relación con los “honorarios” de los profesionales que las conocen, que en la verdadera administración de Justicia. Un día alguien me comentaba que los jueces cobraban por procedimiento, lo que venía a explicar en cierta forma el funcionamiento del sistema. En mi ingenuidad creía que, como empleados públicos que son, tenían sus retribuciones reguladas sin “pluses” de ningún tipo (como en el caso de los inspectores de Hacienda). Eso facilita el “corta” y “pega” y que, en muchos casos, los autos no contemplen las peculiaridades de cada caso.
    En definitiva: muchas cosas pendientes de reforma en el sistema judicial y en el mundo del Derecho donde, no olvidemos, se busca algo tan importante para la vida de todos como la Justicia. Un saludo.

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  11. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Supongo que los casos antecedentes han debido de pesar algo y si se les trata de otra forma, tenemos servido un problema de coherencia que resultaría poco comprensible por el ciudadano medio que está asustado de la manga ancha que el Estado tiene con el Nacionalismo Secesionista.

    Ahora mismo tenemos un ex Presidente de CCAA, Ignacio González, en prisión provisional. Lo está –sin que ninguno hayamos rechistado– por presuntos delitos que son una mínima fracción de los reconocidos por estos presos preventivos.
    Lo mismo ha sucedido con Bárcenas que se pasó varios años en prisión provisional. ¿Por qué?

    No se entendería bien por qué estos y muchos otros encausados –la última entrada en prisión de Mario Conde, sin ir más lejos–deberían tener un trato diferente que el de los subordinados de Puigdemont cuando éstos han señalado, en repetidas ocasiones, que están perfectamente coordinados con sus jefes para proseguir diligentemente el “proceso delictivo”.

    Iter delictivo que incluye la malversación por importes que son siempre múltiplos de cualquier cosa que se haya imputado o soñado imputar a González o a Bárcenas. O a Conde.

    En ningún caso recuerdo una alarma social mayor –ni mayor daño social– que la que ha producido esta asociación para delinquir.
    Pueden huir, como su jefe y secuaces, en cuanto despierten del sopor.
    Pueden destruir pruebas clarísimamente. Es más las han estado destruyendo a marchas forzadas.

    Han intentado comprar millones de proyectiles –operación vetada por el Ministerio de Defensa o de Interior, no recuerdo ahora. ¿Para qué?

    El caso es que muchísima gente –todos los “judíos” de Cataluña, por ejemplo– duerme mucho mejor desde ayer.
    En fin, que iremos viendo.

    Saludos

    PS. Por cierto, esto sucede en un país donde miles de ciudadanos, cada año, pasan un par de noches como mínimo en prisión por mera denuncia de parte y sin pruebas.
    De esas denuncias cuyo 80% luego se archiva porque no dan para más.

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  12. JMZ
    JMZ Dice:

    A mi juicio esta (desafortunada) entrada es el resultado de una lectura poco atenta del Auto de la magistrada, tanto en su estructura como en su contenido.
    En primer lugar afirma el autor del post que “el auto, de sus diecinueve páginas, dedica apenas tres a lo que constituye el meollo del asunto: si en el caso estudiado concurren o no los requisitos para la prisión provisional.”
    No es así. El auto de la magistrada contiene, en el apartado tercero (el más extenso, 11 hojas), un análisis pormenorizado y muy bien fundamentado, de si se cumplen o no los dos primeros requisitos del Art. 503. El apartado cuarto (tres hojas) se concentra en analizar si se da el tercer requisito es decir, si mediante la prisión provisional se alcanza ALGUNO de los fines previstos por la prisión provisional. (Con uno bastaría).
    Por tanto, la concurrencia o no de los requisitos para la prisión provisional no ocupa tres hojas, como nos dice el autor del post sino 14. En este orden de cosas, afirmar que “El resto es un relato pormenorizado de un golpe de Estado institucional que [ …] tiene poca conexión –o más aún, incluso entra en cierta contradicción- con la mínima fundamentación que se dedica a justificar la prisión provisional” es, cuando menos, una manifiesta inexactitud en injusto descrédito de la magistrada.
    En segundo lugar, el autor del post se deja llevar por su propia subjetividad para enjuiciar el peso de los argumentos exhibidos por la magistrada (que, evidentemente, tiene mucha más información sobre el caso que él) y entrar a valorar si éstos son válidos o no o lo que parecen querer decir, con argumentos tan peregrinos como aquel que dice que los querellados no tienen capacidad para destruir pruebas porque han sido cesados en sus cargos y ya no controlan la administración catalana. Se olvida que el Art. 503 estatuye que para valorar el riesgo de ocultación y destrucción de pruebas se atenderá a la capacidad del investigado o encausado para acceder por sí O A TRAVÉS DE TERCEROS a las fuentes de prueba o para influir sobre otros investigados o encausados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo. ¿Alguien podría dudar, en las actuales circunstancias, de la capacidad de los querellados para acceder por medio de terceros a esas pruebas?
    Por favor, cuando critiquemos un auto judicial seamos más escrupulosos y menos ligeros en nuestros juicios, con más razón si lo hacemos desde blogs como éste.
    Saludos

