Sobre la posibilidad (jurídica) de una ley de amnistía para los delitos de sedición y rebelión

Cuando ya parecía que el debate jurídico sobre las posibilidades de una amnistía política en España nos quedaba muy lejos históricamente, la crisis catalana nos ha retrotraído (como en tantos otros aspectos) a finales de los años 70.  Conviene recordar que durante el principio de la Transición se acudió a esta figura dos veces, como recuerda en este artículo el historiador Santos Juliá.

Técnicamente el instrumento jurídico utilizado una vez celebradas las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977  (con anterioridad se había recurrido a la figura  del Real Decreto ley sobre medidas de gracia o a indulto generales) fue la Ley de 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía,  que la concedía para una serie de actos tipificados como delitos y faltas en la normativa entonces vigente realizados durante un periodo de tiempo determinado y siempre que el acto tuviera un móvil o intencionalidad política. Además se establecían los periodos de tiempo en los que se aplicaba la amnistía atendiendo a diversas circunstancias, entre ellas a los progresos que se iban realizando en la transición desde la dictadura a la democracia.  Recordemos que el referéndum sobre la Ley para la reforma política se llevó a cabo el 15 de diciembre de 1976 y que la Ley 1/1977 de 4 de enero para la reforma política permitió la  celebración de las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977.

De esta forma,  en la Ley 46/1977 la amnistía abarcaba todos los delitos y faltas cometidos con intencionalidad política si se habían realizado antes del 15 de diciembre de 1976 pero solo a estos mismos actos realizados entre esa fecha y el 15 de junio de 1977  si además de la intencionalidad política se apreciaba el móvil de restablecimiento de las libertades públicas en España. Por último, se aplicaba también a los cometidos hasta el 6 de octubre de 1977 pero solo en el caso de que no hubieran supuesto una violencia grave contra la vida o la integridad de las personas. Es interesante destacar que también se amnistiaban expresamente los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o con motivo de ellos, tipificados en el Código de Justicia Militar.

Además debemos subrayar que, según esta Ley, la aplicación de la amnistía correspondía exclusivamente a las autoridades judiciales cualesquiera que fuera el estado de tramitación del proceso y la jurisdicción competente, siendo por tanto los jueces los que debían apreciar la motivación política

En todo caso la distinción con el indulto estaba y está claro; como afirma el profesor Requejo aquí “en términos generales puede decirse que, así como la
amnistía supone el olvido de la comisión de un ilícito, el indulto garantiza su
recuerdo y sólo se traduce en la excusa -en principio, graciosa y no debida de
la penitencia, que de este modo resulta ser merecida pero perdonada” . De esta manera la amnistía es una medida de gracia que tiene carácter general en cuanto que se aplica a un colectivo de personas (normalmente por razones de tipo político) y elimina el ilícito, mientras que el indulto -regulado todavía por Ley de 18 de junio de 1870 aunque con modificaciones posteriores-  que puede ser total o parcial opera sobre la sanción o la pena, pero no sobre el ilícito. Además los indultos particulares se conceden caso por caso,  en atención a muy diversas circunstancias  de tipo personal (como puede ser la de facilitar la reinserción evitando la entrada en prisión por un delito cometido hace muchos años) y requieren la existencia de una condena penal firme.

Tras la aprobación de la Constitución Española queda prohibida la figura de los indultos generales, que es la que presentaría una mayor similitud con la amnistía en la medida en que no se aplica caso por caso sino a un colectivo de personas. Efectivamente el art. 62 i) CE los prohíbe cuando –al hablar de las facultades del Rey- señala que: le corresponde “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley que no podrá autorizar indultos generales”.

Parece evidente que el encaje tanto de la amnistía como del indulto en un moderno Estado democrático de Derecho es un tanto problemática, y así lo ha destacado la doctrina, dado que el indulto se considera normalmente una prerrogativa del Ejecutivo para dejar sin efecto una condena judicial firme y la amnistía supone en la práctica una derogación de la normativa penal que se estaba aplicando hasta ese momento, lo que entraña cierta contradicción con los principios del Estado de Derecho.

En este blog precisamente hemos hablado mucho del indulto y del mal uso que se ha hecho del mismo por el Gobierno en casos como el de Alfredo Saenz o el de los responsables penales de la tragedia del Yak 62 o el del conductor kamikaze por ejemplo aquí  por suponer una especie de fraude al Estado de Derecho. Por el contrario, esta es la primera entrada que le dedicamos a la amnistía en nuestros casi 7 años de vida. Lo que no deja de resultar muy revelador del tipo de debates jurídicos que resultan necesarios en estos días donde (nos guste o no) se están cuestionando los fundamentos de muchos conceptos jurídicos que creíamos inmutables.

