Candidatos al III Premio Hay Derecho nominados por su defensa de la separación de poderes y la neutralidad de las instituciones
Por Carlota Tarín y Carlota García
Con este post cerramos la presentación de nuestros candidatos al III Premio Hay Derecho. Desde el jueves, hemos ido contándoos por qué merece cada uno de ellos estar entre los finalistas y, con este último post, cerramos la serie. Nos queda hablar de quienes han destacado en su lucha por la Separación de poderes y la neutralidad de las instituciones.
La labor de todos ellos ha permitido que tengamos hoy unas instituciones más fuertes, gracias al esfuerzo realizado por revertir las debilidades e injusticias que todavía existen. Todos nuestros candidatos han mostrado un fuerte compromiso con valores esenciales de nuestra democracia. Desde la Fundación nos complace reconocer a estos cinco candidatos, cuyo denominador común es su contribución a la mejora de la democracia a través del fortalecimiento de las instituciones y de la garantía de la separación de poderes.
Nuestra primera candidata en esta categoría es Mercedes Alaya, magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Es conocida por haber instruido relevantes casos de corrupción en Andalucía, como el ‘caso Betis’ o el ‘caso Mercasevilla’, del que sale a la luz el ‘caso ERE’. En este último caso, Alaya tuvo un papel esencial a la hora de desmontar la presunta gestión fraudulenta de la Junta de Andalucía. Como consecuencia, Alaya fue apartada del esta causa.
Desde que la magistrada se hizo cargo de estos casos, su vida personal ha sido vigilada, poniéndose en duda -en muchas ocasiones- su profesionalidad en la lucha contra la corrupción.
La jueza sevillana siempre se ha posicionado en favor de la independencia y de la neutralidad de las instituciones, defendiendo los límites y el dominio de cada ámbito público. También ha rechazado públicamente las intromisiones de competencias que se producen en ciertos terrenos. Por ello, consideramos que, como representante de la Justicia, su abierta y beligerante lucha por la separación de poderes y la neutralidad de las instituciones es digna de reconocimiento.
Nuestra siguiente candidata, Macarena Olona es Abogada del Estado desde el año 2009. Cuando ocupaba su plaza en Bizkaia, se especializó en Derecho Concursal. Posteriormente, en 2013, fue designada Abogado del Estado-Jefe en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En dicho destino centró sus actuaciones en la defensa de la dignidad de las Víctimas del Terrorismo y en la lucha contra el uso indebido de fondos públicos, entre otras cuestiones.
En septiembre de 2013 fue designada asesora y miembro del Consejo de Administración de la Autoridad portuaria de Pasaia. Al advertir sobrecostes no justificados en la construcción de la lonja de pescados del puerto, en abril de 2016 informó de las presuntas irregularidades al Ministerio Fiscal que, un mes después, presentó denuncia por 6 presuntos delitos relacionados con prácticas presuntamente corruptas. El traslado a la Fiscalía se realizó en contra del criterio expresado por el consejo de administración, y tras denunciar Macarena que se estaba limitando su acceso a información relevante sobre las presuntas las presuntas irregularidades en la construcción de la lonja. El sobrecoste de la lonja de Pasaia alcanza los 5 millones de euros. En junio de 2017 Macarena fue designada Secretaria General y del Consejo de Administración de Mercasa, puesto que ostenta con el esclarecimiento de los graves hechos que está investigando la Audiencia Nacional como uno de los cometidos prioritarios.
Por su encomiable labor en defensa del Estado de Derecho en el País Vasco y, en especial, por su lucha contra la corrupción en un ámbito tan opaco como los Puertos del Estado, a pesar de un enorme coste personal, Macarena Olona merece un especial reconocimiento.
La función de la Junta de Fiscales Anticorrupción es garantizar la independencia de la Fiscalía frente a posibles intromisiones de carácter político o frente a decisiones improcedentes. En el marco de la ‘Operación Lezo’ –que involucra al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González – la Junta de Fiscales impidió que se paralizasen los registros previstos en el desarrollo dicha causa.
Los fiscales unieron sus votos, en una acción sin precedentes, contra Manuel Moix, Fiscal General Anticorrupción, para conseguir que se continuase con los registros. La Junta de Fiscales Anticorrupción mantuvo su criterio frente a presiones de superiores jerárquicos en aras de garantizar la separación de poderes. Este reconocimiento pone en valor la labor de la Fiscalía en el funcionamiento del Estado de Derecho y la importancia de contar con instrumentos que permitan garantizar su independencia, así como el empeño personal de sus miembros por evitar intromisiones en su trabajo.
Fernando Clemente es otro de nuestros candidatos que, desde su lugar de trabajo, vela por la separación de poderes y la neutralidad de las instituciones. Clemente es Letrado en la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.
En su trayectoria profesional, Clemente ha obtenido importantes resoluciones judiciales orientadas a limitar la arbitrariedad de los órganos de control del Tribunal de Cuentas. Ha conseguido sentencias favorables para que se establezcan límites a la discrecionalidad en los nombramientos de libre designación en esta importante institución. También ha destacado en la lucha contra el nepotismo, obteniendo sentencias que anulaban por desviación de poder este tipo de nombramientos.
Clemente es candidato a los Premios Hay Derecho por su constante reivindicación de una mayor transparencia y neutralidad de las instituciones públicas, esencial para garantizar su buen funcionamiento, así como por el cumplimiento de la Ley.
Nuestro último candidato en esta categoría es Jordi Cantallops, inspector de Educación en Barcelona, que ha figurado en la agenda mediática por su defensa de la neutralidad en la educación pública. A Cantallops se le ha incoado un expediente disciplinario tras denunciar -en una entrevista en un diario nacional- que en Cataluña se adoctrina en los colegios. La Generalitat ha considerado como falta grave el comportamiento de Cantallops, por lo que le ha abierto expediente por incumplimiento de sus funciones.
Cantallops afirmó que en las escuelas catalanas se adoctrina de manera expresa, con el conocimiento e inacción de los responsables públicos. Como funcionario, Cantallops ha antepuesto su obligación como inspector y el cumplimiento de la Ley a las presiones de un entorno, cuanto menos, complejo y una tendencia hacia el pensamiento único.
El inspector de Barcelona ha mostrado su valentía al atreverse a denunciar el adoctrinamiento educativo en su Comunidad Autónoma, a sabiendas de que su posición no es la más popular entre sus compañeros.
Los candidatos de este bloque son, todos ellos, trabajadores públicos. Y todos ellos han destacado por cumplir con su obligación en un entorno hostil, donde su obstinación por hacer cumplir la Ley y garantizar la neutralidad e independencia de sus instituciones ha conllevado importantes costes personales. Y es por servidores públicos como ellos por lo que aún podemos hablar de estado de Derecho y democracia en nuestro país. Sirvan estas candidaturas también como homenaje a todos ellos.
Carlota Tarín es Socia Directora del área de Consultoría de la empresa Iclaves. Licenciada en CC. Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en European Public Affairs por la Universidad de Maastricht. Cuenta con más de 8 años de experiencia en consultoría en el sector público, especializándose en gestión de proyectos de innovación y evaluación de programas y políticas públicas. Anteriormente fue Consultora en KPMG Asesores y Asistente de Investigación en el European Institute of Public Administration.
