La exposición política en los tipos de rebelión y sedición

La inarmonía jurídica derivada de las decisiones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo puede interpretarse en diversas claves: puede sintomatizar independencia judicial (cada fiscal y magistrado valora con libertad) o interdependencia política (valoran en función de lo valorado por otros, en función del clima político y social). Lo relevante es que, más allá de la calibración concreta de cualquiera de los mediáticos autos de estos días, la estructura jurídica (procesal y material) de nuestro sistema penal permite demasiadas interferencias políticas. Veamos:

La organización judicial en nuestro país, el contorno extraño de la Audiencia Nacional y, por supuesto, la estructuración del Ministerio Público, están marcados por el juego de fuerzas políticas. Sin duda que hay margen de reforma virtuosa en ese terreno, del mismo modo que resulta democráticamente dudosa la normalidad de la prisión preventiva (más del 15% de los internos en centros penitenciarios españoles lo son sin sentencia previa). Sin embargo, suele quedar inédito en las críticas lo que aquí queremos traer a primera plana: la persistencia en nuestro código penal de algunos tipos de eficacia simbólica demasiado expuestos a lo político (¿delitos políticos y presos políticos?, se preguntan muchos). O sea, delitos que nunca o casi nunca se aplican, de tal modo que su función como norma punitiva se reduce a una suerte de amenaza latente. Su eficacia no puede valorarse del mismo modo en que los teóricos del derecho la valoran para otras normas, así que el problema que se deriva de esta persistencia en el código es que cuando estos delitos, excepcionalmente, pueden aplicarse, el margen de interpretación es tal que los problemas de “politización de la justicia”, como solemos titularlos mediáticamente, se subliman. Porque sucede que esos artículos -colmados de semántica extraña a los hábitos criminales y huérfanos de debate doctrinal y jurisprudencial- solo pueden desencriptarse desde una posición política concreta; solo pueden cristalizar desde un esfuerzo epistemológico posicionado ideológicamente. Y así sucede que los jueces solo pueden hacer política.

Porque no importa el esfuerzo mediático del redactor de la norma por indicar que no estaba hecha para lo que está sirviendo ahora. El principio de legalidad, esto es, el sentido objetivo de la norma, inhabilita la voluntas legislatoris como tendencia interpretativa ya que, por muy racional que nos parezca la interpretación del legislador (López Garrido), este debe saber que la norma tiene que redactarse evitando fórmulas vagas hipotecadas a la intención legislativa. Y esto no fue así. Por eso, la labor interpretativa de la norma que han hecho los actores jurídicos, esto es, la valoración sobre la concurrencia de indicios delictivos en los hechos analizados, ha sido una labor peligrosamente creativa; porque la norma lo permitía. Y es que los delitos de rebelión y sedición son unos preceptos penales cargados de elementos normativos, demasiado indeterminados. El encorsetamiento al que debe someterse el ius puniendi, eso sí, habría acosejado interpretaciones restrictivas del tipo para así evitar la figura del juez-legislador, o aun novelista:

Dice el código penal que no se puede ser sedicioso si el interfecto no se alza tumultuariamente. Lo del adverbio de modo ya implica complejidades, porque parecería necesaria, por interpretación sistemática, que el tumulto incorporase cierto desorden intimidante. Esto es así porque, si el tumulto no acarrease esa latencia amenazadora, estaríamos ante un delito del art. 514.5CP, o sea, un delito que castiga a los promotores de una manifestación para subvertir el orden constitucional. Y, si no pretendemos ser creativos en la aplicación de la norma, este parecería el precepto más ajustado a los hechos -o, al menos, a cierta sustanciación de su presentación dispersa- (una conducta castigada con un año de prisión como máximo, por cierto).

Sin embargo, ese desorden que implica la sedición no puede equipararse con un ejercicio de violencia, ya que en tal caso estaríamos ante un delito de rebelión. Que haya habido violencia en los hechos valorados solo podría determinarse bajo una interpretación extensiva poco garantista y que sin duda no puede parangonarse con los precedentes (bendita violencia, podríamos decir en tal caso). Es cierto que es un concepto muy presente y disperso en el código, pero su sustanciación jurisprudencial varía mucho en función del delito concreto (violencia habitual, violencia como elemento del robo, violencia en agresiones sexuales…); parece cauto caracterizarla, a falta de jurisprudencia más atinada sobre el delito de rebelión, como vis physica, o sea, como fuerza física que no es mera intimidación. Y de esa no ha habido.