Pues bien, hemos visto que queda prohibida constitucionalmente la posibilidad de que la ley permita realizar indultos generales. Sin embargo, parece que –según la doctrina- sí  queda  abierta la posibilidad de que el Parlamento pueda aprobar una ley de amnistía en momentos excepcionales, en particular en aquellos momentos que algunos autores como Carlos Pérez del Valle definen como de “refundación política”. En ese sentido, entienden estos autores que el mismo legislador que podría aprobar una reforma del Código Penal podría también aprobar una regulación tendente a impedir la aplicación de los tipos penales vigentes. Parece razonable pensar que quien puede hacer lo más (modificar o suprimir los tipos penales) también puede lo menos, como sería “desactivarlos” en casos excepcionales. La excepcionalidad sería política, remitiendo a circunstancias en que aún estando vigentes las normas  penales correspondientes a determinados tipos penales se producen situaciones de grave conflicto o de confusión o de cambios bruscos en las necesidades de la política criminal que así lo aconsejen. El órgano encargado de apreciarla sería lógicamente el Parlamento.

No obstante conviene tener en cuenta que incluso en  el caso de una ley de amnistía ésta no podría alcanzar a todo tipo de delitos, en particular a aquellos delitos respecto a los que rige el principio de justicia universal o a aquellos delitos que no pueden prescribir, como ocurre con el delito de genocidio, dado que el propio Estado así lo ha acordado a través de los correspondientes tratados internacionales. En cambio, no habría inconveniente en que la amnistía alcance a cualesquiera otros delitos tipificados en el Código Penal y, en particular por lo que aquí nos interesa, a delitos con un componente político tan marcado como el ya famoso art. 544 del CP  que recoge el delito de sedición o el de rebelión del art.472.  El Código Penal constituye, como es sabido, la forma más intensa que tiene nuestro ordenamiento jurídico de proteger determinados bienes jurídicos; en este sentido el orden constitucional vigente, la Corona, la separación de poderes, el orden público, etc, etc son protegidos en casos extremos a través de los correspondientes tipos penales.

Con esto no queremos decir que una ley de amnistía para este tipo de delitos resulte deseable o conveniente políticamente; simplemente apuntamos a que jurídicamente sería posible la aprobación de una Ley por el Parlamento que otorgase una amnistía por este tipo de delitos. En todo caso lo que parece razonable es abrir un debate sobre la conveniencia de reformar el Código penal en alguno de estos supuestos ya que, con independencia de otro tipo de consideraciones, los tipos penales parecen anclados en conceptos y categorías más propias del siglo XX que del siglo XXI.

Dicho eso, hay que tener en cuenta que la ventaja de una ley amnistía sobre una reforma del Código Penal  es que la amnistía se produce de forma inmediata y con carácter retroactivo –más allá de los tradicionales principios que establecen la retroactividad de las normas sancionadoras más favorables o de las disposiciones transitorias que puedan explicitarlo así en determinados supuestos- alcanzando tanto a procesos judiciales concluidos hace muchos años como a los nuevos procesos que se estén iniciando. Es decir, la amnistía afecta a un conjunto amplio de personas sea cual sea el estado de la tramitación del procedimiento judicial o incluso aunque haya finalizado hace tiempo. Desde esa perspectiva ofrece ventajas sobre cualquier modificación puntual del Código Penal o sobre cualquier aplicación de la facultad de gracia a un caso particular para extinguir o disminuir la pena impuesta por los jueces.

10 comentarios
  1. Adán Valenzuela
    Adán Valenzuela Dice:

    De su largo post sólo se extraen tres escuetos datos, consabidos:
    a) Mediante el indulto se borra la pena; mediante la amnistía, el delito. Ambas son posibles.
    b) También caben en nuestro Estado de Derecho© las leyes personales.
    c) Pueden derogarse los delitos, y ello conlleva la retroactividad: sus autores son puestos en libertad.

    No sé a qué conceptos se refiere cuando dice que son propios del siglo XX, ¿a la amnistía, al indulto, o a las leyes personales? ¿A los tipos penales?, ¿a cuáles, a todos? La compraventa, los títulos al portador, el asesinato, el cagar y la ausencia también son instituciones seculares, y no se ve cómo dicha antigüedad afecte a su adecuación a los tiempos modernos. Eso hay que justificarlo, no basta con que sean añosas para echarlas abajo o ―valga la redundancia― reformarlas.