    Responder
    • Rodrigo Tena Arregui
      Rodrigo Tena Arregui Dice:

      Debemos de haber leído post y autos diferentes. En el mío las tres primeras hojas las dedica a una introducción general y el resto hasta la 16 a narrar la actuación pasada de los querellados para definir los delitos en que han podido incurrir. Son graves. Ya lo sabíamos. Pero solo entra en valorar el riesgo de fuga, la reincidencia o la destrucción de pruebas en las tres ultimas. Sin concurrir una de estas por muy grave que sea el delito no procede la prision.
      En cuanto a la destrucción de pruebas, no hemos quedado que todo lo que han hecho es claro y evidente? Y sin estar en el poder pocas instrucciones se pueden dar a terceros. Que esto es España. Todavía

      Responder
    • Roberto Díaz-Faisán
      Roberto Díaz-Faisán Dice:

      No, el auto dedica en realidad dos páginas, la 17 y la 18, ha tratar de los requisitos-riesgos. Los otros tres requisitos están de adorno, son inanes. Y la digresión que Rodrigo indica, el relato de hechos que hace bajo el más inútil de los requisitos, el que dice que los delitos hay que predicarlos de las personas encausadas, encontraría mejor su asiento entre los hechos, no en los fundamentos jurídicos.

      Por tanto, y como digo en mi comentario, no sólo la crítica de Rodrigo está bien hecha, sino que se queda muy corta, pues el auto retrata a la magistrada como incapaz de escribir en español y de razonar jurídicamente. En las dos páginas en las que trata de los requisitos-riesgos responde como si de uno de esos exámenes universitarios llamados «teórico-prácticos», en que basta con exponer la lista de requisito que un precepto recoge. No entra a tratar seriamente de ellos, esto es, no indica como los hechos encajan en el supuesto de hecho, a fin de aplicarles la norma. Su inseguridad se muestra al decir que se cumplen todos ellos, aunque sólo sea necesario uno de ellos, siendo el más claro el de reincidencia o destrucción de pruebas. Pero supongo que este blog no está para pelear contra todo el mundo, como la calamitosa situación de los estudios jurídicos requiere, sin hablar de la situación política.

      Pero la crítica de Rodrigo es más que correcta.

      Responder
  13. Emilio Vera
    Emilio Vera Dice:

    Yo soy poco partidario de la prisión provisional. Creo que debería estar configurada en términos de enorme excepcionalidad. Sin querer ser en eso muy concluyente, porque hablo estrictamente de memoria, he leído que en la Constitución italiana de 1948 pesaron los resabios estalinistas que tuviera Togliatti para aceptar la fórmula incorporada por esa Constitución. Pero yendo al grano, que la posibilidad de reiteración delictiva se dé especialmente si los secesionistas ganan las próximas elecciones autonómicas es exactamente la idea que nos ha traído a esta situación: la del apaciguamiento que no apacigua sino que alienta. De modo que ante una lesión de gran calibre hacia el interés general, la respuesta judicial ha de ser taxativa: lo que los secesionistas llaman elecciones plebiscitarias se contiene exactamente así en el plano judicial. Con contundencia. No nos engañemos, los nacionalistas periféricos son insaciables. Si no fuera así, reconocerían que disponen de un formidable estatuto de autonomía. No del peldaño para despojar a los españoles del 20 % del PIB.