Pero al margen de estas dos especificidades, los preceptos en cuestión exigen ambos, como verbo nuclear, alzarse. Y es que alzarse es un verbo que solo puede tomar significado en el terreno político y, casi por definición, debe ejecutarse mediante una infraestructura armada (España, un país de alzamientos –pronunciamientos como eufemismo castizo-, es el mejor banco de sucesos para dotar de significado a la palabreja); alzarse incorporaría la necesidad de intentar obtener el poder de manera inmediata, de tomar el control de centros políticos neurálgicos materialmente (el Congreso, el Consejo de Ministros…). Y esta interpretación se deduce -también por razones sistemáticas- de otras previsiones del código penal, según las cuales podría invadirse violentamente el Congreso sin que mediase en ello alzamiento (arts. 493 y 495CP), es decir, sin que haya esa intención de tomar el control de manera inmediata. O sea, que si no entendemos el alzamiento según el sentido descriptivo y naif del término (alzarse como ponerse de pie), el término requiere proyectar sobre los Mossos cierta infraestructura militar dispuesta para la acción, como trasluce en uno de los autos; y esa interpretación incorpora ciertas trazas de ensoñación distópica basadas, únicamente, en que el despliegue de los Mossos durante el referéndum no fue como el del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Cabe, en definitiva, una interpretación lógica y garantista por la que quienes declararon la independencia no tenían ninguna intención de generar tumultos (solo les faltaba manifestarse rodeados de comisarios políticos para evitar incidentes, como partidos comunistas ortodoxos), ni de usar violencia y, ni mucho menos, de alzarse en el sentido político-militar de la expresión. Más aún, si se considera que de las manifestaciones se deriva un indicio intimidatorio proyectable hacia el concepto de violencia y si, además, no se exige del término alzarse nada más que ponerse en disposición de, no me parece que haya razones para no extender el delito de rebelión a todos quienes participaron en las manifestaciones (y no restringirlo a esa suerte de coautoría perfecta entre presidente, consejeros y animadores sociales); al fin y al cabo, todos los manifestantes incorporaban el dolo sobre el resto de elementos del tipo, incluida la intención de declarar la independencia. Y esto solo puede ser una caricatura de lo que algunos están haciendo.

El problema, sin embargo, no es solo que los autos no atiendan a interpretaciones garantistas como las que proponemos aquí, que harían improbable la admisión misma de la querella. El problema es que la lejanía conceptual de los elementos del tipo los hace tan maleables como para hacer argumentable su aplicación (bajo criterios, eso sí, expansivos y de dudosas querencias político-criminales). Y es que estamos ante tipos penales que, al quedar redactados en clave decimonónica, en su traslación a la actualidad (una actualidad de Twitter y manifestaciones, no de coroneles y sables) dejan un margen de interpretación intolerable a tenor del mandato de taxatividad que el legislador penal no atendió en su momento, a pesar de las enmiendas que modificaron restrictivamente el proyecto original.

Lo más perturbador de esta historia no es que se encarcele a políticos. Al contrario, ese es un síntoma de poder del demos sobre la aristocracia (los griegos tenían la figura del ostracismo, aunque en Cataluña, paradójicamente, los políticos damnificados van a pasar a un primer plano; y bien que lo están pagando). Lo más perturbador es que, probablemente, con el mismo código y ante los mismos hechos, el desarrollo procesal y las valoraciones indiciarias sobre la concurrencia delictiva variarían según las exigencias político-criminales, que se mueven al ritmo de estrategias de parte, altamente mediatizadas.

Los parámetros de análisis de la crisis catalana han mutado. El problema pasa a ser ahora el de los patinazos jurídico-políticos de quienes están en posición de poder -jueces, pero sobre todo legisladores-; esos serían los patinazos del Estado mismo, o sea, otro modo de ruptura de España. De eso va a depender que ser rebelde -de ahora en adelante- sea motivo para la injuria o para la exaltación, para la gloria o para el ostracismo.

 

8 comentarios
  1. Yago Pérez
    Yago Pérez Dice:

    No habrá sido su intención, no lo dudo, pero le ha salido a usted una bonita defensa de los secesionistas.