    La sedición y la rebelión existen reguladas de modo muy semejante al español en todos los países del mundo, incluso en los que miramos por encima del hombro llamándolos bananeros. En algunos llevan aparejada la pena de muerte. Que las supriman si se atreven. España quizá sea una excepción y no las necesite por ser un país ultracivilizado: dígase, entonces, pero claramente y en voz alta.

    La amnistía y el indulto han existido siempre, y seguirán existiendo. La primera se ejecuta en momentos de crisis políticas completas, especialmente cuando hay cambios de régimen. Es la mejor y más apañadita, pues todo lo perdona, a modo de seglar bula. Bien. ¿Es esa la situación de España? Pero, un momento, ¿no teníamos una de las mejores Constituciones del mundo, de consenso™, que vacunaba contra toda suerte de crisis políticas, satisfacía todos los intereses en pugna, habidos y por haber, y era y sigue siendo objeto de admiración por doquier, donde nos la imitan? ¿Crisis, qué crisis! Del abuso del indulto y su desnaturalización, por número y materia, ya se ha tratado varias veces en este blog, y merece especial mención, por su perfección, un artículo que publicó el letrado del Consejo de Estado Lucas Blanque Rey analizando la jurisprudencia recaída en la materia, caracterizada por su contorsionismo, cosa frecuente.

    La superferolítica doctrina de las leyes personales (o «particulares»), con nombre y apellidos, salió de la chistera del Tribunal Constitucional con ocasión de las expropiaciones legislativas que le hicieron al bueno de Ruiz Mateos otros mafiosos como él, que eran los dirigentes socialistas de entonces, con Isidoro a la cabeza y Boyer a la cola. Tras admitir la constitucionalidad de tal dislate, su a la sazón presidente, el insigne constitucionalista don Manuel García─Pelayo, se fue a Venezuela avergonzado a jubilarse, olvidar y morir en paz, cosa que hizo pronto (el morir, no lo otro). Hoy reescribiría, si tuviese valor para ello, un libro bien distinto si osase hablar del Estado de partidos, y no el meramente descriptivo que redactó entonces, que daría a la maculatura. El art. 14 CE quedó, a juicio del TC, incólume: la ley es igual para todos, pero algunas leyes pueden ser de aplicación personalísima sin que quiebre el principio, refiriéndose a personas concretas sin ser privilegio. La propiedad privada bien, gracias. El agua puede mojar o no mojar, según quién salpique. Todavía le quedan por dictar algunas sentencias sobre RUMASA, que ya dormirán con seguridad el sueño de los justos. Esta fue la adaptación hecha a finales del siglo XX del concepto de ley: una mera medida momentánea hecha para salir del paso, que puede contener lo que al poder le plazca. Un aggiornamento, eso sí que es estar a la última y evitar la petrificación del ordenamiento jurídico. Recibimos el futuro con los brazos abiertos, listos para adentrarnos en el siglo XXI. Ahora le añadimos otra vuelta de tuerca, como inofensivo adjetivo: leyes personales penales. Mejor que deroguen para siempre todo el Código penal, que con la Constitución y la seducción nos basta, que somos muy pizpiretos.

    Ninguna de las tres instituciones mentadas, ni la derogación de los tipos de sedición y rebelión, puede servir para sacarnos de esta situación política. Y no precisamente porque estén ancladas en siglos pasados. La crisis es completa y en toda España. Está cayendo el Estado de partidos, común a toda la Europa continental salvo Francia, y nadie lo dice. Ya nadie acepta las listas de partidos, aunque no lo digan así y embistan contra las consecuencias. Por eso hay Brexit, dicho sea de paso. Cuando caiga del todo el régimen de partidos, todo el mundo lo habrá sabido desde siempre. Pronto todos habrán corrido delante de los nuevos grises y se habrán opuesto tenazmente desde el primer minuto a la oligarquía política que en España ha regido desde 1975/1978 y todavía rige. Epifenómeno de la que en cada país europeo reina tras la segunda guerra mundial, y muy singularmente, de la alemana y de la italiana, sus hermanas mayores y modelos de conducta. Pero eso nadie lo quiere pensar, que Uropa es mu güena y de ella mana leche y miel.

