Auto del TS: Por qué el alzamiento fue público y violento

El Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, don Pablo Llarena Conde, acordó mediante auto prisión provisional eludible bajo fianza de 150.000 euros para Carmen Forcadell, así como libertad provisional con y sin fianza para otros cinco miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña.

Por su naturaleza, este pronunciamiento se realiza en un momento muy inicial del proceso, antes de juzgar definitivamente los hechos investigados y enjuicia exclusivamente si procede o no acordar la prisión provisional reclamada por la Fiscalía General del Estado para los querellados. Sin embargo, lo cierto es que el auto alcanza relevantes conclusiones que, previsiblemente, afectarán tanto a este procedimiento como a otros (recordemos que el TS ha reclamado al TSJC las llevanza de las diligencias abiertas contra varios miembros de la Mesa por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación; y que podría reclamar la inhibición de la Audiencia Nacional en el procedimiento contra Oriol Junqueras y el resto de ex – miembros del Govern).

Como es sabido y señala el propio auto, la adopción de la prisión provisional como medida cautelar requiere, por un lado, que se tengan indicios racionales de que el delito se ha cometido y, por otro, que los fines que el proceso penal persigue puedan verse malogrados si los investigados quedan en libertad antes de la sentencia.

En relación con el primero de estos requisitos, como era de esperar, el Magistrado considera que existen indicios suficientes de que los delitos de sedición, malversación y rebelión –que son los que reclama la Fiscalía General del Estado- se cometieron.

Apreciar la existencia de los dos primeros no reviste mayor dificultad: la notoriedad con la que los investigados han dirigido la movilización pública con la intención de entorpecer o evitar la aplicación de la Ley es suficiente para apreciar sedicion (ex. art. 432 CP); y que lo hayan hecho, más que probablemente, sirviéndose de fondos públicos, constituye el delito de malversación (ex. art. 544 y ss. CP).

La novedad, no obstante, la encontramos en la valoración jurídica que el auto realiza al analizar los indicios del delito de rebelión.

Eran muchas las voces –fundamentalmente provenientes de la defensa de los acusados- que apuntaban que los hechos imputados no podían considerarse rebelión en los términos de los artículos 472 y ss. CP porque no hubo un alzamiento violento, en el sentido más literal del término. Sin embargo, el auto solventa estas dudas y sienta las bases jurídicas para una posible sentencia condenatoria por rebelión, al razonar a lo largo de casi diez páginas que sí cabe apreciar un alzamiento público y violento a pesar de que no se registrasen daños contra personas o bienes, puesto que basta que exista una “ostentación de una fuerza y se muestra la disposición a usarla.”

A la vista de las reiteradas desobediencias a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, el juez Llarena entiende que queda claro que los promotores del independentismo nunca se plantearon realmente tratar de alcanzar su objetivo por la vía legal o de negociación, sino que lo que realmente pretendían era resuelve el auto “alcanzar una situación de hecho, para después lograr imponer su aceptación política”.

Y esa situación de hecho era la creación de una movilización ciudadana instrumentalizada, verdadera piedra angular de un eventual éxito secesionista, que era -o debía ser- una fuerza real y disponible para los dirigentes secesionistas, que podían servirse de ella. O, al menos, amenazaban con hacerlo.

Es decir, la existencia de una potencial masa ciudadana dirigida por ellos y que les sirviese para amenazar con provocar altercados, era suficiente para apreciar violencia.

Si a ello, además, le sumamos que llegó a haber escenas reales de violencia y fuerza, como “el asedio de los hoteles donde se alojaban los integrantes de las fuerzas del orden; los cortes de carreteras y barricadas de fuego; las amenazas a los empresarios que prestaran soporte a los servicios del Estado; o algunas de las murallas humanas que defendían de manera activa los centros de votación, haciendo en ocasiones recular a las cuerpos policiales, o forzando a estos a emplear una fuerza que hubiera resultado innecesario de otro modo”; cabe concluir, y así lo hace el auto, que los imputados se sirvieron de la “sugerencia razonable” de que podían ejercer la violencia de forma incontrolada.

En definitiva, la conclusión  que alcanza el auto -en mi opinión impecable- es que el alzamiento es violento porque su objetivo era intimidar al Estado, bien ejerciendo de forma explícita la fuerza o bien, como ocurrió, exteriorizando de forma pública y notoria la posibilidad y predisposición real a hacerlo, con el objetivo de atentar contra la Constitución Española en los términos del artículo 472 CP.

Analizado esto, procede decidir si se cumple el segundo requisito para decretar prisión provisional, esto es, que los fines del procedimiento penal puedan verse malogrados si los investigados no son encarcelados.

Y en este caso, la conclusión alcanzada por el auto plantea más dudas.