    Responder
  14. O'farrill
    O'farrill Dice:

    De todas formas no sabemos la “provisionalidad” de la prisión pues seguimos en el surrealismo del caso. Me explico. En este siguiente “acto” de la obra cambia el escenario. Hay unas elecciones autonómicas CONVOCADAS POR EL ESTADO ESPAÑOL PARA LA REPRESENTACION POLITICA DE ESE ESTADO EN UNA PARTE DE SU ORGANIZACION TERRITORIAL: CATALUÑA donde, los que se consideran a sí mismos ajenos al Estado Español, pretenden presentarse. ¿En qué quedamos? O son ya -según ellos- ciudadanos de la nueva república de Cataluña (en cuyo caso no reúnen los requisitos para la candidatura) o TODO HA SIDO UNA BROMA Y UNA TOMADURA DE PELO a los catalanes que, en consecuencia, debían hacerles pagar la manipulación de todos estos años y el gran daño social causado. Además de los tribunales, claro. Un saludo.

    Responder
  15. urbano alvarez merino
    urbano alvarez merino Dice:

    Comparto con Rodrigo la crítica a la decisión judicial. No sólo eso, sino que me parece un error político por parte de la Ffscalía General del Estado (que no deja de estar sometida a las instrucciones del Gobierno), haber solicitado la prisión provisional. Nada hubiese sucedido si los encausados hubiesen seguido en libertad con otras medidas cautelares. Sin embargo, la rigurosa decisión de su ingreso en prisión sin un juicio previo, en una materia delictiva con un enorme contenido político, es una torpeza política, ya que da aire a un movimiento que languidecía, ahora que se ha puesto de manifiesto la falsedad de sus promesas (sobre todo las relacionadas con la salida de empresas), la imprevisión de sus promotores y la propia división de los independentistas, ahora de nuevo unidos por un anhelo común, “la liberación de los presos políticos”.
    Por si fuera poco, la atribución de la competencia a la Audiencia Nacional también es criticable, pues hasta la semana pasada todos ellos eran aforados, y es la aplicación del artículo 155, y su consiguiente cese, la que produce el efecto colateral de sustraer la competencia al TS (aunque parece que podría reclamar en breve la competencia de toda la causa), cuyos magistrados quizás no hubiesen sido tan drásticos (de hecho no lo han sido con Forcadell y los restantes miembros de la mesa del Parlament). No olvidemos que los delitos fueron cometidos antes de su cese, cuando eran aforados, y la querella no ha sido presentada por la Fiscalía sino después, una vez que han perdido su aforamiento, lo que ha permitido atribuir la competencia a la AN. Parece como si se hubiera querido elegir al Tribunal.

    Responder
  16. Miguel
    Miguel Dice:

    Recopilo algunas de las aseveraciones del autor de éste artículo y a continuación de las mismas ofrezco mi contrarréplica:

    1. “No puede decirse tampoco que estemos en presencia de una organización o banda en la que sus componentes actúan conjunta o coordinadamente”

    – ¿Ah sí? ¿Entonces éstos señores se han conocido en un bar echando cañas y cada uno trabaja en un gremio distinto, me imagino no?
    Vamos a ver si ponemos los puntos sobre las íes, porque aquí estamos pasando de citar jurisprudencia y preceptos legales y estamos realizando afirmaciones plenamente subjetivas que sólo sirven para cohonestar la impunidad de unos señores que han dado un golpe de Estado.

    Éstos señores formaban parte de un gobierno, es decir, seguían una línea política acordada y coordinada entre ellos, cuyos objetivos superaban de largo lo permitido por el ordenamiento jurídico: a saber, la secesión de Cataluña de España fuera de los cauces legales ordinarios establecidos y con llamamientos masivos a la población para impedir la actuación de las FFyCC de seguridad del Estado.

    2. “En cuanto a la destrucción de pruebas el auto no dice prácticamente nada, solo señala que es posible que se produzca y que a los acusados les gustaría hacerlo, pero no explica el motivo”

    El motivo es obvio, los golpistas se siguen atribuyendo cargos públicos, pese a estar cesados y es notorio que han hecho llamamientos a las instituciones y funcionarios a “resistir”, es decir, a continuar en la actividad tendente a evitar la aplicación de la legalidad vigente y las resoluciones judiciales

    Baste para ello ilustrar el asunto con algunas noticias de medios de comunicación que demuestran que algunos funcionarios de la Generalitat procedieron a no dejar rastro de sus actuaciones en el proceso independentista, esos funcionarios estaban sujetos a las órdenes de la generalitat, hasta que entró en vigor el Art.155, entonces se corre el riesgo de que aún habiendo entrado en funcionamiento el Art. 155 las personas que todavía se siguen otorgando la calidad de representantes del pueblo de cataluña, pudieran dar cualquier orden o instrucción, ya que como es obvio, quién se atribuye un cargo aún habiendo sido cesado lo hace con todas sus connotaciones, es decir, porque quiere ejercer las funciones de su cargo.