    Hay sedición, no rebelión. «Alzar» arroja en la RAE veinticuatro acepciones distintas, nada menos. Una de ellas es «esforzar la voz». Otra, «edificar, construir». Otra más, «erigir, instituir». Aún otra, «sublevar». No insistiré. Es evidente que la intención de los encausados era, durante al menos los últimos cinco años, era la de erigir, construir una República independiente, declarándolo a viva voz, públicamente, allá donde les dejasen, e incluso donde no les dejaban. «Sublevar», es «llevar a alguien a la sedición o al motín», con lo que llegamos a un bonito círculo vicioso; y, también, «excitar indignación, promover sentimiento de protesta». Creo que esto último no lo discutirá. Hay alzamiento, hombre. Por doquier, allá donde miré. Continuado. Ni interpretación garantista ni ná. Alzamiento no es pronunciamiento militar, como usted dice. El delito de sedición no está redactado para el siglo XIX, como usted dice. Existe en todos los países del mundo regulado de modo semejante al español. No tengo noticia de otro país que haya permitido que le declaren una independencia en sus narices, y anunciándolo dentro de un orden del día, desde una institución oficial que a él pertenece, sin que haga uso de todos los medios a su alcance para evitarlo. Es inaudito.

    Sobre la influencia de la distinta suerte de los encausados en diferentes tribunales. Pronto se arreglará, conexidad penal mediante. Ahora le toca al TS bajar la tensión; a la AN le tocó hacer de verdugo temporal, para castigar a los niños malos. Saldrán en seguida, no se preocupe. Podremos jugar fuera todos juntitos. Ya pasó.

    Responder
  2. Sergio Perez
    Sergio Perez Dice:

    Le agradezco enormemente su comentario, porque sirve para validar las hipótesis del artículo. Vincular la interpretación de los términos normativos de un precepto penal al DRAE es tanto como desvincularlo de cualquier otra referencia que proporcione seguridad jurídica. De las definiciones mundanas -el DRAE recoge todas las acepciones posibles, y cada vez con más agilidad- deben escogerse las más idóneas según su proyección nociva hacia el bien jurídico y, si eso se sale de quicio, si genera inseguridad, se debe ser restrictivo. La única posición política que refleja el artículo es que el derecho penal debe quedar al margen de las posiciones políticas (y aunque esto es, de suyo, imposible, es posible una mejora en tal sentido).
    En cualquier caso, comparto su último párrafo sobre lo que piensan y hacen el TS y la AN. Lo malo es que para usted eso debe de ser una virtud de nuestro sistema judicial.
    Saludos cordiales.

    Responder
    • Yago Pérez
      Yago Pérez Dice:

      En efecto, el español técnico jurídico no es el español coloquial y de uso frecuente que la RAE recoge. Pero siendo español, y el elemento literal es clave en toda interpretación, y más en el Derecho penal, donde impera incuestionado el principio de tipicidad.

      Si el criterio es la afectación del bien jurídico protegido, ¿acaso no se ha visto afectado, al menos, el orden público (sedición) en toda esta algarada? De otro modo, no entiendo en absoluto su post. ¿Insinúa acaso que no hay afectación a ningún bien jurídico penal en la conducta de los encausados?

      Tampoco entiendo lo que dice al hilo de relación entre Derecho penal y política: dice, por un lado, que deben estar separados; pero afirma, a renglón seguido, que es de suyo imposible. Quiere, entonces, un imposible, persigue la utopía, el no lugar. Y más, en conductas como las constitutivas de delitos de sedición y rebelión, que pretenden remover el orden político establecido. Veo, no obstante, que ya conoce usted bien la idea de que un Código penal es una suerte de Constitución en negativo, pues defiende los mismos bienes jurídicos que aquélla, pero aparejando sanciones (refuerzo negativo) a quién los lesione, y no se conforma como ella con hacer meras afirmaciones o declaraciones.

      Por último, lo que digo en el último párrafo no es a mi juicio virtud alguna. Pero el sistema judicial es un fractal del sistema político español. Sin arreglar aquél de raíz, mediante una revolución política, es imposible adecentar el judicial, que es su mayordomo. Yo quiero la revolución de la libertad política colectiva, y no acepto nada de los cambalaches del CGPJ, que designa a dedo todos los jueces españoles más allá del segundo escalón judicial (las audiencias provinciales, incluidos los presidentes de éstas). Sin cambiar eso todo será igual. Pero eso sirve a los partidos, y ellos no lo moverán. Eso no se consigue por vía de reforma, pues nadie renunciará a ello.