    Lo que sí es posible es que esos doblemente burócratas (por oposición y por ser miembros de un partido─órgano del Estado) que nos desgobiernan desde Madrid lo intentarán, y por eso esta entrada que hoy nos ofrece el blog es de actualidad, está bien traída. Los rebuznos que se están oyendo, a través de los medios propagandísticos de ese fragmento de Estado que Cataluña es ―y que seguirá teniendo pase lo que pase―, desde que metieron en la cárcel a los Jordis como «presos políticos» (sic) son antológicos, pero sólo buscan una cosa: que si los Pujol, Mas, Trías, Roca, etc. (los que importan) tienen la mala suerte de ser condenados por algún indeseable que no sabe estar en su sitio en nuestros inmaculados tribunales, se confunda todo y sean considerados ellos también presos políticos, que estamos de oferta. Les perseguirán a todos por ser independentistas y héroes de la gloriosa y neonata patria: a los Jordis, a los hijos de Pujol, a Forcadell, al Barça (¡era penalti!), a Oriol Junqueras, a Puchi y al resto del Govern, etc. Las cuatro vías tomistas que usted señala serían entonces desatadas, cual jinetes de apocalipsis, ¡por sus mismos socios!, para blanquear los delitos cometidos desde 1980 en Cataluña por parte de toda su clase política. Y quizá las extendiesen al resto de España, que no cuesta nada y ya que estamos… It’s 2017, come on, dude, move on. Para que traguemos nos harán una reforma cosmética de la Constitución que justifique la barrabasada envuelta con un bonito lazo, y pretenderán que sigamos adelante. Una segunda transición, tan modélica como la primera. Transición hacia lo mismo. Siempre en tránsito hacia ninguna parte. ¿Hemos llegado ya…?

    Ahora viene lo importante, la moraleja: aplaudamos y loemos las ocurrencias de nuestros amos, sean cuales fueren, que eso es cosa suya, a nosotros nos es ajeno. Lo que tengan a bien echarnos al cuenco, bien echado está. De bien nacidos es ser agradecidos. Ellos nos lo han dado todo, todo, todo. «Yo sólo soy un humilde positivista: aquí yacen los medios jurídicos que a su excelencia pueden interesar. Sepa que me abstengo de hacer juicio de conveniencia política sobre ellos, Dios me libre de tal atrevimiento, pues no es mi función y eso le corresponde a usted, oh, César. Sólo digo que existen. Y que se pueden usar, claro, si es que a su excelencia así le place. Aquí se los presento: entre la rosa y el clavel, su majestad es coja». He ahí un jurista de fuste, que conoce su lugar en el mundo, es modesto y desprende sensatez y sentido común allá por donde pase. Un asnillo que tira del carro. Un jurista de fusta; lo mismo le da arre que so. Todo cabe si hay maña y maneras, que todos somos personas humanas, no hay que olvidarlo. Incluso Santos Juliá.

    ¡Viva la Constitución, y su reforma, y las amnistías, y los indultos y las leyes personales, y las derogaciones de tipos penales milenarios demodés que, resuelta y vivaracha albergará en su seno! ¡Viva todo y nada! ¡Viva el bien, el mal, el gris, el ultravioleta, el infrarrojo y el entero arco iris sobre nuestras insignificantes cabezas! Todo cabe dentro del Estado de Derecho si se respetan las formas y caminamos erguidos, ma non troppo. El chicle durará mil años. ¿Qué más da?, estamos vivos y eso es lo único que importa, ¡carpe diem! ¡Hay Derecho? Nnnnnnnsí, pero un poquito, y reformable y líquido. Como siempre, al gusto del señorito.

    Ave!

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  2. Isaac Ibáñez
    Isaac Ibáñez Dice:

    Muy interesante el artículo, Elisa, desde el punto de vista jurídico, pero dado que no es un comentario en abstracto sino relacionado con el momento y las circunstancias que vivimos, podría interpretarse por algunos que se trata de poner el carro por delante de los bueyes y dar la impresión de que sigue existiendo gente intocable y que al final puede irse “de rositas”.
    Los tipos que están siendo investigados, algunos en prisión provisional y otros cobardemente huidos, han cometido (presuntamente) crímenes gravísimos y, asimismo, graves daños a la economía nacional. Alguno de ellos, el huido, está comparando a la España actual con la dictadura franquista.
    Yo soy de la opinión de que deben pagar por ello, es decir, se les debe aplicar la ley penal en toda su extensión y en su día, Dios dirá… Yo ahora ls diría lo de Dante: Lasciate ogni speranza…

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  3. Mario Brümmel
    Mario Brümmel Dice:

    Es un verdadero orgullo que toda una Abobada del Estado nos explique todas las posibilidades (jurídicas).