    Elmundo.es: “Los Mossos no grabaron todas sus comunicaciones durante el referéndum del 1-O”

    Okdiario.com: “La generalitat pide a sus proveedores de telecomunicaciones que borren las copias de todos sus e-mails”

    3.- “En realidad, lo que parece decir el auto, como en el caso anterior, es que les gustaría reincidir (de eso yo tampoco tengo ninguna duda sobre todo si vuelven a ganar las elecciones). Pero de nuevo la cuestión es si pueden hacerlo. Y claramente ahora al menos no pueden hacerlo, porque ya no tienen el poder institucional que han necesitado para llegar hasta aquí”

    La única forma objetiva de evitar que vuelvan a reincidir es su ingreso en prisión. Sobre si tienen o no tienen el poder institucional es irrelevante, ellos se siguen presentado públicamente como representantes del pueblo de Cataluña y son constantes sus apelaciones a la población a oponerse a la aplicación del Art.155, es decir a la constitución.

    4.- “Nuestro Estado de Derecho ante un ataque tan grave se merece una defensa un poco más rigurosa y un poco más trabajada”

    ¿Le parece poco la querella del Ministerio Fiscal? No sé si eran más de 169 folios de querella, no está nada mal. Por cierto, la prisión no es definitiva y hay un riesgo objetivo de fuga, de hecho el expresidente Puigdemont ha manifestado que en España no tendría un juicio justo y que por eso no va a volver a España (y que no se nos escape a Venezuela que haríamos el ridículo mundial) en fin, el riesgo de fuga es evidente y tienen la capacidad económica para hacerla efectiva, por otra parte hay un riesgo efectivo de reincidencia, es decir, no se arrepienten de sus actos y ordenan publicar en sus cuentas de twitter que van a seguir, a seguir en la misma línea, se entiende.

    Todo mi apoyo como jurista, ciudadano, demócrata y Español a la Juez Lamela, que es la única señora a la que corresponde juzgar según nuestro ordenamiento jurídico y la tutela judicial efectiva los hechos objeto de investigación.

    Responder
    • O'farrill
      O'farrill Dice:

      Al hilo del comentario de Miguel. Los encausados no sólo se proclaman nuevos cargos públicos -como el caso del “ex” que se consideraba ya “ministro” de la nueva república catalana- sino que han seguido utilizando las sedes institucionales (como ayer una reunión del “PdeCat” en el Parlamento Catalán). Si no estoy equivocado, los partidos políticos tienen un carácter “privado” y, por ello, sus propias sedes. Los “aplausos” cuando entran no proceden (afortunadamente) de todo el personal, sino de los cientos de cargos “de confianza” que han introducido en las instituciones. Mientras tanto el Sr. Puigdemont declarándose “legítimo presidente del gobierno autonómico de Cataluña” (es decir del Estado Español) en lugar de presidente de la “república independiente de Cataluña” que sería lo más lógico y hasta más creíble. Hay tanto disparate y despropósito en todo lo que acontece, que resulta absurdo intentar verlo desde la racionalidad jurídica. Un saludo.

      Responder
      • cmideas
        cmideas Dice:

        Me gustaría llamar la atención entre una diferencia que subyace entre la gravedad de los delitos que se le acusan y otra argumentar partiendo del hecho de que ya han cometido los delitos de los que se le acusan o de otras cuestiones que no están tipificadas o no existen en nuestro ordenamiento como es delito de “golpe de estado” y que es un termino que, aun generalizado en uso e imaginería común tiene un entramado complejo y diferencias de uso y término y esto subyace en algunos comentarios “para cohonestar la impunidad de unos señores que han dado un golpe de Estado.”. Se ha de partir de un estado inicial de no culpabilidad , pues es eso lo que debe determinar la justicia la culpabilidad o no , si se parte de una visión propia de culpabilidad para argumentar después es una disgresion y falacia “dado que digo que son culpables de “golpe de estado” , debe hacerse tal o cual en un proceso, proceso que es el debe determinar su culpabilidad” , se partiría pues de una afirmación que debería hacer al que la escribe replantearse el tema de las “afirmaciones subjetivas” y extraña en un estado de derecho . Es decir puede partir de la gravedad de delitos que se le acusen , pero no es lo mismo que partir de delitos o términos que demos por cometidos . El delito de usurpación de funciones se contempla en el ordenamiento y hay magistrados que ven su aplicación en caso que se produjese mas adecuada que el uso de “rebelión” .