Como ya apuntamos aquí en el análisis del auto por el que la juez Lamela ordenó el ingreso incondicional en prisión de Junqueras y otros exconsellers, para que pueda ordenarse la prisión provisional es necesario que concurra (i) riesgo de fuga; (ii) riesgo de reincidencia o (iii) riesgo de que se destruyan pruebas:

(i) En relación al riesgo de fuga, el auto diferencia claramente entre Forcadell y el resto de integrantes investigados, quienes tuvieron un papel no menor pero sí inferior a la Presidenta del Parlament, que tanto por su intervención a lo largo de todo el proceso secesionista como por el liderazgo social, administrativo e institucional que ha desempeñado, ha tenido un rol más que destacado en todo el proceso.

Es doctrina constitucional que a mayor gravedad del delito, mayor riesgo de fuga. Y dado que esa posición de liderazgo supondría para Forcadell un agravamiento de las penas previstas para cada uno de los delitos imputados, cabría entender, y así lo apunta el auto, que en su caso se “potencia el riesgo de ocultarse o sustraerse a la acción de la Justicia respecto del que puede observarse para el resto de querellados.”

A ello hay que añadirle, en mi opinión, el hecho de que la gravedad de la imputación aumenta más si cabe con el propio auto que, como hemos visto, establece unas bases bastante sólidas para que acabe apreciándose delito de rebelión con conducta violenta.

Sin embargo, aplicando palo y zanahoria, el Magistrado obvia extrañamente las continuas desobediencias a la autoridad jurisdiccional hasta ahora y considera que el riesgo de fuga se aminora por el hecho de que haya atendido las citaciones del TSJC y el TS, en manifiesto “contraste con otros encausados en este proceso, que se encuentran actualmente fugados”. Otro recado para Puigdemont.

(ii) Sobre la existencia o no de riesgo de que los acusados reiteren la conducta, el auto presenta algunas otras debilidades.

El Magistrado lo hace “considerando que el devenir político más próximo y cercano pudiera propiciar la persistencia en la actuación fuera del marco constitucional y transformar la próxima legislatura, en un ilegal proceso constituyente”, y añade que los querellados “han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional.”

Lo cierto es que la no renuncia a la actividad política independentista y las continuas actuaciones fuera y en contra del marco constitucional constituyen el presupuesto penado por los delitos que se les imputan. Y ello puede hacerse, ciertamente, sin ostentar el poder efectivo que desde la aplicación del art. 155 CE han perdido. Máxime teniendo en cuenta la interpretación del concepto de violencia que hemos comentado.

Sin embargo, no deja de ser cierto, como apuntaba Rodrigo Tena en este post, que resulta como mínimo debatible si la ponderación de la procedencia de aplicación de la prisión provisional debe valorar la posibilidad de que en un futuro cercano se reproduzcan las actuaciones contrarias a la Ley.

(iii) Por último, el auto rechaza también la posibilidad de que la libertad de los investigados suponga un riesgo de destrucción de las pruebas, por el simple hecho de que éstas son clarísimas y están contenidas básicamente en el diario de sesiones del Parlament.

En definitiva, se trata de un auto que, como titula aquel post referido, presenta luces y sombras. La señora Forcadell ya ha abonado la fianza y ya ha abandonado la cárcel, lo cual, sin embargo, no restará vigencia al contenido de este auto que, previsiblemente, tendrá mucho peso en los próximos pronunciamientos.

 

6 comentarios
  1. Máximo
    Máximo Dice:

    Lo que se pide en el auto, y es lo que debe ser, es que se respete el estado de derecho, que nos protege a todos. Forcadel puede querer un estado independiente catalán. Pero no puede pretender imponerlo porque sí. Le esperan muchos años en la cárcel.

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  2. Pablo
    Pablo Dice:

    Tanto el Parlament como el Govern son autoridades públicas, representantes del Estado, que ostenta el monopolio de la violencia en los Estados de Derecho democráticos. Precisamente el Estado derecho y el principio de legalidad son las garantías que tienen los ciudadanos que limitan el poder de los que mandan, que tienen que seguir los procedimientos democráticos, y no pueden saltárselos cuando quieran. Democracia no es que existan mayorías, sino que éstas no pueden saltarse impunemente la ley, sin cambiarla por procedimientos democráticos. Ha costado muchos años conseguir esto y lo contrario es atentar contra los derechos y garantías democráticas de los ciudadanos catalanes y españoles. Como ocurrió el 6 y 7 de septiembre, y también el 27 de octubre. Hecho desde el poder, es violencia contra los ciudadanos catalanes que son obligados a elegir una de sus identidades, cuando no tienen por qué hacerlo. El riesgo de matarse entre catalanes merece al menos la condena en grado de tentativa.