      Mi profecía sobre lo que pasará (recuerde que el juez Holmes decía que la profecía era el verdadero contenido del saber jurídico) no implica aprobarlo.

      Un saludo.

      Responder
  3. Rafael
    Rafael Dice:

    En los precedentes jurídicos está el curioso caso de la “rebelión marxista”: fueron los “nacionales” los que se “alzaron” pero fueron los “republicanos” los “rebeldes”.

    Responder
  4. Sergio Perez
    Sergio Perez Dice:

    Creo que el principio de tipicidad no puede reducirse a seleccionar la acepción más conveniente para la eficacia del tipo (su aplicación), sino la más adecuada para su efectividad (protección del bien jurídico frente a sus ataques más graves). Esto implica que todos los elementos típicos tienen una dimensión valorativa, pero si esa dimensión es demasiado amplia e indefinida, el tipo está mal construido. No me queda claro ni de la querella ni del auto ni de sus comentarios qué acción, en concreto, da cuerpo al término “alzarse”; ¿Se alzaron al manifestarse? ¿Al leer la DUI? ¿Es una conducta continuada? ¿Una pluralidad de actos que componen un hecho? ¿Se hubiera dado por consumado el alzamiento si los Mossos hubieran cargado el 1-O? Si hubieran invadido el Congreso con violencia, ¿se habrían alzado automáticamente? Si se manifiestan con la intención de declarar la independencia, ¿se alzan o cometen un delito del 514.5CP? Si cometen un delito del 514.5CP y de sedición con una misma conducta, ¿cómo es posible que sea mucho menos gravoso cuando la manifestación estaba previamente prohibida? ¿Cualquiera puede alzarse? ¿Se alzaron todos los que participaron en las manifestaciones? ¿Por qué no? ¿Los que participaron en el referendo? ¿Puedo alzarme yo, ahora, saliendo a la calle? ¿Qué debo hacer si me propongo ese reto? ¿Puede alzarse usted? ¿Depende exclusivamente de nuestra voluntad o implica elementos objetivos tácitos incorporados al verbo?…
    Usted, desde una posición política concreta, responde a estas preguntas de un modo. Yo, desde otra posición política, de otro. Su versión es expansiva y teleológica, la mía restrictiva y sistemática. De esto extraigo dos conclusiones: 1) Los legisladores deberían haber evitado que esta discusión política se esté dando en el marco penal. 2) Los jueces deben ser restrictivos ante tal desatino legal.

    Responder
  5. Sergio Perez
    Sergio Perez Dice:

    Cierto, Rafael. El precedente político que reivindica el alzamiento como una ‘acción debida’ aún complica más la interpretación del término. Pero es que el mismo gobierno provisional republicano del 31 denominaba su toma de poder como “alzamiento”. Parecía que habían ganado las elecciones los republicanos (parecía, porque se puede decir mucho del asunto), pero otra cosa fue la toma de poder, fundamentada en la infraestructura militar que apoyaba al comité revolucionario: el general Sanjurjo, ante el desarrollo de los acontecimientos, se presentó ante Maura para acatar sus órdenes…

    Responder
  6. Yago Pérez
    Yago Pérez Dice:

    Al menos desde el nueve de octubre de 2014, cuando celebraron el referéndum de independencia en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional, llamando desde toda tribuna pública a las masas a impedir su aplicación, están cometiendo la sedición.

    Es un delito de mera actividad, y no de resultado, por lo que no es necesario que triunfe el alzamiento (el impedimento, en este caso) para que se consume. El delito es continuado desde entonces. No hay intervención pública en la que no llamen a las masas a amotinarse contra el orden constitucional español. Y sí, todos los que han participado en ese referéndum y en el más reciente del 1-O la han cometido. Los directores tienen más pena, pero los participantes también son perseguidos (art. 544.2 C.p.). No es práctico perseguir a todos, porque no hay medios para ello. Sería fácil, no obstante, perseguir también a los detenidos el 1-O por otros conceptos. No lo harán, no quieren hacer sangre. En el centro están acomplejados, todos los partidos, que filoindependentistas o tibios. Ellos sabrán por qué.