  17. Juan Carlos Suárez
    Juan Carlos Suárez Dice:

    Buenas, muchas gracias por este interesante artículo. Yo no soy jurista, soy científico, y quizá mis comentarios estén empapados de una lógica distinta a la del derecho, aunque entiendo que éste se establece y desarrolla para proteger a los ciudadanos, al sistema democrático y a las libertades. Justamente lo que el ex Gobierno de Puigdemont están pretendiendo deteriorar. Estoy de acuerdo con usted en que, vista la gravedad del asunto, las actuaciones judiciales deben ser especialmente impecables (cosa que debería presumirse de cualquier tipo de actuación judicial, por otra parte). A este respecto, tal y como argumenta usted en su artículo, no cabe otra que entrar en los detalles:

    1. Gravedad del delito como argumento para la prisión preventiva. Entiendo que la comparación con el “resto de delitos graves” que hace usted es floja, no en sí misma, sino porque forma parte de una consideración aislada, y no en su contexto. Un ejemplo: si hay sospechas fundadas de que un señor pertenece a una banda armada que ha estado cometiendo delitos, entiendo que en una circunstancia similar, un juez dictamine prisión preventiva. Es un delito grave, pero el riesgo (para la sociedad) de dejarlo libre es mucho mayor que cualquier otra medida cautelar. Aquí cabría preguntarse algo similar, sobre todo teniendo en cuenta que este señor y sus cómplices cometen delito involucrando a las masas e instando (de manera indirecta y a veces directa) a la violencia, y a la desinformación.

    2. Riesgo de fuga. Realmente no comprado su argumento por el cual, dicho riesgo es infundado porque unos se han fugado y otros no. Si se supiera exactamente por qué unos sí y otros no, no habría riesgo alguno. Riesgo comporta incertidumbre. En este caso el riesgo es obvio.

    3. Destrucción de pruebas. Creo que tras ver la capacidad del Gobierno de la Generalitat de repartir miles de urnas (permítaseme el chiste, con nocturnidad y alevosía) a pesar de las situación, sería un tanto iluso pensar que todas las pruebas relativas a todo este proceso están en las instituciones públicas y ya no tienen acceso a ellas. Con todos los giros legales, frases ambiguas (con deliberada connotación jurídica para evitar males mayores, etc.) pensar que como ya no pueden acceder a sus ordenadores no pueden destruir pruebas no tiene mucho sentido, a mi entender. Una vez más, el riesgo es más que evidente. ¿No es “de justicia” que el delincuente pague íntegramente por lo que ha hecho? Para ello, ¿no deben ser demostrados todos los delitos por los que se le acusan? Para acusar de todos los delitos, ¿no es necesario probarlos todos (se vean o no en TV) ?

    4. La reincidencia. Que se mencione una planificación de dos años para mí sí que tiene que ver en lo que nos ocupa (quizá la crítica podría recaer en el desarrollo del argumento). Ello lo que indica es que, a la vista de los acontecimientos, todos los pasos que han ido dando estaban ya previstos. Eso se ha visto más claramente aún desde la firma del documento de “desconexión” famoso hasta ahora, pasando por el 1-O, etc. A todo ello se le suma el incumplimiento reiterado de la ley y de las resoluciones de los tribunales, en particular del TC en los últimos tiempo. Visto todo ello, y reiterando que riesgo implica incertidumbre, ¿qué es más probable en este caso?

    Para finalizar, dejando lo aspectos técnicos, no comprendo por qué se pierde “lo ganado” políticamente, sinceramente. ¿Acaso al independentismo le hace falta argumentos? Creo que es peligroso mezclar las decisiones de los jueces con la conveniencia política de una agenda o de un proceso. Estaríamos hablando de un Estado, pero desde luego no de derecho.