    Luego los políticos decidirán, que es su trabajo. Pero antes tendrán que consultar qué pueden hacer.

    Saludos.

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  4. David Fdez.
    David Fdez. Dice:

    Uno está con lo que escribió el otro día José García Domínguez bajo el título “Frenemos el próximo golpe”:

    “Urge, pues, una iniciativa en el Congreso de los Diputados para prohibir por ley los indultos gubernativos en los casos de convictos que cumplan pena por los delitos de sedición o de rebelión. Alternativamente, cabría proponer una modificación del Código Penal para que en esos dos supuestos, los de sedición y rebelión, la ley exigiera de forma expresa el cumplimiento íntegro de las penas”.

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    • Ulises Roccaforte
      Ulises Roccaforte Dice:

      1) No hay ningún golpe. Este es, por definición, rápido y sorpresivo. A algo que se celebra dentro de un orden del día y con asistencia de toda la prensa no se le puede llamar “golpe de Estado”

      2) Pero, ¿cómo pretende que se aten las manos a sí mismos? Eso o lo hace una Constitución de una sola vez y para siempre o no ocurre nunca. Además, es un arma más en la negociación que viene. Las balas con que apuntan son de goma. Los partidos españoles sabrán por qué, pudiendo en apariencia destruir a los partidos nacionalistas, ahora también sediciosos, no lo hacen. Esa sí que es una buena pregunta y una línea de investigación fructífera.

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  5. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Obviamente, si se dispone de una mayoría parlamentaria que la apoye, se puede hacer cualquier tipo de “ley” y con cualquier justificación que, para eso, el parlamento se supone que representa la “soberanía popular”. Otra cosa distinta es que la misma obedezca a intereses determinados, no al interés general (el “interés general” casi nunca lo es tal).
    En el caso de lo que viene ocurriendo en Cataluña no existen más que despropósitos de unos y otros. El primero empezó hace muchos años cuando se cedió la Educación a quienes iban a manipularla en contra de todos. De los que la recibían (por falsa) y de los que deberían sufrir sus consecuencias. Pero primaron -como siempre- los intereses de partido, la codicia del poder mal entendido (pues no está basado en la autoridad moral sino en la compra de votos).
    Cuando finalmente ha estallado todo ante la aparente desidia de un parlamento que es como es, de gobiernos precocinados con instrucciones “globalizadas” para romper la fortaleza de los estados-nación… vaya ¡por fin se aplica algo tan elemental como el cese o destitución de los que se autoexcluyen del estado, pero cobran y reciben privilegios del mismo en forma de cargos públicos! pero…. se convocan elecciones partiendo de los mismos mimbres y de las mismas personas que -supuestamente- han participado en delitos graves, han provocado una gran fractura social de odio y resentimiento (quizás no tipificada en el CP), con el objetivo engañoso de ¡crear una república independiente! que, eso sí, sólo es simbólica….. a pesar de haber sido votada en sede parlamentaria, ratificada en documento firmado en sede parlamentaria, difundida a los cuatro vientos a nivel internacional con un despliegue mediático ¿pagado directa o indirectamente todo ello desde los presupuestos públicos del Estado Español? y, nuevamente, el esperpento se renueva: ¡se presentan a unas elecciones autonómicas que dicen ser ilegítimas e ilegales pero que quedan “legalizadas” y “legitimadas” por su participación en ellas. Más tonterías no se pueden parir en menos tiempo.
    Y es que, fuera del cargo y el sueldo público que te ha caído por pura “chimba” hace mucho frío…. Lo están descubriendo.
    Por ello, intentar analizar jurídicamente el fenómeno y sus consecuencias es un buen ejercicio profesional, pero llevará siempre a la melancolía. Es más bien un caso de estudio para la Sociología y para la Psiquiatría….
    Un saludo.