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  3. Manuel Conthe
    Manuel Conthe Dice:

    Se le olvida citar una afirmación del auto: no hay que excluir “la posibilidad de que los hechos puedan integrar figuras delictivas de menor rigor punitivo que el delito de rebelión expuesto” y quedar subsumidos en el delito de “sedición” del artículo 544 del Código Penal “(pgs. 17-18). Así pues, el magistrado no excluye que los hechos puedan calificarse de “rebelión”, pero tampoco lo afirma como rotundidad.

    Me parece que es bueno que el magistrado no lo haya hecho. La doctrina de que una manifestación pueda considerarse “violenta” por el simple hecho de que “pueda llegar a serlo, si las masas hipotéticamente se descontrolan” tendría enormes consecuencias en Derecho penal si se aplicara a las demás figuras delictivas y no me parece sostenible.

    Por otro lado, si dejamos de lado el delito de malversación, lo que se imputa a Forcadell en este procedimiento son delitos de sedición y rebelión, no de desobediencia. La reiteración en tales delitos exigiría, pues, una nueva apelación a la movilización de las masas. Por eso, en contra de lo que Vd. afirma, carece de relevancia a efectos de reiteración cuántas resoluciones judiciales haya incumplido Forcadell en el pasado.

    Veo excesiva avidez en aplicar la prisión preventiva no con los limitados objetivos que establecen el artículo 503 CP y la jurisprudencia constitucional que lo interpreta, sino para castigar cuanto antes, sin esperar al juicio, a los líderes secesionistas.

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    • Nicolás González
      Nicolás González Dice:

      Gracias por su comentario, Manuel.

      Comparto plenamente su consideración acerca de la relevancia que tiene ese “cierre de seguridad” que hace el magistrado cuando recalca que los hechos imputados constituirían, en cualquier caso, sedición.

      Es la propia naturaleza de este delito la que le hace guardar una relación de subsidiariedad respecto al de rebelión -hasta el punto que incluso el TS ha acertado a denominarlo en alguna ocasión “rebelión en pequeño”-, y que el auto lo cite como una posibilidad más, deja la puerta abierta a que no se acabe apreciando rebelión como tal. Quizá el hecho de que lo cite tan de soslayo responde a que es algo menos novedoso que la interpretación que hace del término “violencia”.

      A este respecto, en mi opinión, el punto que el auto parece considerar clave para apreciar “violencia” no sería tanto que las masas únicamente se descontrolen, sino que exista una posibilidad real y patente de desencadenar ese descontrol de forma voluntaria o, al menos, amenazar con que se puede hacer en cualquier momento. Si bien es cierto, como Vd. apunta, que se trata de una interpretación extensiva que ha de ser tomada con cautela.

      En relación a las desobediencias de Forcadell y el resto de acusados, comparto igualmente su opinión: las mismas no deberían afectar a la consideración que se haga acerca de la reiteración. Precisamente por ello resulta llamativo que el magistrado las mencione primero en el Fundamento Decimocuarto, que dedica íntegramente a valorar el riesgo de fuga, donde a pesar de reconocer “una determinación suficientemente contumaz, que ha desatendido todas las decisiones judiciales que se les han dirigido”, prefiere conceder más valor a las citaciones.

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  4. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Gracias por este comentario al Auto. Ninguno de Uds. hace referencia a la proporcionalidad de las fianzas en relación con las establecidas por el Juzgado de Instrucción de Audiencia Nacional o con las de numerosos otros asuntos políticos y financieros que son públicas, en relación con la gravedad de las conductas delictivas que se imputan a los investigados. Dado que las fianzas, además, parecen haber sido depositadas de fondos provenientes de una denominada “caja de resistencia” de ANC, OC u otras entidades secesionistas, la pregunta que cabe hacerse a estas alturas, leyendo los autos, es por qué no se se está ya citando como investigados y tomando medidas cautelares contra la trama civil de este golpe de estado, con base en el art. 31 bis CP. Si se perpetran reformas tan extrañas al Derecho continental como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, será conveniente que se apliquen, más allá de los clubs de futbol y los auditores. De otro modo, seguiremos pagando todos la fiesta que se están dando los independentistas con nuestros impuestos, directamente (presupuestos) e indirectamente (subvenciones) y no se comenzará la correcta investigación de los fondos desviados desde tantas administraciones públicas para la comisión, precisamente, de los delitos que ahora se enjuician, como muy ordenadamente resume el Auto del Magistrado Llarena.

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  5. Mikhail Jhouauio
    Mikhail Jhouauio Dice:

    Pues para fallar el tiro adrede. Cuando llegue el momento de acusar (la fase intermedia) la fiscalía lo hará sólo por el delito de rebelión, abandonando la sedición y la malversaran. Se librarán, pues no hay violencia de ningún modo, a pesar de lo que aquí y en el auto se insinúa. Con violencia se refiere el Código penal a que haya participación de fuerzas armadas. No la ha habido.

    Y, si no, habrá amnistía o indulto, como propusieron ayer. Doctores tiene la Iglesias… Por leguleyos no será.

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