    Un saludo

    Responder
  18. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Desde ayer vengo escuchando y leyendo todo tipo de opiniones sobre esta decisión judicial. Yo, que carezco de conocimientos jurídicos suficientes, me pregunto: hay alguna otra solución proporcional ante los gravísimos crímenes de estos presos preventivos contumaces en sus manifestaciones y acciones? Está vigente el vigente Código penal? Tal vez sea mejor un referéndum sobre qué debe hacer la Justicia en cada caso? Sí, mejor votar por la televisión y SMS quién debe o no ir a prisión, generaría más PIB que un Auto. Personalmente me siento mucho más tranquilo con estas damas y caballeros a la sombra, y más cuando entren los prófugos y los que regresaron a Barcelona tras presentarse en el Tribubal Supremo. Me hubiese bastado un Auto de tres páginas. Lo que es evidente no necesita embrollos de lenguaje jurídico. Sobre lo que es claro no procede interpretación. Además, el ilustre jurista José Guardiola ya lo ha dicho: está preocupado porque si les pasa a ellos nos puede pasar a todos. En efecto, nos debe pasar a todos si cometemos crímenes tan graves contra la convivencia en paz disfrazándonos con pieles de cordero, como el tramposo Odiseo.

    Responder
  19. JOSE ANTON
    JOSE ANTON Dice:

    No nos engañemos. Los jueces acuerdan la prisión provisional por comodidad y cierta cobardía, pues lo que más temen es que el imputado o procesado pueda sustraerse a la acción de la justicia y que, por ende, la sociedad, los medios de comunicación y todo el mundo se les eche encima. No sería la primera vez que pasa. Así que es mas cómodo y seguro recurrir a la prisión provisional y evitar sorpresas. No sólo lo digo yo, así me lo comentó hace poco un Magistrado de lo Penal de una Audiencia Provincial, del que por supuesto, no diré el nombre..

    Atentamente.

    Responder
  20. gregorio de la morena sanz
    gregorio de la morena sanz Dice:

    Compartiendo algunos de los argumentos expuestos por el autor y los comentarios que me preceden, en mi opinión la Magistrada de la Audiencia Nacional no tenía otra opción que acordar la prisión provisional por la gravedad de los delitos de los que se acusa en la querella. No hubiera podido acordar la prisión provisional si el Fiscal no la hubiera pedido. Es la Fiscalía quien en la querella a la hora de pedir medidas cautelares debió valorar la oportunidad de pedirla o no, pero la Magistrada, una vez solicitada, por la gravedad de los delitos imputados no tiene otra posibilidad. El auto, como todo en la vida, se puede mejorar pero recibir declaraciones a varios imputados durante gran parte del día y resolver en las pocas horas que quedan también tiene un gran mérito.

    Responder
  21. José
    José Dice:

    No parece que se compadezca lo que publicitan Vds. (“siéntete libre de contribuir”) con la censura que practican. Si no es así, me gustaría saber el motivo de no publicar un comentario ayer enviado por mi.

    Responder
  22. manuel diaz
    manuel diaz Dice:

    A pesar de las opiniones contra la fundamentación del auto que he leído y que respeto, sin embargo creo que el auto de la juez Lamela, en relación al supuesto concreto,no a planteamientos abstractos , está muy bien fundamentado y tiene una trabazón orgánica y finalista muy completa.
    No se está ante un delito habitual, sino ante el constitutivo del supuesto anticonstitucional máximo, que es la sedición o rebelión contra un Estado democrático por parte de autoridades o funcionarios,a través de una conducta mantenida en el tiempo, coordinada y articulada de la que de modo activo, indudable, publico y notorio formaron parte todas las personas encarceladas, y que por sus actos de los ultimos meses,especialmente, y en su práctica diaria ,podrían haber seguido prevaricando y malversando fondos públicos, diariamente en la materialización de unas actuaciones anticonstitucionales y de desprecio a la legalidad ordinaria, a los mandatos de jueces y Tribunales.Los riesgos y fundamentos aducidos son reales,apreciables incluso sin conocimientos jurídicos especializados , y desde luego ,es una de las pocas formas de seguir evitando por todos ellos , tambien la comisión de nuevos posibles delitos o de la reiteración o reincidencia en la sedición.Y evitando males mayores y desproporcionados, aunque el auto tenga la prudencia de no mencionarlo.Como siempre sucede, en estas decadas, se le da un plus de legitimidad o de tolerancia a los separatistas, pagando esta generación en presente, los errores o arbitrariedades de otros períodos históricos para con ellos.Pero, es seguro, que si los detenidos fuesen de otro extremo ideológico, se argumentaría de modo absolutamente opuesto y se instaría no solo esas medidas sino la ilegalización de las actividades politicas de sus grupos, y hasta se formularía la interpretación de que, en el fondo, cabe admitir de alguna forma, que hay tambien cabida para la “democracia miltante” cuando se afecta a los propios fundamentos del sistema y se les cuestiona.
    Por ello ha de mantenerse el criterio para ambos extremos, con igual desapasionamiento, o con el, tal vez segun los fervores de cada cual, sosegados con el mantenimiento del orden estatal, primer valor a preservar.
    Todo ello , con el máximo respeto para otras opiniones.