    No es discutible, son hechos, la calificación jurídica se hace sola. Mi interpretación no es expansiva, como usted dice, sino estricta, e «in claris non fin interpretatio»: se han alzado pública y tumultuariamente para impedir, fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes y/o las resoluciones judiciales (art. 544 C.p.). Especialmente el uno de octubre, cuando impidieron a la policía judicial hacer su trabajo.

    Por cierto, va usted aceptando que el Derecho penal está indisolublemente unido a la política, al afirmar que nuestras diferencias interpretativas se deben a nuestras diferentes posiciones políticas. Aunque yo no creo que en este caso haya para tanto, ni que quepa discusión respecto de la sedición, ni, en caso de darse tal discusión, que las ideas políticas de cada persona sean susceptibles de interponerse en el camino de la interpretación. Es algo que salta a la vista, y, encima, ha sido cometida flagrantemente dentro de un orden del día, anunciado a bombo y platillo.

    Sí cabe la discusión respecto de la rebelión, por la dificultad de precisar qué es la violencia, que tanto difiere de un tipo a otro, en este tipo nunca utilizado. Una posibilidad sería la de equipararla la intervención de fuerzas armadas. Y no veo cómo se le puede considerar tal a los Mossos, que ni siquiera han hecho uso de ellas. Aunque sí han participado en la sedición. Pero aquí sí que admito que hay mucho de lo que discutir, y cabe entenderse la violencia de otras maneras.

    En conclusión: si existe la sedición en el Código penal habrá de darle un contenido. No vale decir que cómo los conceptos jurídicos de los que hace uso en su tipo objetivo son indeterminados, hacemos cómo si no existiera y santas pascuas. Eso pasa en cualquier tipo penal. Pensemos en las lesiones: ¿qué es una «necesidad objetiva de curación»?, ¿cómo se mide tal cosa una vez curada la lesión?

    Alegar esta indeterminación en favor de los sediciosos sólo puede convencer a quién no sepa nada de Derecho, al hacer aparecer al legislador español como un chapucero irredento, y que esto es un país de pandereta (que lo es, pero no por estas razones, sino por otras mucho más graves y profundas). Es un argumento diseñado para los descontentos con España, y desde luego no es jurídico.

    Un saludo.

    Responder
    • O'farrill
      O'farrill Dice:

      La verdad, estimado Yago, es que tu último párrafo toca en buena parte el meollo del asunto. Las “chapuzas” y “desatinos” en los que legislan sin parar, han creado una situación crónica de caos jurídico.
      De ahí la “inseguridad jurídica”.
      En el caso de Cataluña hay un choque de “legalidades”. Las promovidas por quienes se supone que representan al Estado Español y las promovidas por quienes dicen que “no tienen nada que ver con España. Un esperpento surrealista conocido, alimentado y engordado por los sucesivos gobiernos que, además, crearon agravios comparativos territoriales que, en lo sucesivo, pueden ir teniendo sus consecuencias si o se aborda de una vez por todas la inevitable, necesaria y urgente reforma del texto constitucional, violado por interpretaciones y modificaciones de hecho a lo largo de los años.
      En el mundo jurídico constitucionalista se ha denunciado la torpeza del mismo, con mayor o menor valentía y, si tenemos en cuenta de que es la base sobre la que sustentar el Derecho o las leyes, no es extraño que aparezcan incoherencias legislativas de las que saben mucho los que administran Justicia.
      Desde la política se han cometido (y se siguen cometiendo) torpezas tan inauditas agravadas por la corrupción, la ignorancia o la prepotencia. Lo vemos en el simple lenguaje cuando el “político” de turno se atribuye un poder delegado: “He decidido….” ¿Es inocente o es una forma de proclamar su fuerza?
      La última torpeza es la de convocar elecciones autonómicas con los mismos elementos “anti”que van a volver a reincidir (ya lo están haciendo) en la “independencia” y en el “adoctrinamiento”, puesto que volverán a ocupar las instituciones catalanas.
      Artº 22.2.- C.E. “Las asociaciones que persigan o utilicen medios tipificados como delitos, son ilegales”.
      Los “partidos” son asociaciones políticas para conseguir unos fines políticos. ¿Si éstos son “delitos” porqué no están ilegalizados los que propugnan la fragmentación del Estado? Pero nadie tiene la valentía de hacerlo. Mucho complejo o mucho temor al agitado de ramas que advertía Pujol.
      Un saludo.

      Responder

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *