Candidatos al III Premio Hay Derecho nominados por su lucha contra la corrupción

Por Carlota Tarín y Carlota García

 

Estos días estamos publicando una serie de posts dedicados a dar visibilidad y explicaros cuáles son los logros de nuestros candidatos a nuestro III Premio. Con ello queremos cumplir uno de los objetivos mismos del premio, que es realizar un pequeño homenaje a tantos que trabajan en la defensa y fortalecimiento del Estado de Derecho, incluso con importantes costes personales y laborales. Todos nuestros aspirantes al premio se han enfrentado a situaciones complicadas por defender los derechos de todos y ejercer, ellos mismos, como contrapoder.

En este post, queremos hablar de los candidatos al premio que han destacado por su lucha contra la corrupción. El denominador común de todos ellos es su implicación en la ingrata, solitaria y solo a veces gratificante tarea de denunciar o ayudar a destapar la corrupción.

No queremos que las acciones de nuestros candidatos en la defensa del Estado de Derecho pasen desapercibidas y por eso, os contamos en este post en qué han consistido. Queremos visibilizar y reconocer el valor de su conducta, así como lo han hecho los amigos y lectores de Hay Derecho que les han propuesto. Y, por qué, poneros aún más complicado elegir vuestro favorito.

Nuestro primer candidato en esta categoría, Joan Antoni Llinares, es el funcionario que ayudó a destapar las irregularidades del ‘saqueo del Palau’ en Valencia. Desde su puesto de Director General –que ocupó en 2009 y dejó un año más tarde- fue clave para destapar la fraudulenta gestión del auditorio y aportar la documentación necesaria para acreditar la corrupción que sacudió la institución durante los años que le precedieron. Actualmente, Llinares es el Director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, un cargo de esencial relevancia para la lucha contra la relevancia, ya que su estilo y determinación marcarán sin duda la efectividad real de la Agencia.

En su larga trayectoria en la Administración pública, Llinares ha ejercido un papel esencial en la lucha contra la corrupción, no sólo como colaborador esencial de investigaciones sino trabajando para construir las bases de instituciones y organismos fuertes e independientes. Llinares no sólo denunció las malas prácticas del Palau, sino que también lo hizo posteriormente, cuando trabajó en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), donde colaboró en el esclarecimiento de ilegalidades.

Llinares ha destacado por su honestidad y dedicación en la luchar contra la corrupción y el cumplimiento de la ley, a pesar de las presiones externas. Por ello consideramos que merece un reconocimiento, que sirva además como aliento en la importante etapa que ha iniciado recientemente.

Nuestra candidata Elena Vicente pertenece al Cuerpo de Auditores del Estado y es Subdirectora del Departamento de Sociedades Estatales en el Tribunal de Cuentas. Además, desde el año 2013 es Presidenta de la Asociación ACCORS – Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración Social-. Desde esta plataforma, su labor se centra, sin distinciones políticas, en la regeneración de las instituciones y en la lucha contra la corrupción.

Una de sus líneas de actuación en ACCORS es proteger a los llamados ‘whistleblowers’. Vicente predica con el ejemplo y, además de proteger a los denunciantes, denuncia los casos de corrupción de los que ella es conocedora.

Ha destacado por su dedicación constante, tanto en el ámbito personal como en su condición de funcionaria pública, en la defensa del Estado Derecho. Su candidatura es un reconocimiento tanto a esta labor personal como a la asociación que preside, y, por extensión, a la de tantos trabajadores públicos que creen en instituciones neutrales, honestas y al servicio de los ciudadanos.

Otro de nuestros aspirantes al premio, Fernando Urruticoechea, es también denunciante de corrupción, labor que desarrolla en el ámbito municipal, donde ejerce como interventor. En su vida laboral se ha topado con numerosos obstáculos a la hora de destapar irregularidades pues, como interventor, depende de los alcaldes o de las decisiones del Pleno.

Urruticoechea se ha opuesto a las fraudulentas prácticas de numerosos alcaldes, por lo que ha tenido que cambiar de destino aproximadamente cada cuatro años. En Vizcaya se topó con la corrupción interna al descubrir una trama en Urbanismo, en la concesión de licencias y otra, en la ejecución de obras municipales, por cuyas denuncias fue despedido.  Durante su ejercicio en Castro Urdiales (Cantabria), efectuó numerosos informes de ilegalidades. Esos informe, sirvieron posteriormente de pruebas al juez para instruir la trama de corrupción en dicho ayuntamiento.

En la misma dinámica, ha ido trabajando en numerosos ayuntamientos, lo que le ha hecho acumular más de 20 declaraciones como testigo en casos en instrucción y, otras tres, en juicios penales. Urruticoechea es un ejemplo de persistencia y tenacidad en la denuncia de la corrupción y en la lucha contra la indiferencia de organismos superiores. Por ejercer con honradez su profesión, hasta sus últimas consecuencias y a pesar de importantísimos costes personales, Fernando merece sin duda este reconocimiento.

Otro candidato al III Premio Hay Derecho que ha alzado la voz contra la corrupción es Mariano Benítez de Lugo, quien consiguió sentar a declarar como testigo ante la Audiencia Nacional por la ‘trama Gürtel’ a Mariano Rajoy. Benítez de Lugo es presidente de ADADE -Asociación de Abogados Demócratas por Europa-, desde donde ejercita la acusación popular. En su carrera profesional ha ejercido esta tarea en numerosos casos relevantes de la actualidad española como son el Caso Gürtel, Bárcenas, Guateque, Madrid Arena o los ‘Fondos buitre’, entre otros.

Su contribución a la acusación popular ha sido fundamental en causas de corrupción, así como han sido su persistencia y rectitud en la defensa del ordenamiento jurídico, motivos que sin duda justifican sobradamente sus méritos como candidato a este Premio.

Nuestro último candidato en esta categoría es Acción Cívica contra la corrupción. Acción Cívica es una asociación independiente que da soporte a abogados españoles para que, de forma desinteresada, puedan personarse como acusación popular en procedimientos judiciales por desvío de fondos públicos. Su labor es esencial para aunar fuerzas jurídicas contra la corrupción, impulsando a quienes pueden y quieren denunciar. Asimismo, parte de la labor de Acción Cívica consiste en llevar a cabo denuncias ante la Fiscalía de casos de corrupción de los que es conocedora.

Actualmente, está ejerciendo la acusación popular en los casos ‘Taula’ y en el ‘Caso de Colmenar Viejo’. También han solicitado personarse en los casos ‘Montecarlo’ en Lanzarote y en el ‘Púnica’ en Murcia, aunque la admisión no les ha sido, de momento, concedida.

Acción Cívica toma parte activa en los procesos y en el esclarecimiento de la verdad de las prácticas opacas. Además, su labor es esencial para ayudar a fiscales y jueces a limpiar las instituciones del Estado.

¿Quién es tu favorito? Si quieres participar en la convocatoria, ya puedes votar a en hayderecho.com. Las votaciones estarán abiertas todo el mes de noviembre. Ayuda a Hay Derecho a decidir los finalistas al premio.