    Responder
  23. cmideas
    cmideas Dice:

    Creo que seria interesante que cada vez que una persona escriba el termino “golpe de estado ” haga una referencia a que interpreta y define con él y si da una connotación, ya que al no ser tipificado como delito como tal , al haber mucha referencias en su definición a su carácter repentino y violento , o al ser este un tema en que un intento de proclamación de un estado dentro de otro , o de una nación dentro de otra sin negar la primera , al no existir negación de la posibilidad de la primera o no tomar el poder del estado principal puede generarse un gran marasmo del término, para lo cual creo que es importante que la persona que lo usa establezca un criterio para la forma que lo usa , para poder ser razonado y contrargumentado si fuera necesario , y ver el uso que se hace y para ver todas las ramificaciones de su empleo o sus connotaciones, o los cambios de su uso ( autogolpe, golpe con violencia y repentino, usurpación de cargos del estado, ¿fue la revolución de los claveles un golpe de estado ? ¿se esta usando a la ligera el término golpe de estado? ¿el uso del termino “golpe de estado” se esta utilizando para realizar comparaciones que en ciertos aspectos en nada asemejan? , etc, etc . Un saludo .

    Responder
  24. cmideas
    cmideas Dice:

    Me gustaría también interpelar un momento , para hacernos reflexionar sobre una falacia lógica que es la “petición de principio” .Un saludo.

    Responder
  25. O'farrill
    O'farrill Dice:

    La división de opiniones que se ha creado sobre la actuación judicial en el caso de la prisión provisional de los ex-miembros del gobierno de Cataluña, pone en evidencia las muchas sombras jurídicas que planean sobre un estado de Derecho. Más aún con un conjunto de mini-estados de Derecho, como es el caso de las CC.AA. con sus propias “constituciones” (estatutos de autonomía). Lamento tener que volver a recodar que la C.E. “garantiza” tal funcionamiento ¿autónomo o autonómico?. Muchas veces conviene analizar el sentido del lenguaje y, más importante aún,tener en cuenta sus posibles interpretaciones interesadas. “Autonomía” significa autosuficiencia o, dicho de otra forma, independencia. “Autonómico” en cambio, es un término político-administrativo de nuevo cuño que puede interpretarse como cada cual prefiera. Es lo mismo que “nación” que tiene un sentido unívoco y “nacionalidades” que tiene un sentido puramente administrativo.
    Dicho ésto y pidiendo disculpas por el “rollo” anterior, debo insistir en lo siguiente:
    1.- Cataluña es una comunidad autónoma AL AMPARO DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA.
    2.- Sus instituciones y, en consecuencia, sus cargos públicos dependen por tanto de la CONSTITUCION ESPAÑOLA.
    3.- La toma de posesión de tales cargos públicos, lleva consigo PROMESA O JURAMENTO DE LEALTAD A LA CONSTITUCION ESPAÑOLA.
    4.- Desde hace décadas, se ha quebrantado el juramento o promesa de lealtad a la C.E. UTILIZANDO TALES CARGOS Y SITUACIONES PRIVILEGIADAS PARA PROMOVER MOVIMIENTOS SEPARATISTAS DESDE LA EDUCACION PÚBLICA Y LAS INSTITUCIONES CON CARGO A TODOS LOS CONTRIBUYENTES.
    5.- Al mismo tiempo y presumiblemente en relación con ello, SE CREO Y ORGANIZO LA TRAMA DEL % Y OTROS CASOS DE CORRUPCION POLITICA Y ECONOMICA QUE AUN ESTAN PENDIENTES DE RESOLUCIONES JUDICIALES.
    6.- Al mismo tiempo y a pesar de conocerse todo ello, PREVALECIERON SIEMPRE LOS INTERESES DE LOS PARTIDOS EN EL GOBIERNO QUE SIGUIERON ALIMENTANDO LA SITUACION A CAMBIO DE APOYO PARLAMENTARIO sin que las fiscalías del Estado (que no del gobierno) se enteraran (presumiblemente).
    7.- Al mismo tiempo se consolidaba la idea de que EL PARLAMENTO (LA SOBERANIA POPULAR) NO ERA EL SOBERANO, SINO EL GOBIERNO DE TURNO AL CUAL ESTABAN SOMETIDOS EL LEGISLATIVO Y EL JUDICIAL (hay que recordar los casos como el de los GAL donde nunca apareció la “X”).
    8.- Al mismo tiempo, se crea un cierto sentido de impunidad desde el “poder” y las leyes parece que se dejan sólo para los “robagallinas” (según el presidente del CGPJ). Se eliminan los controles internos en las AA.PP y se crea un conglomerado de entidades (públicas/privadas) que va a servir para dar más juego económico. Ya vamos sabiendo a quienes.
    9.- El sentido de “poder” y de “impunidad” en el caso de Cataluña, se ve fortalecido ante la pasividad institucional del Estado y ésta no queda clara (salvo para evitar el agitado de ramas con que amenazó Pujol en el parlamento de Cataluña). ¿Qué pajaritos caerían de los nidos? Otra “X”.
    10.- En consecuencia de todo ello tenemos un estado de Derecho distorsionado, con una administración de Justicia cuestionada, con una codificación contradictoria e injusta en muchos casos, donde todavía muchos cargos públicos, muchos analistas políticos y hasta eminentes juristas, entienden que el poder judicial depende del gobierno de turno. El caso de pedir al Sr. Rajoy la liberación de los presos es un ejemplo de ello, pero también el que la negociación con un gobierno autonómico, se haga como si la actuación de la Fiscalía o la aplicación del 155 dependiera del gobierno de España.
    Disculpas de nuevo por la extensión del comentario. Un saludo.
    4.-