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  6. manuel diaz
    manuel diaz Dice:

    Es interesante como desafío intelectual.Jurídicamente puede ser insostenible, desde los más profundos valores constitucionales , sin embargo, cualquier posiblidad de una amnistía para los delitos de sedición y/o rebelión contra un régimen democrático como el español.
    Por ello, cualquier relación con las amnistías derivadas de un proceso de transición política que mudó en profundidad la naturaleza del régimen político (de un regimen autoritario a uno democrático)carecen de identidad de razon o posible homologación.
    El supuesto anticonstitucional máximo es realmente el de este delito, y bajo la Constitución vigente,mejor dicho incluso, desde el bloque constitucional que constituye esta con sus leyes orgánicas, ya que se “derogó” de facto tanto la Constitución, como el Estatuto como todas las leyes vigentes, declarandose una Republica Independiente y quebrando los poderes del Estado en Cataluña, arbitrariamente.
    Las autoridades políticas y parlamentarias de Cataluña realmente declarararon un “estado de excepción” de facto, al que trataron de dotar de una apariencia jurídica.Pero que por ilegitimo ejercicio de la autoridad no tiene más valor que si hubiesen decidido en sentido contrario volver al Estado unitario franquista y restaurar la democracia orgánica, o declararse parte de Francia.

    Dentro de un régimen democrático europeo dificilmente tendría cabida una ley de amnistía como la que sería necesaria.Fuera de ese mundo, todo es posible, no obstante, pero todo acto tiene sus consecuencias.Sería un suicidio del Estado y abriría la puerta a un conflicto de consecuencias incalculables.
    Por “excepcionalidad” politica, en ninguna parte un golpista iría a la carcel.Está en la naturaleza del delito , en la subversión que implica del orden constitucional y en su sustitución por la voluntad -política-de los presuntos criminales la naturaleza politica de la actuación , por lo que nunca podría ser una causa de excepción.
    Afecta además a algo indisponible para el legislador ordinario, que es que han usurpado la soberanía nacional y no podría perdonarlo un Parlamento titular de esa soberanía , trangrediendo su propia legitimidad, las razones para esta, al prevalecer frente a ella la impunidad efectiva.No podría frente a la deslealtad constitucional , premiarla o disculparla.

    El sistema politico ha acreditado realmente su vulnerabilidad y su ingenuidad, en todo caso,y puede tratarse más que de despenalizar de precisar una línea de defensa efectiva del orden democrático frente a su sustitución, como, por cierto ,existe en otros paises de la UE, donde el proceso desestabilizador actual español, se contempla con mucha preocupación, y cuya extensión además, con pavor.

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    • Ulises Roccaforte
      Ulises Roccaforte Dice:

      Mientras siga usted pensando que en Europa hay una sola democracia, no entenderá nada. Es una oligarquía bajo la weimariana forma del Estado de partidos, mandan las cúpulas de los partidos, que son los verdaderos órganos del Estado, y no el Congreso, el Tribunal Supremo, el Gobierno, el Banco de España, etc. Pueden hacer lo que quieran con nosotros. No pasará nada.

      El Magistrado del TS, el Llarena ese, tan comprensivo él, se quedará con la causa de los Consellers con la excusa de la conexidad penal (esta vez no toca repartir el caso por siete u ocho tribunales distintos, como con los eres o la Gürtel; això no toca). Les soltará para que haga la campaña electoral; Lamela ya ha cumplido su parte, dándoles un golpecito en la muñeca por haber sido malos. Bonito teatro, poli malo y poli bueno.

      Luego, elecciones. Gane quien gane dará igual, pero es probable que lo hagan los pseudoindependentistas. Y más adelante reforma de la Constitución con la excusa de ponerla al día y no se qué cuentos del “encaje territorial” u otra pedantería mema, concediendo todo lo que quieran de verdad, que es el perdón de todo lo que ha ocurrido en Cataluña desde que entró en vigor la Constitución. La corrupción ha sido allí, como en toda España, la forma de gobierno desde siempre. Pero, a diferencia de lo que ocurre en otras Comunidades Autónomas, aquí se trata de encarcelar a un jefe de partido: Pujol. Él tiene datos de toda la corrupción allí habida, porque ha sido socio tanto de la PSOE en los ochenta como del PP en los noventa.

      Confundirán adrede a Pujol y a los demás con las marionetas sediciosas, los Puchi, Junqueras, Forcadell, los Jordis, etc., y los llamarán también “presos políticos”. La amnistía viene, de un modo u otro, y lo sabe el que quiera saberlo. Ya Alfonso Dastis, Ministro de ¡Exteriores!, ha dicho recientemente que las SSTC que declararon la inconstitucionalidad del Estatut serían un buen punto de partida para la reforma de la Constitución; la vicetoda pidió hace mese perdón por recurrirlo. Era flagrantemente inconstitucional, y lo más grave que tenía era entregar la designación de jueces y fiscales a los partidos catalanes. De habérselo concedido, no habría ocurrido todo este sainete, pues la corrupción de Pujol ya habría sido tapada.

      Así está el juego. ¡Despertad o morid dormidos!

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