    Responder
    • cmideas
      cmideas Dice:

      Me gustaría tocar dos de tus puntos de tu comentario por ahora 1. La constitución tiene una ilógica taxonómica que es una “nación” con “nacionalidades”, en un sentido normal si existen nacionalidades es que existen nación, uno no se puede reconocer sin lo otro . hablariamos sino de “subnacionalidades” ,tener una nacionalidad dentro de otra nación, y eso no es posible ya que el estatus es nación-nacion. Estados unidos se inventó el termino de “naciones dependientes” para hablar de las naciones indias , pero usando el término “nación”.
      Digamos que pudo ser una arreglo de acuerdo a la necesidad y circunstancias de la época. “Todavía estamos a tiempo de formular alternativas que ensanchen el círculo de hierro de una Constitución que incorpora en su artículo 2 una amalgama contradictoria de principios políticos constitucionales. Por un lado se asumen los postulados centralistas y férreamente unificadores, consolidados durante los años de dictadura, y por otro, de forma contradictoria, se hace un reconocimiento a la existencia de nacionalidades y regiones.” Martin Pallin Magistrado Magistrado emerito TS
      2 La soberanía reside en el pueblo no en el parlamento , mas al ser una democracia representativa es el parlamento donde reside la representación de esa soberanía (no es lo mismo decir “representación de la soberanía” que “soberanía” . El parlamento está obligado (en una democracia representativa ) a devolver el uso delegado que hace de esa soberanía a sus titulares cada cierto periodo de tiempo como mínimo , tambien puede hacerlo mediante referéndums u otras opciones o puede producirse una intervencion directa del “soberano” mediante la iniciativa legislativa . “1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. 4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.” Cabe recordar que en nuestro sistema es el congreso el que elige al presidente de gobierno “Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente”, no directamente el “soberano” en elecciones . El Congreso/parlamento no es el soberano, es el pueblo el soberano y el congreso solo representa esa soberanía, es poder delegado no titular .
      (temas de impunidad , corrupción y educación quizás mas adelante)

      Responder
      • cmideas
        cmideas Dice:

        También hay que dejar constancia que el ciudadano/a no delega todo su poder político y puede seguir haciendo uso de su poder político mediante otros medios (pacto de derechos civiles y políticos) asociación, reunión , expresión manifestación…etc.

  26. Carlos Mª Brú Purón
    Carlos Mª Brú Purón Dice:

    Totalmente de acuerdo con tu texto, Rodrigo
    Y aunque no sea sino apuntar al tema de fondo que espero abordes en otro artículo, difícilmente encajan en el supuesto de hecho del 472 CP (“…que se alzaren violenta y públicamente…”) los atribuídos por el Ministerio Fiscal.
    Un abrazo.

    Responder

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